Del suplemento "Perspectivas 2014" publicado por el diario Río Negro
El futuro queda cada vez más lejos
Para el periodista del diario La Nación, se perdieron valiosos años. Hay que discutir hacia adelante y resolver temas urgentes, plantea. No se cumplieron las promesas del nuevo marco regulatorio, señala Crettaz
Por: Jose Crettaz
No se "democratizó la palabra", no se registró un estallido de "nuevas voces" ni tampoco hubo un shock "desmonopolizador". A más de cuatro años de la sanción y tres años de la reglamentación de la ley de servicios de comunicación audiovisual ninguna de las grandes promesas del nuevo marco regulatorio en radio y televisión se cumplieron. No mejoró la oferta de los servicios de TV paga y acceso a internet, ni en calidad, ni en cantidad y muchos menos en precio. Y, lo que es peor, la calidad de la información y su cobertura podría haber descendido dramáticamente a juzgar por el cerco informativo que dominó en varias ciudades durante el acuartelamiento policial y los episodios criminales de vandalismo y saqueos que sacudieron al país en diciembre.
Los "21 puntos para una radiodifusión democrática" –corazón del nuevo texto legal– fueron colgados en la puerta de sus despachos por muchos de sus militantes convertidos ahora en funcionarios del universo comunicacional oficialista. Al menos la mitad de esos dogmas con aspiraciones progresistas no se cumple. La distribución sin discriminación de la publicidad del Estado nacional, por ejemplo, sigue siendo una ilusión, y tampoco existe un registro público abierto y accesible de cuántos son los medios y quiénes son sus dueños.
La mala factura jurídica, paradigmas tecnológicos y de consumo cultural tres o cuatro décadas atrasados y la instrumentalización de la ley para castigar a quienes no se ajustan al deseo oficial y beneficiar a quienes sí lo hacen, están derivando en cierto rechazo social contra el marco jurídico.
Un balance parcial presentado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se confirmó falso en varios de sus aspectos, tal como lo demostró la ONG Chequeado, dedicada a la verificación del discurso público, que analizó sólo dos cifras de ese panorama ampliamente difundido por medios estatales y paraestatales. "Hay más de 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, fruto de la aplicación de la ley", afirmó este año Martín Sabbatella, presidente de AFSCA. Chequeado demostró con estadísticas oficiales que, se los cuente como se los cuente, esos empleos –en el mejor de los casos– no supera un puñado de miles. La ONG también demostró –como ya lo habíamos hecho antes en el diario La Nación– que la mayoría de los medios creados desde 2009 no se rige por el nuevo marco legal (714 autorizaciones y licencias de un total de 997) sino por el viejo decreto-ley de la dictadura de Jorge Videla, y muchos no son nuevos sino que ya funcionaban sin estar regularizados. De las 283 licencias y autorizaciones que se rigen por el marco regulatorio actual, sólo 14% corresponden al sector privado con fines de lucro (particulares y empresas); 13% al privado sin fines de lucro (cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles), 55% al sector público estatal (gobiernos municipales, provinciales y nacional, además de escuelas y universidades) y 18% al sector público no estatal (Iglesia Católica y pueblos originarios). Si a esos números se le agregan las frecuencias reservadas a municipios, universidades estatales y gobiernos provinciales, el porcentaje de los medios estatales crece abruptamente.
El denominado 7D de 2012, cuando el gobierno pretendió aplicar por la fuerza al grupo Clarín los artículos entonces suspendidos por la Justicia, se presentó como el primer logro de la ley de medios LRG 461 Canal 2 Wall Kintun TV de Bariloche, una señal de la comunidad mapuche que, tal como informó el diario Río Negro, a más de un año de aquel acto sólo retransmite contenidos del canal Encuentro y del canal estatal provincial.
Las violaciones al texto legal –que además sólo está parcialmente reglamentado– o a su espíritu son sistemáticas por parte del AFSCA, de otros órganos estatales y de empresas privadas que se mueven al amparo de la administración Kirchner. Basta con analizar las presentaciones del creciente conglomerado de medios del empresario Cristóbal López, que compró las emisoras que eran de Daniel Hadad al margen de la ley, las presentó como propias en la AFSCA sin que esta hiciera preguntas, y podría terminar "adecuándose" al marco jurídico cediendo dos emisoras y un canal de TV a Marcelo Fiordelli, un contador que integra los directorios de sus empresas desde hace años. AFSCA tampoco se muestra preocupada por el incumplimiento de la grilla de canales que presenta la empresa estadounidense DirecTV, cuyo servicio fue celebrado por la presidenta Cristina Kirchner en 2013.
Pero mientras la mayoría de las miradas sigue posándose en los conglomerados de medios con base en Buenos Aires, donde la AFSCA acaba de postergar el análisis de las propuestas de adecuación de Clarín, Telefe-Telefónica, Telecentro-Pierri, Prisa-Continental y Manzano-Vila, los peores frutos de la ley empiezan a verse en las provincias, donde las múltiples restricciones e incompatibilidades a la titularidad de licencias, las crecientes exigencias burocráticas y la irrupción de "comisariatos políticos" locales, entre otras cosas, ahogan a los medios y periodistas profesionales mientras allana el camino a grupos vinculados directa o indirectamente al poder político. Una muestra más de esto es la aprobación definitiva en la última reunión del año de la AFSCA del plan de adecuación de Radio Visión Jujuy, empresa del vicegobernador kirchnerista Guillermo Jenefes, cuyas licencias de radio y TV están a nombre de su esposa e hijos. Como senador nacional, Jenefes fue clave para el kirchnerismo en la habilitación del tratamiento de la ley en la Cámara Alta en 2009.
