domingo, 23 de agosto de 2026

Fernando Cerimedo: el hombre sin cargo que llegó al corazón del poder en Bolivia

Sin cargo formal ni sueldo estatal, Fernando Cerimedo se convirtió en una figura de acceso privilegiado al presidente boliviano Rodrigo Paz. Su vínculo con la familia presidencial, su participación en la campaña, sus conexiones con distintos sectores del poder y la investigación por el intento de femicidio contra Nadia Beller abrieron una trama de relaciones, acusaciones e interrogantes que todavía no fueron respondidos por el Gobierno.

Esta semana volvió a aparecer en la escena pública argentina el nombre de Fernando Cerimedo, un personaje que ya había tenido una fuerte repercusión en los medios locales a raíz de un intento de femicidio contra su expareja. El episodio, que inicialmente concentró la atención periodística en Argentina, llevó también a revisar la trayectoria y las redes de influencia que Cerimedo fue construyendo en los últimos años.

Tiempo atrás, la periodista Ivi Cángaro había trazado un perfil de Cerimedo en un programa de Radio Nacional. Fue durante una entrevista realizada por Judith Gerbaldo, también periodista de Radio Sur de Córdoba, y allí habían aparecido detalles sobre el personaje que resultaban particularmente inquietantes.

Sin embargo, aquella entrevista ya no está disponible en el sitio de Radio Nacional. Aunque el buscador todavía permite encontrar la referencia a la nota, el enlace que debería conducir al debate y a su audio fue eliminado. El episodio queda así como una muestra de las contradicciones de la llamada "libertad" que reivindica el actual gobierno argentino: algunas cosas pueden escucharse y otras desaparecen.

Señales recuperó esa entrevista. Los invitamos a escucharla:

La historia de Cerimedo también llamó la atención por la transformación de su posición económica y política. Hasta la llegada de Javier Milei al poder, según distintas versiones periodísticas, llevaba una vida de recursos mucho más limitados e incluso habría trabajado como remisero. Con el nuevo escenario político argentino, en cambio, se convirtió en un hombre con acceso a grandes sumas de dinero, capacidad de influencia y vínculos que excedieron las fronteras del país.

Su nombre comenzó a aparecer en distintos puntos de América Latina, especialmente allí donde las derechas avanzaban y buscaban consolidar nuevos gobiernos. Bolivia fue uno de esos escenarios.

Para comprender el papel que Cerimedo terminó ocupando allí, en Señales conversamos con José Luis Aliaga, periodista de ERBOL, quien explicó que el argentino llegó a convertirse en asesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, aunque nunca tuvo formalmente un cargo dentro del Estado.

Aliaga sostuvo que muchos bolivianos recién comenzaron a conocer esa relación cuando el vínculo ya llevaba varios meses de desarrollo. Cerimedo se había acercado a Paz durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, en las que Paz terminó imponiéndose sobre Jorge "Tuto" Quiroga. Desde entonces, permaneció junto al mandatario durante toda la campaña y, según Aliaga, estuvo en la Casa de Gobierno desde el primer día de la nueva administración.

La llave de entrada al entorno presidencial
El origen de esa relación, explicó Aliaga, habría estado en un vínculo mucho más personal. Catalina Paz, la hija de Rodrigo Paz, se había inscripto en Numen, la academia de Cerimedo, donde tomó clases virtuales vinculadas con la edición de videos.

Según la versión que comenzó a repetirse desde el propio Gobierno boliviano, ese contacto habría contribuido a que Cerimedo terminara acercándose al entonces candidato. Para Aliaga, sin embargo, aquella relación fue mucho más que un dato anecdótico: fue la llave que abrió la puerta al círculo de confianza del futuro presidente.

La presencia del argentino en el entorno presidencial no fue, sin embargo, una cuestión meramente informal o circunstancial. Existen fotografías que lo muestran junto a Paz, integrantes de su gabinete e incluso junto al rey de España. Una de esas imágenes corresponde al 9 de noviembre de 2025, apenas el segundo día del gobierno de Paz.

La particularidad del caso estaba en que Cerimedo no tenía un cargo oficial, ni una designación administrativa, ni una remuneración reconocida por el Estado boliviano. Pero, al mismo tiempo, su proximidad con el presidente era extraordinaria.

El propio vicepresidente, Edman Lara, llegó a definirlo públicamente como el "asesor personal" del mandatario, una caracterización que terminó ratificando las versiones que circulaban sobre su influencia.

Aliaga describió un dato que permite dimensionar ese acceso: Cerimedo tenía una oficina en el mismo piso en el que funcionaba la oficina presidencial. Estaba, según su relato, a pocos metros de Rodrigo Paz.

La ausencia de un cargo formal no parecía traducirse, por lo tanto, en una ausencia de poder.

"Ese es el acceso", explicó Aliaga, al intentar dimensionar qué podía significar para un particular tener ese nivel de cercanía con el jefe de Estado. A su juicio, Cerimedo podía no figurar en una nómina estatal ni recibir un sueldo, pero eso no impedía que tuviera capacidad para moverse dentro de los circuitos de decisión.

Un asesor sin sueldo y con influencia
El financiamiento de sus actividades también se convirtió en una zona de interrogantes. Cerimedo era presentado como uno de esos constructores políticos que funcionan con apoyo de instituciones que pueden encontrarse dentro o fuera del país.

En un momento, el abogado de Cerimedo aseguró que la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, había financiado parte de sus actividades. La propia CAF desmintió inmediatamente esa afirmación.

El episodio dejó instalada una paradoja: un hombre sin relación laboral formal con el Estado boliviano, sin sueldo público y sin un cargo institucional conocido, pero con un nivel de acceso al presidente que difícilmente podía considerarse menor.

Las advertencias sobre esa situación no eran completamente nuevas. Aliaga recordó que algunos periodistas bolivianos habían advertido meses antes sobre el crecimiento de la influencia de Cerimedo. Columnistas habían encendido una señal de alarma al observar que el trabajo del argentino parecía comenzar a ocupar el espacio de un supuesto plan de gobierno de Rodrigo Paz.

La observación era todavía más significativa, según el periodista, porque a su entender nunca había quedado del todo claro que existiera un plan de gobierno definido y consolidado. En ese vacío, el trabajo de un asesor externo podía adquirir una dimensión política particularmente importante.

Cerimedo concedió algunas entrevistas a periodistas bolivianos, aunque su figura permaneció durante buena parte de ese período en un segundo plano. Una de ellas fue realizada por el periodista Tufi Aré, de Santa Cruz.

En esa conversación, Cerimedo explicó que no había trabajado junto a Rodrigo Paz durante la primera etapa de la campaña porque el candidato no podía pagar sus honorarios.

La situación cambió después de la primera vuelta electoral. Paz había obtenido el primer lugar, aunque sin alcanzar los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Cuando sus posibilidades de llegar a la presidencia crecieron, Cerimedo apareció para trabajar con él durante toda la campaña definitiva.

Ese dato abre una pregunta sobre las condiciones de aquella relación. Si, como había declarado el propio Cerimedo, Paz no podía pagarle durante la primera parte de la campaña, resultaba razonable preguntarse en qué términos había aceptado trabajar durante la segunda vuelta y qué esperaba obtener a cambio de ese esfuerzo una vez que el candidato llegara al Gobierno.

Aliaga planteó esa hipótesis como una posibilidad: que el trabajo hubiera sido realizado "a cuenta" de una futura posición o de alguna oportunidad vinculada al nuevo gobierno.

No afirmó que hubiera existido un pago estatal, precisamente porque no había pruebas para sostenerlo. Pero sí señaló la contradicción entre la ausencia de una remuneración oficial y el crecimiento económico que, según distintas versiones, experimentó Cerimedo durante ese período.

Alrededor de su figura comenzaron a circular otras versiones, entre ellas supuestos vínculos con negocios relacionados con la venta de gasolina y con contrataciones. Aliaga fue cuidadoso al referirse a ellas. Aclaró que se trataba de cuestiones que debían ser comprobadas y que el periodismo no podía convertir versiones en hechos sin contar con pruebas fehacientes.

Pero esa cautela no eliminaba una impresión que, a su entender, atravesaba todo el caso: detrás de la figura pública y relativamente silenciosa de Cerimedo se habían movido muchas cosas.

De Milei y Honduras a Bolivia
Cerimedo llegó a Bolivia después de haber trabajado con Javier Milei y de haber desarrollado vínculos con sectores de la derecha internacional y del movimiento MAGA. En esa red política y de consultoría, Honduras aparecía como uno de los antecedentes que el propio Cerimedo había mencionado públicamente.

Aliaga aclaró que no se refería allí al trabajo general de Cerimedo junto a Milei ni a sus supuestas actividades en Estados Unidos, sino específicamente a lo que el argentino había contado sobre Honduras.

En una entrevista con Tufi Aré, Cerimedo había asegurado que había participado en una elección en Honduras y que allí había contribuido a desplazar a sectores de izquierda. También había reivindicado abiertamente su identidad política.

No mostraba reparos en definirse como un hombre de derecha. Según recordó Aliaga, había dicho que no tenía "ningún miedo ni ninguna vergüenza" en reconocerse como derechista.

Su posición ideológica, por lo tanto, no parecía dejar demasiado margen para las interpretaciones. Cerimedo buscaba trabajar dentro de un espacio político definido y su actividad en distintos países latinoamericanos formaba parte de una estrategia más amplia de asesoramiento y construcción de poder.

Pero, en el caso boliviano, Aliaga consideraba que la clave para entender su llegada al círculo íntimo de Rodrigo Paz era mucho más concreta: su vínculo con Catalina Paz, la hija del presidente.

Todo había comenzado con aquellas clases virtuales. Edición de videos y herramientas de comunicación. Después, ese contacto terminó convirtiéndose en una puerta de entrada hacia el padre.

La relación se mantuvo y adquirió una dimensión política. Cerimedo llegó incluso a elogiar públicamente a Catalina Paz durante un viaje a Estados Unidos, donde participó junto con la primera dama boliviana y la propia hija del presidente en una reunión de asesores políticos vinculados con la derecha.

