Algo está cambiando en estos días de ruido político y financiero: de pronto, queda en evidencia que la "madre de todas la batallas" -esa que enfrenta al Gobierno con el multimedios Clarín-, empieza a desdibujarse.
Y aparece tomando el lugar de gran conflicto político-empresarial-mediático, una nueva rivalidad entre dos "peso-pesados": Clarín versus Telefónica.
El cambio se produjo súbitamente a raíz de la nueva ley que Cristina Kirchner impulsa en el Congreso y que redefine por completo el mapa de las telecomunicaciones y medios del país.
Acostumbrados al discurso binario que divide al mundo entre buenos y malos, los militantes kirchneristas se muestran desconcertados ante esta nueva antinomia, en la cual los dos contendientes lucen como "villanos" mientras los progresistas brillan por su ausencia.
Al menos, eso es lo que se infiere de la falta de definición por parte de los intelectuales de Carta Abierta, así como de la cobertura aséptica que están haciendo los medios K.
Pero, sobre todo, el síntoma más elocuente es la errática conducta de muchos legisladores kirchneristas, que han cuestionado la ley y hasta han adoptado una decidida actitud contraria a las "telcos", a las que identifican como las beneficiarias del proyecto.
Lo cierto es que hoy no se escucha a defensores entusiastas de esta iniciativa haciendo discursos sobre cómo contribuirá a la pluralidad de voces.
Tampoco nadie se toma la molestia de componer jingles festivos, como los que circulaban antes de la llegada del frustrado 7D de hace dos años, cuando vencía la medida cautelar que protegía a Clarín del desguazamiento al que la obligaba la Ley de Medios.
Señales contradictorias
Es comprensible ese estado de confusión por parte de los militantes y legisladores K: no les resulta fácil tomar partido en una lucha entre dos corporaciones a las que en su momento se ha demonizado.
Y, por más que Telefónica y Telecom hayan dado señales amistosas hacia el Gobierno, al participar en la licitación por la telefonía 4G -y aportar, respectivamente, u$s427 millones y u$s602 millones para las sedientas arcas del Banco Central-, tampoco resulta sencillo pasarse súbitamente al alineamiento automático a favor de estos grupos.
Los análisis políticos que siguieron a la presentación del nuevo proyecto fueron impiadosos con el Gobierno: el nuevo régimen de telecomunicaciones fue inmediatamente bautizado como "ley Telefónica".
La argumentación era que se derogaba la prohibición que tenía la empresa de capitales españoles para participar en el negocio televisivo como accionista de Telefe.
Además, la declaración de "servicio público" para las comunicaciones digitales implicaría que se les permita a las telcos el acceso a la red de Cablevisión, mediante el pago de un peaje que sería fijado por la autoridad gubernamental.
Lo cierto es que, cuanto más se ahonda en el análisis, más raro suena el objetivo declarado por el ministro de economía, Axel Kicillof, que enfatizó que el objetivo fundamental del proyecto era la eliminación de los oligopolios que actualmente se verifican en telefonía, TV e Internet.
Paradójicamente, dos días después, la licitación del 4G confirmó que las mismas tres grandes telcos que ahora operan en el mercado seguirán firmes en ese negocio y, como si esto fuese poco, podrán ingresar en el ámbito de los medios.
"El argumento según el cual la concentración de la propiedad mediática daña a la democracia y dificulta el desarrollo del pluralismo se ha derrumbado", argumentó Gerardo Milman, representante opositor en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca).
Y agregó: "Queda claro que al Gobierno le interesa más digitar que la digitalización; más someter a determinadas empresas que bregar por la diversidad de voces y la desconcentración del mercado".
Los chiquitos defienden al "bully"
El efecto más notable de esta situación es cómo, de un día para el otro, Clarín pasó de villano a víctima para buena parte del arco político y del ámbito mediático.
Ni bien se comenzó a debatir el tema en el Congreso, quedó en claro que "algo raro" estaba pasando, y que había consecuencias colaterales no deseadas por el Gobierno.
Para empezar, el fuerte alegato en contra por parte de un kirchnerista a la propia ley impulsada por Cristina. Fue el senador Miguel Pichetto el que alzó la voz y no dudó en sumarse a quienes veían la iniciativa como hecha a la medida de las telcos.
Es claro que su crítica a Telefónica no estaba motivada por un afán de defensa hacia Clarín sino, más bien, hacia las redes de medios provinciales que son potencialmente perjudicadas por el nuevo marco legal.
Fue allí cuando el Gobierno se dio cuenta del efecto boomerang al que se estaba exponiendo.
En su afán por atacar a Clarín, había afectado a una gran cantidad de pequeños medios -pertenecientes a empresarios Pyme- que históricamente fueron perjudicados por el multimedios de Noble y Magnetto.
Por insólito que parezca, el Gobierno terminó haciéndole un favor a Clarín: ahora esos mismos medios, que lo acusaban de "bullying" empresarial, pasaron a quejarse de otro villano eventualmente más poderoso y temible.
