El primer año de gobierno del presidente Javier Milei estuvo caracterizado por nuevos desafíos en materia de derechos humanos, incluyendo recortes a la financiación de programas sociales, obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y una retórica gubernamental hostil contra periodistas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Aunque la prolongada crisis económica argentina persistió y los índices de pobreza continuaron aumentando, los altos niveles de inflación comenzaron a estabilizarse.
Instituciones democráticas
El Congreso lleva años sin nombrar a un procurador general, un defensor del pueblo y un magistrado de la Corte Suprema, figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren una mayoría legislativa de dos tercios.
En abril, el presidente Milei nominó al juez federal Ariel Lijo para cubrir una vacante de la Corte Suprema y al académico Manuel García-Mansilla para cubrir otra vacante que se abrió en diciembre, cuando uno de los jueces cumplió 75 años.
Numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos expresaron su preocupación por el historial de Lijo como juez federal. A octubre, Lijo tenía cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a jueces federales. Según un estudio, se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción.
Al momento de redacción de este capítulo, la comisión de Acuerdos del Senado no había votado para someter las candidaturas de Lijo y García-Mansilla a votación en el recinto del Senado. De ser nombrados, la Corte Suprema de cinco miembros estaría compuesta únicamente por hombres, el único alto tribunal con tal composición en América Latina.
Al momento de redacción de este capítulo, el gobierno de Milei no había nominado a ningún candidato para el cargo de procurador general y el Congreso no había nominado a ningún candidato para el puesto de defensor del pueblo.
A noviembre había 300 puestos vacantes en la justicia federal y nacional, casi un tercio del total. En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces, que provoca que jueces subrogantes ocupen cargos durante años, atenta contra la independencia judicial.
Derechos económicos, sociales y culturales
La inflación interanual al mes de octubre fue del 193 %, según informó el gobierno, con un aumento de los precios de la vivienda, el agua y la energía del 285 %. Tras un elevado porcentaje de inflación mensual del 25 % en el mes en que el expresidente Alberto Fernández traspasó el cargo al presidente Milei, los elevados niveles de inflación comenzaron a estabilizarse en 2024, con una inflación mensual del 2,7 % registrada en octubre.
A junio de 2024, el 52,9 % de la población vivía en situación de pobreza, un fuerte aumento respecto al 27,5 % de 2019. Las personas que vivían en situación de indigencia—que el gobierno define como la incapacidad de cubrir las necesidades alimentarias más básicas—ascendían al 18,1 % de la población. Dos tercios de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y casi 3 de cada 10 en la indigencia.
El plan de austeridad del presidente Milei redujo drásticamente el gasto público, lo que tuvo consecuencias en la financiación de varios programas sociales. Un estudio mostró que, durante los primeros cuatro meses del 2024, los programas destinados a víctimas de violencia de género sufrieron recortes de entre el 70 % y el 100 %. Los recortes también afectaron a programas de atención médica a enfermos de cáncer y de integración de personas con discapacidad. El presidente Milei también vetó leyes aprobadas por el Congreso para aumentar jubilaciones y la financiación de universidades públicas.
El gobierno duplicó el poder adquisitivo del programa de transferencias mensuales por hijo, que beneficia a más de cuatro millones de menores de 18 años.
Derecho a la protesta pacífica
En diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad publicó un protocolo que, en la práctica, criminaliza cualquier impedimento al tránsito derivado de una manifestación. También otorga a la policía amplios poderes para dispersar protestas y permite al gobierno obligar a los organizadores de manifestaciones a pagar los operativos policiales y los daños a la propiedad pública que sean consecuencia de una manifestación.
En enero, tres relatores especiales de Naciones Unidas solicitaron al gobierno de Milei adecuar el protocolo a los estándares internacionales sobre el derecho de reunión pacífica.