En ese encuentro, Cerimedo presentó a Catalina como una figura con futuro dentro de la consultoría política continental. Según el relato de Aliaga, llegó a decir que la hija del presidente de Bolivia sería "el futuro de los asesores políticos en el continente".

Para el periodista boliviano, ese reconocimiento no era un detalle menor. Mostraba el grado de aceptación que había alcanzado Catalina Paz dentro del círculo de Cerimedo y, al mismo tiempo, reforzaba su propia cercanía con la familia presidencial.

La hipótesis de Aliaga era clara: Cerimedo ingresó al entorno de Rodrigo Paz a partir de la confianza construida con su hija.

Primero fueron unas clases a distancia. Después, una colaboración política. Finalmente, aquel consultor que había enseñado edición de videos terminó instalado a pocos metros del despacho presidencial.

El contacto con los otros poderes
Un episodio relatado por Aliaga sirve, para él, como ejemplo del nivel de acceso que había alcanzado el argentino.

Cuando ocurrió el atentado contra Nadia Beller, en Santa Cruz, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia se comunicó con Cerimedo para preguntarle qué había ocurrido.

Cerimedo, según relató Aliaga, le respondió que todavía no sabía con precisión qué había sucedido y que se encontraba camino al lugar para averiguarlo.

"Ese era el nivel de contactos que tenía Fernando Cerimedo", resumió el periodista.

El motivo de la llamada, según la explicación del magistrado, era que Nadia Beller era su amiga y quería saber qué había sucedido con ella. Para Aliaga, sin embargo, el hecho excedía esa circunstancia particular.

Que el máximo responsable del órgano superior de Justicia recurriera directamente a Cerimedo para obtener información constituía otra muestra del tipo de contactos que el asesor había logrado construir.

La dimensión del episodio adquiría todavía mayor relevancia por la estructura institucional boliviana. El país tiene cuatro órganos fundamentales de poder: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral.

Cerimedo no ocupaba formalmente un lugar en ninguno de ellos. Sin embargo, su cercanía con el Ejecutivo y sus vínculos con figuras de otros poderes mostraban, según el relato de Aliaga, hasta dónde podía extenderse una influencia ejercida desde fuera de las estructuras oficiales.

Aliaga incluso señaló, con cierta ironía, que le gustaría que alguna vez el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia lo llamara para hacer una entrevista. Pero, dijo, eso no ocurría ni probablemente ocurriría.

Nadia Beller, el atentado y las acusaciones
Mientras aquella relación permanecía relativamente oculta para buena parte de la opinión pública, otro episodio comenzaba a ponerla bajo una luz mucho más incómoda.

El vicepresidente Edman Lara había contado que en febrero canceló un viaje a Ecuador después de que uno de sus colaboradores le advirtiera que personas cercanas a Cerimedo planeaban atentar contra su vida. Según Lara, la información había sido transmitida por Nadia Beller.

Aliaga confirmó que conocía esa versión y que, efectivamente, Beller había quedado en el centro del escándalo.

Beller era la mujer que había sufrido un atentado el martes anterior, a la puerta de un hotel en Santa Cruz. Pero su historia política era anterior al episodio.

Se trataba de una activista que había sido candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo. Después se peleó con Evo Morales y con buena parte de su entorno.

El giro político de Beller había sido considerable. Terminó acercándose al espacio de Luis Fernando Camacho, el exgobernador de Santa Cruz y uno de los principales dirigentes de las movilizaciones de 2019 que contribuyeron a la salida de Morales de la presidencia.

De haber trabajado con el MAS pasó, así, a hacerlo junto a algunos de sus principales adversarios.

Después del atentado, Beller realizó declaraciones explosivas. En ellas involucró a numerosos dirigentes y empresarios y lanzó acusaciones que, de acuerdo con Aliaga, debían ser investigadas y comprobadas.

Entre otras cosas, afirmó que Cerimedo había entregado dinero a determinados diputados. También sostuvo que la esposa de Rodrigo Paz recibía comisiones vinculadas con negocios y empresas que participaban en procesos de licitación.

Sus declaraciones involucraron a numerosas figuras del poder boliviano. Algunas de las personas mencionadas comenzaron a amenazar con iniciar acciones judiciales y reclamaron que Beller demostrara sus acusaciones.

Aliaga insistió en que ese era precisamente el punto central: había que comprobar cada una de esas afirmaciones. El periodismo no podía convertir automáticamente las denuncias de Beller en hechos probados.

Pero la posición que ocupaba Beller dentro de la trama hacía que sus declaraciones resultaran especialmente sensibles. Según las versiones que circulaban, había mantenido una relación cercana con Cerimedo y podía haber tenido acceso a información de primera mano.

La naturaleza exacta de ese vínculo tampoco estaba completamente clara. Se hablaba de Beller como compañera o pareja de Cerimedo, aunque Aliaga evitó afirmarlo como un hecho. Cerimedo, recordó, estaba casado y tampoco existía información suficiente para saber cuál era la situación de ese matrimonio.

Lo que sí parecía evidente era que Beller conocía aspectos internos de la trama que ahora comenzaban a salir a la superficie.

Palmasola: seis meses para investigar
En paralelo, la investigación por el atentado avanzó hasta alcanzar directamente a Cerimedo.

El juez que lleva la causa por el intento de femicidio contra Nadia Beller ordenó su detención preventiva y su traslado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, por un período de 180 días.

Seis meses, explicó Aliaga, para desarrollar las investigaciones correspondientes.

La decisión también tuvo una particularidad. Cerimedo no fue enviado a La Paz ni a la cárcel de Chonchocoro, situada a unos 4.080 metros de altura. Fue trasladado a Palmasola, en Santa Cruz.

Aliaga describió el sistema carcelario boliviano como profundamente problemático, marcado por la superpoblación y por una enorme cantidad de detenidos preventivos. Palmasola no escapaba a esa realidad y, según su descripción, era una cárcel difícil, con internos considerados peligrosos y condiciones que estaban lejos de ser ideales.

Mientras Cerimedo ingresaba en prisión preventiva, el escándalo comenzaba a golpear al gobierno de Rodrigo Paz.

El presidente que todavía no nombra a Cerimedo
La primera reacción presidencial había sido inmediata, pero cuidadosa. Paz se solidarizó con Nadia Beller y expresó su deseo de que el caso fuera esclarecido rápidamente por la Justicia.

Lo hizo, además, en términos que buscaban marcar distancia entre el Poder Ejecutivo y la investigación judicial, como una forma de sostener la independencia entre los poderes del Estado.

Sin embargo, había algo que llamaba especialmente la atención: el presidente no había mencionado públicamente a Cerimedo.

Tampoco había explicado cuál había sido exactamente su relación con él.

Quien sí habló fue el vocero presidencial, José Luis Gálvez. Según Aliaga, Gálvez reconoció que Cerimedo había desempeñado funciones de asesoría y lo definió como una persona "muy radical". Pero, al mismo tiempo, sostuvo la posición oficial de que el Estado boliviano no le había pagado un solo peso.

Para Aliaga, esa defensa podía ser cierta y, sin embargo, no respondía la pregunta fundamental.

El problema no era solamente si Cerimedo había cobrado o no del Estado boliviano. La cuestión central era qué papel había desempeñado dentro del gobierno de Rodrigo Paz y qué nivel de influencia había conseguido ejercer desde una posición que oficialmente no existía.

Porque allí estaba la paradoja que atravesaba toda la historia: un hombre sin cargo formal, sin sueldo estatal reconocido y sin una función administrativa visible había conseguido instalarse en el corazón del poder.

Había trabajado para Paz durante la segunda vuelta electoral. Había permanecido a su lado desde el inicio del gobierno. Tenía una oficina en el mismo piso que el presidente. El vicepresidente lo había definido como asesor personal. Había mantenido vínculos con miembros de los principales órganos del Estado y había sido consultado incluso por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora estaba detenido en Palmasola mientras una investigación judicial intentaba determinar qué había ocurrido con Nadia Beller y cuáles eran las responsabilidades que podían corresponderle.

Y, en el centro de todo, permanece una pregunta que el propio gobierno de Rodrigo Paz todavía no ha respondido de manera directa: cómo llegó Fernando Cerimedo a ocupar semejante lugar dentro del poder boliviano y qué hizo realmente durante los meses en que operó desde las sombras.

Escuchá la entrevista completa:
Foto: RRSS

El voto bajo sospecha: las nuevas reglas que pueden cambiar la representación política en Santa Fe

El nuevo Código Electoral obtuvo media sanción en Diputados y ahora espera el tratamiento del Senado. La reforma modifica las PASO, cambia el diseño de la boleta única, eleva al 4% el piso para acceder al reparto de bancas y habilita hasta tres candidaturas a vicegobernador/a para un mismo candidato a gobernador. Para el constitucionalista Oscar Blando, detrás de esos cambios se abre una discusión de fondo: qué relación habrá entre los votos obtenidos y la representación efectiva de la ciudadanía.

El jueves pasado, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al nuevo Código Electoral, una reforma que introduce cambios relevantes en el sistema de las PASO, modifica el diseño de la boleta única y eleva los pisos electorales para acceder a la representación legislativa. La iniciativa, que ahora deberá continuar su recorrido parlamentario, abrió además una discusión más profunda sobre la representación política, la proporcionalidad del voto y los eventuales reparos constitucionales que podrían plantearse.

Para analizar el alcance de la reforma, el abogado, doctor en Derecho y especialista en Derecho Constitucional y Electoral Oscar Blando pone el foco en Señales, antes que nada, en una cuestión que considera necesaria y largamente postergada: Santa Fe necesitaba un Código Electoral.

Lo sostiene desde hace años y recuerda que incluso publicó un libro, Reforma Política en Argentina: un debate democrático pendiente, concebido como una suerte de digesto electoral, en el que reunió leyes dispersas, antiguas y, en algunos casos, contradictorias, algunas derogadas expresamente y otras de manera orgánica o tácita. Desde esa perspectiva, la necesidad de ordenar y sistematizar la legislación electoral provincial resulta, para él, indiscutible.

