María Seoane, flamante directora de Radio Nacional: “Se trata de hacer periodismo”

La funcionaria cree posible hacer realidad la idea de una emisora que refleje el mix de identidades que conforman la sociedad argentina. Por eso buscará abrir el micrófono “a todas las voces, aunque no piensen de la misma manera”.
Por: Emanuel Respighi
A menos de 24 horas de haber aceptado el cargo de directora artística de Radio Nacional (AM 870) que le ofrecieron la presidenta Cristina Fernández y Tristán Bauer, presidente del directorio del Sistema Nacional de Medios Públicos, María Seoane cree que es posible hacer realidad la hasta ahora utópica idea de poner al aire una emisora que refleje el mix de identidades y cotidianidades que conforman la sociedad argentina. “El objetivo de mi gestión es que la radio pública pueda llegar hasta el último lugar del país, a la vez que la voz de quienes viven en esas zonas pueda ser escuchada en los grandes centros urbanos. Hay una idea de federalismo trucho en el país, construido por la historiografía, que hizo que se crea desde Buenos Aires que la Argentina termina en la General Paz, en un aspecto, y en la Pampa húmeda, en otro. Espero que Radio Nacional sea el medio para que todos los argentinos puedan escuchar a todos los argentinos”, subrayó la periodista y escritora a PáginaI12.
La actual columnista de Carbono 14, el ciclo que por la radio pública conducen diariamente Miriam Lewin y Eduardo Anguita, reemplaza en el cargo a Eduardo García Caffi, que dirigió los destinos de la emisora en los últimos dos años. A la periodista la acompañará en la gestión Vicente Muleiro (suplanta a Enrique Vázquez como vicedirector), ex compañero de redacción de Clarín, “un hermano profesional y de la vida”, según sus propias palabras. Juntos se encargarán de imprimirle a la emisora un perfil que si bien no se diferenciará de la gestión anterior, intentará abrir los micrófonos de la radio “a todas las voces que ayuden a construir un país mejor, aunque no todos piensen de la misma manera. Lo importante es que Nacional sea el espacio en el que todos puedan decir lo que piensan”.
Una de sus grandes metas, sostiene la directora general del Centro Cultural Caras y Caretas y asesora editorial de la revista homónima, es que la radio sirva para “integrar al país en los grandes debates nacionales” con profundidad y pluralismo. “Cómo integramos el campo a la ciudad, cómo hacemos para crearle puestos de trabajo al 10 por ciento de la población que hoy se encuentra desocupada, cómo encontramos la manera más efectiva para combatir la pobreza, qué tipo de Estado deseamos: cuestiones que los argentinos debemos discutir en serio. Hay que revalorizar la política profundamente y sacarla del chiquitaje para pensar los grandes temas. Después, si los políticos quieren, que se peleen diciendo frases ingeniosas para los titulares de en los diarios”, puntualiza la autora de La Noche de los Lápices, Todo o nada y El burgués maldito.

Al asumir en un medio público, la mayoría de los directivos promulgan la idea de concebir un “medio no gubernamental, federal y pluralista”. ¿Cómo hacer que esa intención se plasme en el aire de Nacional?
Con un plan de trabajo serio y responsable. Agosto va a ser un mes donde nos interiorizaremos sobre la situación de la radio, analizaremos su grilla, la producción de la información... En principio, la programación artística va a tener pocas modificaciones. Por lo pronto, vamos a incorporar cada hora el micro Nuestro pago, donde las emisoras del interior del país que conforman la red pública transmitirán a través de colegas las circunstancias de su cotidianidad. No sabemos cuándo estará al aire, pero está decidido que el país entero, desde Ushuaia a La Quiaca, ingrese en los contenidos de la emisora. Otra de las modificaciones es hacer que los noticieros sean estrictamente informativos, donde se incluyan las campanas que haya sobre los temas y noticias del momento. No me gustan las concepciones binarias, por lo que estarán presentes no las dos posiciones sobre determinada noticia, sino todas las que haya. Para las opiniones están los columnistas, no los informativos.

