Por: José Crettaz
De las seis cadenas nacionales de noticias, sólo una no es controlada directa o indirectamente por la administración Kirchner. De los cinco canales abiertos de TV capitalinos (cuyo contenido se distribuye en todo el país), uno o dos permanecen aun fuera de la órbita K. De la veintena de diarios que se editan en el área metropolitana, los que no dependen de la pauta oficial para sobrevivir son cuatro o cinco. Y entre las radios AM, podría decirse que sólo dos o tres pueden considerarse independientes.
Entre los académicos, de fuerte actividad en las discusiones previas y posteriores a la sanción de la ley de medios audiovisuales, las aguas están divididas. Para unos, el surgimiento de una hegemonía comunicacional oficialista conlleva el riesgo de un "apagón informativo", mientras que otros ven todavía suficiente diversidad como para garantizar el acceso de las audiencias a "todas las voces".
"No creo que estemos en la antesala de una hegemonía partidaria si por hegemonía tomamos la definición gramsciana de «dirección intelectual y moral» en la que un grupo determinado logra construir consenso alrededor de sus intereses particulares como si fueran el «interés general». Al contrario: el sistema de medios argentino muestra que muchos de los principales medios de comunicación, con mayores audiencias, están en manos de empresas enfrentadas con el Gobierno, al menos desde 2008. La bipolaridad que reproduce el sistema de medios es, paradójicamente, un antídoto contra la invocada «hegemonía»", argumenta Martín Becerra, especialista en economía de la comunicación, investigador del CoNICET y docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
En cambio, para Fernando Ruiz, profesor de Periodismo y Democracia en la Universidad Austral, "hay sectores del oficialismo que quieren seguir avanzando hacia un mayor control del espacio audiovisual haciendo más directa su injerencia, sobre todo, en los canales de televisión de aire. Eso nos podría llevar a un apagón informativo para las grandes audiencias, en las que sean sólo abastecidas por medios oficiales. Si la autoridad regulatoria avanza sobre los medios audiovisuales, y el secretario Guillermo Moreno [de Comercio Interior] avanza sobre la prensa escrita, sólo nos quedarán Internet y las palomas", ironizó.
La voz homogénea oficial, cuya caricatura más grotesca se clonó hasta ahora en los programas televisivos de Diego Gvirtz, 6,7,8, Duro de Domar y TVR , y en los medios gráficos de Sergio Szpolski, está extendiéndose a una red comunicacional más vasta. Ese conjunto de medios abarca la radio y televisión estatal, pero llega con su influencia al ámbito privado por vía de empresarios amigos -Cristóbal López adoptó el perro boxer que fue de su amigo Néstor Kirchner- que desembarcan en el sector, por el sometimiento económico mediante la publicidad oficial (que en 2010 fue de $ 1225 millones) o su contracara: el aprovechamiento empresario de ese sistema prebendario, que incluye a varios contratistas del Estado que ven en los medios una herramienta de apalancamiento de sus negocios principales en construcción, energía o servicios.
Esta red también alcanza a los medios de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y universidades que dependen de fondos federales para su sostenimiento. Y para los que no se alinean, en última instancia está el condicionamiento legal del que son susceptibles muchas empresas tras la creación de situaciones de debilidad jurídica, especialmente a partir de la sanción de la ley de medios audiovisuales.
"Nuevos medios, afines o no al Gobierno, deberían ser buenas noticias, si fueran autónomos. Hay problemas si dependen estructuralmente del Gobierno. Ya sea porque viven de la publicidad oficial, porque sus dueños tienen otros negocios con el Estado que necesitan cuidar, o porque nacen fuera de los parámetros que la ley establece y se mantienen sólo si el regulador hace la vista gorda. En el caso de Cristóbal López, podrían darse los tres factores juntos: publicidad oficial, negocios con los Estados nacional y provinciales y escaso sustento legal de su nueva compra", señala Henoch Aguiar, abogado especialista en telecomunicaciones y ex secretario de Comunicación durante el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso.
