Entrevistado por el noticiero popular de Barricada TV, el canal alternativo que funciona en el cuarto piso de la fábrica recuperada IMPA, en Almagro, opinó que para "toda organización pequeña es cuesta arriba el valor de los pliegos".
Estas resoluciones llaman a concurso para la adjudicación 220 de licencias en televisión digital terrestre en todo el país, y en la Ciudad de Buenos Aires fijan montos que van de 40 mil a 140 mil pesos para acceder a los pliegos. Esos valores "están al alcance de las grandes organizaciones, no de las de pequeña escala", afirmó, para luego destacar que esto "se contradice con el espíritu general de la ley de medios".
Becerra, docente universitario e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, dijo que es necesaria una planificación a mediano plazo, y que debe existir sobre ella "algún tipo de auditoría social y política, una mirada social y política más diversa que la del propio gobierno, otros actores que participen, porque eso le da más legitimidad. Pensando en la protección de la ley de medios --subrayó-, hace bien que haya miradas sociales y políticas sobre la traducción de esta ley en medidas concretas".
En este sentido, consideró que dentro del 33 por ciento del espectro destinado a las organizaciones sin fines de lucro "debería hacerse algún tipo de discriminación positiva a favor de aquellas experiencias pequeñas de carácter alternativo, comunitario, barrial". Y que el proceso de la TDT en nuestro país es original y a la vez contradictorio: original, porque el Estado se hace cargo integralmente del desarrollo de esta nueva tecnología, porque se han puesto al aire nuevas emisoras como Paka Paka o Encuentro "que oxigenan" con sus contenidos y su calidad. Y contradictoria porque "la presencia de los privados en la dieta de la TV digital es completamente irregular. Son señales que no se presentaron a ningún concurso: estamos hablando de C5N de Daniel Hadad, de CN23 de Sergio Szpolsky, de Gol TV de Paco Casal y Francescoli; estamos hablando de señales que tampoco ganaron concursos en TV analógica y que sin embargo tienen la prioridad" para emitir en televisión digital.
"En contrapartida --continuó- no hay ninguna emisora de carácter no lucrativo excepto la de la UOCRA, que es un enorme sindicato y que no se corresponde con los postulados o principios de la ley cuando definía las organizaciones sin ánimos de lucro, o por lo menos no agota esa definición ni por lejos".
Respecto de legalización en analógico de las televisoras alternativas, comunitarias y populares, lo que las habilitaría a disputar el ingreso a la grilla del cable, Becerra consideró que el reclamo es "súper lógico", y que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que "los operadores de cable tienen que incorporar las señales en abierto de la localidad". Además, el apagón analógico "está pensado para 2019", y "uno de los motivos por los cuales en la Argentina se va a demorar la implantación de la TV digital en los hogares es justamente la masividad que tiene el sistema de TV por cable, que llega a más del 70 por ciento de los hogares. Para la inmensa mayoría de los argentinos mirar televisión es sinónimo de mirar televisión por cable. En consecuencia el reclamo me parece súper lógico", sobre todo teniendo en cuenta "las dificultades para llegar con las señales analógicas, por estar fuera de la grilla de cable", concluyó.
Las TV alternativas, nucleadas en el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias, vienen planteando el debate desde que se conocieron las restrictivas resoluciones 685 y 686. Realizaron un "aguantazo cultural" frente a las puertas de AFSCA y luego fueron recibidas por el directorio en los primeros días de agosto. Realizaron foros y actividades de propaganda llamando la atención sobre la postergación del 33 por ciento destinado a las organizaciones sin fines de lucro en TV digital, y plantearon reivindicaciones básicas para el sector comunitario: legalización en analógico, concursos específicos para TV digital con participación en la elaboración de los pliegos y elección de jurados, y una señal nacional gestionada por los colectivos. En los primeros días de septiembre, se espera, el AFSCA dará una respuesta a las demandas, que se aguardará en estado de movilización mientras se sigue visibilizando el conflicto.
