La Unión de Trabajadores de prensa de Buenos Aires (UTPBA), junto a la Comisión Interna de los Trabajadores de Prensa de TeleFe, denunció que el canal terceriza la producción periodística en las ediciones del noticiero
Los informes especiales emitidos fuera de la regulación y protección del Convenio Colectivo de Trabajo 124/75 y del Estatuto del Periodista es una modalidad implementada -unilateralmente- por los directivos del canal de aire y se incrementó de manera alarmante en el transcurso de los últimos meses.
La situación se agrava en el marco de las denuncias realizadas desde hace doce meses por la representación gremial ante el Ministerio de Trabajo, donde se describieron un conjunto de irregularidades e incumplimientos al Convenio de Prensa Televisada vigente.
Cerca de una decena de encuentros tuvieron lugar en el ámbito ministerial o en la sede patronal, y a pesar de las expresiones vertidas por la empresa en el sentido que daría una respuesta al reclamo de los trabajadores, el panorama empeora y crecen las irregularidades.
Los trabajadores de prensa del TeleFe, su Comisión Interna y la UTPBA analizan los pasos a seguir si en las próximas reuniones pautadas la empresa no brinda una solución definitiva, convencidos que deben respetarse todas y cada una de las leyes que protegen el desarrollo de nuestras tareas laborales y profesionales.
Secretaria Gremial UTPBA - Comisión Interna de TeleFe
martes, 2 de noviembre de 2010
Controversia: Cooperativas vs. pymes del cable
La iniciativa oficial crea una fuerte competencia en el sector más desconcentrado
Por: José Crettaz
Más de cien cooperativas de servicios públicos pedirán al Gobierno licencias para dar televisión por cable en distintas localidades del país, en muchas de las cuales ya operan pymes del sector. La ley de servicios de comunicación audiovisual eliminó una antigua restricción que impedía a las empresas cooperativas prestar servicios de radiodifusión, algo que muchas entidades igualmente habían logrado sortear en la Justicia mediante medidas cautelares o recovecos legales.
Así, lejos de crear competencia para los operadores más grandes, Cablevisión (Grupo Clarín), Supercanal (Grupo Uno) o Telecentro (Grupo Pierri), concentrados principalmente en los principales centros urbanos, la nueva ley de medios la está creando para las pequeñas y medianas empresas, que así lo habían advertido durante el tratamiento parlamentario de la norma, hace más de un año. En las localidades menos pobladas, las cooperativas y las pymes cableras tienen más parecidos que diferencias. En ambos casos se trata de esfuerzos locales, individuales o colectivos, para proveer de un servicio considerado poco rentable para los grandes operadores.
"Las cooperativas de mi federación vamos a pedir 100 licencias de televisión por cable. Y vamos a firmar un convenio con el Gobierno para tener también televisión terrestre gratuita y también vamos a buscar tener licencia para la televisión directa al hogar [vía satélite, como DirecTV]", dijo a La Nación Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (FeCoSur), que se reunió recientemente con autoridades de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). La otra gran entidad del sector, la Federación de Cooperativas Telefónicas, no ha mostrado mayor interés en la radiodifusión.
Las pymes del cable ya habían advertido sobre sus reparos acerca de la norma. "La ley habilita el ingreso en la TV por cable de cooperativas, que explotan servicios públicos de telefonía o distribución de electricidad en condiciones monopólicas en sus regiones de operación. Desde su monopolio, las cooperativas podrían practicar conductas predatorias y anticompetitivas: subsidios cruzados, precios predatorios o prácticas atadas, imponiendo el servicio en competencia a sus clientes cautivos", según expresaron en un documento difundido en varias oportunidades por las distintas cámaras del sector del cable.
Según Roncoroni, "las cooperativas van a competir razonablemente; seguramente la gran pelea va a ser los contenidos de la banda ancha. Nuestras redes tienen que estar preparadas en los pueblos del interior para poder dar no menos 10 mega [de velocidad] y llegar con televisión". Es que muchas cooperativas, las más avanzadas, ya comenzaron a comercializar el triple play (telefonía fija, banda ancha y televisión). Así lo está haciendo, por ejemplo, Telviso, en algunas localidades de la zona norte del conurbano.
La cooperativa pionera en abrirse camino en el negocio de la televisión por cable es Colsecor, una red de 120 cooperativas -principalmente de Córdoba y de Santa Fe- que lograron autorizaciones judiciales para dar ese servicio en localidades donde no había prestadores.
Ahora, muchas cooperativas están mirándose en ese espejo para lanzarse al servicio. Ricardo Cortés, de esa entidad, afirmó: "En algunos lugares es probable que se cree una nueva cooperativa de fin único o una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) para dar televisión por cable en aquellos lugares donde ya haya una pyme. Así se venía haciendo con la ley anterior, para poder dar el servicio, se creaban SRL que funcionaban como cooperativas. Ahora, con la nueva ley se están transfiriendo las licencias".
