La tensión ideológica que hoy caracteriza el clima político en Argentina -y se agudiza en el marco del 24 de marzo-, escala en todos los ámbitos y las redes de Marea no fueron la excepción: en las últimas horas, nuestro Facebook se convirtió en un campo de batalla en el que una legión de trolls volcó más de 800 mensajes y comentarios de odio, en defensa de la última dictadura militar y contra las Abuelas de Plaza de Mayo, a dos de las cuales estaban dirigido los post originales, e incluso otras amenazas explícitas.
El hacktivismo, impulsado por individuos o grupos que buscan generar impacto a través de sus acciones digitales, y se define por un marcado signo ideológico, es una forma de militancia en línea que utiliza ciberataques para promover causas políticas o sociales. Tratándose Marea de una editorial que desde hace 20 años promueve la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, sentimos la responsabilidad de dar a conocer públicamente este ataque para alertar sobre lo que consideramos una escalada de violencia que no podemos ni queremos naturalizar.
También para que nuestros lectores sepan que fuimos víctimas de una acción organizada y que estos mensajes no responden a opiniones espontáneas de nuestros seguidores, ni por supuesto los representan.
Constanza Brunet y equipo Marea
martes, 19 de marzo de 2024
El Decano perdió esta nota: La Defensa Pública Penal denunció hechos de tortura en dos cárceles santafesinas
El diario La Capital, decano de la prensa Argentina, publicó anoche una crónica de Martín Stoianovich sobre casos de torturas en cárceles santafesinas. Hoy, se eliminó de la web y solo queda en su edición papel. A continuación, la nota completa:
El organismo provincial hizo dos presentaciones por apremios contra internos en Piñero y en Pérez. Un caso fue en febrero y otro luego de la balacera al transporte penitenciario
Por: Martín Stoianovich
La saga de hechos violentos ocurrida en Rosario entre el 2 y el 9 de marzo, que incluyó el asesinato de cuatro trabajadores, continúa bajo un manto de oscuridad en relación a su trasfondo. No se conoce todavía quién instigó los ataques ni quiénes fueron los autores materiales, pero la principal hipótesis para la Justicia y el gobierno provincial apunta a que se trató de una represalia de un sector del crimen organizado por las medidas restrictivas contra los presos considerados de alto perfil. En paralelo la situación que se vive en las cárceles santafesinas es de una complejidad extrema, visibilizada recientemente por una denuncia del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) sobre episodios de tortura y otras vejaciones en tres pabellones de la cárcel de Piñero y uno de la Unidad 16 de Pérez.
El sábado 2 de marzo un colectivo del Servicio Penitenciario (SP) que trasladaba personal fue blanco de una balacera cuando circulaba por la zona de Circunvalación y Palliere, en barrio Rucci. El atentado casi le cuesta la vida a un efectivo al que una bala le rozó la cabeza, mientras que otros dos también resultaron heridos. El ataque fue acompañado por un mensaje en el que había un pedido: que los presos de alto perfil tuvieran el mismo trato que los presos comunes.
Ese mismo día en la cárcel de Piñero se realizó una requisa en los pabellones 7 y 8. Unos días más tarde, el 11 de marzo, varios internos contaron al SPPDP su versión de cómo se había vivido el operativo adentro de la unidad penitenciaria. En ese marco hablaron de torturas, golpes, abuso sexual y una serie de vejaciones que fueron plasmadas en una denuncia presentada ante la Fiscalía Regional 2.
La denuncia del SPPDP alude a delitos como "torturas, vejaciones y hurto agravado contra internos de los pabellones 7, 8, y 23 de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez". En las presentaciones se solicitó la aplicación del protocolo de Estambul, un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, y se instó a la Fiscalía a tomar medidas de prueba urgentes como convocar a las víctimas para recabar más información, identificar al personal penitenciario involucrado, entre otras.
Los hechos
Los internos de los dos pabellones, donde hay presos comunes y otros vinculados a líneas inferiores de bandas criminales, describieron situaciones similares. Primero los sacaron de sus celdas, los esposaron, los arrastraron y los mantuvieron de rodillas en el centro del pabellón. Ahí mismo, relataron, les arrojaron sus pertenencias que después no les devolvieron, por lo que también denunciaron el robo de elementos como una cadena de oro o zapatillas.
Entre las agresiones físicas que padecieron, según plantearon los internos, hubo desde golpes en distintas partes del cuerpo hasta uso de picana eléctrica. Una de las víctimas contó que le pusieron una bolsa en la cabeza, otro que le envolvieron la cara en una toalla y le echaron agua para dificultarle la respiración, arrojándole gas pimienta u otra sustancia que le hizo arder los ojos y vías respiratorias. Un interno mencionó que lo orinaron y otro que padeció vejaciones sexuales. También mencionaron que durante las agresiones les exigían que dijeran quién había sido el responsable del ataque al colectivo del SP.
Desde el SPPDP presentaron la denuncia y solicitaron que las medidas de prueba sean realizadas por miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o, en su defecto, por fuerzas de seguridad que no intervinieron e los operativos. Además del Servicio Penitenciario, se mencionó la participación de agentes de la Guardia Operativa de la Restitución del Orden (Goro) y el Grupo de Operaciones Especiales de Piñero (Goep).
"Es importante ponderar que el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal aboga por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa provincial, nacional e internacional en materia de tratamiento de reclusos. Por tanto, estas denuncias han sido presentadas en consonancia con las responsabilidades legales y éticas del SPPDP, con la expectativa de que se esclarezcan pronto estos hechos que representan flagrantes actos de violencia institucional", sostuvo ayer la Defensa Pública en un comunicado en el que anunció estas denuncias.
Desde la Defensa Pública aclararon que la situación de violencia se venía registrando incluso antes de la requisa posterior a la balacera contra el transporte del SP. En ese marco ya se había presentado otra denuncia por hechos similares que acontecieron el 20 de febrero en medio de otra requisa. Los internos mencionaron que les cortaron el pelo, les rompieron artefactos como televisores y ventiladores y les quitaron objetos de uso diario como elementos de limpieza.
Desde el gobierno provincial explicaron que estas denuncias, tanto como una serie de hábeas corpus presentadas en los últimos meses, están cursando por su vía legal. "Se están dando las respuestas en la Justicia. Hay una cantidad de hábeas corpus al respecto que están siendo analizados y contestados uno por uno. Hasta ahora todos fueron rechazados", argumentó un funcionario consultado. Puntualmente sobre las denuncias del SPPDP indicó: "Se contestará todo en el tribunal".
Un contexto
Las restricciones en las cárceles provinciales fueron unas de las primeras decisiones del gobierno de Maximiliano Pullaro puestas en práctica al inicio de la gestión. El diagnóstico de la situación para entonces mostraba una realidad ineludible: el crimen organizado tiene una de sus bases en las cárceles, donde mediante el uso de celulares se mueven los hilos de al menos un sector del comercio de drogas y desde donde en los últimos años se instigaron gran parte de los homicidios registrados en la ciudad y alrededores.
