SATTSAID impugnó el decreto argumentando que vulnera derechos adquiridos por trabajadores y afecta a empresas vinculadas a los medios de comunicación, disminuyendo sus ingresos y, por ende, el bienestar de los trabajadores. El sindicato alegó que la suspensión de la pauta oficial viola la Constitución Nacional y la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para eliminar gastos del presupuesto.
El Gobierno sostiene que la pauta oficial no es la única herramienta para comunicar actos de gobierno. “Existen otros canales, medios y herramientas igualmente útiles”, afirmó el Presidente. La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, sigue garantizando la comunicación de los actos de gobierno, asegurando que la suspensión no implica incumplimiento de las obligaciones del Estado.
SATTSAID argumentó que la suspensión afecta derechos adquiridos y vulnera la Constitución, además de limitar los ingresos de los medios de comunicación. Sin embargo, el decreto destaca que el sindicato no demostró legitimación o perjuicio concreto. También se alude al fallo "Editorial Perfil" que reafirma la discrecionalidad del Estado en la asignación de pauta publicitaria.
Sin embargo, el Presidente determinó que SATTSAID carece de legitimación para cuestionar el decreto, ya que no representa directamente los intereses de los medios afectados. La resolución también destaca que no se ha demostrado un perjuicio concreto al sindicato y que la suspensión de la pauta oficial está dentro de los derechos discrecionales del Estado, considerando la necesidad de austeridad en el contexto económico actual.
El decreto reafirma la facultad del Gobierno para gestionar la pauta publicitaria y señala que el reclamo agotó la vía administrativa.
