lunes, 20 de abril de 2026

El Ludueña como mapa colectivo: ciencia, territorio y futuro en disputa

En Funes se realizó el segundo mapeo colectivo del Arroyo Ludueña, una iniciativa que reúne vecinos, instituciones, sector privado y equipos científicos del CONICET para construir información pública sobre la cuenca. En esta columna, Sofía Naranjo integra las voces del encuentro y reflexiona sobre la potencia ambiental, social y política de un territorio atravesado por el agua, la urbanización y el cambio climático
Por: Sofía Naranjo*

El Arroyo Ludueña vuelve a ser escenario de una discusión urgente y necesaria sobre cómo habitamos, conocemos y planificamos nuestros territorios. En la Quinta de Funes, Sitio de Memoria, se realizó el segundo mapeo colectivo para su recuperación, una jornada de trabajo colaborativo donde vecinos, organizaciones, sector privado y equipos científicos del CONICET se reunieron para construir una mirada integral sobre la cuenca.

El objetivo es realizar un mapeo integral que identifique la situación actual de la cuenca y permita diseñar estrategias de gestión que involucren a todos los actores del territorio. Del encuentro participaron instituciones, funcionarios y referentes del sector productivo no solo de Funes, sino también de localidades vecinas como Roldán, Pérez e Ibarlucea. El objetivo fue visibilizar las percepciones de los distintos actores sobre el Ludueña y las posibilidades de transformarlo.

La metodología del mapeo permite volcar la información recolectada en materiales técnicos y en un mapa digital de acceso público. Estos insumos pretenden ser herramientas concretas para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas regionales, buscando una coordinación eficiente entre la inversión privada y la infraestructura del curso de agua. Esta instancia en la ciudad representa la segunda de tres jornadas planificadas, tras un primer encuentro realizado en Rosario. El objetivo final es fortalecer los vínculos entre los habitantes, las empresas y los organismos de decisión. La actividad no se suspende por lluvia y los interesados deben registrarse a través del formulario oficial para participar de este espacio de planificación urbana.
En este marco, la jornada dejó también un saldo profundamente alentador desde lo humano y lo colectivo. Fue una instancia de trabajo muy provechosa, en la que se acercó gente con mucho conocimiento técnico e histórico, tanto funenses como personas de familias de la ciudad, que pudieron dar cuenta de cómo era Funes hace varias décadas y de las transformaciones que atravesó.

También participaron personas con mucho interés, que se acercaron principalmente a escuchar y aprender sobre el arroyo. En ese intercambio, se hizo evidente que el Ludueña moviliza y conmueve cada vez más a la comunidad, algo que resulta sumamente significativo en términos de construcción ambiental.

El encuentro además sirvió para fortalecer los espacios de trabajo colectivos en defensa del ambiente y los derechos humanos que ya vienen funcionando en Funes. Que estos espacios sean conocidos, que se visibilicen sus actividades y que más personas puedan sumarse y ser parte, constituye uno de los logros más importantes de la jornada.

El arroyo Ludueña es un curso de agua dulce que atraviesa distintas localidades y desemboca en el río Paraná. Muchas veces es invisibilizado, pero tiene una gran biodiversidad porque funciona como corredor biológico entre esa Pampa y los humedales del delta del Paraná. Entonces realmente, pese a todas las problemáticas y lo golpeado que está ese arroyo, tiene una potencialidad de poder recuperarse y de poder recuperar, mantener y recuperar toda la biodiversidad que hoy todavía alberga.

Y esta actividad de mapeo viene en ese sentido. Todos los vecinos, vecinas, actores de todos los lugares de la sociedad, funcionarios, personas que se desarrollan en el sector privado, que estén en contacto con este arroyo, porque viven cerca, porque lo visitan o porque en algún momento de sus vidas lo visitaban, lo frecuentaban, pescaban, por el motivo que sea, pueden venir a aportar este mapeo que tiene la finalidad de recabar esa información que muchas veces o está invisibilizada o no está valorada porque no viene del lado de los expertos. Hoy está, pero está desperdigada en distintos documentos y notas.
La idea también es poder centralizar en esta actividad y además poder generar redes de trabajo, ya que es un encuentro presencial donde el intercambio se va a dar de manera natural y es también lo que queremos dentro del objetivo de esta actividad. Tiene el objetivo de que todos, con la misma voz, podamos brindar nuestros conocimientos, nuestra opinión sobre lo que le está sucediendo y sobre las posibilidades que hay para transformar, entendiendo que el futuro no está dado y que desde la ciudadanía y desde cada uno podemos aportar para hacer ese futuro diferente.

Este mapeo es una herramienta que apunta a una investigación que estoy haciendo en mi tesis doctoral, una investigación más amplia, donde hago foco en los humedales que están en las zonas bajas o zonas inundables de la cuenca del Ludueña. Y eso está directamente relacionado con dónde no es riesgoso urbanizar y dónde sí, porque con una lluvia fuerte o en un contexto de mayor lluvia o de eventos más extremos, hay muchas chances de que una casa termine bajo el agua. Entonces, sabiendo cuáles son las zonas bajas, donde ya hay otros ecosistemas como los humedales, que cumplen funciones muy importantes para evitar que el resto de Funes y el resto de Rosario, aguas abajo de esa cuenca, se inunden, esto es una herramienta fundamental para planificar la urbanización en un contexto de cambio climático que ya estamos viviendo, con alertas amarillas constantes y eventos cada vez más impredecibles.

El primer mapeo lo hicimos en la Vecinal de Empalme Graneros, que sería el último tramo de la cuenca del arroyo antes de encontrarse con el Paraná. Ahora nos estamos centralizando en la zona media de la cuenca. Es por eso que nos encontramos en Funes, pero la convocatoria es abierta para la gente de Roldán, para la gente de Ibarlucea, para la gente de Pérez, que están en la zona intermedia de la cuenca. Y vamos a hacer un tercer mapeo en la zona de la naciente del arroyo en los meses siguientes.

La verdad es que lleva mucho tiempo interpretar los mapas que se van generando y luego analizar qué puedo decir de lo que los grupos trabajaron. El arroyo es el mismo, pero tiene problemáticas específicas a lo largo de su curso. Lo que notamos mucho en Rosario es que está muy inaccesible el arroyo para la comunidad, dado que a veces son lugares vandalizados, inseguros, donde no hay mantenimiento de la vera del arroyo y hay microbasurales. Entonces, claramente la gente no va, no tiene ganas de ir.

Hay un principio muy importante en la educación ambiental que es: no se cuida lo que no se conoce. Si no podemos acercarnos al arroyo y conocer toda la vida que todavía hay —lagartos, tortugas, un montón de tipos de aves— nunca lo vamos a cuidar y nunca vamos a poder revertir la situación de que el arroyo pueda florecer.

Escuchá la columna:
*Licenciada en Biotecnología y Máster en Ciencias Biológicas con orientación en Ecología, becaria de CONICET y miembro del Taller Ecologista

Pinturas con plomo: el riesgo que persiste en las paredes de casa

Un estudio del Taller Ecologista detectó niveles hasta 25 veces superiores a lo permitido en esmaltes sintéticos vendidos en Santa Fe y Buenos Aires. Aunque la mayoría de las marcas cumple la norma, advierten que la exposición sigue siendo un problema vigente, especialmente para niños y niñas
El hallazgo volvió a encender alarmas que, en rigor, nunca se apagaron del todo. Detrás de cifras que superan ampliamente los límites permitidos, el problema del plomo en pinturas de uso hogareño reaparece con una persistencia inquietante. Esta vez, los datos provienen de una nueva ronda de análisis realizada por el Taller Ecologista, una organización que desde hace años sigue de cerca la presencia de este metal tóxico en productos de consumo masivo. En su último estudio, centrado en esmaltes sintéticos de base solvente, los resultados fueron contundentes: dos de las muestras analizadas exhibieron niveles extremadamente elevados, particularmente en colores bermellón y amarillo, comercializados en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Valores que exceden los límites
La investigación, llevada a cabo en diciembre de 2025, confirmó que, si bien una parte importante del mercado parece haber avanzado hacia el cumplimiento de la normativa vigente, persisten casos que desbordan cualquier margen de seguridad. El límite establecido por la resolución Nº 7/2009 del Ministerio de Salud —600 partes por millón (ppm)— fue superado de manera drástica: una muestra alcanzó las 15.361 ppm y otra las 10.700 ppm.

Giovanny Landínez, licenciado en Ciencias del Ambiente e integrante del Taller Ecologista, reconstruye en Señales el recorrido de este trabajo sostenido en el tiempo. Explica que los análisis se vienen realizando desde hace más de cinco años y que, en términos generales, se ha observado una evolución positiva. La mayoría de las marcas evaluadas, señala, se encuentra dentro de los parámetros permitidos. Sin embargo, advierte que los casos detectados en esta última medición resultan particularmente alarmantes: de diez muestras analizadas, dos presentaron concentraciones que superan entre 17 y 25 veces el límite legal.

