Los Murdoch contra la BBC
Por: Marcelo Justo, desde Londres
Con elecciones a la vista, recesión económica y caída en las ganancias, el presidente del gigante multimediático News Corporation (dueños de Sky, Fox, The Sun, The Times) lanzó un duro ataque contra la
BBC a la que acusó de ser un monopolio estatal “dominante y autoritario” que amenaza la pluralidad e independencia periodística. En el Festival Internacional Televisivo de Edimburgo, James Murdoch, presidente de la corporación e hijo de Ruppert Murdoch, calificó la estrategia de la BBC de “escalofriante” por su presencia en áreas que, según el directivo, debían pertenecer al mercado. Sky perdió casi 4 mil millones de dólares desde junio del año pasado y tiene una batalla histórica contra la BBC a la que acusa de distorsionar el mercado televisivo con el “injusto y regresivo” impuesto que se cobra en el Reino Unido a todos los que tengan un aparato televisivo para financiar a la corporación.El Festival Internacional Televisivo de Edimburgo fue el escenario perfecto de esta batalla del gigante privado contra el ente público británico. En 1989, el discurso principal del festival estuvo a cargo del padre de James, Ruppert, quien dijo más o menos lo mismo que su hijo menor y virtual heredero del imperio mediático. La BBC recauda más de cuatro mil millones de euros anuales del impuesto público que le permiten ofrecer una programación amplia para cumplir con el objetivo de “educar, informar y entretener” sin los anuncios comerciales que cortan en segmentos todo lo que se ve.
En medio de una creciente presión para que el Parlamento recorte este impuesto público, Murdoch hijo señaló que esta “injusta” ventaja competitiva de la BBC estaba “ahogando” el mercado de las noticias. Según el titular de la News Corporation, la BBC impedía que los operadores privados expandieran sus servicios en otras áreas. Ruppert Murdoch planea introducir pagos para la lectura de los contenidos del The Sun y The Times en Internet, como medio de neutralizar las pérdidas económicas que sufrieron ambos medios. “Con noticias gratis estatales por Internet el periodismo no va a poder florecer. Para que exista un periodismo independiente es esencial que se pueda cobrar por las noticias. Pero parece que hemos decidido dejar que se marchiten la independencia y la pluralidad”, dijo James Murdoch.
News Corporation ha hecho sentir en el pasado todo su poder mediático-político. En los años que precedieron a la llegada del Nuevo Laborismo al poder, tanto Tony Blair como el actual primer ministro, Gordon Brown, se encargaron de cortejar a Ruppert Murdoch convencidos de que el apoyo del grupo era fundamental para que el laborismo recobrara el poder. Con las elecciones en mayo del año próximo y los conservadores con una cómoda ventaja en las encuestas, el conglomerado mediático está volviendo a su aliado natural en su larga batalla con la BBC. Antes y ahora el gigante multimediático tiene el mismo obstáculo: la popularidad de la corporación a nivel público es tan alta que se la llama afectuosamente “auntie” (la tía).
Rodríguez Zapatero pateó el tablero
Por: Oscar Guisoni, desde Madrid
José Luis Rodríguez Zapatero no necesitó cambiar la ley de radiodifusión para pegar una virulenta patada en el tablero del poder mediático español apenas asumió como primer ministro en marzo de 2004. La concesión de dos licencias de televisión abierta a grupos afines al gobierno despertó las iras de las cadenas tradicionales, al tiempo que desató una guerra feroz entre los nuevos canales que tuvo su máxima expresión en la llamada “guerra del fútbol”, un conflicto que todavía permanece abierto. El apagón analógico que tendrá lugar el próximo año y las características de la nueva Televisión Digital Terrestre han obligado finalmente al gobierno socialista a modificar el marco legal, aunque lo ha hecho recurriendo a un decreto de urgencia para evitarse el mal trago de un largo debate parlamentario.
