Las restricciones a la concentración monopólica y la democratización de la concesión de licencias de radio y TV son –según los especialistas consultados– aspectos clave que debería contemplar la nueva ley, así como la inminente digitalización y un sistema de medios públicos no gubernamentales.
Por Javier Lorca, Página/12
¿Quiénes van a poder comunicar qué y cómo? Largamente postergada y ahora recuperada, la discusión sobre el reemplazo de la Ley de Radiodifusión plantea preguntas ocluidas por el aparente consenso en torno de la libertad de expresión y el pluralismo, ideas vacías de contenido si se naturaliza el régimen de medios legado por la última dictadura y sostenido por 25 años de democracia. ¿Qué principios deberían fundar la nueva ley? ¿Quiénes tendrían que acceder a las licencias de radio y televisión? ¿Qué hacer con los derechos adquiridos por los actuales propietarios? ¿Cómo combatir la concentración y los monopolios? ¿Cómo evitar que la inminente digitalización de las señales vuelva anacrónica la ley en poco tiempo? La nueva TV digital, ¿va a ser paga o gratuita? Sobre éstos y otros temas, Página/12 consultó a tres especialistas en comunicación.
El espíritu de la ley. “Lo primordial es que la nueva ley reconozca que las frecuencias radioeléctricas nos pertenecen a todos y que el Estado debe administrarlas asegurando la igualdad de oportunidades: es imprescindible que diferentes sectores sociales puedan acceder a la titularidad de emisoras de radio y televisión para garantizar la pluralidad de perspectivas en los modos de producción de los medios y sus contenidos”, señaló María Cristina Mata, docente e investigadora en comunicación del Centro de Estudios Avanzados de la U. N. de Córdoba. “Al legislarse no se puede ignorar la mercantilización y concentración monopólica que hoy tiene el sector. Si la nueva ley no establece restricciones y no promueve la propiedad y gestión pública y social de emisoras de radio y televisión, será muy difícil avanzar en el proceso de democratización de las comunicaciones. La igualdad que hoy no existe no podrá alcanzarse sin una normativa que asegure que los sectores relegados en la radiodifusión puedan desarrollarse competitivamente.”
Debate y participación. ¿Cómo debería darse la discusión sobre la futura ley? Alejandro Verano, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, recordó que “la modificación de la Ley de Radiodifusión viene siendo eje de debates en muchos ámbitos desde la recuperación de la democracia. No es una discusión que arranca ahora sino que hay muchos insumos elaborados por universidades, sindicatos, organismos de derechos humanos, asociaciones de medios comunitarios. La discusión hay que plantearla haciendo foco en la defensa y el respeto irrestricto de la libertad de expresión y de prensa, pero sin ignorar que no se trata de un derecho de las empresas ni de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. Por eso, el debate debe darse con una convocatoria amplia a todos los actores de la comunidad, durante un plazo adecuado, abriendo espacios de consulta para permitir una intervención pública múltiple que le dé amplia legitimidad al tratamiento legislativo”.
Ser digital. Hace pocos días, el investigador Guillermo Mastrini advirtió que la futura ley podría tornarse anacrónica si no prevé la transformación que provocará la digitalización. “La nueva ley debe hablar de radio y televisión digital –planteó Martín Becerra, doctor en comunicación, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes–. La digitalización va a multiplicar por cuatro o cinco la actual cantidad de canales de TV abierta. Si el debate se enclaustra en la cuestión técnica, en si hay que tomar la norma de TV digital europea o la norteamericana, la ley va a quedar obsoleta rápidamente. Y el riesgo es que se descuide quién se va a quedar con las licencias. Hay que trabajar sobre los criterios de concesión. ¿Van a ser canales gratuitos o de pago? Yo creo que deben ser gratuitos. El 90 por ciento del territorio de Argentina tiene uno o dos canales de TV abierta, entonces lo que falta es más televisión gratuita. Como está planteada ahora la discusión entre el Grupo Clarín y el Gobierno, parece que para uno se van a vulnerar derechos adquiridos y para el otro, se va a ampliar el derecho a la información. Y no es así. El escenario que abre la TV digital permite licuar ese problema. El Gobierno podría respetar las licencias actuales siempre que se establezcan normas democráticas y un criterio federal para otorgar las nuevas licencias. Esto se podría llevar a la práctica en la medida en que la futura autoridad de aplicación, el futuro ComFeR, sea una institución pública no gubernamental”.
Más públicos, menos gubernamentales. ¿Cómo propiciar desde la ley un sistema de medios públicos que quede a merced del poder político circunstancial? “Ojalá esté, pero también podría haber una ley específica –consideró Martín Becerra–. Creo que debería haber un Sistema de Medios Públicos con un directorio con representación del Poder Ejecutivo, del Congreso, las provincias, los trabajadores y especialistas en comunicación. La designación del directorio debería tener que superar algunos requisitos: debería hacerse público el currículum de los candidatos, con la posibilidad de impugnarlos, y la designación debería requerir la aprobación de dos tercios del Congreso, una mayoría calificada para que no sea representada sólo la primera minoría política. Los medios públicos no deberían tener casi publicidad, sino financiamiento público, con reglas no comerciales. La BBC, por ejemplo, tiene un mecanismo muy interesante: cada cinco años presenta una carta que es un plan de actividades. El Parlamento trata esa propuesta y le otorga financiamiento por otros cinco años, con lo que se evita el constante problema presupuestario y se abre una perspectiva de trabajo a mediano plazo.”