La nueva Constitución de Santa Fe también aporta razones para avanzar en esa dirección. Blando señala que la reforma constitucional de 2025 estableció la necesidad de reglamentar distintas cuestiones, entre ellas la creación de un nuevo órgano electoral y las nuevas formas de participación política incorporadas al texto constitucional: iniciativa popular, referéndum, revocatoria y audiencias públicas. Se trata, en esos casos, de materias que requieren necesariamente una reglamentación.

Pero el problema, según su mirada, aparece cuando el Código avanza sobre cuestiones que la Constitución no obligaba a modificar. Ahí ubica los cambios en los pisos o umbrales electorales y el nuevo diseño de la boleta única.

Para Blando, no existió un mandato constitucional que exigiera elevar los pisos electorales ni tampoco modificar la boleta única de papel por categorías, tal como se utilizaba hasta ahora.

Un Código necesario, pero no todos los cambios
La pregunta que formula es, precisamente, quién reclamó esos cambios.

"¿Qué parte de la ciudadanía pidió elevar los pisos electorales? ¿Qué sector de la academia pidió elevar los pisos electorales?", plantea. Y extiende el interrogante al sistema de votación: "¿Qué sector de la sociedad pidió cambiar el diseño de la boleta única de papel por categoría como nosotros teníamos?".

Según sostiene, no conoce ningún sector social, político o académico que haya reclamado específicamente el diseño finalmente aprobado por la Cámara de Diputados.

A su entender, podría haberse discutido una modificación de la boleta para adoptar otros modelos existentes, como el sistema cordobés, el mendocino o incluso el utilizado a nivel nacional. Sin embargo, considera que la fórmula que terminó incorporándose al proyecto surgió de las discusiones políticas posteriores y no de una demanda social o académica previamente instalada.

La diferencia, para Blando, es importante: una cosa es reconocer la necesidad de contar con un cuerpo normativo ordenado y actualizado y otra muy distinta es suponer que esa necesidad habilita cualquier modificación de las reglas electorales. Ahí comienza su principal objeción.

El 4% y los votos que pueden quedar afuera
Uno de los puntos que más preocupa a Blando es el aumento del piso electoral. Actualmente, explica, para la distribución de cargos legislativos rige un umbral del 3% del padrón electoral. El nuevo Código propone elevarlo al 4%.

Ese porcentaje no funciona como el piso que una fuerza debe superar para pasar de las PASO a las elecciones generales, sino como el umbral que debe alcanzar después de la elección general para poder participar de la distribución de bancas en la Cámara de Diputados. La diferencia no es menor.

Con la nueva Constitución, la Cámara de Diputados debe distribuir sus bancas mediante un sistema proporcional, de modo que exista una correspondencia entre los votos obtenidos por las distintas fuerzas y la representación que finalmente consiguen. El problema, advierte Blando, es que el piso del 4% puede dejar afuera de esa distribución a fuerzas pequeñas.

Además, se trata de un porcentaje calculado sobre el padrón electoral y no sobre los votos efectivamente emitidos. Eso significa que quienes figuran en el padrón pero no concurren a votar también forman parte de la base sobre la cual se calcula el umbral.

En la práctica, sostiene Blando, quienes no votan terminan favoreciendo indirectamente a las fuerzas que consiguen superar el piso, que suelen ser los grandes sectores o frentes electorales.

La defensa política de esta modificación se ha apoyado, en buena medida, en la necesidad de garantizar la gobernabilidad. Pero esa explicación no convence al especialista.

Blando señala que, si se observa el derecho público provincial argentino, Santa Fe quedaría como una de las jurisdicciones con el umbral más alto: Jujuy tiene un piso del 5% y, detrás, aparecería Santa Fe con el 4%. La mayoría de las provincias se mantiene en el 3% del padrón o, en otros casos, establece el porcentaje sobre los votos emitidos. También existen provincias que directamente no tienen umbral electoral.

La pregunta que, según cuenta, planteó incluso durante una reunión de las comisiones de la Cámara de Diputados es concreta: en qué provincia argentina hubo ingobernabilidad porque el piso electoral era bajo o porque directamente no existía un umbral. "Nadie me contesta", sostiene.

Su observación apunta a cuestionar la relación que se pretende establecer entre un piso electoral elevado y la capacidad de un gobierno para gobernar.

Según Blando, la experiencia argentina muestra más bien lo contrario: ejecutivos fuertes, gobiernos con control político, mediático e incluso judicial. Por eso considera que la teoría según la cual un umbral bajo genera ingobernabilidad puede tener algún sustento en determinados desarrollos de la teoría política, pero no encuentra correlato en la realidad provincial argentina.

La explicación histórica del sistema de umbrales, agrega, tiene mayor sentido en los regímenes parlamentarios, donde los gobiernos surgen de los propios parlamentos y una excesiva fragmentación puede dificultar la formación de mayorías y, por lo tanto, de gobiernos estables.

Pero ese no es el esquema argentino. El país tiene un sistema presidencialista y, en las provincias, los gobernadores cumplen un papel equivalente al de pequeños presidentes. En ese contexto, sostiene, el problema de la ingobernabilidad derivada de la fragmentación legislativa no aparece de la misma manera.

Blando admite que cualquier gobernante preferiría contar con mayorías cómodas en las legislaturas y en los concejos deliberantes. Pero entiende que el camino para conseguirlas debería ser electoral: obtener votos y ganar elecciones.

"No crear ficticios instrumentos que condicionen la voluntad popular", plantea.

La proporcionalidad en disputa
El efecto más delicado del nuevo umbral, desde su perspectiva, no se limita a una cuestión de ingeniería electoral.

Debajo de ese 4% pueden quedar cientos de miles de personas sin representación política. Y esa exclusión, advierte, puede producir una consecuencia todavía más preocupante: favorecer el abstencionismo.

La lógica que plantea es sencilla. Si una persona no encuentra dentro de la oferta electoral una alternativa con posibilidades reales de representación, puede dejar de concurrir a votar.

"Si yo no tengo la opción el día de ir a votar, es muy probable que no vaya a votar", resume. La discusión adquiere entonces una dimensión constitucional.

Blando reconoce que los porcentajes y umbrales electorales han sido objeto de judicialización en distintas oportunidades y que se ha discutido incluso la constitucionalidad de determinados pisos, como el 3%.

Sin embargo, explica que tanto en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en el de la Corte Suprema, en términos generales, estas cuestiones suelen ser consideradas decisiones políticas mientras no impliquen una restricción incompatible con el sistema democrático o con la voluntad popular.

Por eso no afirma que la sola existencia de un umbral del 4% implique automáticamente una inconstitucionalidad. Su objeción es más específica: considera que esos umbrales condicionan el principio constitucional de proporcionalidad que la nueva Constitución de Santa Fe adoptó para la representación legislativa.

El ejemplo que utiliza permite comprender el problema. Imagina una lista que obtiene 90.000 votos pero no alcanza el umbral necesario, establecido hipotéticamente en 100.000. Esa lista queda fuera de la distribución de bancas.

En cambio, las fuerzas que sí superaron el 4% participan del reparto mediante el sistema D’Hondt y pueden conseguir bancas con candidatos que, dentro de esa distribución proporcional, representen una cantidad de votos considerablemente menor.

El resultado puede ser que una lista que obtuvo 90.000 votos quede sin representación por no haber alcanzado el piso, mientras otro candidato, perteneciente a una fuerza que sí superó el 4%, acceda a una banca con una cantidad de votos muy inferior: 40.000, 45.000, 35.000 o incluso 20.000.

Para Blando, ahí aparece la tensión central. "El primero de esa lista tiene 90.000 votos, pero como no llegó a los 100.000, no pasa y no se distribuye", explica.

Mientras tanto, los últimos candidatos de las listas que sí superaron el piso ingresan al reparto y, a partir de la aplicación del sistema D’Hondt, pueden resultar electos con una cantidad de votos muy inferior. "Sin embargo, ese va a ser legislador y el que sacó 90.000 no va a ser legislador", señala.

Desde esa perspectiva, la discusión deja de ser solamente técnica y pasa a comprometer el principio mismo de representación proporcional que la Constitución provincial decidió adoptar.

Para Blando, la contradicción se encuentra justamente allí: en un sistema que proclama la proporcionalidad, un candidato puede reunir muchos más votos que otro y, sin embargo, quedar fuera de la Legislatura exclusivamente por no haber alcanzado un umbral previamente establecido.

Una candidatura a gobernador, hasta tres vices
La reforma contiene, además, otras novedades que, a juicio del especialista, merecen atención. Entre ellas, aparece la posibilidad de que un mismo candidato o candidata a gobernador o gobernadora compita acompañado por hasta tres candidatos o candidatas a vicegobernador o vicegobernadora.

Blando califica esta modificación como "novedosa e insólita" y anticipa que también plantea interrogantes institucionales. Para el especialista, la posibilidad de que un mismo candidato a gobernador o gobernadora compita acompañado por hasta tres candidatos o candidatas a vicegobernador o vicegobernadora no encuentra antecedentes en el sistema electoral argentino.

El especialista sostiene que no existe ninguna jurisdicción del país donde se vote de esa manera y considera evidente que la modificación nació como una forma de resolver un problema interno dentro del bloque oficialista.

Su objeción no está dirigida al conflicto partidario en sí mismo, sino a la decisión de trasladarlo al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. "No critico los problemas internos. Lo que digo es que no hay que trasladarlo a la ciudadanía para resolver ese problema interno", resume.

Blando parte de una consideración básica sobre el sistema electoral: gobernador y vice no constituyen dos categorías independientes. Se vota una fórmula.

Si fueran categorías separadas, explica, la elección provincial tendría seis categorías en lugar de cinco: gobernador, vicegobernador, senador, diputado y las restantes autoridades locales. Pero no es así.

"Se vota fórmula", enfatiza. Por eso entiende que, si esta posibilidad de presentar distintos candidatos a vice acompañando a un mismo gobernador se aplicara en la elección general, sería claramente inconstitucional.

En las PASO, en cambio, reconoce que el análisis es más complejo y deja abierta una zona de discusión jurídica. En ese terreno aparece, según Blando, una figura conocida en la teoría política y electoral: la lista colectora.

