sábado, 15 de enero de 2022

'Semana', la revista convertida por los multimillonarios Gilinski en el escudo de la derecha colombiana

Un viraje en el espíritu liberal del semanario colombiano provoca numerosos debates debido a la ruptura de independencia entre la publicación y los cuestionados métodos empresariales de sus nuevos dueños
Por: Camilo Sánchez
  
Los Gilinski, familia de multimillonarios banqueros colombianos, siempre supieron que en caso de hacerse con el control total de la tradicional revista Semana, debían darle un giro drástico a la gestión editorial. A pesar de que la publicación llevaba casi 40 años marcando la pauta del debate público, con algunos reportajes de investigación explosivos y artículos de análisis político, en los últimos tiempos la crisis de la prensa y un accidentado tránsito al mundo digital habían lesionado su calidad y credibilidad.

En noviembre de 2020, el conglomerado dirigido por Jaime Gilinski, de 64 años, ejecutó la opción de compra de la totalidad de las acciones del Grupo Semana. Un año antes ya había adquirido el primer 50%, en una operación tasada en unos 18 millones de dólares, según la revista Forbes. Los nuevos propietarios designaron en la dirección a Vicky Dávila, periodista de 48 años con amplia experiencia en radio y televisión, que venía liderando la fusión de las ediciones de papel y digital.

La renuncia y despido de reporteros históricos, editores, caricaturistas y columnistas que habían trabajado durante décadas, incluyendo el director, Alejandro Santos, se precipitó desde entonces como un dominó. Otros partieron debido al giro editorial hacia la derecha, o agobiados por las directrices focalizadas en potenciar la audiencia en la web. La nómina del grupo pasó en un par de años de casi 800 empleados a poco más de 200.

Ricardo Calderón, exjefe de investigaciones y exdirector, recuerda en una conversación con elDiario.es que la orden de "apostarle a los clics, en detrimento de la calidad periodística, llegó desde la nueva gerencia", y fue desgastando el espíritu de una parte de la redacción. Se trataba de una catarata de cambios traumáticos para una cabecera que durante cuatro décadas había cimentado una imagen estable, marcada por una innegable cercanía al poder y a los postulados liberales de su fundador y propietario histórico, Felipe López, abogado de 74 años, hijo y nieto de expresidentes de Colombia.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Semana nunca logró acomodarse como un grupo multimedia sólido, y mes a mes arrojaba pérdidas que rondaban los 220.000 euros, según el portal La Silla Vacía. Se trataba del tema que más inquietaba a Gabriel Gilinski, financiero y politólogo de 35 años, escogido por la familia como nuevo accionista mayoritario del Grupo Semana y quien por su gran dominio de los temas digitales ha comandado el proceso al detalle desde su residencia en Miami.

"Fox News a la colombiana"
Quizás por eso, su aterrizaje fue visto como vertiginoso por más de uno. Toda la energía disponible se destinó a la edición online, ahora bajo el mando del recién fichado Víctor Rottestein, un sagaz estratega argentino con experiencia en medios. Asimismo, las direcciones web de otras cabeceras del grupo pasaron a concentrarse bajo la URL de Semana. "Nosotros teníamos un muy buen contenido sobre justicia rural, líderes sociales o restitución de tierras, y en el cambio de estrategia todo ese trabajo desapareció. ¡No existe!", dice un reportero que trabajaba en una separata dedicada a contar la Colombia rural.

Pero Alejandro Manrique, director del programa de Periodismo de la Universidad Javeriana, apunta que el momento clave de la crisis detonó en marzo de 2020, en los albores de la peor pandemia vivida en un siglo, con el cierre de la revista cultural Arcadia. "Estaba muy bien hecha y era una voz muy crítica con el Gobierno de Iván Duque. Siempre quedará la duda de si la causa real del cierre fueron únicamente los asuntos financieros".

Muchos de los lectores tradicionales descartaron a su vez la renovación de los abonos. La llegada de articulistas escorados a la derecha confirmó los presagios del despedido columnista Daniel Coronell, uno de los más leídos del país, quien explicaba por aquellos días que los Gilinski pretendían convertir la revista Semana en una suerte de "Fox News a la colombiana": pugnaz y conservador.

La foto que abría una edición de mayo del año pasado queda como ejemplo. "Petro, ¡basta ya!", se leía bajo una imagen del aspirante presidencial de izquierda. La mitad de su rostro dejaba traslucir las llamas de un incendio provocado por los desmanes del paro nacional del año pasado. El editorial culpaba sin rodeos al senador del partido Colombia Humana como promotor del descontento e incitador de la "división, el odio y la lucha de clases".

Aquel número marcó, según diversos analistas, una ruptura. Si bien es cierto que con anterioridad grandes diarios como El Espectador o El Tiempo ya habían caído en manos de magnates con intereses en múltiples frentes políticos y económicos, su intervención en la línea editorial solía tener ciertos límites. Lo de Semana, afirman, rompió con todos los moldes. En los días siguientes a la publicación de la portada de Gustavo Petro, la sede de la revista en Bogotá fue objeto de ataques con piedras y pintadas, y la fuente de agua que adorna la fachada del edificio fue manchada de rojo.

Germán Rey, ex defensor del lector del diario El Tiempo, explica que se trató de una reacción violenta a la cobertura de aquellas movilizaciones, donde nunca hubo "voluntad por tratar de comprender, analizar, o explicar el inconformismo que se estaba expresando". El nuevo enfoque de Semana privilegió, en cambio, investigaciones cargadas de fuentes oficiales anónimas, empeñadas en sustentar la tesis sobre la participación de células guerrilleras, o de agentes del régimen venezolano, en un plan para desestabilizar al país de cara a las elecciones presidenciales de este año.

"¡Atención!", "¡pilas!", "¡cuidado!" o "¡impactante!" se convirtieron de igual manera en fórmulas recurrentes para aderezar los titulares de la edición digital. La doctora en Comunicación Catalina Uribe sostiene que la revista ha incorporado títulos que apelan al miedo como método de exaltación. Un atajo oportunista, opina, para ganar más clics. Y añade en una columna del diario El Espectador: "poco importa que la información sea falsa, intrascendente e irrelevante".

