martes, 8 de diciembre de 2015

La democratización pendiente: libertad de expresión, medios y derechos de los trabajadores

En el debe: Relator de Libertad de Expresión advierte por sistemas de vigilancia informática y “reacción desmedida” de gobiernos ante la protesta social
Gustavo Gómez, Roberto Caldas y Edison Lanza, ayer en la Torre Ejecutiva. Foto Pablo Vignali
A pesar de los avances registrados, principalmente en la aprobación de nuevas leyes, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Uruguay sigue sin conformar a la sociedad civil. La “democratización pendiente” en cuanto a libertad de expresión, medios de comunicación y derechos de los trabajadores fue objeto de un seminario organizado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay.

Entre los temas a mejorar se planteó la necesidad de que el gobierno aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que tome medidas de estímulo para los nuevos actores que pueden entrar en el sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) y que se avance en una regulación para la asignación equitativa y transparente de la publicidad oficial.

Roberto Caldas, quien desde enero será el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que uno de los temas pendientes de todo el sistema americano de justicia es la posibilidad de que “las fuerzas sociales” acudan en mayor medida a éste para reclamar por el cumplimiento de derechos colectivos. Según dijo, hasta ahora la mayor demanda en la corte, cuyas sentencias no son reconocidas por países como Estados Unidos y Canadá, son pedidos por el cumplimiento de derechos individuales, tanto civiles como políticos. El jurista consideró que es necesario difundir más el sistema para que tanto organizaciones como sindicatos sepan que lo pueden usar.

Caldas se refirió a la sentencia del organismo que presidirá sobre el caso Radio Caracas Televisión (RCTV) en Venezuela, cuando en 2007 el gobierno de Hugo Chávez resolvió no renovarle la frecuencia. Según planteó, fue una sentencia compleja en la que finalmente se reconoció que se estaba vulnerando el derecho de los periodistas y dueños de RCTV, pero a la vez se dio cuenta de que cuando miles de habitantes venezolanos salieron a las calles en 2002 para reclamar la vuelta de Chávez al poder, que había sido apartado de su cargo mediante un golpe de Estado, el canal emitió películas y programas de entretenimiento y no informó sobre los hechos.

En ese sentido, la sentencia critica a los medios venezolanos por haber realizado una especie de “apagón informativo” de esas manifestaciones, y sostiene el derecho de la sociedad a recibir información y contar con medios plurales. Sin embargo, el gobierno venezolano no inició proceso legal alguno contra el canal y lo castigó directamente con la no renovación del permiso para emitir, elemento decisivo a la hora del fallo de la corte. Caldas también recordó el fallo del organismo a favor de cuatro jueces hondureños que fueron retirados de sus cargos por haber defendido el Estado de derecho luego del golpe contra el gobierno de Manuel Zelaya.

Un comentario
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el periodista uruguayo Edison Lanza, recordó que este organismo realiza recomendaciones, y, en caso de que no sean tenidas en cuenta por los estados, puede remitir los casos ante la corte. Entre algunos factores que “erosionan la libertad de expresión” en el continente, Lanza nombró “la llegada de gobiernos con sesgo autoritario” o “la militarización de la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado”, que por ejemplo ha llevado a la muerte de varios periodistas en regiones mexicanas y colombianas.

Otra de las tendencias que criticó fue la “reacción desmedida” de los gobiernos de la región ante la protesta social, con medidas como la agresión y detenciones de manifestantes, o la judicialización de ese tipo de casos, situación que no escapa a la realidad uruguaya, según dijo. Para Lanza, la protesta debería ser “protegida” por el Estado, porque si bien cuando se ocupa un centro o se corta una calle se está vulnerando el derecho de otros individuos a circular, consideró que los derechos colectivos como el de la protesta pesan más que los derechos individuales. El relator defendió el derecho de “hacerse escuchar” de los colectivos que protestan, algo que muchas veces no es canalizado por los medios masivos de comunicación.

El relator reclamó la necesidad de tener una “postura crítica” ante los sistemas de vigilancia como el de Estados Unidos que muchos países compran, tal como hizo Uruguay con El Guardián. Según agregó, para “pescar” esos datos por medio de esos sistemas “tiene que haber pecera”, y lamentó que en el caso uruguayo no se dice con claridad quién controla el sistema ni cómo se guarda la información. Por ejemplo, dijo que después de que en Colombia se pusiera en práctica un sistema similar, salió a la luz que se estaba espiando a activistas y periodistas.

Lanza destacó el papel protagónico que jugó la sociedad civil uruguaya en las regulaciones aprobadas en los últimos años, como la LSCA, la Ley de Radiodifusión Comunitaria o la de Acceso a la Información Pública. Lanza dijo que Uruguay es “un ejemplo de buena práctica” para la elaboración de este tipo de leyes, en particular por el proceso de discusión de la LSCA, y sostuvo que ahora la Suprema Corte de Justicia tiene “una decisión enorme” en sus manos para el país y la región, en referencia a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a la norma. De todas formas, advirtió que en los últimos dos gobiernos no se pusieron en práctica políticas para “fortalecer” a nuevos medios, como los comunitarios, y reclamó medidas “de discriminación positiva” con ese propósito, sumado a la necesidad de regular la asignación transparente y equitativa de la publicidad oficial.