En junio, cuando miles de personas protestaron frente al Congreso en contra de un proyecto de ley impulsado por el gobierno, la policía activó el protocolo y respondió disparando balas de goma y gases lacrimógenos y golpeando a manifestantes. Algunos manifestantes quemaron contenedores de basura y un vehículo. La policía detuvo a 33 personas ese día, la última de las cuales fue liberada en septiembre.
Políticas de seguridad
En 2023, Argentina tenía una tasa de homicidios de 4,4 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. Sin embargo, la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde distintas bandas locales se han disputado el territorio para la venta de droga, tenía una tasa de homicidios cinco veces superior a la nacional.
En diciembre de 2023, el gobierno de Milei envió un mayor número de miembros de las fuerzas de seguridad a Rosario y puso en marcha un plan para una mayor coordinación de las estrategias de seguridad con los gobiernos locales. El gobierno provincial también reforzó los controles en las prisiones. A octubre, los asesinatos en Rosario habían disminuido un 72 % en 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.
En marzo, el Ministerio de Seguridad publicó una resolución que amplía el alcance del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. La resolución permite el uso de armas de fuego en un rango inaceptablemente amplio de circunstancias y debilita la rendición de cuentas tanto a nivel administrativo como judicial.
Ataques a periodistas
El presidente Milei y miembros de alto nivel de su gabinete han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a periodistas independientes y a medios de comunicación, usualmente a través de publicaciones en redes sociales, discursos y entrevistas que incluyen una amplia variedad de insultos y ataques personales. El Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) afirmó, en septiembre, que el presidente había agredido verbalmente a al menos 45 periodistas desde que asumió el cargo.
Violencia de género
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas, el Registro Nacional de Femicidios reportó 250 femicidios—el asesinato de mujeres y niñas debido a su género—en 2023.
La violencia de género es sistémica y se da en todos los sectores de la sociedad. En agosto de 2024, la ex primera dama Fabiola Yáñez denunció penalmente al expresidente Fernández por violencia de género. Fernández negó las acusaciones. La justicia estaba investigando el caso al momento de redacción de este capítulo.
Violencia contra las personas LGBT
El presidente Milei y miembros de su gobierno han hecho comentarios despectivos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y la educación sexual inclusiva.
En mayo, un hombre lanzó un cóctel molotov contra una habitación de una pensión en Buenos Aires, matando a tres mujeres lesbianas e hiriendo a otra, un ataque que activistas relacionaron con el aumento de la retórica anti-LGBT.
Abusos pasados
A comienzos de la década del 2000, la Corte Suprema y la justicia federal declararon la nulidad de los indultos y las leyes de amnistía concedidos a exmilitares implicados en delitos cometidos durante la última dictadura (1976-1983). A septiembre, el Ministerio Público Fiscal informó que, de 3.732 personas investigadas por delitos de lesa humanidad, 1.187 habían sido condenadas, 1.213 murieron y 192 fueron absueltas; las restantes continuaban siendo investigadas.
En julio, un grupo de legisladores del partido del presidente Milei visitó a detenidos que cumplían penas de prisión por delitos de lesa humanidad, entre ellos el exoficial de la Marina Alfredo Astiz, condenado en Francia y en Argentina por el secuestro y tortura en 1977 de dos monjas francesas en Argentina, entre otros crímenes.
Después de 30 años, aún no hay condenados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Argentina era responsable por no haber prevenido e investigado el atentado, e instó a las autoridades a identificar y llevar ante la justicia a los responsables del atentado y de su encubrimiento.
Política exterior
El gobierno de Milei se ha opuesto a resoluciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales y de género. En septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el presidente Milei rechazó la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y su gobierno se opuso al Pacto para el Futuro, un marco global para abordar cuestiones como la desigualdad, el cambio climático y la gobernanza financiera internacional. En octubre, Argentina fue el único país que rechazó una declaración sobre igualdad de género en el foro del G20. Ese mes, el presidente Milei amenazó con despedir a los diplomáticos de carrera que no apoyaran sus posiciones en política exterior.
Fuente: Human Rights Watch