"Las cooperativas tienen el mismo marco legal que el resto de los operadores", aclaró escueta una asesora jurídica de AFSCA que prefirió no revelar su identidad. Por eso, no podrán ser simultáneamente licenciatarios de televisión abierta, de cable y satelital, como quiere Roncoroni.
Durante las últimas jornadas de la televisión por cable, Fabián Di Cicco, ejecutivo de Red Intercable, una empresa que representa a 237 pymes de 19 provincias que sumadas prestan servicio a 610.000 abonados, afirmó que "el problema de la ley de medios es que ignora a las pymes del cable. Es tiempo de que nos vean y reconozcan".
Red Intercable, que no respondió a la consulta específica de La Nación, y Colsecor vienen compitiendo fuertemente en este segmento. En general, los precios ofrecidos por las cooperativas, que son organizaciones sin fines de lucro, son un 40% inferior al promedio del mercado, que oscila en los 110 pesos.
Las empresas de cable no son sólo distribuidoras de señales nacionales e internacionales, también ofrecen sus canales de contenido local.
En todo el país, hay casi 600 canales de cable local en 900 ciudades. En el país, hay 6,5 millones de abonados a la televisión paga, el 19% de los cuales es cliente de empresas medianas o pequeñas del sector. Un 2,2% está abonado a las pocas cooperativas que venían prestando el servicio. Las pymes concentran el 17% de la facturación, lo que es equivalente a más de $ 1000 millones anuales.
El presidente del directorio de AFSCA, Gabriel Mariotto, afirmó durante el tratamiento de la ley de medios que con "prácticas predatorias", los grupos operadores de televisión por cable debilitaron a muchas pymes locales para luego absorberlas. Ahora, pequeñas empresas del cable creen que podrían correr la misma suerte, esta vez a manos del adversario menos esperado: la cooperativa del pueblo.
Nueva incursión en la televisión abierta
Aunque con menos interés, el sector cooperativo también está dando pasos hacia la televisión abierta, donde prácticamente no hacía experiencias previas. Allí, la mira está puesta en el sistema de televisión digital estatal del que podrían convertirse en un socio clave. "Las plantas transmisoras necesitan energía, locaciones y antenas, y nosotros tenemos todo eso", se entusiasmó el presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur), Antonio Roncoroni.
El 12 de agosto, dos semanas antes de que la presidenta Cristina Kirchner reglamentara la ley de medios, comenzó a transmitir canal 9 Celta TV, una señal abierta de la Cooperativa de Tres Arroyos, en esa localidad bonaerense, que tiene un bloque de seis horas de programación propia y el resto del día retransmite el canal Encuentro, del Ministerio de Educación. En esa zona, ya se veían el Canal 7 del Estado nacional, y el Canal 8 de Mar del Plata, repetidora del grupo Telefé.
Por otra parte, hace pocas semanas también lanzó su propia señal abierta la Usina Popular de Necochea, que cuenta con algunos programas propios y luego repite los programas del Canal 6 Cooperativo, señal de Colsecor, un grupo de más de 120 cooperativas cableras.
Esa misma señal también se retransmite por aire en Río Tercero, Córdoba, y en La Matanza, Buenos Aires.
Para el experto en telecomunicaciones Henoch Aguiar, "emitir un canal de aire requiere de espaldas económicas amplias para poder sostenerlo. Sobre todo en el interior, en localidades en que el mercado publicitario no alcanza a sostener ni la mitad de los gastos necesarios para tener una programación mínimamente digna. Por eso, las cooperativas son las principales candidatas a crear estaciones de televisión abierta, puesto que, además de tener sustento económico, ya expresan la cultura asociativa de una localidad".
Fuente: Diario La Nación
Por: José Crettaz
Más de cien cooperativas de servicios públicos pedirán al Gobierno licencias para dar televisión por cable en distintas localidades del país, en muchas de las cuales ya operan pymes del sector. La ley de servicios de comunicación audiovisual eliminó una antigua restricción que impedía a las empresas cooperativas prestar servicios de radiodifusión, algo que muchas entidades igualmente habían logrado sortear en la Justicia mediante medidas cautelares o recovecos legales.
