Sebastián Moro, quien trabajaba en Bolivia desde hacía dos años, murió el 16 de noviembre en un hospital. Según la versión del gobierno de la autoproclamada presidenta Áñez, a causa de un accidente cerebro vascular
Familiares del periodista argentino Sebastián Moro, muerto en confusas circunstancias en Bolivia, informaron que pidieron hoy al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que investiguen el caso, ya denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pietragalla y la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak, recibieron hoy a Penélope Moro -hermana de Sebastián-, quien dijo a TelAm que les pidió que "tomen manos en el asunto".
Los funcionarios se comprometieron a brindar todo el soporte legal y jurídico que esté a su alcance, según Moro, quien afirmó que "hay un compromiso" para esclarecer el caso y agregó que "la intención ahora es llegar a la Cancillería".
Moro relacionó el caso de su hermano con el del reportero gráfico Facundo Morales, también argentino y preso en la cárcel de Chonchocoro, en El Alto, ciudad vecina a La Paz, y sostuvo que lo que les ocurrió a ambos "es un mensaje aleccionador para la prensa internacional para no comunicar lo que sucede en Bolivia".
"Hoy no hay garantías para que se investigue; existe en Bolivia un paredón mediático impresionante y en la Argentina no se sabe de qué se trata", dijo.
Moro, quien trabajaba en Bolivia desde hacía dos años, murió el 16 de noviembre en un hospital. Según la versión del gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, a causa de un accidente cerebro vascular.
Sin embargo, su familia pide investigar las causas de la muerte pues argumenta que abogados y peritos forenses la califican como "extremadamente dudosa".
Penélope Moro contó a TelAm que el cuerpo de su hermano "presentaba marcas, señas que nos parecían raras, golpes", y agregó: "Consultamos con médicos y nos dijeron que se trataba de marcas de torturas".
Además, a Sebastián le faltaban su chaleco identificatorio de periodistas, así como su libreta y su grabador, "cosas de las que él no se desprendía jamás", según su hermana.
De acuerdo con su relato, los forenses opinaron que la muerte pudo haber sido consecuencia de una hemorragia interna provocada por los golpes recibidos.
Sebastián Moro trabajaba como jefe editor de Prensa Rural y productor y conductor de Radio Comunidad, dos medios que pertenecen a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
Además, desde el 24 de octubre -cuatro días después de las elecciones generales sospechadas de fraude, que desataron las protestas que derivaron en la renuncia del presidente Evo Morales- escribía también para el diario argentino Página/12.
"El 8 y el 9 de noviembre, cuando la Policía empezó a amotinarse, comenzaron las amenazas y los allanamientos en los medios de comunicación populares, con policías de civil infiltrados y ciudadanos", según Penélope Moro.
El 9, el director general de la Csutcb, José Aramallo, sufrió un intento de linchamiento en la puerta de la sede de esa organización. "Ese día fue el último que supimos de Sebastián", aseguró su hermana.
El 10, día en que renunció Evo Morales, "un allegado a la familia, a quien le pedimos ayuda, encontró a Sebastián en estado de semiinconciencia en su casa y fue internado", continuó Penélope.
"El lunes 11 llegué a La Paz y encontré una ciudad descabezada, tomada por policías y militares; bajar de El Alto -donde está el aeropuerto internacional que sirve a La Paz- para ir a la clínica fue tremendo y difícil", dijo.
El de esos días "fue un contexto caótico, no podíamos hacer ningún tipo de denuncia; todos los compañeros de Sebastián estaban en la clandestinidad y debíamos garantizar su asistencia médica y nuestra integridad física", relató.
Sebastián Moro murió el 16 y, según su hermana, su cuerpo fue cremado al día siguiente sin que se le hubiera realizado una autopsia.
"Desde el consulado argentino nos dijeron que no había posibilidades de llevarnos su cuerpo y nos instaban a regresar lo antes posible, dado lo convulsionado de la situación", afirmó Penélope Moro.
Fuente: Agencia TelAm
Ver también: "Los infinitos modos de matar del neoliberalismo", El periodista argentino muerto en Bolivia: ¿ACV o brutal agresión?, Bolivia: Fotoperiodista argentino está confinado y sin condena por el gobierno de facto
miércoles, 12 de febrero de 2020
Argentina: ¿qué izquierda está de vuelta?
Alberto Fernández posee una vocación para la negociación que no sabemos cuánto rendirá en tiempos de vacas flacas
Por: Maristella Svampa
La llegada de Mauricio Macri, en 2015, clausuró el ciclo progresista que doce años atrás había iniciado Néstor Kirchner (2003-2007) y continuado Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El triunfo inesperado de Macri se debió tanto a la intensificación de la polarización como a los errores de Cristina Fernández, cuya segunda gestión mostró varios problemas, tanto económicos como derivados de la concentración del poder y la corrupción, lo cual conllevó el agotamiento de dicho proyecto, presentado como de centro-izquierda. Por un escueto margen, el país apostó a la alternancia electoral y no pocos salieron a festejar el ascenso de una derecha supuestamente moderna y abierta al mundo que signaría el fin del kirchnerismo. Finalmente, esto no sucedió.
Con Macri, la Argentina volvió a las recetas neoliberales, lo cual se tradujo en una serie de ajustes y tarifazos interminables, alta inflación, retroceso del salario real, apertura indiscriminada a las importaciones y consecuente cierre de pequeñas y medianas empresas. Por si fuera poco, en mayo de 2018, el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que le otorgó el mayor préstamo de su historia y sumó a la crisis más fuga de capitales, así como un insostenible sobreendeudamiento. Lejos de la “pobreza cero” prometida durante la campaña, ésta fue escalando hasta alcanzar el 40,8% en diciembre de 2019, la más alta de la última década. Por su parte, la inflación, en 2019, tocó el 53,8%, la más alta en 28 años. En sintonía, el PBI de 2019 fue también el más bajo de la década.
Hay que volver a los últimos años de Carlos Menem (1989-1999) y al breve gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001) para dimensionar el nivel de sufrimiento social que estas políticas excluyentes causaron en amplios sectores sociales. Sin agenda de derechos, pero lejos de recular, el gobierno de Macri no encontró mejor manera para sobrevivir e intentar la reelección que incrementar la polarización, para lo cual contó con el inestimable apoyo de grandes medios de comunicación. Esto sin duda rindió sus frutos, pues pese a la desastrosa gestión en octubre de 2019, Macri mantuvo su base electoral (40%), frente a la fórmula “Alberto Fernandez-Cristina F. de Kirchner”, que ganó en primera vuelta con el 48% gracias a la construcción de un frente opositor que incluyó algo más que el kirchnerismo.
El Frente de Todos reúne a una parte importante de la gran familia peronista, pues articula desde sectores progresistas (que incluyen un ala cristinista dura, presente en las dos Cámaras); peronistas de centro, con preocupaciones sociales, provenientes del Frente Renovador, hasta sempiternos caudillos de la provincia de Buenos Aires y gobernadores peronistas poco afectos a la participación ciudadana. Como socios menores, se incluyó sectores de la centroizquierda no kirchnerista, hasta hace poco tiempo muy críticos.
En su discurso de asunción, Alberto Fernández llamó a superar tres muros: “el del rencor y del odio entre argentinos”, “el del hambre” y el “del despilfarro de las energías productivas”. Prometió trabajar para terminar con la llamada “grieta” y poner “a la Argentina de pie”, “encendiendo la economía”. También pronunció los términos “transición” y “cambio climático”, además de un “Nunca más”, referido al uso político de la justicia.
Considerado un político moderado y pragmático, Fernández posee una vocación para la negociación, que todavía no sabemos cuánto rendirá en tiempos de vacas flacas. A poco de iniciado el mandato, sería aventurado extraer conclusiones definitivas, aun si ya están trazadas varias de las líneas directrices del gobierno. Así, el nuevo presidente lanzó un Plan de emergencia económica, que sube impuestos, aumenta la pensión mínima, pone nuevos límites al ahorro en moneda estadounidense y un impuesto del 30% a la compra del dólar, así como a los viajes y compras en el exterior.
Impulsó el Plan “Argentina contra el hambre”, que incluye una tarjeta alimentaria, para los sectores que perciben la Asignación Universal por Hijo; un plan de refinanciación para beneficiar a las Pymes y un “Pacto social” con referentes de sectores empresarios, sindicales y de movimientos sociales. Por último, aunque no reveló cuál será su estrategia, designó un equipo permanente en Washington para negociar con el FMI.
Mientras tanto, al límite del default a causa de la deuda heredada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a negociar con bonistas.
Por otro lado, en la búsqueda afanosa de dólares, Fernández subió mínimamente las retenciones al sector sojero, aunque las redujo para las compañías mineras y petroleras. Confirmó a Vaca Muerta (el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, donde se hace fracking), como proyecto estratégico. Pero la promesa el doradista de Vaca Muerta no es solo insustentable desde el punto de vista ambiental; es también un agujero negro en la economía, a raíz de los enormes subsidios al sector, que arrastra una crisis tras otra.
Una señal importante es la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad sexual, que se suma a la promesa presidencial de enviar un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto, un reclamo del masivo movimiento de mujeres, Ni una Menos, que lucha contra la violencia de género, y que fuera bloqueado por el Senado en 2018. Sin embargo, queda por saber si el gobierno no estará buscando "blindar" su gestión incorporando nuevos derechos, para barrer bajo la alfombra otras demandas y derechos. Algo así sucedió con Néstor Kirchner, cuando el gobierno asumió una política de derechos humanos ligada a la condena de los crímenes de la última dictadura militar. O cuando Cristina Fernández avanzó por la vía parlamentaria en el reconocimiento a la diversidad sexual. Ambas agendas también sirvieron para obturar otras demandas, sobre todo, los derechos ambientales y aquellos de los pueblos originarios, ligados a la defensa del territorio y las luchas contra el neoextractivismo.
