La suspensión por un año de la publicidad oficial en los medios de prensa que anunció este martes el Gobierno nacional como parte de una serie de medidas tendientes a reducir el gasto público tendrá un impacto negativo en todo el sistema de comunicación del país, aunque repercutirá en forma más "significativa" en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas periodísticas que de los grandes grupos, coincidieron tres especialistas.
El derecho a ser informado de los actos de gobierno
Los fondos que el Estado destinó en 2023 en materia de publicidad oficial, una herramienta cuya función principales es la de dar a conocer los actos de gobierno -como por ejemplo el anuncio de campañas de vacunación o licitaciones públicas- rondaron los 40.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, una cifra que para el investigador principal del CONICET Martín Becerra "no es relevante" en el total del gasto público.
"Se trata de una medida más de tribuneo que de austeridad. Por otro lado, pensar la austeridad lesionando el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública es un contrasentido", dijo Becerra en declaraciones a TelAm.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta mañana en una conferencia de prensa la "suspensión de la pauta publicitaria en los medios por un año", tal como lo había prometido el presidente, Javier Milei, durante la campaña electoral que lo llevó al poder.
"Voy a terminar con la pauta oficial, ya que me parece que robarle a la gente para propaganda política (medios públicos) y condicionar periodistas vía la pauta oficial está mal...", había escrito Milei en abril pasado en su cuenta personal de la red social X.
Al anuncio hecho por Adorni se sumó la decisión gubernamental de iniciar una "revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado nacional del último año" como parte de una serie de medidas para reducir el gasto público.
Por medio de su cuenta personal en X, Becerra dijo que Adorni no precisó ante la prensa si la suspensión de la pauta publicitaria contemplará solo a los fondos que para tal fin tiene a su cargo la Presidencia o si abarca a todo el Gobierno nacional, a las empresas públicas, como YPF y Aerolíneas Argentinas, y a los organismos descentralizados del Estado.
La suspensión por un año de la publicidad oficial del gobierno nacional (¿sólo Poder Ejecutivo?), anunciada por el vocero de Milei, reabre varias preguntas sobre la conexión viscosa gobiernos-medios, y sobre el acceso de la ciudadanía a la información oficial 🧐
— Martín Becerra (@aracalacana) December 12, 2023
Becerra mencionó que la función central de la publicidad oficial "es dar a conocer los actos de gobierno. Es un principio republicano y una obligación constitucional de todo gobierno. De ahí que, desde 1810 en adelante, existe la publicidad oficial", indicó.
Para Becerra, que también es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), no existe un "derecho" de los medios de comunicación a recibir publicidad oficial, pero "sí hay un derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que el gobierno hace".
"Hay un derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que el gobierno hace", Martín Becerra
Acerca del impacto que tendrá la medida anunciada por Adorni, "será más problemática para empresas medianas y pequeñas" de comunicación "que para grupos más grandes, que fueron hasta ahora los mayores beneficiarios ya que cuentan con otros negocios, más rentables, con el Estado", opinó Becerra.
Y agregó: "El Gobierno tiene muchos resortes económicos para relacionarse con los medios, porque muchos de los grupos concentrados son al mismo tiempo concesionarios de servicios públicos y licenciatarios de otros servicios, además de que son deudores previsionales y fiscales. Esta medida sólo afecta una de las ventanas de la 'gran paritaria' que tienen los grupos de medios con los gobiernos", evaluó.
Una disminución en los ingresos de los medios
Para Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires (UBA), los fondos que el Estado destina para publicidad oficial en los medios de comunicación "tienen un peso significativo" en las finanzas de las empresas periodísticas, tanto que "dependiendo el año y como se gestione, puede representar entre el 5 y el 10 por ciento del total de la torta publicitaria".
"Si la suspensión decidida por el Gobierno se combina con la retracción que se vive en materia publicidad comercial privada en un contexto de crisis económica, estamos frente a un escenario en el cual los medios de comunicación van a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos", evaluó Marino en declaraciones a Radio Nacional.
Acá estaremos. Vamos a estudiar comparativamente este tema que (jaja) hoy se puso de moda en Argentina. https://t.co/W14MNjejJJ
— Santiago Marino (@santiagomarino) December 12, 2023
Esa coyuntura, expresó Marino, "podría derivar en condiciones negativas para la forma de ejercer el periodismo" y agravar la "precarización laboral" que afecta a los periodistas en distintos medios de comunicación.
"Estamos frente a un escenario en el cual los medios de comunicación van a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos", Santiago Marino
Marino, en tanto, también evaluó la posibilidad de que provincias y distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que sumados representan una cifra superior a la del Estado nacional, tomen una medida similar.
Menos puestos de trabajo
Agustín Espada, investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, explicó en declaraciones a Urbana Play que la suspensión de la publicidad oficial no solo afectará a los medios de comunicación, sino que significa retirar los fondos destinados a difundir los actos de gobierno en "las cartelerías de la vía pública, en cines y eventos deportivos".
🎙️#Ahora en #HayMañana conversamos con @AgustinEspada , investigador de conicet sobre los nuevos anuncios de la pauta oficial.
— Radio Nacional Córdoba (@NacionalCordoba) December 12, 2023
🗣️"Esto va a repercutir en la calidad de los contenidos y la precarización laboral. Podría ser todo o solo la pauta de presidencia. Aún no se sabe" pic.twitter.com/vDOyNxXIyT
"La medida gubernamental ocasionará una precarización y pérdida de puestos de trabajo", Agustín Espada
Al igual que Becerra y Marino, Espada opinó que la medida gubernamental ocasionará "una precarización y pérdida de puestos de trabajo" en los medios de comunicación, lo que repercutirá "en la calidad de los contenidos y el acceso a la información".
Foto: Alejandro Santa Cruz
Opiniones cruzadas por suspensión de la pauta oficial anunciada por el Gobierno
Referentes políticos cruzaron opiniones sobre la decisión del Gobierno de suspender la pauta oficial durante un año, dado que mientras algunos celebraron la medida o coincidieron en la necesidad de regularla, otros manifestaron "preocupación" por posibles despidos en los medios de comunicación social y recordaron la función de la publicidad estatal.
Por su parte, el dirigente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, sorprendió al celebrar la medida anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y lamentó que esa medida no se haya implementado durante gestiones anteriores para esos fondos destinarlos a medios comunitarios.
"Ojala hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con REPRO los puestos de trabajo en PyME ¿te cae mal que lo diga? Jodete. Yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo", escribió Grabois en su cuenta de X.
En su mensaje, también recordó que en agosto de este año se había manifestado en favor de eliminar la pauta junto con las exenciones impositivas de los medios hegemónicos, al compartir declaraciones que realizó a Barricada TV.
En respuesta al mensaje de Grabois, la legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Celeste Fierro, lo consideró un "derrape" por parte del dirigente social.
"Ah boe! Ahora resulta que la motosierra de Milei es progresista y `tiene huevos` Cuando los patrones de los medios despidan con la excusa de la `pauta` recortada, ¿de qué te vas a disfrazar?!", escribió en su cuenta de X y añadió: "Qué derrape. Ni (el exministro de Economía, Sergio) Massa se animó a tanto".
En esa línea, el director del Banco Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini, rechazó lo manifestado por Grabois y advirtió que "esta medida va a dañar a muchos trabajadores, pymes de medios zonales, regionales y nacionales, productoras de contenidos y a quienes nos informamos".
"Entiendo que los multimedios no viven de pauta solamente. Viven de otros ingresos y tienen otros intereses", afirmó y agregó que considera que "es muy mal argumento por muchas razones", pero que principalmente no coincide "en seguir ventilando los debates a los cuatro vientos para sonar popular" y "menos que menos, intelectual".
Asimismo, el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, consideró que es "una decisión pésima" por parte de un gobierno que "desprecia a la población" y recordó que la pauta cumple el rol de "informar de los actos de gobierno y de Estado a toda la sociedad", algo que no puede hacerse "a través de TikTok o plataformas".
"Es llamativo pero coherente a las primeras acciones de gobierno y como se relaciona con la prensa", dijo en declaraciones a radio Gráfica, y lo consideró "preocupante" porque perjudica el derecho a la información y también por "las fuentes de trabajo" en los medios de comunicación.
"La pauta representa menos del 0.5 por ciento del presupuesto nacional. Es una medida para visualizar un enemigo y decir que la casta son los medios", añadió.
Otra postura diferente fue expresada por parte de las diputadas de la UCR, Karina Banfi y Soledad Carrizo que previamente habían presentado un proyecto de ley con modificaciones en la pauta oficial.
"Soy autora de un proyecto para regular la pauta oficial ya que lamentablemente se ha usado como herramienta de disciplinamiento a la prensa. Mi proyecto está en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de prensa", aseguró Banfi en redes sociales.
La diputada Carrizo también destacó que el proyecto del que es coautora tiene por objetivo regular la pauta "para evitar la discrecionalidad y el clientelismo mediático".
"Hace tiempo que insisto sobre la necesidad de una Ley que regule la contratación de los servicios de publicidad oficial. Requerimos criterios objetivos de distribución y transparencia en la asignaciones", apuntó en su cuenta de X.
Por su parte, la exdiputada nacional de Unión por la Patria Fernanda Vallejos señaló que la reducción de ministerios anunciada por el gobierno junto con la suspensión de la pauta oficial "no llega ni al 0,1% del PBI".
"De todas maneras, aunque el orden fiscal (hay que mejorar la recaudación donde hay capacidad contributiva) es deseable, el problema de Argentina no es fiscal. Es el frente externo y la deuda", remarcó en su cuenta oficial de X.
Milei, la publicidad oficial y "la pauta"
"Terminar con la publicidad oficial" no resulta la mejor de las ideas. Afecta la transparencia de los actos de gobierno. Por qué el término "pauta oficial" es usado en forma peyorativa. Javier Milei pasó la motosierra por la publicidad oficial y la suspendió por un año
Por: Horacio Minotti*
Varios presuntos funcionarios del gobierno del presidente electo Javier Milei postulaban que la nueva gestión suspendería la inversión en publicidad oficial por un año, como se anunció hoy. En realidad, lo que dicen es que "se acabó la pauta oficial".
El término "pauta oficial" es usado en forma peyorativa y encierra dentro de sí una variedad amplia de actividades estatales relacionadas con la comunicación gubernamental, muchas de las cuales efectivamente deben encontrar su fin porque encierran prácticas antidemocráticas y que afectan la libertad de expresión.
Es decir, si por pauta oficial, entendemos el dinero que reciben muchos periodistas a modo de apoyo financiero a su actividad personal, ese no es el fin de los fondos estatales destinados a publicidad. Dicha situación, efectivamente, se parece mucho a pagarles para que hablen bien del gobierno o determinados funcionarios. Existen infinidad de casos en los que páginas webs de periodistas individuales o programas radiales de emisión semanal en medios que "lotean" los espacios, están repletos de publicidad estatal. La misma es totalmente inconducente a los fines de la comunicación pública y tiene otro objetivo mucho menos loable. Todo ello, como propugnan en el entorno de Milei, debe terminarse, es lo que muchos e incluso el propio presidente electo, han llamado en la campaña "ensobrados".
También es cierto que la publicidad oficial propiamente dicha, ha sido, en los gobiernos peronistas, mal utilizada. Los criterios de atribución de la misma carecen de sentido, cuando lo que se quiere es difundir una política pública y se realiza la mayor parte de la inversión en medios "amigos", afines al gobierno, sin ningún criterio objetivo ni tampoco ninguna lógica en materia de eficiencia publicitaria: es decir, sin pensar en llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, sin segmentar las audiencias, y sin hacer todo eso, al menor costo posible.
