Referentes de medios de comunicación nacionales y entidades de consumidores consideran que la medida desarticula la competencia desleal que genera la fusión de esa empresa y Multicanal
Siguen las repercusiones por la intervención a Cablevisión. Referentes de medios de comunicación nacionales y entidades de usuarios coincidieron en que la medida ordenada por la Justicia federal desarticula la competencia desleal que generó la fusión de esa empresa con Multicanal y dará la posibilidad de elegir a los consumidores.
El martes, el juez federal de Mendoza Walter Bento intervino Cablevisión a partir de una denuncia de Supercanal (empresa subsidiaria de UNO Medios) y ordenó terminar con la competencia desleal que generó la fusión de esa compañía con Multicanal, lo que le permitió al Grupo Clarín (propietario en Mendoza de diario Los Andes) mantener bajo su dominio el 90% de la televisión paga en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y el 60% en el resto del país.
Bento dio 60 días para que Cablevisión y Multicanal sean nuevamente dos empresas independientes. Mientras tanto, Enrique Anzoise fue designado interventor y coadministrador de la compañía intervenida, sin desplazamiento de la administración existente, aunque ayer aseguró que “hasta el momento no he podido asumir la función por agravios, amenazas y la actitud de personal y directivos de la empresa”.
Como parte de su defensa, el Grupo Clarín había denunciado que esta intervención afectará a los usuarios de esas prestadoras y significará la pérdida de empleos, lo cual fue negado por Anzoise: “Cada abonado seguirá siéndolo de la empresa a la que estaba subscripto. A la vez, la medida conllevará a un aumento de la fuente de trabajo, porque no es lo mismo dos empresas que una”.
Siguen las repercusiones por la intervención a Cablevisión. Referentes de medios de comunicación nacionales y entidades de usuarios coincidieron en que la medida ordenada por la Justicia federal desarticula la competencia desleal que generó la fusión de esa empresa con Multicanal y dará la posibilidad de elegir a los consumidores.
Bento dio 60 días para que Cablevisión y Multicanal sean nuevamente dos empresas independientes. Mientras tanto, Enrique Anzoise fue designado interventor y coadministrador de la compañía intervenida, sin desplazamiento de la administración existente, aunque ayer aseguró que “hasta el momento no he podido asumir la función por agravios, amenazas y la actitud de personal y directivos de la empresa”.
Como parte de su defensa, el Grupo Clarín había denunciado que esta intervención afectará a los usuarios de esas prestadoras y significará la pérdida de empleos, lo cual fue negado por Anzoise: “Cada abonado seguirá siéndolo de la empresa a la que estaba subscripto. A la vez, la medida conllevará a un aumento de la fuente de trabajo, porque no es lo mismo dos empresas que una”.
Luis Galli, CEO del Grupo UNO, explicó que “es tan grande hoy Cablevisión en la Argentina como prestador de televisión paga y es tanta la rentabilidad que le genera ese negocio que le permite acceder y desarrollar nuevos negocios, los cuales en medio de la convergencia tecnológica son tan importantes que nosotros al tener una posición competitiva más desfavorable no podemos generar ni producir”.
Añadió que “eso hace que en muchas ciudades del interior haya quedado un solo operador: Cablevisión. Y como tal, es el que fija precios a discreción, algo que han sufrido los consumidores y los clientes que hoy no tienen opciones en casi las 460 plazas que opera esa empresa”.Aclaró que ese “abuso de posición dominante es lo que estamos denunciando desde Supercanal. En muchas plazas en donde competimos contra ellos no nos venden la señal, como ocurrió con señales que nos interesaban, como el fútbol, que directamente no nos la vendían y no por una cuestión de precio, lo cual generaba una competencia desleal”.
Por su parte, Héctor Polino, ex diputado socialista y titular de la ONG Consumidores Libres, apoyó la decisión judicial al señalar que “desde el punto de vista de los usuarios pretendemos que haya una buena programación, mayor cantidad de opciones para elegir y que el abono al cable sea razonable. También que las otras empresas sean rentables, porque la rentabilidad tiene que ser razonable”.