La repercusión en la calle de los delitos instigados desde las cárceles tuvo un incremento sobre todo desde 2020, cuando comenzaron a aumentar las causas por extorsiones y balaceras al punto de provocar la creación de una unidad de investigación específica. La violencia urbana ya dejó de tener que ver solo con conflictos entre bandas por el comercio de drogas; los vecinos y comerciantes comenzaron a verse afectados por amenazas y balaceras extorsivas.
Este fenómeno mostró con claridad que se trataba de un rubro del delito viable incluso para organizaciones criminales de estructura chica o precaria. "Alcanza con un celular, alguien que reparta un cartelito y alguien que tire un par de tiros", dijo en otra ocasión uno de los funcionarios a cargo de estas investigaciones para dar cuenta del contraste con "lo costoso que es sostener una organización que vende drogas".
En cuanto al crimen organizado, con estructuras más complejas, hace años que los líderes de las bandas comprobaron que pueden mantenerse en vigencia desde las cárceles. Un ejemplo claro son los atentados a sedes judiciales y domicilios de funcionarios ocurridos entre mayo y agosto de 2018. Hechos juzgados en 2021, por los que fue condenado como instigador Máximo Ariel "Guille" Cantero. El sindicado líder de Los Monos está preso desde 2013, pero desde entonces acumuló más de 90 años de condena por delitos instigados desde el encierro.
La saga de ataques y homicidios ocurridos entre el 2 y el 9 de marzo tiene como principal hipótesis, tanto desde la Justicia como desde el gobierno, que se trató de una represalia por las restricciones contra los presos de alto perfil. Una conjetura basada principalmente en los carteles hallados en las escenas de estos hechos, aunque se trata de un elemento que los investigadores suelen tomar con pinzas porque es sabido que también se usan para desviar las pesquisas.
En la previa a esa semana se ventiló el trasfondo de otros atentados acompañados por mensajes y con el gobierno como destinatario. Al menos seis de esos hechos se habían cometido con armas que estaban en poder de tres policías que terminaron imputados y presos por intentar plantárselas a una persona. Buscaban, según la hipótesis de la Fiscalía, incriminar a una banda enfrentada a la organización con la que ellos supuestamente colaboraban. Junto a las armas que intentaron plantar, los agentes tenían uno de estos mensajes amenazantes que aparecen tras los hechos violentos, ponen en vilo a la población y legitiman la respuesta represiva del Estado.
Fuente: Diario La Capital
La Corte Suprema de EEUU examina el intento de Biden de frenar la desinformación en línea
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostró este lunes reticente a impedir que el gobierno federal contacte con las plataformas de redes sociales para que retiren contenidos que considera problemáticos en un caso sobre el esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden de frenar la desinformación en línea
Tanto los jueces conservadores como los liberales del tribunal de nueve miembros parecieron reacios a respaldar el fallo de un tribunal inferior que limitaría severamente las interacciones del gobierno con las empresas de redes sociales.
El caso surge de una demanda presentada por los fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri, en la que estiman que funcionarios gubernamentales fueron demasiado lejos en sus esfuerzos por combatir la desinformación sobre las vacunas y las elecciones.
El año pasado, un tribunal inferior restringió la posibilidad de que algunos funcionarios y agencias del gobierno del demócrata Joe Biden interactuaran con compañías de redes sociales para moderar su contenido.
El fallo, que la Corte Suprema suspendió hasta conocer el caso, fue una victoria para los conservadores que alegan que el gobierno presionó o se confabuló con plataformas como Facebook y Twitter para censurar contenidos de la derecha con el pretexto de luchar contra la desinformación.
El año pasado, un tribunal inferior restringió la posibilidad de que algunos funcionarios y agencias del gobierno interactuaran con compañías de redes sociales para moderar su contenido. El fallo fue una victoria para los conservadores que alegan que el gobierno presionó o se confabuló con plataformas como Facebook y Twitter para censurar contenidos de la derecha con el pretexto de luchar contra la desinformación.
Persuasión y coerción
En representación del Departamento de Justicia ante la Corte Suprema el lunes, el procurador general adjunto Brian Fletcher dijo que existe una "distinción fundamental entre persuasión y coerción".
"El gobierno no puede utilizar amenazas coercitivas para reprimir la expresión, pero tiene derecho a hablar por sí mismo informando, persuadiendo o criticando a los oradores privados", afirmó.
El tribunal inferior, dijo Fletcher, "confundió persuasión con coerción".
El juez Samuel Alito, conservador, dijo que el expediente demostraba que los funcionarios del gobierno se habían dedicado a "molestar constantemente a Facebook y a algunas de las otras plataformas" tratándolos "como a sus subordinados".
Pero el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también conservador, dijo que el gobierno federal no habla con una sola voz. "El gobierno no es monolítico", señaló Roberts. "Eso tiene que diluir significativamente el concepto de coerción, ¿no?".
Fletcher dijo que las interacciones entre los funcionarios de la salud y las plataformas tenían que ser vistas a la luz de "un esfuerzo para conseguir que los estadounidenses se vacunaran durante una pandemia única en la vida".
"Había una preocupación de que los estadounidenses estaban recibiendo las noticias sobre la vacuna de estas plataformas y las plataformas estaban promoviendo mala información", dijo Fletcher, y agregó que "las plataformas estaban moderando el contenido mucho antes de que el gobierno estuviera hablando con ellos".
Censura
J. Benjamin Aguinaga, procurador general de Luisiana, denunció lo que denominó "censura gubernamental". "No tiene cabida en nuestra democracia", afirmó.
La orden del tribunal inferior se aplicaba a la Casa Blanca y a una serie de agencias como el Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, así como a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La decisión impedía que las agencias y funcionarios se reunieran con compañías de redes sociales o denunciaran contenidos supuestamente protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión.
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, acusó a los funcionarios de tratar de "dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre el covid-19, las elecciones, las críticas al gobierno y más".
Algunos expertos en desinformación y en la Primera Enmienda criticaron el fallo, por estimar que las autoridades necesitan encontrar un equilibrio entre por un lado denunciar mentiras y por otro censurar contenidos o restringir la libertad de expresión.
Detalles del caso
Durante la audiencia, el abogado que representaba a los estados, Benjamin Aguiñaga, aseguró que funcionarios de la Casa Blanca, del FBI y de la agencia de ciberseguridad de EE.UU. ejercieron coerción sobre plataformas como Facebook y X (anteriormente Twitter) para que cambien su contenido.
Específicamente, Aguiñaga acusó a la Administración de Biden de haber vulnerado la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
Antes de la audiencia, en un video publicado por su oficina, la fiscal general de Luisana, la republicana Liz Murrill, consideró que es "muy peligroso cuando el gobierno federal utiliza su poder y autoridad para impedir que la gente ejerza su libertad de expresión".
Frente a ello, el abogado que representaba al Gobierno, Brian Fletcher, defendió el derecho del Ejecutivo a presentar "argumentos persuasivos" a las grandes empresas de redes sociales y pedirles que eliminen contenido que viola sus propias reglas; pero negó cualquier intento de coerción.