Durante la campaña electoral Alberto Fernández no solo habló en favor de la megaminería (la actividad extractiva que genera mayores resistencias sociales en el país), sino que, apenas asumido, dio por sentado que esta se extendería incluso en aquellas provincias, como Mendoza y Chubut, donde existen leyes que la prohíben. Las masivas movilizaciones en defensa del agua ocurridas en ambas provincias demostraron que el camino originalmente trazado por el presidente y los respectivos gobernadores era inviable. Además, mostraron las brechas dentro del campo oficialista, una parte del cual entiende que las luchas en defensa del planeta tienen aquí su anclaje local y territorial, tanto en la oposición a la megaminería, la denuncia de los impactos sociosanitarios del glifosato (el mayor problema ambiental del país), e incluso, en los menos visibles cuestionamientos al fracking.
¿Significa esto que la centroizquierda está de regreso en Argentina? Nadie podría negar que el nuevo gobierno busca apostar a un programa socioeconómico incluyente y más equitativo. Que tal programa tenga éxito o no, es incierto. Pero, si se lograra, ¿podrá superar los límites del progresismo selectivo, sin volver a incurrir en los puntos ciegos del pasado? Desde hace años, las luchas que interpelan al progresismo y su agenda selectiva de derechos, vienen sosteniendo que no se puede ser feminista y luchar contra el patriarcado y, al mismo tiempo, fomentar la destrucción de los territorios y el avance del extractivismo. No se puede proponer una sociedad más igualitaria, si no se articula justicia social con justicia ambiental y climática. No se puede hablar livianamente del "Green New Deal" como programa de transición e impulsar la megaminería, el fracking, la deforestación y las fumigaciones tóxicas.
Son numerosos los desafíos. El clima político y económico es muy diferente al de la década pasada; la deuda externa es inmensa, la demanda social también y el crecimiento económico ya no se puede imponer tan fácilmente a costa de la salud de las personas y los territorios. A esto se añade que las placas tectónicas en América Latina se mueven cada vez con más rapidez y el nuevo gobierno cuenta con poco tiempo para mostrar los primeros resultados positivos.
Maristella Svampa es socióloga y escritora argentina, investigadora superior del Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas
Foto: Agencia Reuters
Fuente: Diario El País
Por: Maristella Svampa
La llegada de Mauricio Macri, en 2015, clausuró el ciclo progresista que doce años atrás había iniciado Néstor Kirchner (2003-2007) y continuado Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El triunfo inesperado de Macri se debió tanto a la intensificación de la polarización como a los errores de Cristina Fernández, cuya segunda gestión mostró varios problemas, tanto económicos como derivados de la concentración del poder y la corrupción, lo cual conllevó el agotamiento de dicho proyecto, presentado como de centro-izquierda. Por un escueto margen, el país apostó a la alternancia electoral y no pocos salieron a festejar el ascenso de una derecha supuestamente moderna y abierta al mundo que signaría el fin del kirchnerismo. Finalmente, esto no sucedió.
Con Macri, la Argentina volvió a las recetas neoliberales, lo cual se tradujo en una serie de ajustes y tarifazos interminables, alta inflación, retroceso del salario real, apertura indiscriminada a las importaciones y consecuente cierre de pequeñas y medianas empresas. Por si fuera poco, en mayo de 2018, el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que le otorgó el mayor préstamo de su historia y sumó a la crisis más fuga de capitales, así como un insostenible sobreendeudamiento. Lejos de la “pobreza cero” prometida durante la campaña, ésta fue escalando hasta alcanzar el 40,8% en diciembre de 2019, la más alta de la última década. Por su parte, la inflación, en 2019, tocó el 53,8%, la más alta en 28 años. En sintonía, el PBI de 2019 fue también el más bajo de la década.
Hay que volver a los últimos años de Carlos Menem (1989-1999) y al breve gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001) para dimensionar el nivel de sufrimiento social que estas políticas excluyentes causaron en amplios sectores sociales. Sin agenda de derechos, pero lejos de recular, el gobierno de Macri no encontró mejor manera para sobrevivir e intentar la reelección que incrementar la polarización, para lo cual contó con el inestimable apoyo de grandes medios de comunicación. Esto sin duda rindió sus frutos, pues pese a la desastrosa gestión en octubre de 2019, Macri mantuvo su base electoral (40%), frente a la fórmula “Alberto Fernandez-Cristina F. de Kirchner”, que ganó en primera vuelta con el 48% gracias a la construcción de un frente opositor que incluyó algo más que el kirchnerismo.
El Frente de Todos reúne a una parte importante de la gran familia peronista, pues articula desde sectores progresistas (que incluyen un ala cristinista dura, presente en las dos Cámaras); peronistas de centro, con preocupaciones sociales, provenientes del Frente Renovador, hasta sempiternos caudillos de la provincia de Buenos Aires y gobernadores peronistas poco afectos a la participación ciudadana. Como socios menores, se incluyó sectores de la centroizquierda no kirchnerista, hasta hace poco tiempo muy críticos.
En su discurso de asunción, Alberto Fernández llamó a superar tres muros: “el del rencor y del odio entre argentinos”, “el del hambre” y el “del despilfarro de las energías productivas”. Prometió trabajar para terminar con la llamada “grieta” y poner “a la Argentina de pie”, “encendiendo la economía”. También pronunció los términos “transición” y “cambio climático”, además de un “Nunca más”, referido al uso político de la justicia.
Considerado un político moderado y pragmático, Fernández posee una vocación para la negociación, que todavía no sabemos cuánto rendirá en tiempos de vacas flacas. A poco de iniciado el mandato, sería aventurado extraer conclusiones definitivas, aun si ya están trazadas varias de las líneas directrices del gobierno. Así, el nuevo presidente lanzó un Plan de emergencia económica, que sube impuestos, aumenta la pensión mínima, pone nuevos límites al ahorro en moneda estadounidense y un impuesto del 30% a la compra del dólar, así como a los viajes y compras en el exterior.
Impulsó el Plan “Argentina contra el hambre”, que incluye una tarjeta alimentaria, para los sectores que perciben la Asignación Universal por Hijo; un plan de refinanciación para beneficiar a las Pymes y un “Pacto social” con referentes de sectores empresarios, sindicales y de movimientos sociales. Por último, aunque no reveló cuál será su estrategia, designó un equipo permanente en Washington para negociar con el FMI.
Mientras tanto, al límite del default a causa de la deuda heredada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a negociar con bonistas.
Por otro lado, en la búsqueda afanosa de dólares, Fernández subió mínimamente las retenciones al sector sojero, aunque las redujo para las compañías mineras y petroleras. Confirmó a Vaca Muerta (el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, donde se hace fracking), como proyecto estratégico. Pero la promesa el doradista de Vaca Muerta no es solo insustentable desde el punto de vista ambiental; es también un agujero negro en la economía, a raíz de los enormes subsidios al sector, que arrastra una crisis tras otra.
Una señal importante es la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad sexual, que se suma a la promesa presidencial de enviar un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto, un reclamo del masivo movimiento de mujeres, Ni una Menos, que lucha contra la violencia de género, y que fuera bloqueado por el Senado en 2018. Sin embargo, queda por saber si el gobierno no estará buscando "blindar" su gestión incorporando nuevos derechos, para barrer bajo la alfombra otras demandas y derechos. Algo así sucedió con Néstor Kirchner, cuando el gobierno asumió una política de derechos humanos ligada a la condena de los crímenes de la última dictadura militar. O cuando Cristina Fernández avanzó por la vía parlamentaria en el reconocimiento a la diversidad sexual. Ambas agendas también sirvieron para obturar otras demandas, sobre todo, los derechos ambientales y aquellos de los pueblos originarios, ligados a la defensa del territorio y las luchas contra el neoextractivismo.
Durante la campaña electoral Alberto Fernández no solo habló en favor de la megaminería (la actividad extractiva que genera mayores resistencias sociales en el país), sino que, apenas asumido, dio por sentado que esta se extendería incluso en aquellas provincias, como Mendoza y Chubut, donde existen leyes que la prohíben. Las masivas movilizaciones en defensa del agua ocurridas en ambas provincias demostraron que el camino originalmente trazado por el presidente y los respectivos gobernadores era inviable. Además, mostraron las brechas dentro del campo oficialista, una parte del cual entiende que las luchas en defensa del planeta tienen aquí su anclaje local y territorial, tanto en la oposición a la megaminería, la denuncia de los impactos sociosanitarios del glifosato (el mayor problema ambiental del país), e incluso, en los menos visibles cuestionamientos al fracking.
¿Significa esto que la centroizquierda está de regreso en Argentina? Nadie podría negar que el nuevo gobierno busca apostar a un programa socioeconómico incluyente y más equitativo. Que tal programa tenga éxito o no, es incierto. Pero, si se lograra, ¿podrá superar los límites del progresismo selectivo, sin volver a incurrir en los puntos ciegos del pasado? Desde hace años, las luchas que interpelan al progresismo y su agenda selectiva de derechos, vienen sosteniendo que no se puede ser feminista y luchar contra el patriarcado y, al mismo tiempo, fomentar la destrucción de los territorios y el avance del extractivismo. No se puede proponer una sociedad más igualitaria, si no se articula justicia social con justicia ambiental y climática. No se puede hablar livianamente del "Green New Deal" como programa de transición e impulsar la megaminería, el fracking, la deforestación y las fumigaciones tóxicas.