El Instituto de Usuarios y Consumidores del Área Metropolitana (Inducam) aseguró que “desde hace meses las asociaciones de defensa del consumidor bregamos por lograr que la Justicia nacional en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinde una respuesta a nuestros reclamos ante la negativa sistemática y arbitraria de Cablevisión a dar cumplimiento a la normativa vigente emanada de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación”.
Destacó que “cuando un juez interviene frente a las pretensiones desmedidas de estos grupos corporativos, cuyo único objetivo es acrecentar su poder en desmedro de los legítimos derechos de los ciudadanos, de inmediato arremeten invadiendo los medios de comunicación que les son afines con su reacción defensiva”.
David Matzkin fue representante del Grupo UNO en algunas audiencias públicas por la Ley de Servicios Audiovisuales, en nombre de San Francisco Cable Color S.A., de San Francisco del Monte de Oro, San Luis; Concarán Video Cable S.A., de Concarán, San Luis; Justo Daract Imagen S.A., de Justo Daract, San Luis; Vicuña TV, de Vicuña Mackenna, Córdoba; Red Horse S.A., de General Levalle, Córdoba; Huinca Cable Visión S.A., de Huinca Renancó, Córdoba; Huinca Cable Visión S.A., de Victorica, La Pampa; Tilisarao Circuito Cerrado, de Tilisarao, San Luis, y Tilisarao Circuito Cerrado S.A., de Naschel, San Luis".
En la edición de UNO es presentado como un cableoperador "independiente":“Estábamos cautivos de la decisión de un grupo”
“Acompañamos esta cruzada judicial que ha embestido Supercanal al denunciar las conductas anticompetitivas, competencia desleal y de imposición de tarifas derivadas de la fusión entre Cablevisión y Multicanal”.
Así se manifestó ayer David Matzkim, cableoperador independiente del interior del país. “Estábamos conviviendo en una situación de falta de competitividad producto de que existe un actor en el mercado que a través de la fusión de las dos empresas más grandes de prestación de televisión por cable (Cablevisión y Multicanal) ha acaparado más del 60porciento del mercado, lo que le ha permitido al Grupo Clarín implementar políticas anticompetitivas en perjuicio precisamente de los más chiquitos”, remarcó.
Consideró que “producto también de las otras empresas de ese grupo y de nuestra participación baja en la conformación del mercado, nos imponían cuáles eran las señales y a qué precio las debíamos comprar”.
Aseguró que “esa falta de libertad y de juego de competencia hizo que quedáramos cautivos o rehenes de la decisión de un grupo que tiene una participación tan fuerte en el mercado que termina imponiendo qué señales podemos ofrecer y cuáles no, siempre en función de sus conveniencias e intereses particulares. Como antecedente, puedo mencionar cuando también ellos administraban la transmisión del fútbol”.
Respecto a cómo beneficiará la medida a los cables pequeños, el empresario expresó que “en caso de que avance positivamente la decisión de la Justicia, permitiría romper con la fusión y abrir un poco más el juego a la participación dentro del mercado de la televisión. No es lo mismo que exista un gran actor con más del 60porciento del mercado, que a su vez es productor de contenido, a que gane el más competitivo, que es justamente aquel prestador que los televidentes, es decir los clientes de la televisión por cable, elijan para ver”.
Fuentes: Diario UNO y América Noticias
La empresa presentó una denuncia contra el magistrado que ordenó la intervención de Gendarmería. Lo denuncian por irregularidades en la causa que inició el grupo Vila-Manzano
La empresa Cablevisión pidió hoy el juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien dispuso el miércoles pasado la intervención de la empresa y un gigantesco operativo con Gendarmería para que el designado co-administrador asumiera su gestión tendiente a desmembrar la compañía.
Los abogados de la empresa denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una serie de "irregularidades" detectadas en la causa que inició el grupo Vila-Manzano y que -a su criterio- "merecen el apartamiento" del juez Bento por "mal desempeño" por su "absoluto desconocimiento del Derecho".
"El magistrado Bento se habría extralimitado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y habría obrado en clara connivencia con la parte actora a la que la mencionada resolución a todas luces favorece", sostuvo el escrito al que accedió DyN.