Monopolios y publicidad. “Lo primero que debe tener la nueva ley, y esto es un posicionamiento ideológico, es un fuerte contenido antimonopólico, porque a mayor concentración menor posibilidad de que haya expresiones múltiples y plurales en los medios de comunicación –destacó Alejandro Verano–. El Estado debería tener herramientas para poder regular más activamente el acceso a la expresión. En la medida en que se abra el acceso a frecuencias de radio y televisión para las universidades, las organizaciones civiles, los sindicatos y otros actores sociales, se va a combatir en forma directa la concentración monopólica, permitiendo la expresión de intereses y opiniones que hoy no tienen posibilidades.” Otro punto clave y complejo es el de la publicidad oficial. Para Verano, “se podrían buscar criterios para limitar la discrecionalidad, pero es muy difícil de regular. El P. E. tiene el derecho y la obligación de comunicar las acciones de gobierno y de hacerlo del modo que le parezca más conveniente. Algunos piensan en un sistema por el cual las pautas de publicidad se distribuirían en función del rating. Pero eso abre la discusión sobre la credibilidad de las mediciones del rating y, si la publicidad del Estado sólo se guiara por un criterio de éxito comercial, se profundizarían las asimetrías favoreciendo a los medios ligados a los grandes anunciantes, en detrimento de medios que pueden desarrollar otra clase de proyectos”.
La crítica a los medios
¿Cómo conciliar libertad de expresión y crítica a los medios?, le preguntó este diario a María Cristina Mata, directora de la maestría en Comunicación y Cultura de la UNC. “Quienes piensan que criticar a los medios de comunicación representa una amenaza a la libertad de expresión lo que plantean, sin explicitarlo, es que los medios son los únicos dueños de esa libertad. Esa es la afirmación implícita que debemos discutir. La crítica a los medios o a cualquier otra institución es consustancial al orden democrático. ¿Por qué podríamos criticar el sistema educativo y no el de medios? ¿Por qué se admite que podemos debatir sobre los modelos económicos más convenientes para el desarrollo de nuestro país y no sobre los modelos informativos? Cuestionar los modos con que se nos informa y se nos provee de entretenimiento; analizar rigurosamente esas propuestas, incluso demandar cambios en ellas, no es cercenar la libertad de nadie. Es admitir que la libertad de decir y opinar es de todos y que nadie debe o puede apropiarse del derecho de los demás por más medios de comunicación que se tengan o por haber asumido profesionalmente la tarea de comunicar.”
domingo, 27 de abril de 2008
La naturaleza no es muda
Por Eduardo Galeano
El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate.
Y mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva Constitución. Y en esa Constitución se abre la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los derechos de la naturaleza.
La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino, y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”.
Un objeto que quiere ser sujeto
Durante miles de años, casi toda la gente tuvo el derecho de no tener derechos.
En los hechos, no son pocos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el derecho de tenerlos; y eso es bastante más que un gesto de caridad de los amos del mundo para consuelo de sus siervos.
¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir, los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera; pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad, y nunca como sujeto de derecho.
Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o menos simbólica, y eso siempre después de que el daño se ha hecho, pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire.
Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga derechos... Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera persona! En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de los Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que a las personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás, como si las empresas respiraran. Más de ciento veinte años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención.
Gritos y susurros
Nada tiene de raro, ni de anormal, el proyecto que quiere incorporar los derechos de la naturaleza a la nueva Constitución de Ecuador.
Este país ha sufrido numerosas devastaciones a lo largo de su historia. Por citar un solo ejemplo, durante más de un cuarto de siglo, hasta 1992, la empresa petrolera Texaco vomitó impunemente dieciocho mil millones de galones de veneno sobre tierras, ríos y gentes. Una vez cumplida esta obra de beneficencia en la Amazonia ecuatoriana, la empresa nacida en Texas celebró matrimonio con la Standard Oil. Para entonces, la Standard Oil de Rockefeller había pasado a llamarse Chevron y estaba dirigida por Condoleezza Rice. Después un oleoducto trasladó a Condoleezza hasta la Casa Blanca, mientras la familia Chevron-Texaco continuaba contaminando el mundo.
Pero las heridas abiertas en el cuerpo de Ecuador por la Texaco y otras empresas no son la única fuente de inspiración de esta gran novedad jurídica que se intenta llevar adelante. Además, y no es lo de menos, la reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las más antiguas tradiciones de Ecuador y de América toda. Se propone que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales naturales, y no es por casualidad que la asamblea constituyente ha empezado por identificar sus objetivos de renacimiento nacional con el ideal de vida del “sumak kausai”. Eso significa, en lengua quichua, vida armoniosa: armonía entre nosotros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, nos alimenta y nos abriga y que tiene vida propia, y valores propios, más allá de nosotros.
Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible.
Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la Civilización. En toda América, y en el mundo, seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio.
El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate.
Y mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva Constitución. Y en esa Constitución se abre la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los derechos de la naturaleza.
La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino, y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”.
Un objeto que quiere ser sujeto
Durante miles de años, casi toda la gente tuvo el derecho de no tener derechos.
En los hechos, no son pocos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el derecho de tenerlos; y eso es bastante más que un gesto de caridad de los amos del mundo para consuelo de sus siervos.
¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir, los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera; pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad, y nunca como sujeto de derecho.
Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o menos simbólica, y eso siempre después de que el daño se ha hecho, pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire.
Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga derechos... Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera persona! En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de los Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que a las personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás, como si las empresas respiraran. Más de ciento veinte años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención.
Gritos y susurros
Nada tiene de raro, ni de anormal, el proyecto que quiere incorporar los derechos de la naturaleza a la nueva Constitución de Ecuador.
Este país ha sufrido numerosas devastaciones a lo largo de su historia. Por citar un solo ejemplo, durante más de un cuarto de siglo, hasta 1992, la empresa petrolera Texaco vomitó impunemente dieciocho mil millones de galones de veneno sobre tierras, ríos y gentes. Una vez cumplida esta obra de beneficencia en la Amazonia ecuatoriana, la empresa nacida en Texas celebró matrimonio con la Standard Oil. Para entonces, la Standard Oil de Rockefeller había pasado a llamarse Chevron y estaba dirigida por Condoleezza Rice. Después un oleoducto trasladó a Condoleezza hasta la Casa Blanca, mientras la familia Chevron-Texaco continuaba contaminando el mundo.
Pero las heridas abiertas en el cuerpo de Ecuador por la Texaco y otras empresas no son la única fuente de inspiración de esta gran novedad jurídica que se intenta llevar adelante. Además, y no es lo de menos, la reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las más antiguas tradiciones de Ecuador y de América toda. Se propone que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales naturales, y no es por casualidad que la asamblea constituyente ha empezado por identificar sus objetivos de renacimiento nacional con el ideal de vida del “sumak kausai”. Eso significa, en lengua quichua, vida armoniosa: armonía entre nosotros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, nos alimenta y nos abriga y que tiene vida propia, y valores propios, más allá de nosotros.
Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible.
Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la Civilización. En toda América, y en el mundo, seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio.
Mariotto, sobre la Ley de Radiodifusión: “Donde hoy hay una sola voz tal vez pueda llegar a haber 17”
NdR. Hoy hay 17 voces, pero en medio del caos de un espectro saturado y de gobiernos que no se hicieron cargo del tema.
El debate sobre la nueva Ley de Radiodifusión organizado por TelAm en la Feria del Libro se desarrolló con la presencia del interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Martín Granovsky, presidente de TelAm, quien subrayó la importancia “de debatir no sólo el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de prensa en términos de derecho constitucional, sino la forma concreta de llevarlo a la práctica”.
“No queremos quedarnos en el plano abstracto, sino contribuir al debate, ser un canal”, manifestó el presidente de TelAm durante su discurso, y agregó que la iniciativa del Gobierno pareció “inesperada”, a pesar de que los medios de comunicación funcionan hoy bajo una ley creada por la dictadura.
“También fue inesperado terminar con el FMI y se terminó. La democracia y la pluralidad son un fin en sí mismo”, advirtió Granovsky.
Por otra parte, al referirse a la nueva ley de Radiodifusión, Mariotto recordó que “desde el 83 que se reciben proyectos de ley en el Congreso, pero no ha prosperado ninguna iniciativa. Los intereses y la falta de voluntad del Poder Ejecutivo hacían que se diluyeran los proyectos".
"Son los propios medios los que no quieren entrar más jugadores a la cancha", destacó el interventor del ComFeR, quien reconoció “la valentía” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “que dijo ’alguien lo tiene que hacer, en honor a la lucha de tantos años sin voluntad del Ejecutivo’".
"La ley tiene que contemplar la digitalización de las frecuencias", explicó Mariotto, de acuerdo con quien cuando se digitalicen, “donde hay una sola voz tal vez pueda llegar a haber 17”.
Además, agregó que "no es la ley de un Gobierno ni la ley de un partido, sino la ley de la democracia”, y que hay que guiarse por el camino del pluralismo de países como Estados Unidos, España y Uruguay.
Fuente: TelAm
El debate sobre la nueva Ley de Radiodifusión organizado por TelAm en la Feria del Libro se desarrolló con la presencia del interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto.La apertura del encuentro estuvo a cargo de Martín Granovsky, presidente de TelAm, quien subrayó la importancia “de debatir no sólo el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de prensa en términos de derecho constitucional, sino la forma concreta de llevarlo a la práctica”.
“No queremos quedarnos en el plano abstracto, sino contribuir al debate, ser un canal”, manifestó el presidente de TelAm durante su discurso, y agregó que la iniciativa del Gobierno pareció “inesperada”, a pesar de que los medios de comunicación funcionan hoy bajo una ley creada por la dictadura.
“También fue inesperado terminar con el FMI y se terminó. La democracia y la pluralidad son un fin en sí mismo”, advirtió Granovsky.Por otra parte, al referirse a la nueva ley de Radiodifusión, Mariotto recordó que “desde el 83 que se reciben proyectos de ley en el Congreso, pero no ha prosperado ninguna iniciativa. Los intereses y la falta de voluntad del Poder Ejecutivo hacían que se diluyeran los proyectos".
"Son los propios medios los que no quieren entrar más jugadores a la cancha", destacó el interventor del ComFeR, quien reconoció “la valentía” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “que dijo ’alguien lo tiene que hacer, en honor a la lucha de tantos años sin voluntad del Ejecutivo’".
"La ley tiene que contemplar la digitalización de las frecuencias", explicó Mariotto, de acuerdo con quien cuando se digitalicen, “donde hay una sola voz tal vez pueda llegar a haber 17”.
