El caso
En el año 2010, una comunidad de la etnia qom ocupó parte de un campo privado en Colonia Pampa Chica, zona rural de la localidad de General San Martín (Chaco). Ante la denuncia por usurpación de la propietaria del inmueble rural, en octubre del mismo año la fiscal Gladys Acosta de Scarel ordenó el desalojo de la comunidad. Diana Della Bruna, que en aquel momento trabajaba en la prensa del Instituto de Cultura Popular (INCUPO), documentó con su cámara fotográfica el violento atropello perpetrado por las fuerzas policiales por la orden de desalojo de la fiscal –la ley nacional 26160 prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas-.
Varios integrantes de la familia Adriani – Berdún y dirigentes de organizaciones campesinas indígenas -la Comisión Zonal de Tierras, la Unión Campesina y la CCC Aborigen, entre otras- fueron procesados por presunta “usurpación por despojo y desobediencia judicial” y “atentado contra la autoridad agravado por realizarse a mano armada”. También la periodista que cubría los hechos fue imputada por “atentado contra la autoridad agravado por realizarse a mano armada”. El arma de Diana Della Bruna era una cámara fotográfica.
Pocos meses después, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó una ley de expropiación –la Nº 6680- remitida por el gobernador Jorge Capitanich donde se adjudicaban las 281 hectáreas a la familia Adriani-Berdún en concepto de “reparación histórica”.
¿A juicio?
A fines de junio pasado, la titular del Juzgado Correccional de General San Martín, Bibiana Bianchi, desestimó un planteo del abogado defensor de la periodista Diana Della Bruna, Gonzalo García Veritá, quién solicitó el sobreseimiento de su defendida y que se declare la nulidad del desalojo por “violación al orden público constitucional indígena”, citando la vigencia de la ley nacional 26160 que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales dejando la causa a un paso de su elevación a juicio oral.
Ante el rechazo de su planteo, el reconocido abogado de derechos humanos presentó a fines del mes de julio un recurso de casación para que la resolución de la jueza Bianchi sea revisada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
García Veritá: “Cuestionan los derechos humanos de los pueblos indígenas”
“Nos sorprende que haya aún tribunales que cuestionen los derechos humanos de los pueblos indígenas”, advirtió el abogado Gonzalo García Veritá en contacto con Chaco Día por Día. “El caso de la Familia Adriani – Berdún es un ícono del discurso racista dentro del poder Judicial, es la antítesis de fallos del Superior Tribunal como ‘Raíz Chaqueña’, ‘Reserva de Miraflores’, o los casos penales ‘Imer Flores’ y ‘Juana Gómez’”, subrayó el letrado, y contrastó: “lo opuesto a todos esos discursos jurídicos se encuentra en la investigación penal, la acusación y el proceso penal de la causa Adriani – Berdún.”
García Veritá –quién actuó como querellante en las causas mencionadas- aseguró que “construimos democracia incluyendo derechos, no sosteniendo lo insostenible. Es completamente violatorio del sentido común jurídico validar legalmente un procedimiento que estaba prohibido por una ley federal de orden público”.
“A la familia indígena del caso se la desalojó violentamente, y se imputó a una periodista por cubrir el hecho. La jueza Bianchi, habla del Juicio oral como la máxima expresión de las garantías, cuando en realidad un juicio oral que se basa en un hecho ilegal más que expresión de garantías es una ordalía, que eran los juicios mágicos de Dios en plena Edad Media”, subrayó.
Por último, el abogado de derechos humanos afirmó que “no permitiremos bajo ningún criterio que se criminalice el acceso a los territorios indígenas ni que se lleve a juicio a Diana Della Bruna por ser periodista. Agotaremos todas las vías necesarias para que sea revisado exhaustivamente, y llamaremos la atención de las autoridades que allí, en San Martín, la Jueza Correccional y la Fiscal –Andrea Langelotti- pretenden llevar a juicio oral a dirigentes indígenas y a una periodista, basándose en un desalojo indígena prohibido por una ley de orden público como la 26160, y la reparación histórica que determinó la ley 6680 para el caso concreto y la Constitución Provincial”.
Fuente: Chaco Día por Día
