Se trata de una causa iniciada en el año 2005, donde se denunció a Moneta por “sus conductas destinadas a presionar a los accionistas y directores de Cablevisión, y entorpecer su proceso de reestructuración, a efectos de apropiarse de esa compañía de la que no era accionista ni acreedor”.
Algunos puntos salientes de la sentencia:
"Así, los querellantes denunciaron que había ideado en el año 2001 una estrategia extorsiva para quedarse con todo o parte del paquete accionario de Cablevisión. En primer término, había desplegado su actividad intimidatoria contra los integrantes de Hicks, Muste, Taste & Furst (HMTF) – socio controlante del 50% del paquete accionario de la firma de referencia -, para luego dirigirla contra el grupo VLG/Liberty – controlantes del restante porcentaje accionario."
"A fines del 2001 y durante gran parte del 2002, Moneta se vinculó con diversos funcionarios de HMTF a fin de “negociar” una reparación económica por el daño que le causó estar al frente del Grupo CEI en los años 90 y haber tenido que pasar a la clandestinidad dejando la administración de sus activos a HMTF, reclamando en concreto la suma de cuarenta millones de dólares y un relevante control de Cablevisión, bajo la amenaza de iniciar una batalla judicial y una difamación mediática para hacer presión en el gobierno contra el grupo HMTF y sus empresas, incluida Cablevisión."
"Los sucesos descriptos según la óptica de la querella se verificaron en reuniones mantenidas en los EEUU y Buenos Aires, entre Moneta, sus abogados y asesores, Dres. Fabián Cainzos y Alejandro Mitchell, y funcionarios de HMTF, entre quienes se encuentran Thomas Hicks, Marcos Clutterbuck y John Civantos y los abogados Kevin O ´Mara y Gustavo Garrido."
"Que ante la nulidad de lo actuado en la causa de referencia, resuelta por la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el 21 de octubre de 2003, Raúl Moneta se habría comunicado telefónicamente con dos directores de Cablevisión, Fred Vierra y David Leonard, alertándolos de que sólo habían ganado una batalla; que tenía más acciones para hacer y continuar con el hostigamiento mediático y judicial. Así, los querellantes mencionaron la existencia de la causa n°6.320/01 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío – hoy a cargo del titular del Juzgado Federal N°3, por haber dispuesto la Sala I de la Excma. Cámara del Fuero su apartamiento."
"En el marco de estos actuados, según los querellantes, el interventor del ComFeR, Julio Bárbaro, se habría convertido en vocero de Raúl Moneta, declarando ante diversos medios de comunicación que desde el ComFeR haría todo lo posible para que los servicios de televisión por cable estuvieran en manos argentinas; intereses a los que se habría sumado el diputado Cristian Ritondo, organizando una reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática al sólo efecto de determinar la identidad de los accionistas de Cablevisión."
"Asimismo, frente a la inminente aprobación del acuerdo extrajudicial propuesto por los acreedores de Cablevisión para la reestructuración de su deuda, los querellantes afirmaron que tanto el juez Bonadío como el interventor del ComFeR se encargaron de advertir al juez comercial Bargalló que existían ciertos cuestionamientos judiciales y administrativos que deberían impedir su homologación."
"Por último, denunciaron una maniobra orquestada por el Sr. Raúl Moneta, quien mediante la gestión del diputado Cristian Ritondo, logró que 71 legisladores suscribieran un pedido de juicio político contra el juez Alfredo Barbarosch (firmante de la resolución que nulificara la causa n°78.241/02) del que muchos de los que lo rubricaran ni siquiera conocían su nombre."
Fallo completo:
