Por: Francisco Peregil
Un antiguo oficial de la policía provincial de Buenos Aires explica la causa de la corrupción: “A usted le entregan un Mercedes Benz. Pero ahora hay que echarle nafta (combustible) y llevarlo al taller cada vez que se avería. ¿Con qué lo mantiene? En la Bonaerense casi todo el mundo hace cores, que son como llamamos a las horas extras dentro del cuerpo. Yo, además de las cores, trabajaba de vigilante en una empresa privada. Pero salía de casa a las siete y media de la mañana y regresaba a las once de la noche. Mi sueldo legal era inferior al que ganaba un recolector de basura o el cobrador del peaje en la autopista. La diferencia es que ellos trabajaban solo seis horas al día y no arriesgaban su vida. Y el policía provincial tiene que pagarse hasta su uniforme”.
Ricardo Ragendorfer, periodista especializado en temas policiales, cree que el problema no son los bajos sueldos —“entonces tendríamos también maestros y médicos corruptos”—, aunque sí la gestión de los recursos. “El dinero que el Estado invierte en las fuerzas de seguridad apenas llega para cubrir los sueldos. Las comisarías se pagan desde la revisión de los coches hasta la última resma de papel que usan. Y lo hacen gracias a las recaudaciones ilegales. Al Estado le viene bien que estos cuerpos se autofinancien. Pero una fuerza que se autofinancia también se autogobierna”.
El desprestigio arranca desde la dictadura, cuando los policías se subordinaron a los militares y hacían lo mismo que ellos: torturaban, secuestraban, mataban y desvalijaban las casas de los desaparecidos. Pero mientras el Ejército se depuró de forma radical, en las policías no se produjo esa regeneración tan drástica. Ahora, a sus corruptelas de toda la vida se le ha unido algo que en Argentina nunca se había visto: la infiltración del narcotráfico entre los mandos. En septiembre tuvo que renunciar la cúpula policial de la provincia de Córdoba, envuelta en denuncias por su asociación con narcotraficantes. Al mes siguiente la investigación del diario Página 12 provocó la destitución del jefe policial de la provincia de Santa Fe por estar ligado a una red de narcos. Pero si hay un cuerpo en Argentina cuyo desprestigio es legendario ése es el de la Bonaerense. Tal vez no sea la peor, pero es la que más presencia tiene. Solo ese cuerpo suma 55.000 efectivos de los 200.000 agentes provinciales del país.
Luis Vicat fue a fines de los noventa director de Asuntos Internos de la Bonaerense —“policía de la policía”, explica—, y asesor técnico de la película El Bonaerense (2002), que versa sobre los desmanes del cuerpo. Conoce cómo funciona la juntada —recaudación ilegal—, sabe cómo se va recogiendo la plata entre los días 1 y 5 de cada mes y sabe cómo se arregla con comercios y particulares; como se les extorsiona. “Para un pibe que entra es casi imposible negarse a ser un corrupto. El espíritu del grupo te lleva. Puedes entrar muy limpio, pero terminás sucio o terminás afuera. Yo en su momento sufrí cuatro atentados”.
Vicat desglosa las múltiples maneras de ganar dinero en el cuerpo: “Cuando hay un accidente se llama a las funerarias para que lleguen antes que los familiares. La familia contrata los servicios del entierro y el policía se lleva un porcentaje. A eso le llaman el lechuceo. También se obtiene plata de las empresas de alarma. Si se compra determinada marca en un edificio los ladrones no van a entrar ahí porque está esa marca, no porque la alarma sea mejor que otras. Otro negocio es la venta de protección, el patrullaje de determinadas zonas. Hasta se venden los presos. Los familiares o los reclusos pagan para quedarse en la comisaría y no vayan a la cárcel. Pero ahora el gran negocio es la droga. En total, todas esas recaudaciones equivalen a un sueldo complementario”.