Un tóxico que se acumula en el cuerpo
El problema, insiste, no es solo estadístico ni regulatorio, sino profundamente sanitario. El plomo, recuerda, es un metal pesado con efectos acumulativos en el organismo. Puede ingresar por distintas vías —respiratoria, digestiva o a través del contacto con la piel— y, una vez en el torrente sanguíneo, tiende a depositarse en huesos y dientes. El cuerpo lo incorpora como si fuera calcio, lo que favorece su acumulación progresiva incluso a partir de exposiciones mínimas. Esa característica convierte cualquier contacto en un riesgo latente, cuyos efectos pueden manifestarse con el tiempo.

Landínez subraya que las consecuencias no son abstractas: están directamente vinculadas con daños concretos en la salud humana. La exposición al plomo afecta el sistema nervioso y puede derivar en problemas cognitivos, alteraciones del comportamiento y diversas enfermedades que impactan de manera duradera. El cuadro se agrava en los grupos más vulnerables, especialmente en niños y niñas, así como en mujeres embarazadas. En esos casos, explica, el organismo aún se encuentra en desarrollo, con sistemas que no han alcanzado su madurez, lo que vuelve a los daños potencialmente irreversibles.

El peligro invisible en el hogar
En ese contexto, la persistencia de pinturas con niveles tan elevados de plomo no solo evidencia fallas en los controles, sino también la necesidad de sostener —y profundizar— los monitoreos independientes. Para el Taller Ecologista, cada nueva ronda de análisis no solo aporta datos, sino que también vuelve a poner en agenda una problemática que, pese a los avances, sigue representando un riesgo concreto para la salud y el ambiente.

A medida que el diálogo avanzaba, la preocupación dejaba de ser una abstracción técnica para volverse una escena cotidiana: una pared, una casa, una pintura que envejece. Giovanny Landínez, desde Rosario, explicaba que el riesgo no se limita al momento en que se aplica el producto. Por el contrario, el problema puede aparecer con el paso del tiempo. Cuando la pintura que contiene plomo comienza a degradarse —ya sea por el desgaste natural de los años o por intervenciones sobre superficies antiguas— ese metal pesado, que en principio queda fijado en el pigmento, empieza a liberarse.

En ese proceso, el contacto con el tóxico se vuelve posible incluso en espacios domésticos aparentemente seguros. Restos de pintura vieja, polvo generado por el deterioro o por trabajos de renovación pueden convertirse en vías de exposición. Así, superficies pintadas hace años siguen representando un riesgo vigente, una suerte de contaminación diferida que permanece latente en el ambiente cotidiano.
Controles débiles y normas que no siempre se cumplen
Landínez señala que esta situación obliga a pensar el problema más allá del presente inmediato. No se trata solo de controlar lo que hoy se comercializa, sino también de considerar las consecuencias de prácticas pasadas. En ese sentido, insiste en la necesidad de fortalecer las regulaciones y, sobre todo, de hacerlas cumplir con mayor rigor. Recuerda que el límite argentino —600 partes por millón— incluso resulta más permisivo que el de otros países, donde los valores admitidos descienden hasta 90 ppm. El objetivo, sostiene, debería ser avanzar hacia la reducción progresiva y el reemplazo total del plomo en la industria.

El relevamiento realizado por el Taller Ecologista buscó, precisamente, aproximarse a las condiciones reales de consumo. Para ello, las muestras fueron adquiridas en distintos puntos de venta: desde grandes cadenas de pinturerías hasta comercios de barrio. La intención, explica, fue reproducir el comportamiento habitual de cualquier persona al momento de comprar. En ese recorrido, la presencia de productos fuera de norma apareció de manera puntual pero significativa: en uno de esos locales se detectó una marca con niveles elevados de plomo, confirmando que el problema no está completamente erradicado del mercado.

El marco legal existe. La resolución Nº 7/2009 del Ministerio de Salud establece claramente los límites permitidos y, según remarca Landínez, la mayoría de las empresas cumple con esos parámetros. Sin embargo, los casos detectados evidencian que el incumplimiento persiste y que los mecanismos de control no siempre logran prevenirlo. En teoría, hay sanciones previstas, pero en la práctica la aplicación de la norma resulta desigual.

Qué tener en cuenta al momento de pintar
Ante ese escenario, el Taller Ecologista opta por un manejo cuidadoso de la información. Las marcas involucradas no se difunden públicamente de manera directa, sino que se comunican a organismos e instituciones con capacidad de intervención. Entre ellos, menciona la Sociedad de Pediatría de Rosario, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, tanto a nivel local como en la provincia de Buenos Aires. La estrategia apunta a canalizar los datos hacia ámbitos donde puedan traducirse en acciones concretas de control y prevención.

En paralelo, aparece la dimensión más inmediata: la de quienes están por pintar sus casas. Allí, la recomendación se vuelve pragmática. Optar por marcas reconocidas puede ofrecer mayores garantías de cumplimiento normativo, aunque eso implique un costo más elevado. Para Landínez, esa diferencia de precio debe leerse como una inversión en seguridad, una forma de reducir la exposición a sustancias peligrosas en el entorno doméstico.

La pregunta por el control estatal abre, finalmente, otra capa del problema. El organismo que debería encargarse de estas verificaciones es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sin embargo, según advierte, atraviesa un momento crítico, con recortes y despidos que debilitan su capacidad operativa. Incluso circulan propuestas de privatización que, de concretarse, podrían afectar la independencia y confiabilidad de los controles. En ese contexto, la detección de pinturas con altos niveles de plomo no solo revela una falla puntual, sino que también expone las tensiones estructurales de un sistema de regulación que, lejos de consolidarse, parece enfrentar un escenario de fragilidad creciente.

Escuchá la entrevista:

domingo, 19 de abril de 2026

Falsas denuncias en agenda: Lucrecia Aranda cuestiona el relato y alerta por la subdenuncia

Lejos de la política institucional, la histórica militante feminista vuelve a intervenir en el debate público ante lo que define como una amenaza a los derechos de las infancias. Advierte sobre el impacto de discursos que ponen en duda a las víctimas y reclama más recursos para investigar delitos sexuales, en lugar de endurecer penas por denuncias falsas
Lucrecia Aranda es una dirigente política y social de la provincia de Santa Fe, con una extensa trayectoria vinculada al Partido Socialista y a la ciudad de Rosario. Fue diputada provincial y se destacó por su trabajo en temas de género, derechos humanos y políticas sociales. Antes de llegar a la Legislatura, fue la primera titular del Área de la Mujer de Rosario y una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, creada en 2005. Desde ese rol, fue pionera en impulsar políticas públicas con perspectiva de género en la ciudad y se consolidó como una referente histórica en la lucha por los derechos de las mujeres en la Argentina.

Militancia, Estado y derechos conquistados
Militante feminista desde el retorno de la democracia, participó activamente en la construcción de la agenda de derechos de las mujeres y en espacios pioneros del movimiento en Rosario. Durante su paso por la Cámara de Diputados de Santa Fe, promovió iniciativas orientadas a la protección de derechos, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Impulsó proyectos para transparentar los sistemas de adopción y combatir redes ilegales vinculadas a la niñez, y tuvo un rol activo en el debate sobre trata de personas y explotación sexual, reclamando políticas más eficaces de prevención y acompañamiento. También trabajó en propuestas para revisar normativas que habilitaban prácticas arbitrarias, con una mirada centrada en los derechos humanos. En la actualidad, integra la Asamblea lesbotransfeminista de Rosario.

La escena: una preocupación urgente
Lejos del ritmo áspero de la política institucional, Lucrecia Aranda vuelve a hablar. No desde una banca ni desde un cargo, sino desde el estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria, donde su voz conserva la misma firmeza que atravesó décadas de militancia. Llega puntual, saluda con calidez y, antes de que la conversación avance, deja escapar una ironía: la presentación —dice— la hace sentir “un poco vieja”. Sonríe. No hay nostalgia en el gesto, sino una forma de marcar distancia.

Hace tiempo que se corrió de los espacios formales de poder, pero no del debate público. Hay temas que, para ella, no admiten retiro. Esta vez, el disparador es lo que define como una amenaza concreta: la instalación de discursos que ponen en duda las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias. Habla de un clima que se enrarece, de una narrativa que gana terreno y que —advierte— no es inocente.

Desde ese lugar, Aranda vuelve a intervenir. Y lo hace con una certeza que no se ha movido con los años: cuando se debilita la palabra de quienes denuncian, lo que está en juego no es sólo una discusión pública, sino la posibilidad misma de que esos abusos salgan a la luz.

