¿Quién necesita chapuceros chequeos en la frontera cuando las autoridades se están asegurando que somos vistos y oídos todo el tiempo, con alta definición, "on line" y "off line", en tierra y desde el cielo?
Naomi Klein
Periodista y escritora. Columnista de la revista The Nation (Nueva York) y del diario The Guardian (Londres)
Hace poco, mientras manifestantes se congregaban en Montebello, Quebec, cerca del sitio de la reunión de la Asociación para la Prosperidad y la Seguridad (SPP, por sus siglas en inglés), a fin de confrontar a los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de México, Felipe Calderón, y al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, Associated Press (AP) informó de este detalle surrealista: "Los líderes no estuvieron en condiciones de ver a los manifestantes en vivo y en directo. Pero pudieron observarlos en aparatos de televisión dentro del hotel..., camarógrafos contratados para asegurar que los manifestantes pudiesen entregar sus mensajes a los tres líderes estaban sentados en una carpa repleta de equipos de audio y de video... Un cartel fuera de la carpa decía: ‘Nuestras cámaras están aquí hoy para ofrecerles el derecho a ser vistos y oídos. Por favor, permítannos divulgar su mensaje. Gracias´".
Sí, es cierto. Como participantes en un reality show, los manifestantes en la Cumbre de SPP fueron invitados a expresar su furia frente a las cámaras, a fin de que fuera transmitida a los asistentes en la reunión. Fue la mejor demostración de un Estado controlado por fuerzas de seguridad, a nivel de infoentretenimiento. O, para decirlo de otra manera, el Gran Hermano terminaba reuniéndose... con el Gran Hermano.
El vocero de Harper explicó que, si bien los manifestantes fueron llevados a campo abierto como si fueran ganado, el vínculo de video significaba que habían protegido su derecho a un discurso político. "De acuerdo a la ley, necesitan ser vistos y oídos, y lo serán", expresó.
Es un argumento con vastas implicaciones. Si hacer videos de activistas satisface los requisitos legales de que los disidentes tienen el derecho a ser vistos y oídos, ¿hasta dónde es posible llegar? ¿Qué ocurre con las otras cámaras de seguridad que patrullaban la Cumbre y que filmaban a los manifestantes cuando subían y bajaban de los ómnibus y caminaban pacíficamente por la calle? ¿Y qué ocurre con las llamadas de teléfonos celulares interceptadas, las reuniones que son infiltradas, los correos electrónicos que son leídos?
Según las nuevas normas impuestas en Montebello, todas esas acciones, en lugar de ser consideradas violaciones a las libertades civiles serían juzgadas como lo opuesto: prueba del compromiso de nuestros líderes a una consulta directa, sin mediadores. Las elecciones son una herramienta burda para tomar la temperatura del público. Pero esos métodos permiten una constante evaluación de nuestras creencias. Tal vez habría que pensar en la vigilancia como la nueva democracia participativa.
Los manifestantes en Montebello se quejaron de que mientras eran confinados a ciertos lugares, presidentes de unas 30 de las principales corporaciones de América del Norte, desde Wal-Mart a Chevron, integraban la cumbre oficial. Pero no fue lo mismo. Esos ejecutivos tuvieron apenas una hora y 15 minutos para hablar con los líderes. En cambio, los activistas, podían ser "vistos y oídos" las 24 horas del día. Por lo tanto, en vez de denunciar las tácticas de un Estado policial, deberían haber dicho: "Gracias por escucharnos" (y por leer nuestros mensajes, y por mirarnos, y por fotografiarnos, y por obtener otros datos).
"Ver y oír". La norma de "ver y oír" de Montebello también coloca las protestas ante una nueva perspectiva. El SPP es descripto por sus líderes en su comunicado final como un plan "ambicioso" para "mantener nuestras fronteras cerradas al terrorismo y abiertas al comercio". En otras palabras, una fusión del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de las normas del Departamento de Seguridad Interior. El TLC con aviones espías.
El modelo data del 11 de setiembre de 2001, cuando el embajador de Estados Unidos en Canadá, Paul Cellucci, dijo que en la nueva era, "la seguridad triunfará sobre el comercio". Pero existía una cláusula al margen: el comercio del cual dependen las economías de Canadá y de México continuaría sin interrupciones, siempre y cuando esos gobiernos estuviesen dispuestos a dar la bienvenida a los tentáculos norteamericanos de "la guerra contra el terror".
Empresarios canadienses y mejicanos aceptaron la sumisión y presionaron a sus gobiernos para ceder a las demandas norteamericanas de una seguridad "integrada" a fin de mantener el flujo de turistas y de mercancías. Casi seis años después, los líderes empresariales en Montebello -bajo el estandarte del Consejo de Competitividad de América del Norte, una rama oficial de SPP- seguían usando el "espesamiento de las fronteras" como un sucedáneo del hombre de la bolsa.
¿La propuesta? De acuerdo al sitio de SPP en Internet, se requieren "soluciones tecnológicas, una mejora en el intercambio de información, y, de manera potencial, el uso de identificadores biométricos".
Ya sabemos por experiencia lo que eso significa: listas de "no vuelos" a nivel continental. Bancos de datos integrados, así como un contrato con Boeing por 2.500 millones de dólares para construir una "valla virtual" en las fronteras sur y norte con Estados Unidos, equipada con aviones teledirigidos.
Para decirlo en pocas palabras, según la visión del continente que tiene SPP, los bordes "espesos" serán pronto reemplazados con una red casi invisible de vigilancia continental, y casi todo, administrado por empresas deseosas de obtener grandes ganancias. Dos miembros del grupo de asesoría de SPP -Lockheed Martin y General Electric- ya han recibido contratos por miles de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para construir la red.
En la era de Bush, la seguridad no triunfa sobre los grandes negocios: es tal vez el negocio más grande de todos.
Previo a la cumbre de SPP, una serie de escándalos sobre vigilancia ayudaron a pintar una imagen más completa.
En primer lugar, el Congreso de Estados Unidos no sólo fracasó en su intento de frenar las actividades ilegales de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, sino que abrió las puertas para una vigilancia de registros bancarios, pautas de llamadas telefónicas e inclusive búsquedas en sitios. Y todo eso, sin necesidad de demostrar que el individuo es una amenaza.
Luego, el diario The Boston Globe informó de planes para vincular miles de cámaras de vigilancia en calles, subterráneos, edificios de departamentos y empresas en una gigantesca red a fin de seguirle la pista a sospechosos en tiempo real. Y el 15 de agosto se confirmó que la Agencia Nacional de Inteligencia Geo Espacial, la rama del ejército de Estados Unidos que hace sobrevolar aviones y satélites espías sobre territorio enemigo, será totalmente integrada en la infraestructura de la recolección de datos de inteligencia locales. De esa manera, la agencia se convertiría en los "ojos" de la Agencia de Seguridad Nacional. (Esta última agencia sería los "oídos" del espionaje interno).
Si a eso se añaden algunas herramientas de alta tecnología, como documentos de identidad biométricos, programas de reconocimiento de rostros, y bancos de datos de "sospechosos", lo que se obtiene es un mundo de vigilancia total como el exhibido hace poco en la película The Bourne ultimatum.
Lo cual nos lleva otra vez al SPP. ¿Quién necesita chapuceros chequeos en la frontera cuando las autoridades se están asegurando de que somos vistos y oídos todo el tiempo, con alta definición, on line y off line, en tierra y desde el cielo? La seguridad es la nueva prosperidad. La vigilancia es la nueva democracia.
Publicado originalmente en: The New York Times
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