En sus permanentes referencias a la prensa, el martes pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo declaraciones sobre la empresa Papel Prensa "con afirmaciones erróneas y alejadas de la realidad", según señaló la empresa -ayer- en un comunicado.
Por eso, en su misiva, Papel Prensa decidió aclarar los siguientes puntos:
En primer lugar que, "sus accionistas privados, los diarios Clarín y La Nación, adquirieron la mayoría accionaria de Papel Prensa no "un mes antes" de asumir el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín sino siete años antes, en noviembre de 1976, conforme los registros obrantes en la sociedad".
"De dichos registros surge también la participación de los vendedores en los trámites de la transferencia de las acciones", señaló el comunicado.
Por otro lado, continuó el documento "se ha hablado de un supuesto 'precio vil', sería importante destacar en este punto: 1) que jamás esta empresa ha tenido conocimiento de reclamo alguno de los vendedores y 2) que para poner en funcionamiento la fábrica por parte de los actuales accionistas se requirió una inversión de más de 200 millones de dólares".
De acuerdo con la posición de Papel Prensa, "más inexplicable aún resulta la mención presidencial a una supuesta intervención del Ministerio de Economía del gobierno del Dr. Alfonsín en el proceso de adquisición de las acciones por sus actuales socios privados. Como se dijo, dicha operación se había concretado siete años antes".
"La única resolución de dicho ministerio vinculada a Papel Prensa corresponde al año 1985 y justamente no se refiere a los accionistas privados sino a la obligación del Estado de retirarse de la empresa a partir del segundo año de su puesta en marcha, o sea 1980, tal como lo establecen diversas normativas aplicables", continuó.
Según la comunicación que ayer dio a conocer Papel Prensa, "en efecto, el Estado Nacional viene incumpliendo el Pliego de Bases y Condiciones (decreto 43 del año 1971, que dio origen a la empresa), el contrato original (celebrado en el año 1972) y el Estatuto Social, que lo obligan a dejar la empresa, tema que es infructuosamente tratado en todas las asambleas de Papel Prensa, año tras año desde hace más de 25 años".
Por todas estas razones, de acuerdo con el descargo que realizó la empresa ante las acusaciones presidenciales, "es incorrecta la mención a la desaparición de un expediente vinculado con la empresa en el cual ésta habría obtenido algún beneficio".
El comunicado finaliza, entonces, aseverando que: "Papel Prensa no tiene conocimiento de expediente alguno en el que sea parte que se haya perdido".
La reacción de Papel Prensa fue consecuencia de la referencia que hizo la Presidenta el martes, durante una conferencia de prensa en la que se molestó por la pregunta de un periodista de Clarín. Entonces, Fernández de Kirchner dijo, entre otras cosas, que "hay un comportamiento de algunos medios, especialmente el monopolio Clarín, con respecto a intereses económicos y también intereses personalísimos de sus principales accionistas en cuanto a posturas concretas de este Gobierno en materia de monopolios, de derechos humanos y de identidades", dijo.
La injerencia oficial en el accionar de la prensa motivó la reacción de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (AdEPA), que cuestionó con dureza los ataques del Gobierno a Clarín y a otros medios.
En un comunicado, entonces, AdEPA señaló que "lamenta la sucesión de graves descalificaciones a medios de prensa" por parte de las autoridades porque advierte que "una vez más, el camino elegido por el Gobierno ante una información que lo incomoda o que altera su agenda, es estigmatizar a sus emisores, más allá de la veracidad y pertinencia de su contenido", señaló la entidad.
Antecedentes
1. El 14 de setiembre, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, increpó a los representantes del Estado en Papel Prensa, lo que provocó una denuncia judicial de Carlos Collasso, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa.
2. En el encuentro del directorio, el tridente representante del Estado se niega a firmar las actas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) exige los estados contables. Moreno se enoja y hace que el ministro de Economía le pida la renuncia a Hecker, presidente de la CNV.
3. El fiscal Pollicita pide investigar si el Gobierno busca lograr una ilegítima participación en la empresa
Otras Señales
