Walter Delgadillo (foto), ministro de Obras Públicas de Bolivia, explicó que la carga impositiva se aplicará ‘a aquellas empresas que no hayan cumplido las metas de expansión de cobertura de telefonía en el área rural’, fijadas en la Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación sancionada en julio pasado.La nueva normativa estableció los operadores telefónicos debían ‘poner en servicio, operar y mantener al menos una línea telefónica y un equipo terminal de acceso al público, en localidades con menos de 350 habitantes’, independiente de su rentabilidad.
A su vez, la Ley estableció como una política de Estado la universalización de los servicios, sobre todo el de Internet, en todo el territorio nacional, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, que comenzará a implementarse en 2012, y se financiará en parte con este aporte de las operadoras que llega al 2% de sus utilidades.
Fuente: Prensario.net
