El proyecto enviado por el Ejecutivo al Senado el pasado 24 de marzo para su análisis y aprobación determina que, a petición de mandos oficiales, se podrán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional.
También apunta que los concesionarios deberán prevenir la propagación de transmisiones electrónicas masivas no solicitadas o tráfico malicioso a través de Internet, así como minimizar sus efectos en las redes.
Los colectivos Internet Libre para Todos y Contingente Mx, además de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social, Artículo 19 y Propuesta Cívica consideraron estas propuestas un intento de censura, vigilancia masiva y una forma de bloquear información.
Según Artículo 19, la redacción de la minuta es ambigua, quedan dudas sobre el nivel de control del Estado, pues la Ley de Seguridad Nacional permite que casi cualquier conducta se pueda calificar como acto desestabilizador, lo cual atentaría aún más contra la libertad de expresión.
Para la Asociación Mexicana de Internet, la legislación secundaria debe evitar la regulación de la red de redes, respetar la privacidad de las comunicaciones, proteger los datos delicados de los usuarios y ser muy precisa en que la intervención o bloqueo de contenidos y servicios solo puede realizarse con orden judicial.
En tanto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Comunicación señalaron que la iniciativa debe reformularse porque violenta libertades fundamentales y es indispensable preservar el interés público.
De acuerdo con esas entidades, al avalarse las normativas complementarias no se debe perder de vista uno de los pilares de la reforma constitucional aprobada en 2013, que consiste en el carácter de servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En medio de ese contexto, activistas y grupos civiles convocaron para el próximo viernes a constituir el Frente Popular por la Comunicación Democrática, un colectivo que nace del movimiento estudiantil #YoSoy132 y busca convencer a los senadores de cambiar la propuesta del Ejecutivo.