“Todo se junta para la corona”, afirma el citado antiguo oficial de La Bonaerense, que tras 12 años de servicio pasó a policía Metropolitana de la Capital, donde gana cuatro veces más y donde asegura que no hay corrupción. “El agente de la calle manguea (roba) para el comisario y el comisario tira un tercio de lo que le dan para arriba”.
Y “arriba” significa el poder político o judicial. Vicat cree que la corrupción policial no sería posible sin la connivencia de “los sátrapas locales”: alcaldes, dirigentes de barrio… “La policía no combate el delito, lo administra. Cuando está disconforme con el poder político abre la canilla —el grifo— de la inseguridad. Si está conforme la cierra. Hoy, con el narco, la cosa se les ha desmadrado, porque ya hay demasiados delincuentes que actúan por cuenta propia. Pero no hay comisaría que no tenga su propia banda de ladrones. Cada comisario tiene la obligación de juntar equis cantidad de dinero. Si no lo junta lo echan. Es un sistema empresarial”.
El alivio para el Gobierno es que salvo un pequeño grupúsculo del Mar del Plata, que solo abarca el 5% de las fuerzas provinciales, la mayor parte de la Bonaerense no se acuarteló. El gobernador Daniel Scioli se adelantó ofreciendo una subida de sueldo. Pero en el resto del país, el método de dejar las calles vacías obtuvo un éxito demoledor en siete días. Consiguieron aumentos de un promedio del 35% en 20 provincias. “Es que no les quedaba otra”, señala el exoficial de la Bonaerense. “La ley no nos permite organizarnos en sindicatos. Si no hubiesen actuado así los políticos les habrían engañado una vez más”.
Las fuentes consultadas coinciden en que el problema no es solo policial, ni siquiera económico. Es político. Mientras no se afronte una gran reforma los agentes seguirán pasando la olla y los comisarios continuarán tirando un tercio de los ingresos para “arriba”. Aunque sigan obteniendo aumentos de sueldo.
Los policías provinciales cargan con la imagen de pertenecer a una institución corrupta y represiva
Por: Francisco Peregil y Alejandro Rebossio
María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), pregunta: “¿Alguien vio alguna vez a un policía pagar un café, un boleto de colectivo (billete de bus) o una pizza? Estamos acostumbrados a que se lleven tres pizzas porque si no les hacen una razzia (control) a la pizzería. Sus ingresos no se componen sólo por la plata (dinero) que cobran por ventanilla (del banco)”. Verdú considera que los reclamos de los policías son injustos si se les compara con el sueldo de otros empleados públicos."El ingreso básico de cualquier policía de cualquier provincia es muy superior al de un maestro, obrero o profesional recién recibido (graduado). Pero ninguno de ellos promueve que se mate la gente para mejorar sus ingresos”.
El ciudadano argentino se ha acostumbrado a que los agentes les pidancoimas, dinero ilegal, a cambio de no multarles. La sociedad da por sentado que a menudo policías y delincuentes se asocian para perpetrar atracos. Nadie pone el grito en el cielo si el Jefe de Gabinete dice que los agentes de Córdoba urdieron los saqueos. A nadie parece sorprenderle.
Hay 200.000 policías provinciales encargados de la seguridad de las 23 provincias y la capital del país. Y 35 gendarmes nacionales cuya misión principal es vigilar las fronteras. Pero desde el último año, el Gobierno de Cristina Fernández ha desplazado a varios miles de gendarmes a luchar contra la droga en villas miserias (grandes barrios de máxima pobreza) de Buenos Aires. Los bonaerenses creyeron que ellos eran menos corruptos que la policía provincial.