Cablevisión denunció que Bento dispuso "una llamativa e inusual medida cautelar ordenando una serie de diligencias altamente gravosas y perjudiciales para la firma (...que) persiguen la intención de desintegrar la fusión de Cablevisión y Multicanal S.A. -en adelante, "Multicanal"- operada hace algunos años atrás".
Tras cuestionar la competencia que tuvo el magistrado para actuar, la empresa denunció que "existen múltiples pasajes del decisorio cautelar que evidencian ostensiblemente que el magistrado Bento ha emitido una opinión conclusiva sobre cuestiones que debían recién resolverse en el fondo de la litis".
Para la empresa, esa sentencia cautelar se convirtió "en una indudable sentencia de fondo", en la que se dispuso la ejecución, con lo cual -se sostuvo- "no hay duda que se ha simplificado todo paso procesal al punto de darle la razón a la actora antes de escuchar a los demandados".
Así, Cablevisión denunció que Bento se puso "en connivencia" con Supercanal (del grupo Vila-Manzano) y señaló que en la sentencia cautelar aparecen "párrafos que resultan textuales de otros que se tuvo la oportunidad de conocer" en procesos judiciales donde intervino "el doctor Eduardo Vila".
"La coincidencia es patente y abrupta. De ningún modo podemos decir que estamos aquí en presencia de una casualidad -sostuvo la empresa-. Todo ello, nos lleva a la presunción de que cuando interviene el Dr. Vila y Supercanal los jueces sugestivamente ajustan sus consideraciones para otorgarle el derecho que pide y así lo denunciamos ante la justicia criminal".
Entre los considerandos, Cablevisión también denunció "la posible vinculación del magistrado Bento con la parte actora", al aludir a la presencia en la empresa de un agente de inteligencia de la firma Holder Korpus junto al coadministrador designado, el pasado miércoles.
"Si el Interventor Coadministrador es un auxiliar imparcial del Juez, øpor qué estaba acompañado y recibía instrucciones de un servicio de inteligencia privado que como tal se ofrece en el mercado?", se preguntó Cablevisión.
Bajo la aclaración de ampliar la denuncia, Cablevisión sostuvo que ante "las arbitrariedades e irregularidades que encierran el dictado de la medida cautelar" corresponde separar al juez de su cargo porque se puede "pensar seriamente que el magistrado Bento no ha efectuado un recto ejercicio de su función fallando lo que su sano y libre juicio le indicaba".
Bento, entendió, habría "forzado los hechos y el derecho para fallar de modo favorable a una de las partes del proceso, perjudicando así de modo intencional y altamente gravoso a la demandada Cablevisión", dice la empresa del grupo Clarín.
A la hora de las imputaciones, Cablevisión pidió abrir juicio político por las causales de "mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones", "mala conducta", "arbitrariedad y falta de apego a la ley y a la Constitución", además de "desconocimiento notorio del Derecho".
Fuente: Agencia DyN
Los abogados de la empresa denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una serie de "irregularidades" detectadas en la causa que inició el grupo Vila-Manzano y que -a su criterio- "merecen el apartamiento" del juez Bento por "mal desempeño" por su "absoluto desconocimiento del Derecho".
"El magistrado Bento se habría extralimitado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y habría obrado en clara connivencia con la parte actora a la que la mencionada resolución a todas luces favorece", sostuvo el escrito al que accedió DyN.
Cablevisión denunció que Bento dispuso "una llamativa e inusual medida cautelar ordenando una serie de diligencias altamente gravosas y perjudiciales para la firma (...que) persiguen la intención de desintegrar la fusión de Cablevisión y Multicanal S.A. -en adelante, "Multicanal"- operada hace algunos años atrás".
Tras cuestionar la competencia que tuvo el magistrado para actuar, la empresa denunció que "existen múltiples pasajes del decisorio cautelar que evidencian ostensiblemente que el magistrado Bento ha emitido una opinión conclusiva sobre cuestiones que debían recién resolverse en el fondo de la litis".
Para la empresa, esa sentencia cautelar se convirtió "en una indudable sentencia de fondo", en la que se dispuso la ejecución, con lo cual -se sostuvo- "no hay duda que se ha simplificado todo paso procesal al punto de darle la razón a la actora antes de escuchar a los demandados".
