Por: Juan José Torres Núñez
Para el periodista australiano John Pilger, el cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, se enfrenta desde el pasado lunes 24 de febrero a una extradición a Estados Unidos porque el año 2010 publicó 391.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak y 91.000 sobre la guerra de Afganistán, así como 225.000 cables diplomáticos que mostraron al mundo la verdad de los crímenes de guerra que el imperialismo estadounidense cometió. En su artículo Julian Assange Must be Freed, Not Betrayed [Julian Assange debe ser liberado, no traicionado], Pilger considera que esta publicación ha sido un acto de “coraje” del periodista australiano Assange porque “WikiLeaks ha descubierto cómo se fabrican las guerras ilegales, cómo se derrocan gobiernos [legítimos], cómo se utiliza la violencia en nuestro nombre y cómo somos espiados a través de nuestros teléfonos móviles y en las pantallas”. Y también cómo han sido expuestas “las verdaderas mentiras de los presidentes, embajadores, políticos, generales [y] defraudadores”. Según Pilger, la parodia de este juicio político que ha comenzado en el Tribunal de Woolwich contra su “heroico” compatriota, no muy lejos de la prisión para terroristas de Belmarsh en Londres, donde se encuentra, debe terminar lo antes posible en nombre de la dignidad humana.
Pilger pone como ejemplo de esta farsa la publicación de WikiLeaks que “filtró a la prensa los e-mails de John Podesta, director de campaña de la candidata a presidenta Hillary Clinton, que revelaron una conexión directa entre Clinton, la Fundación que ella comparte con su marido [Bill Clinton] y la financiación del yihadismo organizado en Oriente Medio –terrorismo”. El New York Times publicó, según Pilger, que los e-mails de Podesta desencadenaron una campaña injuriosa contra Assange, sin ninguna prueba. De la noche a la mañana, Assange se convirtió en “un agente de Rusia que trabajaba para que Donald Trump ganara las elecciones [en 2016]”. A esta campaña absurda le siguió el Rusiagate, como todos sabemos. Nils Melzer, el Relator de la ONU para la tortura, comentó según el Executive Intelligence Review que “Julian Assange es la única persona viva que conoce la mentira de todo el Rusiagate, perpetrado principalmente por la inteligencia británica y elementos controlados de la inteligencia estadounidense […]. Los documentos detallaron la sumisión de Hillary Clinton a Wall Street y toda clase de entresijos de la Fundación”. La encarcelación de Assange se convirtió, pues, en una prioridad. Todavía hoy, Hillary Clinton en la presentación de su documental Hillary, en la Berlinale, mantiene que “los servicios secretos rusos aún trabajan para la campaña de Trump”. Sería interesante ver las mentiras que cuenta en su documental. Se entiende muy bien que ella haya difamado a Assange con exabruptos como: “es un nihilista al servicio de los dictadores”. Debe estar dolida por el documento filtrado por WikiLeaks, Libya Tick Tock, que la describe, con palabras de Pilger, como “la figura central que destruyó el Estado de Libia en 2011, [arrojando el siguiente resultado]: 40.000 muertos, la llegada del Estado islámico [ISIS] al norte de África y la crisis europea de migrantes y refugiados”.
En este juicio político vemos una contradicción. Si la Enmienda I de la Constitución de EE UU dice textualmente que “El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni pondrá cortapisas a la libertad de expresión o de la prensa”, ¿cómo se le puede pedir a un periodista extranjero que no diga la verdad? Incluso el New York Times ha señalado que “los esfuerzos de acusar a Assange podrían tener un efecto escalofriante sobre el periodismo estadounidense porque [esta acusación] apunta directamente al corazón de le Enmienda I”. El caso de Assange muestra que EE UU no respeta el derecho internacional y pone en peligro el periodismo independiente en todo el mundo. Por esta razón advertí en mi artículo Julian Assange y el periodismo independiente que los periodistas deben defender las publicaciones de WikiLeaks y todos los medios libres porque lo que en realidad corre grave peligro es la libertad de prensa. Esto significa que un periodista en cualquier lugar del mundo se arriesga a ser acusado por EE UU si publica un artículo que vulnere sus leyes, según su interpretación. En su artículo A Tale of Three Extraditions as Assange’s Hearings Begins Monday, Joe Lauria cita extractos de una carta firmada por más de 1.300 periodistas de todo el mundo en la que piden la libertad de Jualian Assange “en este momento crítico [y] peligroso”. Y exigen “un periodismo sin miedo”. La carta afirma que “todos los periodistas utilizan información de fuentes confidenciales. [Por tanto], las acciones legales son un precedente extremadamente peligroso que amenaza el periodismo mundial y los medios de comunicación”. Todos los firmantes creen que el encarcelamiento de Assange y las actuaciones del Tribunal son un error flagrante de la justicia. Lauria precisa que el Artículo 4.1 del Tratado de Extradición entre EE UU y el Reino Unido, de 2003, dice claramente que “La extradición no debe concederse si el delito por el cual se pide la extradición es una ofensa política”.
