Desde el Frente Amplio aseguran que la nueva ley "aumenta la concentración de medios en pocas manos". Sin los votos del Frente Amplio, diputados aprueban nueva Ley Audiovisual
El proyecto aprobado, que ahora pasará al Senado, aumenta el máximo permitido de licencias por titular, al establecer que una persona física o jurídica, así como un "grupo económico", no puede ser titular de más de cuatro licencias en la zona metropolitana y más de seis licencias en el resto del país.
La ley fue rechazada por el Frente Amplio. El diputado del FA Gabriel Tinaglini leyó el informe en minoría sobre el proyecto de ley y destacó que su partido está totalmente en contra de la iniciativa, por eso la rechazaron en general. Sostuvo que es un proyecto "a medida", que "aumenta la concentración de medios en pocas manos", y aseguró que cuando se convocó a jerarcas de los organismos relacionados, como Antel, "desconocían el contenido" del proyecto, "y se iban enterando" en la medida que lo discutían en la comisión. "Eso refleja que la redacción fue hecha a puertas cerradas. Y si analizamos quién sale beneficiado de todo esto, más o menos nos orienta quién o quiénes pudieron elaborar esta propuesta, que ha tenido un sinnúmero de idas, venidas y contradicciones", subrayó.
Según publica este viernes La Diaria, el diputado opositor dijo que el próximo gobierno en su primer día tendrá que "encarar nuevamente toda esta temática" y ponerse a trabajar "en una ley ajustada a las realidades de hoy". En cuanto a los límites de las licencias, Tinaglini subrayó que si bien se logró bajar la cantidad que proponía el Poder Ejecutivo, "de todas maneras se concentran más medios en pocas manos", ya que se pasa de tres en Montevideo o en todo el país a cuatro en la capital y seis en todo Uruguay.
Medios: siempre ganan los mismos
El panorama de medios en Uruguay muestra una gran concentración en pocos grupos de poder, lo que atenta contra la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo. Los beneficios económicos que han recibido estas empresas y la posible derogación de la Ley Audiovisual profundizan la problemática
Por Sofía Pinto Román
"La excesiva concentración [de propiedad] no permite que en los medios se refleje la pluralidad característica de una sociedad democrática", asegura Sergio Hernández, catedrático del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México en su estudio sobre pluralismo y concentración de medios en Occidente.
Es claro: si pocos grupos económicos manejan los medios de comunicación y, en consecuencia, les marcan la impronta de su línea editorial, los discursos tienden a homogeneizarse.
Algunos teóricos cuestionan que el pluralismo en sí mismo sea suficiente. Cavallin, por ejemplo, señaló en un ensayo ya en 1997 que "el pluralismo de medios, creado y gestionado por el mercado y por tanto producto de imperativos económicos como se plantea en el neoliberalismo, difícilmente puede reflejar la diversidad que caracteriza lo social". Es decir, no alcanza con que existan más medios, tienen que lograr funcionar sin amoldarse forzosamente a las imposiciones de los dominantes que marcan agenda, o a las exigencias del mercado.
Los medios de comunicación son esenciales en las sociedades democráticas porque garantizan el acceso a la información e inciden en la formación de opinión pública. Son servicios a la comunidad, pero funcionan al mismo tiempo como un espacio de disputa de poder de diferentes grupos políticos, sociales y económicos. Por ende, para acercarse lo más posible a la libertad de información y expresión, las comunidades deben apostar por la diversidad en los medios: ideológica, regional, cultural, de formatos (como categorizó Humphreys).
La Unesco expresó, el Día de la Libertad de Prensa 2023: "El derecho a la libertad de expresión es un requisito previo y un motor para el disfrute de todos los demás derechos humanos. [...] Si todo va bien en las noticias, hay algo que va mal en el periodismo. Sin libertad de prensa no hay paz posible. Sin libertad de expresión no podemos proteger los derechos humanos".
Uruguay: quiénes son los dueños
En Uruguay la propiedad de los medios de comunicación audiovisual está mayormente concentrada en tres grupos de poder: Villar-De Feo (Canal 10-TCC), Romay (Canal 4) y Cardoso-Scheck (Canal 12-Nuevo Siglo), que poseen canales de TV abierta, TV para abonados y radios en varios departamentos, además de tener alianzas comerciales y convergencias con medios de prensa escrita y otras empresas, y licencias de internet.
Esta configuración tiene décadas y ha ido mutando con el tiempo, pero hay características comunes: familias vinculadas a radios y canales de televisión que fueron consolidando su posición dominante, riñas internas, desvinculaciones, venta de acciones y algunos cambios societarios intra y extra familiares.
Fabián Werner, presidente del consejo directivo de Cainfo, dijo a Caras y Caretas que la concentración mediática "es uno de los aspectos que tiene más impacto sobre la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad". El sistema de Uruguay es "muy pequeño, hiperconcentrado" y los tres canales "tienen gran impacto en la agenda". Estos grupos son competidores-socios.
Según la investigación realizada por Fernando Gelves, Gustavo Gómez, Facundo Franco y Nicolás Thevenet en el libro En pocas manos (2017), en 1994 los tres canales también obtuvieron la licencia conjunta de la televisión paga para Montevideo de Multiseñal (Multicanal SA). Además, los tres tienen el monopolio del servicio de televisión para abonados por cable en Punta del Este y Maldonado: Punta Cable, que en los últimos años también ha adquirido licencias de internet.
También fundaron Equital SA, una sociedad "que les ha permitido funcionar como un cártel en Montevideo, instalando un solo cable y repartiéndose las distintas zonas o barrios en la etapa del despliegue inicial y acordando un mismo precio para sus servicios", aseguran los investigadores.
"Aunque existen importantes tensiones internas dentro de esa empresa, esta alianza les permite tener una clara posición dominante respecto de la mayoría de los demás operadores de televisión para abonados en el Interior, además de pujar con mejores condiciones en la compra de derechos exclusivos para la trasmisión de eventos deportivos en Uruguay".
También existe un oligopolio en el espectro radial, con cuatro grupos predominantes: Magnolio, Zorrilla, Sarandí y Romay, aunque este último está vendiendo varias de sus radios. Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), dijo a Caras y Caretas que la radio era el medio "más diverso", pero en los últimos años "ha habido una mayor concentración". Entre Magnolio, Zorrilla y Sarandí concentran el 75 % de la audiencia en Montevideo. En Rocha, Lavalleja y Durazno también existen grupos familiares con grandes concentraciones de medios: Benítez-Fagián, Falco y Rielli, respectivamente.
En los dos primeros casos las empresas poseen servicio de TV para abonados, TV comercial y radio. Los Rielli, por su parte, tienen radios y TV comercial. El grupo rochense es el más grande. En el mercado de televisión para abonados, señaló Gómez, el ingreso de dos competidores fuertes, DirecTV y Flow, le ha quitado peso a las empresas nacionales. Pero en TV abierta la concentración se mantiene.
El factor económico
Entre 2020 y 2023 los tres canales de Montevideo (4, 10 y 12) recibieron por parte del Estado USD 14.800.000 (catorce millones ochocientos mil dólares) en total. El monto se desglosa así: 10.8 millones por el contrato de compra de las señales para transmitir por Antel TV, que tiene tres años de vigencia (y restringe el consumo del contenido en dispositivos que no sean teléfonos móviles); 2 millones de dólares del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual 2023, que les fue otorgado por completo a esos tres grupos; 2 millones en concepto de exoneraciones del pago del canon estipulado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente.
Con la reciente aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos, además, los canales recibirán más millones de dólares. Desde la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) solicitaron una contraprestación por los minutos de publicidad electoral y calcularon que los tres canales de Montevideo deberían recibir USD 19.000.000 (diecinueve millones de dólares) en total y el resto de los canales del país USD 5.000.000 (cinco millones de dólares).
