A partir de hoy cesa la intervención judicial en Papel Prensa, que había sido dispuesta a pedido del Estado nacional. Esto surge de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, conocido ayer, que implica un duro revés para el Gobierno.
Además, la Cámara sostuvo que la pretensión del Estado, socio minoritario de la empresa privada, de "ejercer una suerte de facultades superlegales es propio de la estructura de controles económicos impuestos durante el régimen nazi". Y afirmó que "el interés general de la sociedad no se puede confundir con el interés coyuntural de cierta área de Gobierno".
En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo había lanzado una fuerte embestida para apoderarse de la empresa que produce el principal insumo para más de 170 periódicos. El 8 de marzo de este año, el juez comercial Eduardo Malde nombró a un coadministrador, función que hasta ayer ejercía el abogado Martín Arecha.
Si bien el 1° de septiembre la Sala C de la Cámara Comercial, con la firma de los jueces Juan Garibotto, José Luis Monte y Alfredo Kölliker Frers, había dejado sin efecto la intervención, como el Estado nacional, la Comisión Nacional de Valores y la fiscal Alejandra Gils Carbó presentaron sendos recursos extraordinarios, el juez Malde decidió que Arecha continuara al frente de la intervención.
Pero ayer ese mismo tribunal rechazó aquellos recursos y entendió que la Corte Suprema no debía intervenir en el caso.
Ahora, la única alternativa que tiene el Gobierno de revertir este pronunciamiento es mediante un recurso de queja, que debe ser presentado directamente ante la Corte Suprema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el máximo tribunal ya afirmó, en otro fallo, que no está dispuesto a revisar medidas cautelares.
Los principales accionistas de Papel Prensa son el Grupo Clarín (49%), La Nación (22,49%) y el Estado nacional (27,46% directo y 0,62% de propiedad de la agencia oficial de noticias TelAm).
Desde mediados del año último, el Poder Ejecutivo, por medio del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lanzó un duro ataque contra la empresa en varios frentes simultáneos.
La embestida oficial
En ese tiempo, el Gobierno nombró a nuevos directores en la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y en la CNV, quienes coordinaron la embestida oficial contra la empresa; denunció la supuesta vinculación de Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, y de Bartolomé Mitre, director de La Nación, con violaciones a los derechos humanos -lo que se probó que no tenía fundamento alguno- y pidió la intervención judicial en la empresa.
El Gobierno pretendió haber descubierto una irregularidad en una decisión del directorio del 4 de noviembre de 2009: tanto el presidente saliente del directorio, Julio Saguier, como su reemplazante, Alberto Maquieira, ambos representantes del capital privado, firmaron en conjunto un balance comercial.
La empresa presenta habitualmente balances ante la Bolsa de Comercio y, en esa ocasión, llevaba dos firmas, en lugar de una. Esa supuesta falla formal fue el argumento que usó el Estado para pedir la intervención judicial, que el juez Malde decretó.
El primer coadministrador fue Carlos Bianchi, quien, ante el maltrato que el funcionario Moreno desplegaba en la empresa, renunció. En su lugar, asumió Arecha.
La empresa apeló las decisiones del juez Malde y la Cámara Comercial declaró nulas dos resoluciones de la CNV, que eran las que, desde el punto de vista del Gobierno y del juez, justificaban la intervención.
En el fallo notificado ayer, la Cámara Comercial presentó contundentes argumentaciones.
- Reiteró las muy duras críticas a la fiscal Gils Carbó, quien había acusado al Tribunal de Apelaciones de no haberle dado intervención. La Cámara Comercial probó, con citas de fallos que remiten a las intervenciones de la fiscal, que ella no dejó de participar en el caso cada vez que le correspondía y decidió hacerlo.
- Dado que las resoluciones de la CNV fueron declaradas nulas por la propia Cámara Comercial, quedó sin sustento la intervención judicial.
- El Tribunal de Apelaciones dejó en claro que la empresa Papel Prensa, en la que el Estado es un socio minoritario, se rige por el derecho privado, no es una empresa pública.
El fallo explica que la pretensión del Estado de ejercer su imperium en la empresa, como si fuese una compañía pública, "emula la estructura de los controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi".
Para el tribunal, un conflicto dentro de una empresa en la que el Estado es accionista (minoritario) no puede ser tratado por el Estado como un caso en que se están jugando el interés general de la sociedad.
En alusión al desviado interés que muestra el Estado en el caso, el fallo sostiene: "El interés general no debe confundirse con algún interés coyuntural de cierta área o departamento de gobierno o de la administración pública".
Además, la cámara recordó que la propia Corte estableció que no está dispuesta a revisar medidas cautelares.
La consecuencia. El fallo dispone el cese de la intervención judicial en Papel Prensa.
Maniobra. La intervención era parte de la ofensiva de Moreno contra la empresa.
Fuente: Diario La Nación +Info: Diario Clarín
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