En las audiencias se ha discutido mucho la cuestión sobre la ofensa política entre la acusación y la defensa, según vemos en los resúmenes de las actas de las sesiones publicadas por el abogado de Assange, Jen Robinson. Por cierto, su lectura causa rabia, indignación y pena no solo porque Assange se encuentra encerrado y humillado al fondo de la sala en una cabina de cristal a prueba de bala sin poder hablar con sus abogados, sino porque en realidad no se habla de lo más importante: las pruebas de los crímenes de guerra, la tortura y los abusos de los derechos humanos. Todo esto le importa poco a la acusación. Por esta razón el ex juez Baltasar Garzón declaró que “les ha dado igual que se produjera o no una violación de derechos. Les ha dado igual todo. Solo les importa que quedara claro que se había ignorado la legislación estadounidense”. La batalla de la acusación consiste en demostrar lo indemostrable para que no se hable de ofensa política y así poder extraditar a Julian Assange a EE UU, sin aplicar el Artículo 4.1. La acusación quiere tergiversar los hechos. Acusan a Assange de poner en peligro vidas humanas. El abogado James Lewis, que representa a EE UU, manifestó que el periodismo no puede servir como excusa para que se vulneren las leyes y se ponga en peligro vidas humanas.
Estas palabras resultan indignantes, después de haber visto el vídeo Collateral Murder [Asesinato colateral]. Tiene una duración de 17 minutos y 47 segundos de angustia, para las personas con dignidad. Nos damos cuenta de las cloacas y la degradación moral de EE UU. Vemos a soldados estadounidenses acribillando a tiros sin piedad desde un helicóptero a “doce o quince” civiles, según dicen ellos, y cómo celebran los crímenes. Assange no vulneró leyes ni puso en peligro vidas humanas, simplemente con su periodismo reveló los crímenes de guerra de estos soldados. Y por estos hechos se enfrenta en un juicio político a una posible condena de 175 años de prisión. Uno de los momentos más desgarradores del vídeo se ve cuando después de haber causado una matanza de civiles, entre los que había dos periodistas, uno de los soldados dice: “Let’s shoot some more” [Disparemos a alguno más]. Y cuando ven los “dead bastards” [bastardos muertos], como les llaman ellos, en vez de decir: “The horror! The horror!”, pues lo celebran con un “Fuck!” [Que le den, que se jodan]. Ray MacGovern afirma que “cada estadounidense debería ver este vídeo para darse cuenta de la clase de crímenes de guerra que WikiLeaks ha expuesto […] y para comprender por qué el Establishment de Washington está tan enfadado”. Para McGovern la extradición de Assange “por publicar la verdad de los crímenes de guerra de EE UU y del Reino Unido [sería] un proceso legal obsceno”. Este vídeo nos trae a la memoria la matanza de campesinos y campesinas de la aldea My Lai en Vietnam el 16 de marzo de 1968, cuando una compañía de soldados estadounidenses empezó a disparar de forma indiscriminada, sin ninguna provocación y sin distinción de edades ni sexos. Esta cultura de la violencia muestra el descenso a las tinieblas de EE UU, muy bien descrito en el libro de Howard Jones, My Lai: Vietnam, 1968 and the Descent into Darkness.
McGovern opina que esta farsa kafkiana que estamos presenciando “ha sido con toda seguridad diseñada por Estados Unidos y sus vasallos cómplices como Suecia, Reino Unido, Ecuador” y Australia. Nils Melzer declaró que se faltó a la verdad al acusar a Assang de violación, cuando llegó a Londres desde Suecia. La policía inglesa lo arrestó en diciembre de 2010, pero la declaración de la policía sueca llegó “alterada y firmada”, a pesar de que la mujer en cuestión se había negado a firmarla en Estocolmo. Melzer afirmó: “Yo hablo sueco con fluidez y leí los documentos originales […], la violación nunca ocurrió. Tengo todos los e-mails y los mensajes de texto”. Y Pilger señala que “Australia podía haber rescatado a Assange y todavía puede hacerlo. Pero ha sido “abandonado y traicionado” en una parodia que resume muy bien una mujer portando una pancarta en la concentración frente al Tribunal de Woolwich en donde se leía: Jail the war criminals [Encarcelen a los criminales de guerra] y no condenen el periodismo por sacar a la luz los crímenes de guerra.
