para radio, televisión y otros servicios comunicacionales, que sustituya la actual Ley de Radiodifusión aprobada en dictadura” afirman los firmantes de la carta enviada hoy al Presidente de la República y al Ministro de Industria, Energía y Minería, agregando que “la concesión de nuevas licencias para brindar servicios de transmisión de datos afecta el corazón de la política pública de comunicación de cualquier gobierno”.Además, llaman la atención sobre el impacto que tendría sobre ANTEL y que tanto en el proceso para llegar a esta decisión como en los procedimientos para el otorgamiento de dichas licencias se ha dejado de lado a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DNT) y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) “organismos especializados y legalmente constituidos para ello”.
Las organizaciones sociales y académicas firmantes creen que sería aconsejable que la decisión “quede en suspenso en el marco de la presente transición, hasta tanto se defina quién será el nuevo presidente de la República y éste designe los equipos que se harán responsables de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”.
A continuación, el texto completo de la carta enviada.
Montevideo, 26 de noviembre de 2009
Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez c/c Sr. Ministro de Industria Energía y Minería Sr. Raúl Sendic
Las organizaciones sociales e instituciones que suscriben el presente comunicado, solicitan al Poder Ejecutivo, representado en nuestro presidente, Tabaré Vázquez, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Raúl Sendic, que se dejen en suspenso las decisiones que se apresta a tomar el actual gobierno respecto al Plan Cardales, enespecial la referida al otorgamiento de nuevas licencias de trasmisión de datos, por las razones que se pasan a exponer:
1.- El Plan Cardales constituye una excelente idea del actual gobierno tendiente a universalizar el acceso a los servicios de telefonía, internet y televisión en un mismo soporte. Las organizaciones firmantes comparten en su totalidad la iniciativa de que las nuevas tecnologías no sólo lleguen a todos los uruguayos, sino que su implementación comience por los sectores de menores recursos.
2.- Reconocemos que la voluntad política del actual Poder Ejecutivo avanzando con practicidad y velocidad para lograr la igualdad de todos los uruguayos en el terreno del acceso a las nuevas tecnologías y el derecho a la información ha sido clave para implementar con éxito el Plan Ceibal.
3.- Sin embargo, creemos que seguir avanzando en el Plan Cardales sin debatir abiertamente decisiones claves como el otorgamiento de licencias para operar nuevos servicios sin debidas contraprestaciones y sin plazo, o la aprobación de subsidios y exoneraciones, pueden crear una situación de hechos consumados que condicionen las decisiones estratégicas que deberá abordar el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento.
4.- Ha sido una práctica histórica del sector privado comercial de televisión, muy criticada desde las organizaciones sociales y el propio Frente Amplio, avanzar en la conquista de nuevos espacios en el terreno comunicacional a partir de licencias precarias y revocables que luego se invocan como derechos adquiridos y hereditarios y terminan siendo eternas. Estas licencias tienen un alto valor económico y en este caso se estarían otorgando sin adecuadas y suficientes contrapartidas y acompañadas de subsidios que podrían restarse a otras actividades
5.- La complejidad que representa la extensión de este plan y los inocultables intereses económicos y corporativos en juego desaconsejan tomar medidas que pueden afectar el futuro de las telecomunicaciones y de las políticas públicas de comunicación sin una debida discusión con participación de la sociedad, así como de las instituciones públicas con competencia en la materia.
6.- Las decisiones que tome el Poder Ejecutivo estarán afectando, de una u otra manera, a ANTEL que se puede ver enfrentada a una competencia con el sector privado comercial que necesitaría de un análisis más profundo. Una decisión con tal impacto estratégico no puede ser tomada sin el debido debate de todos los actores sociales y públicos involucrados, y a tan poco tiempo de asumir el nuevo gobierno, el cual no debería quedar condicionado por un decreto adoptado a tres meses de asumir.
7.- Llama nuestra atención que, tomando en consideración los impactos para nuestra empresa nacional de telecomunicaciones y los desafíos regulatorios que estas decisiones implican, se estén tomando o se vayan a tomar decisiones salteándose la institucionalidad pública creada en el país para el debido tratamiento de estos asuntos. Según la información en nuestro conocimiento, estas decisiones no han sido avaladas por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones ni han contado con el asesoramiento de la URSEC, organismos especializados y legalmente constituidos para ello, y que tampoco tengan participación alguna en la evaluación y selección de los interesados en acceder a tales licencias, la cual haría el LATU, quien no tiene competencias para ello.
8.- Las decisiones que el gobierno estaría pronto a aprobar deberían considerarse en el marco de un debate más amplio que incluya la elaboración y aprobación de un nuevo marco regulador del régimen de licencias para radio, televisión y otros servicios comunicacionales, que sustituya la actual Ley de Radiodifusión aprobada en dictadura.
9.- La concesión de nuevas licencias para brindar servicios de transmisión de datos afecta el corazón de la política pública de comunicación de cualquier gobierno por lo que creemos aconsejable que la misma quede en suspenso en el marco de la presente transición, hasta tanto se defina quién será el nuevo presidente de la República y éste designe los equipos que se harán responsables de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