Son numerosos los desafíos. El clima político y económico es muy diferente al de la década pasada; la deuda externa es inmensa, la demanda social también y el crecimiento económico ya no se puede imponer tan fácilmente a costa de la salud de las personas y los territorios. A esto se añade que las placas tectónicas en América Latina se mueven cada vez con más rapidez y el nuevo gobierno cuenta con poco tiempo para mostrar los primeros resultados positivos.
Maristella Svampa es socióloga y escritora argentina, investigadora superior del Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas
Foto: Agencia Reuters
Fuente: Diario El País
martes, 11 de febrero de 2020
El espectáculo del drama: El asesinato de Fernando Báez Sosa
Por: Hugo Muleiro
Los recursos y lenguajes que los medios de comunicación emplean frente al asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el 18 de enero, con su marcada incidencia en la escena social, vuelven a desnudar una red compleja de cruces y tensiones entre derechos, como los de informar y estar informado, los de víctimas y acusados, y con ellos los de sus familias, amistades y comunidades.
Valores esenciales y custodiados legalmente, como la intimidad y el honor de las y los involucrados, la presunción de inocencia y la no obstaculización de la justicia tambalean, si es que no son arrasados, con la difusión de imágenes, evidencias y novedades procesales que se deslizan al desfiladero de la lucha mediática por la primicia.
Las preguntas que estas prácticas habilitan incluyen pero a la vez exceden por mucho el examen de los modos de producción de la industria de la noticia. Aunque sea un tema que reclama estudios profundos y exige mucho más que lo que creemos ofrecer quienes participamos de la comunicación, acaso sea posible coincidir --solo como referencia-- en que convivimos en un estado de demanda asfixiante de imágenes, de respuestas inmediatas y, para el caso, de aplicación no demorada de lo que llamamos justicia. Ese cóctel emerge y se vuelca como lava en la sociedad y actúa sobre todos los poderes, incluyendo el de los medios, sea cuando lanzan el material quemante o cuando son rodeados por él.
Claro que la complejidad del problema no da crédito para la resignación y, sirviéndose de ella, para la repetición cómoda de los hábitos.
El 23 de enero decenas de personas se reunieron frente a la casa de la familia Báez para expresar solidaridad y reclamar justicia. Graciela, la mamá de Fernando, fue embestida por micrófonos y cámaras hasta que, a pesar de que apenas se mantenía en pie, se vio compelida a hablar.
La tragedia humana cuya magnitud solo ella y los demás allegados íntimos a Fernando pueden conocer se expresó en balbuceos consumidos por el dolor, por momentos aferrándose a esperanzas místicas, por otros declarándose muerta en vida, porque esta mamá fue puesta en la situación de nombrar aquello que ninguna palabra puede expresar. Casi como consecuencia inevitable, cronistas, conductores y comentaristas de estudio reforzaron la secuencia, mencionando lo evidente, la angustia y el drama.
La continuidad de la cobertura muestra al público, una y otra vez, escenas previas al ataque, la salida a la calle, los golpes atroces. La sagacidad periodística husmea en el expediente, lo obtiene y reproduce fotografías y croquis. Parece aflorar nuevamente un contrato de mutua conveniencia entre los medios y estos ámbitos del accionar estatal. Es una práctica ya vista y con consecuencias de las que nadie, después, se hace cargo. Mucho menos los medios.
Esta vez, la familia de la víctima no esgrime estatus empresariales ni pergaminos universitarios, ni verdaderos ni falsos, y no se sumó a una maniobra para imponer una patética reforma penal como la sancionada de apuro hace más de quince años, cuando poderes sin rostro, usando diarios, radios y canales de TV y llevando de las narices a una parte de la siempre lustrosa clase media, exhibieron su músculo capaz de manipular las prácticas democráticas. No es igual ahora, pero el uso del drama como espectáculo vuelve a ubicarnos frente a problemas graves en el flujo aluvional de la comunicación.
*Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (CoMunA)
Fuente: Diario PáginaI12
Los recursos y lenguajes que los medios de comunicación emplean frente al asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el 18 de enero, con su marcada incidencia en la escena social, vuelven a desnudar una red compleja de cruces y tensiones entre derechos, como los de informar y estar informado, los de víctimas y acusados, y con ellos los de sus familias, amistades y comunidades.
Valores esenciales y custodiados legalmente, como la intimidad y el honor de las y los involucrados, la presunción de inocencia y la no obstaculización de la justicia tambalean, si es que no son arrasados, con la difusión de imágenes, evidencias y novedades procesales que se deslizan al desfiladero de la lucha mediática por la primicia.
Las preguntas que estas prácticas habilitan incluyen pero a la vez exceden por mucho el examen de los modos de producción de la industria de la noticia. Aunque sea un tema que reclama estudios profundos y exige mucho más que lo que creemos ofrecer quienes participamos de la comunicación, acaso sea posible coincidir --solo como referencia-- en que convivimos en un estado de demanda asfixiante de imágenes, de respuestas inmediatas y, para el caso, de aplicación no demorada de lo que llamamos justicia. Ese cóctel emerge y se vuelca como lava en la sociedad y actúa sobre todos los poderes, incluyendo el de los medios, sea cuando lanzan el material quemante o cuando son rodeados por él.
Claro que la complejidad del problema no da crédito para la resignación y, sirviéndose de ella, para la repetición cómoda de los hábitos.
El 23 de enero decenas de personas se reunieron frente a la casa de la familia Báez para expresar solidaridad y reclamar justicia. Graciela, la mamá de Fernando, fue embestida por micrófonos y cámaras hasta que, a pesar de que apenas se mantenía en pie, se vio compelida a hablar.
La tragedia humana cuya magnitud solo ella y los demás allegados íntimos a Fernando pueden conocer se expresó en balbuceos consumidos por el dolor, por momentos aferrándose a esperanzas místicas, por otros declarándose muerta en vida, porque esta mamá fue puesta en la situación de nombrar aquello que ninguna palabra puede expresar. Casi como consecuencia inevitable, cronistas, conductores y comentaristas de estudio reforzaron la secuencia, mencionando lo evidente, la angustia y el drama.
La continuidad de la cobertura muestra al público, una y otra vez, escenas previas al ataque, la salida a la calle, los golpes atroces. La sagacidad periodística husmea en el expediente, lo obtiene y reproduce fotografías y croquis. Parece aflorar nuevamente un contrato de mutua conveniencia entre los medios y estos ámbitos del accionar estatal. Es una práctica ya vista y con consecuencias de las que nadie, después, se hace cargo. Mucho menos los medios.
Esta vez, la familia de la víctima no esgrime estatus empresariales ni pergaminos universitarios, ni verdaderos ni falsos, y no se sumó a una maniobra para imponer una patética reforma penal como la sancionada de apuro hace más de quince años, cuando poderes sin rostro, usando diarios, radios y canales de TV y llevando de las narices a una parte de la siempre lustrosa clase media, exhibieron su músculo capaz de manipular las prácticas democráticas. No es igual ahora, pero el uso del drama como espectáculo vuelve a ubicarnos frente a problemas graves en el flujo aluvional de la comunicación.
*Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (CoMunA)
Fuente: Diario PáginaI12
Hostigan en Chile a un medio alternativo de prensa
El hostigamiento a las cuentas en redes sociales como Twitter, del medio alternativo PiensaPrensa, fue denunciado hoy por su director, Miguel Espinoza, quien calificó estas acciones como una maniobra de las fuerzas de extrema derecha.
En declaraciones a la Web El desconcierto, Espinoza explicó que desde hace semanas reciben constantes ataques y sus perfiles son dados de baja, y responsabilizó de ello a 'grupos de ultraderecha quienes nos atacan, porque dicen que estamos incitando el odio. Ellos se agrupan en cuentas fascistas y han amenazado públicamente que nos bajarán las cuentas'.
Añadió que incluso perdieron un perfil de Twitter que tenía más de 200 mil seguidores, que les permitía llegar a un gran público y denunció que Twitter no ha dado explicación alguna al respecto.
Asimismo su perfil de Instagram, donde tenían cerca de 600 mil seguidores, también fue desactivado.
El director de PiensaPrensa expresó que el equipo de ese medio trabaja 'por compromiso, por convicción. Lo hemos dado todo. Hemos dejado los pies en la calle para informar la verdad, y hemos visto que la derecha está muy organizada, tratando de callar a la prensa que está denunciando las violaciones a los Derechos Humanos'.
Desde el comienzo de la revuelta popular en Chile en octubre de 2019, PiensaPrensa, junto a otros medios, se convirtió en una alternativa informativa, formada por comunicadores independientes que cubren manifestaciones y difunden denuncias de represión policial y violencia política.
Desde entonces sus cuentas en redes sociales han sido bajadas varias veces, pero estos hechos se han agudizado en las últimas semanas e incluso su caso aparece consignado en el Informe de libertad de expresión durante el estallido social de la Fundación Datos Protegidos, señala El Desconcierto.
Fuente: Prensa Latina
En declaraciones a la Web El desconcierto, Espinoza explicó que desde hace semanas reciben constantes ataques y sus perfiles son dados de baja, y responsabilizó de ello a 'grupos de ultraderecha quienes nos atacan, porque dicen que estamos incitando el odio. Ellos se agrupan en cuentas fascistas y han amenazado públicamente que nos bajarán las cuentas'.
Añadió que incluso perdieron un perfil de Twitter que tenía más de 200 mil seguidores, que les permitía llegar a un gran público y denunció que Twitter no ha dado explicación alguna al respecto.
