Se advierte, una vez más, que el camino elegido por el gobierno ante una información que lo incomoda o que altera su agenda, es estigmatizar a sus emisores, mas allá de la veracidad y
pertinencia de su contenido.Así, cada hecho noticioso se pretende menoscabar mediante comentarios peyorativos, atribuciones de mala fe e, incluso, agravios personales contra editores periodísticos, lo que pone de manifiesto la escasa tolerancia de las autoridades, ya no al pluralismo y al disenso, sino a toda información que no resulte del agrado oficial.
Se ha llegado a asociar noticias de dominio público y hallazgos periodísticos -una de las razones de ser del trabajo de la prensa- con oscuras teorías conspirativas, a las que incluso se les adjudican motivaciones insólitas, derivaciones internacionales o intereses espurios. En lugar de tomar a la información como un insumo para la gestión, se la considera un enemigo a derrotar.
Se le otorga así a los medios y al periodismo un rol desmesurado, asimilando mensaje y mensajero, atacando a este último para intentar desacreditar al primero. Esto no sólo desconoce el rol de la prensa en democracia, sino que conduce a exabruptos como sugerir propósitos destituyentes a la mera publicación de noticias verificadas.
Los conflictos institucionales tienen origen y dinámica propios, existen más allá de los medios, y están determinados por muy diversos actores de los que la prensa da cuenta en su función informativa. Pretender homogeneizar el discurso público es otra forma de autoritarismo y va contra la propia naturaleza del periodismo y, más aun, de la pluralidad de voces que es constitutiva de la república.