En Córdoba, la provincia donde prendió la mecha de las protestas policiales, hacía tiempo que se venía sospechando de los turbios negocios de la policía. “Desde hace años”, explica Carlos Jornet, director del diario local La Voz del Interior, “la gente comentaba que los policías solo agarraban perejiles, es decir, al pobre diablo que paga las culpas de otro. Nunca detenían a los grandes narcotraficantes. Hasta que este año estalló el narcoescándalo y el gobernador tuvo que destituir al responsable de seguridad, al jefe de la policía y al jefe del departamento antidroga. Lo que se comenta ahora en Córdoba es que muchos policías se han quedado sin el ingreso extra que aparentemente conseguían con el negocio de la droga”.
En Córdoba, además, se da la circunstancia de que rige un código de faltas que permite a los agentes detener a cualquier persona bajo la sospecha del “merodeo”, es decir, por dar vueltas alrededor de un local o un edificio. A menudo han recibido críticas por privar de libertad a personas, simplemente por su aparente mala imagen.
No es raro toparse en la prensa con noticias como éstas, todas ellas publicadas en una semana del pasado enero: Tres policías de la provincia de Buenos Aires fueron condenados por vejaciones a detenidos. Diez uniformados de la provincia sureña de Chubut fueron arrestados por violar a un adolescente en una comisaría. Un miembro de la Policía Federal quedó tras las rejas por asaltar a cuatro turistas. Otro colega suyo fue detenido por abusar de un adolescente en el metro. A seis policías bonaerenses les pusieron las esposas por torturar a un motociclista que no había frenado en un control de tránsito...
La abogada María del Carmen Verdú concluye: “Se han intentado todas las variantes para reformar la policía en 30 años de democracia. Pero no ha funcionado nada hasta ahora. Siempre que hay arrestos de narcos salta algún policía. Hace 48 horas fue detenido un agente por tirotear el mes pasado la casa del gobernador de Santa Fe".
“La mayoría roba, pero uno saquea para dar de comer a los chiquitos”
Fernández acusó de extorsión a los policías que dejaron de controlar provincias lastradas por la delincuencia y la pobreza
Por: Alejandro Rebossio
E. G., de 27 años, casada y con cuatro hijos, vive en un barrio precario de la provincia de Buenos Aires. En 2012 participó de los saqueos que ocurrieron en Argentina y esta vez planeaba hacerlo hasta que su padre le advirtió que los supermercados estaban custodiados por la Gendarmería Nacional. Ella dice que lo suyo no es robo porque solo busca alimentos, cada vez más caros, para sus niños, aunque tacha de ladrones a los que se llevan bebidas alcohólicas o televisores. “La mayoría roba, pero uno va a saquear para dar de comer a los chiquitos. Cuando vas a decir al intendente (alcalde) que no tenés para comer, te dice que no tiene nada más que una bolsa con un paquete de fideos, uno de arroz, uno de azúcar, uno de puré de tomate y una botella de aceite por mes, pero te dura dos días”, se queja.
Las razones de los saqueos son variadas: desde la “extorsión” de los policías en huelga que denunció este martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de festejo de los primeros 30 años de democracia ininterrumpida en Argentina hasta una mezcla de delincuencia, desigualdad y pobreza. A diferencia de 2012, esta vez se han disparado por la huelga de policías en 20 provincias que continuaba solo en una de ellas, la norteña Salta, pese a que este miércoles el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, dijo que ya reinaba “un clima de paz y tranquilidad pública”. En enfrentamientos entre saqueadores y comerciantes han muerto diez personas, incluidos adolescentes en situación de pobreza. Ciudadanos de clase media vigilaban con armas largas casas y negocios. Unos 1.900 comercios fueron saqueados. Los policías consiguieron así un aumento salarial del 30% de media, que supera al conseguido por el conjunto de los asalariados argentinos en los últimos 12 meses (26%, frente a un 25,5% de inflación) y que complica las cuentas de las provincias.