El texto de la ley establece que el Poder Ejecutivo decidirá cuánto dinero le otorga a los canales. Para ello "deberá considerar los precios de referencia pagados en los doce meses anteriores a la elección interna de los partidos políticos, por parte de los entes autónomos y servicios descentralizados de dominio industrial y comercial del Estado, a cada medio de comunicación audiovisual".
Gómez explicó que la Ley Audiovisual vigente ya incluye la publicidad gratuita para los partidos políticos; la Suprema Corte de Justicia ha recibido una treintena de denuncias de inconstitucionalidad por esa disposición, que se basan en la libertad de información y la propiedad, y en todos los casos ha determinado que prima el interés general. Para Gómez "la población no debería darles dinero a los medios por una contraprestación que debería ser gratuita también para el Estado".
El experto mencionó como argumentos la legislación comparada en la región, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, el interés general y el hecho de que los canales ya han recibido millones de dólares del Estado. "¿No serán ellos los que tienen que compensarnos a nosotros?". Además, Gómez puntualizó que el cálculo de lo que perderían los canales, presentado por Andebu, es falso, y que la redacción de la ley "le da un cheque en blanco al gobierno para pagar".
Werner se manifestó en el mismo sentido: "Empresas que están siendo exitosas desde el punto de vista económico, en lugar de cumplir con la obligación de ceder espacios para darle sustento a la calidad democrática del país, reciben retribuciones. Va claramente en la línea de usar recursos públicos para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios que hacen uso, de manera hiperconcentrada, del sistema de medios del país. Es una mala señal, el camino debería ser el opuesto".
Los canales, que vienen siendo exonerados del pago del canon por uso del espectro dispuesto en la Ley Audiovisual vigente, podrían librarse por completo de esa obligación si se aprueba el nuevo proyecto que está a discusión en el Parlamento. Werner señaló que esta discusión "ya está laudada" en otros países: se cobra un canon, los medios pagan y el Estado utiliza ese dinero para promover la producción nacional, la comunicación comunitaria y alternativa, la diversidad y el pluralismo. Gómez aseveró: "Los medios de comunicación de este país, en especial la televisión, son factores importantes de [formación de] opinión pública. No es positivo tener una política que discrimina a los medios del interior, chicos y alternativos y beneficia sistemáticamente a los medios grandes, concentrados, del país".
La legislación
Otro aspecto central del sistema de medios uruguayo es la normativa: la Ley Audiovisual es el punto de discusión más álgido. El proyecto que circula actualmente en el ámbito parlamentario supone la derogación de la ley vigente, de 2014, y su sustitución por el nuevo articulado, que surgió en el Poder Ejecutivo y sufrió varias modificaciones en comisión.
En una primera instancia, a inicios de noviembre, los miembros de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes aprobaron 60 artículos que, según declararon desde el Frente Amplio, no tenían modificaciones con respecto a la ley vigente.
De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, pidieron más tiempo para revisar artículos sustitutivos y artículos aditivos. En la sesión siguiente se votaron los artículos restantes, con algunas modificaciones propuestas por la oposición.
Uno de los puntos a destacar es el de límite de licencias, regulado en el artículo 16, que pasó de tres de TV y radio a seis (cuatro pueden ser de Montevideo); y de tres a ocho para TV paga.
Durante la discusión, el diputado cabildante Sebastián Cal argumentó a favor del aumento: "Nosotros no pretendemos que termine saliendo una Ley Audiovisual que no pueda ser aplicada; queremos que termine saliendo una Ley Audiovisual que atienda la realidad o al menos la foto actual de la cantidad de titularidades y demás que vive nuestro país y este rubro".
Tinaglini aseguró, en la fundamentación de voto: "Esta disposición es más grave, aunque es menos mala que lo que había sido redactado por el Poder Ejecutivo. [...] Sigue permitiendo niveles de concentración excesivos". Y sentenció: "Este artículo tiene nombre y apellido. Lo que acá se está transparentando es la concentración actual.
