Se argumenta que el proceso licitatorio no incluyó la participación pública y que no se cumplió con las normativas ambientales vigentes, lo que genera serias preocupaciones sobre el impacto ambiental de la obra, que afectaría a 20 millones de personas en la región. Además, se denuncia un posible direccionamiento de la licitación hacia una de las empresas oferentes. Este proceder, según los denunciantes, configuran delitos de abuso de autoridad y negocios incompatibles, que podrían dar lugar a escenarios de impunidad y corrupción. La denuncia destaca que el caso de la Hidrovía refleja una tendencia generalizada de ignorar las normativas ambientales en proyectos de alto impacto, como la megaminería y otras actividades extractivas, que ponen en riesgo el bienestar de la sociedad. En Señales dialogamos con Gabriela Ferrer, del Movimiento por el Agua (MoPEA)
¿Qué motivó esta denuncia que han presentado contra Caputo y el resto de los funcionarios?
El tema surge cuando tomamos conocimiento del contenido de los pliegos, los cuales sirven como base para la apertura de esta licitación. En dichos pliegos, advertimos que existen una serie de cuestiones que tendrán un impacto ambiental enorme en dos de los ríos más importantes de nuestro país, como son el río Paraná y el Río de la Plata. Una de estas cuestiones tiene que ver con el aumento de la profundización del canal troncal de la mal llamada Hidrovía, que se pretende llevar de 32 a 44 pies, lo que equivaldría a unos 13 metros y medio de profundidad. El otro problema es que esta licitación se cerraría por 30 años, renovables por 30 años más, lo que implica un impacto intergeneracional. Por esta razón, nos sorprende que en esta nueva licitación que abre el gobierno nacional no se hayan tenido en cuenta todas las normas que hoy en día están vigentes en nuestro país y que son aplicables al armado del plan de una obra de la envergadura de la que estamos hablando.
A partir de ahí, decidimos interponer esta denuncia penal, como bien mencionabas hoy, principalmente por el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, debido a la inobservancia de dos de los principios más importantes. El derecho ambiental, por un lado, y el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con la participación ciudadana, la cual no se dio previo a la elaboración de estos pliegos. De hecho, sí se dio participación a las empresas, paradójicamente, para que opinaran sobre los pliegos, pero no a la ciudadanía, que será la principal afectada. Tengamos en cuenta que de estas cuencas se abastecen más de 20 millones de personas de agua potable, que la extraen directamente del río, sin contar aquellas localidades que dependen de los ríos afluentes del Paraná. Por eso, nos pareció una omisión gravísima el haber dejado fuera el derecho de los ciudadanos a acceder a la información adecuada en el momento oportuno, para poder opinar como corresponde, siendo los principales afectados por esta obra.
Es importante destacar que las empresas están involucradas principalmente por cuestiones económicas, pero el tema va mucho más allá de eso. Aquí hay una cuestión social, cultural, ambiental, ecológica, turística e incluso paisajística, ya que estos son nuestros ríos, no esta Hidrovía, que ha sido transformada en una vía mercantil. De eso trata nuestra denuncia. Y por eso estamos esperando la respuesta de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien fue sorteada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 9. Lo que solicitamos es que se suspenda esta licitación, cuya fecha límite para la presentación de ofertas es el 14 de febrero. Pedimos que se suspenda hasta que se resuelvan estas cuestiones pendientes.
Otro punto muy importante, que casi olvido mencionar, es la falta de un estudio de evaluación estratégica previo a la realización de estas obras, tal como lo exige una disposición dictada en 2019 por el Ministerio de Ambiente de la Nación. Esto tampoco se contempló, y no es un tema menor, ya que solo se habla de un estudio de impacto ambiental en las distintas etapas en las cuales se implementará el dragado, pero eso no es suficiente para conocer la magnitud real del impacto de la obra en su totalidad. Es por eso que se requieren estudios de evaluación estratégica, para poder evaluar el impacto acumulativo de la obra a lo largo de sus seis etapas. Pedimos que se suspenda la licitación hasta que se subsanen estas inobservancias fundamentales del derecho ambiental, que son plenamente aplicables al objeto de esta licitación, que afecta a dos de los ríos más importantes de nuestro país.
Esto, para que la gente lo entienda de manera clara y sencilla, es privatizar nuestros ríos...