Dos curtidos reporteros europeos, colaboradores de medios de ideología conservadora, confiesan que la revista ya no les resulta una fuente fiable para enterarse de lo que sucede en Colombia. Ninguno ha querido que su nombre sea publicado debido a sus lazos con periodistas de la región. Sin embargo, uno de ellos reconoce que el estilo de la nueva Semana le parece "algo violento". Un intento atropellado, prosigue, en su afán por revertir el fracaso de la dirección anterior, incapaz de trasladar la potencia de la edición de papel al Internet". ¿Por qué ya no la lee? "Porque utiliza la polarización y el miedo para conseguir una audiencia acrítica e ideológicamente afín".

Hoy las informaciones contra los miembros de los partidos de oposición se han multiplicado en la misma proporción en la que surgen noticias positivas para la formación de Gobierno, el derechista Centro Democrático. Para un analista de medios argentino, que pide no citar su nombre, el problema, sin embargo, no es ideológico. "Yo detecto una estrategia de clickbait absolutamente objetable y censurable, porque se centra en producir titulares que generan sistemáticamente una ‘brecha de la curiosidad’. Es decir, una forma de ocultar la información, que va dejando medias verdades por el camino para obligar al lector a deslizarse por el texto".

Los datos sobre el funcionamiento del negocio periodístico en Colombia han sido históricamente un misterio. Ni antes del periodo digital se conocía con precisión cuál era el número de diarios vendidos o impresos, ni hoy tampoco se tiene acceso al detalle de la evolución del ecosistema publicitario, o a una medición fiable de audiencias online. De cualquier forma, los datos de tráfico disponibles señalan que los índices de audiencia de Semana.com se han disparado.

Mes a mes, rivaliza en los dos primeros puestos de tráfico, según medidores como Comscore o Analytics, con el diario El Tiempo. El consultor Guillermo Franco anotaba en un artículo para el diario La República que detrás del repunte ha habido una estrategia digital estructurada e inversiones importantes en tecnología, como la adquisición de ARC, el mismo sistema de administración de contenido que utiliza The Washington Post.

James Rodríguez y los caballos de Uribe

"Ahora la producción de contenidos es mayor", dice un reportero que también pide el anonimato. "En un turno de seis o siete horas cada periodista tiene que producir seis o siete historias". Piezas elegidas, añade, por su impacto en los motores de búsqueda y no por una custodia editorial dirigida a jerarquizar la información u ofrecer lo más relevante. "El editor nos entrega una lista con los temas mejor posicionados al iniciar el turno. De acuerdo a esa tabla de tráfico, indistintamente de que haya noticias con más peso, solemos escribir sobre temas llamativos, como el aniversario de un cantante popular o sobre algún lío amoroso en la política americana".

Los cambios de contenido, con acento en las tendencias, han enganchado a una nueva gama de lectores. Catalina Uribe, investigadora del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, describe a una audiencia más atenta a lo local, interesada en los chismes de la farándula o la parte más "macabra" y "sensacionalista" de los sucesos. Un cambio de ciclo que sirve como espejo, agrega el crítico cultural Omar Rincón, para identificar una "reconfiguración de las élites colombianas".

Si, en general, el lector promedio "creía en el disenso, en los derechos humanos, la democracia, la cultura y el proceso de paz", dice Rincón, a la nueva audiencia le "importan cero" estos asuntos y se muestra más inquieta por el estado de salud del cantante J Balvin, las dietas sin sustento científico, las características del avión privado del futbolista James Rodríguez o los vídeos en la cuadra de caballos del expresidente Álvaro Uribe.

Juanita León, fundadora del portal independiente La Silla Vacía, lo resumía en un artículo de noviembre de 2020. "En dos años, la entrada de Gilinski, con su apuesta por Vicky Dávila como el eje central del crecimiento de la revista, desmontó los elementos distintivos de Semana: (…) el periodismo investigativo de largo aliento; el análisis del poder y del Establecimiento; y sobre todo, un modelo construido más alrededor de la influencia que de la rentabilidad".

Asuntos de familia
La familia Gilinski, de raíces lituanas, cimentó su fortuna con un catálogo inicial de negocios en la banca, la industria y los hoteles. Durante años había tenido poca resonancia en la opinión pública colombiana, a pesar de ser una de las familias más poderosas.

Al dar el salto al mundo de los medios, se especulaba mucho sobre la capacidad de Semana de conservar su talante periodístico. Gabriel Gilinski trató de difundir en principio la idea de que la cabecera sería "un medio equilibrado" con "un periodismo sano". Pero las expectativas de los últimos nostálgicos se desvanecieron en noviembre, cuando el grupo empresarial lanzó dos ofertas de adquisición públicas hostiles contra uno de los principales conglomerados del país.

La cobertura de la revista, según el académico Germán Rey, fue un "proceso de desinformación constante, de desprestigio de la contraparte del negocio. La información fue completamente instrumental a los intereses de los Gilinski. Hubo una utilización muy burda de la información, que además ha afectado el curso de un proceso que se debía apoyar en lazos de confianza".

El portal La Silla Vacía analizó 70 artículos publicados por Semana sobre las opas, donde evidenció la forma en que el medio boicoteaba la reputación del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado bajo el cual se hallan las dos compañías en juego, a la vez que ensalzaba las estrategias y pretensiones del clan familiar. conglomerado bajo el cual se hallan las dos compañías en juego, a la vez que ensalzaba las estrategias y pretensiones del clan familiar.

Una fuente anónima de La Silla Vacía reconocía que tras la autoría de más de un artículo relacionado con las negociaciones estaba directamente el joven magnate Gabriel Gilinski –Forbes calcula en 3.800 millones de dólares su fortuna–. Para el doctor en Ciencias de la información Guillermo Mastrini, la amenaza de la avalancha de intereses corporativos sobre la independencia y calidad de los medios excede al caso colombiano. Por eso abre el angular con dos preguntas: ¿Quién, en América Latina, está dispuesto a financiar el periodismo de investigación de calidad ? ¿Y qué tipo de periodismo, en realidad, demandan las sociedades latinoamericanas?".

Las ofertas del grupo Gilinski fueron catalogadas por el Financial Times como "ondas de choque" para un mercado financiero acostumbrado al statu quo como el colombiano y que van afianzado con fuerza a Jaime Gilinski en "una de las bestias comerciales más grandes del país". Con operaciones en Paraguay, Perú y Panamá, el clan ofertó 2.200 millones de dólares por el 62,6% de Nutresa, la compañía de alimentación más grande del país. Y tres semanas más tarde anunció otra apuesta por 1.200 millones de dólares para hacerse con el 31,7% del holding financiero Grupo Sura.