Así, Cablevisión denunció que Bento se puso "en connivencia" con Supercanal (del grupo Vila-Manzano) y señaló que en la sentencia cautelar aparecen "párrafos que resultan textuales de otros que se tuvo la oportunidad de conocer" en procesos judiciales donde intervino "el doctor Eduardo Vila".
"La coincidencia es patente y abrupta. De ningún modo podemos decir que estamos aquí en presencia de una casualidad -sostuvo la empresa-. Todo ello, nos lleva a la presunción de que cuando interviene el Dr. Vila y Supercanal los jueces sugestivamente ajustan sus consideraciones para otorgarle el derecho que pide y así lo denunciamos ante la justicia criminal".
Entre los considerandos, Cablevisión también denunció "la posible vinculación del magistrado Bento con la parte actora", al aludir a la presencia en la empresa de un agente de inteligencia de la firma Holder Korpus junto al coadministrador designado, el pasado miércoles.
"Si el Interventor Coadministrador es un auxiliar imparcial del Juez, øpor qué estaba acompañado y recibía instrucciones de un servicio de inteligencia privado que como tal se ofrece en el mercado?", se preguntó Cablevisión.
Bajo la aclaración de ampliar la denuncia, Cablevisión sostuvo que ante "las arbitrariedades e irregularidades que encierran el dictado de la medida cautelar" corresponde separar al juez de su cargo porque se puede "pensar seriamente que el magistrado Bento no ha efectuado un recto ejercicio de su función fallando lo que su sano y libre juicio le indicaba".
Bento, entendió, habría "forzado los hechos y el derecho para fallar de modo favorable a una de las partes del proceso, perjudicando así de modo intencional y altamente gravoso a la demandada Cablevisión", dice la empresa del grupo Clarín.
A la hora de las imputaciones, Cablevisión pidió abrir juicio político por las causales de "mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones", "mala conducta", "arbitrariedad y falta de apego a la ley y a la Constitución", además de "desconocimiento notorio del Derecho".
Fuente: Agencia DyN
Clarín convoca a su desgastado elenco estable, que a esta altura poco aporta, y edita:
Llevan la queja por Cablevisión a la OEA y a la Corte Suprema
Por: Alejandro Alfie
Lo hacen legisladores de la oposición. Pedirán al máximo tribunal que garantice el Estado de Derecho y plantearán ante la OEA el peligro que corre la libertad de prensa. Además, denunciarán al juez ante el Consejo de la Magistratura.
Ocho diputados nacionales de la oposición anunciaron que van a desarrollar una “acción conjunta” para tratar de frenar la intervención del juez mendocino en Cablevisión, motorizada por el grupo Vila-Manzano, en conjunción con el Gobierno.
En su primera reunión, realizada ayer en la secretaría general del bloque radical, los diputados difundieron un comunicado y acordaron desplegar tres medidas : denunciar al juez Walter Bento ante el Consejo de la Magistratura, para que lo destituyan; exhortar a la Corte Suprema para que “garantice y preserve el Estado de Derecho”; y enviar un informe a la OEA sobre el “peligro extremo por el que atraviesa la libertad de expresión en la Argentina”.
Esto se decidió porque “hay un juez que se apropió de la administración de una empresa argentina , de forma muy escandalosa y que la quiere partir en cuatro, para destruirla antes de que se pueda empezar a defender”, aseguró el jefe del bloque macrista Federico Pinedo, quien estuvo acompañado en la reunión por el legislador porteño del PRO, Sergio Bergman.
Oscar Aguad, miembro del Consejo de la Magistratura, anunció que presentará la denuncia contra el juez Bento. Y el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, explicó que “estamos ante un caso de gravedad institucional extrema, porque hay un juez que fue elegido para sacar un fallo a medida, un juez adicto a quienes le pidieron sacar esta resolución”.
Los legisladores tuvieron ayer una entrevista con directivos y empleados de Cablevisión. La reunión fue organizada por Patricia Bullrich (Unión Por Todos), quien sostuvo que “ el Gobierno está detrás de esa decisión judicial , para desarmar a todos los medios que no se sometan a su hegemonía comunicacional”.