La investigadora social Maristella Svampa considera que “diferentes hipótesis buscan explicar” los saqueos. Una es la “catastrofista”, que los compara con los que ocurrieron en la hiperinflación de 1989 o en la crisis de 2001, poco antes de que la pobreza llegara a afectar al 57% de la población. En la actualidad, entre 20% y 24% es pobre. La segunda hipótesis es la “conspirativa, que sostiene que todo saqueo es organizado y de lo que se trata es de detectar a los responsables políticos o sociales”, según Svampa. En 1989, cuando gobernaba el radical (centrista) Raúl Alfonsín, fueron acusados trotkskistas y peronistas. En 2001, cuando caída el radical Fernando de la Rúa, los peronistas que lo sustituyeron. Ahora el kirchnerismo responsabiliza a peronistas opositores, narcotraficantes y delincuentes comunes. “Por último, la hipótesis de índole más sociológica: los saqueos constituyen un repertorio de acción colectiva de los sectores populares, asociados a fuertes estructuras de desigualdad. Desde mi perspectiva, hay que evitar los reduccionismos explicativos”, señala la doctora en Ciencias Sociales. En los 70, el coeficiente Gini de desigualdad de ingresos (el 0 indica equidad total y el 1, la mayor injusticia) era 0,36 en Argentina, pero subió hasta 0,55 en 2002 y en los diez años de gobiernos kirchneristas ha bajado a 0,41 (es 0,34 en España). “Los saqueos iluminan la faz oscura de los sectores subalternos en su intento por invertir un orden desigual, apropiándose de bienes primarios y de consumo que esta sociedad promete a sus consumidores, pero a los que en tiempos normales los pobres están lejos de acceder. Lo novedoso es que las fuerzas de seguridad ahora son conscientes de su capacidad de presión. Del lado de los sectores medios y acomodados afectados, (esto) potencia los prejuicios y la acción racistas y clasistas”, advierte Svampa.
E. G. se entera de la organización de saqueos por el boca a boca y Facebook, aunque hace una semana se le descompuso el ordenador. En 2012 fue a saquear porque su marido solo tenía trabajo un día por semana, ganaba 90 euros al mes y con otros 155 de subvención estatal su familia comía una vez por día. “No tenía miedo porque fui con mi papá”, cuenta. Ahora su marido consiguió empleo formal, cobra 790 euros, sus hijos han vuelto a comer dos veces por día, pero ella planeaba saquear porque la carne vacuna y el pan “aumentan mucho” de precio. Aclara que otros vecinos roban electrodomésticos o ropa para después revenderlos y comprar después bienes básicos. También están los que no participan de saqueos por razones morales o por el riesgo de resultar heridos. Esta vez la presencia de gendarmes la disuadió de ir. “Ni loca voy a que me maten”, cuenta y reconoce que delincuentes y policías de civil participan también de saqueos mientras que punteros(dirigentes políticos barriales) los promueven.
“La policía es una mafia”
Vecinos de la provincia de Buenos Aires relatan los abusos de los agentes
Las razones de los saqueos son variadas: desde la “extorsión” de los policías en huelga que denunció este martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto de festejo de los primeros 30 años de democracia ininterrumpida en Argentina hasta una mezcla de delincuencia, desigualdad y pobreza. A diferencia de 2012, esta vez se han disparado por la huelga de policías en 20 provincias que continuaba solo en una de ellas, la norteña Salta, pese a que este miércoles el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, dijo que ya reinaba “un clima de paz y tranquilidad pública”. En enfrentamientos entre saqueadores y comerciantes han muerto diez personas, incluidos adolescentes en situación de pobreza. Ciudadanos de clase media vigilaban con armas largas casas y negocios. Unos 1.900 comercios fueron saqueados. Los policías consiguieron así un aumento salarial del 30% de media, que supera al conseguido por el conjunto de los asalariados argentinos en los últimos 12 meses (26%, frente a un 25,5% de inflación) y que complica las cuentas de las provincias.