El pasado miércoles, el grupo empresarial se convirtió en el segundo mayor accionista de Sura al lograr hacerse con el 25,42% de la sociedad. Al día siguiente, los medios informaron de que el conglomerado familiar también reforzaba su presencia en el GEA al obtener el 27,69% de la propiedad de Nutresa.

La web de Semana tardó segundos en salir con la portada "¡Gana Gilinski!". Su directora, Vicky Dávila, tuiteó un artículo que se titulaba: "Cómo los Gilinski construyeron un emporio y penetraron el enroque del GEA". La estrategia de emplear al viejo semanario como caballo de batalla para los negocios de sus adinerados dueños había funcionado.
Fuente: El Diario.es

jueves, 13 de enero de 2022

Defensa de la Competencia volvió a rechazar la fusión de Disney y Fox por la posibilidad de posición monopólica

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le aconsejó a Feletti que no apruebe la compra de Fox por parte de Disney. Las firmas vienen pidiendo la autorización desde 2020. Es la segunda vez que un dictamen oficial rechaza la operación.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictaminó en contra de la posibilidad de fusión entre las empresas Disney y Fox en Argentina y le recomendó al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que rechace el pedido realizado por las compañías.

“Esta operación tiene la potencialidad para restringir la competencia en el mercado de señales de TV paga", dijo la CNDC. El mercado de señales de TV básicas deportivas se vería especialmente afectado, en tanto y en cuanto la operación de concentración bajo análisis eliminaría un competidor relevante, dado que Disney ya es dueño de ESPN.

En un informe de 126 páginas, la Comisión concluyó que la operación de concentración económica originalmente y como fuera notificada por las empresas infringe el artículo 8º de la Ley Nº 27.442, “al disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general".

Esta ley, que entró en vigencia en mayo de 2018, prohíbe las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general. Y para la CNDC, la unión de Disney con Fox en Argentina iría en ese sentido.

El Gobierno de Alberto Fernández ya había rechazado la operación en octubre de 2020 al entender que la operación restringía y distorsionaba la competencia y era perjudicial para el interés económico del mercado de señales deportivas. Esto fue apelado por las empresas y ahora la CNDC volvió a dictaminar en el mismo sentido de rechazo a la operación.

Por motivos similares a los de 2020, la Comisión que preside el doctor en derecho mercantil Rodrigo Luchinsky, tomó la decisión de aconsejar a Feletti que rechace la operación para que la firma de origen estadounidense The Walt Disney Company adquiera el control exclusivo de la empresa Twenty-First Century Fox.

Las firmas habían expresado su compromiso de extender el plazo de vigencia y los términos y condiciones comerciales con los pequeños cableoperadores, respecto de la distribución de las señales deportivas básicas de TV por cable por un plazo de tres años a partir de la ‘fecha de aprobación’.

También se comprometieron a extender el plazo de vigencia y los términos y condiciones comerciales con los ‘pequeños cableoperadores’ respecto de la distribución de la señal TV deportiva por cable que incluye partidos de fútbol la Liga Profesional por un plazo de tres años para cableoperadores para menos de 200.000 suscriptores.

Esas propuestas fueron expresadas por las empresas en dos audiencias, una el 11 de mayo de 2021 y la otra el 27 de octubre. Las mismas formaron parte de un proceso habitual en el que el Estado nacional da a cualquier compañía para que efectúe las consideraciones que crea oportunas y ofrezcan soluciones que puedan mitigar los potenciales efectos sobre la competencia.

Tras un largo proceso de casi dos años, ahora la CNDC recomendó a Feletti que rechace todo lo propuesto por las compañías por insuficiente. El secretario de Comercio Interior debe tomar una decisión bajo el paraguas político del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien estaría de acuerdo con impedir la fusión, según indican fuentes oficiales.

La CNDC analizó que todas las propuestas realizadas por Disney y Fox eran insuficientes en contraposición con lo que significaría su fusión: se crearía un gigantesco operador que concentraría un poder sin igual en el mercado local, lo que podría terminar presionando en forma negativa sobre el mercado en general y, principalmente, sobre los cableoperadores del interior.

Aclaran que no hubo rechazo a la fusión de Disney y Fox: el proceso sigue adelante
La Comisión de Defensa de la Competencia hizo una recomendación a Feletti antes de aprobar la compra de Fox por parte de Disney. Se confirmó que no hubo rechazo al proceso. Las firmas solo deben responder a algunas condiciones para avanzar con la aprobación final.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictaminó una recomendación al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para que se generen mejoras y alternativas en la propuesta de fusión entre las empresas Disney y Fox en Argentina antes de que la operación sea aprobada definitivamente.

Fuentes del mercado y gubernamentales que entienden en el tema explicaron a este medio que el dictamen de la comisión tiene el alcance del artículo 14 B de la Nº 27.442, el cual subordina la autorización del acto de fusión de las compañías al cumplimiento de ciertas condiciones que la misma autoridad establece para evitar inconvenientes en contra de la norma que regula estas operaciones.

En un informe de 126 páginas, los expertos de la CNDC entendieron que la operación –como originalmente se había propuesto- tendría la “potencialidad para restringir la competencia en el mercado de señales de TV paga”. El mercado de señales de TV básicas deportivas se vería especialmente afectado, en tanto y en cuanto la operación de concentración bajo análisis eliminaría un competidor relevante, dado que Disney ya es dueño de ESPN. Por ello se necesitan cambios y mejoras en la propuesta.

Dado que se trata de una recomendación no vinculante, ante esto, el proceso para que finalmente The Walt Disney Company adquiera el control exclusivo de la empresa Twenty-First Century Fox sigue adelante. La CNDC indicó que la operación se encontrará en condiciones de ser aprobada cuando se cumplan, según corresponda, las medidas de carácter estructural y las de carácter conductual que recomienda implementar como parte del condicionamiento.

Con su informe de 126 páginas con fecha del 23 de diciembre, la CNDC le da continuidad al expediente, sobre el que ya se había expresado en octubre de 2020 en el Informe de Objeción sobre ciertos mercados objeto de la concentración y sobre los cuales las empresas fueron acercando nuevas alternativas para avanzar y que la fusión pueda ser finalmente aprobada.

Las firmas, por ejemplo, expresaron su compromiso de extender el plazo de vigencia y los términos y condiciones comerciales con los pequeños cableoperadores, respecto de la distribución de las señales deportivas básicas de TV por cable por un plazo de tres años a partir de la ‘fecha de aprobación’.

