El derecho al acceso a la información pública tiene una fuerte raíz republicana y se corresponde a una concepción robusta de la esfera pública, conformada por principios como la libertad de prensa y de expresión.
El acceso a la información forma parte de una concepción de los seres humanos como dotados de autonomía y capacidad de formular sus planes de vida; a este sujeto político activo se le reconoce, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a "investigar y recibir informaciones". Nada más natural, entonces, que la democracia argentina reconociera y promoviera este derecho básico.
Sin embargo, todavía no existe una Ley de Acceso a la Información y las restricciones siguen afectado a la sociedad civil y, a la vez, favorecen una cultura política autoritaria y discrecional, que articula abusos de poder con prácticas corruptas.
Mientras en América latina la mayoría de los países cuentan con una normativa adecuada y moderna sobre la materia, en el nuestro no es un tema prioritario en las agendas públicas, lo cual muestra otro indicio de deterioro de la calidad institucional. En Chile acaba de comenzar a aplicarse una Ley de Acceso a la información Pública, considerándola como la principal reforma del Estado de los últimos años. Unicamente en Paraguay, Bolivia, Guatemala, Venezuela y Argentina no hay una norma que garantice el acceso a la información.
Actualmente, hay un decreto del Ejecutivo nacional que regula el acceso a la información en sus dependencias, pero esto no es aplicable a los poderes Legislativo y Judicial, así como tampoco a las jurisdicciones provinciales, donde también la laguna está extendida.
Es por lo tanto imprescindible que se priorice la sanción y discusión de una norma destinada a garantizar el acceso a la información pública, para reforzar la cultura democrática y la sociedad civil, y también para transparentar los actos de gobierno y favorecer el control del uso del poder y los recursos públicos.
El derecho de acceso a la información pública es parte del sistema republicano y de derechos humanos. En la Argentina no existe una ley que garantice ese derecho.
Fuente: Diario Clarín
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