¿En qué marco le dará espacio al debate de esos grandes temas sociales, políticos y económicos del país?
Vamos a tener un programa de entrevistas, El país que somos y el país que queremos, que de cara al bicentenario incluirá a todos los jefes de las bancas parlamentarias de cada sector político, a los presidentes de las grandes organizaciones sociales y a los grandes pensadores que tiene el país. Va a ser un programa semanal, de una hora, donde se buscará desde el disenso unirnos en una causa común. Así, Mario Wainfeld podrá entrevistar a Julio Cobos sobre la problemática del campo. Pero la idea es que no sólo participen los periodistas de la emisora sino que también lo hagan profesionales de otros medios, como Mónica Gutiérrez, Jorge Halperín o Magdalena Ruiz Guiñazú. Espero que los medios privados se sumen a la iniciativa, ya que sería encantador poder cruzar a todos.

Una propuesta interesante pero compleja de alcanzar en un momento político como el actual.
Si el canibalismo mediático, social y político de los argentinos lo permite, podríamos construir un espacio inédito, en el que se anteponga el bien social por sobre el particular. La misión de la radio pública es tomar cuestiones que no tienen que ver con el lucro, sino con la vida de los argentinos, aunque no sean rentables. La rentabilidad es un objetivo de las grandes empresas, que tienen un interés privado, y está bien que así sea, aunque la información sea un bien común. En la Casa Rosada sólo hay inquilinos de la democracia. Nosotros venimos a defender causas, sin importar quién esté en el sillón presidencial. Ojalá podamos construir una gestión que logre continuidad en el tiempo democrático.

Tanto usted como Muleiro tienen una formación profesional más cercana a los medios gráficos que al radiofónico. ¿Siente esa falta de experiencia como una posible limitación a la gestión al frente de Radio Nacional?
Se trata de hacer periodismo. El periodismo tiene reglas que deben ser cumplidas en cualquier medio, sean gráficos o radiales. La responsabilidad, la honestidad intelectual, la búsqueda desinteresada de la verdad son valores que no distinguen medios. Tengo una gran experiencia en la gráfica, allí me formé, pero eso no significa que no sepa qué pasa en la radio. No hay nada que no conozca de la radio. Y como dice el Che Guevara: al que meta la pata, lo vamos a ayudar a sacarla; al que meta la mano en la lata, nos apuraremos a cortársela sin esperar trámite administrativo alguno.

