El proyecto para dictar una nueva Ley de Radiodifusión en la Argentina postulará, por un lado, la adopción de nuevas tecnologías para la transmisión de las estaciones de radio y televisión. Impulsará la digitalización de las señales, para eliminar gradualmente las transmisiones analógicas, hasta suprimirlas en 2016. Por otro lado, promoverá un marco de pluralidad y participación de la comunidad en materia de radiodiofonía. Concretamente, establece que el 33% del espectro radiofónico tiene que estar en manos privadas, otro tercio en las del Estado y la tercera parte restante es para organizaciones sociales sin fines de lucro.
“La digitalización permitirá que el espacio que hoy tiene una señal pueda ser ocupado, sin interferencias, por cuatro. Esta es una manera de promover la libertad de expresión: garantizar que haya más voces en el aire, dando sus opiniones y puntos de vista. Y en distintos niveles: con el margen de licencias de las que dispondrá el Estado, podrá habilitar a que haya escuelas que tengan su propia radio”, explicó Mariotto.
Mariotto estima que, actualmente, el 98% del espectro está ocupado por el sector privado. “El Estado no cumplió con el rol que le correspondía en materia de comunicación. Especialmente en los 90, cuando lejos de invertir, privatizó y se retiró de la radiodifusión, así como de la salud y de la educación. Peor aún, cuando lo hizo, confundió Estado con Gobierno. Desde hace unos años, está saldando esa deuda”, manifestó.
Sin plazos
Según el titular del ComFeR, la sanción de la nueva ley no tiene plazo. Pero sí posee una condición: la de agotar todas las instancias de diálogo con los distintos actores de la sociedad. “Buscamos que la norma tenga consenso social y, a la vez, vencer la resistencia de algunos medios y algunos grupos. Queremos demostrar que esta es una ley en contra de nadie”, aseveró.
La nueva norma implicará, también, la creación de un organismo distinto del ComFeR. “El ComFeR aplica una norma viciada que nació durante la dictadura: con la nueva ley, surgirá una entidad en la que estarán representados los tres poderes del Estado, y habrá audiencias públicas para conceder y renovar las licencias”, explicó.
En ese sentido, explicó que la comunidad podrá denunciar cuándo una señal concedida a un organismo estatal o a una entidad sin fines de lucro ha adquirido un cariz netamente comercial. “Los medios del Estado deben cumplir con el rol que les ha sido asignado”, aseveró.
Mariotto también sostuvo que el ComFeR, a diferencia de gestiones pasadas, está cobrando las multas contra canales que emiten contenidos para adultos dentro del horario de protección al menor. “La cuestión es que para algunas emisoras, es negocio pagar la penalidad y ganar puntos de rating. Es una cuestión que la nueva ley debe revisar. Pero el ComFeR jamás, en democracia, debe tratar de dirigir los contenidos. Hay que advertir, además, que la televisión refleja a la sociedad: brinda lo que los televidentes quieren consumir”, concluyó.
Fuente: La Gaceta
