No podemos decir que vivimos en una sociedad democrática si las comunicaciones no son concebidas como derecho natural y constitucional de todos y todas. Los Estados están obligados a alentar y favorecer la producción de información y en particular administrar de forma democrática el espacio radioeléctrico, que es un bien público y no sólo un recurso reservado a los sectores empresariales y comerciales. La libertad de expresión y opinión implica necesariamente la democratización de los medios de comunicación.
En este sentido, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH en su Capítulo III Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión manifiesta: “Los Estados tienen la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas. En el marco de esta obligación, los Estados deben evitar el monopolio público o privado en la propiedad y el control de los medios de comunicación, y promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica”.
Declaramos la necesidad de la participación activa y fomentada por los Estados de las organizaciones sociales de la sociedad civil en la discusión, elaboración e implementación de nuevas leyes de comunicación que reflejen el nuevo mapa social de nuestro continente, que exige la democratización de la palabra, la pluralidad de voces, y la finalización de la concentración monopólica de los medios de comunicación tal cual el neoliberalismo planteó en nuestros países. Partimos de la consideración que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía.
En ese sentido, saludamos la concreción de la propuesta realizada por esta comisión en oportunidades anteriores para efectivizar la participación de la sociedad civil en la Reunión Especializada de Comunicación Social (RECS), tal cual fuera informado comprometiéndonos a designar nuestros delegados, uno por país, a efectos de una plena participación. Estos delegados se constituirán en puntos focales de la comisión de comunicación de las Cumbres sociales en sus respectivos países y se renovaran semestralmente.
Ratificamos lo expresado en el documento de la Isla del Cerrito, Chaco, Argentina, en cuanto a que los movimientos sociales reconocemos y valoramos los medios propios, comunitarios y populares, que comprometen los mayores esfuerzos en potenciar y articular su trabajo desde la mirada de nuestros pueblos, y disputar los sentidos al discurso del poder. Esto supone, no solo más medios, más fuertes, en equidad de condiciones y articulados. Por eso, estos medios deben no solo ser permitidos, sino apoyados y fomentados por los Estados.
Entendemos que es hora de trabajar fuertemente en la integración de nuestros pueblos facilitando el dialogo intercultural, integrando a la diversidad de voces y visibilizando los pueblos originarios y afrodescendientes, poblaciones migrantes, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y jóvenes, para hacer en conjunto una América posible.
Solicitamos que los Estados desarrollen políticas públicas para medios en zonas de frontera que tiendan a favorecer contenidos a favor de la integración con participación de las poblaciones involucradas y que esta integración sea la que prime a la hora de la elaboración de las normas técnicas.
Por otra parte, considerando la existencia de la radio AM 530 perteneciente a las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, y teniendo en cuenta la impronta de la presente Cumbre, en cuanto a resaltar el rol aglutinador de las organizaciones de derechos humanos en el Mercosur, proponemos se reserve en el ámbito del Mercosur la frecuencia 530 o la primer frecuencia del dial conforme la regulación de cada país, para emisoras gestionadas por organismos de derechos humanos.
Nos congratulamos de la conformación de una comisión de tecnologías sociales, comprometiendo nuestra participación dentro de la misma, y haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar el software libre como plataforma común de nuestros países.
Tomamos la inquietud presentada por los compañeros de DyPRA de Argentina respecto a la necesidad que la producción, distribución y comercialización de papel prensa sea de interés social en el ámbito del Mercorsur.
Valoramos los avances de la legislación uruguaya en materia de acceso a la información comprometiéndonos a un estudio profundo de la legislación de nuestros países para avanzar en tal sentido.
Finalmente, reiteramos el llamado a nuestros Presidentes para definir e implementar políticas concretas e inmediatas para democratizar la comunicación con la activa participación de las organizaciones sociales.
Fuente: IPParaguay
