El ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció este lunes en sus redes sociales que ha solicitado a la Secretaría Nacional del Consumidor que apure "la posibilidad de configuración de prácticas abusivas" por parte de Google y otras plataformas tecnológicas.
Así respondió a un mensaje publicado por la organización de combate a la desinformación Sleeping Giants Brasil, en el que denunció que Google está "usando la propia plataforma para atacar" el proyecto de ley conocido como "PL de las fake news" (noticias falsas), al igual que Twitter.
Este lunes, Google fijó en la versión brasileña de su buscador un enlace que llevaba a un artículo titulado "El PL de las fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil".
El texto, firmado por el director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Brasil, Marcelo Lacerda, expone una serie de objeciones contra el citado proyecto de ley.
"Una de las consecuencias no deseadas, por ejemplo, es que el PL acaba protegiendo a quienes producen desinformación, lo que da lugar a la creación de más desinformación", asegura Lacerda en el artículo.
El mencionado proyecto de ley tramita en el Parlamento desde 2020 y podría ser votado este martes en la Cámara de Diputados con régimen de urgencia.
En la práctica, la iniciativa prevé endurecer el control hacia las redes sociales y ampliar la lista de contenidos que deben ser eliminados antes del dictamen judicial.
Por otro lado, el senador Randolfe Rodrigues, uno de los portavoces del Gobierno de Lula en el Congreso, comunicó este lunes que solicitará al órgano antimonopolios brasileño la apertura de una investigación administrativa por una posible "infracción contra el orden económico por abuso de posición dominante" de Google.
"Pediré, de forma cautelar, la retirada del artículo" publicado en el buscador y "la fijación de una multa por un valor máximo del 20 % de los ingresos brutos, además del bloqueo cautelar de las cuentas bancarias de Google", indicó Rodrigues en sus redes sociales.
Ordenan en Brasil interrogar a presidentes de Google, Meta y Spotify
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó hoy que la Policía interrogue a los presidentes de las empresas Google, Meta (propietario de las redes Facebook, WhatsApp e Instagram) y Spotify.
De Moraes exigió a las compañías que eliminen los anuncios contra el Proyecto de Ley (PL) de las fake news (noticias falsas), bajo pena de multa de 150 mil reales (30 mil dólares) por hora de incumplimiento de la medida.
En el despacho, el ministro menciona un estudio realizado por investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro, según el cual las plataformas iniciaron una campaña contra el proyecto de ley «de forma opaca y burlando sus propios términos de uso».
Según el magistrado, la actuación de esas plataformas puede constituir abuso de poder económico y favorecer la desinformación ejercida por milicias digitales en las redes sociales. Bautizado como PL de las fake news, el texto está en trámite en el Congreso desde 2020, pero ganó fuerza después que el 8 de enero adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, supuestamente coordinados a través de grupos en plataformas digitales con consignas golpistas, invadieran el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
La determinación de De Moraes se suma a las disposiciones cautelares anunciadas anteriormente por el Gobierno contra Google, a la que culpó de promover una campaña arbitraria y falaz contra el contenido a discusión en el Parlamento.
Afloró el altercado cuando Google estableció en la versión brasileña de su buscador que el PL de las fake news puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil.
La materia resulta polémica en el gigante sudamericano. Para la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el texto fortalecerá la libertad de expresión, mientras que la oposición, especialmente el bolsonarismo (partidarios de Bolsonaro), alega que será un instrumento para la censura.
Hace tres años, el PL de las fake news (PL 2.630/2020) fue aprobado en el Senado y ahora se debate en Diputados.
La semana pasada, los legisladores aprobaron, por 238 votos a 192, la solicitud de urgencia del asunto, lo cual permite que el argumento sea votado directamente en el pleno, sin pasar por comisiones.
Según los hechos del caso, las compañías fueron requeridas por la entidad de protección al consumidor que las acusó de no mostrar información transparente sobre el proyecto de ley que estaba ad portas de ser votado en el parlamento, por ser abiertamente contrarios a esta normativa. Agregó que el contenido fijado en interés propio, como el denunciado, debe ser entendido como publicidad porque la empresa no está constituida en Brasil como un servicio de comunicación social, que genera contenido de carácter editorial.
Por su parte, las compañías rechazaron las acusaciones y sostuvieron que nunca han modificado manualmente las listas de resultados para favorecer una posición en particular, tal como señala la autoridad. El caso llegó a estrados del Supremo Tribunal para dirimir el asunto.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que “(…) la Constitución Federal consagra el binomio “libertad y responsabilidad”; no permitir irresponsablemente el abuso en el ejercicio de un derecho constitucionalmente consagrado; no permitir el uso de la “libertad de expresión” como escudo protector contra discursos de odio, antidemocracia, amenazas, agresiones, infracciones penales y todo tipo de actividades ilícitas. Las compañías no deben tener ni más ni menos responsabilidad que otros medios de comunicación, especialmente a la hora de dirigir o monetizar los datos, información y noticias que publican”.
Señala que “(…) en una democracia, es posible que cualquier grupo social o económico que se sienta perjudicado en sus objetivos comience a buscar mecanismos jurídicos y moralmente aceptables para influir directamente en las instituciones del Estado, o indirectamente en la opinión pública, para que esto se refleje en las decisiones gubernamentales. De otra forma, si los mecanismos no poseen estas cualidades habrá una grave distorsión y caracterización de abuso de poder económico, con posibilidad de responsabilidad civil, administrativa y penal”.
En el caso concreto, observa que “(…) las plataformas han estado utilizando los resultados de búsqueda para influir negativamente en la percepción de la ley por parte de los usuarios”, además de existir indicios de que estarían faltando deliberadamente al respeto a sus propias reglas de conducta y restricciones a la publicidad en beneficio propio».
En definitiva, el Tribunal concluye que “(…) tales conductas pueden configurar, en teoría, no sólo el abuso de poder en vísperas de la votación del proyecto de ley por pretender impactar ilegal e inmoralmente en la opinión pública y el voto de los parlamentarios, sino también flagrante inducción e instigación al mantenimiento de diversas conductas delictivas practicadas por los grupos digitales investigados con agravante de los riesgos a la seguridad”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal ordenó a las empresas retirar de sus plataformas todos los anuncios y publicidades que ataquen el proyecto de ley en el plazo de 1 hora, bajo pena de multa en caso de incumplimiento. Además, dispuso que en un plazo de 5 días los representantes de las compañías declaren ante la Policía Federal.
Fuentes: Agencia EFE y Prensa Latina