El mecanismo consiste en que diferentes listas o partidos confluyan en una misma candidatura para una categoría superior. En este caso, distintas candidaturas a vicegobernador quedarían asociadas a una única candidatura a gobernador.

Los votos obtenidos por cada una no se suman entre sí para construir una misma lista, pero todas llevan al mismo candidato principal. Blando las define como "colectoras a la santafesina".

La boleta que cambia la forma de votar
La misma lógica, aunque aplicada al diseño de la boleta, aparece en otra de las grandes modificaciones del Código.

Santa Fe abandonaría el sistema de boleta única por categorías para pasar a un esquema que Blando describe como de "boletas sábanas cortas", donde el candidato a gobernador puede producir un efecto de arrastre sobre los diputados, del mismo modo que los intendentes pueden hacerlo sobre los concejales.

El especialista vuelve a marcar que se trata de una fórmula que no tiene antecedentes extendidos en el país y que su carácter novedoso no implica necesariamente que sea mejor que el sistema vigente.

La discusión, para él, no debería confundirse con la idea de innovación. Cambiar un mecanismo electoral no significa, por sí mismo, mejorarlo. En ese punto imagina incluso el escenario político que podría producirse el año próximo, si la ley queda sancionada.

Las distintas candidatas a vice que acompañen a un mismo candidato a gobernador deberán competir entre sí en una interna visible. "¿Qué se van a decir entre ellas para decir: vos sí, yo no, yo acompañé, vos no lo hiciste?", plantea el periodista. La escena, advierte, es la de una interna "al rojo vivo", sostiene y suma Blando: "eso es lo que tienen todas las colectoras".

Las colectoras tradicionales presentan, en cambio, otra particularidad: distintos partidos, incluso con perfiles ideológicos diferentes, pueden llevar al mismo candidato a gobernador o presidente.

Uno puede ubicarse más a la izquierda, otro más a la derecha y otro en el centro, pero todos confluyen en una candidatura común, refiere el constitucionalista y señala que en Santa Fe, la particularidad es que esas fuerzas pueden aparecer incluso dentro de un esquema que las vincula a un mismo espacio gubernamental. Blando encuentra allí otro elemento de confusión para el electorado.

La idea de que las distintas fuerzas están necesariamente de acuerdo porque llevan al mismo gobernador y comparten un programa de gobierno no le parece tan evidente. Y si, además, se habilita la posibilidad de hasta tres candidaturas a vice, se pregunta cuál es el criterio para establecer ese número.

Tres cruces y el riesgo de los votos nulos
El problema se extiende al modo concreto en que el ciudadano deberá votar. Blando cuestiona que se presente el nuevo diseño como una forma más sencilla y transparente de emitir el sufragio.

Su comparación parte de la experiencia conocida por los santafesinos: con la boleta única por categorías, el elector podía elegir por separado al candidato a gobernador, al senador y al diputado.

"¿Por qué es más fácil votar por categoría?", pregunta. Para él, tomar la boleta correspondiente a cada categoría y seleccionar al candidato elegido resulta más claro que concentrar múltiples decisiones en una misma papeleta.

El nuevo sistema, en cambio, incorporaría tres posibilidades de marcado. El ciudadano podría optar por una lista completa, elegir un gobernador determinado y, al mismo tiempo, seleccionar una lista diferente para diputados.

El abogado constitucionalista cuestionó que el nuevo diseño electoral de Santa Fe sea "más fácil y transparente" para los ciudadanos. "¿Por qué es más fácil votar? No es más fácil votar por categoría: yo tomo la boleta de gobernador y elijo a quien quiero; tomo la de senadores y elijo a quien quiero, o diputados. Eso es mucho más sencillo que poner esta boleta, que va a tener tres cruces", planteó.

Según explicó, el elector podrá optar por una lista completa, por un candidato a gobernador y por candidatos a diputados de otra fuerza. "Uno puede no votar lista completa y votar gobernador de uno y diputado de otra", señaló. Sin embargo, advirtió que el diseño de la boleta y la oferta electoral que tendrá frente a sí el ciudadano serán "muchísimo más complicados" y que, en consecuencia, "seguramente traerán muchos más votos nulos", como ocurrió en Córdoba.

"Entonces, ¿se pueden decir muchas cosas ahora, que es más fácil y más transparente? No", concluyó.

¿Un neolema o "colectoras a la santafesina"?
La discusión inevitablemente le recuerda una etapa que Santa Fe conoce bien: los años de la ley de lemas.

Algunos analistas ya han definido el nuevo mecanismo como una suerte de "neolema", aunque Blando introduce una precisión técnica: estrictamente, no sería un lema porque los votos no se suman entre las distintas listas.

En ese sentido, considera que la figura se aproxima mucho más a las colectoras. Y no se trata, según remarca, de una objeción exclusivamente personal. Blando menciona trabajos académicos y de instituciones especializadas en materia electoral que también han cuestionado las listas colectoras y las listas de adhesión.

Cita particularmente a CIPEC, una institución que, aclara, difícilmente pueda ser ubicada dentro de una determinada orientación política. Recuerda que esas críticas están recogidas en un libro sobre reformas electorales que coordinó junto con la Universidad Nacional de Rosario.

Según explica, quienes estudian, investigan y ejercen tareas de control sobre los procesos electorales han advertido sobre los problemas que generan estos mecanismos y han planteado que deberían evitarse. "Al contrario, que las critican, dicen que no son convenientes, hay que evitarlas. Bueno, nosotros las elegimos", concluye.

De la boleta santafesina a la nueva boleta
La transformación de la boleta única ocupa, en ese sentido, un lugar central en sus reparos.

Santa Fe fue pionera con el sistema de boleta única por categorías, una herramienta que luego se extendió, con distintas variantes, a otras jurisdicciones y llegó incluso al ámbito nacional.

Blando recuerda que el propio Pablo Javkin —a quien se refiere durante la entrevista— fue uno de los impulsores de aquel modelo y que durante años defendió la boleta única tal como se implementó originalmente en Santa Fe.

El especialista recuerda especialmente una discusión producida en 2024, cuando distintos especialistas fueron convocados a la Cámara de Diputados durante el tratamiento del proyecto de boleta única nacional.

En aquella oportunidad, Blando compartió la exposición con Javkin y asegura que este defendió "férreamente" la boleta por categorías que había impulsado para Santa Fe. Por eso la modificación actual le resulta llamativa. "No sé si su posición cambió o no, no lo sé", dice Blando.

Pero sí afirma que el sistema que ahora se propone no era el que Javkin había defendido aproximadamente un año y medio o dos años antes. "Yo no soy quien tiene que dar las explicaciones", agrega, admitiendo al mismo tiempo que en política las posiciones pueden cambiar.

A la complejidad de la nueva boleta se suma finalmente la incorporación de la posibilidad de votar por lista completa. El elector tendrá, junto a la categoría de gobernador y próxima a la de diputados, un casillero específico para optar por la lista completa.

Pero esa opción convivirá con casilleros individuales que permitirán elegir por separado al gobernador y a los diputados. Así, quien quiera podrá seleccionar la lista completa, mientras que quien prefiera combinar candidatos deberá marcar individualmente cada categoría.

El sistema busca permitir mayor libertad de elección, pero para Blando el resultado puede ser exactamente el contrario al que sus defensores anuncian: una boleta más compleja, una oferta electoral más difícil de interpretar y un escenario con mayores posibilidades de errores y votos nulos.

En su lectura, el nuevo Código Electoral no solamente modifica las reglas con las que competirán los partidos. También altera la manera en que los ciudadanos encontrarán esas opciones en la boleta y, por esa vía, la relación entre la oferta política y la decisión que finalmente se expresa en las urnas.

Y esa es, para el especialista, una de las razones por las que la reforma merece una discusión mucho más profunda que la que supone simplemente cambiar el formato de una papeleta.

Los partidos chicos frente al nuevo piso
Pero el nuevo Código no solamente puede modificar la forma en que votan los ciudadanos. También puede alterar profundamente las posibilidades de supervivencia electoral de los partidos más pequeños.

Blando se muestra sorprendido por el acompañamiento que la reforma recibió de algunas fuerzas que, bajo las nuevas reglas, podrían terminar siendo perjudicadas.

La pregunta que plantea es qué ocurriría si esos partidos decidieran presentarse solos, fuera de los grandes frentes electorales de Santa Fe. El socialismo que acompañó esta reforma, reconoce, podría atravesar esa prueba y superar cómodamente el nuevo piso del 4%.

Pero menciona como casos más problemáticos al Partido Demócrata Progresista, el GEN, UNO y distintas expresiones menores del peronismo. En su interpretación, muchos de esos partidos apoyaron la reforma porque actualmente están "cobijados y enganchados" dentro de frentes electorales más grandes.

Sin esa estructura, advierte, podrían quedar directamente fuera de toda representación. El nuevo sistema genera así un incentivo para que las fuerzas pequeñas se alineen con alguno de los grandes espacios de la provincia si quieren evitar desaparecer electoralmente.

"Hay que alinearse con alguno de los grandes frentes electorales de la provincia de Santa Fe para no morir el intento", plantea Blando.

La consecuencia, desde su perspectiva, no es necesariamente una mayor fortaleza de los partidos, sino una dependencia creciente respecto de las estructuras políticas más grandes. La discusión sobre el piso del 4%, entonces, vuelve a encontrarse con la de la representación.

No se trata solamente de cuántos votos necesita una fuerza para conseguir una banca. También está en juego qué tipo de sistema partidario puede sobrevivir bajo las nuevas reglas y qué incentivos genera la legislación para que las fuerzas pequeñas compitan de manera independiente o se incorporen a frentes más amplios.

Quiénes votaron y quiénes deberán explicar
El especialista también cuestiona el reparto de responsabilidades políticas alrededor de la reforma. No acepta que algunos sectores puedan presentarse después como ajenos a las decisiones adoptadas en la Cámara de Diputados. En particular, señala al peronismo, que acompañó prácticamente la totalidad del proyecto.