El foco en las denuncias falsas
Desde ese lugar, explica el motivo de su reciente posicionamiento público: una preocupación creciente por lo que define como una ofensiva discursiva contra las denuncias de abuso sexual en infancias y adolescencias. Señala que, en los últimos días, distintos medios de comunicación de Rosario, de la provincia y del país han instalado la idea de una supuesta "catarata" de denuncias falsas. Según describe, esa narrativa presenta a "mujeres malvadas que persiguen a pobres padres alejados de sus hijos", una construcción que considera falaz y deliberada.

Aranda sostiene que se trata de una operación para influir en la opinión pública y la vincula directamente con una iniciativa legislativa impulsada por la senadora Carolina Losada. Ese proyecto, explica, propone aumentar las penas para el delito de falsa denuncia cuando esté relacionado con casos de abuso sexual infantil, violación u otros delitos denunciados por mujeres, niñas, niños y adolescentes. Subraya que el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, y que la propuesta busca endurecer las sanciones en un terreno particularmente sensible.

Subdenuncia: el verdadero problema
En su análisis, la instalación mediática de este tema no responde a una problemática real en términos estadísticos. Reconoce que pueden existir denuncias falsas, como en cualquier otro delito —estafas, robos—, pero insiste en que son casos excepcionales. "Son mínimas, el cero coma algo por ciento", enfatiza, para luego contraponer ese dato con lo que considera el verdadero problema: la enorme subdenuncia de los delitos sexuales.

Para sostener su argumento, recurre a datos de la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC, que revela que 9 de cada 10 personas que sufrieron ofensas sexuales no realizaron la denuncia. El número, remarca, es contundente y desarma la idea de una supuesta masividad de denuncias falsas. Por el contrario, lo que existe es un silencio extendido, motivado por la vergüenza, la culpa, la desconfianza en el sistema judicial y el temor a la exposición.

Infancias, relatos y complejidad
En ese sentido, describe situaciones concretas: madres que, ante un abuso, optan por alejar al agresor sin judicializar el caso, para evitar que sus hijas o hijos atraviesen procesos revictimizantes, como entrevistas reiteradas o pericias invasivas. Esa realidad, asegura, se repite tanto en Santa Fe como en el resto del país.

Aranda también menciona que, frente a esta coyuntura, comenzaron a surgir pronunciamientos críticos desde distintos sectores. Uno de ellos, señala, fue reflejado por el diario La Capital, luego de haber publicado previamente varias notas centradas en la problemática de las denuncias falsas. Para ella, este giro evidencia que el debate está abierto, pero también que existe una disputa por el sentido de lo que se instala en la agenda pública.

Su intervención, entonces, no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una trayectoria coherente: la de una militante que, incluso fuera de los cargos institucionales, continúa interviniendo en discusiones clave, con la convicción de que los derechos conquistados —especialmente en materia de género y niñez— requieren una defensa permanente.
Un sistema bajo presión
El pronunciamiento al que alude Lucrecia Aranda no fue aislado ni menor. En medio de la creciente instalación mediática sobre las supuestas denuncias falsas, distintos organismos del sistema judicial salieron a fijar posición. El documento, difundido el 10 de abril, llevó la firma del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, y advirtió con claridad que la idea de una "epidemia" de falsas denuncias carece de sustento empírico. Más aún, alertaron que este tipo de construcciones generan efectos regresivos y expresaron su preocupación por proyectos legislativos basados en diagnósticos erróneos y datos falsos.

Para Aranda, ese posicionamiento confirma lo que desde los espacios feministas vienen señalando: que no se trata de un debate técnico sino de una disputa política y cultural. En su mirada, la avanzada tiene un objetivo concreto: desalentar la denuncia, instalar sospechas sobre quienes acuden a la justicia y, en definitiva, invertir la carga de la prueba. "Quien va a denunciar un abuso sexual infantil hoy se encuentra sospechada", plantea, subrayando además que esa sospecha recae mayoritariamente sobre mujeres.

La dirigente describe con precisión cómo circula la palabra de niñas y niños en situaciones de abuso. No aparece, en la mayoría de los casos, en tribunales ni en comisarías, sino en ámbitos cotidianos y de confianza: la escuela, el centro de salud, el comedor comunitario. Allí, señala, son generalmente mujeres —docentes, pediatras, trabajadoras sociales— quienes escuchan, detectan señales o advierten signos compatibles con situaciones de violencia. De ese entramado surge muchas veces la primera alerta, desmontando el estereotipo de la madre que inventa una denuncia para perjudicar a un padre.

Incluso, advierte, en no pocas ocasiones la madre no es quien inicia el proceso. El llamado "develamiento", ese momento en que el niño o la niña logra expresar lo que está viviendo, provoca un cimbronazo profundo. La primera reacción, dice, suele ser la negación, no por desinterés sino por el impacto devastador de lo que implica. El abuso sexual infantil, explica, es uno de los delitos más desestructurantes: quiebra la confianza primaria y, muchas veces, se inscribe en el núcleo familiar, atravesado por el tabú del incesto. Cuando el agresor es el padre, el padrastro, un abuelo o un hermano, la crisis no es sólo individual sino de toda la familia.

En ese contexto, los relatos de las víctimas no siguen una lógica lineal. Aranda describe cómo niñas y niños, al percibir el dolor que generan sus palabras, pueden retractarse o fragmentar sus testimonios. Por eso insiste en la importancia del trabajo profesional: psicólogas, peritos y equipos interdisciplinarios capaces de interpretar esos relatos en su complejidad. Sin embargo, advierte que ese mismo entramado hoy está bajo presión. En Rosario, menciona, hay profesionales —psicólogas, médicas forenses, docentes— que enfrentan denuncias o cuestionamientos por intervenir en estos casos.

El riesgo no es abstracto. Aranda trae a la memoria el caso de Vanesa Castillo, la maestra asesinada tras acompañar a una niña que había denunciado abuso intrafamiliar. Ese episodio, señala, expone el nivel de violencia y de exposición al que quedan sometidas quienes intervienen. En ese marco, no sorprende que cada vez sea más difícil encontrar profesionales dispuestos a asumir estos casos, atravesados por la complejidad, la carga emocional y también por presiones externas.

La dirigente describe un escenario donde las fiscalías están desbordadas y, al mismo tiempo, sometidas a fuertes tensiones. Habla de amenazas, de lobbies, de presiones que atraviesan a todos los actores del sistema. Y subraya un elemento clave: a diferencia de otros delitos, el abuso sexual infantil atraviesa todas las clases sociales. Cuando las denuncias alcanzan a sectores con poder económico, advierte, entran en juego mecanismos de presión mucho más sofisticados.

Números que interpelan
Los números, en ese sentido, vuelven a ser contundentes. La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, informó recientemente en la Legislatura que durante 2025 ingresaron 4.984 denuncias por delitos contra la integridad sexual. De ese total, apenas el 7,1% llegó a una condena efectiva, mientras que el 81,7% fue desestimado o archivado, en la mayoría de los casos por falta de pruebas. Para Aranda, estos datos no indican falsedad sino la enorme dificultad probatoria de este tipo de delitos.

Porque, explica, el abuso sexual infantil suele ocurrir en ámbitos privados, sin testigos y sin dejar huellas físicas evidentes, especialmente en niños pequeños. Además, no se trata de hechos aislados sino de procesos: el agresor construye progresivamente una relación abusiva, muchas veces bajo la apariencia de afecto o cuidado. Esa dinámica, sumada a la corta edad de las víctimas, hace que los casos se revelen años después de iniciados.

En ese entramado, la llamada Cámara Gesell aparece como una herramienta central pero también limitada. Aranda la describe como un dispositivo donde el niño declara frente a un equipo profesional, mientras es observado desde otro espacio. Sin embargo, advierte que esa instancia muchas veces se sobredimensiona como prueba única. El miedo, la demora —que puede ser de meses— y la exigencia de un relato ordenado conspiran contra la posibilidad de obtener testimonios claros. Los niños, recuerda, no hablan como adultos: sus relatos son fragmentarios, a veces contradictorios, atravesados por el trauma.

Recursos vs. castigo
Por eso insiste en la necesidad de fortalecer el sistema: más recursos, más profesionales, más herramientas para recolectar pruebas. Contrapone esa carencia con modelos idealizados de series como La ley y el orden o CSI, donde existen múltiples instancias de investigación. En la realidad local, señala, muchas veces todo se reduce a una única entrevista tardía.

En ese desfasaje entre la complejidad del delito y la precariedad de las respuestas institucionales, Aranda ubica el verdadero problema. No en una supuesta proliferación de denuncias falsas, sino en un sistema que llega tarde, con pocos recursos y bajo presión, a uno de los delitos más difíciles y más devastadores de abordar.

La voz de Lucrecia Aranda se vuelve más enfática cuando describe el presente y las acciones que impulsan desde la Asamblea lesbotransfeminista de Rosario. En ese marco, anticipa una intervención concreta: una convocatoria frente a tribunales para exigir respuestas urgentes. La demanda, explica, no es abstracta ni declamativa, sino profundamente material: más recursos, más equipos interdisciplinarios, más personal especializado y mejores condiciones para producir pruebas. Todo, con el objetivo de revertir una realidad que considera inaceptable: miles de denuncias que, en su enorme mayoría, no logran traducirse en condenas.

