Se trata de Mauricio Mielgo, titular de la Departamental Marcos Juárez de la Policía provincial, quien envió sendas cartas documento contra Rossi y Ferreyra exigiendo un desagravio por un caso de presunto abuso sexual
El caso del titular de la Unidad Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia, Mauricio Mielgo, continúa sumando condimentos políticos. Es que tras las amenazas que el comisario mayor lanzó días atrás -a través de una carta documento- contra el periodista de Canal Doce, Andrés Ferreyra, al que le recriminó haber dado a conocer el testimonio de una subordinada suya que lo denunció en 2018 y 2020 por presuntos "abusos y acosos con un fin sexual" mientras se desempeñaba en la comisaría de Corral de Bustos, Mielgo decidió ir más allá y replicó esa práctica contra el legislador de la UCR, Dante Rossi.
En otra carta documento, le exigió al parlamentario radical un desagravio bajo la amenaza de iniciar acciones legales en su contra. Ocurre que Rossi había presentado en la Unicameral un proyecto de declaración pidiendo la desafectación de Mielgo al frente de la Departamental Marcos Juárez.
En respuesta a dicha solicitud, el comisario mayor consideró que "es indignante que un legislador provincial, para ganar protagonismo público, en lugar de hacerlo mediante el mérito y la importancia de su labor parlamentaria, que en su caso brilla por su ausencia, lo haga afirmando falsos hechos como el aludido en su proyecto de declaración, en el que mentirosamente afirmó que Mariela Neira fue dada de baja de la fuerza policial como consecuencia de un abuso sexual y de autoridad cuya autoría arteramente me atribuyó". Según la versión de Mielgo, existen constancias de un sumario administrativo que le dio origen a la baja de Neira número 0002-031554/2019 que "lo desmienten por completo".
"Igualmente, constituye una ingente irresponsabilidad suya, calificarme de agresor, y aludir a la ilegitimidad de mi ascenso, poniendo en tela de juicio (…) mi impecable desempeño en la fuerza", insistió Mielgo en los cuestionamientos dirigidos a Rossi. A modo de remate, el jefe policial le advirtió al legislador que "carece de inmunidad parlamentaria para difamarme".
Sobre el particular, el mencionado comunicador publicó el sábado último un tuit en el que alertó que "a esta altura es incomprensible que el Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba le sostenga la mano a este comisario violento que también intimidó con carta documento al legislador Dante Rossi". "¿A este tipo de personajes le dan poder?", se preguntó Andy Ferreyra, quien durante la presente jornada sería recibido por la comisaria mayor María Angélica Paredes, directora general de Control de Conducta Policial, una oficina que reemplaza a la vieja dirección de Asuntos Internos.
A su turno, María Ana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), aseguró que "es gravísimo lo que ocurrió, un comisario que está al frente de un grupo armado, no puede enviarle una carta intimidatoria a un periodista que sólo hizo su trabajo. Este ataque a Andrés Ferreyra es un ataque a la libertad de prensa, la libertad de expresión y a la sociedad toda. Implica un abuso de poder de un funcionario público, como es el jefe de una Unidad Departamental de la Policía de Córdoba que busca censurar la labor de un trabajador de prensa".
Mandakovic agregó que "el caso que expuso el colega atendió todas las normas de la ética periodística y puso blanco sobre negro lo que sucede en una institución verticalista donde hay altísimos índices de violencia de género".
El CiSPren da a conocer su posición frente a las responsabilidades del periodista y las empresas que lo contratan. A propósito de la carta documento que el comisario mayor Mauricio Mielgo, director de la Departamental Marcos Juárez, le envió al cronista Andy Ferreyra intimándolo a guardar silencio sobre una denuncia por acoso sexual que lo involucraba y que realizó una mujer policía.
En el marco de la permanente fricción entre los actores de la información, el extendido capítulo de la responsabilidad del Editor tiene en la idea de un periodista “autónomo” su mayor arraigo entre las empresas periodísticas.
De modo tal que, en este engaño, el periodista asoma como un gestor intelectual emancipado de la trama discursiva-comercial-social, el sujeto libre que pone en juego su voluntad sin arreglo a ningún acuerdo previo con las patronales.
Así, entonces, el periodista que haya publicado información sensible para los actores institucionales, sean de la esfera pública o privada, en el medio que lo emplea, se encuentra con que tiene que salir a disputar en terreno desconocido, sin más respaldo que su propio prestigio, armado apenas con el lenguaje de la palabra.
A la intemperie cuando arrecia la tempestad de la querella. Fuera de cobertura patronal, defendiéndose como aquel al que impulsan a pelear, mientras los fogoneros se dedican a tenerle el saco.
Como si el ejercicio libre de la prensa, luego de verificados sus presupuestos técnicos, éticos y deontológicos, tuviera al hombre/mujer de prensa como destinatario de los beneficios que la publicación produjera, y no a los dueños del medio por que se difunde el mensaje.
Las empresas periodísticas no pueden eludir la responsabilidad de lo que sus periodistas publiquen a cuenta y nombre de las mismas. El Editor es el primer dique donde deben estrellarse los ímpetus de los intolerantes.
Es el Editor el primer y último responsable.
Los/las trabajadores/as de prensa nos empeñamos en brindar información en los términos que impone un ejercicio responsable del oficio. Nuestra propia experiencia es un estilete afilado a la hora de la disección entre tanta operación disfrazada de información.
El negocio, legítimo y deseado en el marco del sistema económico que avala la sociedad, escapa a las aptitudes del sujeto trabajador, no es su incumbencia ni su afán. Los periodistas maniobramos con la frágil materialidad del bien común. Eso y no otra cosa es la información que importa a una sociedad madura y crepitante.
Cuando, otra vez, la querella por la presunción de sentirse afectado cae sobre el cuerpo de uno de nuestros periodistas, el CiSPren exige que la patronal supere la malograda tentación de ofrendar una víctima sin otro recurso defensivo que su empeño y dignidad. En conjunto, encendemos una alarma enérgica sobre un aspecto que el vértigo informativo no puede disipar, el de la censura. Venenosa cuando adquiere la forma de prohibición; mentirosa cuando se encubre en banalidades impropias de una democracia todavía deudora del pueblo.
El Editor está obligado a gestionar el relato periodístico poniéndose al frente de la línea de fuego, cuando haya quien pueda sentir que se auscultan sus oscuridades. Las empresas periodísticas deben responder por el contenido publicado; lo contrario, agrede el consenso entre públicos y fuentes del discurso. Responde el más fuerte, jamás el más débil.
Las redes sociales han contribuido a oxigenar la red de mensajes en la sociedad digital del siglo XXI; pero aún no pudieron desconectar a los hombres y mujeres de prensa de tan alta responsabilidad a la hora de informar al soberano.
Seguimos siendo los obreros calificados que operamos la polea de transmisión diaria que instala conflictos, ilumina la escena, pone a dialogar a sus intérpretes, y enciende la llama del debate público. No resignamos esa responsabilidad a manos de un negocio cada vez más concentrado y menos visible a los ojos de lectores, oyentes y televidentes.
Al Editor, responsabilidad por el mensaje publicado.
*Comisión Directiva del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba
Fuentes: Hoy Día y CiSPren