Comprar audiencias
Con la compra de C5N (uno de los cinco canales de TV paga más vistos del país) y Radio 10 (líder en audiencia en AM en el área metropolitana), Cristóbal López adquirió altos niveles de audiencia. Pero con comprar público no alcanza, hay que saber mantenerlo. Cuando Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, los dueños de Electroingeniería (constructora entre otras obras de Atucha II y el gasoducto patagónico), se quedaron con Radio del Plata, a fines de 2008, y despidieron al periodista Nelson Castro, esa emisora perdió buena parte de su audiencia y pasó de pelear el cuarto lugar en rating a disputar el sexto.
El gobierno nacional ya había comprado llave en mano una audiencia masiva al hacerse cargo de la televisación de los partidos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la fecha del fin de semana pasado, los 15 partidos televisados (10 de la primera A y 5 del Nacional B) sumaron casi 100 puntos de rating, el equivalente a 10 millones de televidentes. En esas transmisiones sólo se emite propaganda oficial.
Este modelo de medios en manos de empresarios cercanos o influenciables económicamente no es nuevo: el kirchnerismo lo aplicó en Santa Cruz desde fines de los 80, cuando llegó al poder primero en Río Gallegos y luego en la provincia. Pero no es un fenómeno meramente patagónico: se replica a escala provincial y local en todo el país, con consecuencias aún peores en localidades de menos de 50.000 habitantes dada la inexistencia en esos lugares de un mercado publicitario que pueda financiar medios alternativos o de la atomización del sistema mediático que reparte la torta publicitaria entre muchos actores débiles.
"Por supuesto que estamos ante un riesgo de total hegemonía comunicacional. Lo vengo denunciando desde 2006 cuando se comenzaron a incrementar los recursos destinados a publicidad oficial y a aplicar la censura a los que se les negaban esos recursos. La ley de medios se esgrimió como espada de Damocles contra algunos medios, pero nunca pensaron aplicarla sobre otros que viraron su línea editorial hasta hacerla adicta al Gobierno", dice Silvana Giudici, ex diputada radical que se opuso férreamente a la ley de medios audiovisuales y ahora es presidenta de la fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED).
Si se cuenta a 360 TV (canal digital experimental de Electroingeniería dedicado a las noticias, dirigido por Bernarda Llorente y Claudio Villarruel) hay siete cadenas de noticias en la Argentina. Las otras son A24 (grupo Manzano-Vila, con Francisco de Narváez), CN23 (grupo Szpolski-Garfunkel), Canal 26 (Pierri), Crónica (Grupo Olmos), C5N (Cristóbal López) y Todo Noticias (Grupo Clarín). En ningún otro país del mundo hay tantas señales informativas las 24 horas. Aunque no hay información oficial sobre cuánta pauta oficial reciben estos canales, fuentes del mercado publicitario estiman que en 2011 Crónica TV habría embolsado alrededor de $ 15 millones; CN23, en torno de los $ 12 millones; A24, $ 10 millones; y C5N, cerca de $ 30 millones. Estos números sólo contemplan el dinero que canaliza TelAm como agencia de publicidad del estado nacional.
"El gran reaseguro [para evitar la hegemonía] es el periodismo profesional, porque cuando la información es tratada con estándares de calidad es más difícil la manipulación", analiza Fernando Ruiz, que también es vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), entidad profesional que agrupa a más de 300 periodistas. Y añade que, a su juicio, la manipulación de la información construye cercas entre las audiencias y las aísla entre sí. "Cada audiencia está en el corralito de sus medios de preferencia, y las personas pierden en mayor grado la capacidad del diálogo con quienes forman parte de las audiencias de otros medios. Se va perdiendo la base informativa común que hace posible la mejor deliberación democrática."
Para Santiago Marino, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador de la Maestría en Industrias Culturales de la UNQ, es improbable que esté gestándose una hegemonía comunicacional oficial. "En la Argentina actual vivimos la peculiaridad, que se da también en otros países de América latina, de que existe un Gobierno con mucho apoyo social y legitimado recientemente en elecciones con amplio margen, mientras que los medios que lideran las audiencias masivas son aquellos que critican constantemente al Gobierno", afirma. Por eso, dice, "habría que matizar tanto las afirmaciones que aseguran que los medios inciden de modo determinante como aquellas que niegan sus capacidades".