Asimismo su perfil de Instagram, donde tenían cerca de 600 mil seguidores, también fue desactivado.
El director de PiensaPrensa expresó que el equipo de ese medio trabaja 'por compromiso, por convicción. Lo hemos dado todo. Hemos dejado los pies en la calle para informar la verdad, y hemos visto que la derecha está muy organizada, tratando de callar a la prensa que está denunciando las violaciones a los Derechos Humanos'.
Desde el comienzo de la revuelta popular en Chile en octubre de 2019, PiensaPrensa, junto a otros medios, se convirtió en una alternativa informativa, formada por comunicadores independientes que cubren manifestaciones y difunden denuncias de represión policial y violencia política.
Desde entonces sus cuentas en redes sociales han sido bajadas varias veces, pero estos hechos se han agudizado en las últimas semanas e incluso su caso aparece consignado en el Informe de libertad de expresión durante el estallido social de la Fundación Datos Protegidos, señala El Desconcierto.
Fuente: Prensa Latina
lunes, 10 de febrero de 2020
#ElSueldoNoAlcanza: Asamblea permanente y plan de lucha en Clarín/AGEA
En las asambleas generales del turno tarde y mañana, el martes 4 y miércoles 5/2, quienes trabajamos en Clarín/AGEA nos declaramos con votación unánime en estado de asamblea permanente por tiempo indeterminado. El motivo de esta decisión es llevar adelante un plan de lucha salarial con acciones progresivas una vez por semana. Reclamamos el cierre urgente de la paritaria 2019 y una mesa de negociación interna.
Retomamos la protesta activa porque trabajamos en un medio de comunicación que, mientras nos anuncia que crece en audiencia y se convierte en líder gracias a nuestras tareas, decide estancar los salarios. En los últimos cinco años nuestros ingresos han quedado un 50% por debajo de la inflación. Es imperioso que tengamos una recomposición que reconozca esa coyuntura y la resuelva de raíz.
Lo repetimos: queremos y necesitamos que nuestros representantes sean incluidos en la búsqueda de soluciones al continúo problema de que #ElSueldoNoAlcanza.
Además, en las asambleas volvimos a debatir nuestras inquietudes en cuanto a la seguridad y el sistema de viáticos para los viajes en redacción. Sobre estos temas, consensuamos:
Asamblea general de Clarín/AGEA - Comisión Interna de Clarín/AGEA - SiPreBA
Retomamos la protesta activa porque trabajamos en un medio de comunicación que, mientras nos anuncia que crece en audiencia y se convierte en líder gracias a nuestras tareas, decide estancar los salarios. En los últimos cinco años nuestros ingresos han quedado un 50% por debajo de la inflación. Es imperioso que tengamos una recomposición que reconozca esa coyuntura y la resuelva de raíz.
Lo repetimos: queremos y necesitamos que nuestros representantes sean incluidos en la búsqueda de soluciones al continúo problema de que #ElSueldoNoAlcanza.
Además, en las asambleas volvimos a debatir nuestras inquietudes en cuanto a la seguridad y el sistema de viáticos para los viajes en redacción. Sobre estos temas, consensuamos:
- Ante los recientes robos sufridos en las inmediaciones del edificio de Tacuarí, exigir a la empresa que, además de extender el servicio de transporte hacía estaciones de subte los fines de semana y feriados, se incluya de forma permanente la parada en Plaza Constitución.
Volveremos a juntarnos una vez por semana cuando la Comisión Interna, mandatada por el voto de esta asamblea, nos convoque para concretar paso a paso el plan de lucha en reclamo por nuestros salarios.
- Reiterar el reclamo para que se modifique el sistema de viáticos, de modo tal que todo aquel que viaje de forma urgente a una cobertura tenga dinero en efectivo a sus disposición en el acto. Solicitar que se evalúe la incorporación de tarjetas de crédito corporativas para los enviados especiales al exterior.
Asamblea general de Clarín/AGEA - Comisión Interna de Clarín/AGEA - SiPreBA
Investigan un polémico acuerdo del ENaCom con Hughes
ENaCom aprobó el año pasado un proyecto para instalar internet satelital en la zona cordillerana. Eludieron la licitación haciendo intervenir a Arsat, pero el negocio lo realizó Hughes.
Por: Fernando Krakowiak
El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Gustavo López, aseguró que el organismo está investigando la compra de 6000 antenas realizada por el gobierno anterior que solo sirven para brindar internet en la cordillera a través de un satélite de la compañía estadounidense Hughes. “Si no las usamos para brindar ese servicio vamos a tener que poner un lavadero porque esas antenas solo van a servir para colgar la ropa”, aseguró el funcionario el miércoles pasado en una reunión que mantuvo con un grupo de periodistas entre los que estuvo PáginaI12.
En los considerandos de la norma, se afirmó que fue la propia Arsat la que presentó la propuesta a través de la nota 669/19, pero la compañía estatal no cuenta con capacidad HTS en su flota para brindar ese servicio ya que la construcción del Arsat-3 fue interrumpida en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. A raíz de ello, lo que hizo Arsat fue contratar a Hughes, compañía que brinda el servicio en banda Ka sobre el satélite Telstar-19 Vantage del operador satelital canadiense Telesat.
La firma estatal comandada entonces por Raúl Martínez solicitó autorización para incorporar mejoras al Sistema Satelital Argentino mediante la incorporación de capacidad satelital del satélite de Telesat. La secretaria de Gobierno de Modernización le dio luz verde el 19 de junio a través de la resolución 1103/19 , firmada por el entonces secretario Andrés Ibarra, un mes antes de que se aprobara el plan para instalar internet satelital en la cordillera.
La capacidad en banda Ka del satélite HTS de Telesat fue adquirida por Hugues Network Systems, subsidiaria del operador estadounidense EchoStar, y denominada Hughes-63 West. Por lo tanto, el destinario final del negocio fue Hughes. En los hechos, para lo único que sirvió la intervención de Arsat fue para evitar la licitación que hubiera requerido este tipo de contratación en caso de haber sido realizada directamente por ENaCom.
Diversas fuentes consultadas por PáginaI12 coincidieron en que el convenio se firmó por pedido del presidente Macri, quien tiene relación directa con Charlie Ergen, dueño de EchoStar. El nuevo presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, formaba parte en ese momento del directorio en representación de la oposición, pero votó en contra del proyecto junto con el director Guillermo Jenefes .
“Esto es un desfalco. Estamos estudiando los papeles porque nos enteramos recién la semana pasada cuando nos llamaron para decir que estaban por llegar las 5000 antenas que faltaban”, aseguró Gustavo López al ser consultado sobre si el gobierno tenía previsto presentar una denuncia ante la Justicia.
El cronograma inicial contemplaba entre 200 y 240 instalaciones mensuales. En el proyecto se especificaba además que Arsat percibiría 39.899,50 pesos por el equipamiento y 8020 pesos por la instalación, por única vez por cada antena instalada. A los hogares y comercios que Arsat les entregó las antenas de Hughes en comodato y les garantizó un año de servicio gratis, pero no se hizo ninguna aclaración sobre cuáles serían los precios luego de ese año de bonificación. El precio mensual del servicio de internet satelital de Hughesnet en Chile va de 45 a 140 dólares. Eso significa que cuando se cumpla el año de la promoción, los usuarios deberán comenzar a pagar una cifra similar o devolver el equipo.
Por: Fernando Krakowiak
Las antenas de Hughes con las calcomanías de Arsat y presidencia tapando la marca
El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Gustavo López, aseguró que el organismo está investigando la compra de 6000 antenas realizada por el gobierno anterior que solo sirven para brindar internet en la cordillera a través de un satélite de la compañía estadounidense Hughes. “Si no las usamos para brindar ese servicio vamos a tener que poner un lavadero porque esas antenas solo van a servir para colgar la ropa”, aseguró el funcionario el miércoles pasado en una reunión que mantuvo con un grupo de periodistas entre los que estuvo PáginaI12.
En los considerandos de la norma, se afirmó que fue la propia Arsat la que presentó la propuesta a través de la nota 669/19, pero la compañía estatal no cuenta con capacidad HTS en su flota para brindar ese servicio ya que la construcción del Arsat-3 fue interrumpida en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. A raíz de ello, lo que hizo Arsat fue contratar a Hughes, compañía que brinda el servicio en banda Ka sobre el satélite Telstar-19 Vantage del operador satelital canadiense Telesat.
PáginaI12 reveló el 16 de septiembre de 2019 que el ENaCom había aprobado en julio de ese año, a través de la resolución 2861/19 , un proyecto para instalar internet satelital en 5000 hogares de la zona cordillerana que no tenían cobertura terrestre. El organismo le encomendó a Arsat la ejecución del plan y destinó inicialmente 239,5 millones de pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal para garantizar su financiamiento.
Las antenas de Hughes sin la calcomanía de Arsat
La firma estatal comandada entonces por Raúl Martínez solicitó autorización para incorporar mejoras al Sistema Satelital Argentino mediante la incorporación de capacidad satelital del satélite de Telesat. La secretaria de Gobierno de Modernización le dio luz verde el 19 de junio a través de la resolución 1103/19 , firmada por el entonces secretario Andrés Ibarra, un mes antes de que se aprobara el plan para instalar internet satelital en la cordillera.
La capacidad en banda Ka del satélite HTS de Telesat fue adquirida por Hugues Network Systems, subsidiaria del operador estadounidense EchoStar, y denominada Hughes-63 West. Por lo tanto, el destinario final del negocio fue Hughes. En los hechos, para lo único que sirvió la intervención de Arsat fue para evitar la licitación que hubiera requerido este tipo de contratación en caso de haber sido realizada directamente por ENaCom.