Según explica, el bloque justicialista votó a favor de toda la ley, con la excepción del artículo que habilita la pluralidad de candidaturas a vicegobernador para un mismo candidato a gobernador. Fuera de ese punto, sostiene, acompañó el resto de la reforma.

Por eso advierte que no alcanza con que algunos dirigentes intenten tomar distancia de la iniciativa una vez aprobada. "Acá hay más de un responsable de estas decisiones", afirma.

La contradicción también aparece, según su análisis, en las diferentes posiciones que el propio peronismo había sostenido durante el tratamiento legislativo. En el Senado, el justicialismo había planteado un piso electoral del 5%, mientras que en Diputados su proyecto proponía el 3,5%.

Blando recuerda que, en julio, había anticipado que la negociación terminaría probablemente en un punto intermedio entre el 3% y el 5%: el 4%. El tiempo, dice con ironía, terminó dándole la razón.

El peronismo en Diputados elevó su propio estándar hasta el 4% y terminó acompañando el piso que finalmente obtuvo media sanción.

El Senado y una oportunidad que quedó abierta
Ahora la mirada se dirige al Senado. Blando considera altamente probable que la Cámara alta apruebe el texto tal como salió de Diputados, fundamentalmente porque el oficialismo cuenta allí con mayoría.

Por eso estima que el único punto que podría generar una discusión más intensa —el sistema de candidaturas a vicegobernador— difícilmente alcance para modificar sustancialmente el proyecto.

La discusión sobre el Senado abre, a su vez, otra de las críticas de fondo de Blando: la reforma electoral no aprovechó la oportunidad para revisar la representación en esa Cámara.

La nueva legislación mantiene prácticamente intacta la estructura del Senado provincial, incluso en un contexto en el que se discuten cuestiones más amplias como la bicameralidad y la necesidad de revisar los mecanismos de representación.

Blando señala que podría haberse pensado una representación distinta, incorporando una relación entre mayorías y minorías similar a la existente en el Senado nacional, donde la distribución de dos bancas para la mayoría y una para la primera minoría permite garantizar un espacio opositor y, además, asegurar al menos una mayor representación femenina. Pero esa posibilidad, sostiene, no fue abordada.

El especialista también cuestiona que el discurso oficial de la reforma sostenga como uno de sus argumentos centrales la necesidad de votar más por proyectos políticos y partidos, en lugar de concentrarse exclusivamente en candidaturas individuales.

Si ese fuera realmente el objetivo, se pregunta por qué el Senado conserva su boleta única por categoría. Los senadores son, en efecto, los únicos candidatos provinciales que mantendrían el sistema de votación por categoría.

Gobernador y diputados pasarían al nuevo esquema; intendentes y concejales también quedarían alcanzados por la lógica de la nueva boleta.

Pero el Senado permanece separado. Para Blando, esa decisión revela una contradicción evidente.

"Los senadores no tienen el mismo proyecto político que el gobernador", ironiza, porque si el argumento fuera que las distintas categorías deben integrarse para favorecer la identificación del elector con un mismo proyecto político, no tendría sentido mantener separada justamente la elección de senadores.

Una boleta que también muestra la fragmentación
La paradoja se profundiza, a su entender, cuando se observa el argumento oficial sobre la necesidad de combatir la fragmentación. La nueva boleta, lejos de eliminarla, puede terminar expresándola gráficamente.

Un gobernador puede sostener una determinada posición, mientras un diputado del mismo espacio puede defender otra. Un senador, aun bajo el mismo nombre partidario, puede adoptar una postura diferente. Y en el ámbito municipal, intendentes y concejales pueden desarrollar sus propias estrategias políticas.

La fragmentación, sostiene Blando, no desaparece por el hecho de reunir varias categorías en una misma boleta. Por eso considera que el diseño elegido termina funcionando como una representación gráfica de la propia fragmentación política, partidaria e ideológica de Santa Fe.

La división de la boleta en distintos espacios de decisión no construye necesariamente proyectos políticos comunes; por el contrario, puede poner en evidencia que esos proyectos comunes no existen o que las distintas categorías electorales funcionan con lógicas propias.

"Lo que hace la boleta única dividida en tres partes es expresar la fragmentación partidaria, ideológica, política que tienen los partidos políticos en la provincia de Santa Fe", concluye.

Una consulta a expertos que deja preguntas
La entrevista termina después de una extensa revisión de las principales modificaciones del Código Electoral. Pero el debate no queda cerrado.

Blando había sido convocado una semana antes a la Cámara de Diputados, junto con otro especialista, para exponer sobre el proyecto y aportar su mirada técnica.

Según el balance posterior del periodista, sus advertencias no fueron incorporadas al texto finalmente aprobado. La convocatoria de especialistas, en ese sentido, terminó siendo para Blando y para quienes siguieron el debate una oportunidad desaprovechada.

La pregunta que queda flotando es qué sentido tiene convocar a expertos para analizar una reforma electoral si las observaciones que realizan no son consideradas cuando llega el momento de votar. El proyecto, de todos modos, ya había obtenido la media sanción.

El próximo paso será el tratamiento en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría y, por lo tanto, una capacidad decisiva para sostener el texto aprobado por Diputados. La expectativa de Blando es que no haya modificaciones sustanciales y que la reforma avance prácticamente tal como fue sancionada.

El verdadero examen empieza en las urnas
De ser así, el verdadero examen comenzará el año próximo, cuando las nuevas reglas abandonen el papel y se enfrenten con el comportamiento real de los partidos, los candidatos y los electores.

Será entonces cuando se pueda comprobar si el nuevo Código consigue aquello que sus defensores prometen —mayor claridad, gobernabilidad y una mejor organización de la competencia electoral— o si, como advierte Blando, termina generando más exclusión, más dependencia de los pequeños partidos respecto de los grandes frentes, más votos nulos y una representación menos proporcional.

La discusión, en definitiva, ya no será solamente legislativa. Será electoral y ciudadana.

Y tendrá lugar frente a una boleta que, por primera vez, obligará a los santafesinos a aprender nuevas reglas para expresar algo tan elemental como su voluntad política.

Porque detrás del diseño de una boleta, del porcentaje de un umbral o de la posibilidad de que un candidato a gobernador tenga hasta tres acompañantes hay una discusión bastante más profunda.

Es la discusión sobre qué ocurre con un voto cuando una fuerza política no alcanza el piso establecido; sobre cuánto pesa la decisión de quienes concurren a votar y cuánto termina favoreciendo el sistema a quienes construyen grandes frentes; sobre si la simplificación anunciada se traduce realmente en una elección más clara; y, sobre todo, sobre cuánto debe pesar cada voto a la hora de convertir voluntad popular en representación.

El nuevo Código Electoral puede ordenar una legislación dispersa y, al mismo tiempo, modificar de manera sustancial las reglas de la competencia política. Para Blando, esa diferencia es precisamente el punto que todavía debe discutirse.

Porque una reforma electoral no debería diseñarse solamente para facilitar la gobernabilidad de quienes ya tienen capacidad de gobierno, sino para garantizar que los votos efectivamente expresados por la ciudadanía encuentren una traducción razonablemente proporcional en la representación legislativa.

Y allí es donde el nuevo piso del 4%, más que una cuestión técnica, puede convertirse en uno de los puntos centrales de la discusión política y constitucional que todavía resta dar.

Escuchá la entrevista completa:

viernes, 21 de agosto de 2026

Pauta oficial del gobierno de Kiciloff: $58.000 millones para grandes grupos y medios comunitarios al margen

Una pauta millonaria sin ley ni límites: quiénes se llevan la mayor parte del dinero
Axel Kicillof y la ministra de comunicación Jesica Rey

El Gobierno de Axel Kicillof destinó durante 2025 más de $58.000 millones a publicidad oficial. La distribución se realizó sin una ley específica que establezca criterios objetivos, topes por beneficiario o cupos para medios cooperativos y comunitarios.

Mientras los grandes grupos de comunicación recibieron cientos o miles de millones de pesos, medios comunitarios bonaerenses que también cumplen una función informativa y social pueden recibir apenas $600.000 por mes, de manera irregular.

El contraste expone una pregunta incómoda: ¿cómo se decide quién accede a los recursos de la pauta oficial y quién queda relegado?

La decisión final sobre las órdenes de publicidad emitidas durante 2025 recae en la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, bajo la órbita del gobernador Kicillof. En total, se emitieron 9.571 órdenes de publicidad, mediante mecanismos de contratación directa.

El resultado, cuando se observa el reparto en números, muestra una fuerte concentración.
 
Una torta de hasta $62.450 millones
Según una investigación publicada por Chequeado en febrero de 2026, basada en resoluciones oficiales de la Secretaría de Medios bonaerense, la Provincia ejecutó durante 2025 entre $58.300 millones y $62.450 millones en publicidad oficial.

El salto respecto de 2024 habría sido de entre 63% y 139%, según la metodología y el universo considerado. Otro portal, El Disenso, detalló que los fondos se distribuyeron a través de 9.571 órdenes de compra entre 710 medios y proveedores registrados.

Pero la distribución estuvo lejos de ser pareja: diez grupos mediáticos concentraron cerca de la mitad de los recursos, con montos que, según las distintas fuentes relevadas, oscilaron entre $28.482 millones y $31.718 millones.
 
Los grandes beneficiarios
Entre los principales receptores de pauta oficial durante 2025 aparecen empresas periodísticas, grupos multimedia, agencias y comunicadores con estructuras comerciales propias:
  • Grupo Indalo —C5N, radios y productora—: $6.958 millones.
  • Grupo América —América TV, A24, El Cronista y Radio La Red—: $3.091 millones.
  • Grupo Olmos / Crónica: más de $3.000 millones.
  • Iprospect Media SA, agencia vinculada a pauta digital: alrededor de $3.000 millones.
  • Grupo Clarín —Canal 13, Clarín, TN, Radio Mitre y Olé—: alrededor de $3.000 millones.
  • El Destape: $2.867 millones.
  • Infobae: $2.400 millones.
  • Letra P / 0221: $920 millones.
  • Editorial Perfil: $731 millones.
  • Grupo Cielo: $599 millones.
  • El Día de La Plata: $577 millones.
  • El Eco Multimedios de Tandil: $351 millones.
  • Grupo Balcedo: $303 millones.
  • Futurock: $210 millones.
  • Cenital / P35SUR SRL: $68,2 millones.
También aparecen comunicadores y estructuras individuales con asignaciones significativamente superiores a las que reciben, en muchos casos, medios comunitarios:
  • Luciano Galup / Menta Comunicación: alrededor de $100 millones.
  • Martín Noir / La Brújula 24 y FM 93.1: $58 millones.
  • Nydia Ximena Caligiuri / Canal 22 web: $57,5 millones.
  • Flavio Azzaro / Canal AZZ: entre $43,5 y $44 millones.
El caso Clarín: una diferencia de 407 veces
Uno de los ejemplos que permite dimensionar la concentración es el del Grupo Clarín.