Al igual que en la mayoría de los países europeos, en España existían hace apenas tres décadas sólo dos canales de TV: la cadena 1 y la 2 de Televisión Española y se trataba de un servicio monopolizado por el Estado. Hubo que esperar a la llegada de la democracia a finales de los setenta para que el monopolio se rompiera. Junto a los principales canales privados, Antena 3, desde 2003 en manos del grupo editorial Planeta-De Agostini y Canal 5, cuyo accionista principal es Silvio Berlusconi, se hicieron un hueco importante en la audiencia las televisiones regionales en manos del sector público. El sistema se mantuvo sin grandes modificaciones hasta la llegada de Zapatero al poder en 2004.
Durante los primeros meses de gobierno de Rodríguez Zapatero utilizó su capital político para abrir el juego concediendo a dos grupos cercanos al socialismo licencias para operar canales de TV abierta. El primer beneficiado fue el Grupo Prisa, el mayor conglomerado mediático español propietario del diario El País y la radio Cadena Ser –que no contaba con una cadena televisiva–, y que puso en el aire el Canal Cuatro. Unos meses más tarde la productora Mediapro, en manos de empresarios catalanes afines al Partido Socialista Catalán (PSC), en el poder en Barcelona, se hizo con la licencia para poner en pie La Sexta.
Como era de prever, las grandes cadenas privadas pusieron el grito en el cielo. Para evitar que la tormenta se transformara en guerra permanente, Zapatero modificó también el estatuto de Televisión Española estableciendo la prohibición de que la cadena pública recibiera publicidad, una medida que entrará en vigor el próximo año y cuyo objetivo es ampliar la torta publicitaria, que se había visto disminuida con la irrupción de los nuevos canales. La televisión estatal verá recortadas sus posibilidades de programación de cine extranjero y de puja por los derechos deportivos más codiciados. A su vez, el gobierno socialista emprendió el llamado “apagón analógico”, para instalar en todo el país la llamada Televisión Digital Terrestre que permitirá a las cadenas comerciales multiplicar su oferta televisiva con la puesta en el aire de nuevos canales temáticos.
Pero los nuevos invitados a compartir el negocio televisivo no se comportaron como el gobierno esperaba. Con el contexto de la crisis económica golpeando en la línea de flotación de los medios de comunicación al disminuirles los ingresos publicitarios, el Grupo Prisa y Mediapro se embarcaron en una guerra abierta por el derechos del fútbol, uno de los territorios más rentables en el que Canal+, la empresa de TV satelital controlada por Prisa, mantenía el monopolio.
Interpretando la ley de un modo rebuscado y actuando con la política de los “hechos consumados”, La Sexta comenzó a televisar partidos que en teoría sólo podía televisar Canal+, provocando una guerra que acabó en los tribunales y que hizo correr ríos de tinta. El conflicto pareció saldarse a comienzo de la temporada liguera del pasado año, cuando los dos canales sellaron un pacto de no agresión en espera de que los tribunales dijeran su palabra. El clima de fraternidad se volvió tan amistoso que comenzó incluso a hablarse de una fusión entre Cuatro y La Sexta, ya que ambos canales pierden dinero. Pero un decreto del gobierno socialista hecho público hace un mes en el que se permite la Televisión Digital de pago y que posibilita en los hechos la aparición de una nueva plataforma, Gol Televisión, propiedad de Mediapro, ha vuelto a encender la polémica hasta el punto de llevar a Juan Luis Cebrián, el consejero delegado del Grupo Prisa, a denunciar una “guerra del gobierno de Zapatero contra los medios independientes”, al tiempo que acusaba a la administración socialista de “intervencionismo descarado, inmoral e inadmisible”.
Muchos adjetivos para decir que en el fondo los medios de comunicación privados alaban el libre mercado y la competencia económica siempre y cuando nadie se meta con los rentables negocios que están acostumbrados a disfrutar. Un argumento que sonará familiar en la Argentina de estos días, mientras se debate la reforma de la Ley de Radiodifusión.
Fuente: Diario PáginaI12
Auditores en Cablevisión: Con la lupa en los compromisos asumidos
El organismo antimonopolio quiere comprobar si la firma del Grupo Clarín cumple con las exigencias que se le fijaron cuando se aprobó la fusión. Además, le ordenó inmovilizar sus activos. La empresa denuncia una persecución.