Diversas fuentes consultadas por PáginaI12 coincidieron en que el convenio se firmó por pedido del presidente Macri, quien tiene relación directa con Charlie Ergen, dueño de EchoStar. El nuevo presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, formaba parte en ese momento del directorio en representación de la oposición, pero votó en contra del proyecto junto con el director Guillermo Jenefes .
“Esto es un desfalco. Estamos estudiando los papeles porque nos enteramos recién la semana pasada cuando nos llamaron para decir que estaban por llegar las 5000 antenas que faltaban”, aseguró Gustavo López al ser consultado sobre si el gobierno tenía previsto presentar una denuncia ante la Justicia.
El cronograma inicial contemplaba entre 200 y 240 instalaciones mensuales. En el proyecto se especificaba además que Arsat percibiría 39.899,50 pesos por el equipamiento y 8020 pesos por la instalación, por única vez por cada antena instalada. A los hogares y comercios que Arsat les entregó las antenas de Hughes en comodato y les garantizó un año de servicio gratis, pero no se hizo ninguna aclaración sobre cuáles serían los precios luego de ese año de bonificación. El precio mensual del servicio de internet satelital de Hughesnet en Chile va de 45 a 140 dólares. Eso significa que cuando se cumpla el año de la promoción, los usuarios deberán comenzar a pagar una cifra similar o devolver el equipo.
Arsat se comprometió el año pasado a proveer el equipamiento necesario para el establecimiento de radioenlaces satelitales capaces de permitir la conexión de 5000 domicilios en un plazo de 24 meses, e incluso dejó abierta la posibilidad de extender el alcance del proyecto a 10.000 hogares, aunque eso iba a requerir también una ampliación presupuestaria. La compra de 6000 antenas evidencia que aparentemente se decidió avanzar con esa ampliación.
Antes de avanzar con este emprendimiento no se hizo ningún relevamiento sobre cuántos hogares y comercios estaban efectivamente demandando ese servicio y cuántos estaban en condiciones de empezar a pagarlo una vez terminada la promoción. Hasta el momento, se repartieron sólo unas mil antenas, pero la gestión anterior compró otras 5000 que nadie sabe dónde irán a parar.
Fuente: PáginaI12
Antes de avanzar con este emprendimiento no se hizo ningún relevamiento sobre cuántos hogares y comercios estaban efectivamente demandando ese servicio y cuántos estaban en condiciones de empezar a pagarlo una vez terminada la promoción. Hasta el momento, se repartieron sólo unas mil antenas, pero la gestión anterior compró otras 5000 que nadie sabe dónde irán a parar.
Fuente: PáginaI12
domingo, 9 de febrero de 2020
Evolución, rol y responsabilidad de los medios de comunicación
Reflexión sobre desafíos que imponen los cambios en la industria, a la comunicación y el periodismo
Por: Werner Zitzmann, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información
Explicar, entender y promover el papel de los medios de información y del ejercicio periodístico es fundamental para la vida en sociedad.
Los medios de información han sido, son y deben seguir siendo un elemento estructural en el sistema político, social y deliberativo, como fuentes creíbles y autorizadas para que los ciudadanos adquieran la información necesaria para ilustrarse, tomar decisiones y cimentar sus juicios de valor.
La dinámica actual de la información, así como la multiplicidad de canales y formatos que coexisten, ha fortalecido la necesidad y relevancia de la calidad, la rigurosidad y la veracidad como valores esenciales para quienes generan contenidos noticiosos e informativos para sus receptores.
En ese sentido, la evolución de los medios de información no solo tiene que concentrarse en fortalecer las plataformas mediante las cuales difunden sus contenidos y en innovar sus prácticas para la producción de los mismos, sino que, por encima de todo, debe orientarse a capturar la atención genuina y merecer la confianza incondicional de las audiencias para poder asegurar la comprensión de información cierta, en medio de esta dinámica de acceso e intercambio de contenidos masiva, inmediata, ligera y efímera, tan poco propicia para el entendimiento y la reflexión.
Si bien el nuevo ecosistema de medios de información, en el que conviven los de tradición o legado y los nuevos emprendimientos, cuenta con múltiples actores de diferente perfil, orientación y naturaleza, son pocos los que tienen la experiencia, el bagaje y la capacidad de consolidar una actividad organizada, juiciosa, confiable y sostenible en el largo plazo.
De ahí la trascendencia de perseverar en el sostenimiento de los primeros, de estimular a los segundos y de propiciar la conjunción de esfuerzos de industria para hacer de la colaboración una forma de vida.
Los procesos de análisis, innovación y adaptación que todos los medios de información han afrontado a lo largo de las dos últimas décadas, y los que enfrentan los nuevos emprendimientos, dan fe del enorme reto por conectar, involucrar y mantener sus audiencias enganchadas con el trabajo periodístico, a través de formatos que de manera diferenciada entreguen buena información veraz y oportuna.
Y aunque estas prácticas modernas obedecen a la evolución en las tendencias de consumo, al acceso a la información y al uso de nuevas tecnologías que han transformado la manera en la que las personas se informan y consumen contenidos, la necesidad por la que más se clama a diario es la de medios de información diversos, pero sobre todo comprometidos con el ejercicio de un periodismo serio, responsable y manifiestamente independiente de poderes e intereses políticos y económicos, o al menos transparente en cuanto a sus filiaciones, convicciones y compromisos, más allá de quiénes sean sus dueños.
Por el otro lado, en este contexto urgen así mismo receptores capaces de asumir un rol crítico pero juicioso respecto de la calidad, veracidad y relevancia de los contenidos que consumen y comparten, independientemente de la plataforma de origen, frente a lo cual –no se diga en épocas de polarización, pasiones exacerbadas e indignación–, resulta indispensable una sana didáctica alrededor de la adecuada administración de la emotividad. Tarea no menor que exige del concurso organizado y constante de múltiples actores como la academia, familias, líderes, Gobierno, periodistas y medios, entre muchos otros, con buen ejemplo y pedagogía.
El modelo de negocio de los medios de información
Un ejercicio periodístico responsable supone un permanente impulso hacia nuevos lenguajes, explorar nuevas formas de hacer las cosas, una constante identificación de oportunidades, una apuesta permanente por la modernidad y las tendencias y los recursos proporcionados al tipo de cubrimiento, investigación, análisis y difusión que se pretenda, y, por tanto, la consolidación de fuentes que conduzcan a la sostenibilidad, ojalá rentabilidad, y ciertamente a la competitividad de la actividad en el corto, mediano y largo plazo.
A causa de la transición global por la que atraviesan hoy todas las industrias, la mayoría de ellas han tenido que adaptar sus negocios para que respondan a las nuevas necesidades, a audiencias, públicos y clientes distintos y a variadísimas tendencias y hábitos de consumo, a preferencias y criterios de elección y selección de toda índole, en infinidad de mercados diferenciados e hipersegmentados y en constante estado de evolución.
Esta realidad compleja ha hecho que los medios de información también deban repensar constantemente sus modelos de actividad y operación, lo cual exige un costoso y desgastante proceso de experimentación continua.
Por ello, la generación de información instantánea, multiformato y multiplataforma de calidad, completa, confiable y creíble, requiere no solo de un equipo periodístico robusto, sino de un capital suficientemente potente para sostener esta forma de hacer periodismo, y siempre con la condición de no distorsionar la independencia de la información en el proceso de consecución de los recursos económicos.
Pero esos dineros de la publicidad se han desviado y dispersado entre nuevos jugadores con tarifas muy bajas y mayor efectividad masiva y más fácilmente medible como las plataformas tecnológicas y las redes sociales. Esa dramática disminución en los ingresos y las mayores condiciones que exigen los anunciantes que aún pautan en los medios de información comprometen sus campos de acción y de maniobra.
El periodismo también ha requerido, y desde siempre, que los consumidores tengan la voluntad de pagar una suscripción por un contenido relevante, diferencial, de calidad, verídico y suficiente que le permita al oficio seguir cumpliendo con su objetivo social. Y esa voluntad y capacidad de las audiencias, así como ese diferencial a cargo de los medios, son hoy por hoy exigencias cada vez más patentes, y también más complejas, dada la infinidad de ofertas disponibles, lo que determina un mercado altamente competido tanto de medios de información como de entretenimiento y cultura.
Los medios de información están buscando monetizar su trabajo retribuyendo a sus consumidores ofreciéndoles contenidos de valor, nuevos formatos y en algunos casos opciones de suscripción al producto que se ajuste a sus preferencias en términos de contenido y tipos de plataformas. Por eso experimentan, revisan y ajustan permanentemente sus modelos, productos, costos, nóminas, lo que acarrea la toma de decisiones difíciles, sobre todo en materia de recursos humanos.
El estado de transición que viven así las casas periodísticas no es distinto al de los retos y desafíos que, en el pasado, como hoy, han representado para todos los jugadores de los mercados, las grandes revoluciones que han cambiado y siguen cambiando el mundo. Y estos procesos de experimentación, de prueba y error, también demandan sólidas estructuras de capital y liquidez. Pero a diferencia de muchas industrias y negocios, el posible cierre de la actividad periodística es un lujo que la sociedad no se puede dar.
Como consecuencia de todo esto, en el entorno cambiante e incierto que nos rodea, es pertinente afrontar con la mayor seriedad y profundidad la discusión sobre el futuro de los medios de información y el papel que cada quien, dueños, directores, periodistas, audiencias, anunciantes y el Estado, tiene en su supervivencia y prevalencia.