Los números no son casuales y, justamente, coinciden con algún grupo económico importante que ya tiene las ocho licencias en este momento, y lo que estamos haciendo es transparentándolo". Otro cambio importante es que permite a las empresas de TV cable vender el 100 % de sus acciones a grupos extranjeros. El tope actual es de 49 %.
Además, elimina el pago del canon, como ya se mencionó, y también el órgano de contralor empresarial y de la sociedad civil. Para Werner: "La derogación de la Ley Audiovisual y su sustitución por una serie de medidas mucho más restrictivas para la libertad de expresión consolida, a nivel de televisión, el oligopolio privado dominado históricamente por tres canales".
La ley actual "se aplicó de manera incompleta, sobre todo en el tema de la concentración. De hecho hoy hay empresas como grupo Clarín o algunos grupos mediáticos nacionales que tienen más frecuencias de las permitidas y nunca se las intimó a que regularizaran su situación"; esta reforma "consolida y da un visto bueno a la situación", por ello, "es un retroceso legislativo grave e implica un riesgo para la sociedad civil".
Las perspectivas a futuro no son alentadoras para el pluralismo. "Desde el momento que la legislación permite la concentración es muy difícil luchar contra eso", apuntó Werner, "revertir el proceso implicaría que no se aprobara este nuevo proyecto y que se dieran los pasos necesarios para aplicar la ley. La realidad indica que eso no va a suceder.
Cabe esperar una consolidación del sistema de medios actual y que Uruguay se convierta en uno de los países que incumple los estándares internacionales de libertad de expresión de forma más evidente en toda la región".
Ley Audiovisual: "Retroceso brutal en pluralismo y libertad"
El proyecto de modificación de la Ley Audiovisual del Poder Ejecutivo se aprobó en comisión. Gustavo Gómez, experto en la materia, fue crítico con el articulado.
Esta historia comenzó hace más de una década con los primeros debates sobre una ley para regular los servicios de comunicación audiovisual. Conocida desde entonces como "Ley Audiovisual", el articulado ha generado tensiones, recursos de inconstitucionalidad y discusiones ininterrumpidas hasta la actualidad.
El proceso de redacción de la ley original fue largo y complejo. Participaron organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, empresas y, por supuesto, el cuerpo legislativo. Los principales puntos de conflicto referían a una pugna entre derechos: libertad de expresión e información, protección de las infancias, pluralismo, libre competencia. ¿Hasta dónde tenía que participar el Estado?, ¿cómo dar garantías a la sociedad?, ¿en qué punto aparece la censura?
Cuando el gobierno actual informó que derogar la Ley Audiovisual iba a ser uno de sus bastiones de gestión nadie se sorprendió, su postura contraria al articulado era explícita y la habían vocalizado en diversas oportunidades.
El tratamiento de la ley resultó ser más complejo de lo que al gobierno le habría gustado. Desde 2020 plantearon esfuerzos para lograrlo, con proyectos de ley alternativos, artículos en la Ley de Urgente Consideración y modificaciones en la Rendición de Cuentas, pero el tema dividió a la coalición de gobierno; Cabildo Abierto y el Partido Colorado se pronunciaron en contra de algunas de las iniciativas. Casi cuatro años después, el proyecto de Ley Audiovisual presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo fue aprobado en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes.
En una primera instancia, a inicios de noviembre, los miembros de la comisión aprobaron 60 artículos que, según declararon desde el Frente Amplio, no tenían modificaciones con respecto a la ley vigente. De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, pidieron más tiempo para revisar artículos sustitutivos y artículos aditivos. Dijo el diputado Gabriel Tinaglini: "Visto que se van a presentar modificaciones a dicho proyecto y que, en este caso, la oposición no tiene conocimiento de ellas, de su contenido, y como es de estilo o en función de acuerdos -verbales, cierto, pero acuerdos al fin-, solicitamos que se nos conceda un tiempo prudencial para que la oposición se pueda interiorizar de la temática, para que pueda ver los cambios, las modificaciones".