Fuente: Diario PáginaI12

Venezuela puede llegar a ser el único país que penalice delitos mediáticos

Ningún país de América tiene una legislación penal como la que ha propuesto la fiscal general de la República, Luisa Ortega, para castigar hasta con cuatro años de cárcel lo que el Ministerio Público y un juez puedan calificar de delito mediático. Si el proyecto presentado a la Asamblea Nacional por la máxima autoridad del Ministerio Público (la institución garante de la legalidad en el país) se convierte en ley, Venezuela acelerará su marcha atrás en materia de libertad de expresión.
Por: Edgar López
Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, advierte que este tipo de normativas sólo tiene cabida en regímenes en los que priva el fundamentalismo político o religioso. "Este es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina", afirma el representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría.
Mirada al sur. Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV, asegura que la propuesta de Ortega se parece a la legislación que impuso Augusto Pinochet contra la prensa en Chile o a algunas medidas violatorias de la libertad de expresión e información durante la España franquista: "No conozco una legislación parecida en países democráticos".
Carlos Lauría también equiparó el proyecto con algunas restricciones a la comunicación ejecutadas en Argentina, en tiempos del dictador Jorge Rafael Videla, a partir de la doctrina de la seguridad nacional. Desde el Cono Sur se emprendieron las iniciativas más exitosas para recuperar la posibilidad de informar sin temor a represalias.
El asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Francisco Iturrazpe recordó la historia del periodista argentino Horacio Verbitsky, condenado a prisión por utilizar el adjetivo asqueroso para referirse a un magistrado de la Corte Suprema de Argentina.
El caso fue elevado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Se determinó que las leyes de desacato son incompatibles con el ejercicio del derecho a la libre expresión y a la información, por lo cual Argentina accedió a ajustar su legislación penal a los estándares internacionales.
Chile saldó cuentas con la aprobación de una nueva ley de prensa en 2001, la cual derogó una disposición que permitía a los jueces prohibir a los medios referirse a algunos casos policiales o políticos.
En julio, el Parlamento de Uruguay modificó la Ley de Prensa y el Código Penal sobre medios de comunicación, lo cual fue celebrado por varias organizaciones . Se despenalizó la divulgación de información y opinión sobre funcionarios públicos.
La forma y el fondo. Frank La Rue explicó que, por lo general, la penalización de la expresión o la información que existe en países con gobiernos autoritarios se lleva a cabo mediante la incorporación de normas a los respectivos códigos penales. La observación permite advertir la trascendencia de que la fiscal general de la República haya propuesto una ley especial, en vez de una reforma del Código Penal. No sería una formalidad intrascendente, pues pudiera resultar más complicado insistir en reformar el Código Penal, a apenas cuatro años de su última modificación. Además, la nueva ley se presentó como la panacea para detener los supuestos daños que puede causar aquel que utilice un medio de comunicación, según la evaluación discrecional de los hechos por parte de fiscales y jueces. Fiscales y jueces designados y removidos a dedo, que no tienen estabilidad en sus cargos y que están sometidos a todo tipo de presiones como la del Gobierno.
Para la organización Human Rights Watch la propuesta de ley es una "receta para la censura". "Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Enrique Santos, directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, no tiene dudas de que la discusión tendrá dimensión continental. "Es el más grave intento de amordazar a la prensa que ha habido en los últimos años en la región. Si esto no motiva una movilización hemisférica de medios, periodistas y ciudadanos, estaremos siendo espectadores pasivos de la muerte lenta de la libertad de expresión y de la democracia en Venezuela", expresó el editor.
Luisa Ortega estuvo en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional apenas seis días antes de presentar su proyecto de ley de delitos mediáticos.
El 24 de julio, cuando se realizó la sesión con motivo del natalicio del Libertador Simón Bolívar, Ortega estaba en primera fila, escuchando el discurso del presidente Hugo Chávez.
Como todos los presentes, la fiscal general aplaudió cuando el jefe del Estado exigió leyes revolucionarias, con la mayor brevedad posible.
El vocero del Instituto Prensa y Sociedad Ewald Scharfenberg afirmó que los riesgos que implica el proyecto de ley de delitos mediáticos ya causaron eco en otros países y se relacionan con otros intentos de restringir la libertad de expresión, a través de la administración del espacio radioeléctrico en Argentina, Ecuador y Bolivia. En particular, en los dirigidos por gobernantes aliados del presidente Chávez.
Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Chamorro, indicó que en Nicaragua no existe algo parecido a este proyecto, pero que promoverán el debate para impedir que el presidente Daniel Ortega trate de emular al jefe del Estado venezolano.

Fuente: Diario El Nacional

"Las radios ahora son del pueblo y no de la burguesía"

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que el retiro de licencias a 34 emisoras por supuestamente operar sin los papeles en regla no fue un cierre sino "la recuperación de un espacio para el pueblo".
"No es que hemos cerrado emisoras de radio, se cumple la ley, las hemos recuperado. Emisoras de radio que ahora son del pueblo y no de la burguesía. Todo eso hay que apoyarlo", dijo. El gobierno adoptó la medida este viernes en un proceso de revisión a 240 emisoras del país que, argumenta, busca "democratizar" los espacios radioeléctricos, mientras la oposición afirma que se persigue acallar la crítica.
Las primeras cinco emisoras afectadas apagaron sus señales esta mañana tras recibir la notificación del caso, lo que provocó manifestaciones de protestas de los sectores gremiales, civiles y políticos opositores en Caracas y otras regiones.
La Cámara Nacional de la Radiodifusión de Venezuela calificó de inconstitucional la medida por considerar irregulares los procedimientos, y una "factura" contra los medios opositores que viola la libertad de expresión.