Así, lejos de crear competencia para los operadores más grandes, Cablevisión (Grupo Clarín), Supercanal (Grupo Uno) o Telecentro (Grupo Pierri), concentrados principalmente en los principales centros urbanos, la nueva ley de medios la está creando para las pequeñas y medianas empresas, que así lo habían advertido durante el tratamiento parlamentario de la norma, hace más de un año. En las localidades menos pobladas, las cooperativas y las pymes cableras tienen más parecidos que diferencias. En ambos casos se trata de esfuerzos locales, individuales o colectivos, para proveer de un servicio considerado poco rentable para los grandes operadores."Las cooperativas de mi federación vamos a pedir 100 licencias de televisión por cable. Y vamos a firmar un convenio con el Gobierno para tener también televisión terrestre gratuita y también vamos a buscar tener licencia para la televisión directa al hogar [vía satélite, como DirecTV]", dijo a La Nación Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (FeCoSur), que se reunió recientemente con autoridades de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). La otra gran entidad del sector, la Federación de Cooperativas Telefónicas, no ha mostrado mayor interés en la radiodifusión.
Las pymes del cable ya habían advertido sobre sus reparos acerca de la norma. "La ley habilita el ingreso en la TV por cable de cooperativas, que explotan servicios públicos de telefonía o distribución de electricidad en condiciones monopólicas en sus regiones de operación. Desde su monopolio, las cooperativas podrían practicar conductas predatorias y anticompetitivas: subsidios cruzados, precios predatorios o prácticas atadas, imponiendo el servicio en competencia a sus clientes cautivos", según expresaron en un documento difundido en varias oportunidades por las distintas cámaras del sector del cable.
Según Roncoroni, "las cooperativas van a competir razonablemente; seguramente la gran pelea va a ser los contenidos de la banda ancha. Nuestras redes tienen que estar preparadas en los pueblos del interior para poder dar no menos 10 mega [de velocidad] y llegar con televisión". Es que muchas cooperativas, las más avanzadas, ya comenzaron a comercializar el triple play (telefonía fija, banda ancha y televisión). Así lo está haciendo, por ejemplo, Telviso, en algunas localidades de la zona norte del conurbano.
La cooperativa pionera en abrirse camino en el negocio de la televisión por cable es Colsecor, una red de 120 cooperativas -principalmente de Córdoba y de Santa Fe- que lograron autorizaciones judiciales para dar ese servicio en localidades donde no había prestadores.
Ahora, muchas cooperativas están mirándose en ese espejo para lanzarse al servicio. Ricardo Cortés, de esa entidad, afirmó: "En algunos lugares es probable que se cree una nueva cooperativa de fin único o una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) para dar televisión por cable en aquellos lugares donde ya haya una pyme. Así se venía haciendo con la ley anterior, para poder dar el servicio, se creaban SRL que funcionaban como cooperativas. Ahora, con la nueva ley se están transfiriendo las licencias".
"Las cooperativas tienen el mismo marco legal que el resto de los operadores", aclaró escueta una asesora jurídica de AFSCA que prefirió no revelar su identidad. Por eso, no podrán ser simultáneamente licenciatarios de televisión abierta, de cable y satelital, como quiere Roncoroni.
Durante las últimas jornadas de la televisión por cable, Fabián Di Cicco, ejecutivo de Red Intercable, una empresa que representa a 237 pymes de 19 provincias que sumadas prestan servicio a 610.000 abonados, afirmó que "el problema de la ley de medios es que ignora a las pymes del cable. Es tiempo de que nos vean y reconozcan".
Red Intercable, que no respondió a la consulta específica de La Nación, y Colsecor vienen compitiendo fuertemente en este segmento. En general, los precios ofrecidos por las cooperativas, que son organizaciones sin fines de lucro, son un 40% inferior al promedio del mercado, que oscila en los 110 pesos.
Las empresas de cable no son sólo distribuidoras de señales nacionales e internacionales, también ofrecen sus canales de contenido local.
En todo el país, hay casi 600 canales de cable local en 900 ciudades. En el país, hay 6,5 millones de abonados a la televisión paga, el 19% de los cuales es cliente de empresas medianas o pequeñas del sector. Un 2,2% está abonado a las pocas cooperativas que venían prestando el servicio. Las pymes concentran el 17% de la facturación, lo que es equivalente a más de $ 1000 millones anuales.
El presidente del directorio de AFSCA, Gabriel Mariotto, afirmó durante el tratamiento de la ley de medios que con "prácticas predatorias", los grupos operadores de televisión por cable debilitaron a muchas pymes locales para luego absorberlas. Ahora, pequeñas empresas del cable creen que podrían correr la misma suerte, esta vez a manos del adversario menos esperado: la cooperativa del pueblo.
Nueva incursión en la televisión abierta
Aunque con menos interés, el sector cooperativo también está dando pasos hacia la televisión abierta, donde prácticamente no hacía experiencias previas. Allí, la mira está puesta en el sistema de televisión digital estatal del que podrían convertirse en un socio clave. "Las plantas transmisoras necesitan energía, locaciones y antenas, y nosotros tenemos todo eso", se entusiasmó el presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur), Antonio Roncoroni.