Por: Fernando Krakowiak
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) designó ayer cinco auditores en
Cablevisión. El objetivo es verificar el cumplimiento del compromiso de conducta que la empresa firmó cuando se quedó con Multicanal y adquirió posición dominante en decenas de localidades. El organismo detalló que también recabará información para articular con la medida dispuesta por el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), que el jueves rechazó la fusión argumentando que viola la ley de Radiodifusión. De hecho, la comisión antimonopolio ordenó a la empresa inmovilizar sus activos físicos y jurídicos mientras dure la investigación. Cablevisión respondió que informa trimestralmente la evolución del cumplimiento de los compromisos y remarcó que nunca recibió objeciones. Además, consideró que la CNDC excede su competencia al recoger información sobre aspectos comprendidos en la resolución del ComFeR e inmovilizar sus activos e inscribió el hecho en una supuesta persecución que afecta a la compañía y al Grupo Clarín, del cual forma parte.La luz verde que obtuvo el ingreso de Cablevisión como accionista de Multicanal en diciembre de 2007 dejó a la firma con posición dominante en decenas de localidades. En Capital Federal pasó a concentrar el 85 por ciento del mercado de televisión por cable, en La Plata el 94, en Necochea el 92, en Córdoba el 85, en Paraná el 80, en Santa Rosa el 95 y en Santa Fe el 78 por ciento. Además, en diez municipios del conurbano bonaerense quedó controlando entre el 82 y el 94 por ciento de los clientes. A esto se le sumó también una posición de privilegio en el mercado de producción de las señales que ocupan la grilla del cable. Para justificar la polémica decisión que convalidó esa situación, la CNDC le hizo firmar a la empresa una serie de compromisos, que debía cumplir en los próximos dos años y que fueron incluidos en el dictamen. Entre las exigencias se destacan los siguientes puntos:
- Garantizar la libre disponibilidad de las señales televisivas propias en condiciones comerciales equitativas para otros operadores de televisión paga, sean o no competidores de Cablevisión y Multicanal.
- Garantizar una ubicación en sus grillas de programación a los proveedores de señales que compitan con las propias.
- Brindar una “razonable” provisión de señales informativas, deportivas y de entretenimientos.
- Transferir las ganancias de eficiencia que genera la operación extendiendo el servicio de televisión paga y de acceso a Internet y empezando a proveer servicios digitales de mejor calidad de imagen y sonido y mayor oferta de programación.
- Garantizar en las áreas donde no exista un proveedor alternativo una tarifa al menos igual a la vigente en el Area Metropolitana de Buenos Aires.
- Ofrecer un servicio social opcional de televisión paga, de abono reducido, con un mínimo de diez señales adicionales a las de televisión abierta, el cual debía estar disponible para más del 5 por ciento de los hogares servidos por la red propia en el Area Metropolitana.
- Proveer en forma gratuita la conexión de servicio básico de televisión paga a hospitales, centros de salud públicos, escuelas, comisarías, cuarteles de bomberos y hogares públicos de ancianos ubicados dentro del área de cobertura de la empresa en localidades de hasta 10 mil habitantes y extender el beneficio a hospitales, centros de salud, escuelas y hogares en distritos de hasta 100 mil habitantes y solo a escuelas y hogares en donde viven más de 100 mil personas.
Además de evaluar el cumplimiento de la carta de compromiso, la CNDC informó que coordinará sus actividades con el ComFeR, que el jueves rechazó la fusión e intimó a Cablevisión a presentar un plan de desinversión. Es por eso que hasta que concluya la auditoría la firma tiene prohibido “remover o reemplazar activos físicos ni jurídicos utilizados para la prestación de los servicios analizados en el marco de la operación de concentración económica”. “Evidentemente se trata de otra arbitrariedad jurídica basada en una clara motivación política, dentro del contexto de persecución que afecta a la compañía y al grupo del que forma parte”, respondió Cablevisión, quien volvió a declarar que apelará la decisión del ComFeR judicialmente.
Fuente: Diario PáginaI12
