jueves, 22 de diciembre de 2011

El Senado convirtió en ley el proyecto "Papel Prensa"

Por: Veronica Smink
El Congreso en Argentina aprobó una polémica ley impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que regula la fabricación, comercialización y distribución del papel de diario, declarándolas de interés público.
La ley estipula cómo debe funcionar la empresa Papel Prensa, la única productora de pasta celulosa y papel para periódicos del país, que pertenece mayoritariamente a los dos principales diarios de Argentina: Clarín y La Nación, y minoritariamente al Estado.
Estos periódicos son críticos del gobierno y acusan a las autoridades de querer subyugarlos a través de esta ley, al controlar su principal insumo.
Por su parte, el gobierno asegura que Clarín y La Nación mantienen un monopolio que discrimina contra varios diarios más pequeños del país, al cobrarles un precio diferenciado por su papel o forzarlos a importarlo, ante la insuficiente producción de la empresa argentina.
Es por eso que elaboraron esta ley, que obliga a Papel Prensa a tener un único precio de venta, a operar "como mínimo a pleno de su capacidad" y a "satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios".
La norma será aplicada por el Ministerio de Economía, con seguimiento de una Comisión Bicameral del Congreso (que al menos por los próximos dos años tendrá mayoría oficialista).

Mayor participación del Estado
Actualmente, Papel Prensa provee de su insumo principal a 170 periódicos impresos, lo que representa el 75% del mercado doméstico, mientras que el resto del papel proviene de la importación.
La ley especifica que si los actuales dueños mayoritarios de Papel Prensa no tuvieran los fondos necesarios para que la empresa supla toda la demanda interna del país, el dinero podrá ser aportado por el Estado, que en ese caso "verá acrecentada" su participación accionaria (actualmente del 27,46%).
Según el Grupo Clarín (que posee el 49% de las acciones de Papel Prensa), y La Nación, (dueña del 22,5% de la empresa), es una forma de control estatal de la prensa, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.
El pasado domingo, Clarín (el diario más leído en Argentina) publicó una portada especial mostrando una hoja en blanco con una cita: el artículo 32 de la Constitución Nacional, que dice: "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".
Según Clarín y La Nación, la ley que aprobó el Congreso viola este artículo, algo en lo que coinciden diversos constitucionalistas, además de casi todo el arco opositor.
También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que "se están vulnerando principios fundamentales sobre libertad de prensa establecidos en la Declaración de Chapultepec, en tratados internacionales que el país firmó y en el Art.32 de la propia Constitución Argentina".
En tanto, asociaciones de diarios de Argentina y varios países, incluyendo Brasil, Chile, Perú y Ecuador, expresaron su preocupación por la nueva ley.

El Estado como "garante"
Sin embargo, legisladores oficialistas consultados por BBC Mundo negaron que la norma sea anticonstitucional.
"Esta ley no viola el artículo 32, muy por el contrario, siento que la estamos protegiendo", dijo a este medio Marina Raquel Riofrío, secretaria del bloque del Frente para la Victoria (FPV) en el Senado, e integrante de la Comisión de sistemas, medios de comunicación y libertad de expresión.
"La libertad de expresión está siendo violada todos los días, desde hace décadas, por una empresa monopólica que impone precios y cupos, y asfixia económicamente a otros medios más pequeños", acusó la senadora.
Por su parte, Eric Calcagno, uno de los diputados del FPV que la semana última logró darle media sanción al proyecto de ley en la Cámara Baja, también negó enfáticamente que la norma restrinja la libertad de prensa.
"Por supuesto que no viola la Constitución. De lo que se trata es que los que publican diarios reciban un buen papel a un buen precio. Nada dice sobre la línea editorial", aseguró.
Ambos legisladores negaron que esta ley busque crear un monopolio estatal.
No obstante, Calcagno resaltó que aún si el Estado aumentara su participación a tal punto de tener el control de Papel Prensa, no hay por qué temer repercusiones.
"El Estado ya tiene una empresa monopólica de aguas (AYSA) y le damos agua incluso a quienes no piensan como nosotros", ejemplificó.
Riofrío también criticó a quienes "demonizan" al oficialismo: "No somos más que eso que se ha votado hace unos meses", dijo, en referencia al arrasador triunfo de Cristina Fernández y el FPV en los comicios generales de octubre pasado.
"No es el objetivo de esta ley transformar al Estado en el regulador sino en el garante de la palabra", aseveró Riofrío.