El dato vuelve a aparecer como una herida abierta: cerca de 5.000 denuncias por delitos contra la integridad sexual en un año y apenas un 7,1% de condenas efectivas. Para Aranda, esa brecha no puede justificarse únicamente en el "beneficio de la duda" o en la falta de pruebas. Por el contrario, sostiene que ese funcionamiento termina operando como una garantía de impunidad para los abusadores y como una nueva forma de revictimización para niñas, niños y adolescentes. El daño, insiste, es profundo cuando alguien logra hablar —atravesando miedo, culpa y silencios— y el sistema no responde.

En ese sentido, la exigencia se dirige a todos los niveles del Estado: municipal, provincial y nacional, y también a los tres poderes. Aranda remarca que la obligación de proteger a las infancias está establecida tanto en la Constitución como en las leyes vigentes, y que no puede haber zonas grises en esa responsabilidad. Interpela a la justicia, a la fiscalía, a las áreas de niñez y también al Estado local, señalando la necesidad de una intervención articulada y efectiva.

La movilización no se limita a la calle. También menciona la circulación de iniciativas y campañas para oponerse al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada en el Senado. Desde su perspectiva, esa propuesta no sólo es equivocada en su diagnóstico, sino que resulta directamente dañina: "penaliza, asusta, es una amenaza directa", afirma, interpretándola como un mensaje disuasorio hacia mujeres que podrían denunciar situaciones de violencia propias o de sus hijos.

Disputa política y cultural
Aranda no duda en señalar que detrás de la instalación del tema existe una articulación de intereses. Evita las generalizaciones —aclara que no se trata de "toda" la justicia ni de "todos" los medios—, pero insiste en que hay sectores con poder suficiente para imponer una agenda en cuestión de días. Se pregunta, casi retóricamente, quién puede instalar a nivel nacional un tema sin estadísticas claras que lo respalden, mientras que otros datos —sobre abuso sexual, violencia de género o femicidios— están ampliamente documentados por organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese contraste, sugiere que la construcción de las "falsas denuncias" responde más a una estrategia que a una realidad verificable. Y, para reforzar su argumento, el periodista introduce un señalamiento político: recuerda episodios protagonizados por la propia Losada durante su carrera pública, en los que —según plantea— se instalaron acusaciones sin sustento, como supuestos vínculos con el narcotráfico del dirigente Maximiliano Pullaro o afirmaciones mediáticas sobre la existencia de venta de bebés en Rosario que nunca fueron comprobadas.

La crítica se amplía cuando aborda el concepto de "recuerdos implantados", una idea que —según advierte— comienza a circular con fuerza para desacreditar testimonios de víctimas. Aranda rechaza esa noción con ironía y firmeza, cuestionando la idea de que niñas y niños puedan ser manipulados como si fueran "depósitos" de relatos ajenos. Reconoce que los testimonios infantiles pueden ser fragmentarios, confusos o incompletos, pero subraya que existen dimensiones —sensoriales, emocionales, corporales— que no pueden ser inventadas ni inducidas fácilmente.
El rol de las mujeres y los estigmas persistentes
Para ella, esta nueva narrativa reemplaza viejos prejuicios. Antes, dice, se desestimaban los relatos bajo la idea de que "los chicos fantasean". Hoy, frente a una mayor conciencia social sobre el abuso, ese argumento perdió eficacia y fue sustituido por otro: el de madres que supuestamente inducen a sus hijos a mentir. Aranda lo considera una forma renovada de estigmatización, que vuelve a cargar la sospecha sobre las mujeres.

En ese punto, su tono se vuelve más íntimo y reflexivo. Describe el dolor que atraviesa a una madre cuando enfrenta la posibilidad de que su hijo o hija haya sido abusado, especialmente cuando el agresor es alguien cercano. Habla de culpa, de devastación emocional, de una experiencia que ninguna mujer desearía atravesar. Desde esa perspectiva, cuestiona con dureza la idea de que una madre pueda inventar una acusación de ese calibre como estrategia.

Sin embargo, no niega la posibilidad de que existan denuncias falsas. Reconoce que pueden ocurrir, como en cualquier otro delito, pero insiste en que para eso ya existen herramientas legales. La clave, señala, no es endurecer penas ni instalar miedo, sino mejorar la calidad de las investigaciones. Ese es, en definitiva, el eje del reclamo: procesos judiciales sólidos, con altos estándares de prueba, recursos suficientes y acompañamiento integral a las víctimas.

La conclusión de Aranda se alinea con toda su intervención: lejos de desalentar la denuncia, el desafío es fortalecerla. Generar condiciones para que niñas, niños, adolescentes y mujeres puedan hablar, ser escuchados y atravesar procesos judiciales que no los vuelvan a dañar. Porque, en su mirada, denunciar no sólo es un acto individual, sino también una forma de proteger a otros.

La escena que se repite: medios, sobreexposición y una voz que intenta correrse
Hacia el final de la conversación, el clima se vuelve más tenso y reflexivo. El periodista introduce una escena casi anticipada: la cobertura mediática que vendrá, los recortes, los titulares, la amplificación de un caso que —advierte— volverá a instalar la idea de denuncias falsas. Nombra, en ese contexto, a la senadora Carolina Losada y a Ricardo Biasotti, como figuras que probablemente serán parte de esa exposición. Y señala, con preocupación, que en el centro de esa narrativa quedará nuevamente una mujer que, ya adulta, intentará evitar la sobreexposición para no ser revictimizada.

Lucrecia Aranda retoma esa idea y la profundiza. Describe a esa mujer como alguien que intenta seguir con su vida, mantenerse al margen, no volver a quedar atrapada en una escena pública que no eligió. Pero, al mismo tiempo, cuestiona el accionar de quienes, en nombre de su propia versión de los hechos, exponen a sus hijos e hijas con nombre y apellido. Esa exposición, advierte, no es inocua: implica hacer públicos aspectos íntimos, forzar relatos, imponer tiempos que no siempre coinciden con los procesos personales. "Cada uno tramita sus dolores y sus traumas de la mejor manera posible", señala, marcando un límite claro entre la decisión individual de contar y la imposición externa.

En ese punto, la conversación gira hacia un aspecto que Aranda considera central: la educación sexual integral. Insiste en su importancia no sólo como herramienta de prevención, sino también de detección y acompañamiento. La define como una política pública que fue injustamente demonizada, presentada como una amenaza cuando, en realidad, ofrece información adecuada a cada etapa del desarrollo. Habla de materiales pensados pedagógicamente, de lenguajes accesibles, de recursos como juegos, canciones y cuentos que permiten a niñas y niños comprender su cuerpo, reconocer límites y diferenciar entre situaciones de cuidado y de riesgo.

Educación sexual integral: herramienta clave
Para Aranda, la Educación Sexual Integral crea un ámbito seguro, especialmente allí donde muchas familias no cuentan con herramientas para abordar estos temas. En la escuela, dice, se habilita la palabra, se construye confianza y se generan condiciones para que los chicos puedan nombrar lo que les pasa. Esa posibilidad, remarca, es clave en contextos donde el silencio suele ser la regla.

Medios, narrativas y percepción social
Sin embargo, vuelve una y otra vez sobre el rol de los medios y la construcción de sentido. Advierte que la repetición sistemática de ciertos discursos —aunque carezcan de evidencia— termina instalando percepciones sociales. Habla de relatos "guionados", de narrativas que se reproducen hasta volverse creíbles, y contrapone esa maquinaria con la experiencia concreta de las personas. Propone, entonces, un ejercicio simple pero contundente: que cada quien revise su propia historia, su entorno, su memoria.

La pregunta que plantea es directa: cuántas situaciones de abuso conoce cada persona en su círculo cercano. No desde estadísticas, sino desde la experiencia cotidiana. Casos más o menos graves, visibles o silenciados, pero presentes. A partir de esa reflexión, construye su argumento central: lo masivo no son las denuncias falsas, sino el abuso sexual. Y contrapone esa evidencia vivencial con la ausencia de ejemplos concretos de falsas denuncias antes de su reciente instalación mediática.

En ese punto, introduce una reflexión atravesada por la ironía sobre la manera en que ciertos temas irrumpen en la agenda pública. "¿Cuándo se había enterado de las falsas denuncias? ¿No? Tal cual", desliza, para luego trazar una comparación: "esto es como lo de los therians". Según plantea, mientras se discutía la reforma de la Ley Laboral —en un contexto de denuncias por pérdida de derechos, abusos y explotación en el trabajo—, emergió de forma repentina un tema que desplazó la atención pública.