El 12 de agosto, dos semanas antes de que la presidenta Cristina Kirchner reglamentara la ley de medios, comenzó a transmitir canal 9 Celta TV, una señal abierta de la Cooperativa de Tres Arroyos, en esa localidad bonaerense, que tiene un bloque de seis horas de programación propia y el resto del día retransmite el canal Encuentro, del Ministerio de Educación. En esa zona, ya se veían el Canal 7 del Estado nacional, y el Canal 8 de Mar del Plata, repetidora del grupo Telefé.
Por otra parte, hace pocas semanas también lanzó su propia señal abierta la Usina Popular de Necochea, que cuenta con algunos programas propios y luego repite los programas del Canal 6 Cooperativo, señal de Colsecor, un grupo de más de 120 cooperativas cableras.
Esa misma señal también se retransmite por aire en Río Tercero, Córdoba, y en La Matanza, Buenos Aires.
Para el experto en telecomunicaciones Henoch Aguiar, "emitir un canal de aire requiere de espaldas económicas amplias para poder sostenerlo. Sobre todo en el interior, en localidades en que el mercado publicitario no alcanza a sostener ni la mitad de los gastos necesarios para tener una programación mínimamente digna. Por eso, las cooperativas son las principales candidatas a crear estaciones de televisión abierta, puesto que, además de tener sustento económico, ya expresan la cultura asociativa de una localidad".
Fuente: Diario La Nación
Cláusula de conciencia y respeto al periodismo profesional
La vigencia de un recurso profesional cada vez más necesario para el ejercicio de un periodismo de calidad. En Argentina todavía no ha sido contemplado por una legislación específica, aunque los pactos internacionales lo habilitan y hay peticiones civiles para que se concrete
Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La llamada “Cláusula de Conciencia” tiene su justificación en la particularidad de la función del periodista profesional y la necesidad de evitar condicionamientos que violenten la tarea, en razón y con motivo de la relación de dependencia laboral. Busca tutelar la dignidad, la calidad profesional, la ideología y las convicciones éticas o creencias de los informadores.
El ejercicio del periodismo libre necesita la tranquilidad de espíritu que permita trabajar en un medio que no violente las perspectivas ideológicas y convicciones morales, principios o religión de los informadores, sobre las cuales construye su actitud profesional. Generalmente, los destinatarios del trabajo periodístico, en muchos casos, conocen al periodista y su pensamiento y desde ello juzgan su desempeño profesional y coherencia de opinión. Un cambio de concepción o de propuesta profesional implica una interferencia en la conexión existente entre el informador y el informado. Ello puede afectar gravemente el concepto que sobre la tarea del periodista tiene su público lector, oyente o televidente. Además, se suma la violencia moral que puede sufrir el o la periodista ante órdenes que no comparte y que siente que ello compromete negativamente también su prestigio y conducta personal.
Garantía a la población
A su vez, con la cláusula de conciencia” se intenta garantizar también la calidad de información, asegurando un equilibrio entre la búsqueda de la rentabilidad de los medios de difusión y la seriedad de la información que se brinda, ya que ésta se asocia, necesariamente, a la responsabilidad profesional del periodista que trabajó en la confección de lo que se hace saber. Permite asegurar a las personas y a la sociedad que, en la relación laboral, la subordinación patrón-empleado no opere como un modo de presión que pueda desnaturalizar la tarea periodística y su responsabilidad ante la veracidad y calidad de lo informado.
La cláusula de conciencia pretende hacer respetar los derechos profesionales esenciales en la relación de trabajo, ya que el periodista no es un “mercenario de la pluma”.
Es la posibilidad del periodista de romper el vínculo laboral con el medio en el que trabaja y tener derecho a recibir la indemnización por despido sin causa, cuando se produce una variación significativa en la orientación ideológica de la empresa o se afecta la reputación profesional o su dignidad moral.
La opción legal aparece al ejercer el trabajador de prensa una verdadera objeción de conciencia, ante el poder de dirección del dueño o de quien tiene la superioridad de mando, en el medio de difusión en el que recibe un salario por su tarea. De esta forma, ante un pedido o un cambio de la patronal que violente, como se ha expresado, la postura esencial del accionar de la persona de prensa, de no revertirse lo cuestionado por el periodista, la cláusula permite transformar la situación en un autodespido remunerado. Esta opción refuerza la independencia del informador, le permite defender su dignidad y ayuda a la calidad informativa.
Francia incluyó esta institución en su Código de Trabajo, en 1935. Esta legislación ha sido la base para una serie de normativas al respecto, en diversos países y fue incorporada constitucionalmente por España en su constitución de 1978, en el artículo 20.1.d.