También se comprometieron a extender el plazo de vigencia y los términos y condiciones comerciales con los ‘pequeños cableoperadores’ respecto de la distribución de la señal TV deportiva por cable que incluye partidos de fútbol la Liga Profesional por un plazo de tres años para cableoperadores para menos de 200.000 suscriptores.

Esas propuestas fueron expresadas el año pasado por las empresas en el marco del expediente en una audiencia llevada a cabo el 11 de mayo y en una presentación del 27 de octubre. Las mismas formaron parte de un proceso habitual en el que el que la Ley de Defensa de la Competencia N. 27.442 da a cualquier compañía para que efectúe las consideraciones que crea oportunas y ofrezcan soluciones que puedan mitigar los potenciales efectos sobre la competencia, para luego avanzar con la aprobación de la operación.

Las fuentes del mercado consultadas por este medio indicaron que la aprobación está sujeta a la revisión de algunas condiciones establecidas por la CNDC sobre las que se está trabajando. Pero esto no significa que haya habido un rechazo al proceso para que Disney pueda comprar finalmente Fox.

El dictamen le sugiere al Secretario de Comercio Feletti atender las recomendaciones antes de tomar una decisión final. Esto es leído en el mercado como un proceso habitual en el que el regulador va pidiendo información, documentación, datos e información a las compañías que proponen una operación de fusión.
Fuente: Diario Los Andes

Amnistía Internacional confirmó el uso de Pegasus para vigilar a periodistas de El Salvador

"El hackeo se produjo mientras las organizaciones informaban sobre temas delicados que involucran a la administración del presidente (Nayib) Bukele, como un escándalo relacionado con la negociación del gobierno de un 'pacto' con la pandilla MS-13 para la reducción de la violencia y apoyo electoral", apunta el informe de Amnistía
Por: Ronald Erazo

Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador.

Amnistía Internacional indicó que verificó el "uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas" y activistas de derechos humanos en El Salvador.

"Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador", indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Añadió que "expertos técnicos del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional han revisado el informe y verificado de forma independiente las pruebas forenses que demuestran el uso abusivo de Pegasus en el país".

"El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Agregó que "las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables".

"Es inaceptable que en El Salvador se vuelvan cada vez más cotidianas las denuncias de acoso y amenaza contra periodistas y personas defensoras de derechos humano, quienes laboran en un ambiente hostil y se encuentran en grave riesgo", subrayó Guevara Rosas.

AI recordó que en noviembre del 2021 "se hizo de conocimiento público que periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil recibieron una alerta de Apple en que se les advertía que posiblemente estaban siendo sujetos de vigilancia selectiva por parte de atacantes patrocinados por un Estado".

La verificación de AI se realizó mediante una muestra que "incluía a varios periodistas de dos medios de comunicación".

"El análisis forense confirmó que cada dispositivo estaba infectado con el programa espía Pegasus de NSO Group", apuntó AI y señaló que "los primeros indicios de ataque en los dispositivos de la muestra se produjeron en torno al 30 de julio de 2020" y "los signos de amenaza o intento de ataque continuaron hasta el 15 de noviembre de 2021".

El informe de Citizen Lab señala que logró confirmar "35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021".

Detalló que "los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, y dos periodistas independientes", además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ, Cristosal y otra ONG.

"El hackeo se produjo mientras las organizaciones informaban sobre temas delicados que involucran a la administración del presidente (Nayib) Bukele, como un escándalo relacionado con la negociación del gobierno de un 'pacto' con la pandilla MS-13 para la reducción de la violencia y apoyo electoral", apunta el informe disponible en el sitio citizenlab.ca.
El periodista Carlos Martínez, ha firmado todas las publicaciones relacionadas con pactos de políticos y pandillas desde 2012. El reportero estaba siendo escuchado en el momento mismo en que Citizen Lab y Access Now analizaban su teléfono en noviembre de 2021. En esos momentos, Martínez ya investigaba e informaba sobre un escándalo relacionado con la negociación del gobierno de un “pacto” con la banda MS-13 para reducir la violencia y asegurar el apoyo electoral. El Faro anticipó que las negociaciones incluyeron a las tres pandillas. 
Asociación de Periodistas y sociedad civil condenan uso de Pegasus para espiar a periodistas
Aministía Internacional en conjunto con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) firmaron este miércoles un comunicado en el que denuncian el presunto uso del sofware de vigilancia, Pegasus, propiedad de una empresa israelí, con el objetivo de interceptar las comunicaciones de teléfonos móviles de periodistas y activistas de El Salvador, de manera ilegal.

"Estos ataques son alarmantes ya que varias de las infecciones ocurrieron después de que las revelaciones del proyecto Pegasus se hicieran públicas en julio de 2021, lo que indica que quienes estaban detrás del spyware estaban al tanto", indicaron en el documento emitido.

Además, manifestaron que los perpetradores del ataque habrían ignorado las denuncias realizadas por El Faro y Gato Encerrado, así como el de las distintas organizaciones de derechos humanos, expertos y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se pronunciaron al respecto.

Según una publicación hecha por el periódico digital El Faro, los celulares de sus colaboradores habrían sido intervenidos un total de 226 veces con Pegasus entre el año 2020 y 2021. "Los periodos de intervenciones fueron desde un día hasta un año bajo ataque constante", señaló el medio. Esto totaliza 17 meses de vigilancia en el que los atacantes habrían tenido acceso total a los aparatos electrónico.

En este sentido, el pasado 21 de septiembre, Amnistía Internacional confirma que los periodistas afectados se habrían puesto en contacto con la línea de ayuda de seguridad digital de Access Now, después de probar sus dispositivos con el kit de herramientas que posee la organización. Posteriormente, todas las vulneraciones fueron confirmadas a través de análisis forense, detectando el sofware en los dispositivos de los denunciantes.

Citado por El Faro, el periodista y fundador de dicho medio, Carlos Dada, aseguró que "No nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el Gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de periodistas. Es completamente inaceptable. Después de las revelaciones del Pegasus Project, esperábamos que los dueños del software cumplieran su palabra y verificaran que no estaba siendo utilizado para perseguir periodistas. Evidentemente no lo hicieron".

Las instituciones que se encargaron de realizar los peritajes explicaron que "si encuentras Pegasus, sabes que esa persona ha sido intervenida por un gobierno" debido a los altos costos que este requiere. Hasta la fecha no se conoce a cabalidad quien está detrás de estas acciones, pero los análisis realizados afirman que uno de los atacantes está en territorio salvadoreño.