Fuente: ANSA

La Agrupación Giros denuncia que sufrió detenciones arbitrarias e intimidaciones

Cuatro Militantes de la Agrupación Giros (Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente) denunciaron intimidación y presiones sobre sus personas por parte de policías de la Comisaría 20 de la Ciudad de Rosario. Hace un tiempo que la agrupación reveló un gigantesco negocio inmobiliario en la zona norte de la ciudad, que desalojan vecinos de sus casas intimidándolos con patovicas y topadoras.
Apenas pasaban de las 13 horas del sábado cuando seis integrantes de la agrupación Giros, se encontraban en la esquina de Génova y Cullen, en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, esperando por más compañeros. Un patrullero de la comisaría de la zona que pasaba por segunda vez por ahí, frenó y los policías les dicen a los jóvenes: Tomás Monteverde, Víctor Velásquez, Nahuel Bueno y Juan Manuel Lorda, que tenían que revisarlos por una cuestión de rutina, y que los tendrían que acompañar por averiguación de identidad ("averiguación de antecedentes", fueron las palabras que usaron los policías). Los militantes de Giros se identificaron como parte de la organización ya que conocían previamente a estos oficiales, que habían estado presentes cuando las topadoras derrumbaron el centro cultural que tenía la agrupación en el barrio. Sin posibilidad de mediación se dirigen con los 4 hombres a la comisaría. En el lugar quedan 2 chicas porque no había oficiales mujeres presentes y los varones no pueden hacer el arresto. Estas compañeras momentos después pudieron avisar lo que estaba ocurriendo.

El camino hasta el calabozo
El trato en todo momento fue tenso, comenzaron a indagarlos preguntándoles por qué estaban ahí en el barrio, que cuál era el trabajo que hacían. Los jóvenes explicaron cuál es el trabajo que realiza la organización Giros en el barrio de Nuevo Alberdi desde hace 3 años pero para su sorpresa escucharon cosas como “trabajo barrial, ¿en relación de dependencia con quién?” o “¿quién los manda para que trabajen acá?”. En este momento un oficial comienza a decirle a uno de los muchachos que eran unos irreverentes, que “no puede ser que ahora tengamos (los policías) que pedir permiso para hacer una averiguación de antecedentes... yo te voy a enseñar como manejarse acá, como son las cosas...”. Ante la extrañeza de lo que estaban escuchando, esta persona comenzó a “explicarles” a manera de docente todos los pasos para manejarse por el barrio, diciendo cosas como “si te digo levanta las manos, las levantas y te callás...”.
Pero lo peor llegaría después, dentro ya de la comisaría.
Al llegar y bajo la promesa de que los enviarían a una celda común, les hacen sacar toda la ropa con la excusa de que había que revisarlos para saber si tenían alguna lesión, mientras continuaban preguntando qué estaban haciendo en la zona, "¿por qué hacen lo que hacen?", "¿para qué?", “qué hacen en el barrio, por qué en este barrio?” Al mismo tiempo comienzan a hacer referencia al conflicto de tierras que vienen librando con los vecinos en el barrio, “nosotros ya les explicamos como es lo de la propiedad privada”, “ustedes se piensan que porque son rubiecitos y universitarios van a tener trato preferencial, ya les vamos a enseñar”.