Según la visión de Marino, la consolidación de un grupo vinculado al Gobierno, con audiencia genuina, no es algo bueno o malo en sí mismo. Pero en todo caso, "no hay mejor reaseguro que lo que plantea la ley de servicios de comunicación audiovisual, que no se aplica aún sistemáticamente".
Para Ruiz, en cambio, "los medios que forman parte de bloques ideológicos o políticos pierden la capacidad de matizar su visión de la realidad, y ofrecen esquemas cerrados que sólo construyen audiencias obtusas. No hay buen periodismo si no está desafiando las certezas de su propia audiencia".
Excepciones a la ley
Entre las excepciones a la aplicación de la ley, que abonan la idea de una hegemonía comunicacional oficial, hay otros casos paradigmáticos, como el de Matías Garfunkel. Este empresario es un accionista relevante en dos grupos de medios, uno en sociedad con Moneta (al que luego denunció por estafa en la Justicia) y otro junto con Szpolski.
En ambos ingresó después de la sanción y reglamentación de la ley de medios. Garfunkel también participa en el control de las AM Splendid y Belgrano, y las FM Rock & Pop, Metro y Blue (todas con Moneta), de la AM América (con Szpolski), y es dueño de la FM Vorterix Rock (en cuya producción de contenidos está asociado con Mario Pergolini).
Paradójicamente, el grupo mexicano CIE, dueño anterior de muchas de estas radios, fue obligado a vender por incumplir la anterior ley de radiodifusión, que ya impedía concentrar tantas emisoras.
Otro caso relevante es el de los empresarios José Luis Manzano (ex diputado y ex ministro del Interior menemista) y Daniel Vila, dueños de UNO Medios, el segundo grupo de comunicación del país. Si la ley de medios se aplicara, deberían optar entre la TV paga y la TV abierta, lo que los pone en la situación de tener que elegir entre Supercanal (segunda red de cable del país después de Cablevisión) y su red de canales de TV abierta (controlan América 2 y los canales 11 de Junín, 7 de Mendoza, 6 de San Rafael y 8 de San Juan). La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), organismo de aplicación de la ley de medios, administra esa flojera de papeles. En ese rubro, el caso del Grupo Telefe es especialmente destacable. El principal accionista de esa empresa, que además del canal 11 de Buenos Aires incluye la mayor red de TV abierta privada del país con otros ocho canales en las principales ciudades argentinas, es Telefónica de España, a su vez controlante de Telefónica de Argentina. La ley de medios es especialmente clara en ese punto: ninguna empresa de servicios públicos puede tener empresas de comunicación audiovisual.
Así están las cosas. Y sería bueno que el debate sobre la hegemonía comunicacional -más allá de declamaciones y retórica- empiece a incorporar al debate estos datos, es decir, la lista de irregularidades, increíbles excepciones y favoritismos. Con el cuadro completo, la discusión se vuelve más inteligente.
Quiénes son los dueños de los medios que acompañan al Gobierno en su política comunicacional y amplifican el mensaje oficial
Diego Gvirtz: Productora PPT
Debutó en Canal Siete con el programa 6,7,8 . También produce Duro de domar y Televisión Registrada.
Cristóbal López: Grupo Hadad
El paquete de medios que acaba de comprarle a Daniel Hadad incluye el canal C5N y Radio 10, entre otros.
José Luis Manzano: Grupo UNO
Es socio -junto a Daniel Vila- del segundo multimedios del país, que incluye la señal de noticias A24.
Sergio Szpolski: Grupo Veintitres
Su sociedad con Matías Garfunkel incluye Radio América, CN23, el diario El Argentino y las revistas Forbes y Newsweek .
Alberto Pierri: Telecentro y Canal 26
La señal de cable del ex funcionario del menemismo presta servicio en Capital y el Gran Buenos Aires.