Un total de 37 celulares se encuentran infectados con el sistema de espionaje, de los cuales 23 pertenecen a periodistas de El Faro y cuatro a Gato Encerrado; además, otro pertenece a personal de La Prensa Gráfica y el resto a empleados de El Diario de Hoy, Revista Disruptiva y Diario El Mundo.

En el caso del periódico digital El Faro, por ejemplo, el medio detalló que 22 miembros de su equipo -jefaturas, periodistas y miembros de junta directiva y personal administrativo-, fueron intervenidos con Pegasus, en un total de 226 ocasiones entre junio de 2020 y noviembre de 2021.
Ilustración: Fernanda Castro
Fuente: Agencia EFE

Perú: Un juzgado cita a Mark Zuckerberg por violar derecho a la libertad de expresión

El abogado Juan Mejía Seminario interpuso una querella contra el fundador de Meta (Facebook) por considerar que la red social vulneró su derecho de libertad de expresión al bloquear su cuenta

No es algo que ocurre todos los días. Este último martes el Cuarto Juzgado Civil de Piura -región ubicada al norte del Perú- dio luz verde al inicio de una demanda de amparo interpuesta por el abogado Juan Mejía Seminario, quien considera que la red social Facebook (actualmente Meta) vulneró su derecho de libertad de expresión al cerrar su cuenta.

El documento al tuvo acceso LP Derecho no solo admitió a trámite el caso, sino que además solicitó citar a Mark Zuckerberg, fundador de la red social, para que se haga presente de forma remota ante la corte.

En la resolución se estableció citar a Zuckerberg el 17 de junio de este 2022 para que presente sus descargos, según LP Derecho.

Mejía Seminario, el demandante, señaló en su denuncia que al bloquearle la cuenta hace más de un mes Facebook limitó sus derechos y por ello solicitó una indemnización de US$300.000 a la red social y a Zuckerberg.

De acuerdo a LP Derecho, Seminario refirió que Facebook "no puede violentar los derechos de las personas" al ser un medio de comunicación, y consideró que ello ocurrió cuando su opinión no estuvo alineada con las normas de la red social.

"Si tu sacas una opinión con la que no está de acuerdo el señor Mark Zuckerberg, simplemente te bloquean la cuenta. Eso no es lo correcto ni lo legal", añadió Seminario, y agregó que de ser necesario llevará el caso hasta instancias internacionales.

De hecho, el Cuarto Juzgado Civil de Piura ha solicitado que Zuckerberg se conecte el próximo 17 de junio a la audiencia vía Google Meet por lo menos 10 minutos antes de que inicie el evento.

Mark Zuckerberg es CEO y cofundador de Facebook (Meta), la red social más grande del mundo. El negocio con sede en Menlo Park, California, tuvo ingresos de US$86 mil millones en 2020 y tiene alrededor de 2.800 millones de usuarios mensuales. Zuckerberg ocupa el sexto lugar en el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El origen del COVID-19 y Facebook
En la publicación del 13 de mayo de 2021 que dio origen a esta demanda, Mejía afirmaba que el coronavirus causante de la emergencia sanitaria de COVID-19 había sido creado en un laboratorio de China para dañar las economías del mundo y que este país debería responsabilizarse por los millones de muertes a nivel global.

Si bien las teorías de la conspiración han sido siempre rechazadas rotunda y tajantemente por el Gobierno chino, aún no hay datos concluyentes sobre el origen del coronavirus, y desde el 27 de mayo de 2021 Facebook dejó de vetar las publicaciones que atribuían el inicio de la pandemia a la mano humana en un laboratorio.

La red social creada por Zuckerberg tomó esa decisión tras conocerse un informe de inteligencia de los Estados Unidos que reportaba las hospitalizaciones de varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan (China) en noviembre de 2019.

Sin embargo, los nuevos intentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de hacer mayores investigaciones sobre el origen del coronavirus han sido hasta ahora frenados en seco por el Gobierno chino, que se siente víctima de una "politización" del tema.
Foto: Drew Angerer/Getty
Fuentes: Agencias Bloomberg y DW

miércoles, 12 de enero de 2022

Más de 80 organizaciones piden a YouTube que tome medidas contra la desinformación

Más de 80 organizaciones de verificación de más de 40 países piden que YouTube tome medidas para dejar de ser "uno de los principales canales de desinformación del mundo"

Más de 80 organizaciones profesionales de verificación de hechos de más de 40 países enviaron una carta a la directora general de YouTube Susan Wojcicki el pasado 12 de enero de 2022, en la que la instan a tomar al menos cuatro medidas para que la empresa deje de ser "uno de los principales canales de desinformación del mundo".

Los verificadores de hechos enumeran en su carta varios ejemplos de videos de YouTube de diferentes países que han causado verdaderos daños en la vida real y que, sin embargo, pasaron desapercibidos por las políticas actuales de la empresa. Para la comunidad de verificación de datos, estas son solo algunas pruebas de que las políticas puestas en marcha por YouTube para combatir la desinformación son "insuficientes" y "no funcionan".

Los verificadores de hechos destacaron en su carta que la situación es aún peor en los países no anglófonos y en el sur global, donde las políticas se aplican aún menos.

Las organizaciones de verificación de hechos han solicitado cuatro medidas a la directora general de YouTube:
  • Ejercer una transparencia significativa acerca de cómo viaja la desinformación en la plataforma y divulgar públicamente sus políticas para abordarla.
  • Centrarse en proporcionar el contexto en lugar de eliminar los videos. Esto puede hacerse estableciendo una colaboración significativa y estructurada con organizaciones de verificación de hechos e invirtiendo en su trabajo.
  • Actuar contra los infractores reincidentes que producen contenidos constantemente marcados como desinformación e impedir que sus videos sean recomendados o promocionados por los algoritmos de la empresa.
  • Ampliar estos esfuerzos a las lenguas distintas del inglés y proporcionar datos específicos para los países e idiomas, así como servicios de transcripción eficaces.
Los verificadores de hechos también rechazan los intentos de YouTube de enmarcar el debate como una falsa elección entre borrar o no borrar videos. El grupo le recuerda a la empresa las pruebas disponibles hoy en día que apoyan la eficacia de presentar información adicional con verificación de hechos en lugar de hacer desaparecer los videos. Esta solución, dicen los signatarios de la carta, "preserva la libertad de expresión al tiempo que mitiga los riesgos de daño a la vida, la salud, la seguridad y los procesos democráticos".