Desde la comisaría a los familiares que llamaban les decían que “tenemos la orden de levantar a todos los que no sean del barrio, porque los sábados a la mañana hay muchos robos a repartidores”. El titular de la comisaría 20, comisario Serra, confirmó a medios rosarinos que los cuatro militantes “fueron demorados por averiguación de antecedentes”.
A medida que llegaban más policías a la comisaría, comenzaron a escucharse frases como “estos son los barbudos”, “estos son los Pocho Lepratti”. Según nos aseguró uno de los detenidos “estas cosas nunca nos las dijeron a nosotros, pero todo el tiempo provocaban y las gritaban cerca nuestro, para que las escuchemos... cuando nos dijeron lo de Pocho, nos preocupamos mucho". Pocho Lepratti era trabajador no docente de una escuela en la zona sur de la ciudad de Rosario, y también un militante social comprometido con la realidad de los barrios de la ciudad. Lo mató un policía en la escuela en la que trabajaba durante la represión de diciembre de 2001.
Luego de trascurridas más de dos horas de que abogados y familiares llamaran y se hicieran presentes en la comisaría, los jóvenes, quienes no sabían que estaba pasando, notaron que el trato comenzaba a cambiar. Y finalmente llegó un médico a la comisaría y los revisó, aunque ninguno de ellos lo había pedido. El mismo joven militante nos expresó: “al salir de la comisaría me cruza el polícía que nos “explicó como moverse en el barrio”, y me dijo “acordate de todo lo que te enseñé”.
Giros tiene como objetivo el cambio político y social desde la práctica en el trabajo barrial y apostando a la cultura para recomponer el tejido y los lazos sociales y cooperativos. Componen esta agrupación estudiantes de comunicación social, psicología, arquitectura, odontología, medicina, ingeniería en sistemas, política, trabajo social, letras y filosofía. Con el transcurso de los últimos años tiene un fuerte desarrollo en los barrios Nuevo Alberdi y Empalme Graneros en la ciudad, y también sus militantes realizan acciones que ponen en evidencia la lucha que necesitan llevar adelante los vecinos para defenderse contra un creciente negocio inmobiliario que los está dejando en la calle.
Horas después de ocurrido estos hechos la organización emitió un comunicado haciendo hincapié en los conflictos de tierras que dan lugar para que sucedan estas cosas: amedrentamientos a militantes y a vecinos con la connivencia policial. También el comunicado se pregunta qué es lo que pasa en nuestros barrios y sobre todo cómo evitar que se hagan infernales negocios inmobiliarios sobre los ocupantes legítimos de lo que antes eran zonas periféricas o inundables. “Desde hace ya 3 años Giros viene denunciando… la irregularidad y desprotección de los vecinos que habitan la periferia de la ciudad. Tanto los desalojos silenciosos de Nuevo Alberdi, con presiones de patovicas y agentes inmobiliarios, como las topadoras privadas de Empalme Graneros tienen como rasgo común la ausencia total y cómplice del Estado. Reclamamos en incontables instancias institucionales, en jornadas de protestas y en denuncias en los medios masivos, la presencia decidida del Estado”, dice el comunicado de la agrupación.