Futuro de los medios de información y del oficio
Para garantizar y defender el derecho a la información y el legado de los medios de información, todos deben poner de su parte.
El cambio en los paradigmas evidencia que para el futuro de los medios de información es necesario que todos los actores se reconozcan como un todo, responsable de garantizar y defender el derecho a la información y la libertad de prensa.
Probablemente la producción de contenidos especializados y locales, orientados a satisfacer las necesidades de audiencias cada vez más empoderadas, marcará una ruta para la consolidación y sostenibilidad de plataformas informativas que promuevan un periodismo responsable que forme opinión, resulte útil en la cotidianidad, determinante en circunstancias críticas y propenda por un público con criterio, responsable y satisfecho.
La Asociación Colombiana de Medios de Información Ami existe, se justifica y se dedica a trabajar por alcanzar un propósito superior que se cohesione alrededor de un anhelo común, para rescatar la verdadera misión del periodismo, asegurando la permanencia de la función social que tanto, y con toda razón, se le reclama.
Los medios de información tendrán que hacer esfuerzos monumentales y patentes –y perseverar en ellos–, para lograr sobrevivir demostrando su independencia, y adaptándose a dinámicas y tendencias de consumo, pero sin perder su orientación correcta: el ejercicio periodístico que contribuya a la construcción de país y de una mejor vida en sociedad, en función de la gente y sus necesidades. Ese es su origen, esa es su misión y ese deber ser su compromiso incondicional, y por el cual deberá rendir cuentas.
Foto: Austin Distel/Unsplash
Fuente: Diario El Tiempo
Por: Werner Zitzmann, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información
Explicar, entender y promover el papel de los medios de información y del ejercicio periodístico es fundamental para la vida en sociedad.
Los medios de información han sido, son y deben seguir siendo un elemento estructural en el sistema político, social y deliberativo, como fuentes creíbles y autorizadas para que los ciudadanos adquieran la información necesaria para ilustrarse, tomar decisiones y cimentar sus juicios de valor.
La dinámica actual de la información, así como la multiplicidad de canales y formatos que coexisten, ha fortalecido la necesidad y relevancia de la calidad, la rigurosidad y la veracidad como valores esenciales para quienes generan contenidos noticiosos e informativos para sus receptores.
En ese sentido, la evolución de los medios de información no solo tiene que concentrarse en fortalecer las plataformas mediante las cuales difunden sus contenidos y en innovar sus prácticas para la producción de los mismos, sino que, por encima de todo, debe orientarse a capturar la atención genuina y merecer la confianza incondicional de las audiencias para poder asegurar la comprensión de información cierta, en medio de esta dinámica de acceso e intercambio de contenidos masiva, inmediata, ligera y efímera, tan poco propicia para el entendimiento y la reflexión.
Si bien el nuevo ecosistema de medios de información, en el que conviven los de tradición o legado y los nuevos emprendimientos, cuenta con múltiples actores de diferente perfil, orientación y naturaleza, son pocos los que tienen la experiencia, el bagaje y la capacidad de consolidar una actividad organizada, juiciosa, confiable y sostenible en el largo plazo.
De ahí la trascendencia de perseverar en el sostenimiento de los primeros, de estimular a los segundos y de propiciar la conjunción de esfuerzos de industria para hacer de la colaboración una forma de vida.
Los procesos de análisis, innovación y adaptación que todos los medios de información han afrontado a lo largo de las dos últimas décadas, y los que enfrentan los nuevos emprendimientos, dan fe del enorme reto por conectar, involucrar y mantener sus audiencias enganchadas con el trabajo periodístico, a través de formatos que de manera diferenciada entreguen buena información veraz y oportuna.
Y aunque estas prácticas modernas obedecen a la evolución en las tendencias de consumo, al acceso a la información y al uso de nuevas tecnologías que han transformado la manera en la que las personas se informan y consumen contenidos, la necesidad por la que más se clama a diario es la de medios de información diversos, pero sobre todo comprometidos con el ejercicio de un periodismo serio, responsable y manifiestamente independiente de poderes e intereses políticos y económicos, o al menos transparente en cuanto a sus filiaciones, convicciones y compromisos, más allá de quiénes sean sus dueños.
Por el otro lado, en este contexto urgen así mismo receptores capaces de asumir un rol crítico pero juicioso respecto de la calidad, veracidad y relevancia de los contenidos que consumen y comparten, independientemente de la plataforma de origen, frente a lo cual –no se diga en épocas de polarización, pasiones exacerbadas e indignación–, resulta indispensable una sana didáctica alrededor de la adecuada administración de la emotividad. Tarea no menor que exige del concurso organizado y constante de múltiples actores como la academia, familias, líderes, Gobierno, periodistas y medios, entre muchos otros, con buen ejemplo y pedagogía.
El modelo de negocio de los medios de información
Un ejercicio periodístico responsable supone un permanente impulso hacia nuevos lenguajes, explorar nuevas formas de hacer las cosas, una constante identificación de oportunidades, una apuesta permanente por la modernidad y las tendencias y los recursos proporcionados al tipo de cubrimiento, investigación, análisis y difusión que se pretenda, y, por tanto, la consolidación de fuentes que conduzcan a la sostenibilidad, ojalá rentabilidad, y ciertamente a la competitividad de la actividad en el corto, mediano y largo plazo.
A causa de la transición global por la que atraviesan hoy todas las industrias, la mayoría de ellas han tenido que adaptar sus negocios para que respondan a las nuevas necesidades, a audiencias, públicos y clientes distintos y a variadísimas tendencias y hábitos de consumo, a preferencias y criterios de elección y selección de toda índole, en infinidad de mercados diferenciados e hipersegmentados y en constante estado de evolución.
Esta realidad compleja ha hecho que los medios de información también deban repensar constantemente sus modelos de actividad y operación, lo cual exige un costoso y desgastante proceso de experimentación continua.
Por ello, la generación de información instantánea, multiformato y multiplataforma de calidad, completa, confiable y creíble, requiere no solo de un equipo periodístico robusto, sino de un capital suficientemente potente para sostener esta forma de hacer periodismo, y siempre con la condición de no distorsionar la independencia de la información en el proceso de consecución de los recursos económicos.
Los medios de información tendrán que hacer esfuerzos monumentales y patentes –y perseverar en ellos–, para lograr sobrevivir demostrando su independenciaPor años, los medios de información han financiado principalmente su operación con los ingresos que provienen de la publicidad, procurando mantener su imparcialidad, justo criterio y profesionalismo, con las dificultades y líneas grises que esto conlleva, en aras, precisamente, de la credibilidad como máximo valor del oficio periodístico.
Pero esos dineros de la publicidad se han desviado y dispersado entre nuevos jugadores con tarifas muy bajas y mayor efectividad masiva y más fácilmente medible como las plataformas tecnológicas y las redes sociales. Esa dramática disminución en los ingresos y las mayores condiciones que exigen los anunciantes que aún pautan en los medios de información comprometen sus campos de acción y de maniobra.
El periodismo también ha requerido, y desde siempre, que los consumidores tengan la voluntad de pagar una suscripción por un contenido relevante, diferencial, de calidad, verídico y suficiente que le permita al oficio seguir cumpliendo con su objetivo social. Y esa voluntad y capacidad de las audiencias, así como ese diferencial a cargo de los medios, son hoy por hoy exigencias cada vez más patentes, y también más complejas, dada la infinidad de ofertas disponibles, lo que determina un mercado altamente competido tanto de medios de información como de entretenimiento y cultura.
Los medios de información están buscando monetizar su trabajo retribuyendo a sus consumidores ofreciéndoles contenidos de valor, nuevos formatos y en algunos casos opciones de suscripción al producto que se ajuste a sus preferencias en términos de contenido y tipos de plataformas. Por eso experimentan, revisan y ajustan permanentemente sus modelos, productos, costos, nóminas, lo que acarrea la toma de decisiones difíciles, sobre todo en materia de recursos humanos.
El estado de transición que viven así las casas periodísticas no es distinto al de los retos y desafíos que, en el pasado, como hoy, han representado para todos los jugadores de los mercados, las grandes revoluciones que han cambiado y siguen cambiando el mundo. Y estos procesos de experimentación, de prueba y error, también demandan sólidas estructuras de capital y liquidez. Pero a diferencia de muchas industrias y negocios, el posible cierre de la actividad periodística es un lujo que la sociedad no se puede dar.
Como consecuencia de todo esto, en el entorno cambiante e incierto que nos rodea, es pertinente afrontar con la mayor seriedad y profundidad la discusión sobre el futuro de los medios de información y el papel que cada quien, dueños, directores, periodistas, audiencias, anunciantes y el Estado, tiene en su supervivencia y prevalencia.
Futuro de los medios de información y del oficio
Para garantizar y defender el derecho a la información y el legado de los medios de información, todos deben poner de su parte.
El cambio en los paradigmas evidencia que para el futuro de los medios de información es necesario que todos los actores se reconozcan como un todo, responsable de garantizar y defender el derecho a la información y la libertad de prensa.
Probablemente la producción de contenidos especializados y locales, orientados a satisfacer las necesidades de audiencias cada vez más empoderadas, marcará una ruta para la consolidación y sostenibilidad de plataformas informativas que promuevan un periodismo responsable que forme opinión, resulte útil en la cotidianidad, determinante en circunstancias críticas y propenda por un público con criterio, responsable y satisfecho.
