El proyecto de ley sobre Papel Prensa, enviado por el Gobierno al Congreso, no significa un paso adelante en la desmonopolización de la propiedad del papel, sino que mantiene la producción de este recurso bajo control de los mismos monopolios
En el proyecto, el gobierno declara a la empresa como de “interés público” y no de “utilidad pública” lo que implicaría abrir la puerta a una eventual expropiación o estatización de la fábrica. La diferencia no es semántica: el proyecto propone la creación de un “consejo consultivo” que deja la elaboración del marco regulatorio en manos de los propietarios “de los diarios de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país”, incluidos los propios Clarín y La Nación.
Es decir que el proyecto avala a los mismos grupos que el gobierno dice combatir, aunque con el sumatoria de otros empresarios periodísticos, muchos de los cuales tienen sus propios monopolios locales o regionales (Vila-Manzano, Kraiselbur).
Tanto las empresas cercanas al gobierno, a través de los monopolios telefónicos (Telefónica, Telecom) y los multimedios privados (Szpolski, Hadad, Ulloa, Olmos), como el pulpo Clarín son ajenos a los intereses de los trabajadores, quienes no tienen ninguna voz en los medios de comunicación, a la vez que son objeto de persecución sindical y censura en los dos casos.
Papel Prensa debe ser expropiada y puesta bajo control de los trabajadores y de las organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales. El papel debe ser accesible –e incluso subsidiado- para los materiales de difusión de todas las organizaciones populares y de trabajadores, sin restricciones. De esa forma se garantizará una pluralidad que permitirá a todas las corrientes políticas, sindicales y de pensamiento la posibilidad de tener una voz propia.
La crisis abierta entre el gobierno y Clarín permite que los trabajadores discutamos nuestra propia salida. Es necesaria una gran deliberación en todo el gremio de Prensa sobre este tema.
La Naranja de Prensa
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