Esto quedó en claro en las sesiones de la comisión del Senado en la que se analiza la ley. Fueron los representantes de los operadores de TV por cable del interior los que más preocupados se mostraron por la eventual "depredación" que podría darse a través del uso de su red por parte de las telcos.
También les genera mucha inquietud y nerviosismo la fuerte competencia en televisión satelital, para la cual Telefónica ya cuenta con infraestructura.
El titular de la Asociación Santafesina de TV por cable, Héctor Delloni, recordó cómo las telcos llegaron a cobrarles a pequeñas y medianas empresas más de u$s1.000 el mega de conexión, además de los casos de dilaciones para el entrelazamiento con redes troncales.
Por su parte, Walter Burzaco, presidente de la Asociacion de TV cable, no sólo criticó el desestímulo que la ley plantea para la inversión en redes sino que realizó un duro pronóstico.
Este empresario anticipa que la virtual desaparición del actual entramado de empresas de cable a manos de un gigante global, al cual le alcanzará con importar decodificadores.
Heber Martínez, presidente de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) -la entidad que nuclea a los canales de TV de aire- tuvo una intervención que sonó como música para los oídos de los gerentes de Clarín y como un insulto para los legisladores K.
Según Martínez, la nueva legislación pondrá en riesgo la producción de contenidos locales.
Especialmente en las provincias pequeñas, donde la generación de dichos contenidos se transformará en inviable ante la falta de protección estatal.
Es decir, vaticinó que ocurrirá todo lo opuesto a lo declamado como principios rectores de la Ley de Medios.
La misión más difícil del ejecutivo español
En ese contexto, las críticas políticas a las telcos se han multiplicado.
Ya no solamente por parte de las facciones opositoras (que en su momento habían criticado la Ley de Medios) sino también desde el propio kirchnerismo.
Así, los representantes de Telefónica y Telecom debieron escuchar quejas sobre la falta de inversión en zonas del interior con escasa población, sobre la mala calidad del servicio o las tarifas caras.
Lo curioso de este momento es que la defensa de las telcos -y en particular de Telefónica- es plantear que, lejos de ser promotores o beneficiarios del nuevo proyecto, están destinadas a ser sus víctimas.
"No es un proyecto que aliente las inversiones. Desearíamos uno que fije claramente la política regulatoria, sin delegación de facultades", afirmó en el Senado el secretario general corporativo, Alejandro Pinedo.
El grupo de capitales españoles dejó en claro que su preocupación llega a tal punto que ha decidido abandonar el bajo perfil y salir a dar la batalla en los medios.
Quedó más que claro que algo había cambiado cuando José Luis Rodríguez Zarco, director de Relaciones Institucionales de Telefónica, concurrió al programa de Alejandro Fantino y se sentó en el mismo sillón que habitualmente ocupan vedettes, deportistas o políticos necesitados de mayor popularidad.
El principal objetivo del ejecutivo español era negar un rumor que circula con insistencia en el mercado: que él mismo había sido el autor intelectual del proyecto de ley.
De momento, su estrategia no está siendo muy efectiva: Telefónica es percibida como la gran ganadora del nuevo marco legal.
Hasta hay quienes esgrimen que las críticas que los ejecutivos de esta empresa hacen en público al Gobierno son, en realidad, una estratagema para ocultar su co-autoría del proyecto.
El hecho de que Telefe reciba hoy mismo la aprobación para su plan de adecuación a la Ley de Medios -mientras el de Clarín fue rechazado- no ayuda mucho al alegato de "inocencia" por parte de Telefónica.
El Gobierno, ¿gran perdedor?
Lo cierto es que este es un momento que Clarín está aprovechando a pleno.
No sólo disfruta la situación inédita de que las pequeñas empresas de medios lo defiendan indirectamente, sino que además está gozando el mayor placer de todo anti-kirchnerista: correr al Gobierno "por izquierda".
Es así que en estos días proliferan las comparaciones entre la nueva iniciativa K sobre telecomunicaciones con el plan privatizador que Carlos Menem llevó adelante en los demonizados años '90.
En tanto, el Ejecutivo parece estar pagando todos los costos políticos sin que aparezca alguien que haya podido siquiera elaborar un "relato épico" con el cual sea defendible el proyecto.
En definitiva, lo que se vive hoy es una rara pelea entre gigantes corporativos, en la cual ambos contrincantes critican al Gobierno y parecen competir por quién es más perjudicado por la nueva ley.
Es raro, pero acaso ambos tengan razón. Una de las advertencias que hacen los expertos es que -en medio de todo el ruido- pocos se han percatado de un tema trascendental: la posibilidad de que el Ejecutivo pueda crear su propio grupo televisivo.
Es una alternativa "tapada", de la que poco se ha hablado, pero lo cierto es que podría usar las redes ajenas (pagando un peaje que él mismo fijará) y para lo cual tendrá una gran caja creada.
¿Cuál? Ni más ni menos que la del Fondo Fiduciario del Servicio Universal al que las mismas telcos están obligadas a aportar. Por lo pronto, desde 2010 a la fecha esa caja ha acumulado la friolera de $2.300 millones.
Fuente: iprofesional.com