En su comunicación a Wojcicki, los signatarios expresaron su voluntad de apoyar a YouTube para poner en práctica esas solicitudes y "hacer de YouTube una plataforma que realmente haga todo lo posible para evitar que la desinformación y la información errónea se conviertan en armas contra sus usuarios y la sociedad en general".

El grupo espera tener una reunión con la directora general de YouTube para discutir las cuestiones planteadas en la carta.

Carta abierta a la CEO de YouTube de los fact-checkers del mundo
Estimada Susan Wojcicki:
Han pasado casi dos años desde que comenzó la pandemia del COVID-19. El mundo ha visto una y otra vez lo destructiva que puede ser la desinformación para la convivencia, la democracia y la salud pública; se han arruinado demasiadas vidas y medios de vida, y demasiadas personas han perdido a seres queridos por culpa de la desinformación.

Como red internacional de organizaciones de verificación, nos dedicamos a observar cómo se difunden las mentiras en Internet, y cada día comprobamos que YouTube es uno de los principales canales de desinformación del mundo. Este es un tema importante y preocupante para nuestra comunidad global de verificadores.

No vemos un esfuerzo real por parte de YouTube a la hora de aplicar políticas que aborden el problema. Por el contrario, YouTube permite que actores sin escrúpulos utilicen su plataforma como un arma para manipular y explotar a otras personas, y para organizarse y recaudar fondos. Las medidas actuales resultan insuficientes. Por esta razón, le instamos a que tome medidas eficaces contra la desinformación y la información errónea, a que elabore una hoja de ruta de intervenciones que mejoren su ecosistema informativo, y a que lo haga de la mano de las organizaciones independientes y apartidistas de verificación.

En el último año hemos visto cómo los grupos negacionistas prosperaban y colaboraban más allá de fronteras, incluyendo un movimiento que comenzó en Alemania, saltó a España y se extendió por América Latina, todo ello a través de YouTube. A la vez, millones de usuarios tenían acceso a vídeos en griego o árabe que les animaban a unirse a boicots contra las vacunas o a tratar las infecciones de COVID-19 usando falsas curas. Aparte de la información falsa relacionada con la pandemia, vídeos de YouTube han estado promoviendo falsos remedios para el cáncer durante años.

En Brasil, la plataforma se ha utilizado para amplificar el discurso de odio contra grupos vulnerables, con mensajes que han llegado a decenas de miles de usuarios. Los procesos electorales tampoco han permanecido al margen: en Filipinas, contenidos falsos con más de 2 millones de visitas que niegan la vulneración de los derechos humanos y la corrupción durante los años de la dictadura de Marcos se han utilizado para mejorar la reputación del hijo del último dictador, uno de los candidatos a las elecciones de 2022. En Taiwán, las últimas elecciones se vieron empañadas por acusaciones infundadas de fraude. El mundo entero también fue testigo de las consecuencias de la desinformación cuando una turba violenta asaltó el Capitolio de los Estados Unidos el pasado año. Desde la víspera de las elecciones presidenciales de EE. UU. hasta el día después, los vídeos de YouTube que apoyaban la narrativa del "fraude" habían tenido más de 33 millones de visualizaciones.

Los ejemplos son demasiados para llevar la cuenta. Muchos de esos vídeos y canales siguen activos a día de hoy y todos se colaron a través de los controles de YouTube, especialmente en los países de habla no inglesa y del Sur global. Nos alegramos de que la compañía haya tomado algunas medidas para tratar de solucionar este problema, pero a tenor de lo que vemos a diario en la plataforma, creemos que estas iniciativas no están funcionando, y YouTube tampoco ha publicado datos de calidad que respalden su eficacia.

Hasta el momento, la compañía ha limitado el debate sobre la desinformación a una falsa dicotomía entre borrar o no borrar contenidos. De este modo, YouTube evita la posibilidad de hacer aquello que realmente funciona: nuestra experiencia como verificadores y la evidencia académica demuestran que dar contexto con información contrastada es más eficaz que eliminar contenidos. Esta alternativa también preserva la libertad de expresión al tiempo que reconoce que aportar esa información adicional puede mitigar los riesgos para la vida, la salud, la seguridad y los procesos democráticos. Y dado que una gran parte de las visualizaciones en YouTube proceden de su propio algoritmo de recomendación, la plataforma también debería asegurarse de no promover activamente la desinformación ni recomendar a los usuarios contenidos procedentes de canales poco fiables.

Teniendo en cuenta todo esto, proponemos algunas soluciones que marcarían una gran diferencia a la hora de reducir la difusión de la desinformación y la información errónea en YouTube.
  1. Un serio compromiso de transparencia con respecto a la desinformación en la plataforma. YouTube debe apoyar la investigación independiente sobre el origen, alcance e impacto de las diferentes campañas de desinformación, y sobre los métodos más eficaces de combatir la información falsa. También debe publicar de forma íntegra su política de moderación respecto de la desinformación y la información errónea, incluyendo el uso de inteligencia artificial y los datos en que esta se basa.
  2. Más allá de eliminar los contenidos que incumplan la ley, YouTube debe centrarse en proporcionar contexto y desmentidos claramente superpuestos en los vídeos o como contenido de vídeo adicional. Eso sólo puede llevarse a cabo mediante una colaboración significativa y estructurada en la que YouTube asuma responsabilidades e invierta sistemáticamente en iniciativas independientes de verificación de hechos que trabajan en todo el mundo para resolver estos problemas.
  3. Actuar contra los desinformadores reincidentes que producen contenidos que se señalan constantemente como desinformación e información errónea, en particular aquellos que monetizan esos contenidos dentro y fuera de la plataforma. En concreto, se trata de impedir que los algoritmos de recomendación promuevan contenidos de esas fuentes de desinformación.
  4. Ampliar los esfuerzos actuales y futuros contra la desinformación y la información errónea en lenguas distintas del inglés, y proporcionar datos específicos por países y lenguas, así como servicios de transcripción que funcionen en cualquier idioma.
Esperamos que usted valore la posibilidad de poner en práctica estas ideas por el bien público y para lograr que YouTube sea una plataforma que realmente ponga todos los medios para evitar que la desinformación y la información errónea se conviertan en armas contra los usuarios y la sociedad en general. Estamos preparados para prestar a YouTube toda la ayuda que necesite en esta tarea. Nos gustaría reunirnos con usted para hablar sobre estos asuntos y encontrar formas que conduzcan a una colaboración eficaz. Esperamos su respuesta a esta propuesta.