Existen constituciones latinoamericanas, posteriores a la española, que incorporaron la cláusula de conciencia. Tal es el caso de las de Paraguay, Bolivia y Ecuador.
Tarea para el Congreso
En Argentina todavía no ha sido contemplada por una legislación específica, no obstante podría hacerse, a tenor de las garantías surgidas de los pactos de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional en 1994, en coordinación con disposiciones constitucionales vigentes. Hay peticiones para que ello se concrete, como la formulada por el Foro del Periodismo Argentino (Fopea), en agosto de 2009. También hay varios proyectos de regulación de este instrumento jurídico de defensa de la información y del informador presentados por distintos legisladores, que esperan ser tratados en el Congreso de la Nación.
Es importante que la normatividad pertinente se concrete pronto.
*Abogado constitucionalista. Especialista en Derecho de la Información
Fuente: Comercio y Justicia
Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La llamada “Cláusula de Conciencia” tiene su justificación en la particularidad de la función del periodista profesional y la necesidad de evitar condicionamientos que violenten la tarea, en razón y con motivo de la relación de dependencia laboral. Busca tutelar la dignidad, la calidad profesional, la ideología y las convicciones éticas o creencias de los informadores.
El ejercicio del periodismo libre necesita la tranquilidad de espíritu que permita trabajar en un medio que no violente las perspectivas ideológicas y convicciones morales, principios o religión de los informadores, sobre las cuales construye su actitud profesional. Generalmente, los destinatarios del trabajo periodístico, en muchos casos, conocen al periodista y su pensamiento y desde ello juzgan su desempeño profesional y coherencia de opinión. Un cambio de concepción o de propuesta profesional implica una interferencia en la conexión existente entre el informador y el informado. Ello puede afectar gravemente el concepto que sobre la tarea del periodista tiene su público lector, oyente o televidente. Además, se suma la violencia moral que puede sufrir el o la periodista ante órdenes que no comparte y que siente que ello compromete negativamente también su prestigio y conducta personal.
Garantía a la población
A su vez, con la cláusula de conciencia” se intenta garantizar también la calidad de información, asegurando un equilibrio entre la búsqueda de la rentabilidad de los medios de difusión y la seriedad de la información que se brinda, ya que ésta se asocia, necesariamente, a la responsabilidad profesional del periodista que trabajó en la confección de lo que se hace saber. Permite asegurar a las personas y a la sociedad que, en la relación laboral, la subordinación patrón-empleado no opere como un modo de presión que pueda desnaturalizar la tarea periodística y su responsabilidad ante la veracidad y calidad de lo informado.
La cláusula de conciencia pretende hacer respetar los derechos profesionales esenciales en la relación de trabajo, ya que el periodista no es un “mercenario de la pluma”.
Es la posibilidad del periodista de romper el vínculo laboral con el medio en el que trabaja y tener derecho a recibir la indemnización por despido sin causa, cuando se produce una variación significativa en la orientación ideológica de la empresa o se afecta la reputación profesional o su dignidad moral.
La opción legal aparece al ejercer el trabajador de prensa una verdadera objeción de conciencia, ante el poder de dirección del dueño o de quien tiene la superioridad de mando, en el medio de difusión en el que recibe un salario por su tarea. De esta forma, ante un pedido o un cambio de la patronal que violente, como se ha expresado, la postura esencial del accionar de la persona de prensa, de no revertirse lo cuestionado por el periodista, la cláusula permite transformar la situación en un autodespido remunerado. Esta opción refuerza la independencia del informador, le permite defender su dignidad y ayuda a la calidad informativa.
Francia incluyó esta institución en su Código de Trabajo, en 1935. Esta legislación ha sido la base para una serie de normativas al respecto, en diversos países y fue incorporada constitucionalmente por España en su constitución de 1978, en el artículo 20.1.d.
Existen constituciones latinoamericanas, posteriores a la española, que incorporaron la cláusula de conciencia. Tal es el caso de las de Paraguay, Bolivia y Ecuador.
Tarea para el Congreso
En Argentina todavía no ha sido contemplada por una legislación específica, no obstante podría hacerse, a tenor de las garantías surgidas de los pactos de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional en 1994, en coordinación con disposiciones constitucionales vigentes. Hay peticiones para que ello se concrete, como la formulada por el Foro del Periodismo Argentino (Fopea), en agosto de 2009. También hay varios proyectos de regulación de este instrumento jurídico de defensa de la información y del informador presentados por distintos legisladores, que esperan ser tratados en el Congreso de la Nación.
Es importante que la normatividad pertinente se concrete pronto.