Actualización: Esta mañana dialogamos con Tomás Monteverde en el programa "Buscando Trabajo" que se emite por Aire Libre, Radio Comunitaria:

El Pueblo vs. Barrick Gold Barrick Gold

En los últimos 20 años, el oro ha sido extraído de la tierra más que durante los últimos cinco siglos.
Modernas explotaciones mineras a cielo abierto, técnicas de pulverización de montañas, aplastando 80 toneladas de roca para extraer una sola onza de oro.
Esto crea residuos tóxicos que contaminan los sistemas fluviales y dejan a comunidades enteras enfermas y empobrecidas.
La empresa Barrick Gold, gigante minero canadiense, ha sido forzada por las presiones locales, dirigidas por mujeres que se preocupan por lo que ocurre en su medio ambiente y sus comunidades una vez que las empresas acaban con los saqueos y se retiran.
La red de noticias árabe Al Jazeera está difundiendo a través de su portal de internet un trabajo periodístico audiovisual que da cuenta de la resistencia del pueblo de Famatina y Chilecito, en La Rioja, a la explotación minera a cielo abierto.
Las dos producciones fueron realizadas por el programa "People & Power", bajo el título "The people vs. Barrick Gold", y subida al sitio www.protestbarrick.net.

Apagan transmisores de emisoras de la Cadena Nacional Belfort

La Cadena Nacional Belfort, una de las mayores redes de emisoras de Venezuela, cesó hoy sus actividades tras recibir un mandato del gobierno por supuestamente no tener en orden su licencia.
La señal de radio en FM se apagó en la mañana, cuando tres funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CoNaTel) notificaron el fin de la concesión, tal como anunció la noche del viernes el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello.
El Circuito Nacional Belfort (CNB) es una de las 34 emisoras que Cabello ordenó cerrar, tras un proceso de actualización de los documentos de sus licencias. El gobierno cuestionó un total de 240 emisoras, alegando que no tienen sus papeles en regla.
A la sede de CNB en Caracas llegaron decenas de personas para expresar su solidaridad con el emisora, que emplea a varios cientos de personas.
La fundadora del circuito CNB, Raiza Istúriz de Belfort, dijo que la medida tomada por CoNaTel será apelada ante los tribunales.
"Nos vamos a levantar y vamos a seguir. Seguiremos recurriendo a los tribunales a los que haya que recurrir, será con la justicia donde lo podremos resolver. El futuro es bien negro. Creo que la libertad de expresión ya no va a existir. Lo están haciendo un día como hoy donde no tenemos dónde recurrir ante ningún tribunal", dijo.
La radio informó que transmitirá por su página electrónica, como alternativa para mantener algunas de sus operaciones.
CNB retransmitía el programa "Aló Ciudadano", que emite todos los días el canal de televisión "Globovisión", un programa que es abiertamente criticado por el gobierno, el cual abrió varias causas legales contra sus conductores.
Partidos de oposición dijeron que la medida tiene un impacto similar al cierre, en mayo de 2007, del canal Radio Caracas Televisión (RCTV), cuando el gobierno se negó a renovar su concesión después de 53 años de operaciones.
El periodista de CNB y presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverria, dijo que la medida confirma al presidente Hugo Chávez en su condición de "policía del pensamiento".
"Aquí pueden cerrar una emisora de radio pero no pueden cerrar el pensar distinto. El próximo lunes quienes quieran escuchar Aló Ciudadano no lo van a poder hacer. ¿Quién es el Estado venezolano para determinar qué estación de radio escuchar?", señaló.
Agregó que la medida "no va contra los dueños de CNB sino contra los oyentes".
La noche del viernes Cabello informó que se le retiraban las licencias a 34 emisoras por la muerte del titular, por finalización del permiso o por improcedencia de la renovación.
Agregó que las frecuencias que quedarán libres serán entregadas a personas que "tienen muchos años" solicitando licencias y sugirió que serán para las llamadas "radios comunitarias", de limitado alcance.
"Hay muchas solicitudes de radioemisoras comunitarias, vamos a hacer un estudio sobre esas solicitudes. Esta será una decisión discrecional del gobierno", aseveró.
Indicó que las 34 primeras decisiones fueron producto de procedimientos que revocaban las concesiones, pero que del total de las 240 cuestionadas, muchos de sus dueños "se escondieron" y no entregaron los papeles.
Durante la semana, la fiscal general Luisa Ortega Díaz propuso al Congreso un proyecto de ley para regular la libertad de expresión y castigar los mensajes que instiguen al odio, a la guerra y al desconocimiento de las instituciones.
Para finalizar CNB informa que seguirá con sus transmisiones vía internet en la página www.cnb.com.ve

Fuente: Deutsche Presse-Agentur
En las fotos:
La ministra venezolana de Información y Comunicaciones, Blanca Eckhout, el viernes. AFP
Poco a poco los ciudadanos se fueron congregando en las afueras de CNB para rechazar la medida. Jorge Silva, Reuters

