El video, firmado por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones (AET), habla de “los embates de todo tipo” que ha sufrido la industria del cable en los últimos tiempos, y si bien corresponde a los cableros de Entre Ríos, fue circulado también por personas vinculadas a las grandes firmas del sector a nivel nacional, en tensión con el Gobierno por la reciente entrada en vigencia del decreto que convierte a las telecomunicaciones en un servicio público y regula el aumento de sus tarifas.
Según detalla el video, que ya comenzó a circular en redes sociales, “en los últimos meses” los costos operativos del sector aumentaron 52%, con subas que van desde los insumos electrónicos a los impuestos municipales y provinciales y los gastos en movilidad. "En medio de esta realidad se avecina la desaparición de la grilla de señales y baja en la calidad de un servicios. Las inversiones y el mantenimiento no son una opción en un marco económico como el actual, donde el Gobierno sólo actualizó en nuestro rubro una suba del 8%”, añade.
Se refiere al 8% de aumento a partir de enero que fue habilitado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), luego de 8 meses de congelamiento, para los licenciatarios que posean menos de 100.000 clientes. Para los grandes prestadores, en cambio, sólo autorizó una suba del 5%.
Según las cuentas de la Jefatura de Gabinete, las empresas del sector implementaron subas de hasta 25% hasta abril de 2020. Si bien el año cerró con los precios de los servicios de telecomunicaciones por debajo de la inflación, durante los cuatro la administración de Mauricio Macri la cuenta fue inversa, además de que se consolidó el liderazgo de los grandes grupos del sector.
"Sin subsidios al sector y con un panorama para nada alentador, sólo nos queda alertar que esta actividad esencial corre el grave riesgo de desaparecer y con ella el reflejo de la realidad, la pluralidad de las voces", concluye el video.
Según detalló la entidad, en la provincia de Entre Ríos existen alrededor de 50 empresas proveedoras de televisión por cable, la mayoría de ellas de pequeña envergadura y de origen provincial. Cablevisión, del Grupo Clarín, es el único prestador en las ciudades de Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay, y ofrece servicio también en la capital provincial, Paraná, donde también hay otros dos oferentes. Además, DirecTV brinda en localidades de la provincia el servicio de TV satelital.
La estructura de la TV paga en Entre Ríos -con un actor presente en los centros urbanos más importantes, en algunos de ellos en forma monopólica- y varios prestadores locales en pueblos y ciudades con menos habitantes, se repite en todo el país. Cablevisión representa más de 40% del mercado de TV paga en la Argentina, con segmentos superiores a 80% en grandes centros urbanos, como la Capital Federal y ciudad de Córdoba.
Pese a que una persona involucrada en la producción del video manifestó su sorpresa de que ya hubiera sido publicado y dijo que se trataba de una versión preliminar y para "difusión interna en la provincia", la pieza fue compartida por los WhatsApps de ejecutivos de la industria.
Más preocupación
Por otro lado, esta mañana la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) difundió un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por la "política de control de precios" del gobierno argentino, que consideran "sin sustento técnico". Además, señalaron que "representa una anomalía en la región y pone en grave riesgo la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas del sector".
"No es sostenible que con una inflación anual de 36,1% y de 26,2% en el período de abril a diciembre, durante el que permanecieron congelados todos los servicios de telecomunicaciones, se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5%, insuficiente para cubrir sus costos reales", apuntó la cámara, cuyo Consejo Directivo está presidido por una ejecutiva de Telefónica y tiene como vicepresidentes a representantes de Telecom y AT&T (Direct TV).
Ponderan la postura de ENaCom por aumentos superiores a los permitidos
El diputado Pablo Carro advirtió que "la pulseada con los poderes fácticos y los grandes grupos de medios para cuidar el bolsillo de los argentinos será permanente"
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro (Frente de Todos – Córdoba), celebró la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) de intimar a las empresas prestadoras de servicios TIC que realizaron aumentos superiores a los autorizados. El organismo demandó a las empresas que toda facturación superior a la autorizada sea retrotraída y reintegradas las diferencias a los usuarios.
El diputado kirchnerista advirtió que "la pulseada con los poderes fácticos y los grandes grupos de medios para cuidar el bolsillo de los argentinos será permanente. A pesar de la clara disposición de ENaCom de autorizar un aumento de solo el 5%, Cablevisión aumentó un 20% sus servicios".
Mediante la Resolución 1466/20, se reglamentó el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, en la cual se autoriza, para el mes de enero de 2021, un ajuste del 5% para ser aplicado por los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que presten servicios de acceso a Internet; de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o satelital; de telefonía fija y de comunicaciones móviles, todos con sus distintas y respectivas modalidades. Para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100 mil accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante el año 2020, el incremento autorizado fue de hasta un 8% para el mes de enero de 2021.
La citada resolución se encuentra plenamente vigente y operativa, por lo que ENaCom, como autoridad de aplicación, procedió a intimar a las empresas a que ajusten su facturación de manera inmediata, e inició los procedimientos administrativos correspondiente para aplicar las sanciones que corresponden.
Por otra parte, la entidad anticipó que hará uso de "sus facultades como ente regulador para resguardar el cumplimiento de las normas vigentes y articulará las herramientas correspondientes que la ley le otorga, como parte de un Estado presente que asume el compromiso de garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los usuarios y usuarias a los servicios de información y comunicación".
Fuentes: El Día, Parlamentario