La Asociación Colombiana de Medios de Información Ami existe, se justifica y se dedica a trabajar por alcanzar un propósito superior que se cohesione alrededor de un anhelo común, para rescatar la verdadera misión del periodismo, asegurando la permanencia de la función social que tanto, y con toda razón, se le reclama.
Los medios de información tendrán que hacer esfuerzos monumentales y patentes –y perseverar en ellos–, para lograr sobrevivir demostrando su independencia, y adaptándose a dinámicas y tendencias de consumo, pero sin perder su orientación correcta: el ejercicio periodístico que contribuya a la construcción de país y de una mejor vida en sociedad, en función de la gente y sus necesidades. Ese es su origen, esa es su misión y ese deber ser su compromiso incondicional, y por el cual deberá rendir cuentas.
Foto: Austin Distel/Unsplash
Fuente: Diario El Tiempo
¿De quién es la red social del periodista?: libertad de expresión vs credibilidad del medio
El caso de una redactora de The Washington Post suspendida en el periódico por un tuit sobre la muerte de Kobe Bryant reabre el debate sobre los límites de los periodistas en redes sociales
Por: Diego Larrouy
La leyenda del baloncesto Kobe Bryant había fallecido unas horas antes junto con otros ocho pasajeros en un accidente de helicóptero en California. Los obituarios se multiplicaban en todos los medios estadounidenses e internacionales: sus estadísticas, su comparación con Michael Jordan, su espíritu competitivo, su incipiente faceta empresarial, incluso su premio Oscar. En ese contexto, la periodista de The Washington Post Felicia Sonmez recuerda en sus redes sociales el presunto caso de violación en el que se vio implicado el deportista.
Lo hace compartiendo en su perfil de Twitter un enlace a una noticia de otro medio de 2016 en la que se explicaba el caso, que acabó con un acuerdo extrajudicial por el que el jugador de baloncesto acabó pagando 25 millones de dólares, y sin que la víctima llegase a declarar ante el juez. Las respuestas al tuit se multiplicaron muy pronto y la periodista acabó publicando un segundo mensaje denunciando amenazas e insultos.
No recibió apoyo de su medio, sino una reprimenda del propio director, Martin Baron, quien en un mail le pidió que parara porque su "falta de juicio" estaba "hiriendo a la institución", según informó The New York Times. Posteriormente, se conoció que el Postla suspendía y la relegaba a tareas administrativas. Su medio aseguró que "sus tuits socavaban el trabajo de sus compañeros". Sonmez es redactora de Política Nacional del periódico estadounidense y no de la sección de Deportes.
Aunque al cabo de dos días Sonmez fue reincorporada a su puesto y el medio declaró que la trabajadora no había incumplido las normas del uso de redes de sus periodistas, su caso ha devuelto al primer plano el debate sobre el comportamiento de los redactores en redes y las normas que pueden imponer los medios.
Hay grandes cabeceras internacionales que cuentan con decálogos o manuales que tienen que cumplir sus trabajadores a la hora de usar sus redes sociales. Estos códigos remarcan la necesidad del uso de las redes con los mismos criterios periodísticos con los que se escribiría una noticia: contrastar, no divulgar informaciones falsas, etc. Pero también va más allá e incluye en las recomendaciones "dar tu voz, no tu opinión".
Es el caso de la BBC, The New York Times o el propio The Washington Post. A grandes rasgos, coinciden en limitar opiniones que puedan poner en tela de juicio la imparcialidad de sus informaciones y las de la cabecera. Como ejemplo, la guía para redes sociales del Post incluye una frase que da idea de la intención de estas recomendaciones: "Los periodistas del Washington Post son siempre periodistas del Washington Post".
En la radiotelevisión pública británica, se señala que las opiniones de los periodistas en redes pueden comprometer la imparcialidad del medio. En la misma línea se sitúa el New York Times, que aboga por no "editorializar" en Twitter. Estos medios ponen el foco en el impacto en su credibilidad y en las informaciones de un redactor que puedan tener las opiniones que publica en redes sociales.
En España no hay un proceso tan institucionalizado. Borja Ventura, periodista y profesor de la Univesidad Carlos III y la CEU San Pablo, explica que "la tradición anglosajona del principio de transparencia" lleva a que haya más control sobre la actuación de los periodistas en redes sociales. Añade que estas cláusulas pueden llegar a incorporarse a los contratos de los periodistas.
Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), recuerda que en España hay medios como EFE o Unidad Editorial –empresa editora de El Mundo– que cuentan con guías de consejos a sus periodistas. Se trata de breves comentarios genéricos sobre cómo deben comportarse los profesionales en redes sociales y que llevan años funcionando. En el caso de la agencia pública, el código asegura sobre las cuentas personales que se sea "cuidadoso" sobre mostrar una "filiación o revelar un apoyo político", además de establecer una "clara diferencia" respecto a una cuenta profesional.
En la misma línea se mueve el comunicado que envió Unidad Editorial a sus periodistas en el año 2012. Añadía que en su actividad en redes sociales debe ser cuidadosa tanto en las opiniones como en informaciones que se compartan para que "no sean perjudiciales con los intereses de su cabecera". En otras empresas periodísticas ha habido intentos, como en El País por parte de la anterior dirección de Antonio Caño, pero no se han llegado a concretar.
Otro de los medios que cuenta con una guía sobre redes sociales es RTVE, que lo instauró en 2015, y que afectaba tanto a cuentas corporativas como a las de los profesionales que optasen por poner en su nombre alusión al medio (@nombre_tve, por ejemplo). La normativa provocó el rechazo del consejo de informativos, que entendía que limitaba la libertad de expresión de sus trabajadores. Fuentes del ente público señalan que la dirección actual tiene un proyecto para un nuevo protocolo de redes sociales que se ha visto frenado por la interinidad que vive RTVE. Aclaran que quedan fuera las cuentas personales de sus trabajadores.
Los códigos de grandes medios estadounidenses y los citados en España hacen hincapié en el impacto en la credibilidad que puede tener para un periodista y, por tanto para su medio, que éste vierta sus opiniones en redes sociales. Por ejemplo: que un periodista que sigue información gubernamental ponga continuamente de relieve su rechazo al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Se desliza de estas recomendaciones que esto afectaría a la credibilidad del medio.
No opinar es "lo objetivamente bueno"
Ventura remarca que "lo objetivamente bueno" sería que los periodistas "no se implicasen" de esta manera en las redes sociales mostrando sus opiniones. Sin embargo, comprende que esto es "imposible" puesto que sus posiciones personales no desaparecen aunque sean periodistas.
Desde la FAPE, Rodríguez remarca que "somos responsables de lo que hacemos y decimos" y añade que si las opiniones "no son objetivas, obviamente dejaremos de ser objetivos e imparciales". Sin embargo, defiende que no tendría por qué trasladarse esa falta de objetividad a la imagen del medio, siempre y cuando sean comentarios personales y no afecten a noticias de su cabecera.
Más categóricos son desde la comisión de Deontología, Ética y Garantías Profesionales de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM): "El periodista debería abstenerse de incluir contenidos excesivamente personales en sus cuentas en las redes". Y añaden que "deben respetar los principios del periodismo, porque periodista se es siempre, incluidas las opiniones", en línea con el citado código de The Washington Post.
En este sentido, entiende el presidente de la FAPE que los códigos pueden ser útiles pero que "en ningún caso pueden limitar la libertad de expresión de los profesionales". "El periodista, por el mero hecho de ser periodista, no puede perder el derecho inalienable a la libertad de opinión y de expresión. Tampoco tiene que asumir los puntos de vista ideológicos de su medio", subraya. Por eso, considera que este tipo de guías deben salir del diálogo entre las partes para que se ayude a resolver conflictos que puedan suceder.
Tanto Ventura como Rodríguez coinciden en señalar que hay una línea que dibuja la frontera donde sí puede entrar la empresa, que es el caso de que el periodista cargue contra su medio. "Si trabajo en un determinado medio y me pongo a criticar a la propia empresa, es evidente que puedo ser acusado de deslealtad y me pueden aplicar las sanciones que estén previstas en el convenio colectivo", comenta el presidente de la FAPE.
"Una empresa no puede contratar tu pensamiento"
Ocurre en ocasiones que un periodista muestra unas opiniones que entran en contradicción con la línea editorial de su medio. Ventura en este sentido es claro: "Te contratan por tu capacidad de producir, una empresa no puede aspirar a contratar tu pensamiento". En este punto también tiene dudas jurídicas Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Sobre el caso de Somnez entiende que un expediente sancionador de ese tipo podría ser declarado nulo en España. Además, defiende que las cláusulas que limiten las opiniones de los periodistas en redes sociales se podrían declarar inconstitucionales. Sánchez Almeida justifica su argumento al entender Twitter como un medio de información "independiente" de aquel que tiene contratado al periodista, por lo que limitar sus palabras podría suponer vulneración de sus derechos.
Sin embargo, desde la APM se muestran más cautos. "Los contenidos de cuentas en las redes nunca debieran entrar en competencia o perjudicar al medio en el que trabaja. Es un principio básico de lealtad con la empresa en la que se presta servicio", señalan.
Sánchez Almeida también señala que el problema podría ser el de cómo afecta un mensaje en redes sociales a la imagen del medio para el que se trabaja. Por ello, aboga por ir caso por caso. En lo que respecta a la periodista de The Washington Post, considera que la reportera no podría ser sancionada por sus mensajes en España, porque se podría incurrir en una interferencia en sus derechos fundamentales.
Desde la FAPE, sin embargo, se aboga por que existan normas, pero que sean "flexibles", como apunta su presidente. Y advierte que los medios pueden caer en contradicciones: "no puede alentar que el periodista haga uso de las redes y al mismo tiempo imponerle normas que en la práctica le obliguen al silencio o a la autocensura".