Fletcher argumentó que no existe coerción, ya que en todo momento las empresas de redes sociales están "ejerciendo su propio juicio independiente" y tienen la última palabra sobre el contenido que deben retirar.
Se espera que la decisión de este caso se tome antes de que finalice el curso judicial del Tribunal Supremo en junio.
No existen normas en EE.UU.
En Estados Unidos, no existen normas que regulen específicamente los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante la ausencia de esta legislación, el Tribunal Supremo está adquiriendo un papel cada vez más importante.
El pasado viernes, esta instancia estableció nuevas reglas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear voces críticas en sus cuentas de redes sociales.
Además, hace un mes, el tribunal celebró una audiencia sobre unas leyes de Texas y Florida que restringen el poder de las empresas de redes sociales para eliminar contenido de sus plataformas.
Foto: Saul Loeb, Agencia AFP
Fuentes: Agencias AFP y EFE
sábado, 16 de marzo de 2024
El ajuste de Javier Milei llega a los Sitios de Memoria
Adriana Arce en mayo de 1978 tenía 30 años, estaba embarazada, tenía tres hijos, daba clases, es una de las fundadoras de la CTERA. Fue secuestrada por aquel momento por una patota, es sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la caballeriza de la Fábrica de Armas Domingo Matheu. Luego fue trasladada al batallón de Comunicaciones 121 de Rosario. Cuando fue legalizada, cosa que pasó con muchos, terminó en la cárcel de Villa Devoto: Al salir se terminó exiliando en España hasta 2004. Adriana fue una testigo privilegiada de aquel golpe comando que una madrugada del 8 de octubre de 1984 produjo el robo de cientos de documentos en nuestros tribunales provinciales, incluida la declaración que ella misma había dado horas antes. Hasta hace algunos días estaba trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hoy es una de las despedidas de ese lugar. Adriana habló en las Señales sobre su historia y el presente:
El robo a los Tribunales Provinciales
A mí me preocupa, porque por primera vez y gracias al enorme esfuerzo que hicieron desde el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, esta causa del robo al Palacio de Tribunales de Rosario, producido el 8 de octubre del 84, hubo finalmente una sentencia, implicados y condenados, pero quedaron muchas cosas por investigar y yo regresé de Marruecos para dedicarme pura y exclusivamente a investigar este asunto para aportar nuevas líneas, nuevas cosas a la causa que se sigue investigando.
Debo decir que no soy la única, tenemos 26 compañeros despedidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el archivo, sobre todo en los Sitios de Memoria, que fueron centros clandestinos de detención. Allí el personal está siendo despedido.
Lo más preocupante son los hechos que se están produciendo. El programa siniestro que ellos anunciaron con respecto al tema de derechos humanos. Nuestras consignas de memoria, verdad y justicia, ellos han decidido terminar con esto y esto es lo realmente importante. Por eso están desmantelando la ex ESMA, los Sitios de Memoria. Ellos necesitan matar la memoria, necesitan dejarnos sin memoria. La memoria es la que garantiza la no repetición de estos hechos tan aberrantes como los que sucedieron en este país. Ellos no acuerdan con esta idea y por eso están desmantelando todo lo que tenga que ver con derechos humanos.
Me preocupa especialmente porque no puedo continuar con la investigación que estoy haciendo sobre este asunto del robo al Palacio de Tribunales. Eso es lo que más me preocupa, porque una vez más, después de 40 años denunciando lo que había pasado, cuando logramos avanzar, esto se vuelve a parar. Y como soy la única persona viva que queda de aquel momento, que llegué a ver la documentación, no hay ninguna persona que pueda reconocer esa documentación si logramos recuperarla. Esto es bastante lamentable, pero realmente a mí me preocupa mucho que en los cargos de la más alta responsabilidad del Estado tengamos a personas que no están informadas realmente sobre cómo son estas cosas, porque pareciera que es una ocurrencia de los argentinos.
El tema del genocidio, el tema del terrorismo del Estado, el tema de todas estas calificaciones, nosotros no las hemos inventado. Estas calificaciones existen en la Corte Internacional, existe la desaparición forzada de personas, o sea, no se puede equiparar de ninguna manera el Estado, que tiene una función inalienable, que es cuidar a sus ciudadanos, que, en lugar de hacerlo, se dedique a torturarlos, desaparecerlos, robarles los niños, robarles el patrimonio, eso fue lo que pasó aquí. Y no importan los números, porque el problema de los desaparecidos no es un problema aritmético. No lo es, no se puede medir aritméticamente. Pero para los que les gustan tanto las matemáticas, si quieren discutir cuántos son, yo les recomiendo que se den una vueltita por Google, ya que tanto les gustan las redes y la información que hay en internet, y lean los documentos desclasificados de la CIA, que reconoce que en los primeros 800 días de dictadura, que en total fueron 2.900 días, ya habían desaparecido 22.000 personas, y hacen una proyección donde dicen que creen que son más de 30.000 los desaparecidos.
Debemos cumplir los pactos que hemos firmado
Qué las personas que nos gobiernan no sean capaces de informarse de una fuente indiscutible, que son los documentos desclasificados de la CIA y están en internet, no es ningún misterio, ¿te das cuenta? Entonces, es importante que todo esto lo tengamos claro, porque realmente nosotros hemos tenido un Estado terrorista, y los delitos que se han cometido han sido de lesa humanidad, imprescriptibles, así están estipulados en la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos adherido a todos estos acuerdos internacionales, y los tenemos incorporados con rango constitucional. Debemos cumplir los pactos que hemos firmado, no podemos ahora hacernos los desentendidos. Esto es lo que me preocupa. Este discurso que quieren que la gente empiece a tomarlo como verdadero, porque si nosotros no somos capaces de defender la memoria, estos hechos se van a volver a repetir. Si no, explíquenme por qué los alemanes tienen Auschwitz, tienen un montón de Sitios de Memoria para evitar que se vuelva a repetir el holocausto. Señores, no somos nosotros. Los pueblos del mundo tienen esta dinámica. Todos sabemos que la única garantía de no repetición es la memoria sobre lo sucedido. Y estos señores ahora están desmantelando el lugar emblemático que tenemos nosotros, que es donde desaparecieron más de 5.000 personas en la ESMA. Señores, tenemos ahí el avión del cual tiraban a nuestros compañeros en la Bahía de Samborombón. Ellos quieren desmantelarlo todo y empiezan despidiendo a personas que llevan trabajando años comprometidos con esto y además en un lugar donde desde que llegamos existe la huella digital, con lo cual nosotros ponemos la huella al entrar y al salir y la liquidación de nuestros sueldos es según esas horas que hemos trabajado. El mismo secretario de Derechos Humanos, el exjuez Alberto Baños, cuando llegó dijo: "esto no es lo que me contaron". Aquí, el que no ficha no cobra. Somos 1.005 trabajadores y no hemos tenido ñoquis, que son lo que ellos dicen. Aun así están actuando de esta manera. Y siguen llegando telegramas, no sabemos hasta dónde van a seguir. Y una semana antes del 24, están haciendo esto con manifestación de fuerza… no sé. Esta es la situación que tenemos.
