Tras un largo recorrido legal en tribunales nacionales y estamentos internacionales, el caso Kimel permitió que Argentina modificara en 2009 su legislación para que las expresiones sobre asuntos públicos no sean consideradas como delitos, con una norma sancionada meses antes de la muerte del periodista.
"Fue un caso emblemático que permitió que Argentina avanzara en materia de libertad de expresión y garantizara el trabajo de los periodistas. Informar sobre asuntos públicos no puede ser sancionado por un artículo del código penal. Es gracias a la gran lucha que libró Eduardo", señaló en diálogo con Télam Andrea Pochak, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representó al autor en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Kimel, quien trabajó durante muchos años en la sección internacionales de la agencia nacional de noticias Télam, escribió en 1989 una exhaustiva y rigurosa investigación sobre los asesinatos de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, de la orden de Los Palotinos, en un hecho ocurrido en la madrugada del 4 de julio de 1989.
En su investigación, Kimel formuló la hipótesis de que el crimen obedecía a una interna entre sectores las Fuerzas Armadas que tenían visiones encontradas sobre el carácter ilegal de la represión, y sostuvo que la masacre había sido perpetrada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El periodista consignó que la instrucción del caso quedó en manos del juez Rivarola, y en base al análisis de las fojas del expediente, formuló un interrogante: "¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?"
"El juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto", remarcó Kimel en este párrafo de su libro que contenía cerca de 200 páginas.
Por el contenido de esas líneas, Rivarola, devenido en camarista, entabló en 1991 una demanda contra el autor de la investigación por el delito de calumnias e injurias, y se inició así un largo proceso que se extendió por una década.
Cuatro años después de haberse presentado la demanda, la jueza Angela Braidot condenó a Kimel por el delito de injurias a la pena de un año de prisión en suspenso y a pagarle al juez una indemnización de 20 mil dólares.
"Ese fallo le impidió la posibilidad de salir del país y eso afectó su desempeño profesional como periodista que cubría temas internacionales", señaló Pochak, actualmente se desempeña como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, un año después, un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones recurrió esa sentencia y absolvió a Kimel. Sin embargo, la satisfacción de esa decisión iba a durar poco.
Rivarola recurrió a la Corte, aquella que tenía "una mayoría automática" conformada por el gobierno del presidente Carlos Menem, que hizo lugar al recurso y ordenó en diciembre de 1998 que se dictara una nueva sentencia contra el periodista.
Los jueces Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome de la Cámara de Apelaciones acataron el fallo y confirmaron la condena contra Kimel, quien según esa sentencia había obrado con "dolo y falsedad" para perjudicar a Rivarola.
"Se trató de una sentencia inspirada en un espíritu corporativo. El fallo estaba firme y resolvimos presentarnos ante el sistema interamericano de justicia para revocar este fallo y modificar la legislación en materia de calumnias e injurias", señaló la letrada que representó a Kimel.
Kimel y el CELS se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó el caso ante la Corte Interamericana que, en mayo de 2008, falló a su favor del periodista y le exigió al Estado argentino anular la sentencia y reformular su legislación.
En base a estas recomendaciones, el Congreso nacional sancionó la la ley 26551, que dispuso la modificación del Código Penal, y suprimió del Código Penal los delitos de calumnias e injurias en relación a expresiones referidas a asuntos de interés público.
"Es una ley muy importante. A partir de su sanción, una injuria no puede considerarse un delito y debe haber una resolución a través de la responsabilidad civil. Es lo que sucede en la actualidad con la demanda que el presidente Alberto Fernández presentó contra Patricia Bullrich", explicó la abogada.
En los últimos años de su vida, Kimel trabajó para la agencia alemana de noticias DPA y en la radio de las Madres; murió en febrero de 2010, a los 57 años por una nefropatía.
El 10 de noviembre de 2011, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto la sentencia penal por calumnias en su contra y ratificó que las expresiones relacionadas con asuntos de interés público no configuran delitos penales.
Foto: Arnaldo Pampillón
Fuente: Agencia TelAm