Además, agregó que "no es la ley de un Gobierno ni la ley de un partido, sino la ley de la democracia”, y que hay que guiarse por el camino del pluralismo de países como Estados Unidos, España y Uruguay.
Fuente: TelAm
sábado, 26 de abril de 2008
Juan Manuel Urtubey is Salta's Governor II
El escándalo por la compra de materiales para las escuelas, con groseros errores, sigue dando tela para cortar en Salta. La ex-ministra de Educación de la provincia, Marta Torino responsabilizó a la Gobernación por los kits escolares: En una carta de renuncia dirigida al gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, la ex ministra de Educación responsabilizó directamente por la contratación de Inti Raymi a la gobernación.
En la carta le expresó al mandatario que lamentaba "que no me comunicara su decisión en forma personal, así como los motivos de la misma" y aclaró: "Usted conoce perfectamente que no intervine en la contratación de Cartoon ni en el proceso de elaboración de los textos.
Sólo tuve acceso a un borrador de uno de los textos (Enciclopedia básica de la provincia de Salta) sin ninguna imagen, ni mapa, ni gráfico alguno, en el que corregí cuestiones de estilo y algunos otros errores por lo que no tengo responsabilidad en el error de los mapas".
Torino siguió explicando que "nunca manejé hasta el momento de su publicación, ninguno de los otros textos, ni el de 1° ciclo de EGB, ni los anexos de 4°,5° y 6°. No me dieron oportunidad a la selección de los profesionales que elaboraron los textos, eso se manejó desde Gobernación directamente con el señor Colombo Murúa", aseguró.
En su renuncia, la ex-ministra reflexionó: "Me toca asumir los costos de una falta que no cometí. Si eso le ayuda a sostener su gobierno, presento la renuncia al cargo a su pedido, con la frente alta ya que no me beneficié con esta contratación. Lamento también que no me diera oportunidad de ejercer derecho a defensa, ni con este tema, ni con tantos otros en los que hubo malentendidos, muchos de ellos generados en su propio entorno".
Torino Morales sigue diciendo que "nunca busqué este cargo ni lo esperé. Me lo ofrecieron por mis antecedentes académicos. Aposté a efectuar cambios en la Educación de la provincia desde mi perfil de educadora. Evidentemente esto no fue posible".
El texto de la renuncia termina diciendo que "quizás alguna vez se reconozca que trabajé sin descanso y con total honestidad en la convicción de que estaba contribuyendo a mejorar la Educación de nuestra provincia con un costo familiar, afectivo y económico muy alto, ya que me trasladé con mi familia desde el lugar donde vivía".
La investigación sobre este tema desnudó no solo el otorgamiento de la impresión de los elementos de los kits sin una previa convocatoria a licitación (en total el Gobierno gastó unos $6.900.000), sino la falta de idoneidad de quienes se encargaron de realizar la compilación de los datos.
El error más grosero fue la denominación de las Islas Malvinas como "Falkland Islands" en los mapas, y de allí en más, quienes se ocupan todos los días de leer los libros que trae el kit escolar encuentran un nuevo error.
Estos errores corroboraron lo que ya se preveía puesto que quienes se encargaron de la elaboración de los libros son (menos uno), personas que realizaron estos trabajos solamente para Juan Carlos Romero con la enciclopedia Siempre Salta primero, y para Urtubey con Enciclopedia de mi Provincia, Leer para saber más, y Palabras Menores, después. La editorial Inti Raymi, encargada de los contenidos, no figura ni en la Inspección de Personas Jurídicas ni en el Registro de Proveedores del Estado.
El socio de la editorial, Patricio Colombo Murúa, dijo en los medios que errores puede tener cualquier publicación y que se otorgó a Torino el material para que lo corrija.
En este punto están quienes indican que la ministra tuvo el material por tres semanas, y otros que dicen que solo contó con los textos (y no los gráficos), un viernes para entregarlos al lunes posterior.
Sea como fuere, siguen las preguntas que ahora se pretenden acallar con la repartición de calcomanías para que los chicos peguen sobre los errados mapas y cartillas que funcionarían como "fe de erratas", para que los errores puedan ser corregidos.
Fuente: Nuevo Diario de Salta, El Tribuno
En la carta le expresó al mandatario que lamentaba "que no me comunicara su decisión en forma personal, así como los motivos de la misma" y aclaró: "Usted conoce perfectamente que no intervine en la contratación de Cartoon ni en el proceso de elaboración de los textos.
Sólo tuve acceso a un borrador de uno de los textos (Enciclopedia básica de la provincia de Salta) sin ninguna imagen, ni mapa, ni gráfico alguno, en el que corregí cuestiones de estilo y algunos otros errores por lo que no tengo responsabilidad en el error de los mapas".
Torino siguió explicando que "nunca manejé hasta el momento de su publicación, ninguno de los otros textos, ni el de 1° ciclo de EGB, ni los anexos de 4°,5° y 6°. No me dieron oportunidad a la selección de los profesionales que elaboraron los textos, eso se manejó desde Gobernación directamente con el señor Colombo Murúa", aseguró.
En su renuncia, la ex-ministra reflexionó: "Me toca asumir los costos de una falta que no cometí. Si eso le ayuda a sostener su gobierno, presento la renuncia al cargo a su pedido, con la frente alta ya que no me beneficié con esta contratación. Lamento también que no me diera oportunidad de ejercer derecho a defensa, ni con este tema, ni con tantos otros en los que hubo malentendidos, muchos de ellos generados en su propio entorno".