Durante 2025, el conglomerado habría recibido $2.928 millones de pauta oficial bonaerense, distribuidos entre Canal 13, Clarín y su plataforma digital, TN, Radio Mitre y Olé.

Eso representa un promedio de aproximadamente $244 millones mensuales.

La comparación con un medio comunitario resulta contundente. Mientras un medio de esas características puede recibir alrededor de $600.000 en un mes de pauta, y ni siquiera de manera regular, el promedio mensual atribuido al Grupo Clarín equivale a unas 407 veces esa cifra.

Y hay una salvedad importante: esos $600.000 no necesariamente llegan todos los meses ni en los mismos plazos.
 
Ni siquiera hace falta mirar a los gigantes
La brecha también aparece al bajar varios escalones dentro del ranking.

Entre los 45 principales beneficiarios relevados, Clase 79 Producciones SRL, una productora de streaming vinculada al canal Carnaval, figura con unos $21,7 millones anuales.

El promedio mensual de esa cifra ronda los $1,8 millones.

Es decir, incluso uno de los beneficiarios de menor monto dentro de ese grupo supera ampliamente lo que puede representar la pauta oficial mensual para un medio comunitario.
 
Sin ley, sin topes y sin un piso para los medios comunitarios
El problema de fondo no es solamente cuánto dinero destina la Provincia a publicidad oficial, sino cómo se decide su distribución.

Buenos Aires no cuenta con una normativa integral que establezca criterios objetivos, transparentes y equitativos para asignar la pauta oficial. Tampoco existen, según el planteo de esta investigación, topes generales por beneficiario ni mecanismos que garanticen una participación determinada de medios cooperativos, comunitarios o sin fines de lucro.

Así, miles de órdenes de contratación terminan definiendo un esquema en el que los grandes actores comerciales tienen una capacidad de capturar recursos públicos muy superior a la de medios pequeños que, con estructuras mínimas, sostienen producción local, información de cercanía y participación comunitaria.

La discusión, entonces, excede a un gobierno o a un medio en particular.

Cuando el Estado administra decenas de miles de millones de pesos en pauta oficial, la pregunta central no debería ser solamente cuánto se gasta, sino con qué reglas, bajo qué criterios y quiénes quedan sistemáticamente afuera.

jueves, 20 de agosto de 2026

38 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: cuando una voz se convierte en comunidad

El 20 de agosto de 2007, Jesús Yañes llegó a la radio después de escuchar el programa Buscando Trabajo. Era jubilado, tenía un pequeño boliche y quería colaborar con un bono para ayudar a reparar los equipos dañados por los bajones de tensión. No tenía mucho para dar, pero tenía algo que para una radio comunitaria vale mucho más: confianza. Casi dos décadas después, aquella escena sigue contando qué significa sostener una emisora de propiedad social durante 38 años
Hay historias que parecen pequeñas hasta que uno las mira de cerca. Entonces descubren otra dimensión. No hablan solamente de quienes las protagonizan, sino también de aquello que las hizo posibles.

El 20 de agosto de 2007, Aire Libre Radio Comunitaria era —y sigue siendo— mucho más que una radio.

Un medio alterativo, de propiedad social, nacido para interpretar los sentires y pareceres de la comunidad a la que pertenece. Una radio que había elegido no callarse frente a los poderosos, sostener una línea, apostar por la igualdad y acompañar las luchas cotidianas de quienes pocas veces encuentran un micrófono dispuesto a escucharlos.

Y sobrevivir.

Porque hacer radio comunitaria también era eso: aprender a mantenerse a flote en aquella jungla radioeléctrica en la que se había convertido el espectro. Peleársela todos los días. Encontrar la manera de que la voz siguiera llegando al otro lado del parlante.

Por esos días, además, Aire Libre, Radio Comunitaria tenía sus propias heridas.

Los constantes bajones de tensión estaban haciendo estragos en los equipos. Para intentar recomponer, aunque fuera un poco, todo aquello que se había dañado, habíamos puesto en circulación un bono. Lo contábamos al aire. Lo hacíamos, claro, para quienes pudieran colaborar, pero también para que quienes tenían problemas para recibir la señal supieran que detrás de esa voz había una casa, unos equipos, cables, micrófonos y una radio que necesitaba seguir funcionando.

El domingo terminé el programa y sucedió algo que, muchos años después, todavía merece ser contado.

Ese día llegó Jesús a nuestra casa.

No, tranquilos: no me había vuelto místico.

Era Jesús Yañes.

Había escuchado el programa y, cuando terminó, decidió acercarse. Quería dar una mano.

Jesús nos escuchaba siempre. Conocía nuestra voz antes de conocer nuestros rostros. Compartía muchas de las cosas que decíamos al aire, especialmente aquellas que tenían que ver con la solidaridad entre los trabajadores, las luchas contra la injusticia y esa obstinada apuesta por una sociedad más igualitaria.

Era jubilado y tenía un bolichito. No era alguien que llegara con grandes posibilidades económicas. Llegó, justamente, con lo que tenía.

Quería comprar un bono.

Le expliqué que en ese momento no tenía ninguno para darle y que podía tomarle los datos para llevárselo después. Pero Jesús no parecía demasiado preocupado por el papel.

Había otra cosa que para él era suficiente.

Conocía la voz.

Y confiaba en ella.

Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño fajito de billetes. Entre varios de dos pesos buscó uno en particular. Lo encontró.

Era un billete de cincuenta pesos.
Me lo entregó.

Así, sencillamente.

Sin formulario, sin recibo, sin demasiadas explicaciones. Como quien acerca una mano para sostener algo que siente propio.

Después, como Jesús no conocía la casa —aunque seguramente sentía que la conocía de tanto escuchar todo lo que contábamos al aire—, lo llevé a recorrerla.

Una visita guiada por ese pequeño territorio desde donde salían las voces que él escuchaba en su casa.

Vio los equipos, los micrófonos, los lugares donde se hacía la radio. Puso cuerpo y ojos a aquello que hasta entonces le había llegado convertido en sonido.

Se fue contento.

Y antes de irse dejó una frase:

—Cuando me necesiten, estoy.

No sé si Jesús imaginó entonces cuánto podía significar aquella frase.

Afuera seguía estando la jungla radioeléctrica. Los problemas de siempre. Los equipos castigados por los bajones de tensión. Las cuentas. Las dificultades. La necesidad de sostener una radio que no tenía detrás un gran empresario ni una estructura económica que garantizara su existencia.

Pero ese día había algo más.

Había un oyente que había cruzado la puerta.

Un oyente que había dejado de ser solamente alguien al otro lado de la radio para convertirse, por un instante, en parte de ella.

Ahora Domingo Faustino Sarmiento me mira desde un paquetito que guardé con los datos de Jesús y aquel billete de cincuenta pesos.

El prócer, estampado en el papel moneda, parece observarme con cierta sorpresa.

Yo también lo miro.

Y pienso que, al final, una radio comunitaria no se sostiene solamente con transmisores, antenas, consolas o electricidad.

Se sostiene con vínculos.

Con confianza.

Con personas que escuchan y que, cuando pueden, se acercan.

Con jubilados que tienen un bolichito y aun así encuentran unos pesos para ayudar.

Con quienes entienden que una voz en el aire también puede ser una herramienta para pelear contra la injusticia.

Quizás por eso guardé aquel billete.

No por los cincuenta pesos.

Sino porque durante mucho tiempo fue una pequeña prueba material de algo que en una radio comunitaria resulta esencial y, a veces, difícil de explicar: que del otro lado del micrófono también hay alguien.

Y que, cuando esa voz consigue llegar hasta otro, puede ocurrir algo extraordinario.

Que alguien escuche.

Que alguien confíe.

Que alguien golpee la puerta.

Y diga:

—Cuando me necesiten, estoy.

Ver también: Mirá vos..., La radiodifusión no se hace por decreto..., 23 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: Has recorrido un largo camino muchacha..., Archivos Encontrados: 25 años de Aire Libre, Radio Comunitaria, Aire Libre, Radio Comunitaria: Una radio, pocos transistores, mucha tracción a sangre, Aire Libre, Radio Comunitaria ya tiene su licencia definitiva, Prensa Rosario celebra el otorgamiento de la licencia definitiva a Aire Libre, Radio Comunitaria Es oficial: Aire Libre, Radio Comunitaria ya tiene licencia, 32 años de Aire Libre, Radio Comunitaria: ¡Más Libre que nunca!, Cuando el barrio habló en su propia frecuencia: 37 años de Aire Libre

martes, 18 de agosto de 2026

Más de mil científicos y académicos alertan por el "Súper RIGI"

Más de mil académicos, investigadores y referentes tecnológicos enviaron una carta al Senado para advertir sobre los beneficios fiscales, la estabilidad regulatoria por 30 años y el impacto ambiental del régimen de grandes inversiones que impulsa el gobierno de Javier Milei
Más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del sector tecnológico de todo el país difundieron una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores de la Nación para expresar su rechazo y preocupación frente al proyecto conocido como "Súper RIGI", que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y es analizado por comisiones del Senado.

La iniciativa amplía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente desde 2024 y establece un régimen de beneficios para proyectos de inversión de gran escala en sectores considerados estratégicos, entre ellos los centros de datos vinculados con inteligencia artificial, la minería, los hidrocarburos, la infraestructura digital, los semiconductores y la biotecnología.