Para graficar ese fenómeno, recurre a la idea de asuntos que aparecen como si fueran omnipresentes, aunque no tengan correlato en la experiencia cotidiana. Discusiones que irrumpen de golpe y ocupan la agenda. La metáfora de las "vacas violetas" sintetiza esa lógica: aquello que se presenta como frecuente o extendido, pero que en la vida real no se verifica con la misma intensidad.

En paralelo, recuerda que los datos sobre violencia sexual son persistentes y verificables: abusos, violaciones grupales, femicidios. Realidades que, subraya, se repiten cotidianamente y que cuentan con registros en organismos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a eso, cuestiona que el debate público se desplace hacia un fenómeno cuya magnitud no está demostrada.

Más allá del caso: la ofensiva contra los feminismos
La lectura política aparece con claridad en el cierre. Aranda define esta avanzada como parte de un ataque más amplio contra los feminismos y los movimientos de diversidad sexual. No lo limita a una coyuntura local, sino que lo inscribe en una tendencia global que asocia a sectores de derecha con estrategias de desarticulación de lo colectivo. En su interpretación, los feminismos no sólo disputan derechos, sino que construyen comunidad: en comedores, en barrios, en organizaciones, en redes cotidianas de cuidado.

Esa dimensión comunitaria, sostiene, es precisamente lo que se busca erosionar. Frente a ella, se promueve una lógica individualista, donde cada persona queda aislada, responsabilizada por su propia situación. "Sos pobre porque no la viste", resume, citando una idea que atribuye a esos discursos, en contraposición a una mirada estructural sobre las desigualdades.

La entrevista, ya convertida en relato, se cierra con la convocatoria concreta y urgente. El próximo jueves, a las diez de la mañana, en las escalinatas de los tribunales de Rosario, sobre calle Balcarce, la Asamblea volverá a hacerse presente. No como un gesto aislado, sino como parte de una trama de militancia que, incluso fuera de los cargos institucionales, sigue buscando incidir en la agenda pública y en la defensa de los derechos más vulnerados.
Escuchá la entrevista completa:
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Leila Guerriero: Placas de mentiras

Una distorsión crea una leyenda que se repite al infinito. Como la surgida en Jaén en torno a Ricardo Darín
Por: Leila Guerriero

Al recibir la nacionalidad española, cuando le preguntaron dónde quería situar su origen el actor argentino Ricardo Darín dijo, porque le gustaba el nombre, "Jaén". Ahora, el municipio de esa ciudad lanzó una campaña ingeniosa para poner una placa con la leyenda: "Aquí decidió nacer Ricardo Darín". En un video, algunos jienenses cuentan historias inventadas —ese es el chiste— para argumentar por qué la placa debe colocarse donde ellos sugieren.

El propietario de un local de telas dice que debe ir allí porque "nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro". La dueña de una floristería dice que no hay mejor sitio que ese, puesto que "nació aquí, en el portal de al lado". La mujer que atiende una confitería dice que ese es el sitio correcto porque, de niño, "se pasaba aquí todo el día". La ficción está en el origen de la historia de Darín. Cuando tenía siete años, su padre lo llevó a volar un planeador y le dijo: "Ahora va a manejar el avión usted solo. Vire a la derecha". Darín movió la palanca y el avión viró a la derecha. "Vire a la izquierda", y el avión viró a la izquierda. Como no veía las manos de su padre, no le creyó: "Dale, pa, lo estás manejando vos". Entonces su padre levantó las manos y dijo: "Y ahora?". Darín quedó obnubilado. ¿Realidad, mentira, magia?

Una distorsión crea una leyenda que se repite al infinito. La idea del municipio de Jaén juega en el borde y deja el invento en evidencia. Pero como hace rato hemos empezado a no distinguir la broma del dato, algún habitante del futuro podría escribir, muy convencido, algo como: "Darín nació en Jaén, en el portal contiguo a la floristería Aguilera. Se pasaba los días comiendo bollos en la confitería Barranco y parte de su éxito teatral comenzó con el traje de conejo que le hicieron en Tejidos El Carmen". No sería raro. Vivimos en la era del olvido. El pasado es apenas una molestia y, poco a poco, empieza a ser una molestia fácil de modificar.
Foto: Pablo Cuadra - Getty
Fuente: Diario El País

jueves, 16 de abril de 2026

Prensa Rosario alerta por agresiones y presiones en coberturas informativas

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) junto con delegados gremiales de los distintos medios de la ciudad y representantes de las empresas periodísticas se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en la sede de Gobierno local, para analizar el tema de inseguridad de las y los trabajadores de prensa en las coberturas informativas. El encuentro, al que por primera vez asiste la parte empresaria, es la continuidad de gestiones y reclamos que viene llevando adelante la entidad gremial frente a hechos de hostigamiento o falta de intervención de la propia policía.

La parte gremial, encabezada por el secretario general del SPR, Edgardo Carmona, y los representantes de los medios de comunicación: Multimedios La Capital, Televisión Litoral y Telefe, expusieron todas las situaciones hostiles con movileros de televisión, en particular, y con las y los trabajadores de prensa, en general, de las fuerzas de seguridad dependientes de la provincia, tanto por acción directa como por omisión.

El ministro se mostró receptivo a los planteos, admitió la dificultad que se presenta y, de acuerdo a lo ya enunciado en otras reuniones, propuso avanzar con la elaboración de un protocolo, ya sea de sucesos especiales como cotidianos, dando participación a todos los actores involucrados. Se comprometió, además, a mantener reuniones con la fiscalía para actuar en un mismo sentido y convino en designar un jefe de operativo que ordene la escena del acontecimiento, con quien las y los trabajadores de prensa puedan interactuar.

Carmona señaló también que si bien la situación de Rosario no es idéntica a la de Buenos Aires ­ -donde ya se contabilizan 241 casos de agresiones a periodistas, fotógrafos y camarógrafos, quienes deben usar elementos de protección para resguardar su integridad física- va creciendo en la ciudad, en forma sistemática, un destrato peligroso a las y trabajadores de prensa, en un marco de odio promovido desde el propio presidente y en las redes sociales, que genera un clima poco propicio para un trabajo periodístico con normalidad y respeto.

Además, se planteó a Cococcioni el tema de las presiones sobre las publicaciones y/o coberturas que surgen desde el propio gobierno frente a temas que pretenden que no se cubran o que se les dé un tratamiento determinado, cuando uno de los principios fundamentales de la existencia del periodismo es ser fiel a la información y a trabajar libre de censura, que en muchos casos se transforma de hecho en autocensura.

El SPR solicitará, también, reuniones con la fiscalía y el Ministerio Público de la Acusación frente a las dificultades en la cobertura periodísticas de temas de justicia penal, las que se traducen en limitaciones directas y en una deficiente información producto de esas medidas arbitrarias.

domingo, 12 de abril de 2026

Golpe al periodismo argentino: precarización, violencia y fin del Estatuto

A medio siglo del golpe de Estado de 1976, el trabajo periodístico en Argentina enfrenta un escenario alarmante. La derogación del Estatuto del Periodista Profesional no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que erosiona las condiciones básicas de la profesión
En vísperas del 7 de junio -Día del Periodista- de 2025, varios centenares de trabajadores de prensa protestaron en la Plaza de Mayo por los ataques y limitaciones oficiales al ejercicio de la tarea de informar / Foto: Juan Valeiro / Revista Mu 

Por: Bianca De Toni*
El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, es la principal norma que regula la actividad en la Argentina: establece condiciones laborales, categorías profesionales, derechos básicos y la cláusula de conciencia, clave para garantizar el ejercicio libre del periodismo. Bajo el eufemismo de la "modernización", el Estatuto vuelve hoy al centro del debate a partir de su derogación, mediante el artículo 194 de la Ley 27.742 (Reforma Laboral y Bases), que lejos de abrir una discusión sobre las condiciones laborales del sector, la clausura.

Su derogación no es inocente, sino que forma parte de un entramado de políticas que, desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, en diciembre de 2023, reconfiguraron el escenario de la comunicación en el país. Las medidas han sido numerosas, de amplio alcance y carácter estructural, adoptadas mayoritariamente por decreto y con efectos regresivos en términos del derecho a la comunicación (1). En ese marco se inscriben, entre otras, la intervención del ENaCom, el vaciamiento del sistema federal de medios públicos, las modificaciones en el acceso a la información pública y la eliminación de las políticas de fomento al sector sin fines de lucro.

En paralelo a estas transformaciones, desde sus primeros días el Gobierno instaló un clima de confrontación que colocó al periodismo como blanco de ataque y que, lejos de atenuarse, se profundizó año tras año. Las agresiones y descalificaciones, emitidas por el propio presidente y altos funcionarios, se dirigieron contra periodistas de distintos colores políticos, al tiempo que se incrementó la violencia digital, especialmente hacia periodistas mujeres. Según el monitoreo de libertad de expresión (2) del Foro de Periodismo Argentino, en 2025 se registraron 278 casos de ataques a la prensa, mientras que en 2024 ya se habían registrado 179, un 53% más que en 2023.