Conciliación obligatoria en el conflicto suscitado en Canal 7 de Bahía Blanca

El conflicto laboral en Canal 7 entró en un compás de espera, al menos por 15 días, ya que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria y reincorporaron a los dos trabajadores que habían sido despedidos.
De tal manera, durante los 15 días hábiles que ambas partes dispondrán para tratar de llegar a un acuerdo, la empresa deberá retrotraer la situación hasta antes de los despidos del locutor y editor Gustavo Daich y del camarógrafo Ángel Juan, mientras que el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) se abstendrá de realizar medidas de fuerza.
Ayer, trabajadores de Canal 7, perteneciente al Grupo Clarín, se manifestaron frente a la emisora y por distintas arterias céntricas, denunciando que las autoridades de la empresa instalaron cámaras ocultas para espiar a los empleados.
La conciliación obligatoria implica que desde ahora y por dicho término habrá reuniones entre ambas partes con la intención de poder llegar a un acuerdo sobre el futuro laboral de los más de 30 empleados que tiene en medio de comunicación en nuestra ciudad.
Desde las 21 horas todos los operarios de la teledifusora volverían a sus puestos de trabajo, incluidos los camarógrafos despedidos Gustavo Daich y Ángel Juan, y el conflicto "a fojas cero", informó el secretario gremial del Sindicato de Televisión, Octavio Alvarado.
Según señaló un comunicado refrendado por la comisión ejecutiva del SATSAID Bahía Blanca, "las cámaras fueron detectadas por una inspección del ministerio de Trabajo, que constató la existencia de los aparatos en el sistema de ventilación, aptas para registrar audio".
"Este fue el motivo por el que la empresa decidió echar a nuestros compañeros Ángel Juan y Gustavo Daich, ambos de irreprochable trayectoria laboral y con casi 30 años de antigüedad, quienes las descubrieron e informaron a los delegados de personal y al sindicato", indica el documento difundido en la víspera.
Agrega que "evidentemente, las cámaras fueron colocadas por orden del actual gerente Simón Roitman, sin que el personal fuera notificado de tal determinación, en una clara violación a la intimidad, que será denunciada en todos los ámbitos pertinentes por este sindicato".
"Ya se están realizando reuniones en Capital Federal entre autoridades del Grupo Clarín y de nuestro sindicato. Además habrá otros encuentros pautados acá en la ciudad desde el lunes próximo", agregó el sindicalista.
Sobre la detección de cámaras espías que vigilaban al personal en las dependencias de la emisora de calle Blandengues el gremialista adelantó que "acá estamos frente a una causa conexa, hemos pedido el asesoramiento de abogados penalistas y no descartamos radicar una denuncia en la fiscalía correspondiente".
En tanto, desde este diario digital se intentó dialogar con el gerente Simón Roitman pero fue imposible ubicarlo para conocer su versión de los hechos que desencadenaron el conflicto en el canal.

Alvarado: “En Canal 7 se acentuó la diferencia desde la llegada del nuevo gerente”
“Venimos denunciando un continuo hostigamiento a los trabajadores, con desigualdad de trato e intentos de enfrentamiento entre el personal”, explicó Octavio Alvarado, secretario gremial del Sindicato Argentino de Televisión, tras el despido y posterior reincorporación de dos trabajadores de Canal 7.
“Fue una jornada dura y difícil por la postura que mostraba la empresa respecto de reincorporar al personal despedido”, sostuvo al tiempo que explicó que “en Canal siete se acentuó la diferencia desde la llegada del nuevo gerente, Simón Max Roitman”.
“No tenemos antecedentes de haber tenido los problemas que tenemos con esta gestión, siendo que el canal es de Artear desde hace unos siete años, una gestión que ataca el bien mas preciado de los trabajadores que es tener empleo”, manifestó el gremialista en La Brújula Radio.
Respecto a la colocación de cámaras ocultas, Alvarado contó que sospechaban de cierto espionaje, ya que por ejemplo, al hablar con la gerencia “ellos usaban frases que habíamos dicho nosotros, por lo que suponíamos que o bien alguien le contaba lo que hablábamos o bien nos estaban espiando”.
El SAT vincula los despidos directamente con el descubrimiento del sistema de vigilancia oculto ya que según sostuvo Alvarado, “sospechosamente en la víspera de la inspección prevista en el canal por el Ministerio de Trabajo, donde habíamos hecho la denuncia, se dan los despidos”.
“Habría que preguntar cual es la finalidad de que estén ocultas, ya que hay que ser respetuoso de la privacidad de los trabajadores, en el ámbito laboral se habla de cuestiones familiares, gremiales, porque muchas pasamos más tiempo con nuestros compañeros que en nuestras casas”.
Respecto de quien chequeaba lo que las cámaras registraban, Alvarado dijo que “no hay certezas hasta donde llega la cadena del circuito oculto ni de quien las controlaba”.
Finalmente, el secretario gremial del SAT adelantó que “se está sustanciando una causa penal, ya que creemos que no es un tema menor, ya que creíamos que era un método de épocas pasadas, pero parece que no”.
Por otra parte, fuentes policiales indicaron que el gerente de la emisora habría radicado una denuncia, tras los escarches ocurridos ayer en su vivienda de la primera cuadra de Avenida Alem.