Sí, es algo que viene ocurriendo desde la década del 90, y esta es la segunda vez que sucede. La diferencia con aquella época es que ahora existe un marco normativo ambiental muy claro que debería haberse aplicado, algo que no había en los años 90, cuando las condiciones eran distintas. De hecho, sufrimos las consecuencias de esa falta de regulación: hubo negamientos de arroyos, derrumbes de barrancas, problemas relacionados con los sedimentos y con el movimiento de estos sedimentos para profundizar el canal. Tampoco está previsto en estos pliegos qué se hará con ellos, lo cual es otro gran tema, ya que son muchos. Además, ya existen investigaciones que alertan sobre el nivel de contaminación que pueden tener esos sedimentos, que han permanecido allí durante quién sabe cuánto tiempo. Removerlos implica realizar investigaciones ambientales sobre el agua, y si no se lleva a cabo este tipo de estudios, muchas personas que dependen de estos recursos pueden verse afectadas, como mencionaba hoy. Si consideramos la gravedad de lo que está sucediendo actualmente con las plantas de potabilización, que están suspendidas por falta de financiamiento, vemos que este no es un panorama adecuado para implementar una licitación de 30 años, más 30 años más, sin tener en cuenta ni prever cuestiones tan fundamentales para quienes vivimos en la Cuenca del Plata.
Nosotros estamos aquí en la ciudad de Rosario en breve por comenzar la obra de reconstrucción de un sector derrumbado del Parque España, fundamentalmente también por anteriores derrumbes que hubo, en la isla nos pasó lo mismo y mientras eso se va haciendo van a profundizar aún más nuestro río.
Exacto. Por eso hay que hacer ruido, a menos esta vez no nos puede pasar por un costado esto.
Mencionabas que lo tiene a cargo la jueza Capuchetti, cuestionada jueza Capuchetti, qué sienten ustedes cuando logró ese sorteo, puede ocurrir algo con ella que está a cargo del Juzgado Nacional de lo Criminal N° 5
Sí, exactamente. Mira, no lo sabemos, pero ya tenemos un mal antecedente con Pico (NdE: el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, quien, a cargo durante la feria judicial, desestimó el miércoles 15 la presentación encabezada por la empresa belga Dredging International (Deme), que buscaba suspender el proceso). Las empresas que habían denunciado cierta tendencia del gobierno de Javier Milei en relación con los pliegos también vieron rechazada su cautelar. Sin embargo, nosotros sostenemos que nuestros argumentos van mucho más allá de eso, mucho más allá de una cuestión política, mucho más allá de un capricho de una empresa; van mucho más allá de todo eso. Así que, bueno, veremos qué pasa y, si no tenemos suerte, seguiremos adelante hasta las últimas consecuencias, utilizando todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance.
Lo que vos mencionabas del juez Lavié Pico, que rechazó esa medida cautelar para suspender el proceso, porque detrás de todo esto también hay un negocio global, con varias empresas que están viendo una enorme oportunidad de negocio y buscando la manera de quedarse con la vía navegable troncal de estos dos ríos, e incluso apuntando al río Paraguay. ¿Cuáles son los pasos que se siguen ante esto?
Ahora estamos a la espera de una respuesta por parte del juzgado y, por lo pronto, vamos día a día. Ya se está empezando a movilizar gente de la zona de la costa, así que estamos contentos con eso. Hemos comenzado a enterarnos de que hay muchos movimientos autoconvocados y organizaciones que están alzando la voz por este tema, y eso ayuda muchísimo.
En la denuncia me parece importante destacar lo que ustedes plantean, que se sigue con la lógica extractivista similar a lo que pasó con la minería.
Y pasa lo mismo, es la misma lógica, la misma falta de inobservancia de las normas ambientales. Es exactamente lo mismo: esta misma conducta por parte de los funcionarios públicos que sistemáticamente avasallan los derechos de los ciudadanos en favor de las empresas y los intereses económicos, todo lo que ya sabemos que mueve este mundo. Pero bueno, está toda esta otra gente, así que somos nosotros, y hay que empezar a hacer valer los derechos.
¿Están acompañando también algunas organizaciones de la ciudad de Rosario? ¿Se acercaron a ustedes?
Mirá, es enero. Por lo pronto, sabemos que el apoyo está. Esperemos que se tomen las medidas locales en cada provincia; son cinco provincias afectadas, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada provincia, en cada ciudad, esperamos que se empiecen a tomar acciones y a visibilizar esta cuestión. Esto compromete nuestro futuro y el de nuestro río en los próximos 30 o 60 años.