Las productoras audiovisuales pymes que alquilan espacios para difundir sus programas en canales de cable de todo el país tienen menos tiempo autorizado para emitir publicidad según lo regulado por el Art. 82 de la ley. Hasta se creó una asociación, la Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales (Caprica), con sede en Mar del Plata, casi exclusivamente para pedir la reforma de ese aspecto de la ley, que está afectando su sustentabilidad.
En definitiva, esta norma va creando las condiciones para que el Estado se convierta en la principal fuente de sustento de los medios, vía pauta oficial, subsidios o simplemente "hacer la vista gorda" ante incumplimientos de la ley de medios u otras normas. Esta ley, tal como muchos decíamos "en el desierto" allá por 2009, está provocando el desfinanciamiento de la producción de contenidos audiovisuales nacionales mientras no pone ningún tipo de tope de participación de mercado ni le plantea competencia a los conglomerados mediáticos globales.
En tanto, completamente fuera del marco jurídico constitucional y plenamente vigente, se expande la televisión digital terrestre (TDT) –se rige por decretos presidenciales– que incluye señales privadas (CN23, C5N, 360 TV, etc.) que violan el tope del 35% de la audiencia y accedieron a frecuencias sin haber pasado por concursos públicos ni tener licencia, algo exigido por la ley.
Además, hay una larga lista de pendientes en materia de expansión de posibilidades de comunicación: urge una nueva ley de telecomunicaciones –que rige el acceso a internet y la conectividad móvil–, la actual es un decreto ley del dictador Alejandro Lanusse de 1972; falta una ley de acceso a la información pública que obligue al Estado a informar sobre el uso de los recursos públicos, el vigente decreto de Néstor Kirchner de 2003 es incumplido por todos los organismos; falta una ley de distribución equitativa de la pauta oficial, algo declamado por la Corte Suprema en varias sentencias, incluida la que declaró constitucional la ley de medios; podría además empezar a discutirse la neutralidad de internet o de su disponibilidad como derecho básico universal.
Los frutos no podían ser distintos. Durante más de cuatro años hemos estado discutiendo para atrás. Perdimos un tiempo precioso mientras el futuro se nos fue quedando cada vez más lejos.
Los efectos en Río Negro
El testimonio de Pierino Porrino, coordinador Río Negro 1 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA): "Río Negro viene aplicando la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde su sanción y se profundizó con la llegada de Martín Sabbatella a la AFSCA. Durante el 2013 hemos recorrido toda la provincia poniendo a disposición el organismo y proponiéndolo como una herramienta de trabajo al servicio de operadores de radios, televisoras, y cable operadores. Hemos trabado relaciones con municipios, escuelas, organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, universidades y otros organismos del Estado con el objetivo de hacer visible este derecho conquistado por todos los argentinos que es el derecho a la comunicación. ¿Cómo se traduce esto? Sensibilizando a todos los sectores de la sociedad para que se visualicen como productores de contenidos y comenzar a llenar nuestros medios locales con información propia, veraz, con arraigo social.
La rectificación de la Corte Suprema de Justicia respecto al carácter antimonopólico de la ley, no trae grandes novedades en Río Negro, más allá de las empresas ligadas al Grupo Clarín. Nosotros seguimos trabajando fuertemente en hacer una comunicación con inclusión social, plural, y por ende más democrática. Sabemos que queda mucho camino por recorrer. Sobre todo en dinamizar la herramienta de regularización de medios que hoy están sin reconocimiento. Es por ello que este año se abrirán concursos de licencias en la mayoría de las localidades de la provincia".
Los efectos en Neuquén
En Neuquén capital la perspectiva en cuanto a la aplicación de la Ley de Medios es positiva, señaló Eduardo Fuentes, coordinador de la Delegación AFSCA Neuquén. Afirmó que luego de la constitucionalidad que manifestó la Corte Suprema no habrá persecución pero apelarán "a la búsqueda de que la mayoría de los medios se adecúen a la ley". Cablevisión y el grupo Schroeder deberán desprenderse de algunas licencias en la región.
Durante este año "fueron entregadas siete licencias a través de concursos abiertos y públicos, para medios existentes en su mayoría", dijo. Adelantó que "en 2014 habrá una mayor voluntad de continuar el proceso de adecuación. Estamos acompañando a quienes deseen regularizarse con respecto a la ley". Por otro lado, señaló: "Realizamos talleres de capacitación y entregamos certificados para 130 locutores locales, avalados por el ISER".
Para el próximo año se trabajará bajo el plan de adecuación que presentó Clarín en noviembre pasado. AFSCA decidirá "qué tipo de resolución se tomará con respecto a las cuatro licencias que tiene Cablevisión en Roca, Zapala, Chos Malal y Cutral Co". Además está pendiente el futuro de "las seis extensiones que posee Cablevisión, con las cuales amplía su alcance a varias localidades, ubicadas en Neuquén, Centenario, El Chañar, Plaza Huincul, Plottier y Senillosa", explicó Fuentes. En tanto que el grupo Schroeder excede el nivel permitido de licencias a nivel local en frecuencias radiales. El límite impuesto es de hasta una radio AM y dos FM. El grupo Telefe "debe reducir su cuota de mercado que supera el 40% en todo el país".
Fuente: Diario Río Negro
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