En la carta, FoPeA y la ADC mencionan los principios jurídicos locales y regionales en torno a la distribución de la pauta publicitaria oficial, advierten que se trata de uno de los principales problemas en materia de libertad de expresión en todo el país, y señalan que “la interrupción intempestiva de pautas publicitarias por parte del Estado puede ser un mecanismo de censura indirecta, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes, entre los que se destaca, en particular, el caso Río Negro de 2008”.
El remedio contra la discrecionalidad en la adjudicación de la pauta oficial es una ley que la regule, tal como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en numerosas oportunidades. Pero ante la falta de un marco legal específico y adecuado, las organizaciones recuerdan en el texto que “los Estados tienen, de todas formas, la obligación de no discriminar y no utilizar al reparto de pauta como una forma de premio o castigo que interfiera con la política editorial de los medios de comunicación”.
FoPeA y ADC manifestaron a Duarte en la carta conjunta su disposición para brindar información adicional sobre el tema.