Torino Morales sigue diciendo que "nunca busqué este cargo ni lo esperé. Me lo ofrecieron por mis antecedentes académicos. Aposté a efectuar cambios en la Educación de la provincia desde mi perfil de educadora. Evidentemente esto no fue posible".
El texto de la renuncia termina diciendo que "quizás alguna vez se reconozca que trabajé sin descanso y con total honestidad en la convicción de que estaba contribuyendo a mejorar la Educación de nuestra provincia con un costo familiar, afectivo y económico muy alto, ya que me trasladé con mi familia desde el lugar donde vivía".
La investigación sobre este tema desnudó no solo el otorgamiento de la impresión de los elementos de los kits sin una previa convocatoria a licitación (en total el Gobierno gastó unos $6.900.000), sino la falta de idoneidad de quienes se encargaron de realizar la compilación de los datos.
El error más grosero fue la denominación de las Islas Malvinas como "Falkland Islands" en los mapas, y de allí en más, quienes se ocupan todos los días de leer los libros que trae el kit escolar encuentran un nuevo error.
Estos errores corroboraron lo que ya se preveía puesto que quienes se encargaron de la elaboración de los libros son (menos uno), personas que realizaron estos trabajos solamente para Juan Carlos Romero con la enciclopedia Siempre Salta primero, y para Urtubey con Enciclopedia de mi Provincia, Leer para saber más, y Palabras Menores, después. La editorial Inti Raymi, encargada de los contenidos, no figura ni en la Inspección de Personas Jurídicas ni en el Registro de Proveedores del Estado.
El socio de la editorial, Patricio Colombo Murúa, dijo en los medios que errores puede tener cualquier publicación y que se otorgó a Torino el material para que lo corrija.
En este punto están quienes indican que la ministra tuvo el material por tres semanas, y otros que dicen que solo contó con los textos (y no los gráficos), un viernes para entregarlos al lunes posterior.
Sea como fuere, siguen las preguntas que ahora se pretenden acallar con la repartición de calcomanías para que los chicos peguen sobre los errados mapas y cartillas que funcionarían como "fe de erratas", para que los errores puedan ser corregidos.
Fuente: Nuevo Diario de Salta, El Tribuno
Al final Guillermo Moreno es un hombre bueno...
"...Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación... He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad... Pero es mejor que ser muerto, que un número que viene y va"*
Dice la Agencia Latina de Información Alternativa:
Moreno, la inflación y los empresarios
Se define a la inflación como un aumento generalizado de los precios. Es un hecho para cualquiera que realice compras que estamos en un período de inflación.
Lo que no parece correcto es que los medios de prensa capitalinos induzcan al convencimiento de que la "culpa" de la inflación la tengan el Indec y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Eso es una mentira, Moreno es, en todo caso, el único que trata de defender al consumidor.
Si se desmenuzan un poco los datos se advierte que los precios que más aumentan son los de los alimentos. Generalizando puede afirmarse que aumentan más los precios donde existe demanda masiva y relativamente inelástica. La pregunta obvia es: ¿quién aumenta los precios?, ¿es Moreno acaso?.
Seamos racionales:
Los precios los establecen los grandes empresarios que tienen el control, total o parcial, del mercado. Son los llamados "formadores" de precios. Casi todos los sectores de la economía están configurados oligopólicamente.
¿Qué significa esto? Muy simple: unas pocas empresas controlan la oferta de bienes y, normalmente mediante acuerdos no escritos entre ellas, maximizan sus ganancias a través del aumento arbitrario de los precios cuando la demanda es alta.
El proceso de mejora de los ingresos de las grandes mayorías de la población ha venido levantando esa demanda. La respuesta de los grandes empresarios, como no podía ser de otra manera, ha sido acompañar ese crecimiento haciendo subir los precios.
El cuento de que la respuesta debería ser un aumento de la oferta no es real. Lo fue durante un corto período, cuando esos empresarios tenían capacidad instalada ociosa.
Agotada esa capacidad el aumento de la oferta requiere nueva inversión y es ahí donde se acaban las expectativas.
Los grandes empresarios de hoy (probablemente como los del resto del mundo) no tienen vocación por lo nacional; son globalmente transnacionales.
Se desentienden de cualquier responsabilidad social o económica en relación con la población del país en el que actúan. Cuando se trata de invertir todo lo esperan del gobierno.
Primero quieren asegurarse franquicias, ventajas, desgravaciones tributarias y si no las obtienen no invierten. Ese mismo proceder, exactamente, es el que caracteriza a los inversores del exterior. Las únicas inversiones respetables son las de los pequeños y medianos empresarios que las realizan, casi siempre, sin incentivo alguno.
Hoy vemos con asombro que nuestras clases pudientes consumen vinos de mil dólares la botella, comen en restaurantes de quinientos dólares el cubierto, disponen de cantidad asombrosa de dinero para atender a sus mascotas con peluquerías y "alta costura" para perros, gatos, etc., y cuantas más idioteces irresponsables se quiera imaginar para exhibirlas en un país en el que todavía muchos chicos tienen hambre.
Hay que terminar con la demonización mediática de Moreno y empezar a mirar la evolución de los precios como corresponde.
