Por: Alejandro VecchiEste pronunciamiento no tiene por objeto la individualización de responsabilidades personales ni la atribución de nombres propios. Su finalidad es otra y de mayor alcance institucional: contribuir a la correcta orientación del debate público y jurídico en el marco de una de las causas penales más graves y sensibles vinculadas a la sustracción de un menor.
En ese contexto, resulta relevante advertir sobre la incidencia que la circulación de información no debidamente verificada puede tener en procesos penales complejos, especialmente cuando se encuentran en juego bienes jurídicos de máxima jerarquía y cuando la investigación se encuentra aún en curso. Ello impone un deber reforzado de prudencia, profesionalismo y responsabilidad en la producción, tratamiento y difusión de noticias, cuyo impacto trasciende el ámbito informativo para proyectarse sobre la sociedad en su conjunto y sobre la propia administración de justicia.
La educación del cuerpo social —en sentido amplio— constituye un presupuesto indispensable para la vigencia del Estado de Derecho. En la actualidad, dicho presupuesto comprende no solo la formación cívica tradicional, sino también la alfabetización informativa , entendida como la capacidad colectiva de distinguir hechos comprobados de hipótesis, datos acreditados de especulaciones y verdad procesal de construcciones mediáticas carentes de sustento probatorio.
En el caso concreto, el objetivo que debe orientar de manera inequívoca la actuación de todos los operadores institucionales es uno solo y no admite ambigüedades: el esclarecimiento de los hechos y la determinación del paradero del menor , con la expectativa legítima de que sea hallado con vida y en condiciones de integridad. Ese norte debe ordenar la actuación de la familia, de la sociedad, de los órganos de investigación, de los peritos, del Ministerio Público, de los jueces de las distintas instancias y, en su momento, de los tribunales de juicio y revisión.
Cualquier reducción relevante de dicho objetivo — especialmente cuando proviene de la difusión de afirmaciones no corroboradas o de hipótesis extremas presentadas como certezas — debe ser objeto de un escrutinio riguroso , atento al riesgo cierto de afectar la confianza pública en el proceso, condicionar indebidamente su desarrollo o generar daños irreparables en el plano humano e institucional.
No puede soslayarse, asimismo, que en causas de esta naturaleza suelen desplegarse estrategias de perturbación del proceso , consistentes en la generación deliberada de confusión, la deslegitimación anticipada de las actuaciones judiciales o la instalación de narrativas orientadas a erosionar la eficacia de la persecución penal. Frente a ello, la respuesta institucional no puede ser la pasividad, sino el fortalecimiento de los estándares jurídicos, comunicacionales y cívicos , preservando la legalidad del procedimiento y la serenidad del debate público.
Desatender estas circunstancias no es una posición neutral: implica exponer al proceso ya la sociedad a riesgos previsibles . Reconocerlas y actuar en consecuencia, en cambio, constituye una manifestación concreta de responsabilidad institucional y de compromiso con la tutela efectiva de los derechos fundamentales involucrados.
Este 31 de diciembre pasado, fecha en que muchas familias en Argentina se aprestaban a entrar con esperanza y alegría en un nuevo año -con familiares, seres queridos, amigos, como fuera -, en un pueblo correntino, unos padres y hermanos esperaban junto a la silla vacía donde estaba la foto de Loan, con la esperanza de que regrese vivo, sano y salvo. Nadie sabe, desde el 13 de junio de 2024, dónde está, cómo se encuentra ni qué hicieron con él sus secuestradores.
Ese mismo día, y en esos mismos momentos, padres y hermanos, y algunos lectores advirtieron que un medio de comunicación difundía una información nefasta, apostando por la peor de las hipótesis, sin aportar pruebas nuevas ni verificadas.
La pregunta que corresponde hacerse no es personal ni ideológica, sino estrictamente profesional: ¿qué interés público se satisface con esa publicación?, ¿qué utilidad concreta aportó a la búsqueda de la verdad?, ¿qué efecto produjo en una causa abierta y en una familia que aún espera respuestas ya su hijo vivo, sano y salvo?
Cuando una información no esclarece, no prueba y no contribuye, pero sí confunde y aquí, cabe preguntarse si su difusión fue eficaz, necesaria o socialmente responsable. En primer lugar, es justo decirlo con claridad: la prensa argentina, en su enorme mayoría, ha tratado el caso Loan con respeto, prudencia y humanidad . Gracias a ese trabajo, quienes ejercemos la abogacía junto a víctimas de crímenes impunes encontramos en los comunicadores públicos un vehículo indispensable para que la opinión pública conozca, comprenda y acompañe . Es a través de la prensa que la sociedad sabe quiénes somos, qué defendemos, qué hacemos a diario en nuestras vidas profesionales y cómo administramos la confianza que se nos deposita cuando están en juego la libertad personal, el patrimonio o los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Nuestra prensa y nuestros periodistas han respetado al niño, su vida, su dignidad y el dolor de su familia. Ese dato es innegable. Y ese estándar mayoritario merece ser reconocido y agradecido, porque constituye una barrera efectiva frente a los intentos de manipulación de una causa penal por parte de imputados y defensas poderosas , sostenidas muchas veces por recursos económicos significativos y por vínculos con estructuras de poder político, mediático o judicial que operan mediante la confusión deliberada, la especulación interesada y, finalmente, la búsqueda del silencio y de la anomia social.
