título profesional, mientras que en los géneros de información sí se cuente con este requisito.Por ello, en el artículo 30 del proyecto se contempla que “la elaboración y producción de los noticiarios en cualquier medio de comunicación, debe cumplir con los requisitos atribuidos a la información. El proceso de la información desde la cobertura de las fuentes hasta la redacción de la noticia debe estar a cargo de profesionales en cualquier rama de la comunicación social”.
En la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, vigente desde 1975, en el artículo 15, se considera que los cargos de jefes, subjefes, secretarios de redacción o de información, reporteros o cronistas, tituladores o correctores de estilo, reporteros gráficos, corresponsales, diagramadores e informadores; además de los directores, jefes y reporteros de los programas de información radial, televisada y cinematográfica deberán ser desempeñados, exclusivamente, por periodistas profesionales.
Pero, en la práctica, esto no se cumple. En declaraciones para ANdES, Juan Centurión, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) del Guayas se queja de que la Ley es “letra muerta”. Solo hasta la mitad de la década del ochenta se cumplió, pero luego los dueños de los medios empezaron a irrespetarla y pasarla por alto, manifiesta.
El dirigente, quien ha ejercido la profesión por más de treinta años, deplora que actualmente las salas de redacción de los medios de comunicación estén “plagadas de empíricos”. Esta situación menoscaba la calidad de los contenidos periodísticos –agrega- puesto que, al carecer de una formación académica, estas personas no tienen una responsabilidad ética y moral para dirigirse al público.
Consultado por ANdES, el periodista paraguayo Benjamín Fernández Bogado, considera que el objetivo final, más que propender a una información veraz, responsable o ecuánime, es controlar o amedrentar al ejercicio libre del periodismo.
José Luis Garcés, egresado de periodismo en 2008 en la Universidad Católica de Quito, tiene una posición intermedia y cree que si bien es necesaria la profesionalización “hay que entender también que el periodismo es una labor que se hace no en las aulas universitarias, sino que se aprende en el trabajo diario”.
No obstante, asambleístas que respaldan el proyecto de Ley de Comunicación sostienen que lo que se busca con el reconocimiento del carácter profesional es que los comunicadores accedan a un salario digno.
Este es otro de los puntos que respalda Centurión quien denuncia que en la mayoría de los medios existe una palpable precarización de las condiciones laborales y que, en muchos casos, los empleados no son afiliados al Seguro Social.
Centurión opina que está bien que a los columnistas y a los articulistas no se les exija la profesionalización, sin embargo, precisa que estos deben respetar su ámbito de acción y no mezclar opinión con información. Esto sucedió el 13 de marzo de 2008, cuando el articulista de diario Expreso, Rómulo López Sabando, afirmó que el Gobierno ecuatoriano iba a confiscar dólares para reemplazarlos por una moneda denominada El Cóndor.
El columnista sostenía que era “un secreto a gritos que, procedentes de Irán, vía Chile, entraron al Ecuador once contenedores llenos de billetes. Como el Gobierno no tiene dólares, los ‘cóndores’ estarían listos para que, después de las elecciones, circulen en reemplazo y/o paralelo al dólar al cambio (inicial) de 1 a 1. En Latacunga y en bóvedas de ciertos bancos estarían esos billetes…”, aseguraba.
Esta mezcla sui generis de opinión-información pudo haber generado una conmoción social en un país donde, en 1998, se decretó un feriado bancario.
Respecto a los excesos, Fernández considera que es la ciudadanía, en última instancia, la que debe decidir que lee y a quien cree. Dice que también la ciudadanía debe estar mejor educada para que pueda comprender y distinguir entre el exceso y la moderación, sin que el Estado intervenga.
La profesionalización propuesta, sin embargo, no es un requisito que se exigirá inmediatamente aprobada la Ley. El proyecto en su transitoria sexta prevé que quienes estén laborando en los medios de comunicación en el momento de la publicación de la ley tendrán el plazo de seis años para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30. En este caso, los medios de comunicación social, deberán otorgar las facilidades de horario y económicas, si el caso amerita, para cumplir con esta obligación.
Fuente: Agencia ANdES
