El Gobierno abrió el negocio de la televisión por cable en el país. Con una resolución del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) se aprobó el reglamento para acceso a licencias, una definición que ya tenía nueve años de demora.
Según establece la Resolución 275 publicada este lunes en el Boletín Oficial, se abre el "reglamento para el acceso a las licencias y prestación de los servicios complementarios de radiodifusión por vínculo físico", que figura como anexo de la norma.
La redacción de este reglamento tuvo en cuenta los aportes realizados por los actores del sector, desde la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) que ya manifestaron su rechazo. En diálogo con Críticadigital, el presidente de la ATVC, Walter Burzaco, consideró que “la decisión afecta negativamente a las pymes del interior porque se ha demostrado históricamente que dos competidores no tienen suficiente espacio cuando el mercado chico; uno siempre termina por fundirse".
A pesar de que desde la Casa Rosada insiste en desplegar políticas para desregular la concentración en el mercado de la televisión por cable, Burzaco aseguró que "no hay monopolios porque en las principales ciudades del país hay dos o tres operadores". Según la ATVC en la Argentina el 54 por ciento de los hogares tienen tevé por cable y ese porcentaje sube a 70 en las provincias patagónicas.
A partir de este nuevo reglamento, la Dirección General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos puede proceder a la venta de pliegos, aunque en los considerandos se deja en claro la necesidad de reservar bandas del espectro radioeléctrico atento a la definición de la norma de televisión digital.
Textualmente, la norma firmada por el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, sostuvo que "se encuentra actualmente en discusión en el país la adopción del estándar digital para televisión, el cual implicará, en su oportunidad, una redeterminación de las posibilidades de aprovechamiento del espectro radioeléctrico".
"Por ello y en atención a no impedir el pleno aprovechamiento de las nuevas tecnologías que se incorporen al país, se considera oportuno y conveniente no iniciar nuevos trámites de adjudicación de licencias de servicios complementarios que impliquen la asignación de frecuencias radioeléctricos, tales como las frecuencias UHF, MMDS y servicios satelitales", agregó.
El ante proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que recorre el país de debate en debate propone considerar a la televisión por cable un servicio público y no un servicio complementario, como dice la ley vigente de la dictadura, lo que habilita al Estado a supervisar las tarifas.
En enero pasado, la ATVC aunció una suba del 10,2% en el abono de cable, que en su momento fue comunicada a sus usuarios por los líderes del mercado, Multicanal y Cablevisión, ambas empresas controladas por el Grupo Clarín. Ese aumento fue una decisión tomada también para el resto de las empresas del interior. “Las empresas de la televisión por cable van a corregir el valor de sus abonos durante el primer trimestre de 2009. Será decisión de cada una de las empresas el momento y el porcentaje en razón de cómo afectan sus costos los distintos factores que los componen”, se limitó a decir la ATVC.
La clásula más polémica y que puede a revivir la pelea entre el Gobierno y Clarín es la que "permite la utilización de postes, columnas, ductos, redes e infraestructura ya existente para la prestación del servicio y se prohíben cláusulas de exclusividad en relación a la utilización infraestructura de terceros". O sea, que el Grupo que conduce Héctor Magnetto debe ceder su logística para que el cable llegue a todos las casas del país.