De la región
Guilherme Canela, consejero de UNESCO en Comunicación e Información para el Mercosur, Chile y los países andinos, dijo que pese a los avances de los últimos años en el continente, aún siguen faltando organismos reguladores independientes de los gobiernos de turno y persiste la concentración de los medios. Canela sostuvo que es necesario implementar planes de alfabetización mediática para niños y jóvenes, y dijo que “no es suficiente que los niños reciban una computadora para aprender a usar Google”. También consideró necesario involucrar en mayor medida al Poder Judicial en estas discusiones.

En relación a lo que puede pasar en Argentina en materia de políticas de comunicación con el cambio de gobierno, Santiago Marino, docente de la Universidad de Quilmes, evaluó positivamente el anuncio de la creación de un Ministerio de Comunicación, pero lamentó que se haya anunciado que se intentará “controlar” los mecanismos de contralor de la LSCA argentina, lo que contradice la propia ley, según consideró. El docente opinó que el futuro de la región en la materia es “incierto” y está ligado al signo político de los futuros gobiernos, al tiempo que consideró que hasta ahora los cambios regulatorios no se materializaron en el mercado.

En nombre del PIT-CNT, el periodista Gabriel Mazzarovich llamó a “defender a Antel en el terreno de la convergencia” y dijo que “comprometer más al movimiento sindical en defensa de la LSCA” es “una tarea inminente” porque hasta ahora no ha tomado el tema “con la fuerza que debería”. En la misma línea, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Daniel Lema, consideró que su gremio “se siente un poco solo” en la defensa de la norma a la interna del movimiento sindical. Lema lamentó que en lo que va del año haya habido unas 100 pérdidas de puestos de trabajo en los medios de comunicación y que no hay nuevos lugares de trabajo, sumado a que muchos periodistas están “migrando” hacia la comunicación organizacional, en la que encuentran “menos estrés y más salario”.

Se concentra
En nombre de un grupo de investigadores de la FIC, los docentes Gianela Turnes y Nicolás Thevenet presentaron los primeros avances de un proyecto de investigación sobre la concentración mediática en Uruguay. Presentaron los casos de Rocha, donde el grupo Benítez-Fagián controla cuatro de las 15 FM, un canal de televisión abierta y próximamente adquiriría el otro canal del departamento, más 17 de los 19 servicios de televisión por cable, y también el de Durazno, donde el grupo Rielli-San Martín controla las dos FM de la ciudad, el único canal de televisión abierta y una de las tres FM comerciales. A nivel nacional, investigaron sobre el grupo Fontaina-De Feo, que entre otros medios controlaba Canal 10, y el grupo Romay-Salvo, que controla Canal 4 y varias radios. En relación al primer grupo, se encontraron con que ya no controlaría ni las AM Carve y Nuevo Tiempo, ni Canal 7 de Maldonado, ahora en manos del Grupo Clarín, ni Canal 9 de Rocha, en proceso de transferencia al grupo Benítez-Fagián. En relación a Canal 10, el grupo mantendría acciones minoritarias, y únicamente tendría el control del cable TCC. Por su parte, el grupo Romay-Salvo sigue controlando el Canal 4, Radio Cero, Radio Montecarlo y FM del Río, de Colonia, otros cinco canales de televisión abierta (Canal 4 de Dolores, 3 de Colonia, 8 de Rosario, 11 de Punta del Este y 12 de Fray Bentos), y tres empresas de cable (Montecable en Montevideo, Del Faro en Colonia y Fray Bentos Video Cable), mientras que estarían planificando comprar la Red Uruguaya de Televisión, por la que se nutre de programación la mayoría de los canales del interior del país.

Gustavo Gómez, ex director de Telecomunicaciones en Uruguay, dijo que este tipo de estudios muestra “complejidad y reconfiguraciones” en el sistema de propiedad de los medios en el país. También habló de la tendencia de actores de telecomunicaciones de querer colocarse en el sistema audiovisual de medios y viceversa; esta situación no sucedió en Uruguay con Claro y Movistar gracias a “barreras legales”, pero en otros países entran al mercado con “precios irrisorios”, ofreciendo múltiples servicios a la vez. En relación a los desafíos en materia de concentración de la propiedad de los medios, Gómez dijo que es necesario no otorgar más licencias a quienes ya tienen varias, ni tampoco otorgarles licencias de datos. También planteó que a partir de las herramientas que da la LSCA con el reconocimiento de grupos económicos, es necesario revertir la concentración ya existente, y que el Estado también debe promover la diversidad y el pluralismo con medidas para favorecer a los nuevos canales de TDT.

Gabriel Kaplún, también docente de la FIC, advirtió que en casos como el del empresario mexicano Ángel González -que adquirió 11 medios en Uruguay hace algunos años- hizo falta “un poquito de voluntad política” para cumplir con la normativa en relación a la limitación de propiedad de medios, que existía anteriormente a la LSCA y establecía que una misma persona no puede tener más de tres medios, ni más de dos dentro del mismo sistema de medios.
Fuente: La Diaria

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