Por otro lado, es cierto y debe ser parte del diagnóstico, que el presupuesto publicitario oficial ha sido usado como modo de fomento de medios con irrelevancia en materia llegada a las audiencias, con el pretexto de respaldar financieramente la libertad de expresión. Los medios son empresas, si no pueden subsistir sin respaldo estatal, se trata de empresas deficitarias con una existencia irreal, solo sobreviven por un subsidio que pagamos todos. Anualmente, con la excepción del período de gobierno de Mauricio Macri, se ha perdido alrededor del 30% del presupuesto destinado a la comunicación gubernamental, en actividades de subsidio que, de existir, deberían correr por otros carriles, de modo de no desvirtuar los fines reales de la comunicación gubernamental.
Sin embargo, pese al completo desbarajuste del sistema, lo pertinente es ordenarlo, encarrilarlo, bajar definitivamente sus costos, abandonando los subsidios, los sponsoreos, los auspicios, los amiguismos, y volviendo a la utilización de los criterios objetivos que se llevaron adelante en la gestión de Macri, utilizando la comunicación pública gubernamental de acuerdo a sus fines específicos y estrictamente necesarios.
Es que la misma, resulta ser, a la vez, un derecho del ciudadano y un deber de la administración. Consistente en mantener informado al soberano sobre las acciones del gobierno que ha elegido, los mecanismos para controlarlo y beneficiarse de sus medidas, y las circunstancias de las que debe prevenirse —y cómo hacerlo— de determinados peligros, como el delito o las enfermedades. En síntesis, es el canal fundamental por el que el Estado informa de qué modo y en qué medida cumple su rol. Es natural que al ciudadano no le resulte suficiente con que la administración diseñe y ejecute políticas públicas en su beneficio, sino que debe además conocerlas íntegramente, saber sus modos de ejercicio y sus efectos. De nada sirve una política que nadie conoce. Por ejemplo, si se crea una nueva línea crediticia para los ciudadanos con salarios más bajos, implementada por un banco estatal y nadie sabe que dicha línea existe, entonces la medida no sirve. Una adecuada política fracasa si no existe una adecuada comunicación de la misma.
De tal modo, el responsable estatal de transmitir el mensaje debe velar porque el mismo sea oportuno; por seleccionar adecuadamente los canales para que se llegue al sector al que va dirigido y, a la vez, a la mayor cantidad de individuos posible de dicho sector; y porque todo ello ocurra al menor costo posible para las arcas públicas.
Pero, a su vez, la comunicación se ha transformado en un instrumento que debe necesariamente propender a la estimulación de la participación ciudadana. Ya no es simplemente un canal de "ida", sino que debe implicar un ida y vuelta constante, porque resulta sustancial abrir los caminos que permitan que el sistema de comunicación pública sea también el vector por el cual los ciudadanos demanden, soliciten, promuevan, reclamen y controlen.
Como puede verse, "terminar con la publicidad oficial" no resulta la mejor de las ideas. Afecta la transparencia de los actos de gobierno, resta el modo en que el poder administrador rinde cuentas de modo espontáneo y directo al soberano, y minimiza el alcance de las políticas públicas de las que las personas deben estar informadas para poder valerse de ellas.
Es cierto, esta dicho, el uso del sistema fue tergiversado, y el dispendio de recursos públicos para financiar amigos o acólitos, o domesticar a los medios, ha destruido la credibilidad del sistema, pero como en casi todas las áreas, sus fines últimos son relevantes, con lo cual lo mejor, sería separar la paja del trigo, dejar de hacer lo que está mal, ordenar el sistema y hacer lo que esta bien. Con solo ese ordenamiento, los costos bajarían dramáticamente y el estado no dejaría de lado uno de sus fines esenciales: el pueblo quiere saber de que se trata y el gobierno debe mantenerlo informado.
