Empresas periodísticas rechazan la pretensión de la AFIP de cobrar una deuda
inexistente
Las entidades que agrupan a los editores de diarios y de
revistas y los diarios La Nación ,
Clarín, Buenos Aires Herald y editorial Perfil presentaron un recurso
directamente ante la
Corte Suprema para evitar que la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Economía insistan en reclamar
una deuda inexistente por impuesto al valor agregado (IVA) y ganancia mínima
presunta.
Además de los citados diarios, firman la presentación la Asociación de Diarios
de la República
Argentina (ADIRA), la Asociación de Editores de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina
de Editores de Revistas (AAER), que actúan con el patrocinio de los abogados
Juan Carlos Cassagne y Ezequiel Cassagne.
En los años 90, el Estado consideraba que la actividad de
las empresas gráficas no debía estar gravada con el IVA. Pero la ley 25.063,
impulsada por el ex ministro Domingo Cavallo, generalizó la aplicación del
tributo. Aun así, la ley autorizaba a adoptar medidas compensatorias y los
medios se acogieron a un régimen que les permitía no asumir la nueva carga
impositiva. El convenio de competitividad del sector, que fue instrumentado
mediante los decretos 730 y 761 de 2001, estableció la exención del impuesto a
la ganancia mínima presunta y el cómputo de lo abonado en concepto de
contribuciones patronales como crédito fiscal del IVA.
Cuando estalló la crisis de 2001, el convenio fue alterado
en una de sus condiciones esenciales: se derogó el régimen de convertibilidad
de la ley 23.928, lo que creó una nueva realidad, con alza de la inflación y
aumentos exorbitantes en los costos de la producción.
A fin de atravesar aquella difícil crisis económica y
preservar las fuentes de empleo, las empresas periodísticas, luego de varias
reuniones mantenidas por las cámaras del sector con el Gobierno y de distintas
presentaciones formales, aumentaron el precio de tapa de sus ejemplares.
Haciéndose eco de estas presentaciones, el presidente
Eduardo Duhalde dictó el decreto 1072/02, por el cual el Estado convalidó los
aumentos y estableció una fórmula para fijarles un límite a futuro. Sin
embargo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la AFIP emitió una serie de
dictámenes que desconocieron esos decretos y exigieron el pago de una deuda
millonaria que, en rigor, no existe.
Fuente: Diario La Nación