La inflación nace, crece y se mantiene o acrecienta por decisión de los grandes empresarios que controlan los mercados.
* El Fantasma de Canterville, Charly García
Dice la Agencia Latina de Información Alternativa:
Moreno, la inflación y los empresarios
Se define a la inflación como un aumento generalizado de los precios. Es un hecho para cualquiera que realice compras que estamos en un período de inflación.
Lo que no parece correcto es que los medios de prensa capitalinos induzcan al convencimiento de que la "culpa" de la inflación la tengan el Indec y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Eso es una mentira, Moreno es, en todo caso, el único que trata de defender al consumidor.Si se desmenuzan un poco los datos se advierte que los precios que más aumentan son los de los alimentos. Generalizando puede afirmarse que aumentan más los precios donde existe demanda masiva y relativamente inelástica. La pregunta obvia es: ¿quién aumenta los precios?, ¿es Moreno acaso?.
Seamos racionales:
Los precios los establecen los grandes empresarios que tienen el control, total o parcial, del mercado. Son los llamados "formadores" de precios. Casi todos los sectores de la economía están configurados oligopólicamente.
¿Qué significa esto? Muy simple: unas pocas empresas controlan la oferta de bienes y, normalmente mediante acuerdos no escritos entre ellas, maximizan sus ganancias a través del aumento arbitrario de los precios cuando la demanda es alta.
El proceso de mejora de los ingresos de las grandes mayorías de la población ha venido levantando esa demanda. La respuesta de los grandes empresarios, como no podía ser de otra manera, ha sido acompañar ese crecimiento haciendo subir los precios.
El cuento de que la respuesta debería ser un aumento de la oferta no es real. Lo fue durante un corto período, cuando esos empresarios tenían capacidad instalada ociosa.
Agotada esa capacidad el aumento de la oferta requiere nueva inversión y es ahí donde se acaban las expectativas.
Los grandes empresarios de hoy (probablemente como los del resto del mundo) no tienen vocación por lo nacional; son globalmente transnacionales.
Se desentienden de cualquier responsabilidad social o económica en relación con la población del país en el que actúan. Cuando se trata de invertir todo lo esperan del gobierno.
Primero quieren asegurarse franquicias, ventajas, desgravaciones tributarias y si no las obtienen no invierten. Ese mismo proceder, exactamente, es el que caracteriza a los inversores del exterior. Las únicas inversiones respetables son las de los pequeños y medianos empresarios que las realizan, casi siempre, sin incentivo alguno.
Hoy vemos con asombro que nuestras clases pudientes consumen vinos de mil dólares la botella, comen en restaurantes de quinientos dólares el cubierto, disponen de cantidad asombrosa de dinero para atender a sus mascotas con peluquerías y "alta costura" para perros, gatos, etc., y cuantas más idioteces irresponsables se quiera imaginar para exhibirlas en un país en el que todavía muchos chicos tienen hambre.
Hay que terminar con la demonización mediática de Moreno y empezar a mirar la evolución de los precios como corresponde.
La inflación nace, crece y se mantiene o acrecienta por decisión de los grandes empresarios que controlan los mercados.
* El Fantasma de Canterville, Charly García
Las comunicaciones en una sociedad moderna
Por Osvaldo Nemirovsci *
Es importante que los grandes contenidos pendientes merezcan la atención de los argentinos. Por eso quienes venimos trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Radiodifusión observamos que hoy se percibe un tiempo en que se unen una ciudadanía que se acerca al tema y la firme decisión de avanzar en ese sentido que exhibe el gobierno nacional. Una nueva ley es un instrumento ineludible para encarar el diseño público que nos ponga de cara a lo que deben ser las comunicaciones en una sociedad moderna y democrática.
La actual ley es otra vetusta herencia de la dictadura y lleva su impronta doctrinaria autoritaria, que se manifiesta desde la conformación original del órgano de aplicación hasta la regulación de los contenidos. Además, no posee un equilibrio entre derecho y tecnología, no contempla Internet, cable, modulación de frecuencia, satélite, televisión de alta definición y digitalización, y carece de una instancia de defensa del público usuario, no contemplado como parte integrante del mundo comunicacional.
La radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado, por lo que el Estado debe garantizar que el modelo comercial no predomine sobre el comunitario o sobre el privado sin fines de lucro. Asimismo, una ley que regule ese vasto espacio debe naturalmente contemplar propuestas de los más variados sectores, como las de la Coalición y sus 21 puntos, la de los empresarios y trabajadores del universo de los medios, las de universidades, cooperativas, movimientos originarios, radios comunitarias, autoridades provinciales, etcétera.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, desde el Congreso prefiguramos un proyecto de ley que contemplaba esos consensos, pero la coyuntura distaba de ser la actual. Estamos seguros de que hoy se pueden incorporar novedosas miradas.
Para elaborar una nueva ley, un tema clave es efectuar una interpretación adecuada desde la filosofía y el derecho administrativo. No se puede plantear el modelo de comunicación desde una óptica exclusivamente liberal, como el de la subsidiariedad del Estado. Los ejes ideológicos tienen que tener anclaje en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural e informativa. Por eso, entre las cuestiones más importantes a regular deben estar la producción regional, el respeto al público usuario, límites a la audiencia potencial en áreas de cobertura primaria, la diversidad informativa y de esparcimiento, el rol de los medios de gestión pública, la accesibilidad regional y social a la información y la concentración de licencias. También es apropiado fijar un concepto de bidireccionalidad que regule los deberes del emisor y los derechos del receptor.