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lunes, 10 de enero de 2022

Condenan a periodista y Penguin Random House, por libro sobre poderoso político

El juez peruano condenó el lunes por difamación agravada a un periodista y a su editor por la publicación de un libro sobre un millonario y poderoso político que les inició una querella hace un año.

El magistrado Raúl Jesús también ordenó —al reportero Christopher Acosta, al editor Jerónimo Pimentel y a la editorial Penguin Random House, donde se publicó el libro "Plata como cancha: Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña"— pagar 100.000 dólares en favor del político, dos veces excandidato presidencial y jefe del influyente partido político Alianza para el Progreso.

Acosta publicó el libro en 2021 y en él reconstruye la vida del político a partir de citas de terceros que lo conocieron, incluyendo a extrabajadores y a su exesposa. El periodista relata hechos desconocidos de la vida del también empresario, dueño de una universidad, de un equipo de fútbol y jefe de un partido político representado en 22 escaños en el actual congreso, además de cientos de municipios en Perú.

El juez afirmó que 35 frases del libro son difamatorias en contra de Acuña. El periodista y el editor apelaron la decisión del magistrado, quien además los condenó a dos años de cárcel suspendida (o no efectiva).

Organismos defensores de la libertad de expresión, anticorrupción y gremios periodísticos criticaron la decisión judicial y su polémica interpretación sobre la validez de la cita entrecomillada que usan a diario los periodistas para recoger opiniones.

Reporteros sin Fronteras indicó que el juez "no considera válido que el periodista cite testimonios de terceros que en el pasado tuvieron conflictos o vínculos de algún tipo con el político". La Asociación Nacional de Periodistas del Perú criticó que el juez desestime frases utilizadas por el periodista en el legítimo uso de la cita textual bajo el argumento de no haber sido corroboradas por fuentes confiables. "Esto atenta contra todos los estándares nacionales y supranacionales que amparan el quehacer periodístico", dijo el gremio peruano.

A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó al Congreso peruano que legisle "con urgencia" para descriminalizar los delitos contra el honor. La SIP añadió que el Congreso peruano "debe legislar con urgencia para evitar que los políticos puedan usar el sistema judicial para desmontar procesos que terminan siendo utilizados para criminalizar al periodismo sobre acciones de personas públicas y temas de interés público".

Acuña, de 69 años y quien no asistió a la audiencia, no se ha pronunciado al momento. El periodista Acosta indicó que "Acuña, como personaje público, le debe una explicación al país para hacerle entender por qué se siente difamado y qué parte del libro le parece que daña su honra".

La sentencia será analizada, en una fecha a determinar, por un juzgado en segunda instancia.
"La condena judicial a Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel afecta la libertad expresión, fundamento de la democracia. Esperamos que el Poder Judicial corrija esta decisión, en el marco de las garantías que los tratados y leyes dan a la libertad de prensa", compartió en su cuenta de Twitter la organización @ACTransparencia
Reporte fiel y malicia
En su afán de emitir una condena, el juez tampoco responde otros principios que protegen el ejercicio del periodismo, como el reporte fiel y la falta de malicia.

El periodista informa sobre lo que le informan sus fuentes y esta información no siempre es factible de ser verificada, por lo que al evaluar el trabajo periodístico se toma en cuenta si hay una intencionalidad manifiesta, una malicia por generar un daño.

La jurisprudencia, en Estados Unidos, Reino Unido y España, han reconocido que el periodista recibe información de sus fuentes, que muchas veces no puede ser contrastada y verificada.

Además, una cosa es verificar lo que alguien dice y otra cosas es que el hecho sea verdadero. La verdad es relativa, no hay una única verdad, por lo que la libertad de información y expresión también protege el error desprovisto de malicia.

Restringir la información solo a lo que alguien diga que es verdad, constituye una censura a la prensa y restringe el intercambio de ideas y el debate democrático. En una democracia, es el debate el que permite la búsqueda de la verdad.
Plata como cancha

En 2010, un video de la campaña política de Cesar Acuña para ser reelegido como alcalde de Trujillo fue difundido. En él se mencionaba la frase que años más tarde se convertiría en el título del libro del periodista Christopher Acosta: "plata como cancha". Además, se indicaba que su objetivo era postular a la presidencia del Perú. 

"Queremos seguir gobernando Trujillo, para eso Dios nos da esta oportunidad. Luego, yo renuncio, se quedan de alcaldes y yo me voy a la campaña presidencial. Tendríamos Gobierno local, regional y hasta presidente. Eso ya sería el acabose. Plata como cancha para ustedes", dijo Acuña.

La sentencia
"El señor juez del Trigésimo Juzgado Penal Liquidador de Lima", falla condenando a Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada en agravio a César Acuña Peralta, respecto a las frases contenidas en el libro Plata como cancha", se leyó durante la sentencia.

"Se les impone a 2 años de pena privativa de libertad cuya ejecución se suspende por el término de un año, quedando sujetos al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: No ausentarse de su residencia sin previo aviso y organización del juzgado, concurrir a la oficina de biométricos electrónicos cada 60 días, a fin de que estampen su firma e informen sobre sus actividades. Asimismo se les impone la pena de 250 días multa que deberán pagar los sentenciados a razón del 25% del haber diario y fija la suma de 400,00 soles por concepto de reparación civil que deberán abonar de forma solidaria los sentenciados a favor de César Acuña Peralta", se agrega.
Fuentes: Associated Press y La República

Ordenan a Santiago O’Donnell entregar grabaciones con Mariano Macri: "El fallo socava descaradamente la libertad de prensa y sienta un precedente terrible"

Las autoridades argentinas deberían retirar la orden al periodista Santiago O’Donnell de entregar las grabaciones de sus entrevistas con el hermano del expresidente Mauricio Macri, expresó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

O’Donnell, quien escribió un libro en 2020 basado en entrevistas con Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, se enfrenta a una orden judicial desde principios de 2021 para entregar grabaciones de sus entrevistas como parte de un caso civil iniciado por Mariano Macri.

El 15 de diciembre de 2021, la apelación de O’Donnell contra la orden judicial expiró, dijo su abogado Damián Loreti, que habló con CPJ.