Matías Garfunkel: Con Spolsky y Moneta
El empresario integra dos grupos de medios. Junto a Raúl Moneta es dueño de la FM Rock and Pop, entre otros medios.
AFSCA, el organismo que gestiona la flojera de papeles
A pesar de lo dispuesto en la ley de medios audiovisuales, es difícil establecer con precisión quiénes son los dueños de la mayor parte de las emisoras de radio y TV porque no se cumple con la obligación legal de publicar una "carpeta de acceso público" en Internet con información sobre sus dueños y su proyecto comunicacional. Y ésta es sólo una de las transgresiones que permite la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Lejos de ser un organismo técnico, AFSCA se convirtió en un ente militante. Ni siquiera Damián Loreti, el abogado que escribió el primer borrador de la ley de medios, pudo demostrar los pergaminos de militancia suficientes para presidirlo. En su lugar llegó Santiago Aragón, un hombre de confianza del primer presidente de esa autoridad y actual vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto. Sin embargo, el presidente en las sombras es el vice, Ignacio Saavedra, uno de los referentes de la agrupación La Cámpora y hasta hace pocos meses subgerente de noticias del estatal Canal 7.
En los dos meses que lleva al frente de AFSCA, Saavedra logró tirar por "la ventana" a varios históricos de "la batalla por la comunicación": el anterior vicepresidente, Manuel Baladrón -que como diputado fue una de las voces cantantes en el debate de sanción de la ley- y Luis Lázzaro, coordinador general y ex mano derecha de Mariotto. Desde hacía varios meses, Lázzaro tenía prohibido por la Oficina Anticorrupción actuar en expedientes tramitados por su esposa gestora, Susana Pachecoy. También se fue el director administrativo Alberto Baduán. El poder interno de Aragón es relativo: Saavedra logró que se apruebe un nuevo reglamento interno que estableció que para que tengan validez, las decisiones de AFSCA deben ser firmadas por el presidente y el vice.
AFSCA administra la flojera de papeles. En ese rubro, el caso del Grupo Telefe es especialmente destacable. El principal accionista de esa empresa, que además del canal 11 de Buenos Aires incluye la mayor red de TV abierta privada del país con otros ocho canales en las principales ciudades, es Telefónica de España, a su vez controlante de Telefónica de Argentina. La ley de medios es especialmente clara en ese punto: ninguna empresa de servicios públicos puede tener empresas de comunicación audiovisual. Además, las empresas de telecomunicaciones están impedidas de ingresar en este sector. La misma norma impuso limitaciones estrictas a la formación de cadenas de radio privadas: por eso Cadena 3 recurrió a la Justicia para evitar su desmembramiento. Ese punto también afecta a Radio Continental, del español Grupo Prisa, que había constituido una extensa red en el interior del país. Ni Telefónica ni Prisa ni tampoco el empresario mexicano Ángel Remigio González González (dueño de Canal 9, FM Aspen y el Canal Suri de la TV digital estatal) cumplen además el requisito de extranjería previsto en la ley. En ese punto, el argumento legal es la vigencia del tratado de reciprocidad de inversiones firmado con Estados Unidos por el ex presidente Carlos Menem. Según ese texto, los inversores norteamericanos deben ser tratados en Argentina como si fueran argentinos. Telefónica, Prisa y Albavisión (nombre del grupo de González) operan aquí mediante firmas radicadas en Estados Unidos.
En TV paga, detrás de Cablevisión (Grupo Clarín) y Supercanal, el tercer operador en cantidad de abonados es Telecentro, del ex diputado Alberto Pierri, beneficiado por AFSCA con extensiones de su licencia de operación en La Matanza. Mientras el organismo no logró aún que otros operadores del servicio comiencen a competir en este segmento, y al tiempo que exige a Cablevisión una licencia por distrito, a Telecentro se le permitió expandirse por el norte y el sur del conurbano sin mayores requisitos, algo que incentivó la competencia en TV, banda ancha y telefonía. Telecentro es la única empresa que ofrece los tres servicios -paquete que se conoce como triple play-, lo que la convierte en operador monopólico en ese segmento.
Fuente: Diario La Nación