En la sesión siguiente se votaron los artículos restantes, con algunas modificaciones propuestas por la oposición. Uno de los puntos a destacar es el de límite de licencias, regulado en el artículo 16, que pasó de tres a cuatro para TV y radio en Montevideo, a seis para el resto del país; y de tres a ocho para TV paga. Durante la discusión el diputado cabildante Sebastián Cal argumentó a favor del aumento: "Nosotros no pretendemos que termine saliendo una Ley Audiovisual que no pueda ser aplicada; queremos que termine saliendo una Ley Audiovisual que atienda la realidad o al menos la foto actual de la cantidad de titularidades y demás que vive nuestro país y este rubro". Tinaglini aseguró, en la fundamentación de voto: "Esta disposición es más grave, aunque es menos mala que lo que había sido redactado por el Poder Ejecutivo. [...] Sigue permitiendo niveles de concentración excesivos". Y sentenció: "Este artículo tiene nombre y apellido. Lo que acá se está transparentando es la concentración actual. Los números no son casuales y, justamente, coinciden con algún grupo económico importante que ya tiene las ocho licencias en este momento, y lo que estamos haciendo es transparentándolo".
Gustavo Gómez, director de OBSERVACOM, expresó en sus redes sociales que la expansión de las licencias es una manera de "blanquear la concentración ilegal" de grupos mediáticos nacionales y extranjeros. También señaló las coincidencias numéricas entre los límites nuevos y la cantidad de licencias que tienen algunas empresas como Grupo Clarín/Flow o Romay, Sarandí, Magnolio y Zorrilla. Otra modificación que realizó la comisión al texto del Poder Ejecutivo refiere al deporte nacional. A la obligación de que los partidos de selecciones nacionales de fútbol y básquetbol en "instancias definitorias" se transmitan por televisión abierta se sumó que sean "sin costo y sin modificar ni intervenir su contenido". También aumentó el porcentaje de venta de acciones de empresas de TV para abonados al capital extranjero. De hecho, se eliminó el tope de 49% y ahora no hay límite.
La oposición logró reincorporar algunos artículos de la ley original referidos a la protección de la niñez y la adolescencia y el derecho a la objeción de conciencia de los periodistas, que el Poder Ejecutivo había eliminado originalmente. Según informó la diaria "el proyecto se trató en comisión pese a que el líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, planteó como requisito para su aprobación añadir un capítulo referente a la objetividad en la información de los medios de comunicación. Sin embargo, el diputado Sebastián Cal, representante de CA en la comisión, estuvo en desacuerdo con esa iniciativa y definió avanzar igualmente en el tratamiento del proyecto". Así, quedó aprobado el nuevo articulado que, de aprobarse en las cámaras, derogará la ley de 2014.
"Retroceso brutal"
Gómez, referente nacional en materia de medios y libertad de expresión, realizó un análisis general de las modificaciones del proyecto. Para él "ee trata de una ley con nombre y apellido, menos transparente y [de] menor pluralismo: permitirá más concentración, 'blanquear' grupos mediáticos ilegales y habilitar mayor extranjerización de medios". Señaló la posibilidad de mayor concentración mediática, ya existente en los hechos, pero ahora posiblemente legalizada y, como se mencionó anteriormente, aseguró que los números nuevos "no son arbitrarios". Otros elementos que para el experto despiertan alarma son la derogación de las obligaciones de transparencia del gobierno y la URSEC en el otorgamiento de licencias de radio y televisión porque se elimina el organismo de control empresarial y ciudadano, así como las consultas públicas previas a la entrega, renovación o venta. "Oculta decisiones altamente sensibles para la libertad de expresión". Para Gómez "todo esto es un retroceso brutal en términos de pluralismo y libertad de expresión".
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Fuente: Caras y Caretas