Estos legisladores plantearon en el comunicado que “estamos viviendo en un contexto de gravedad institucional extrema en el desarrollo deuna escalada cada vez más intensa contra uno de los derechos básicos de la democracia, como es la libertad de expresión”.
También firmaron el comunicado los diputados Juan Pedro Tunessi y Ricardo Buryaile (UCR); Eduardo Amadeo (duhaldista) y Carlos Favario (Partido Demócrata). Allí mencionaron una serie de ataques a la prensa, que el Gobierno desplegó en los últimos años, a los que “se agrega una nueva situación de extrema gravedad, la utilización de un juez subrogante que, por medio de una medida cautelar tardía, dictó una resolución de fondo”, que obliga a Cablevisión a que en 60 días “se divida en varias partes”. Para los legisladores, la elección del juez “manifiestamente incompetente” es una “flagrante manipulación de la Justicia”.
El diputado Amadeo aclaró que no decidieron hacer esto para defender a una empresa de Grupo Clarín , que “parece ser la esencia del ataque de este Gobierno”, sino “para que podamos vivir en una sociedad democrática, donde cada uno pueda decir lo que quiera”.
El bloque de la Coalición Cívica no firmó el documento, pero planteó que “comparte la preocupación” de los bloques opositores, “en particular en lo que se refiere a los constantes ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno Nacional”.
Los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), que lidera Hermes Binner, tienen previsto reunirse hoy al mediodía con directivos y empleados de Cablevisión, para fijar su posición.
Llevan la queja por Cablevisión a la OEA y a la Corte Suprema
Por: Alejandro Alfie
Lo hacen legisladores de la oposición. Pedirán al máximo tribunal que garantice el Estado de Derecho y plantearán ante la OEA el peligro que corre la libertad de prensa. Además, denunciarán al juez ante el Consejo de la Magistratura.
En su primera reunión, realizada ayer en la secretaría general del bloque radical, los diputados difundieron un comunicado y acordaron desplegar tres medidas : denunciar al juez Walter Bento ante el Consejo de la Magistratura, para que lo destituyan; exhortar a la Corte Suprema para que “garantice y preserve el Estado de Derecho”; y enviar un informe a la OEA sobre el “peligro extremo por el que atraviesa la libertad de expresión en la Argentina”.
Esto se decidió porque “hay un juez que se apropió de la administración de una empresa argentina , de forma muy escandalosa y que la quiere partir en cuatro, para destruirla antes de que se pueda empezar a defender”, aseguró el jefe del bloque macrista Federico Pinedo, quien estuvo acompañado en la reunión por el legislador porteño del PRO, Sergio Bergman.
Oscar Aguad, miembro del Consejo de la Magistratura, anunció que presentará la denuncia contra el juez Bento. Y el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, explicó que “estamos ante un caso de gravedad institucional extrema, porque hay un juez que fue elegido para sacar un fallo a medida, un juez adicto a quienes le pidieron sacar esta resolución”.
Los legisladores tuvieron ayer una entrevista con directivos y empleados de Cablevisión. La reunión fue organizada por Patricia Bullrich (Unión Por Todos), quien sostuvo que “ el Gobierno está detrás de esa decisión judicial , para desarmar a todos los medios que no se sometan a su hegemonía comunicacional”.
Estos legisladores plantearon en el comunicado que “estamos viviendo en un contexto de gravedad institucional extrema en el desarrollo deuna escalada cada vez más intensa contra uno de los derechos básicos de la democracia, como es la libertad de expresión”.
También firmaron el comunicado los diputados Juan Pedro Tunessi y Ricardo Buryaile (UCR); Eduardo Amadeo (duhaldista) y Carlos Favario (Partido Demócrata). Allí mencionaron una serie de ataques a la prensa, que el Gobierno desplegó en los últimos años, a los que “se agrega una nueva situación de extrema gravedad, la utilización de un juez subrogante que, por medio de una medida cautelar tardía, dictó una resolución de fondo”, que obliga a Cablevisión a que en 60 días “se divida en varias partes”. Para los legisladores, la elección del juez “manifiestamente incompetente” es una “flagrante manipulación de la Justicia”.