La investigadora social Maristella Svampa considera que “diferentes hipótesis buscan explicar” los saqueos. Una es la “catastrofista”, que los compara con los que ocurrieron en la hiperinflación de 1989 o en la crisis de 2001, poco antes de que la pobreza llegara a afectar al 57% de la población. En la actualidad, entre 20% y 24% es pobre. La segunda hipótesis es la “conspirativa, que sostiene que todo saqueo es organizado y de lo que se trata es de detectar a los responsables políticos o sociales”, según Svampa. En 1989, cuando gobernaba el radical (centrista) Raúl Alfonsín, fueron acusados trotkskistas y peronistas. En 2001, cuando caída el radical Fernando de la Rúa, los peronistas que lo sustituyeron. Ahora el kirchnerismo responsabiliza a peronistas opositores, narcotraficantes y delincuentes comunes. “Por último, la hipótesis de índole más sociológica: los saqueos constituyen un repertorio de acción colectiva de los sectores populares, asociados a fuertes estructuras de desigualdad. Desde mi perspectiva, hay que evitar los reduccionismos explicativos”, señala la doctora en Ciencias Sociales. En los 70, el coeficiente Gini de desigualdad de ingresos (el 0 indica equidad total y el 1, la mayor injusticia) era 0,36 en Argentina, pero subió hasta 0,55 en 2002 y en los diez años de gobiernos kirchneristas ha bajado a 0,41 (es 0,34 en España). “Los saqueos iluminan la faz oscura de los sectores subalternos en su intento por invertir un orden desigual, apropiándose de bienes primarios y de consumo que esta sociedad promete a sus consumidores, pero a los que en tiempos normales los pobres están lejos de acceder. Lo novedoso es que las fuerzas de seguridad ahora son conscientes de su capacidad de presión. Del lado de los sectores medios y acomodados afectados, (esto) potencia los prejuicios y la acción racistas y clasistas”, advierte Svampa.
E. G. se entera de la organización de saqueos por el boca a boca y Facebook, aunque hace una semana se le descompuso el ordenador. En 2012 fue a saquear porque su marido solo tenía trabajo un día por semana, ganaba 90 euros al mes y con otros 155 de subvención estatal su familia comía una vez por día. “No tenía miedo porque fui con mi papá”, cuenta. Ahora su marido consiguió empleo formal, cobra 790 euros, sus hijos han vuelto a comer dos veces por día, pero ella planeaba saquear porque la carne vacuna y el pan “aumentan mucho” de precio. Aclara que otros vecinos roban electrodomésticos o ropa para después revenderlos y comprar después bienes básicos. También están los que no participan de saqueos por razones morales o por el riesgo de resultar heridos. Esta vez la presencia de gendarmes la disuadió de ir. “Ni loca voy a que me maten”, cuenta y reconoce que delincuentes y policías de civil participan también de saqueos mientras que punteros(dirigentes políticos barriales) los promueven.
“La policía es una mafia”
Vecinos de la provincia de Buenos Aires relatan los abusos de los agentes
Por: Alejandro Rebossio
Los diversos cuerpos policiales no tienen la mejor fama en Argentina y en las calles es fácil comprobarlo. A la policía de la provincia de Buenos Aires, donde vive el 38% de los argentinos, se la llamó maldita policía en el final del siglo XX por corrupta y represiva. En la actualidad, tras las huelgas que en las últimas dos semanas dejaron la vía pública librada a saqueos y muertes, un recorrido por la periferia de la capital ratifica la sospecha. El pasado viernes, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusó a policías “de organizar la delincuencia para robar a gente y comercios”.