Una contradicción en la que incide Borja Ventura, que explica que los medios buscan que sus periodistas se conviertan en marcas que ayudan a la difusión del medio, con presencia en redes sociales, pero también en tertulias televisivas o radiofónicas. "No es justo exigirlo, pero si lo hacen, que paguen en consecuencia", sentencia.
Por: Diego Larrouy
Kobe Bryant durante su último partido con Los Angeles Lakers en el Staples Center
La leyenda del baloncesto Kobe Bryant había fallecido unas horas antes junto con otros ocho pasajeros en un accidente de helicóptero en California. Los obituarios se multiplicaban en todos los medios estadounidenses e internacionales: sus estadísticas, su comparación con Michael Jordan, su espíritu competitivo, su incipiente faceta empresarial, incluso su premio Oscar. En ese contexto, la periodista de The Washington Post Felicia Sonmez recuerda en sus redes sociales el presunto caso de violación en el que se vio implicado el deportista.
Lo hace compartiendo en su perfil de Twitter un enlace a una noticia de otro medio de 2016 en la que se explicaba el caso, que acabó con un acuerdo extrajudicial por el que el jugador de baloncesto acabó pagando 25 millones de dólares, y sin que la víctima llegase a declarar ante el juez. Las respuestas al tuit se multiplicaron muy pronto y la periodista acabó publicando un segundo mensaje denunciando amenazas e insultos.
No recibió apoyo de su medio, sino una reprimenda del propio director, Martin Baron, quien en un mail le pidió que parara porque su "falta de juicio" estaba "hiriendo a la institución", según informó The New York Times. Posteriormente, se conoció que el Postla suspendía y la relegaba a tareas administrativas. Su medio aseguró que "sus tuits socavaban el trabajo de sus compañeros". Sonmez es redactora de Política Nacional del periódico estadounidense y no de la sección de Deportes.
Aunque al cabo de dos días Sonmez fue reincorporada a su puesto y el medio declaró que la trabajadora no había incumplido las normas del uso de redes de sus periodistas, su caso ha devuelto al primer plano el debate sobre el comportamiento de los redactores en redes y las normas que pueden imponer los medios.
Hay grandes cabeceras internacionales que cuentan con decálogos o manuales que tienen que cumplir sus trabajadores a la hora de usar sus redes sociales. Estos códigos remarcan la necesidad del uso de las redes con los mismos criterios periodísticos con los que se escribiría una noticia: contrastar, no divulgar informaciones falsas, etc. Pero también va más allá e incluye en las recomendaciones "dar tu voz, no tu opinión".
Es el caso de la BBC, The New York Times o el propio The Washington Post. A grandes rasgos, coinciden en limitar opiniones que puedan poner en tela de juicio la imparcialidad de sus informaciones y las de la cabecera. Como ejemplo, la guía para redes sociales del Post incluye una frase que da idea de la intención de estas recomendaciones: "Los periodistas del Washington Post son siempre periodistas del Washington Post".
En la radiotelevisión pública británica, se señala que las opiniones de los periodistas en redes pueden comprometer la imparcialidad del medio. En la misma línea se sitúa el New York Times, que aboga por no "editorializar" en Twitter. Estos medios ponen el foco en el impacto en su credibilidad y en las informaciones de un redactor que puedan tener las opiniones que publica en redes sociales.
En España no hay un proceso tan institucionalizado. Borja Ventura, periodista y profesor de la Univesidad Carlos III y la CEU San Pablo, explica que "la tradición anglosajona del principio de transparencia" lleva a que haya más control sobre la actuación de los periodistas en redes sociales. Añade que estas cláusulas pueden llegar a incorporarse a los contratos de los periodistas.
Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), recuerda que en España hay medios como EFE o Unidad Editorial –empresa editora de El Mundo– que cuentan con guías de consejos a sus periodistas. Se trata de breves comentarios genéricos sobre cómo deben comportarse los profesionales en redes sociales y que llevan años funcionando. En el caso de la agencia pública, el código asegura sobre las cuentas personales que se sea "cuidadoso" sobre mostrar una "filiación o revelar un apoyo político", además de establecer una "clara diferencia" respecto a una cuenta profesional.
En la misma línea se mueve el comunicado que envió Unidad Editorial a sus periodistas en el año 2012. Añadía que en su actividad en redes sociales debe ser cuidadosa tanto en las opiniones como en informaciones que se compartan para que "no sean perjudiciales con los intereses de su cabecera". En otras empresas periodísticas ha habido intentos, como en El País por parte de la anterior dirección de Antonio Caño, pero no se han llegado a concretar.
Otro de los medios que cuenta con una guía sobre redes sociales es RTVE, que lo instauró en 2015, y que afectaba tanto a cuentas corporativas como a las de los profesionales que optasen por poner en su nombre alusión al medio (@nombre_tve, por ejemplo). La normativa provocó el rechazo del consejo de informativos, que entendía que limitaba la libertad de expresión de sus trabajadores. Fuentes del ente público señalan que la dirección actual tiene un proyecto para un nuevo protocolo de redes sociales que se ha visto frenado por la interinidad que vive RTVE. Aclaran que quedan fuera las cuentas personales de sus trabajadores.
Los códigos de grandes medios estadounidenses y los citados en España hacen hincapié en el impacto en la credibilidad que puede tener para un periodista y, por tanto para su medio, que éste vierta sus opiniones en redes sociales. Por ejemplo: que un periodista que sigue información gubernamental ponga continuamente de relieve su rechazo al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Se desliza de estas recomendaciones que esto afectaría a la credibilidad del medio.
No opinar es "lo objetivamente bueno"
Ventura remarca que "lo objetivamente bueno" sería que los periodistas "no se implicasen" de esta manera en las redes sociales mostrando sus opiniones. Sin embargo, comprende que esto es "imposible" puesto que sus posiciones personales no desaparecen aunque sean periodistas.
Desde la FAPE, Rodríguez remarca que "somos responsables de lo que hacemos y decimos" y añade que si las opiniones "no son objetivas, obviamente dejaremos de ser objetivos e imparciales". Sin embargo, defiende que no tendría por qué trasladarse esa falta de objetividad a la imagen del medio, siempre y cuando sean comentarios personales y no afecten a noticias de su cabecera.
Más categóricos son desde la comisión de Deontología, Ética y Garantías Profesionales de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM): "El periodista debería abstenerse de incluir contenidos excesivamente personales en sus cuentas en las redes". Y añaden que "deben respetar los principios del periodismo, porque periodista se es siempre, incluidas las opiniones", en línea con el citado código de The Washington Post.
En este sentido, entiende el presidente de la FAPE que los códigos pueden ser útiles pero que "en ningún caso pueden limitar la libertad de expresión de los profesionales". "El periodista, por el mero hecho de ser periodista, no puede perder el derecho inalienable a la libertad de opinión y de expresión. Tampoco tiene que asumir los puntos de vista ideológicos de su medio", subraya. Por eso, considera que este tipo de guías deben salir del diálogo entre las partes para que se ayude a resolver conflictos que puedan suceder.
Tanto Ventura como Rodríguez coinciden en señalar que hay una línea que dibuja la frontera donde sí puede entrar la empresa, que es el caso de que el periodista cargue contra su medio. "Si trabajo en un determinado medio y me pongo a criticar a la propia empresa, es evidente que puedo ser acusado de deslealtad y me pueden aplicar las sanciones que estén previstas en el convenio colectivo", comenta el presidente de la FAPE.
"Una empresa no puede contratar tu pensamiento"
Ocurre en ocasiones que un periodista muestra unas opiniones que entran en contradicción con la línea editorial de su medio. Ventura en este sentido es claro: "Te contratan por tu capacidad de producir, una empresa no puede aspirar a contratar tu pensamiento". En este punto también tiene dudas jurídicas Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Sobre el caso de Somnez entiende que un expediente sancionador de ese tipo podría ser declarado nulo en España. Además, defiende que las cláusulas que limiten las opiniones de los periodistas en redes sociales se podrían declarar inconstitucionales. Sánchez Almeida justifica su argumento al entender Twitter como un medio de información "independiente" de aquel que tiene contratado al periodista, por lo que limitar sus palabras podría suponer vulneración de sus derechos.
Sin embargo, desde la APM se muestran más cautos. "Los contenidos de cuentas en las redes nunca debieran entrar en competencia o perjudicar al medio en el que trabaja. Es un principio básico de lealtad con la empresa en la que se presta servicio", señalan.
Sánchez Almeida también señala que el problema podría ser el de cómo afecta un mensaje en redes sociales a la imagen del medio para el que se trabaja. Por ello, aboga por ir caso por caso. En lo que respecta a la periodista de The Washington Post, considera que la reportera no podría ser sancionada por sus mensajes en España, porque se podría incurrir en una interferencia en sus derechos fundamentales.
Desde la FAPE, sin embargo, se aboga por que existan normas, pero que sean "flexibles", como apunta su presidente. Y advierte que los medios pueden caer en contradicciones: "no puede alentar que el periodista haga uso de las redes y al mismo tiempo imponerle normas que en la práctica le obliguen al silencio o a la autocensura".
Una contradicción en la que incide Borja Ventura, que explica que los medios buscan que sus periodistas se conviertan en marcas que ayudan a la difusión del medio, con presencia en redes sociales, pero también en tertulias televisivas o radiofónicas. "No es justo exigirlo, pero si lo hacen, que paguen en consecuencia", sentencia.
Foto: Wally Skalij/Los Angeles Times
Fuente: El Diario.es
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