La pelea Clarín-gobierno
La aprobación de la ley sobre Papel Prensa se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los dos principales diarios del país.
Esta semana, el gobierno instó a la Justicia a que indague a los directivos de ambos medios por la presunta adquisición ilícita de Papel Prensa.
Según la presidenta Fernández, Clarín y La Nación compraron la empresa en 1976 en connivencia con el último gobierno militar (1976-1983). Por eso querelló a sus directivos por delitos de lesa humanidad.
"Se están vulnerando principios fundamentales sobre libertad de prensa establecidos en la Declaración de Chapultepec, en tratados internacionales que el país firmó y en el Art.32 de la propia Constitución Argentina"
Sociedad Interamericana de Prensa.
La mayoría de los analistas enmarca la disputa por Papel Prensa en la "guerra" que mantienen el gobierno y el Grupo Clarín -el principal multimedios del país- desde el conflicto agrario de 2007.
De este entonces, el gobierno aprobó una controvertida ley para "desmonopolizar" el mercado de los medios, que perjudica particularmente a Clarín.
El gobierno también anuló sorpresivamente la licencia del principal proveedor de Internet del grupo, Fibertel.
Todas estas cuestiones, y otras que atañen a Clarín y a La Nación, están siendo dirimidas por la Justicia y muchos creen que la controversia por la ley que regula el papel de diarios seguirá el mismo camino.
La llamada Ley de Papel Prensa es una de varias polémicas normas que aprobó el Congreso desde el pasado 10 de diciembre, cuando asumieron los nuevos legisladores elegidos en octubre, que le dieron una mayoría en ambas cámaras al oficialismo.
Fuente: BCC Mundo

Satisfacción de DyPRA por la aprobación del proyecto
Los integrantes de Diarios y Periódicos de la República Argentina (DyPRA), destacaron la importancia de la sanción de la ley que regula la producción de papel, la cual "pone equidad y justicia luego de más de 34 años de manejo discrecional en la provisión del insumo"
De esta manera, los editores de medios gráficos del país agrupados en DyPRA celebraron la sanción de la norma, asegurando que "abre la participación de este sector en la Comisión Federal Asesora para la Promoción de la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios, cuya función será la de asistir y asesorar a la Autoridad de Aplicación".
A través de un comunicado, recordaron que "durante años los editores de todo el país que no estaban comprendidos dentro de los cupos establecidos por Papel Prensa S.A., habían peticionado incansablemente a diferentes gobiernos y a la propia fábrica de papel para que ésta les provea este vital insumo".
Sin embargo, indicaron "invariablemente se obtuvo siempre la misma y perversa respuesta: `Papel Prensa no puede producir más que lo que produce´”.
En rigor, según los editores del país, "esa frase escondía un designio inconfesable" de Clarín “disciplinando a sus colegas permitiéndoles o negándoles la posibilidad de comprar Papel Prensa”.
Por último, resaltaron que el papel para la impresión de diarios "es un insumo esencial que no sólo hace a la libertad de expresión en general, y a la de prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional, ya que, la problemática que genera en los diarios locales su abastecimiento, en cuanto a su cantidad, calidad y maximización de su precio, impacta directamente sobre la sociedad con una menor entrega de información".
Fuente: TelAm


La Nación: ¿Por qué la ley restringe la libertad de prensa?
La norma es clara en su intención de que el Estado tenga el pleno control de la empresa y de la producción del papel
La ley que declara de interés público la producción, venta y distribución del papel para diarios, sancionada hace instantes por el Senado nacional, introduce fuertes restricciones para el periodismo escrito y, también, para la libertad de expresión.
A partir del momento en que la ley quede promulgada, el Gobierno podrá:
-controlar la producción de papel.
-fijar cupos de distribución.
-fijar aranceles de importación, para traer papel que, hasta este momento, se importa libremente con arancel cero. En la Argentina se consumen anualmente 225.000 toneladas de papel y un 30 por ciento se importa sin restricciones.
-Papel Prensa estará obligada a satisfacer el 100 por ciento del consumo nacional. Actualmente, esta empresa privada, desarrollada con la inversión de La Nación y Clarín, abastece el 74 por ciento de la demanda. La ley obliga a la planta a ampliarse y -aquí está el dato esencial- permite que el Estado haga las inversiones necesrias para justificar, de esa manera, que crezca su participación accionaria.
La ley es clara en su intención de que el Estado tenga el pleno control de la empresa y de la producción del papel.

Está en juego la prensa
El Gobierno intentó justificar la sanción de la ley diciendo que busca desarticular a un monopolio, Papel Prensa, que en realidad no es tal.
Lo cierto es que el Estado quiere tener el monopolio de la palabra y del papel donde imprimirla: a partir de ahora, el Ministerio de Economía (que depende directamente del Poder Ejecutivo) podrá regular la producción y venta de papel; dictar reglamentos obligatorios para Papel Prensa o cualquier otra fábrica y controlar la importación del insumo.
En 1860, cuando la Constitución incorporó el artículo 32 -que establece que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, una cláusula que también está en la Constitución norteamericana-, buscó garantizarle a los diarios y, en general a los medios, que desarrollarán su actividad en un ambiente de absoluta libertad política, para ejercer el derecho a criticar cómo las autoridades desempeñan la tarea para las que fueron electas.
La nueva ley parece chocar de frente con la Constitución, que es una norma superior.
La Constitución quiso dejar en los medios privados el monopolio de la crítica. El Gobierno, ahora, pretende tener el monopolio del papel donde escribir esas críticas.