El diputado Amadeo aclaró que no decidieron hacer esto para defender a una empresa de Grupo Clarín , que “parece ser la esencia del ataque de este Gobierno”, sino “para que podamos vivir en una sociedad democrática, donde cada uno pueda decir lo que quiera”.
El bloque de la Coalición Cívica no firmó el documento, pero planteó que “comparte la preocupación” de los bloques opositores, “en particular en lo que se refiere a los constantes ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno Nacional”.
Los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), que lidera Hermes Binner, tienen previsto reunirse hoy al mediodía con directivos y empleados de Cablevisión, para fijar su posición.
Fuente: Diario Clarín
Comunicado
Que estamos viviendo en un contexto de gravedad institucional extrema en el desarrollo de una escalada cada vez más intensa contra uno de los derechos básicos de la democracia, como es el de la libertad de expresión.
Nuestra posición es en defensa de la libertad irrestricta de expresión y defenderemos con el mismo ahínco a cualquier empresa o persona cuyo derecho sea vulnerado.
Los ataques y escraches a periodistas, los bloqueos de plantas, la utilización de la publicidad oficial para alimentar medios oficialistas, el uso y abuso de la cadena nacional, la compra de medios por parte de empresarios que reciben favores del gobierno, el uso de todos los medios gubernamentales y el proyecto de apropiación de Papel Prensa encadenan una ofensiva que hoy continua con un objetivo más: el desguace de la empresa Cablevisión.
A este panorama, de por sí preocupante, se ha agregado un nueva situación de extrema gravedad, la utilización de un juez subrogante que, por medio de una medida cautelar tardía, dictó una resolución de fondo y obligó a la empresa Cablevisión a que en el brevísimo plazo de sesenta días, a dividirse en varias partes.
La elección de un juez subrogante manifiestamente incompetente, que decidió el caso enmascarándolo bajo la forma de una medida cautelar, contrariando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que las cautelares no deben anticipar la solución de fondo y sin darle a la interesada el más mínimo derecho de defensa, constituye un supuesto flagrante de manipulación de justicia.
Es tan burda la maniobra, que hace presumir fundadamente que el Juez Walter Bento, juez federal subrogante, haya incurrido en prevaricato judicial (art. 269 del Código Penal)”.
El pronunciamiento judicial transpira discrecionalidad y una clara intención de perjudicar al haber sido dictada a muy pocos días de la feria judicial.
El peligro inminente y cierto que esta decisión no pueda ser revisada rápidamente por un tribunal independiente e imparcial , quebranta el derecho de acceso a la justicia consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos, y convierte al hecho en un verdadero escándalo.
Además, el innecesario y abusivo uso y despliegue de fuerzas de gendarmería portando armas largas para ejecutar la medida, demuestra que el Gobierno no podía desconocer lo que estaba sucediendo. Estas prácticas violentas e intimidatorias recuerdan épocas que la democracia debería enterrar definitivamente.
La gendarmería ha actuado de una manera violatoria de los derechos y garantías individuales revisando carteras y bolsos de trabajadores que habían concurrido, como todos los días, a su trabajo.
Diez mil familias están angustiadas a días de la navidad por el futuro de sus fuentes de trabajo y por el trato que reciben de quienes deberían cuidarlos y protegerlos.
Nos preocupa profundamente que la Argentina esté siguiendo el rumbo de Venezuela en materia de libertad de expresión, quien ya ha recibido la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Ríos” y “Perozo”, del 28 de enero de 2009.
Por todo esto declaramos:
1. Denunciaremos al Juez Walter Bento al Consejo de la Magistratura.
2. Enviaremos a la relatoría de libertad de Expresión de la OEA un informe sobre la situación de peligro extremo por el que atraviesa la libertad de expresión en la Republica Argentina.
3. Exhortamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como cabeza del Poder Judicial de la República, garantice y preserve el Estado de Derecho en la Argentina por medio de todas las acciones legales que habilita nuestro derecho positivo.
Firman: Ricardo Gil Lavedra, Juan Tunessi, Oscar Aguad y Ricardo Buryaile, UCR; Federico Pinedo, PRO; Patricia Bullrich, Unión Por Todos; Eduardo Amadeo, Peronismo Federal; y Carlos Favario, PDP