No hubo ninguna causa, es un mail que me mandaron que dice, hemos decidido rescindir un contrato. Además, de una manera insólita, porque yo la semana pasada estuve yendo a trabajar toda la semana y el 14 recibí el mail diciendo que es desde el lunes, Yo he estado trabajando toda la semana. O sea, es una cosa absurda. Pero es lo mismo que les ha pasado a los otros compañeros. Y, además, despidieron, por ejemplo, a todos los del Regimiento 9 de Corrientes. Entonces ahí no queda ninguna persona en ese Sitio de Memoria. No habrá actividades, estará cerrado. Y creo que es lo que intentan hacer con todos los Sitios de Memoria. Además, tenemos muchos compañeros cuyo contrato vence el 31 de marzo y estamos muy preocupados de que esta gente no renueve esos contratos. Porque entonces estamos hablando de cientos de compañeros en la calle.
Estamos en riesgo de perderlo todo
Siento que corre peligro nuestro Archivo Nacional de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos, los Sitios de Memoria, los edificios incluso que tenemos allí de los organismos de derechos humanos. Y bueno, esperemos que de alguna manera recapaciten o traten por lo menos de comprender que no se puede entrar a destruir todo lo que hemos construido en estos años. Porque es mucho tiempo, son más de 40 años que nosotros estamos tratando de recuperar información, investigación, con las que luego se han aportado a las causas, con las que se han podido juzgar todos los delitos cometidos. Estamos en riesgo de perderlo todo. Esa es la realidad.
El 24 de marzo todos a la calle
Tenemos que estar en la calle todos el 24 porque tenemos que defender la memoria, que es lo único que nos pertenece a todos y que es la única forma que tenemos de que por lo menos las generaciones futuras no vean repetirse esto, que nos tocó vivir a nosotros.
Ellos no han tirado todo, no han tirado nada. Ellos no tiran, nunca han tirado nada y eso los vamos descubriendo día a día porque, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación te encuentras con libros de actas, de entradas y salidas, de sentencias, del Consejo Supremo, de las Fuerzas Armadas, pero todos los archivos históricos están allí. Tienes que revisar papel por papel, buscando a ver si encontramos, pero evidentemente hay una lógica muy simple y ese fue un operativo especial de inteligencia, tal cual reconoció la persona que terminó condenada, que era el más responsable de inteligencia del Segundo Cuerpo, evidentemente si era una operación especial de inteligencia, esto debe estar en el archivo que tiene Inteligencia, obviamente, pero a ese archivo no podemos acceder, si no se desclasifican los documentos. Porque estos documentos se generaron durante un gobierno constitucional, entonces se requiere la desclasificación de esos documentos para poder acceder a ellos.
Seguiremos como sea
Yo voy a seguir investigando, yo no voy a dejar de investigar este asunto porque para eso he venido, he levantado mi vida en Marruecos, desde hace siete años estaba trabajando, para poder dedicarme a esto. Porque me di cuenta que era la única que podía hacerlo, yo voy a cumplir con mi objetivo. Será con más dificultades, pero bueno, siempre es posible encontrar alguna vía para resolver las situaciones.
Proteger todo lo construido en estos años
Es impresionante todo lo que ha sucedido, lo que vas encontrando, además es bastante sorprendente porque en este caso en concreto, yo investigué por ejemplo todo lo que había salido en la prensa internacional y me di cuenta de que la prensa internacional dio más importancia a este hecho (NdR: el robo a Tribunales), que la prensa nacional, porque nunca había sucedido en el mundo de que un comando tomara por asalto el Palacio de Tribunales y se llevara toda la documentación que se había incautado en los allanamientos del día anterior. Entonces le dieron una importancia enorme, porque no es que tomaron por asalto el Palacio de Tribunales a punta de pistola. Esta fue otra cosa, fue una orden del Segundo Cuerpo del Ejército.
Ese discurso de la mano de obra desocupada quedó totalmente desvalorizado por la declaración de los que se fueron implicados y acusados y con condena de esta causa. Fue una orden del Segundo Cuerpo de Ejército, entonces no fue la mano de obra desocupada. Y es de reconocer que, si el comandante en jefe del Ejército de las Fuerzas Armadas es el presidente constitucional, que en este caso era el doctor Ricardo Alfonsín, lo que no podía hacer el Segundo Cuerpo es hacer este tipo de acciones ilegales, las operaciones especiales de inteligencia a espaldas de la conducción de las Fuerzas Armadas, que es lo que hicieron, porque lo hicieron a las espaldas del comandante en jefe. Esto le costó el cargo a Víctor Pino Cano, que era el comandante del Segundo Cuerpo, pero lo hicieron, lo cual demuestra una vez más que el Poder Militar, aunque tengamos un gobierno constitucional, siempre tiene un sector de poder que maneja la oscuridad. Eso es lo preocupante.
El 24 tenemos una cita de todos los argentinos en la calle, como todos los años, para defender nuestra memoria, para defender la verdad, para defender la justicia y para dar la garantía de no repetición y para demostrarle a las autoridades que están gobernando el país que nosotros tenemos una historia de la cual no renegamos, nos hacemos cargo y la vamos a defender.
Sobreviviente del terrorismo de Estado
Fue una dictadura cívico, militar, eclesial y empresarial. Porque no hay que olvidarse nunca de que entre toda la documentación que robaron, también estaba la documentación que se refería a 50 empresas implicadas en solventar económicamente la dictadura, la represión, etcétera. Entonces, eso también fue parte del material robado. Tampoco podemos olvidarnos de que hubo 600 empresarios a los cuales se les confiscaron sus bienes, sus empresas y sus inmuebles. No podemos olvidarnos de Papel Prensa, no podemos olvidarnos de todas las medidas que tomaron en todos los ámbitos, para poder implementar un plan. Porque es que hubo un plan que aplicaron.
Tuve acceso a leer el plan operacional de las Fuerzas Armadas, cuando dieron el golpe. Es un plan de 400 páginas, y ahí sí está todo absolutamente explicitado. Todo lo que iban a hacer está en el mínimo detalle, todo. Entonces el plan existió y es el que nos aplicaron, porque necesitaban esa enorme represión para poder aplicar un plan económico que iba a ser muy resistido por la sociedad. Y fue necesario matar a mucha gente, y lo hicieron. Entonces, cuando escucho a la vicepresidenta (Victoria Villarruel) decir que no hubo ningún plan, es como que o no está informada o no está actualizada, a pesar de haber estudiado Derecho. Evidentemente, yo creo que sabe perfectamente que está mintiendo, ¿no? Obviamente, sabe que está mintiendo porque tendrá sus intereses y por eso lo hace. Nosotros tenemos que seguir trabajando como siempre, defender lo que venimos construyendo, con tanto esfuerzo, con tantas dificultades, con tantos compañeros muertos...