Sí, es algo que viene ocurriendo desde la década del 90, y esta es la segunda vez que sucede. La diferencia con aquella época es que ahora existe un marco normativo ambiental muy claro que debería haberse aplicado, algo que no había en los años 90, cuando las condiciones eran distintas. De hecho, sufrimos las consecuencias de esa falta de regulación: hubo negamientos de arroyos, derrumbes de barrancas, problemas relacionados con los sedimentos y con el movimiento de estos sedimentos para profundizar el canal. Tampoco está previsto en estos pliegos qué se hará con ellos, lo cual es otro gran tema, ya que son muchos. Además, ya existen investigaciones que alertan sobre el nivel de contaminación que pueden tener esos sedimentos, que han permanecido allí durante quién sabe cuánto tiempo. Removerlos implica realizar investigaciones ambientales sobre el agua, y si no se lleva a cabo este tipo de estudios, muchas personas que dependen de estos recursos pueden verse afectadas, como mencionaba hoy. Si consideramos la gravedad de lo que está sucediendo actualmente con las plantas de potabilización, que están suspendidas por falta de financiamiento, vemos que este no es un panorama adecuado para implementar una licitación de 30 años, más 30 años más, sin tener en cuenta ni prever cuestiones tan fundamentales para quienes vivimos en la Cuenca del Plata.
Nosotros estamos aquí en la ciudad de Rosario en breve por comenzar la obra de reconstrucción de un sector derrumbado del Parque España, fundamentalmente también por anteriores derrumbes que hubo, en la isla nos pasó lo mismo y mientras eso se va haciendo van a profundizar aún más nuestro río.
Exacto. Por eso hay que hacer ruido, a menos esta vez no nos puede pasar por un costado esto.
Mencionabas que lo tiene a cargo la jueza Capuchetti, cuestionada jueza Capuchetti, qué sienten ustedes cuando logró ese sorteo, puede ocurrir algo con ella que está a cargo del Juzgado Nacional de lo Criminal N° 5
Sí, exactamente. Mira, no lo sabemos, pero ya tenemos un mal antecedente con Pico (NdE: el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, quien, a cargo durante la feria judicial, desestimó el miércoles 15 la presentación encabezada por la empresa belga Dredging International (Deme), que buscaba suspender el proceso). Las empresas que habían denunciado cierta tendencia del gobierno de Javier Milei en relación con los pliegos también vieron rechazada su cautelar. Sin embargo, nosotros sostenemos que nuestros argumentos van mucho más allá de eso, mucho más allá de una cuestión política, mucho más allá de un capricho de una empresa; van mucho más allá de todo eso. Así que, bueno, veremos qué pasa y, si no tenemos suerte, seguiremos adelante hasta las últimas consecuencias, utilizando todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance.
Lo que vos mencionabas del juez Lavié Pico, que rechazó esa medida cautelar para suspender el proceso, porque detrás de todo esto también hay un negocio global, con varias empresas que están viendo una enorme oportunidad de negocio y buscando la manera de quedarse con la vía navegable troncal de estos dos ríos, e incluso apuntando al río Paraguay. ¿Cuáles son los pasos que se siguen ante esto?
Ahora estamos a la espera de una respuesta por parte del juzgado y, por lo pronto, vamos día a día. Ya se está empezando a movilizar gente de la zona de la costa, así que estamos contentos con eso. Hemos comenzado a enterarnos de que hay muchos movimientos autoconvocados y organizaciones que están alzando la voz por este tema, y eso ayuda muchísimo.
En la denuncia me parece importante destacar lo que ustedes plantean, que se sigue con la lógica extractivista similar a lo que pasó con la minería.
Y pasa lo mismo, es la misma lógica, la misma falta de inobservancia de las normas ambientales. Es exactamente lo mismo: esta misma conducta por parte de los funcionarios públicos que sistemáticamente avasallan los derechos de los ciudadanos en favor de las empresas y los intereses económicos, todo lo que ya sabemos que mueve este mundo. Pero bueno, está toda esta otra gente, así que somos nosotros, y hay que empezar a hacer valer los derechos.
¿Están acompañando también algunas organizaciones de la ciudad de Rosario? ¿Se acercaron a ustedes?
Mirá, es enero. Por lo pronto, sabemos que el apoyo está. Esperemos que se tomen las medidas locales en cada provincia; son cinco provincias afectadas, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada provincia, en cada ciudad, esperamos que se empiecen a tomar acciones y a visibilizar esta cuestión. Esto compromete nuestro futuro y el de nuestro río en los próximos 30 o 60 años.