O’Donnell no ha entregado las grabaciones al día de hoy, dijo Loreti a CPJ. La negativa a cumplir podría conllevar una multa de hasta aproximadamente US$ 67.000 y las autoridades podrían incautar las grabaciones, de acuerdo con el artículo 329 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de Argentina.

"Estamos consternados por la reciente decisión judicial argentina que ordenó al periodista Santiago O’Donnell entregar grabaciones de entrevistas que realizó con el hermano del ex presidente", dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe del CPJ, en Nueva York. "El fallo socava descaradamente la libertad de prensa y sienta un precedente terrible que es incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales de Argentina con respecto a la libertad de expresión e información".
"Es una buena oportunidad de la Corte Suprema para legislar en un tema donde no hay protecciones a las fuentes periodísticas como existen en Europa y otros países avanzados. En Argentina existen a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y en el sistema interamericano, pero no en el Supremo Tribunal", expresó O’Donnell
El 23 de diciembre de 2020, Mariano Macri interpuso una petición ante el Juzgado Nacional de 1era instancia en lo Civil Nro. 6 solicitando las grabaciones de sus entrevistas para poder entablar una futura demanda civil por daños y perjuicios contra O’Donnell.

El CPJ envió un correo electrónico al abogado de Mariano Macri, Juan Manuel Quintana, en busca de comentarios e información sobre los detalles de la acción civil, pero no recibió respuesta.

El 7 de febrero de 2021 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 6 accedió a la petición de Macri.

"Al sentar este precedente, la Justicia está abriendo una puerta muy peligrosa", dijo Loreti.

El libro de O’Donnell, Hermano: La confesión de Mariano Macri sobre la trama del poder, la política, los negocios y la familia detrás de su hermano Mauricio, publicado en 2020, contiene denuncias de fraude que involucran a miembros de la familia Macri.

La expiración del 15 de diciembre de la apelación de O’Donnell no se puede apelar más, dijo su abogado. Por separado, los abogados de O’Donnell presentaron una moción especial ante la Corte Suprema el 20 de octubre de 2021, buscando suspender la orden; esa moción aún está pendiente y no hay un plazo para la decisión del máximo tribunal, dijo Loreti.

El CPJ llamó al Juzgado Nacional de 1era instancia en lo Civil Nro. 6 para comentarios, pero nadie respondió; cuando el CPJ llamó a la Corte Suprema, se solicitó una respuesta automática para volver a llamar más tarde.

Preocupación de AdEPA por la intimación judicial al periodista Santiago O’Donnell
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) reafirma su preocupación por la intimación judicial al periodista Santiago O’Donnell, a quien se le exige la entrega íntegra de las grabaciones que realizó a Mariano Macri para la elaboración del libro “Hermano”. 

Como ya lo expresó AdEPA, dicho requerimiento constituye una afectación del secreto periodístico en lo que respecta a la búsqueda y recolección de información, así como a las técnicas y procedimientos aplicados por el periodista con ese fin.

La garantía de secreto e inviolabilidad del ejercicio periodístico debe resguardar también a los materiales, anotaciones, borradores, comentarios, datos y otros elementos elaborados u obtenidos por el periodista a lo largo del proceso de investigación, con independencia de que exista o no una fuente involucrada. El desconocimiento de esta garantía es incompatible con el ejercicio de un periodismo libre y vigoroso.

Exigir el acceso a los materiales, borradores o procedimientos desarrollados por el periodista en la etapa de elaboración de la nota limita y obtura la libertad en la elaboración del trabajo periodístico, pues inhibe la libre formulación de hipótesis, valoraciones, análisis o comentarios que forman parte de la tarea profesional, y por ende desincentiva el ejercicio de la investigación. Sin ese ámbito de confidencialidad, las publicaciones periodísticas no podrían estar precedidas por una elaboración libre y rica en posibilidades que luego serán plasmadas o descartadas en el trabajo que se da a conocer.  De esta manera, la intimación judicial contra el periodista Santiago O’Donnell resulta incompatible con los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional y con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  También vulnera el punto 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada en 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fotos: Pepe Mateos
Fuente: MedioExtremo

Andrew Jennings 1943 - 2022

Andrew Jennings, el periodista británico que fue clave en la investigación que derivó en el FIFAgate, falleció a los 78 años, víctima de una enfermedad repentina, confirmaron sus familiares. Jennings se hizo famoso en el mundo entero por sus investigaciones y denuncias de corrupción en grandes corporaciones deportivas como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI), entre otras.

En un mensaje publicado el lunes en su cuenta oficial de Twitter dice que Jennings falleció el sábado "tras una breve y repentina enfermedad". No se dieron más detalles.

"Si habría que ponerle un solo nombre a la revolución del debate del deporte internacional en los últimos 30 años ... ese nombre y esa persona sería Andrew Jennings", escribió Jens Sejer Andersen, director de activismo de Play The Game, organización que promueve una conducta ética en el deporte.
"La FIFA es una mafia. Sepp Blatter es el padrino y el silencio es el código", dijo Jennings en un programa de la BBC, Panorama, en el que cuenta su obsesión por destapar la corrupción de la FIFA: "Yo he investigado las corruptas decisiones de la FIFA, mientras Sepp intentaba enterrar las pruebas".
Jennings recabó pruebas y escribió libros que estremecieron la reputación de entidades internacionales del deporte y sus líderes, poniéndoles en la mira de los medios de prensa.

Sus libros incluyen "The Lords of The Rings" (Los Señores de los Anillos) publicado en 1992 y "Foul!" en 2005. Ambos son textos esenciales para entender mejor los manejos en el seno del Comité Olímpico Internacional y la FIFA.

Solía ser el reportero que en sus ruedas de prensa hacía las preguntas más directas y provocadoras.
"Creo que Blatter tendrá que tomarse un descanso del fútbol, sea por la cárcel o por la jubilación", dijo y agregó: "Tras quince años de investigar este tema, quizás es también momento para mí de poner las piernas a descansar, aunque sea por unas horas".
El trabajo de Jennings sirvió de pilar para la investigación de la justicia de Estados Unidos a los estamentos del fútbol mundial, desembocando en el FIFAGate. El escándalo propició la caída en desgracia del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.

Jennings también fue el realizador de documentales investigativos sobre la FIFA para la BBC. Esos programas provocaron que el predecesor de Blatter, el brasileño Joao Havelange, fuera despojado de sus títulos honorarios en la FIFA y el COI.
Fuentes: Agencias AFP - AP

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