Nosotros, los organismos de Derechos Humanos de este país han dado una lección al mundo de lucha permanente, las madres, las abuelas, los hijos, los nietos, todos. Entonces eso no se puede perder, eso tiene que crecer todos los días para que cuando llegan estos momentos con estas personas que de golpe creen que todo es fácil de tirar abajo, pues no lo puedan hacer con facilidad, por lo menos.
viernes, 15 de marzo de 2024
Contra las noticias falsas, se debe fortalecer al periodismo, plantean
En foro, periodistas y expertos en tecnología y seguridad plantean la necesidad de evitar la propagación de noticias falsas
Oscar Diez, de Indra; Javier Murillo, presidente de Metrics y Ana María Salazar, experta en temas de seguridad
Por: Enrique Gómez
Al participar en el foro Inteligencia artificial, noticias falsas y desafíos a la democracia, organizado por El Universal junto al Aspen Institute México, periodistas y expertos en tecnología y seguridad coincidieron en la necesidad de fortalecer a los medios de comunicación para combatir las noticias falsas creadas con inteligencia artificial, debido a que el periodismo comprueba la veracidad de la información como una obligación.
Para combatir las noticias falsas creadas mediante la inteligencia artificial es necesario fortalecer a los medios de comunicación, ya que éstos comprueban la veracidad de la información que publican, como una obligación inherente al periodismo, señalaron periodistas y expertos en tecnología, durante el foro "Inteligencia artificial, fake news y desafíos a la democracia", organizado por El Universal junto con el Aspen Institute México.
Plantearon que en el país hace falta un plan de gobierno digital o, en su caso, que las plataformas digitales se autorregulen para evitar la difusión de noticias falsas, puesto que de continuar este fenómeno impactará en la elección del próximo 2 de junio.
Sin embargo, la solución no estaría en una legislación prohibicionista, sino en que los gobiernos establezcan controles a la libertad total que existe en las redes sociales.
Ana María Salazar, periodista experta en temas de seguridad, aseguró que se debe fortalecer a los medios de comunicación como una estrategia para contrarrestar los efectos negativos de las noticias falsas que son publicadas en redes sociales.
"¿Quién debe monitorear las redes sociales? ¿Lo haces con legislación o lo haces dándoles mucha credibilidad, que creo que es lo más importante, a los medios de comunicación? Y credibilidad a las instituciones...", aseveró.
Advirtió que la desinformación y la capacidad de controlar las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, puede hacer caer democracias, provocar una caída catastrófica del mercado o propiciar un atentado terrorista.
"¿Quién tiene la responsabilidad dentro del gobierno de México? Más allá de procesos electorales, no está claro. Entonces, cuando tú hablas de estructuras lo primero que tiene que hacer la siguiente presidenta es crear una comisión para decir cómo vamos a usar la inteligencia artificial en este gobierno, y, dos, por Dios, ciberseguridad y, tres, ¿quiénes van a estar monitoreando las redes?", expuso.
Por su parte, Óscar Diez, de Indra, se manifestó por la regulación de las redes sociales y especificó que el gobierno debe perfilar un plan de gobierno digital integral y crear una ID en México para resolver la problemática de saber a quién le pertenece la información que está en una red social.
"Yo creo que toda gira en torno a tener un plan de gobierno digital integral y que realmente sea genuino. Necesitamos un gobierno digital, que es el que puede realmente velar por la información de los ciudadanos. En Europa sí ha habido más avances en determinados países, mucho desde la óptica de digitalizar trámites y que el gobierno se involucre en bloquear y analizar las fake news", comentó.
En el panel denominado "Desinformación y democracia en el mundo", Leonardo Curzio, periodista y columnista de El Universal, señaló que la desinformación la damos por hecho y no se considera la gravedad que tiene.
Además de que las redes sociales, como TikTok, actualmente forman parte de "la discusión más importante en el ámbito planetario. La gran disputa estratégica entre las dos potencias económicas se da en el ámbito de la supremacía tecnológica", señaló.
"Si tu fuente de información principal es TikTok tú tienes una manera deformada de ver el mundo. Hoy tenemos a nuestras audiencias atentas 27 segundos; entonces, creemos que entendimos lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Estados Unidos, pero en realidad estamos 27 segundos en un tema y después vamos al otro. La economía de la atención en la época digital es fundamental, por eso circulan con tanta facilidad las mentiras", especificó.
La periodista y conductora Elisa Alanís refirió que en las redes sociales se posicionan temas superficiales y no se profundiza en los detalles, como en el caso del hashtag #AMLONarcoPresidente, que se ha mantenido durante varias semanas entre los temas principales de X.
"La discusión es si el hashtag se está comprando en España o en Argentina, y no el fondo del asunto. ¿Hay investigaciones o no que relacionan a un gobierno con los criminales? Esa ya no es la discusión, la discusión es el hashtag", dijo.
En el panel "Elecciones y fake news en México", David Aponte, director general editorial de El Universal, señaló que la declaración falsa de un político puede tener efectos económicos, ya que las noticias falsas se han democratizado.
"El desafío son las noticias falsas, que se han democratizado, pero también creo que se han socializado, porque no solamente las utiliza el Presidente cuando dice que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Ese es el contexto en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir en estos meses antes de la elección del 2 de junio", comentó.
"Y ahí voy al tema de las redes sociales, porque antes Twitter, ahora X yo sí había dicho en la redacción que ha matado más gente que el crimen organizado. Cuánta gente hay con cuentas falsas y tienes que estar verificando si es la cuenta oficial. Recuerdo que a Mario Vargas Llosa lo mataron recientemente en una cuenta falsa", contó.
Salvador García Soto, periodista y columnista de El Universal, opinó que las plataformas digitales deben buscar autorregularse, ya que tienen la capacidad para hacerlo, y eso es preferible a que se regulen mediante una legislación.
"Creo que debe venir más un tema de autorregulación que de leyes impuestas por gobiernos, que en muchos casos tienen otro tipo de tentaciones autoritarias, pero sí es necesario que se empiece a debatir eso y sí es necesario que estas grandes empresas empiecen a aplicar este tipo de medidas, y lo pueden hacer si quieren. Pueden tener controles, pueden verificar cuentas, pueden verificar identidades, pero lamentablemente para ellos el tema es: entre más gente tengas en las redes es mucho mejor", dijo.
Plantearon que en el país hace falta un plan de gobierno digital o, en su caso, que las plataformas digitales se autorregulen para evitar la difusión de noticias falsas, puesto que de continuar este fenómeno impactará en la elección del próximo 2 de junio.
Sin embargo, la solución no estaría en una legislación prohibicionista, sino en que los gobiernos establezcan controles a la libertad total que existe en las redes sociales.
Ana María Salazar, periodista experta en temas de seguridad, aseguró que se debe fortalecer a los medios de comunicación como una estrategia para contrarrestar los efectos negativos de las noticias falsas que son publicadas en redes sociales.
"¿Quién debe monitorear las redes sociales? ¿Lo haces con legislación o lo haces dándoles mucha credibilidad, que creo que es lo más importante, a los medios de comunicación? Y credibilidad a las instituciones...", aseveró.
Advirtió que la desinformación y la capacidad de controlar las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, puede hacer caer democracias, provocar una caída catastrófica del mercado o propiciar un atentado terrorista.