*Abogado constitucionalista. Especialista en Derecho de la Información
Fuente: Comercio y Justicia
lunes, 1 de noviembre de 2010
Córdoba: La Universidad estudia lanzar una canal de noticias
A dos meses de que el gobierno nacional reglamentara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el desembarco en Córdoba de la televisión pública digital va tomando forma
Al respecto, el presidente del Directorio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Esteban Falcón, consideró estratégica la puesta en funcionamiento de la denominada Televisión Digital Terrestre (TDT), cuyas primeras transmisiones en Córdoba están previstas para febrero de 2011. Al respecto, precisó que la TDT es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la televisión abierta, que se transmite por ondas hertzianas.
A diferencia del modelo de radiodifusión analógico, caracterizado por una limitada cantidad de canales, la TDT permite ofrecer más señales. El nuevo dispositivo contempla también una mejor calidad de imagen y sonido y la capacidad de la interactividad. Con este fin, el Ministerio de Planificación Federal ya inició la construcción de 47 torres de transmisión en distintas provincias para darles cobertura potencial hacia fin de año a 29 millones de habitantes, el 75 por ciento de la población nacional.
Para el caso puntual de Córdoba, Falcón resaltó que la planta transmisora se instalará en febrero próximo en el cerro Mogote. "Como complemento de ello, los SRT tendrán a partir de fin de año un transmisor digital de fabricación local, que será financiado por la UNC, además del aporte que nos hará la Nación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia. Ya hicimos todos los pedidos de asignación de frecuencia para comenzar con las transmisiones de prueba en formato digital entre febrero o marzo de 2011", puntualizó. Respecto de la ley de medios, Falcón, pese a las demoras derivadas de las medidas cautelares interpuestas ante la Justicia contra la plena aplicación de la norma, pronosticó el "fin de los monopolios informativos en la Argentina". Al mismo tiempo, destacó el "rol central" que asumirá en poco tiempo más "el sistema universitario nacional en el desarrollo de producciones audiovisuales regionales de calidad" para torcer la mirada centralista que proviene desde Buenos Aires.
Centro de producción propio. La irrupción de la televisión pública digital pondrá a las universidades nacionales en el centro de la escena, puesto que formarán parte de la puesta en marcha del Programa Federal de Polos Tecnológicos de Promoción de Contenidos Audiovisuales y Digitales que impulsa el Consejo Federal de Televisión Digital (CFTD).
"A comienzos de octubre, se firmó una resolución en el Rectorado de la UNC que dispuso la creación de un Centro de Promoción y Producción Audiovisual, con el que aspiramos a tener una señal universitaria propia. La idea es que cada universidad, en su área de influencia, genere contenidos con estéticas similares. Esto es sumamente importante porque las universidades poseen estructuras democráticas y de gran penetración territorial en toda la Argentina", explicó Esteban Falcón.
Con el objetivo de unificar criterios entre los SRT y la Casa de Trejo, la rectora Carolina Scotto designó al directivo como coordinador general de dicho Centro de Producción Audiovisual. Por otro lado, el titular de los SRT destacó que el respaldo del Estado es primordial para darle impulso a los proyectos derivados de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Siempre se dice que si el Estado pretende brindar buenos servicios de salud tiene que sostener los hospitales. En este caso en particular es similar, puesto que si se quieren mejorar los contenidos de los medios de comunicación estatales habrá que asignarles una inversión específica", aseveró. Sobre el particular, explicó que "desde el sector público la televisión no se hace exclusivamente con lo que se genera en los espacios publicitarios, como hacen los canales privados, porque esa ecuación pervierte la lógica del medio público, que es promover contenidos de interés y calidad para la sociedad, independientemente de la pauta publicitaria que también los condiciona".
De acuerdo a lo considerado por el presidente de los SRT, los cambios culturales que podría generar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual serán graduales. "Las modificaciones de los consumos por parte de la ciudadanía van a ser paulatinas porque está atravesada por una cuestión de costumbres y comodidad", indicó el también abogado. En tal sentido, dijo que, "más allá de que mucha gente empiece a disentir y a tener otras miradas sobre la realidad que instalan los medios hegemónicos, cuesta mucho reemplazar esos viejos formatos por otros". "Este un tema que hemos hablado en numerosas oportunidades con (el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel) Mariotto porque aquí en Córdoba el monopolio mediático es mucho más fuerte que en Buenos Aires. A mí siempre me sorprende que cuando uno entra a las estaciones de servicio o a los bares de Córdoba, por lo general la señal está sintonizada en TN. Y ahí es cuando me pregunto, ¿qué le importará a esta gente si hay un paro de subtes o si el acceso oeste a la ciudad de Buenos Aires está congestionado? Ese tipo de consumo está definido por una falta de oferta local que satisfaga esa necesidad de información continua", advirtió. Por tal motivo, anticipó que entre los proyectos previstos por los SRT se encuentra la posibilidad de lanzar una señal local de noticias las 24 horas, que sirva de complemento a la universitaria y a la de Canal 10. "Tenemos que trabajar fuertemente para generar alternativas de consumos en los medios con el objetivo de que la gente pueda elegir con total libertad", remató.
