La Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario expresa su repudio por la clausura de la imprenta ubicada en 9 de Julio 1176 donde se compone el diario El Observador de la ciudad de San Lorenzo. Hasta la dirección señalada, el miércoles pasado, a las 3 de la madrugada, llegó el director de Tránsito Ariel Santacruz junto a un móvil policial. Allí pidió el permiso de habilitación del lugar y minutos después cerró el sitio sin dejar constancia ni acta alguna, tal como lo señaló a esta Comisión el propietario y director Andrés Sharretta. El cierre del medio de comunicación, tal como se hizo, no admite justificación y se transforma en una muestra de arbitrariedad e intolerancia que pone en peligro la pluralidad informativa y la propia democracia.El Observador sale en San Lorenzo desde 7 años atrás y hace 5 como diario de lunes a sábado. El cruce de las dos clásicas fajas de clausura en el local donde se imprime preocupa por lo desatinado de la decisión, cuando la libertad de expresión y el derecho a la información debieran ser una de las principales preocupaciones de las autoridades municipales sanlorencinas. La clausura viene precedida por algunos hechos llamativos como lo es el pedido de investigación que hizo el Concejo Municipal al Ejecutivo de San Lorenzo para que averigüe si en el lugar se realizaban actividades "para las que no existía habilitación". Por otra parte los concejales del Frente para la Victoria firmaron un documento dirigido al presidente del Concejo, Leonardo Raimundo, en la que hablan de El Observador como un "mal llamado periódico" que tiene el propósito de denostar "a funcionarios municipales del Ejecutivo y a concejales del interbloque del FV".
La democracia y pluralidad informativa requiere de la necesaria amplitud de pensamiento y criterio para que todas las voces puedan escucharse, aun aquellas que no son del agrado de un sector social o político. De ahí que esta Comisión se plantee comunicarse con las autoridades municipales y con los ediles a fin de que se revise la medida. En esta oportunidad no se cuestiona una intervención que es de potestad del Ejecutivo municipal para ejercer el control de habilitación de locales, pero es imprescindible señalar que de todos modos debió mediar la intimación o el aviso correspondiente. En el caso de un medio de comunicación la decisión de la clausura se transforma en práctica peligrosa porque confronta con los derechos contenidos en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales incorporados a ella como son la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de expresión y el derecho a la información que corresponde al conjunto de la sociedad.
Hacemos un llamado para que la intendenta municipal Mónica de la Quintana se exprese por la defensa de derechos esenciales a la democracia a la vez que se pondrá en conocimiento de todas las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan a favor de la libertad de expresión lo ocurrido en San Lorenzo, ya que sienta un lamentable precedente de autoritarismo, censura y proceder antidemocrático que es necesario superar.
Rosario, 26 de julio de 2007
