Respuesta del coordinador general del ComFeR, Luis Lazzaro a la nota que publicó el diario Clarín:
Cobardía & impunidad
Nadie se hace cargo ni tampoco hay fuente. Es difícil lidiar contra la cobardía y la impunidad del anonimato en los monopolios periodísticos.
Un pirulo de Clarín del sábado pasado emplea estas herramientas carentes de seriedad periodística para impugnar –por la vía de la chicana personal- mi gestión personal de muchos años en el ámbito de la política audiovisual y en el ComFeR.
Cita una anónima “asociación de radiodifusores del interior” para titular un presunto “tráfico de influencias”, sin datos, sin pruebas, sin casos. La nota central convierte el trámite ordinario de casos pendientes de la normalización del año 2006 –quedan centenares aún para resolver- en un oscuro laberinto que gira sobre la fecha en que el ex interventor del ComFeR y actual presidente del directorio de la Autoridad Federal, Gabriel Mariotto, firmó resoluciones de adjudicación o de rechazo y -sin más explicación- se pasa a las sospechas genéricas mencionadas en el recuadro.
Allí, otra fuente anónima estima que los trámites de una abogada especialista en radiodifusión "aumentaron" a partir de mi designación como Coordinador General del ComFeR en 2008. Se refiere a la Dra. Susana Pachecoy, mi mujer desde el año 2001.
Un profesor de derecho constitucional opina entonces sin dato alguno a la vista, pero dando letra para la impugnación posterior, que habría “incompatibilidad” en la continuidad de mi gestión, ahora en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo surgido de la nueva ley. Esta última –la ley de la democracia- es el verdadero problema del diario Clarín, que construye esta operación con “anónimos” o “personas que no quisieron identificarse” en el brulote de pagina 20 el día 16/01/09, como parte de una campaña que viene tratando de impugnar desde la norma hasta al presidente del nuevo directorio. Agregan ahora falsedades de carácter anónimo para incluir al Coordinador dentro del sabotaje a la ley.
Es demasiado torpe para equivocarse pero igual damos la cara. Como siempre lo hicimos, y especialmente durante los debates públicos por la democratización de la comunicación. Sin el anonimato o el espionaje de que hicieron gala hace pocos días manipulando un mensaje de circulación restringida firmado por mí y dirigido a mis compañeros de Copla (Comunicación y Política para el Proyecto Nacional). Contestaremos a la chicana sabiendo que el tema en debate no es este; que lo que se quiere es poner en debate el cumplimiento de la ley y el funcionamiento de su autoridad de aplicación. Pero veamos el malicioso asunto personal.
La Dra. Pachecoy ya era especialista en radiodifusión y tramitaba decenas de expedientes en el ComFeR en el año 2001, cuando recorrimos el país durante los procesos de consulta pública del anterior proyecto de ley de radiodifusión (2001, gestión del Dr. Gustavo López, en que ocupé la Dirección de Supervisión y Evaluaciones).
Al momento de mi reingreso al ComFeR (2008), la Dra. Pachecoy representaba a centenares de radiodifusores de todo el país, asociaciones de radiodifusores, empresarios del Gran Buenos Aires y de las provincias, radios de Obispados, comunidades religiosas católicas y de otros credos, cooperativas, sindicatos, mutuales, etc.. Mi llegada al organismo fue, en todo caso y a los efectos de su labor, más una complicación que un beneficio: suponía una alta exigencia de cumplimiento profesional.
En cualquier caso, los expedientes que llegan a la Coordinación ya han cumplido el circuito administrativo y la función del sector es el control previo al despacho final. Ningún trámite de esta prestigiosa abogada requirió jamás de mi intervención ni dependió de alguna firma mía en lo personal o de mi sector. Ninguno de los dos lo hubiera permitido. Tampoco encontrarán a ningún funcionario que de buena fe diga algo distinto.
Todos sabemos que el problema es otro. Se advirtió en el silencio cómplice con 29 años de vigencia de la ley de la dictadura y con los DNU –nunca cuestionados- que les permitieron a los reproductores de denuncias anónimas la concentración monopólica. O con las sospechas que intentaron por ejemplo poner en duda la “legitimidad” del Parlamento que aprobó la ley de la democracia, o el “procedimiento” de constitución de la Comisión Bicameral con amplias atribuciones que la oposición se niega a integrar, o la “incompatibilidad” de las autoridades propuestas por el Ejecutivo para conducir la nueva autoridad o cualquier cosa que sirva de excusa para que la democracia no convierta los oligopolios mediáticos en instrumentos de la construcción de una comunicación plural, diversa y federal.
La única incompatibilidad que de verdad debe ocuparnos –y es por lo que venimos luchando desde muchos años desde el llano o la función pública- es la que prescribe el Pacto de San José de Costa Rica en su defensa de los derechos humanos: la que existe entre el monopolio de la comunicación y el ejercicio pleno de los ciudadanos de su derecho a la libertad de expresión.
Luis Lazzaro, sin acento y con doble zeta, a menos que la difamación incluya el cambio de identidad.
NdE: La nota del Clarín -Señales la levantó de Los Andes, propiedad del mismo grupo- tenía esos errores en el apellido.
Ver anterior: ¿Tráfico de influencias?
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