Fuente: Hoy día Córdoba
Al respecto, el presidente del Directorio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Esteban Falcón, consideró estratégica la puesta en funcionamiento de la denominada Televisión Digital Terrestre (TDT), cuyas primeras transmisiones en Córdoba están previstas para febrero de 2011. Al respecto, precisó que la TDT es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la televisión abierta, que se transmite por ondas hertzianas.
Para el caso puntual de Córdoba, Falcón resaltó que la planta transmisora se instalará en febrero próximo en el cerro Mogote. "Como complemento de ello, los SRT tendrán a partir de fin de año un transmisor digital de fabricación local, que será financiado por la UNC, además del aporte que nos hará la Nación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia. Ya hicimos todos los pedidos de asignación de frecuencia para comenzar con las transmisiones de prueba en formato digital entre febrero o marzo de 2011", puntualizó. Respecto de la ley de medios, Falcón, pese a las demoras derivadas de las medidas cautelares interpuestas ante la Justicia contra la plena aplicación de la norma, pronosticó el "fin de los monopolios informativos en la Argentina". Al mismo tiempo, destacó el "rol central" que asumirá en poco tiempo más "el sistema universitario nacional en el desarrollo de producciones audiovisuales regionales de calidad" para torcer la mirada centralista que proviene desde Buenos Aires.
Centro de producción propio. La irrupción de la televisión pública digital pondrá a las universidades nacionales en el centro de la escena, puesto que formarán parte de la puesta en marcha del Programa Federal de Polos Tecnológicos de Promoción de Contenidos Audiovisuales y Digitales que impulsa el Consejo Federal de Televisión Digital (CFTD).
"A comienzos de octubre, se firmó una resolución en el Rectorado de la UNC que dispuso la creación de un Centro de Promoción y Producción Audiovisual, con el que aspiramos a tener una señal universitaria propia. La idea es que cada universidad, en su área de influencia, genere contenidos con estéticas similares. Esto es sumamente importante porque las universidades poseen estructuras democráticas y de gran penetración territorial en toda la Argentina", explicó Esteban Falcón.
Con el objetivo de unificar criterios entre los SRT y la Casa de Trejo, la rectora Carolina Scotto designó al directivo como coordinador general de dicho Centro de Producción Audiovisual. Por otro lado, el titular de los SRT destacó que el respaldo del Estado es primordial para darle impulso a los proyectos derivados de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Siempre se dice que si el Estado pretende brindar buenos servicios de salud tiene que sostener los hospitales. En este caso en particular es similar, puesto que si se quieren mejorar los contenidos de los medios de comunicación estatales habrá que asignarles una inversión específica", aseveró. Sobre el particular, explicó que "desde el sector público la televisión no se hace exclusivamente con lo que se genera en los espacios publicitarios, como hacen los canales privados, porque esa ecuación pervierte la lógica del medio público, que es promover contenidos de interés y calidad para la sociedad, independientemente de la pauta publicitaria que también los condiciona".
De acuerdo a lo considerado por el presidente de los SRT, los cambios culturales que podría generar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual serán graduales. "Las modificaciones de los consumos por parte de la ciudadanía van a ser paulatinas porque está atravesada por una cuestión de costumbres y comodidad", indicó el también abogado. En tal sentido, dijo que, "más allá de que mucha gente empiece a disentir y a tener otras miradas sobre la realidad que instalan los medios hegemónicos, cuesta mucho reemplazar esos viejos formatos por otros". "Este un tema que hemos hablado en numerosas oportunidades con (el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel) Mariotto porque aquí en Córdoba el monopolio mediático es mucho más fuerte que en Buenos Aires. A mí siempre me sorprende que cuando uno entra a las estaciones de servicio o a los bares de Córdoba, por lo general la señal está sintonizada en TN. Y ahí es cuando me pregunto, ¿qué le importará a esta gente si hay un paro de subtes o si el acceso oeste a la ciudad de Buenos Aires está congestionado? Ese tipo de consumo está definido por una falta de oferta local que satisfaga esa necesidad de información continua", advirtió. Por tal motivo, anticipó que entre los proyectos previstos por los SRT se encuentra la posibilidad de lanzar una señal local de noticias las 24 horas, que sirva de complemento a la universitaria y a la de Canal 10. "Tenemos que trabajar fuertemente para generar alternativas de consumos en los medios con el objetivo de que la gente pueda elegir con total libertad", remató.
Fuente: Hoy día Córdoba
Juez de Dolores rechaza el amparo contra el cambio de grilla
El juez de Dolores dejó sin efecto una medida cautelar que se había ordenado contra la modificación de la grilla de canales de televisión, por lo que ésta comenzará a regir "de inmediato", expresó el coordinador general del Servicio de Comunicación Audiovisual, Luis Lázaro en diálogo con Radio Provincia de Buenos Aires
El juez subrogante Guillermo Federico Rimondi, a cargo del Juzgado Federal de Dolores, rechazó una acción de amparo en la que El Haieck Producciones SA había pedido que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que establece un nuevo orden en la grilla de canales de la televsión paga.
En la resolución, el magistrado revocó la medida cautelar dictada en la misma causa por la que se había ordenado la suspensión de la aplicación de esa norma (ver en adjunto fallo completo).
En tanto, el Coordinador General del Servicio de Comunicación Audiovisual, Luis Lázaro, informó que, según el fallo de Rimondi, la grilla comenzará a regir "de inmediato".
La medida cautelar había sido dictada por el conjuez Adolfo Harisgarat, el pasado 23 de septiembre, y había dispuesto que la sucursal Cablevisión Dolores –y todas las sucursales de la firma- debía seguir emitiendo la señal de la titularidad de la actora en las mismas condiciones y modalidades con que emitía antes del dictado de aquella resolución.
Lázaro indicó dijo a radio Provincia que la decisión que había tomado el juez Harisgarat "era un mamarracho jurídico que revela una connivencia gravísima entre la Justicia e intereses corporativos".
Además, aseguró que el nuevo fallo "restablece ciertos principios lógicos, debido a que la decisión del Servicio de Comunicación Audiovisual pone en vigencia un principio establecido en el artículo 65 de la ley".
En tanto, Lázaro aclaró que "probablemente los sectores concentrados de los medios de comunicación van a intentar seguir ganando tiempo", aunque señaló que "es importante seguir avanzando en la pelea de la prevalencia de una ley de la democracia por encima de los intereses de cualquier sector".
Finalmente, el funcionario confirmó que la nueva grilla de televisión por cable decidida por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será aplicada "de inmediato".
Desde Cablevisión afirmaron que "no llevarán a cabo los cambios en la grilla solicitados", ya que “tenemos fallos que nos avalan, como los casos que se dieron en Bahía Blanca y Coronel Dorrego”. El juez de Bahía Blanca, Santiago Martínez, había dicho que el nuevo ordenamiento “podría conculcar derechos constitucionales e intereses de trascendencia y carácter públicos como la libertad de expresión y de prensa”.
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Fuentes: Sala de Prensa, Radio Provincia
El juez subrogante Guillermo Federico Rimondi, a cargo del Juzgado Federal de Dolores, rechazó una acción de amparo en la que El Haieck Producciones SA había pedido que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que establece un nuevo orden en la grilla de canales de la televsión paga.En la resolución, el magistrado revocó la medida cautelar dictada en la misma causa por la que se había ordenado la suspensión de la aplicación de esa norma (ver en adjunto fallo completo).
En tanto, el Coordinador General del Servicio de Comunicación Audiovisual, Luis Lázaro, informó que, según el fallo de Rimondi, la grilla comenzará a regir "de inmediato".
La medida cautelar había sido dictada por el conjuez Adolfo Harisgarat, el pasado 23 de septiembre, y había dispuesto que la sucursal Cablevisión Dolores –y todas las sucursales de la firma- debía seguir emitiendo la señal de la titularidad de la actora en las mismas condiciones y modalidades con que emitía antes del dictado de aquella resolución.
Lázaro indicó dijo a radio Provincia que la decisión que había tomado el juez Harisgarat "era un mamarracho jurídico que revela una connivencia gravísima entre la Justicia e intereses corporativos".
Además, aseguró que el nuevo fallo "restablece ciertos principios lógicos, debido a que la decisión del Servicio de Comunicación Audiovisual pone en vigencia un principio establecido en el artículo 65 de la ley".
En tanto, Lázaro aclaró que "probablemente los sectores concentrados de los medios de comunicación van a intentar seguir ganando tiempo", aunque señaló que "es importante seguir avanzando en la pelea de la prevalencia de una ley de la democracia por encima de los intereses de cualquier sector".
Finalmente, el funcionario confirmó que la nueva grilla de televisión por cable decidida por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será aplicada "de inmediato".
Desde Cablevisión afirmaron que "no llevarán a cabo los cambios en la grilla solicitados", ya que “tenemos fallos que nos avalan, como los casos que se dieron en Bahía Blanca y Coronel Dorrego”. El juez de Bahía Blanca, Santiago Martínez, había dicho que el nuevo ordenamiento “podría conculcar derechos constitucionales e intereses de trascendencia y carácter públicos como la libertad de expresión y de prensa”.
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