Al hostigamiento simbólico se suman las feroces represiones a manifestaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires, en las que los trabajadores de prensa han sido objetivos recurrentes, como ocurrió con el fotorreportero Pablo Grillo, gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta de jubilados y organizaciones sociales, y que aún espera justicia un año después.

Este escenario se combina con condiciones estructurales de precarización que atraviesan al sector desde hace años. Datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires indican que en abril de 2025 (3) el 70,48% de los trabajadores de prensa del AMBA percibía ingresos por debajo de la canasta básica, mientras que el pluriempleo alcanzaba al 55%. Aunque se trata de datos concentrados en el área metropolitana, permiten dimensionar las condiciones de precarización en las que hoy se ejerce el periodismo.

El contexto actual no sólo explica el avance sobre el Estatuto, sino que también evidencia la necesidad de discutirlo. El mundo en el que nació el Estatuto ya no es el mismo. La expansión de las redes sociales no sólo modificó las formas de producir y consumir información, sino que también reconfiguró las tareas y rutinas del trabajo periodístico, al tiempo que concentró buena parte del modelo de negocios del sector, generando una crisis de sostenibilidad que se discute a escala global.

En ese marco, el sistema de trabajo sobre el que fue construido -basado en el empleo estable en relación de dependencia- también se transformó. Cada vez son más quienes ejercen la profesión sin patrón, por decisión o por necesidad, mientras disminuyen los puestos registrados. La figura del colaborador, reconocida en el propio Estatuto como una excepción dentro del sistema, hace años dejó de ser marginal, reflejándose en el creciente número de publicaciones firmadas por colaboradores/as en medios tradicionales.

Al mismo tiempo, en los últimos años crecieron y se consolidaron experiencias de medios autogestivos y comunitarios -estos últimos con larga trayectoria en la historia de nuestro país y que alcanzaron reconocimiento legal a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, que operan en los márgenes de un sistema de medios altamente concentrado. Estas formas de trabajo ya no son excepcionales ni atípicas, e incluso engrosan las filas de afiliados de los sindicatos de prensa, como ocurre en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), donde las y los trabajadores autogestivos representan más de la mitad del padrón.

Es así que, la necesidad de discutir el Estatuto se vuelve imperiosa. No sólo en función de las transformaciones tecnológicas, que empujan a los trabajadores a una lógica de multitarea, sino también para que, al igual que en sus orígenes, pueda hacerse cargo de los cambios en la base social del trabajo periodístico, una realidad en la que la protección laboral ya no puede pensarse exclusivamente en términos de relación de dependencia.

A cinco décadas del golpe de Estado, y con la memoria viva de una de las etapas más terribles de nuestra historia que nos recuerda la censura, la persecución, la desaparición y el asesinato de trabajadores de prensa, queda claro que el control sobre la construcción del discurso público fueron herramientas centrales para imponer su proyecto político-económico a través del terrorismo de Estado. Hoy, las condiciones de trabajo periodístico -marcadas por la precarización, el hostigamiento, la represión y el desfinanciamiento- dan cuenta de nuevas formas de disciplinamiento. La eliminación del Estatuto del Periodista Profesional constituye un eslabón más de un proceso que amenaza la libertad de prensa y debilita la capacidad del periodismo para cumplir su rol social y democrático.

Notas:
1.- Las caracterizaciones aquí presentadas se basan en "El autoritarismo libertario: las políticas de comunicación del primer año de gobierno de La Libertad Avanza en Argentina" (Longo, De Toni y Segura, 2025).

*Licenciada y profesora universitaria en Comunicación Social de la FCC-UNC. Becaria doctoral del Conicet en Comunicación. Editora de Enfant Terrible y referente de la Red de Medios Digitales de Argentina.
Fuente: Qué

Adorni bajo sospecha: del vocero implacable al epicentro de una crisis política

Las dudas sobre su crecimiento patrimonial, la cadena de operaciones inmobiliarias, los gastos difíciles de justificar y el costo político para el gobierno en un contexto de crisis. "Tenía también declarada una casa heredada en La Plata de hace mucho tiempo, pero empezó a escriturar, como frenesí de escrituras. Y cambió la camioneta, no vendió la anterior. Había una especie de 'bueno, entró guita, vamos a gastar', con propiedades, con camionetas, con viajes", dice Sebastián Lacunza en una entrevista en el programa Señales, de Aire Libre Radio Comunitaria
Adorni en una captura de pantalla de televisión

¿Cuándo te diste cuenta de que no eran casos aislados, sino un patrón todo lo que estaba ocurriendo con Manuel Adorni?
Mi mirada sobre los conflictos éticos de Javier Milei se remonta al primer momento en que esta persona hizo su aparición en los medios, tanto por su forma de vincularse con los demás, con modos que podríamos calificar de fascistas, lo cual despierta muchas inquietudes desde el punto de vista ético, como por el hecho de que muy temprano se conoció que utilizaba su figuración pública para hacer negocios. Y eso, para mí, es incompatible primero con el periodismo —él podía ser considerado un panelista, un periodista perfectamente, porque no es una profesión colegiada— y luego, como político, mucho más aún. Llegó a cobrar charlas de 25 mil dólares.

Entonces, en la medida en que el gobierno se puso en marcha, hubo múltiples indicios para comenzar a observar, justamente, conflictos de intereses y posibles hechos de corrupción. Ahora ya estamos hablando de casos muy voluminosos, de mucho peso, como las causas de la criptomoneda $Libra o el desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que hablan de una corrupción estructural. En el caso de $Libra, ahí se ve el trazo de indicios que podrían señalar a los Milei como corruptos desde el momento en que eran panelistas hasta ahora, y cómo fueron aumentando el "precio” en virtud de la mayor posibilidad que tenían.
En el caso de Adorni, quizás es muy sintomático que el mare magnum, o digamos, que se haya desatado una cadena de incompatibilidades con su estilo de vida. Me parece que, si lo pensás, Claudio, desde el punto de vista de un periodista de clase media —como soy yo y como era Adorni—, está fuera de cualquier cálculo comprar un vuelo privado a Punta del Este. Entonces, por más que digan "mirá, 3.800”, aunque decidas invertir una parte sustancial de tus ahorros para una escapada porque estás muy estresado, si sos de clase media eso ni lo pensás un instante. Si te querés dar un gusto un fin de semana de Carnaval, te vas a Jujuy o a Punta del Este, donde sea, pero tratás de que no te salga lo más caro posible.

A partir de ahí me parece que hubo un quiebre en Adorni del cual no pudo salir, y por eso creo que ya estaba claro que no era un caso aislado y después vino todo lo demás.

¿El caso uno lo puede inscribir como eje central en lo patrimonial, lo ético, lo político?
Así planteada, diría que es un problema político. Ya dije anteriormente que yo nunca asumí, ni por un instante, que la propuesta de Milei fuera regenerativa desde el punto de vista ético, pero sí era una promesa que él enunciaba con sus modos insultantes y que fue tomada por una parte muy importante de la población: el hartazgo contra los "políticos chorros”, y la idea de "vengo a reivindicarlos”, algo que Milei expresó de múltiples formas, incluso con sus alucinaciones de inteligencia artificial, de verse como un superhéroe, y demás.

Entonces, al quedar eso expuesto —no sólo en el caso de Adorni, sino en general—, se convierte en un problema político severo. Porque si una parte de su electorado tenía ese anclaje en una especie de venganza contra los corruptos, hoy eso, me parece, sólo por impostura se puede sostener. Ninguna persona mínimamente informada puede seguir creyendo en eso.

Luego está lo patrimonial, que en este caso aplica también a Adorni, por supuesto, porque fue la voz cantante de ese prisma. La combinación de falencias éticas y un patrimonio difícil de explicar contribuye directamente al problema político, e incluso a una crisis política.

¿Qué inconsistencias te parecen más relevantes en el día de hoy?
Una inconsistencia elemental es que él, con un departamento en el que vivió hasta el año pasado —y en el que había habitado con su familia durante la década previa— en Parque Chacabuco, un barrio de clase media nítida de la Ciudad de Buenos Aires, en una torre de no muchas pretensiones, con amenities, sí, pero comparado con el departamento al que se mudó, una torre más modesta en términos relativos, pretende justificar la compra de una casa en un barrio privado de fin de semana, que además fue refaccionada, y la compra de un departamento, un semipiso en una cuadra cara de Caballito, un barrio de clase media pero también de media alta de Buenos Aires, con expensas el doble de lo habitual para un parámetro comparable.

Entonces eso es inconsistente: con una sola unidad pretende justificar dos compras que probablemente sean más caras que la primera propiedad. No lo está pudiendo sostener; se metió en una encerrona y me parece que va a tener que hacer magia para salir de ahí.