En San Isidro, en el norte del llamado Gran Buenos Aires, M. —que, al igual que otros entrevistados para este reportaje, por temor a represalias prefiere no se publique su nombre y apellido— vende alfajores (dulces) a los automovilistas que frenan en un semáforo. “Acá no nos piden coimas (sobornos) para trabajar, no es como en los cabarets. En cambio, en Tigre (al norte de San Isidro) tuve algunos cruces con un par de vigis (vigilantes) y yo les dije: ‘Si trabajás, (te persiguen) porque trabajás. Si choreás (robas), porque choreás’. Hay vigis que no te molestan y otros que son corruptos. Un vigi en la (autopista) Panamericana me paró porque íbamos dos en una moto y uno no tenía casco. Nos dijo: ‘Vos sabés cómo se arregla esto’. Nos sacó 300 pesos (34 euros) a cada uno porque si no nos sacaba la cédula de identidad y el registro (carné de conducir). Le pagamos y seguimos en moto sin casco”. M. opina que los policías deberían ganar más. Claro que ahora uniformados con seis meses de formación ganarán más que ingenieros o maestros que trabajan para el Estado.
Es habitual que los policías controlen sin razón a jóvenes de barrios pobres. “Son re [muy] giles [tontos]. Cuando están aburridos, te paran, te preguntan cuántos años tenés, el talle [talla] de las zapatillas, cuánto medís”, cuenta una reciente experiencia N., de 17 años, que con aretes brillosos en ambas orejas y camiseta de Boca Juniors está sentado con un amigo en una esquina del San Isidro más popular y menos lujoso. Caminaba solo por la tarde cuando lo frenaron. “Hablaban corte [estilo] burlándose. Les respondí todo porque, si no, te cagan a palos. Después se fueron”, cuenta N.
No corrió la misma suerte Luciano Arruga, que a los 16 años desapareció en 2009 en Lomas del Mirador, en el sudoeste del Gran Buenos Aires. “Primero los policías le ofrecieron robar para ellos”, cuenta su hermana Vanesa. “Le ofrecían zapatillas para él y la familia, le decían que le daban armas y auto. Él se negó. Luego continuaron con las amenazas y los golpes. Lo paraban en la calle, lo ponían contra la pared, avergonzándolo ante los vecinos. Después comenzó a ser detenido sistemáticamente. Es algo común con los menores de edad de barrios humildes”, cuenta Vanesa. En su momento su familia no denunció el acoso: “Los pobres no somos pelotudos [tontos], no vamos a denunciar sin garantías a una mafia como es la policía. No tenemos plata (dinero) para pagar abogados”. Finalmente, Luciano desapareció y los ocho policías acusados por la familia de matarlo aparecen en la causa judicial como testigos y solo han sido apartados del cuerpo en 2013.
Al lado de semejantes acusaciones, pierden importancia cosas como que los policías nunca paguen una pizza en una pizzería ni los bollos en una panadería. “Antes era costumbre que vinieran un policía pidiendo una pizza para el comisario, pero hace diez años (en la última crisis de Argentina) se acabó, el dueño ya no les dio más y no pasó nada”, cuenta H., encargado de una pizzería de San Isidro. Pero N., empleada de una panadería vecina, cuenta que a las 5 de la madrugada siempre hay un uniformado esperando que abra para llevarse gratis una docena de bollos. “Estaban parados acá, mientras a mí dos veces me intentaban asaltar cuando venía a abrir”, se queja N.
Un comercio cercano sufrió dos robos en menos de un año. El primero, de día, dos ladrones con el rostro descubierto asaltaron a la dueña. “Si hacés la denuncia, cada vez que agarren a un chorro (ladrón) vas a tener que venir a identificarlo”, la desalentó un policía, según J., padre de la propietaria. Ella desistió de hacerla, con el coste de que no pudo cobrar el seguro por robo. El segundo fue por la noche. Una vecina dijo que vio a dos delincuentes rompiendo la reja del negocio. Ella misma y una testigo contaron que después unos policías entraron al local. Pero J. relata que los uniformados negaron haber acudido al lugar.