La carta fue suscripta por integrantes de universidades nacionales, organismos científicos y tecnológicos y otras instituciones de distintas provincias. Entre los espacios bonaerenses representados figuran las universidades nacionales de Avellaneda, Hurlingham, Lanús, La Plata, Moreno, Noroeste, Quilmes, San Martín y Tres de Febrero, además de la Universidad Tecnológica Nacional y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).

Una copia del documento fue remitida a los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio y Maximiliano Abad, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General.

La renuncia al derecho de regular sectores estratégicos
En el documento, los firmantes cuestionan especialmente la extensión temporal y el alcance de los beneficios que contempla el régimen. Sostienen que el proyecto otorgaría a grandes corporaciones tecnológicas transnacionales beneficios fiscales, estabilidad regulatoria y protección jurídica durante varias décadas, sin establecer —según advierten— contraprestaciones equivalentes en materia de empleo, transferencia tecnológica, investigación y desarrollo o compromisos de desarrollo nacional.

"El Súper RIGI no es una ley de promoción de inversiones, es la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera", sostienen los autores de la carta.

Según el perfil del proyecto difundido junto con el documento, el régimen alcanzaría a inversiones de al menos 1.000 millones de dólares y contemplaría, entre otros beneficios, una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15% durante 30 años, libre disponibilidad de exportaciones e importaciones, estabilidad regulatoria, fiscal y cambiaria por tres décadas y exenciones de aranceles de importación.

Los firmantes también cuestionan la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional, como los contemplados en el CIADI, y advierten que ese esquema podría reducir el margen de acción de las autoridades nacionales frente a futuras controversias.

En ese punto, la carta menciona el litigio relacionado con YPF como antecedente de los costos que, a criterio de los autores, puede tener la pérdida de margen de decisión jurisdiccional sobre sectores estratégicos.

La discusión por la inteligencia artificial
Uno de los aspectos centrales del documento es la advertencia sobre la eventual combinación del "Súper RIGI" con otra iniciativa que, según los firmantes, contempla reconocer personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente mediante inteligencia artificial.

Para los autores, ambas propuestas podrían conformar una estructura jurídica inédita, en la que grandes empresas tecnológicas contarían con amplios privilegios económicos y regulatorios mientras se mantienen, según su interpretación, interrogantes sobre los mecanismos de control democrático y la asignación de responsabilidades.

La advertencia se produce en un contexto de creciente debate internacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, el poder económico de las grandes empresas tecnológicas y las consecuencias de la expansión de la infraestructura necesaria para sostener modelos y servicios de IA.

Beneficios fiscales y centros de datos
La carta también pone en duda que los incentivos tributarios sean suficientes para determinar la localización de grandes centros de datos.

Los científicos y académicos sostienen que la evidencia internacional no ubica a las exenciones impositivas como el principal factor para definir dónde se instalan estas infraestructuras y consideran, por lo tanto, que la magnitud de los beneficios fiscales previstos debería ser revisada en función de las contraprestaciones exigidas a las empresas.

El documento plantea además interrogantes sobre el impacto ambiental de las inversiones de gran escala asociadas a la inteligencia artificial. En particular, señala el elevado consumo de electricidad y agua que pueden requerir los centros de datos y reclama regulaciones específicas sobre el uso de recursos naturales y las emisiones de carbono.

"En un contexto de estrés hídrico y crisis climática, eso no es un detalle técnico: es una decisión sobre el territorio y los recursos de las próximas generaciones", sostienen los firmantes.

La autonomía de las provincias, otro de los cuestionamientos
Otro de los puntos destacados por los autores está relacionado con las facultades de las provincias.

De acuerdo con el documento distribuido junto con la carta, las jurisdicciones que adhieran al régimen deberían comprometerse a no aplicar una alícuota de Ingresos Brutos superior al 0,50% a los proyectos alcanzados. Para los firmantes, esta condición supone una limitación significativa de la autonomía fiscal provincial durante un período de 30 años.

También cuestionan que las inversiones incorporadas al régimen puedan quedar protegidas frente a modificaciones regulatorias posteriores y advierten sobre las consecuencias que esto podría tener en materia ambiental, territorial y de utilización de recursos como el agua y la energía.

Durante su tratamiento en Diputados, el proyecto incorporó la exigencia de un informe técnico ambiental y social y un compromiso mínimo de compras a proveedores locales. Sin embargo, los autores de la carta consideran que esas incorporaciones no constituyen una evaluación de impacto ambiental vinculante ni garantizan a las provincias capacidad suficiente para establecer condiciones adicionales.

La situación de Buenos Aires
El planteo adquiere una dimensión particular para la provincia de Buenos Aires. Según el documento difundido, actualmente existen dos proyectos bonaerenses aprobados bajo el RIGI, vinculados con los sectores siderúrgico y de infraestructura.

El "Súper RIGI", en tanto, ampliaría el alcance del régimen a proyectos de mayor escala, incluidos centros de datos e industrias digitales con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares.

Los autores de la carta sostienen que la adhesión provincial al régimen podría comprometer durante décadas la autonomía fiscal de Buenos Aires y limitar la capacidad de establecer regulaciones propias frente a proyectos de gran impacto territorial.

El planteo también alcanza al sistema universitario bonaerense. La carta señala particularmente a las universidades nacionales del conurbano —entre ellas las de Hurlingham, Avellaneda, Moreno, José C. Paz y Quilmes— y contrapone los beneficios previstos para grandes inversiones con las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones públicas de educación superior.

Críticas al financiamiento científico
Los firmantes vinculan el debate sobre el régimen de inversiones con la situación actual del sistema científico y tecnológico argentino.

En ese sentido, cuestionan el deterioro del financiamiento del CONICET, las restricciones presupuestarias que, según sostienen, afectan a las universidades y la pérdida de investigadores y profesionales altamente capacitados.

"Mientras se propone eximir durante décadas a grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras, el Estado desfinancia al CONICET, desmantela todas las áreas del sistema científico, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante décadas", afirma la carta.

Para los académicos, una política de desarrollo tecnológico debería combinar la llegada de inversiones extranjeras con el fortalecimiento de las capacidades científicas y productivas locales, la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento propio.

Un llamado a los senadores
La carta concluye con un pedido a los integrantes del Senado para que analicen el proyecto no solamente en función de sus posibles beneficios inmediatos, sino también por sus efectos sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad futura del Estado para establecer políticas públicas.

Los firmantes aclaran que no cuestionan la necesidad de atraer inversiones ni el desarrollo de nuevas tecnologías, pero plantean que esos objetivos no deberían implicar una renuncia permanente a las herramientas regulatorias del Estado.

"La Argentina necesita inversión y nuevas tecnologías. Pero no a cualquier precio, y no resignando para siempre las herramientas para decidir su propio desarrollo", concluyen.

El proyecto se encuentra ahora en una instancia decisiva de su tratamiento parlamentario. Con el texto ya aprobado por Diputados, el Senado deberá definir si avala el régimen, introduce modificaciones o posterga su tratamiento. Para los autores de la carta, la discusión excede la aprobación de un nuevo esquema de incentivos: se trata de determinar qué margen conservará el Estado argentino —y particularmente las provincias— para regular inversiones estratégicas durante las próximas décadas.

domingo, 16 de agosto de 2026

Cuando nadie miraba, construyeron sus casas: 34 años después, el desalojo amenaza a familias de Refinería

Durante décadas vivieron en un sector sin servicios, sin dirección y prácticamente invisible para la ciudad. Construyeron allí sus viviendas, criaron a sus hijos y vieron crecer a sus nietos. Ahora, una intimación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) les exige abandonar el lugar y esperan una respuesta que les permita saber qué futuro tendrán
Del abandono a las torres
Hace 34 años que Gabriela Saavedra vive en el barrio Refinería. Cuando llegó, el lugar era prácticamente invisible para la ciudad: estaba abandonado, sin luz, sin agua y hasta sin una dirección que permitiera identificarlo. Las familias que fueron llegando tuvieron que construir sus propias casas y, con el paso de los años, convertir aquel espacio en un lugar de vida.

Hoy, después de más de tres décadas, esas mismas familias atraviesan la incertidumbre de una posible expulsión.

Saavedra recuerda en Señales que, cuando se instaló allí, nadie parecía prestar atención a ese sector. Desde Junín, cuenta, prácticamente no se veía. Había tapiales, mucha vegetación y cañaverales que hacían que el lugar pareciera inexistente. En aquel entonces funcionaba la cerealera Genaro García y el entorno era muy diferente al actual.

"Nadie sabía ni que existía este lugar", explica.

La transformación llegó con los años y, sobre todo, con la construcción de las torres que modificaron el paisaje y volvieron visible un espacio al que durante décadas nadie había mirado.

"Hace más de treinta años que estamos acá, no es que usurpamos el lugar, porque estaba totalmente abandonado", sostiene Saavedra. Para ella, esa historia es fundamental para comprender el conflicto actual. Las familias no llegaron recientemente ni ocuparon un terreno que estuviera siendo utilizado: fueron construyendo sus viviendas y sus vidas allí durante décadas, mientras alrededor crecía una ciudad completamente distinta.

La primera intimación fue emitida el 28 de abril por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo del Gobierno nacional encargado de administrar los inmuebles del Estado. Las familias recibieron la comunicación al día siguiente, el 29 de abril. La carta les indicaba que debían abandonar las viviendas en un plazo de diez días.

La notificación tomó a los vecinos por sorpresa. Nunca antes, asegura Gabriela, habían recibido una comunicación semejante ni habían tenido problemas con quienes pudieran reclamar el lugar.

"Nunca vino nadie a intimarnos ni a molestarnos, nada", recuerda.

Cuando recibieron la carta no supieron cómo actuar, aunque la propia comunicación incluía un correo electrónico mediante el cual podían responder legalmente. Ante esa situación, tuvieron que recurrir a abogados para presentar una respuesta formal.

Desde entonces, esperan. No recibieron una respuesta a aquella presentación ni información concreta sobre lo que ocurrirá con el terreno o con las familias que viven allí.