"¿Quién tiene la responsabilidad dentro del gobierno de México? Más allá de procesos electorales, no está claro. Entonces, cuando tú hablas de estructuras lo primero que tiene que hacer la siguiente presidenta es crear una comisión para decir cómo vamos a usar la inteligencia artificial en este gobierno, y, dos, por Dios, ciberseguridad y, tres, ¿quiénes van a estar monitoreando las redes?", expuso.
Por su parte, Óscar Diez, de Indra, se manifestó por la regulación de las redes sociales y especificó que el gobierno debe perfilar un plan de gobierno digital integral y crear una ID en México para resolver la problemática de saber a quién le pertenece la información que está en una red social.
"Yo creo que toda gira en torno a tener un plan de gobierno digital integral y que realmente sea genuino. Necesitamos un gobierno digital, que es el que puede realmente velar por la información de los ciudadanos. En Europa sí ha habido más avances en determinados países, mucho desde la óptica de digitalizar trámites y que el gobierno se involucre en bloquear y analizar las fake news", comentó.
En el panel denominado "Desinformación y democracia en el mundo", Leonardo Curzio, periodista y columnista de El Universal, señaló que la desinformación la damos por hecho y no se considera la gravedad que tiene.
Además de que las redes sociales, como TikTok, actualmente forman parte de "la discusión más importante en el ámbito planetario. La gran disputa estratégica entre las dos potencias económicas se da en el ámbito de la supremacía tecnológica", señaló.
"Si tu fuente de información principal es TikTok tú tienes una manera deformada de ver el mundo. Hoy tenemos a nuestras audiencias atentas 27 segundos; entonces, creemos que entendimos lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Estados Unidos, pero en realidad estamos 27 segundos en un tema y después vamos al otro. La economía de la atención en la época digital es fundamental, por eso circulan con tanta facilidad las mentiras", especificó.
La periodista y conductora Elisa Alanís refirió que en las redes sociales se posicionan temas superficiales y no se profundiza en los detalles, como en el caso del hashtag #AMLONarcoPresidente, que se ha mantenido durante varias semanas entre los temas principales de X.
"La discusión es si el hashtag se está comprando en España o en Argentina, y no el fondo del asunto. ¿Hay investigaciones o no que relacionan a un gobierno con los criminales? Esa ya no es la discusión, la discusión es el hashtag", dijo.
En el panel "Elecciones y fake news en México", David Aponte, director general editorial de El Universal, señaló que la declaración falsa de un político puede tener efectos económicos, ya que las noticias falsas se han democratizado.
"El desafío son las noticias falsas, que se han democratizado, pero también creo que se han socializado, porque no solamente las utiliza el Presidente cuando dice que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Ese es el contexto en el que estamos viviendo y en el que vamos a vivir en estos meses antes de la elección del 2 de junio", comentó.
"Y ahí voy al tema de las redes sociales, porque antes Twitter, ahora X yo sí había dicho en la redacción que ha matado más gente que el crimen organizado. Cuánta gente hay con cuentas falsas y tienes que estar verificando si es la cuenta oficial. Recuerdo que a Mario Vargas Llosa lo mataron recientemente en una cuenta falsa", contó.
Salvador García Soto, periodista y columnista de El Universal, opinó que las plataformas digitales deben buscar autorregularse, ya que tienen la capacidad para hacerlo, y eso es preferible a que se regulen mediante una legislación.
"Creo que debe venir más un tema de autorregulación que de leyes impuestas por gobiernos, que en muchos casos tienen otro tipo de tentaciones autoritarias, pero sí es necesario que se empiece a debatir eso y sí es necesario que estas grandes empresas empiecen a aplicar este tipo de medidas, y lo pueden hacer si quieren. Pueden tener controles, pueden verificar cuentas, pueden verificar identidades, pero lamentablemente para ellos el tema es: entre más gente tengas en las redes es mucho mejor", dijo.
Foto: Eduardo Castañeda
Fuente: El Universal
Cerrar o privatizar la Radio Pública sería dejar sin voz a los que menos ruido
Comunicado de Argentores: Radiodifusión Argentina al Interior
La joven Leda Valladares acababa de recibirse de Licenciada en Filosofía cuando llegó a Cafayate y escuchó a las bagualeras cantar. En ese momento comprendió que la filosofía occidental estaba bien cuidada por los europeos, pero que esa “música de indios” no tenía quién la protegiera. Por lo que abandonó la filosofía y consagró su vida a esos cantos de la Argentina profunda. Del mismo modo, Radio Nacional tiene como misión difundir, custodiar y promover la diversas manifestaciones de las identidades argentinas, sus culturas, sus músicas, sus idiomas, sus historias, aquellas que suelen ser ignoradas por la mayoría de las emisoras comerciales del país. Además de esto debe bregar por la diversidad de visiones ideológicas y por la presencia de todas sus voces. Alentar a que debatamos lealmente nuestras diferencias. Para quienes consideran que estos argumentos son “inventos argentinos” es importante invitarlos a conocer el funcionamiento de las radios públicas del mundo: la BBC, British Broadcasting Corporation, es el servicio público de radio y televisión del Reino Unido. Se financia mediante un impuesto que pagan quienes tengan un receptor de TV. La BBC, que posee estaciones de radio que cubren toda Gran Bretaña, está regida por la Carta Real que establece que debe informar con independencia y objetividad, tan es así que durante la guerra de las Malvinas, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francis Pym, manifestó preocupación por el modo en que dicho medio público cubría el conflicto, "tratando como iguales" a británicos y argentinos. Es decir, la independencia política de la BBC es tal, que permite que los ciudadanos puedan tener otra visión , de, entre tantas cosas, una guerra que el gobierno de su país lleva adelante.
La National Public Radio es el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos, elabora programas y podcast para más de mil estaciones de radio. Posee un código de ética que promueve la exactitud, objetividad, contextualización, honestidad, independencia, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, respeto, excelencia y resalta la importancia de incluir distintos puntos de vista al cubrir una noticia. Algunos conservadores del gobierno han acusado a NPR de promover una agenda de izquierda mientras ignoran los otros puntos de vista. NPR ha negado estas acusaciones, argumentando que se esfuerza por proporcionar cobertura equilibrada e imparcial de todos los problemas, independientemente de la afiliación política. Podríamos mencionar a Radio France Internationale, empresa del Estado francés que produce programas en 13 idiomas; a la RAI, radio pública italiana, que mantiene en la actualidad un amplio número de emisoras de radio integradas; a Radio Canadá Internacional, emisora pública que tiene como función el dar a conocer la realidad canadiense, su cultura y valores a personas que saben poco o nada de dicho país; Radio Nacional de España (RNE) que opera emisoras de radio que abarcan todo el territorio nacional, entre otras.
En todo el mundo los medios públicos son la aspiración del querer ser y el deber ser de una sociedad, un espacio de debate y encuentro e intercambio, un lugar para que la comunidad se reconozca, sin intermediarios, en un espejo de lo esencial. Radio Nacional Argentina cuenta con el servicio de radiodifusión al exterior (RAE) en el que brinda información argentina al mundo, aunque lo fundamental de nuestra radio de bandera es su servicio de radiodifusión al "interior", ya que con sus 49 emisoras, distribuidas en todo el país, consigue ser un auténtico medio federal en tiempos donde los algoritmos de las plataformas internacionales y el poder de los grupos concentrados de medios de Buenos Aires, parecen olvidar que la Argentina está colmada de pequeñas comarcas tan originales, diversas, culturalmente ricas, que podrían dar respuestas ante tantos desconciertos nacionales.