En San Isidro, en el norte del llamado Gran Buenos Aires, M. —que, al igual que otros entrevistados para este reportaje, por temor a represalias prefiere no se publique su nombre y apellido— vende alfajores (dulces) a los automovilistas que frenan en un semáforo. “Acá no nos piden coimas (sobornos) para trabajar, no es como en los cabarets. En cambio, en Tigre (al norte de San Isidro) tuve algunos cruces con un par de vigis (vigilantes) y yo les dije: ‘Si trabajás, (te persiguen) porque trabajás. Si choreás (robas), porque choreás’. Hay vigis que no te molestan y otros que son corruptos. Un vigi en la (autopista) Panamericana me paró porque íbamos dos en una moto y uno no tenía casco. Nos dijo: ‘Vos sabés cómo se arregla esto’. Nos sacó 300 pesos (34 euros) a cada uno porque si no nos sacaba la cédula de identidad y el registro (carné de conducir). Le pagamos y seguimos en moto sin casco”. M. opina que los policías deberían ganar más. Claro que ahora uniformados con seis meses de formación ganarán más que ingenieros o maestros que trabajan para el Estado.
Es habitual que los policías controlen sin razón a jóvenes de barrios pobres. “Son re [muy] giles [tontos]. Cuando están aburridos, te paran, te preguntan cuántos años tenés, el talle [talla] de las zapatillas, cuánto medís”, cuenta una reciente experiencia N., de 17 años, que con aretes brillosos en ambas orejas y camiseta de Boca Juniors está sentado con un amigo en una esquina del San Isidro más popular y menos lujoso. Caminaba solo por la tarde cuando lo frenaron. “Hablaban corte [estilo] burlándose. Les respondí todo porque, si no, te cagan a palos. Después se fueron”, cuenta N.
No corrió la misma suerte Luciano Arruga, que a los 16 años desapareció en 2009 en Lomas del Mirador, en el sudoeste del Gran Buenos Aires. “Primero los policías le ofrecieron robar para ellos”, cuenta su hermana Vanesa. “Le ofrecían zapatillas para él y la familia, le decían que le daban armas y auto. Él se negó. Luego continuaron con las amenazas y los golpes. Lo paraban en la calle, lo ponían contra la pared, avergonzándolo ante los vecinos. Después comenzó a ser detenido sistemáticamente. Es algo común con los menores de edad de barrios humildes”, cuenta Vanesa. En su momento su familia no denunció el acoso: “Los pobres no somos pelotudos [tontos], no vamos a denunciar sin garantías a una mafia como es la policía. No tenemos plata (dinero) para pagar abogados”. Finalmente, Luciano desapareció y los ocho policías acusados por la familia de matarlo aparecen en la causa judicial como testigos y solo han sido apartados del cuerpo en 2013.
Al lado de semejantes acusaciones, pierden importancia cosas como que los policías nunca paguen una pizza en una pizzería ni los bollos en una panadería. “Antes era costumbre que vinieran un policía pidiendo una pizza para el comisario, pero hace diez años (en la última crisis de Argentina) se acabó, el dueño ya no les dio más y no pasó nada”, cuenta H., encargado de una pizzería de San Isidro. Pero N., empleada de una panadería vecina, cuenta que a las 5 de la madrugada siempre hay un uniformado esperando que abra para llevarse gratis una docena de bollos. “Estaban parados acá, mientras a mí dos veces me intentaban asaltar cuando venía a abrir”, se queja N.
Un comercio cercano sufrió dos robos en menos de un año. El primero, de día, dos ladrones con el rostro descubierto asaltaron a la dueña. “Si hacés la denuncia, cada vez que agarren a un chorro (ladrón) vas a tener que venir a identificarlo”, la desalentó un policía, según J., padre de la propietaria. Ella desistió de hacerla, con el coste de que no pudo cobrar el seguro por robo. El segundo fue por la noche. Una vecina dijo que vio a dos delincuentes rompiendo la reja del negocio. Ella misma y una testigo contaron que después unos policías entraron al local. Pero J. relata que los uniformados negaron haber acudido al lugar.
Fotos: Enrique Marcarian - Reuters / F. Vera - EFE
Fuente: Diario El País
Fuente: Diario El País