Después está la inconsistencia, como dijimos antes, de las decenas de miles de dólares gastadas en pasajes y de las decenas de miles de dólares gastadas en tarjetas de crédito, en gastos corrientes durante varios meses.

Son muchas las inconsistencias, por eso lo tienen en el banquillo por sospecha de enriquecimiento ilícito, por lo menos.

¿Qué es lo que todavía no cierra del todo en la explicación oficial?
Dicho eso, la pregunta podría darse vuelta: ¿qué es lo que sí cierra?

Supongamos que lo que sí cierra —al menos en términos legales más que éticos— es lo que ellos sostienen respecto del precio pagado por el departamento de Caballito: 200 mil dólares. Ese valor es más o menos la mitad de lo que se paga por metro cuadrado en esa zona, o, dicho de otro modo, bastante menos de lo que pedía el exfutbolista Hugo Morales en febrero de 2024 por esa misma propiedad, cuando la ofrecía en 340 mil dólares y finalmente se vendió en 200 mil.

Eso ya de por sí resulta inconsistente, muy difícil de sostener como una explicación cerrada. Sin embargo, la inmobiliaria, el vendedor, el comprador y la escribana coinciden —o al menos así lo registran— en esa cifra. Por lo tanto, probablemente en el terreno judicial haya que resignarse a ese argumento: que el departamento necesitaba reformas y por eso se vendió más barato.

Podemos sospechar que no es así, podemos intuir que está subdeclarado, pero aun así eso probablemente le resuelva poco a Adorni, porque el problema central es otro: cómo lo compró. Eso es otra discusión.

Del resto, me parece que no le cierra nada.

¿Por qué los viajes fueron tan importantes para instalar el caso?
Vuelvo a la primera respuesta. El solo hecho de pensar que una pareja de clase media —supongamos que empezaron a tener mejores ingresos a partir de este año, porque el sueldo de Manuel Adorni más que se duplicó, de 3 millones a 7 millones, y porque a Bettina Angeletti le empezó a ir muy bien con la consultora de coaching ontológico desde 2024— implica aceptar una hipótesis que, creo, va a ser la que intenten sostener: básicamente que sus ingresos explican el nivel de gasto. Por más que eso resulte, en principio, difícil de creer.

Supongamos que eso es así, aunque suene absurdo. También estarían los contratos de Angeletti y demás ingresos asociados. Pero aun en ese escenario, ningún ser humano con esos ingresos —incluso con los actuales— decide pagar 5.000 dólares un pasaje a Nueva York en febrero y 3.800 dólares un tramo a Punta del Este, más allá de que eso haya sido facturado en 9.000 dólares en total.

Y aun si aceptáramos que Adorni no miente y que efectivamente pagó 3.800, la suma de esos gastos no encaja con una familia con esa estructura de ingresos. No alcanza.

Además está la cuestión de la excentricidad: el uso de un vuelo privado por alguien que, al mismo tiempo, construía un discurso muy severo sobre la ética de los demás, señalando desde un púlpito ajeno las falencias éticas de otros. Eso también forma parte del cuadro general, y es muy costoso para la coherencia política de esa posición.

¿Qué nivel de información hay sobre quién los financió?
Para mí, hay que construir un capítulo específico que incluya las tres escrituras en las que está involucrado Adorni entre 2024 y 2025. La compra de Indio Cuá es particularmente sospechosa. La escribana, Adriana Mónica Nechevenko, sostiene que se trata de una operatoria completamente normal, en la que intervino como garante de una hipoteca privada y donde incluso se presentaron dos policías, en este caso mujeres policías.

Ahora bien, yo no conozco a nadie que acepte ese tipo de condiciones, y menos aún tratándose de alguien que es jefe de Gabinete. Eso, en sí mismo, ya abre una serie de interrogantes.

A partir de ahí, se inicia una cadena de movimientos inmobiliarios de muy difícil justificación. Luego aparece la compra realizada por un amigo —a través de su madre— de una unidad en Caballito. Y, meses más tarde, ese mismo círculo vuelve a intervenir: ese amigo, otra vez mediante su madre, le vende a los Adorni la propiedad, nuevamente con una hipoteca.

Es decir, sobre un bien nuevo que ya de por sí resulta llamativo, y que además iba a ser pagado con la venta de Asamblea, otra propiedad, pero que a su vez ya estaba hipotecado para financiar la operación de Indio Cuá.

Ahí hay una cadena de movimientos de muy difícil explicación, que es lo que probablemente termine investigando la justicia. A partir de eso, se abren otras líneas de investigación sobre el flujo de ingresos y el resto de las operaciones, lo cual seguramente dará lugar a más derivaciones.

Y en algún momento esto puede derivar en una indagatoria e incluso en un procesamiento del jefe de Gabinete, aunque eso ya depende del curso de la causa, que es muy difícil de anticipar en abstracto.
Algunas de sus notas en elDiarioAR


¿Qué peso tiene el tema de las propiedades en esta investigación?
Bueno, ese es el "stock” de Adorni, ¿no? Pasó de uno a tres inmuebles. Tenía también declarada una casa —al parecer heredada hace mucho tiempo— en La Plata. Pero a partir de ahí empieza a registrar un verdadero frenesí de escrituras.

Cambia la camioneta, sin vender la anterior. Hay una especie de lógica de consumo acelerado, entró guita, vamos a gastar: propiedades, vehículos, viajes. Como si hubiera una expansión simultánea de todos los rubros patrimoniales.

Ahora bien, si eso constituye o no un indicio en sentido judicial estricto es otra cosa. En este punto, lo que hay es un conjunto de elementos que, tomados aisladamente, pueden tener explicación; pero en su conjunto dibujan una dinámica difícil de encajar con un perfil de ingresos "normal” para alguien de su trayectoria.

Esa es la zona en la que estamos: una acumulación de señales más que una prueba cerrada. Un patrón que, como mínimo, obliga a ser investigado en profundidad.

Y esa dinámica —ese "frenesí”, si se quiere— es la que probablemente haya quedado interrumpida, o al menos puesta en revisión.

¿Hay indicios concretos, o todavía estamos en una zona gris?
Bueno, si hay indicios de que todavía estemos en una zona gris —en el sentido de que puedan aparecer más propiedades y más gastos—, por el lado de los gastos hay claramente material para seguir investigando, y también por el lado de los contratos de Angeletti y de lo que haya podido facturar con esa consultora.

Además, habrá que ver qué surge de la apertura del secreto fiscal y bancario que solicitó la fiscalía y que dispuso el juzgado. Eso puede ser determinante.

En ese sentido, es muy probable que aparezcan novedades. Incluso datos recientes, como el hecho de que Angeletti habría pagado de su propio bolsillo 5.000 dólares por un pasaje, ya complican el cuadro. Lo mismo ocurre con otros elementos que se conocieron en su momento: expensas, colegio de los hijos, y demás.

Hoy, por ejemplo, se habla de expensas cercanas a los 2 millones de pesos mensuales, considerando las tres propiedades. Es decir, estamos ante un nivel de gasto fijo muy elevado en relación con los ingresos que se declaran.

¿Estamos ante una investigación incipiente o algo más consolidado?
Sobre el estado de la investigación, si es incipiente o más consolidada, eso se verá. A veces es difícil de anticipar: uno mismo en el trabajo se encuentra con datos que aceleran el caso, después aparece una meseta, y luego puede volver a reactivarse.

Ahora bien, con el nivel de casos que involucran al gobierno, a los Milei, y a un círculo relativamente reducido —que además parece bastante cerrado y con disputas internas por el control, entre figuras como Karina Milei y Santiago Caputo—, es difícil no ver un patrón de continuidad en la aparición de nuevos hechos.

En el caso específico de Adorni, no sé cuánto más pueda aparecer, pero en términos generales respecto del gobierno, las dudas son permanentes: hay causas abiertas y líneas de investigación en curso.

El caso $Libra, por ejemplo, es mucho más grave; incluso hay indicios de negocios directos más sólidos que en otros expedientes, más allá de la decisión del fiscal federal Eduardo Taiano de no investigar. En ese sentido, sí puede decirse que, a nivel gobierno, esto es un proceso todavía en desarrollo.

¿Cuánto daño político real le generó esto al gobierno?
Cuando se evalúa si la corrupción es costosa para los gobiernos, los liderazgos y los ciclos políticos, la respuesta es que a veces es sumamente costosa: una falla ética o un hecho de corrupción puede tener efectos muy profundos. Hay ejemplos en la Argentina para todos los gustos.

Existen grandes casos que, sin embargo, se desvanecieron con el tiempo, sobre todo cuando la Justicia y los medios no investigaron o dejaron de poner el tema en agenda. En ese sentido, el macrismo tuvo varios episodios de ese tipo: los Panama Papers, los parques eólicos, la renegociación de las autopistas, la demanda de los socios de Mauricio Macri en torno a las concesiones viales, las cuentas offshore, entre otros. Casos que, en gran medida, se diluyeron.