Cerrar o privatizar la Radio Pública sería dejar sin voz a los que menos ruido hacen en una época en la que parece que los que gritan son los únicos escuchados., aunque también sería perder una gran oportunidad de construir un espacio en el que los argentinos y las argentinas podamos reunir nuestras voces para debatir, con respeto y desinteresadamente, sobre nuestros desencuentros.
Junta Directiva de Argentores
La National Public Radio es el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos, elabora programas y podcast para más de mil estaciones de radio. Posee un código de ética que promueve la exactitud, objetividad, contextualización, honestidad, independencia, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, respeto, excelencia y resalta la importancia de incluir distintos puntos de vista al cubrir una noticia. Algunos conservadores del gobierno han acusado a NPR de promover una agenda de izquierda mientras ignoran los otros puntos de vista. NPR ha negado estas acusaciones, argumentando que se esfuerza por proporcionar cobertura equilibrada e imparcial de todos los problemas, independientemente de la afiliación política. Podríamos mencionar a Radio France Internationale, empresa del Estado francés que produce programas en 13 idiomas; a la RAI, radio pública italiana, que mantiene en la actualidad un amplio número de emisoras de radio integradas; a Radio Canadá Internacional, emisora pública que tiene como función el dar a conocer la realidad canadiense, su cultura y valores a personas que saben poco o nada de dicho país; Radio Nacional de España (RNE) que opera emisoras de radio que abarcan todo el territorio nacional, entre otras.
En todo el mundo los medios públicos son la aspiración del querer ser y el deber ser de una sociedad, un espacio de debate y encuentro e intercambio, un lugar para que la comunidad se reconozca, sin intermediarios, en un espejo de lo esencial. Radio Nacional Argentina cuenta con el servicio de radiodifusión al exterior (RAE) en el que brinda información argentina al mundo, aunque lo fundamental de nuestra radio de bandera es su servicio de radiodifusión al "interior", ya que con sus 49 emisoras, distribuidas en todo el país, consigue ser un auténtico medio federal en tiempos donde los algoritmos de las plataformas internacionales y el poder de los grupos concentrados de medios de Buenos Aires, parecen olvidar que la Argentina está colmada de pequeñas comarcas tan originales, diversas, culturalmente ricas, que podrían dar respuestas ante tantos desconciertos nacionales.
Cerrar o privatizar la Radio Pública sería dejar sin voz a los que menos ruido hacen en una época en la que parece que los que gritan son los únicos escuchados., aunque también sería perder una gran oportunidad de construir un espacio en el que los argentinos y las argentinas podamos reunir nuestras voces para debatir, con respeto y desinteresadamente, sobre nuestros desencuentros.
Junta Directiva de Argentores
martes, 12 de marzo de 2024
Agencias de noticias retiran foto de princesa de Gales por indicios de manipulación
Varias agencias de noticias retiraron un retrato de Catalina, princesa de Gales, por considerar que había sido alterado digitalmente. En la imagen, distribuida por el Día de las Madres, aparecía con sus tres hijos
Por: Mark Landler
El Times Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos. Get it sent to your inbox.
Catalina, la princesa de Gales, se disculpó el lunes por retocar una foto suya en la que aparece con sus tres hijos y que varias agencias de noticias retiraron el domingo tras determinar que la imagen había sido manipulada.
La decisión de retirar la foto reavivó una tormenta de especulaciones sobre Catalina, a quien no se ha visto en público desde que se sometió a una cirugía abdominal hace casi dos meses. En su comunicado, la princesa, de 42 años, atribuyó la alteración al inocente deseo de un fotógrafo que quiere retocar la imagen.
"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición", escribió Catalina en una publicación en las redes sociales. "Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer".
La foto, que conmemoraba el Día de las Madres en el Reino Unido, mostraba a una sonriente Catalina rodeada de sus hijos, Jorge, Carlota y Luis. Horas después de que el palacio de Kensington publicara la foto, The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse emitieron avisos instando a los medios a retirar la imagen.
El palacio de Kensington indicó que Guillermo había tomado la foto la semana pasada en Windsor, donde la familia vive en Adelaide Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor. Pero Catalina es conocida por su afición a la fotografía, y el palacio distribuye a menudo sus fotos de la familia.
Portadas de periódicos británicos muestran una imagen de Catalina, princesa de Gales, con sus hijos que, según las agencias de noticias, fue alterada digitalmente. Foto: David Cliff / EPA
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Catalina, la princesa de Gales, se disculpó el lunes por retocar una foto suya en la que aparece con sus tres hijos y que varias agencias de noticias retiraron el domingo tras determinar que la imagen había sido manipulada.
La decisión de retirar la foto reavivó una tormenta de especulaciones sobre Catalina, a quien no se ha visto en público desde que se sometió a una cirugía abdominal hace casi dos meses. En su comunicado, la princesa, de 42 años, atribuyó la alteración al inocente deseo de un fotógrafo que quiere retocar la imagen.
"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición", escribió Catalina en una publicación en las redes sociales. "Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer".
La foto, que conmemoraba el Día de las Madres en el Reino Unido, mostraba a una sonriente Catalina rodeada de sus hijos, Jorge, Carlota y Luis. Horas después de que el palacio de Kensington publicara la foto, The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse emitieron avisos instando a los medios a retirar la imagen.
El Manual de Periodismo de Reuters establece, por ejemplo, que la herramienta de edición Photoshop sólo puede utilizarse en casos muy limitados. "Sólo utilizamos una ínfima parte de su capacidad potencial para dar formato a nuestras imágenes, recortarlas y dimensionarlas y equilibrar el tono y el color"La AP dijo que, tras una inspección posterior a la publicación de la fotografía, sus editores determinaron que la imagen "muestra una incoherencia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Carlota". La fuente de la foto, dijo, "había manipulado la imagen de un modo que no cumple las normas fotográficas de la AP".
El palacio de Kensington indicó que Guillermo había tomado la foto la semana pasada en Windsor, donde la familia vive en Adelaide Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor. Pero Catalina es conocida por su afición a la fotografía, y el palacio distribuye a menudo sus fotos de la familia.
Los detalles de la fotografía muestran una variedad de inconsistencias visuales que sugieren que fue retocada. En varias partes de la imagen, se notan una manga o un cierre que no están alineados o con patrones artificiales.
Un funcionario de palacio dijo que Catalina hizo pequeños ajustes en lo que pretendía ser una foto informal de la familia reunida para el Día de las Madres. El funcionario reiteró que Guillermo había hecho la foto, aunque Catalina la editó.
La fotografía apareció en portadas de periódicos y sitios web de todo el mundo, incluido el sitio web de The New York Times. El Times retiró la foto de un artículo sobre ella el domingo por la noche.
