Por: Helen Darbishare, Pam Bartlett
Las últimas filtraciones de Wikileaks han aportado súbitamente una gran transparencia al campo de la diplomacia internacional. Este Cablegate plantea, entre otras, la pregunta de si quien publicó la información actuó legal o éticamente. Existe, sin embargo, otra forma de acercarse a esta cuestión: ¿actuaron legal o éticamente aquellos que a priori debían pero no hicieron pública la información?
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y por más de 80 leyes a nivel nacional (no en España), nos otorga a todos el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. Incluye no solo nuestro derecho a saber lo que hacen nuestros Gobiernos a nivel nacional, sino también lo que hacen cuando nos representan a nivel internacional. Estamos en nuestro derecho a exigir a aquellos que nos representan una rendición de cuentas completa, también cuando nos representan internacionalmente, y esto implica recibir información completa.
Las solicitudes de información solo pueden ser rechazadas si su publicación pudiese causar un daño demostrable sobre ciertos intereses legítimos, tales como la seguridad nacional y la privacidad de las personas. El secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave. La vergüenza pública no es un daño grave.
Muchos de los documentos de la última filtración de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes de estos detrás de los focos. Los Gobiernos no tienen un "derecho" a decir una cosa frente al público y otra a sus espaldas.
El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y que, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. Sin embargo, algunos representantes de Gobiernos alegan la existencia de un derecho de los Gobiernos a comunicarse entre ellos en secreto y añaden que este derecho es inherente a la soberanía de los Estados. Esta postura es propia del siglo XIX. A principios del siglo XXI, los intereses de las naciones soberanas no son otros sino aquellos de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber qué es lo que se ha dicho y hecho en su nombre.
Hillary Clinton, entre otros, ha calificado esta filtración como un robo y un ataque a la comunidad internacional. Este juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y a los medios que han publicado dicha información, parece completamente injustificado. En primer lugar, Wikileaks no es más que el receptor de una información que ha difundido utilizando un criterio de periodismo profesional y ponderando el interés público de la información en cuestión. En cuanto a la posterior publicación de esta información por parte de otros medios, no es, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un delito dado que la información estaba ya en el dominio público y, además, fue previamente sometida a un exhaustivo trabajo de investigación periodística, desarrollado con diligencia y profesionalidad.
La cuestión no es quién cometió el crimen de filtrar la información, sino qué crímenes puede desvelar esta información. Si los documentos filtrados revelan que ciertos Gobiernos han estado espiando a organizaciones internacionales o que están involucrados en casos de tortura, estos serían los verdaderos crímenes. En concreto, aún no se le han exigido explicaciones a los que intentaron frenar las actuaciones de la justicia española en, por ejemplo, el caso Couso; tampoco a los que trasladaron ilegalmente a prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España; y tampoco a los que intentaron silenciar a la ciudadanía española, que ejercía su derecho de libertad de expresión al criticar la guerra de Irak.
Un analista se refirió al lunes de la semana pasada como "el día en que la diplomacia murió". La diplomacia no ha muerto, a menos que esa sea la consecuencia del aumento de la transparencia y de la participación en los Gobiernos. Lo que sí es verdad es que la diplomacia no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas.
Cualquier Gobierno que no atienda a estas llamadas de atención se encontrará con que la presión aumentará y ocurrirán filtraciones. Access Info Europe ha sido testigo una y otra vez de cómo cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas. España es un ejemplo perfecto de un país en el que reina la cultura de las filtraciones por este mismo motivo; sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo.
La información nunca debería ser filtrada y Wikileaks no debería ser necesario. Pero hasta que los Gobiernos no apliquen las reglas adecuadas de transparencia e informen a la sociedad sobre lo que hacen con los poderes y el dinero públicos, las filtraciones seguirán existiendo. La cantidad de información filtrada no debería ser un indicador de actividad criminal por parte de los funcionarios o de los periodistas, sino un indicador del fracaso en el respeto del derecho de todos a saber.
Helen Darbishire es directora ejecutiva de Access Info Europe y Pam Bartlett Quintanilla es coordinadora de la Campaña de las 100 Preguntas, de la misma organización.
Fuente: Diario El País
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