Fuente: LaBrújulanet.com.ar

Periodismo basura

Por: Mariana Carbajal
“Es muy grande el mal que me han hecho”, repite Lucía entre sollozos, quebrada. Una notera del programa 70.20.10, que conduce Chiche Gelblung por Canal 13, insensible ante el drama ajeno, grabó su testimonio sin que ella supiera, después de negarle que la cámara estuviera prendida y le desnudó obscenamente el alma y las miserias ante miles de televidentes. Lucía tiene 77 años y hace seis se encuentra en situación de prostitución empujada por una condición económica precaria: cobra una pensión por vejez que no le alcanza para comprar los medicamentos que le exigen los achaques de la edad y para pagar la habitación de dos por dos y un baño que alquila en un sencillo hotel porteño. “Siento mucha vergüenza por mis nietos, que no sabían”, le contó a la monja Olga Colipe, de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo, que junto con otras religiosas y también laicas recorren las calles del barrio de Constitución acompañando a las mujeres que se ven obligadas a ganarse la vida como Lucía. Olga y sus compañeras están conteniendo a Lucía en estos días porque está muy triste y estresada. Su familia, sus hijos, sus nietos, no sabían que ella se encontraba en situación de prostitución. Nunca se atrevió a contarles, para protegerlos. Después de la emisión del programa, no la han llamado ni la han ido a ver. Ella está tan avergonzada que no quiere hablarles.
“Es indignante lo que han hecho. No tiene derecho a burlarse así de una persona, a utilizar así a una mujer mayor. Es poco digno del periodismo”, dice, con bronca, Olga a este diario. En los días previos al sábado 11 de julio, una notera del programa de tele de Gelblung recorrió el barrio de Constitución en busca de testimonios de travestis para un informe especial. “La chica que estaba con el micrófono se le acercó a preguntarle si ella también estaba ‘trabajando’. Ella lo primero que le aclaró fue: ‘No me filmés. Porque ustedes a nosotras nos muestran de cuerpo entero y a los ladrones le cubren el rostro o le ponen la nubecita’”, cuenta Olga el episodio que le relató Lucía. La nubecita a la que hace referencia es el “efecto pixelado”, recurso utilizado en la TV para borronear rostros que quieren mantenerse en el anonimato. La notera le aseguró que tenía la cámara apagada y es más, le hizo ver que era así. Lucía, sin muchos conocimientos técnicos de cómo funciona y con algunos problemas de vista, se convenció. Pero sobre todo, le creyó. Le pidió especialmente que no la filmaran porque no quería perjudicar a su familia. Así, a partir de ese diálogo, la notera la hizo entrar en confianza y logró que le contara sus achaques en la salud, su historia de vida, su padecer en las noches frías, en una actividad que no es trabajo, a la que se llega sin otras opciones.
Al día siguiente, Lucía les contó a Olga y a otras integrantes de la congregación lo que le había pasado: que solo había hablado con la cámara apagada. Enorme fue su sorpresa cuando el sábado 11 de julio salió al aire 70.20.10, y en uno de los informes “periodísticos” mostraron su rostro y sus comentarios, sin ningún filtro. Las tomas se notan que son robadas: se mostraron como si hubieran sido filmadas con una cámara infrarroja, con poquísima luz. En el mismo informe también fueron enfocadas algunas travestis y a ellas sí les pusieron la “nubecita”.
“Esto está repercutiendo mucho en la mujer, con una carga de estrés muy grande. Sus amigos (como les llama a los clientes) ya no van porque piensan que está enferma y no le alcanza para pagar el hotel. Y como si todo fuera poco, estando nosotras una tarde con ella, un señor desde una camioneta bajó el vidrio y le gritó: “Te vi en la tele, el sábado”, sigue Olga.
No sólo su historia apareció en Canal 13. El lunes 13 la pasó uno de los programas que repiten extractos de otros y se mofaron de la situación de Lucía, cuyo nombre, claro, es otro. ¿Quién va a pagar el daño que le causaron?

Fuente: Diario PáginaI12