Adam Dean y Lauren Leatherby colaboraron con reportería.
Mark Landler es el jefe de la corresponsalía en Londres del Times. Cubre el Reino Unido, así como la política exterior estadounidense en Europa, Asia y Medio Oriente. Es periodista desde hace más de tres décadas.
Fuente: The New York TimesUn funcionario de palacio dijo que Catalina hizo pequeños ajustes en lo que pretendía ser una foto informal de la familia reunida para el Día de las Madres. El funcionario reiteró que Guillermo había hecho la foto, aunque Catalina la editó.
La fotografía apareció en portadas de periódicos y sitios web de todo el mundo, incluido el sitio web de The New York Times. El Times retiró la foto de un artículo sobre ella el domingo por la noche.
Adam Dean y Lauren Leatherby colaboraron con reportería.
Mark Landler es el jefe de la corresponsalía en Londres del Times. Cubre el Reino Unido, así como la política exterior estadounidense en Europa, Asia y Medio Oriente. Es periodista desde hace más de tres décadas.
Rosario cada vez más cerca
Por: Marcelo Pereira
La ciudad argentina de Rosario, una de las más importantes y la más poblada de la provincia de Santa Fe, vive en estos días una situación crítica por el avance del crimen organizado, que la convirtió en un bastión del narcotráfico y hoy enfrenta a las autoridades. La gravedad de los hechos exige un análisis riguroso, que nos ayude a identificar los problemas de fondo y las acciones preventivas que corresponden y urgen en Uruguay.
El estallido actual de violencia, con varios asesinatos indiscriminados, se produjo con una intención declarada de represalia por parte del crimen organizado, luego de que el gobierno provincial lanzara un operativo para fortalecer su control de las cárceles y difundiera imágenes humillantes de personas privadas de libertad, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, pero es inaceptable quedarse en lo superficial. Quizá hubo imprudencia del gobernador Maximiliano Pullaro al intentar una demostración de fuerza sin estar en condiciones de afrontar sus probables consecuencias, pero lo más importante es que los narcos hayan llegado a una posición que les permite pasar a la ofensiva, con actos que sólo se pueden llamar terroristas.
Es odioso, aunque a esta altura no sorprenda, que el presidente Javier Milei haya querido aprovechar el drama para desprestigiar las ideas socialistas, y parece obvio que actúa en función de sus propios intereses al disponer el despliegue de fuerzas policiales y militares federales, potenciando la imagen de salvador de la patria que cultiva y procurando la aprobación de leyes más represivas, pero esto, aunque sea muy peligroso, tampoco es lo central.
Por otra parte, sería un error equiparar la situación de Rosario con la que se vive en Haití o la que existía en El Salvador antes de la asunción de Bukele, porque hay diferencias enormes en muchos planos. La cuestión, por lo menos desde un punto de vista uruguayo, es cómo evitar que lo que pasa en Rosario, una ciudad muy parecida a Montevideo, pueda pasar aquí.
El interés de los narcotraficantes internacionales es desarrollar su exportación ilegal, y para ello eligen las rutas que les resulten más convenientes. Necesitan, por supuesto, que en esas rutas haya puertos (como los hay en Rosario y en Montevideo), pero, más allá de esto, siempre buscan la mayor continuidad posible de controles débiles, o debilitables por diversas combinaciones de corrupción y amedrentamiento.
Optan, obviamente, por las fronteras más permeables, los menores riesgos de detección del traslado y acopio de drogas ilegales, las aduanas menos rigurosas, los sistemas carcelarios más precarios y las mayores facilidades para el lavado de activos, la compra de complicidades entre funcionarios y políticos o la tenencia ilegal de armas, entre otros factores.
La lista de condiciones favorables para el avance del crimen organizado nos indica en qué áreas urge llegar a acuerdos para que Uruguay deje de ser parte de una ruta atractiva. Hoy estamos peor que antes y en gran peligro, pero no hemos llegado a un punto en el que parezcan agotadas las vías propias de un Estado de derecho y gane terreno la tentación de entregarnos a un líder de “mano dura”. Luego puede ser tarde.
La ciudad argentina de Rosario, una de las más importantes y la más poblada de la provincia de Santa Fe, vive en estos días una situación crítica por el avance del crimen organizado, que la convirtió en un bastión del narcotráfico y hoy enfrenta a las autoridades. La gravedad de los hechos exige un análisis riguroso, que nos ayude a identificar los problemas de fondo y las acciones preventivas que corresponden y urgen en Uruguay.
El estallido actual de violencia, con varios asesinatos indiscriminados, se produjo con una intención declarada de represalia por parte del crimen organizado, luego de que el gobierno provincial lanzara un operativo para fortalecer su control de las cárceles y difundiera imágenes humillantes de personas privadas de libertad, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, pero es inaceptable quedarse en lo superficial. Quizá hubo imprudencia del gobernador Maximiliano Pullaro al intentar una demostración de fuerza sin estar en condiciones de afrontar sus probables consecuencias, pero lo más importante es que los narcos hayan llegado a una posición que les permite pasar a la ofensiva, con actos que sólo se pueden llamar terroristas.
Es odioso, aunque a esta altura no sorprenda, que el presidente Javier Milei haya querido aprovechar el drama para desprestigiar las ideas socialistas, y parece obvio que actúa en función de sus propios intereses al disponer el despliegue de fuerzas policiales y militares federales, potenciando la imagen de salvador de la patria que cultiva y procurando la aprobación de leyes más represivas, pero esto, aunque sea muy peligroso, tampoco es lo central.
Por otra parte, sería un error equiparar la situación de Rosario con la que se vive en Haití o la que existía en El Salvador antes de la asunción de Bukele, porque hay diferencias enormes en muchos planos. La cuestión, por lo menos desde un punto de vista uruguayo, es cómo evitar que lo que pasa en Rosario, una ciudad muy parecida a Montevideo, pueda pasar aquí.
El interés de los narcotraficantes internacionales es desarrollar su exportación ilegal, y para ello eligen las rutas que les resulten más convenientes. Necesitan, por supuesto, que en esas rutas haya puertos (como los hay en Rosario y en Montevideo), pero, más allá de esto, siempre buscan la mayor continuidad posible de controles débiles, o debilitables por diversas combinaciones de corrupción y amedrentamiento.
Optan, obviamente, por las fronteras más permeables, los menores riesgos de detección del traslado y acopio de drogas ilegales, las aduanas menos rigurosas, los sistemas carcelarios más precarios y las mayores facilidades para el lavado de activos, la compra de complicidades entre funcionarios y políticos o la tenencia ilegal de armas, entre otros factores.
La lista de condiciones favorables para el avance del crimen organizado nos indica en qué áreas urge llegar a acuerdos para que Uruguay deje de ser parte de una ruta atractiva. Hoy estamos peor que antes y en gran peligro, pero no hemos llegado a un punto en el que parezcan agotadas las vías propias de un Estado de derecho y gane terreno la tentación de entregarnos a un líder de “mano dura”. Luego puede ser tarde.
Se hunden, Ilustración de Ramiro Alonso, La Diaria
Fuente: La Diaria
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