Un avance significativo en materia de libertad de expresión sería el de crear la figura del ombudsman. Su función debería ser la de proteger a los usuarios en esa suerte de contrato virtual que se establece entre ellos y los medios. Inhibido expresamente de actuar sobre los contenidos, el ombudsman debería intervenir, por ejemplo, cuando se incumplen los horarios previstos, cuando se viola el horario de protección al menor o cuando se producen hechos de discriminación.
También debería recuperarse el ejercicio administrador del Estado en el espectro radioeléctrico. No debe perderse de vista que las frecuencias de radiodifusión no son propiedad de ningún titular de licencias, sino un patrimonio de la humanidad y una construcción social del pueblo argentino; el Estado, en algunos casos, las da en uso con modalidad de gestión privada. Como filosofía de la ley, deberían fijarse los modos de gestión de los medios, que la actual ley no contempla. Estos deben ser el público, el privado con fines de lucro y el privado sin fines de lucro. Pero también debe haber lugar para medios de gestión autónoma, como los de las universidades. Se debe reservar espectro para cada uno.
La radiodifusión no es sólo un espacio para hacer negocios: es un modo de vinculación entre la gente y es un ejercicio del derecho humano de la comunicación. Si bien las modificaciones realizadas a la ley de la dictadura resultan insuficientes, cabe resaltar que durante la gestión de Néstor Kirchner se obtuvo un avance fundamental: el Congreso logró la modificación del artículo 45 y abrió así el espectro a sociedades no comerciales y de capitales sociales.
La sanción de una nueva Ley de Radiodifusión es una deuda que se debe saldar. No se trata de dar respuesta a una situación coyuntural, sino de elaborar una norma racional, justa, solidaria y democrática, con la que todos los argentinos puedan hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
* Ex presidente de la Comisión de Comunicaciones en Diputados.
Es importante que los grandes contenidos pendientes merezcan la atención de los argentinos. Por eso quienes venimos trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Radiodifusión observamos que hoy se percibe un tiempo en que se unen una ciudadanía que se acerca al tema y la firme decisión de avanzar en ese sentido que exhibe el gobierno nacional. Una nueva ley es un instrumento ineludible para encarar el diseño público que nos ponga de cara a lo que deben ser las comunicaciones en una sociedad moderna y democrática.
La actual ley es otra vetusta herencia de la dictadura y lleva su impronta doctrinaria autoritaria, que se manifiesta desde la conformación original del órgano de aplicación hasta la regulación de los contenidos. Además, no posee un equilibrio entre derecho y tecnología, no contempla Internet, cable, modulación de frecuencia, satélite, televisión de alta definición y digitalización, y carece de una instancia de defensa del público usuario, no contemplado como parte integrante del mundo comunicacional.
La radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado, por lo que el Estado debe garantizar que el modelo comercial no predomine sobre el comunitario o sobre el privado sin fines de lucro. Asimismo, una ley que regule ese vasto espacio debe naturalmente contemplar propuestas de los más variados sectores, como las de la Coalición y sus 21 puntos, la de los empresarios y trabajadores del universo de los medios, las de universidades, cooperativas, movimientos originarios, radios comunitarias, autoridades provinciales, etcétera.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, desde el Congreso prefiguramos un proyecto de ley que contemplaba esos consensos, pero la coyuntura distaba de ser la actual. Estamos seguros de que hoy se pueden incorporar novedosas miradas.
Para elaborar una nueva ley, un tema clave es efectuar una interpretación adecuada desde la filosofía y el derecho administrativo. No se puede plantear el modelo de comunicación desde una óptica exclusivamente liberal, como el de la subsidiariedad del Estado. Los ejes ideológicos tienen que tener anclaje en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural e informativa. Por eso, entre las cuestiones más importantes a regular deben estar la producción regional, el respeto al público usuario, límites a la audiencia potencial en áreas de cobertura primaria, la diversidad informativa y de esparcimiento, el rol de los medios de gestión pública, la accesibilidad regional y social a la información y la concentración de licencias. También es apropiado fijar un concepto de bidireccionalidad que regule los deberes del emisor y los derechos del receptor.
Un avance significativo en materia de libertad de expresión sería el de crear la figura del ombudsman. Su función debería ser la de proteger a los usuarios en esa suerte de contrato virtual que se establece entre ellos y los medios. Inhibido expresamente de actuar sobre los contenidos, el ombudsman debería intervenir, por ejemplo, cuando se incumplen los horarios previstos, cuando se viola el horario de protección al menor o cuando se producen hechos de discriminación.
También debería recuperarse el ejercicio administrador del Estado en el espectro radioeléctrico. No debe perderse de vista que las frecuencias de radiodifusión no son propiedad de ningún titular de licencias, sino un patrimonio de la humanidad y una construcción social del pueblo argentino; el Estado, en algunos casos, las da en uso con modalidad de gestión privada. Como filosofía de la ley, deberían fijarse los modos de gestión de los medios, que la actual ley no contempla. Estos deben ser el público, el privado con fines de lucro y el privado sin fines de lucro. Pero también debe haber lugar para medios de gestión autónoma, como los de las universidades. Se debe reservar espectro para cada uno.
