Comunicado de Luan, Colectiva de Acción Fotográfica:
Repudiamos enérgicamente la persecución del gobierno de Chubut hacia nuestro colega, el fotoperiodista Aníbal Aguaisol, quien el día jueves 15 de agosto pasado, como parte de su trabajo registró la discusión entre un grupo de ciudadanxs y dos legisladores en una confitería frente al edificio de Legislatura, luego de que las y los diputados decidieran adherir al RIGI en una provincia donde el extractivismo no tiene licencia social y donde la ciudadanía lleva décadas luchando para proteger el escaso recurso hídrico.
Lamentamos también que la Fiscalía dé crédito a acusaciones malintencionadas -desde el ejecutivo y con apoyo de medios hegemónicos que no estuvieron en el lugar- que se contradicen con el video difundido en redes, y con el registro realizado por nuestro colega, únicas pruebas fehacientes, donde se ve claramente una discusión vehemente entre ciudadanos y legisladores y donde, en caso de hablar de violencia, habría que analizar el accionar previo de la Legislatura que ha sido insólitamente hostil para con ciudadanos y prensa independiente, llegando al colmo de no permitir el ingreso de fotógrafos con la "excusa" de que las cámaras pueden ser utilizadas como "objetos contundentes" (palabras literales de la policía a cargo del ingreso).
El hecho de que éste gobierno vea a "las cámaras" como una amenaza deja expuesta lo mal alimentada que está la Democracia que dicen ejercer.
Nos preocupa, no solo como fotoperiodistas sino como ciudadanxs, que desde el Estado no se busque pacificar y se insista con la persecución, la criminalización y la censura.
Lamentamos también que la Fiscalía dé crédito a acusaciones malintencionadas -desde el ejecutivo y con apoyo de medios hegemónicos que no estuvieron en el lugar- que se contradicen con el video difundido en redes, y con el registro realizado por nuestro colega, únicas pruebas fehacientes, donde se ve claramente una discusión vehemente entre ciudadanos y legisladores y donde, en caso de hablar de violencia, habría que analizar el accionar previo de la Legislatura que ha sido insólitamente hostil para con ciudadanos y prensa independiente, llegando al colmo de no permitir el ingreso de fotógrafos con la "excusa" de que las cámaras pueden ser utilizadas como "objetos contundentes" (palabras literales de la policía a cargo del ingreso).
Acá se busca limitar un derecho democrático esencial: el derecho a la información de la ciudadanía, protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución Nacional.
Esto se suma a los hechos de persecución política y criminalización de la protesta, tan a tono con las políticas que el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio y ahora La Libertad Avanza, llevan adelante en distintas partes de la Argentina (abundan informes elaborados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Esto se suma a los hechos de persecución política y criminalización de la protesta, tan a tono con las políticas que el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio y ahora La Libertad Avanza, llevan adelante en distintas partes de la Argentina (abundan informes elaborados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Nos preocupa, no solo como fotoperiodistas sino como ciudadanxs, que desde el Estado no se busque pacificar y se insista con la persecución, la criminalización y la censura.
Repudiamos la criminalización a comunicadores en Chubut
Desde la Red de Medios Alternativos (ex RNMA) repudiamos la criminalización a comunicadores y comunicadoras en Chubut luego de las protestas contra la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
Denunciamos que las acusaciones presentadas ante la justicia por el oficialismo son una operación para contener y limitar la protesta social y tienen un fin contra quienes ejercen la prensa alternativa ante la hegemonía de los grandes medios alineados con el lobby minero. Nos solidarizamos con los y las comunicadores que sufren la persecución y el amedrentamiento del aparto judicial y político chubutense.
Los vídeos e imágenes que circulan en las redes sociales registradas por comunicadores dan testimonio de lo inverosímil de las imputaciones.
La medida cautelar que dio lugar la justicia de Chubut y que prohíbe selectivamente a lxs comunicadores acercarse a menos de 500 metros de la Legislatura provincial y edificios gubernamentales, es irracional e impide el desarrollo de la labor periodística y atenta fuertemente contra libertad de prensa y expresión.
¡Basta de perseguir y criminalizar a comunicadores populares!
Las organizaciones que defendemos los Derechos Humanos, creemos en ellos y formamos esta Red, expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro rechazo absoluto ante la peligrosa escalada de criminalización de la protesta y el cercenamiento de la libertad de expresión y del derecho a reclamar que trata de imponer en los últimos días el Gobierno provincial en contra de ciudadanas y ciudadanos defensores del agua.
Esta avanzada de persecución en contra de integrantes de las Asambleas y del Movimiento No a la Mina y militantes sociales repite el viejo intento de aleccionamiento social con el único fin de forzar la instalación de actividades extractivas y así imponer el saqueo de nuestros bienes comunes sometiendo a la población al poder de las corporaciones y condenándola a más pobreza. El Gobierno provincial y el poder económico, al cual parece responder, necesitan acallar voces discordantes e infundir miedo en las vecinas y vecinos que durante décadas se han opuesto, por ejemplo, a la megaminería en nuestra provincia.
Ahora, con la aprobación exprés del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno abre las puertas al extractivismo en todas sus formas, inclusive a la explotación minera a gran escala con uso de sustancias tóxicas. Sabe que no hay licencia social y trata de disimularlo con un engañoso artículo en la Ley aprobada el 15 de agosto.
Acallar y criminalizar a quienes advierten el engaño se convierte en una explícita vulneración de derechos. La denuncia del Vicegobernador Menna a un grupo de vecines que increpó a Legisladores luego de la situación del día de la aprobación del RIGI -denuncia ratificada (en los medios) por Ignacio Torres- confirma que el actual gobierno de Chubut profundiza las pésimas condiciones democráticas en las que su predecesor, Mariano Arcioni, ejerció el poder.
La campaña orquestada se puede ver claramente en los medios de comunicación hegemónicos y afines al oficialismo y sus políticas. En esta ocasión con el agravante de que son varios los Comunicadores Sociales alcanzados por la denuncia del gobierno lo que configura una flagrante violación del derecho a ejercer su profesión y la consguiente violación del derecho a informarnos que tenemos todos.
Las expresiones del Vicegobernador, refiriéndose a “la ultraizquierda”, en un claro mensaje de corte fascistoide y propio de épocas pasadas, nos llenan de preocupación por el rumbo que evidentemente quiere imprimir a su gestión como Presidente de la Legislatura.
Más cuando el Diputado Vasconcelos es, desde mucho antes de ocupar una banca, un reconocido militante socioambiental.
La Jueza María Laura Martini agrega un nivel más a ésta persecución al hacer lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal e imponer a seis vecinos una restricción de acercamiento desmedida y absurda.
Somos defensores y promotores de los Derechos Humanos; y esos derechos incluyen los ambientales. Las y los militantes socioambientales son, según lo define el Acuerdo de Escazú, defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Y se hace necesario recordar que es la tercera vez en las últimas dos décadas que los sucesivos gobiernos provinciales ceden a las presiones de las multinacionales, cada vez con mayor poder punitivo sobre todas y todos y en abierta violación al Derecho a Vivir en Paz de la población.
Les seis defensores del agua injustamente acusades son nuestros compañeres de lucha; por eso rechazamos y repudiamos la persecución de la que están siendo objeto.