Esa anomia – el desinterés colectivo – no es un fenómeno neutro: resulta vital y, en ciertos casos, fatal para una República que se precie de tal. Por ello, los letras independientes tenemos razones fundadas para estar agradecidos a la prensa: es ella la que amplifica la voz de los ciudadanos víctimas de delitos , muchas veces indefensos o desatendidos por la institucionalidad, y la que impide que el poder del hecho consumado se imponga por desgaste.
En ese marco se inscribe el trabajo de Editorial Perfil , una casa periodística atravesada por un antecedente extremo: el asesinato de su reportero gráfico José Luis Cabezas a manos de una organización criminal mafiosa, que —mientras el hecho era investigado judicialmente— continuó amenazando, querellando y denunciando a sus profesionales como forma de escarmiento por su trabajo en el periodismo de investigación.
Desde ese lugar, y con esa memoria institucional, Perfil se ha hecho y se hace eco de los movimientos judiciales probados, concretos y legítimos del caso Loan. Lo hace con un criterio innegociable, sostenido a lo largo de los años y fundado en una práctica coherente: evitar amplificar operaciones turbias, aceptadas o incomprensibles, y poner a la sociedad en contacto directo con la voz de los tribunales competentes, de sus autoridades y con la palabra de los padres y hermanos de Loan. Le guste a quien le guste.
Incluso — y esto no es un dato menor — habilitando en su propio espacio la publicación de opiniones y comentarios que expresan un desacuerdo frontal con su línea editorial. Libertad de expresión en su estado más puro , ejercida con responsabilidad, pluralismo y sin abdicar del rigor.
Para Voltaire , la libertad de expresión debía ser defendida como un resguardo frente al poder y el fanatismo , nunca como una coartada para abdicar de la responsabilidad moral de la palabra . La palabra también es un instrumento de poder; y todo poder exigir un uso cuidadoso, proporcional y responsable. Desde ese estándar, resulta pertinente formular una reflexión serena cuando, en el marco de una investigación en pleno desarrollo — con intervención policial, del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia Federal — se difunde información periodística no verificada , que no aporta datos nuevos ni confirmados y que, sin embargo, instala públicamente hipótesis extremas en una causa abierta y aún desprovista de certezas fácticas.
Ello conduce a una pregunta inevitable: ¿qué lugar se asigna a quienes, frente a la ausencia de prueba concluyente, se resisten a clausurar anticipadamente la investigación y continúan esperando que el niño regrese con vida? ¿Se los presenta como negadores de la realidad, como voluntaristas sin comprensión de los hechos, o simplemente como ciudadanos que exigen que la verdad sea establecida por los canales institucionales y no por anticipaciones mediáticas?
Porque si la única alternativa ofrecida es asumir como verdad definitiva una hipótesis no corroborada, difundida además en un contexto temporal especialmente sensible, entonces el problema ya no es jurídico ni periodístico. Es otro. Y ese otro — el de justificar por qué se necesita extinguir la esperanza ajena antes de tiempo — difícilmente pueda resolverse desde el interés público, la ética profesional o el debate democrático.
Defender la libertad de expresión no implica abdicar de la responsabilidad social del periodismo. No son conceptos opuestos: son inseparables. La libertad de prensa existe para informar, para controlar al poder y para contribuir a la verdad; no para anticipar conclusiones que la Justicia — que actúa sin pausa desde aquel día — aún no ha alcanzado. Conviene recordarlo, porque a veces parece olvidarse lo elemental.
Ética periodística básicaTodo periodista serio sabe que:
- no se presentan hipótesis como hechos,
- no se revictimiza a familiares de personas desaparecidas,
- no se especula cuando no hay prueba,
- no se cambia la humanidad por clics,
- no se instalan certezas donde solo hay investigación en curso.
Cuando se escribe que un niño “estaría enterrado” sin prueba concluyente, no se informa: se modela una representación mental en la sociedad. Y eso tiene efectos concretos, medibles y graves: desaliento, confusión, resignación, desgaste social y —en el extremo— la naturalización de una muerte que nadie ha probado.
Eso no es neutral. Eso no es inocente.
El daño invisible (pero real)Estas publicaciones:
- confunden a la sociedad,
- hieren a la familia,
- desorientan a personas de buena fe,
- erosionan la confianza en la búsqueda,
- Instalan como verdad lo que no pasó por ningún probatorio estándar.
Y lo hacen cuando más se necesita exactamente lo contrario : claridad, prudencia y responsabilidad.
Cuando la verdad todavía no apareció y cada dato serio vale como el agua en el desierto.
No se trata de censurar.
No se trata de llamar.
No se trata de atacar al periodismo.
Se trata de diferenciar hechos de conjeturas , investigación judicial de especulación mediática, información responsable de impacto vacío. Porque la libertad de expresión no se debilita cuando se ejerce con cuidado: se fortalece . Y el periodismo gana autoridad cuando decide no correr detrás del golpe fácil, sino sostener la búsqueda de la verdad con rigor, contexto y humanidad.
En el caso de Loan, eso es lo que la sociedad necesita. Sí, sobre todo, lo que Loan y su familia merecen.
Fuente: Diario Perfil