La intimación modificó la vida cotidiana. La incertidumbre se instaló en el barrio porque nadie sabe qué puede ocurrir de un día para el otro. Lo que más cuestionan los vecinos es la ausencia de diálogo previo.

"No puede ser que te manden una carta así de un día para el otro, estando uno tanto tiempo acá, que de un día para el otro te digan que tendrás que irte", plantea Gabriela.

Para ella, antes de hablar de desalojo debería haberse conocido la realidad de quienes viven en esas casas. En el lugar hay niños pequeños y también personas con problemas de salud. Cuenta que su padre tiene cáncer, que su madre padece problemas respiratorios y que uno de sus hijos tiene asma.

"Es fácil mandar una carta, pero no sentarse a dialogar", cuestiona.

Lo que esperan es que alguien se acerque, conozca quiénes viven allí y explique qué alternativas existen.

Hasta ahora, nadie les explicó cuál sería el destino del terreno ni qué proyecto podría desarrollarse en ese espacio. Tampoco saben qué se pretende hacer con las tierras una vez que las familias se retiren.

"No sabemos nada, quién está detrás de esto, qué es lo que van a hacer, si tienen algún proyecto, qué es lo que piensan hacer", resume Saavedra.

La sensación, insiste, es estar "en la nada", a la espera de que alguien finalmente responda.

Una historia sin dirección
La irregularidad en la que quedaron las familias tampoco fue una situación buscada, según relata Gabriela. Durante mucho tiempo ni siquiera existió una dirección catastral clara que les permitiera regularizar sus viviendas o pagar impuestos.

Cuando funcionaba la cerealera Genaro García, explica, utilizaban como referencia Francia al 202, ubicado a una cuadra del lugar. Era la manera de indicar dónde vivían en un espacio que todavía no tenía una dirección propia.

Más adelante, cuando se abrió la calle Avenida Madres de Plaza 25 de Mayo, pudieron comenzar a identificarse con esa dirección, que quedó registrada como Avenida Madres de Plaza 25 de Mayo 2891.

Ese vacío administrativo se extendió durante décadas. Nadie les pidió que regularizaran su situación, pero tampoco encontraron un camino para hacerlo. El barrio fue creciendo de manera informal al mismo tiempo que la ciudad cambiaba alrededor.

Las familias construyeron sus casas con los materiales que podían conseguir y fueron armando una comunidad que, para Saavedra, hoy no puede ser reducida a la condición de ocupantes de un terreno.

En el sector ubicado al pie de las torres, explica, son alrededor de cinco las familias que permanecen allí y que llevan aproximadamente 32 años viviendo en ese lugar. Gabriela, en cambio, lleva 34 años en Refinería. Hoy tiene 47 años. Allí creció, tuvo a sus hijos y ahora ve crecer a sus nietos.

"Ahí fueron mis hijos, ahora están mis nietos", resume.

Con el paso de los años, cada integrante de la familia fue construyendo su propia vivienda, con los materiales que tenía a disposición. Así se levantaron las casas y se consolidó una forma de vida que pasó de una generación a otra.

Lo que piden las familias
En estos meses, los vecinos buscaron respuestas en distintos ámbitos. Recurrieron a organismos públicos y participaron de reuniones en el Concejo Municipal, incluida la comisión de Planeamiento. También estuvieron en distintos canales de televisión y medios de comunicación, intentando hacer visible el conflicto y conseguir alguna información.

"Como buscando la forma de ver si alguien nos escucha, si alguien nos baja alguna información de algo", explica Gabriela.

La posición de las familias, aclara, no es cerrarse a cualquier alternativa. No rechazan la posibilidad de una relocalización ni se oponen a encontrar una solución que permita resolver el conflicto. Lo que reclaman es conocer esa alternativa antes de que se produzca un desalojo.

"Uno no se opone, pero queremos saber si nos van a reubicar en algún lugar, cuál es la solución", afirma.

Incluso aceptarían pagar por un terreno o por una vivienda si existiera una posibilidad concreta de regularización. "Estamos totalmente dispuestos", sostiene Saavedra.

La respuesta que presentaron ante la intimación tuvo también ese sentido: dejar abierta una puerta para encontrar una salida. "Ojalá nos dieran la posibilidad, la solución de algo para poder comenzar", dice.

En ese punto se concentra buena parte de la preocupación de los vecinos: no sólo enfrentan la posibilidad de dejar las casas que construyeron durante décadas, sino que desconocen qué sucedería después. No hay, hasta el momento, una propuesta concreta de relocalización ni una respuesta que les permita proyectar cómo continuar sus vidas.

La expectativa está puesta ahora en que pueda abrirse un canal de diálogo con las autoridades nacionales. En el Concejo Municipal, algunos ediles plantearon la posibilidad de que representantes de La Libertad Avanza gestionaran una reunión para que la situación pudiera ser conocida en Buenos Aires, dado que, según explicaron los vecinos, las decisiones vinculadas al terreno se tomarían desde oficinas nacionales.

"Eso es lo que estamos esperando, que se pueda hacer una reunión para dialogar con alguien, para ver cómo seguimos, qué hacemos", dice Gabriela.

La disposición, asegura, existe de parte de los vecinos. "Estamos a disposición nosotros, pero estamos esperando del otro lado que nos respondan".

Un lugar que cambió con la ciudad
Las familias tampoco forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Saavedra aclara que no fueron censadas ni integran el registro. La explicación que encuentra vuelve a ser la misma: durante años nadie prestó atención a ese espacio.

La aparición de las torres modificó esa situación. Lo que durante décadas permaneció escondido comenzó a quedar a la vista a medida que avanzó el desarrollo inmobiliario de la zona.

El lugar puede ubicarse junto a las torres que se levantaron en Refinería. Gabriela habla de las Torres Dolfines y donde funciona La Casona, un albergue que pertenece a la Municipalidad.

Pero allí también aparece otra parte de la memoria del barrio, una historia que excede ampliamente el conflicto actual. "Yo tengo tanto para contarte", advierte Gabriela mientras reconstruye escenas de otras épocas.

Recuerda que, cuando las familias se instalaban y construían sus viviendas, la casona estaba vinculada al padre Tomás Santidrián. "Nosotros estábamos con el padre", cuenta.

También recuerda que en el predio donde actualmente están sus casas, al pie de las torres y en el mismo espacio donde hoy se instalan circos y parques cuando llegan al barrio, alguna vez hubo una cancha de golf.

Para quienes conocieron Refinería décadas atrás, el paisaje era otro. Los cañaverales formaban parte habitual del entorno y funcionaban como un territorio de juegos para los chicos de la zona, que intentaban descubrir qué había detrás de aquella vegetación y de los muros que ocultaban el río.

El río permanecía escondido del resto de la ciudad, prácticamente inaccesible. En esos años, los chicos recorrían las vías y jugaban entre las viejas instalaciones ferroviarias, en un espacio que hoy resulta difícil reconocer.

Con el tiempo también llegó la lucha de los vecinos de Refinería contra los problemas ambientales y de salud vinculados a la actividad industrial. La cerealera Genaro García quedó asociada a esa historia de reclamos. Durante años, distintos referentes de la zona acompañaron las demandas de los vecinos.

La transformación urbana no borró esa memoria. Los problemas y reclamos históricos conviven ahora con el crecimiento inmobiliario y con la llegada de nuevas familias a una zona que adquirió otra visibilidad y otro valor.

La convivencia entre esas realidades expone una de las tensiones centrales del proceso de transformación de Refinería: el crecimiento inmobiliario avanza sobre un territorio donde también existen historias familiares, reclamos sociales y comunidades que llevan décadas construyendo su lugar.

Treinta y cuatro años después
Para Gabriela Saavedra, la historia de las familias de Refinería no comenzó con una ocupación violenta ni con la intención de apropiarse de un terreno ajeno. Comenzó, justamente, en un lugar que estaba completamente abandonado.

"No es que usurpamos el lugar, nos violentamos para entrar; era un lugar totalmente abandonado", sostiene al reconstruir aquellos primeros años.

Por eso, frente a la intimación de la AABE, las familias no sólo piden que se suspenda cualquier intento de desalojo. También plantean que están dispuestas a encontrar una solución que les permita permanecer legalmente en el lugar o ser relocalizadas de manera acordada.

Cada familia cuenta además con abogados para acompañar las presentaciones y tratar de conseguir una respuesta. El objetivo inmediato es evitar que el conflicto avance sin que nadie escuche a quienes viven allí desde hace décadas.

Desde que apareció la carta, las familias no volvieron a recibir comunicaciones que les permitieran conocer qué ocurrirá con ellas. "Nadie, nadie. Nunca nadie, de nada", insiste Gabriela. La única comunicación fue aquella intimación, a la que respondieron con asistencia legal.

Su voz deja así expuesta una historia de más de tres décadas en un territorio que, durante buena parte de ese tiempo, permaneció prácticamente fuera de la mirada de la ciudad. Una historia de casas construidas de a poco, de hijos y nietos que crecieron allí, de un espacio sin servicios, sin dirección y sin reconocimiento formal que terminó convirtiéndose en hogar.

Su testimonio también vuelve sobre una transformación más amplia de Refinería. El lugar de los cañaverales, los muros y los terrenos abandonados fue cambiando hasta convertirse en una zona atravesada por nuevas torres y desarrollos inmobiliarios. Lo que alguna vez permaneció escondido comenzó a adquirir valor y visibilidad.

Y, con esa transformación, también apareció el conflicto.

Para las familias que permanecen junto a las torres, no se trata solamente de un terreno que debe ser liberado. Es el lugar donde una generación creció, donde otra construyó sus casas y donde ahora juegan los nietos.

Después de recibir una intimación de diez días y de presentar una respuesta que todavía espera contestación, Gabriela y sus vecinos continúan reclamando algo que consideran básico: que alguien se siente a escucharlos y les diga qué futuro les espera.

"Estamos esperando la respuesta", repite Gabriela.

Y detrás de esa espera aparece una historia mucho más larga que la carta que recibieron el 29 de abril: la de un lugar que durante décadas nadie miró y que ahora, justamente cuando adquirió valor y quedó expuesto por las nuevas construcciones, volvió a ser objeto de disputa.

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