La radiodifusión no es sólo un espacio para hacer negocios: es un modo de vinculación entre la gente y es un ejercicio del derecho humano de la comunicación. Si bien las modificaciones realizadas a la ley de la dictadura resultan insuficientes, cabe resaltar que durante la gestión de Néstor Kirchner se obtuvo un avance fundamental: el Congreso logró la modificación del artículo 45 y abrió así el espectro a sociedades no comerciales y de capitales sociales.
La sanción de una nueva Ley de Radiodifusión es una deuda que se debe saldar. No se trata de dar respuesta a una situación coyuntural, sino de elaborar una norma racional, justa, solidaria y democrática, con la que todos los argentinos puedan hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
* Ex presidente de la Comisión de Comunicaciones en Diputados.
Ley de Radiodifusión: “No se si poner en el tapete la ley no es una amenaza para los medios”
“No se si poner en el tapete la ley de Radiodifusión no es una amenaza para los medios”
El diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Entre Ríos, Gustavo Cusinato, opinó sobre la ley de radiodifusión, al expresar: “Todos sabemos que el enfrentamiento entre el gobierno y los medios existe. Más allá de eso, hay varias cuestiones que están en el tapete en relación a la prensa. Hay un proyecto de ley que aun no ingresó al Congreso, que debate la relación laboral de los canillitas. Pero de cualquier manera, me parece que no es el momento adecuado. En el contexto donde se va a dar esto, no se si poner en el tapete la ley de radiodifusión no es una amenaza para los medios”, sentenció.
Se vienen las radios obreras
En el marco de la ronda de consultas que está realizando el gobierno argentino para enviar al Congreso un proyecto de nueva Ley de Radiodifusión, el titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano solicitó al Comité Federal de Radiodifusión licencias de televisión y radio en 40 de las principales ciudades del país “para poder expresar lo que algunos medios monopólicos distorsionan”. “Esto es como dijo la presidenta de la Nación, los monopolios de los medios son la oposición no votada”, justificó el camionero.
Entre otras modificaciones, la nueva Ley de Radiodifusión limitará la concentración de licencias en manos de una misma empresa e impediría que más del 30 por ciento del capital que integra los medios locales sea propiedad de extranjeros. Paralelamente, un sector del bloque de diputados del oficialismo presentará en los próximos días un proyecto de ley para obligar a los medios de comunicación a publicar los nombres de sus accionistas.
La iniciativa pertenece a los legisladores del Movimiento Evita Juan Manuel Irrázabal, Emilio Pérsico, Adela Segarra, Juliana Di Tullio, Stella Maris Córdoba, Gustavo Marconatto, Patricia Vaca Narvaja, Hugo Perié y Adriana García. La semana pasada, este mismo grupo de diputados propuso una norma para restablecer algunos derechos laborales que los canillitas perdieron durante los 90.
En medio de la disputa que mantiene el Gobierno con los medios y en especial con el Grupo Clarín, los legisladores también buscan obligar a las empresas y a sus accionistas a difundir en qué sectores, por fuera de los medios, tienen intereses comerciales. “El lector tiene que saber quién es el que le habla”, sostuvo Di Tullio.
Fuente: Radio 90 y Diario de Madryn
El diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Entre Ríos, Gustavo Cusinato, opinó sobre la ley de radiodifusión, al expresar: “Todos sabemos que el enfrentamiento entre el gobierno y los medios existe. Más allá de eso, hay varias cuestiones que están en el tapete en relación a la prensa. Hay un proyecto de ley que aun no ingresó al Congreso, que debate la relación laboral de los canillitas. Pero de cualquier manera, me parece que no es el momento adecuado. En el contexto donde se va a dar esto, no se si poner en el tapete la ley de radiodifusión no es una amenaza para los medios”, sentenció.
Se vienen las radios obreras
En el marco de la ronda de consultas que está realizando el gobierno argentino para enviar al Congreso un proyecto de nueva Ley de Radiodifusión, el titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano solicitó al Comité Federal de Radiodifusión licencias de televisión y radio en 40 de las principales ciudades del país “para poder expresar lo que algunos medios monopólicos distorsionan”. “Esto es como dijo la presidenta de la Nación, los monopolios de los medios son la oposición no votada”, justificó el camionero.
Entre otras modificaciones, la nueva Ley de Radiodifusión limitará la concentración de licencias en manos de una misma empresa e impediría que más del 30 por ciento del capital que integra los medios locales sea propiedad de extranjeros. Paralelamente, un sector del bloque de diputados del oficialismo presentará en los próximos días un proyecto de ley para obligar a los medios de comunicación a publicar los nombres de sus accionistas.
La iniciativa pertenece a los legisladores del Movimiento Evita Juan Manuel Irrázabal, Emilio Pérsico, Adela Segarra, Juliana Di Tullio, Stella Maris Córdoba, Gustavo Marconatto, Patricia Vaca Narvaja, Hugo Perié y Adriana García. La semana pasada, este mismo grupo de diputados propuso una norma para restablecer algunos derechos laborales que los canillitas perdieron durante los 90.
En medio de la disputa que mantiene el Gobierno con los medios y en especial con el Grupo Clarín, los legisladores también buscan obligar a las empresas y a sus accionistas a difundir en qué sectores, por fuera de los medios, tienen intereses comerciales. “El lector tiene que saber quién es el que le habla”, sostuvo Di Tullio.
Fuente: Radio 90 y Diario de Madryn
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