El pasado 8 de julio el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.635 de Equidad de Género en los Medios de Comunicación. El objetivo es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. Roberto Gargarella, Jurista, sociólogo y doctor en Derecho y Jurisprudencia da su opinión sobre esta norma
Dicho lo anterior: no está mal que el Estado favorezca la igualdad de género, y desaliente los mensajes sexistas, machistas, discriminadores. Y si el Estado da incentivos, también económicos (premios, por caso), para que se deje de lado el lenguaje que discrimina, o para alentar discursos respetuosos de los derechos humanos, esa iniciativa puede, en principio, justificarse, aún si se aplica, también, a medios privados. Pero, otra vez, nunca perdemos de vista los riesgos que la tarea involucra, ni dejamos de evaluar esos riesgos a la luz de la historia argentina. Aquí, y en particular en las últimas décadas, el Estado ha tomado repetidas iniciativas para silenciar o castigar -desalentando- a los medios que no le eran afines, a la vez que ha premiado indebidamente a los medios favorables. Buena parte de los problemas generados por la llamada "Ley de Medios", tuvieron que ver con ese uso discrecional de los resortes a su favor, como bien anticipó y supo señalarle la Corte Suprema.
Ahora bien, considerando lo anterior, podemos mirar específicamente la normativa apuntada, que va más allá de resguardar los derechos humanos, o desalentar la discriminación de genero, para pasar a defender una política "perfeccionista", que es mala por ese objetivo (imponer, en los hechos, un modo de pensar en la materia, que no es universalmente defendible, en el marco de una sociedad plural y multicultural), y que es peor por la vaguedad con la que está formulada, lo cual la convierte en una herramienta deseable y fabulosa para quienes quieren manipular los recursos del Estado para hostilizar a los medios críticos y generar una malla de medios oficialistas, favorables al propio discurso gubernamental. Por estas últimas consideraciones, la normativa resulta de tonos fuertemente inconstitucionales, y merecería por tanto ser impugnada judicialmente, si es que el gobierno no la reelabora, para ponerla en línea con sus objetivos legítimos y constitucionales.
Fuente: Diario El Litoral
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