¿Libertad o negocio?
Durante estas dos semanas, el argumento central del Gobierno para impulsar la ley apuntó a instalar la ide de que las empresas periodísticas critican la ley porque cuidan su negocio.
La realidad es otra:
- Si el Estado controla el papel, como ocurrirá ahora, controla a los diarios, pudiendo asfixiar a los más críticos o independientes.
- Si Papel Prensa abastence a 440 diarios de todo el país, que le compran el 70 por ciento del insumo que utilizan -el resto lo importan libremente, a arancel cero, algo que ahora el Gobierno podrá modificar-, no es porque sea monopólica, sino por otras tres razones: 1) Papel de Tucumán, creada en la misma época, se dedicó a otra producción más rentable: 2) ningún otro empresario fuera de Clarín y La Nación estuvo dispuesto a invertir en este sector; 3) el Estado nunca le exigió a Papel de Tucumán que vuelva a producir papel para diario, ni creó por sí mismo otra papelera ni subsidió a un empreario para que lo hiciera.
Si en su cuadra hay un sólo almacén, no es porque haya un monopolio, sino porque otro comerciante prefirió dedicarse a otra actividad o porque las reglas que fijó el Estado lo desalientan. Ahora, de repente, el Gobierno intenta apoderarse de una actividad, no porque sea rentable, sino porque le es políticamente útil: controlar a los diarios.
-En estos momentos, el precio de la tonelada de papel es de $ 3245. El del papel importado es de 680 dólares, unos 3080 pesos. Incluso La Nación y Clarín importan papel, como lo hacen otros medios, porque es más barato que el de Papel Prensa, que tiene costos altos como cualquier empresa argentina. Si el Gobierno cierra la importación, no sólo podrá asfixiar a los diarios al no darle el insumo sino que, también, tendrá un peso decisivo para fijar el precio del papel.
-Fue el propio Gobierno el que impidió, en septiembre de 2010, que la aplicaba continuara aplicando el 12% de descuento según el volumen de compra. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, lo prohibió porque Clarín, el diario de mayor tirada y comprador de 55.000 toneladas, recibía descuento. Moreno, sin embargo, no advirtió que fundamentalmente perjudicaría a cientos de diarios que para obtener esos descuentos se agruparon en cooperativas.

El texto de la nueva ley
-El artículo 1° declara de "interés público" la producción y compraventa de papel. Esa es la justificación para disponer, a continuación, la regulación de esa actividad. A contramano de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente establecer controles sobre el papel para diario.
-Establece que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de la ley y, en el artículo 11, el Congreso le delega a esa cartera la posibilidad de dictar normas regulatorias.
Es decir, esta actividad ya no se regirá por las normas generales de defensa de la competencia aplicables a todas las empresas, sino que el Congreso y Economía dictarán normas y sanciones específicas para la prensa y la producción de papel. Esto va en contra del artículo 32 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso dictar leyes restrictivas de la prensa.
-Crea la Comisión Federal Argentina, integrada por representantes de diarios de todo el país, pero cuya coordinación también será ejercida por el Ministerio de Economía.
-En los artículos 16 h) y 41 se establece que el Estado, que hoy tiene una participación minoritaria del 27 por ciento en Papel Prensa, podrá ampliar su capital. ¿Qué ocurriría si le inyecta, como hace con Aerolíneas o con el Programa Fútbol para Todos, cientos de millones por año? Por esa vía podría licuar rápidamente el capital privado y quedarse con la producción de papel para diarios.
-El Estado, accionista minoritario de Papel Prensa, se rige actualmente por las normas de derecho privado societario. Pero, ahora, el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, se regirá por las leyes de derecho administrativo y litigará ante la Cámara Contencioso Administrativo, sobre la cual el Gobierno tiene casi un pleno control.
-El proyecto prevé sanciones que van desde una multa hasta la clausura y será el Ministerio de Economía el que tenga el poder para reglamentar esos aspectos y aplicar esas sanciones.
-Papel Prensa deberá producir al máximo de su capacidad, para satisfacer el 100 por ciento. El Estado buscará aportar el capital para lograr ese objetivo y, como se dijo, quedarse con la mayoría de la empresa.
Fuente: Diario La Nación

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