*Horacio Minotti es ex Director Nacional de Publicidad Oficial 2015-2018. Además es Abogado constitucionalista
El fin de la pauta oficial es un problema para los ciudadanos
La medida afecta a todo el sistema de medios: a los grupos más fuertes (Clarín, Indalo, La Nación, Octubre, Cadena 3) y particularmente a los medianos y chicos. No es solo publicidad: los gobiernos necesitan dar a conocer sus actos y las medidas que proponen para responder a demandas y derechos de la ciudadanía
Por: Agustín Espada, @AgustinEspada
Una de las principales definiciones de Javier Milei en materia de políticas de comunicación, sino la única, durante su campaña presidencial fue el corte de la publicidad oficial. A pocas horas de su asunción, el ministro Luis Caputo lo confirmó: se suspenderá la pauta pública durante un año tanto para la gestión de Presidencia de la Nación como para los ministerios (resta saber si también para los organismos descentralizados como PAMI, Anses o Banco Nación y las empresas públicas como YPF, gran avisador). Así dicho, pareciera que la materia sólo involucra al gobierno y a las empresas de medios de comunicación, pero no.
Por supuesto que la decisión tiene un impacto directo sobre la economía y el financiamiento del sistema de medios de comunicación. En 2023, la inversión del gobierno de Alberto Fernández fue de $40.244.937.740,37. Es decir, unos US$103 millones. Esto explica algo así como el 8% de todo el mercado publicitario argentino según los datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios. El gobierno nacional es uno de los principales anunciantes del mercado de medios.
Esta quita o suspensión afecta a todo el sistema de medios: a los grupos más fuertes (Clarín, Indalo, La Nación, Octubre, Cadena 3) y particularmente a los medianos y chicos. La lógica que subyace esta quita es que el mercado publicitario privado premiará y financiará a las empresas que generen contenidos atractivos para las audiencias y de calidad. En la jungla del mercado, el más apto sobrevive. Y no es así. Las marcas no sólo apoyan a quienes tienen más audiencia sino a quienes elaboran y transmiten los mensajes que les son convenientes y amigables. El mercado tiene línea editorial.
En la jungla del mercado, el más apto sobrevive. Y no es así. Las marcas no sólo apoyan a quienes tienen más audiencia sino a quienes elaboran y transmiten los mensajes que les son convenientes y amigables. El mercado tiene línea editorial
Por otro lado, esta lógica supone que la única función que cumple la publicidad oficial es la de aceitar los vínculos entre el Gobierno y los medios a través de una transacción económica que premia y castiga a amigos y enemigos respectivamente. Lo cierto es que los medios y el Gobierno no son los únicos metidos en este baile. Hay un gran elefante en la sala: los ciudadanos.
El principal sujeto de derecho en una política de publicidad oficial es el ciudadano. Los gobiernos deben dar a conocer sus actos y también las áreas, políticas y mecanismos que el Gobierno genera para satisfacer demandas y derechos de esos ciudadanos. Es decir, la publicidad oficial es uno de los mecanismos de los que dispone (y debe utilizar) el Gobierno para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión (en su costado social) de los integrantes de una sociedad democrática.
La publicidad oficial es uno de los mecanismos de los que dispone (y debe utilizar) el Gobierno para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión (en su costado social) de los integrantes de una sociedad democrática
El Gobierno también desconoce que el Estado (acá no solo el Gobierno) debe diseñar e implementar activamente políticas que promuevan la diversidad de voces, la pluralidad informativa y la profesionalización de las producciones. En nuestro país, no existen mecanismos generales que fomenten la actividad de los medios. Por tanto, la publicidad oficial se constituye en una ventanilla central a través de la cual los distintos niveles del Estado y de los gobiernos actúan sobre la sostenibilidad del sistema y afectan la diversidad y la pluralidad de voces como consecuencia secundaria.
La decisión de Javier Milei de recortar a cero la publicidad afectará la sostenibilidad de medios y la diversidad del sistema. Además, implicará menos ingresos para todas (todas) las empresas y por ende un corte por lo más delgado: los trabajadores. Esto tendrá consecuencias directas sobre la calidad del empleo en medios y también sobre la calidad de los contenidos (contrario al objetivo que respondería a la lógica imperante). Así, asistiremos a una sociedad con menor diversidad de voces, trabajadores más precarizados, menor calidad de noticias y entretenimiento, reducción de la transparencia de la gestión gubernamental y, por ende, menor calidad del debate público.
Fuentes: Agencia TelAm, Diario Clarín, eldiarioAR