Assange, la prensa en peligro
El juicio de extradición evidencia una falta de garantías ante la jurisdicción de EE UU
Por: Baltasar Garzón
La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, libran estos días una batalla determinante en la que las sociedades civilizadas se juegan en gran medida la esencia misma de la democracia, es decir, la rendición de cuentas de los gobernantes ante sus ciudadanos. Me refiero al juicio de extradición que comienza en Londres contra el periodista Julian Assange, a instancias de Estados Unidos de Norteamérica.
Si el fundador de la agencia de noticias WikiLeaks fuera entregado a este país se habría sacrificado la transparencia de nuestros gobiernos ante la daga de la seguridad nacional. La prensa mundial quedaría en una situación alarmante, pudiendo ser procesada por la justicia estadounidense, sin defensa factible, a su entera voluntad, siempre que considere que una concreta publicación ha afectado a sus poderosas instituciones. El ejercicio del poder ejecutivo avanzaría por la senda totalitaria sin una prensa combativa que fiscalice su actuación.
Al señor Assange le acusan las autoridades norteamericanas de cometer 18 delitos, 17 de los cuales se registran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una anacrónica norma para perseguir espías en el marco de la Primera Guerra Mundial; y uno relacionado con la supuesta ayuda a la militar Chelsea Manning para manejar las computadoras desde donde, dicen, salió la información. La petición de pena es de nada menos que 175 años de cárcel, lo que implica de facto una cadena perpetua, en unas condiciones de aislamiento casi absoluto, por aplicación de las denominadas “Medidas Administrativas Especiales” (SAMS). Su crimen consiste en la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los cables del Departamento de Estado y los archivos de Guantánamo sobre los allí encarcelados. Unas publicaciones que evidenciaron la comisión de crímenes de guerra, torturas sistemáticas y demás crímenes internacionales.
WikiLeaks es una agencia de noticias que creó un sistema de cortafuegos en las IPs para garantizar que cualquier whistleblower del mundo pudiera enviar información sobre comisión de delitos a la plataforma, garantizando el anonimato de la fuente. Paradójicamente, la directiva europea sobre los alertadores contra la corrupción va en ese sentido.
La agencia de noticias ha publicado datos relevantes, como el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil por la multinacional Trafigura, los manuales de instrucción de la base militar de Guantánamo, evidencias de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Kenia o la censura de Internet en China, entre otros. WikiLeaks ha sido por ello galardonada con múltiples premios internacionales.
Su crimen consiste en sacar a la luz unas publicaciones que evidenciaron la comisión de crímenes de guerra, torturas sistemáticas y crímenes internacionales
Estados Unidos jamás perdonó que WikiLeaks sometiera su política exterior al escrutinio de la opinión pública mundial. Nunca aceptó que evidenciara la comisión de crímenes internacionales por parte de su Ejército. Tampoco perdonó a quien, según la justicia de ese país, habría sido la fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning quien en la actualidad se encuentra nuevamente en prisión por negarse a declarar contra Assange.
El calvario de Assange desde la publicación de los diarios de la guerra de Irak y Afganistán tiene tintes de tortura, como ha confirmado el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer. En 2012 tuvo que refugiarse en la minúscula Embajada de Ecuador en Londres para evitar una entrega a Suecia, donde se negaban garantías de no reextradición a Estados Unidos, por una caótica causa sin sentido alguno que jamás formuló cargos y que se cerró tres veces sin evidencias. Durante casi siete años Julian Assange vivió sin acceso a luz solar ni al aire fresco, con un padecimiento físico y psicológico indescriptible. Actualmente, ya detenido tras presiones económicas de Estados Unidos al actual Gobierno de Ecuador, su situación es insostenible. Está en una cárcel de máxima seguridad, conocida como la “Guantánamo Británica”, con un limitado acceso a abogados y en una situación de práctico aislamiento.
La extradición que comienza el 24 de febrero y que culminará el 5 de junio debe inapelablemente concluir con la denegación de la entrega del periodista. El peligroso precedente que podría suponer ha sido advertido por la práctica totalidad de los organismos internacionales del mundo.
La justicia británica debe denegar esta extradición y poner fin a la persecución política. Julian Assange, como periodista, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se recoge el derecho a la libertad de prensa y a la publicación de información veraz obtenida de fuentes anónimas. También por la desproporción que implica la aplicación de la Ley de Espionaje y una pena de 175 años de cárcel contra un periodista en ejercicio. Sin olvidar gravísimos hechos como que la Audiencia Nacional de España esté investigando a la empresa de seguridad española que prestaba servicios en la embajada, por un abusivo y totalitario esquema de presunto espionaje contra Assange y sus abogados en favor de servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Todo evidencia una absoluta falta de garantías del periodista ante la jurisdicción norteamericana.
*Baltasar Garzón es abogado coordinador de la defensa internacional de Julian Assange.
Foto: Agencia EFE
Fuentes: InfoLibre y El País