Con el kirchnerismo ocurrió algo parecido en algunos momentos: Skanska fue un caso importante, pero luego perdió centralidad, y otros episodios siguieron trayectorias similares. Por el contrario, hubo causas que crecieron y se consolidaron, en parte por el impulso de jueces y fiscales alineados con distintos sectores políticos.

Es decir, la asimilación social y política de la corrupción depende mucho del contexto institucional, judicial y mediático. No es un proceso automático.

En principio, yo diría que la preocupación social por la corrupción y la política está bastante sectorizada. Simplificando: los kirchneristas tienden a negar lo propio y amplificar lo ajeno, y los macristas hicieron algo similar, aunque con mayor capacidad de influencia mediática y judicial para instalar determinados casos.

Pero cuando hay angustia económica y pesar cotidiano, esa preocupación puede acelerarse y volverse más transversal. Y quizás estamos atravesando un escenario de ese tipo, donde el impacto potencial de estos temas puede ser mayor que en otros contextos.

¿Notas diferencias entre el respaldo público y el privado?
Por respaldo público entendemos el respaldo que le da el presidente y los funcionarios. En principio, yo creería que dentro del gabinete hay cierta resignación, y más de uno evalúa hasta qué punto les conviene seguir sosteniendo al jefe de Gabinete con su mala defensa y todo lo que eso implica. Y eso, de algún modo, se percibe en las expresiones corporales, en los rostros, en esas selfies a las que Adorni los somete, con el madrinazgo de Karina Milei, que ordena que esas fotos sean tomadas. En sí mismas, son bastante patéticas como manifestación de respaldo.

Después está el propio presidente, que suele actuar con desmesura y mal gusto, acompañado de insultos, y que además exhibe una moral muy rudimentaria al abordar estas cuestiones. Por ejemplo, cuando surgen temas como los créditos del Banco Nación, que son éticamente reprobables si efectivamente fueron obtenidos por personas que insultaban a los empleados del banco y luego, al tener oportunidad, accedieron a los mayores beneficios posibles, eventualmente con la intermediación de funcionarios del gobierno.

Eso, desde lo ético, ya es grave; y probablemente incluso pueda tener derivaciones legales si hubo algún tipo de privilegio indebido. Sin embargo, la respuesta del presidente es: "¿mató a alguien?, ¿coartó alguna libertad?". Parece no haber una comprensión clara de qué libertad estaría en juego, como la de quienes quisieron acceder a un crédito y no pudieron hacerlo.

En el plano privado, en cambio, hay que mirar otro tipo de respaldos. Por ejemplo, el apoyo que Adorni tuvo en algunos medios a los que asistía como contertulio, donde participaba en conversaciones nocturnas de un periodismo bastante cuestionable. Ese respaldo hoy se ha transformado en un tratamiento crítico o directamente en investigaciones periodísticas en esos mismos espacios.

En ese sentido, también hay un corrimiento del clima mediático: mucha enjundia, ironías, escándalo por gastos, y al mismo tiempo la tendencia a desplazar otros temas de la agenda —como el caso de la AFA y de Chiqui Tapia— que durante meses ocuparon un lugar central, en mi opinión sin una justificación proporcional a su tratamiento.

Y en el caso de Adorni, también hay que observar el posicionamiento del Grupo Clarín, considerando sus intereses económicos pendientes vinculados a la compra de Telefónica y lo que resta de esa operación. Eso, sumado a su lectura política y empresarial sobre la sustentabilidad del proyecto de Milei, configura un escenario en el que el apoyo puede ser coyuntural.

No sería la primera vez que el Grupo Clarín sostiene a un gobierno hasta que considera que deja de ser funcional o viable. Por eso, estamos probablemente en un momento de transición en ese plano.

Por último, ¿cómo analizás la estrategia comunicacional de Manuel Adorni?
Adorni era una persona eficaz para el ataque, para la chicana, para el estiletazo. Eso le dio todo su capital político; no tuvo otro. Hablar con voz firme, abusarse del micrófono y de las respuestas falsas o engañosas ante periodistas a los que humillaba, más allá de que la práctica periodística era variada —porque no todos los periodistas que preguntan son iguales—, fue lo que le permitió posicionarse en el mundo Milei. Ese fue un activo central, y así entró.

Es cierto que, si uno analiza desde la entrevista con Eduardo Feinmann, que también funcionó como disparador para investigar —porque hasta ese momento lo que se sabía era que había subido a su esposa al avión presidencial—, la calidad de sus respuestas fue tan mala que al día siguiente, cuando publiqué lo del viaje a Punta del Este, a partir de ahí se desató una cadena de la que nunca se pudo bajar.

Así que, si tengo que evaluar, diría que muy mal. Contestó mal cuando tuvo que contestar, la conferencia de prensa fue patética, sigue abusando de silencios, de respuestas muy selectivas. Esta secuencia de selfies también es mala, es contraproducente: todo el mundo percibe que está armado, que es artificial.

Ahora bien, tampoco sé cuánto margen tenía para responder. Qué tipo de conferencia de prensa debería haber dado para salir mejor parado, no lo sé. Capaz que no había forma de responder bien.
Ejerce el periodismo desde fines de la década de 1990, un recorrido que lo fue llevando por redacciones, corresponsalías y coberturas internacionales que marcaron su perfil profesional. Su trayectoria incluye uno de los hitos más visibles de su carrera: la dirección periodística del Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017, un medio emblemático en la historia argentina, cuya identidad y legado luego retomaría también desde la escritura.

En la actualidad, se desempeña como corresponsal de la agencia estadounidense REDD y de Reporteros Sin Fronteras, roles desde los cuales continúa observando y narrando la relación entre poder, medios y libertad de expresión. Antes de eso, había consolidado una extensa experiencia en el diario Ámbito Financiero, donde trabajó durante trece años, y también como corresponsal del periódico italiano Il Manifesto durante cinco años, ampliando su mirada hacia escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera, Lacunza ha colaborado con una diversidad de medios de alcance global y regional, entre ellos The Washington Post, PáginaI12, Anfibia, Le Monde Diplomatique, elDiarioAR, Inter Press Service, Letra P y La Diaria. Su trabajo lo llevó a cubrir acontecimientos y crisis en distintos países de América, Europa y Medio Oriente, experiencias que fueron moldeando una perspectiva amplia y comparativa del ejercicio periodístico.

Su formación académica combina instituciones de peso: la Universidad de Buenos Aires, Flacso y la Universidad del País Vasco, espacios donde profundizó herramientas teóricas y analíticas que luego trasladó a su práctica profesional y a su producción escrita. Es autor de tres libros: Wiki Media Leaks (2012), en coautoría; Pensar el periodismo (2017); y El testigo inglés, luces y sombras del Buenos Aires Herald, donde revisita la historia del diario que dirigió y su impacto en la vida política y social argentina.

Además de su labor como periodista, se desempeña como docente de maestría en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, participando en la formación de nuevas generaciones de comunicadores. En redes sociales se presenta como @sebalacunza y @sebalacunza72, y cada domingo publica sus columnas en elDiarioAR, donde en el último tiempo viene analizando los casos de corrupción del gobierno de Javier Milei, con especial atención reciente en el caso de Manuel Adorni.

Escuchá la entrevista completa:

Salud mental en debate: alertan sobre retrocesos en la reforma que impulsa el Gobierno

En el marco del anuncio del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, especialistas y autoridades cuestionan la falta de debate y advierten sobre posibles retrocesos en derechos y en el modelo de atención vigente
Los integrantes del programa Tardes Nuestras en la puerta de Aire Libre, Radio Comunitaria

Es posible acceder a una atención de calidad, llevar una vida digna y contar con un sistema de salud que cuide, aloje y acompañe, con recursos y políticas públicas sostenidas. La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 lo establece desde hace más de una década. Sin embargo, ningún gobierno ha garantizado su plena implementación ni el financiamiento necesario para hacerla efectiva.

En el marco del Día Mundial de la Salud, el gobierno de Javier Milei anunció su intención de modificarla. El debate no es menor: está en juego qué modelo de atención en salud mental queremos como sociedad.

La propuesta —cuyos detalles aún no fueron presentados oficialmente— plantea, entre otros puntos, priorizar las internaciones en hospitales psiquiátricos, desplazar el enfoque interdisciplinario y habilitar criterios de internación vinculados a situaciones de vulnerabilidad social. Aunque también menciona el fortalecimiento de dispositivos comunitarios y la creación de registros, muchos de estos aspectos ya están contemplados en la legislación vigente.

La contradicción es evidente: mientras se anuncian reformas, las políticas públicas han ido en sentido contrario. La reducción de presupuestos, el debilitamiento de redes territoriales y la falta de implementación de herramientas previstas por la ley reflejan una brecha profunda entre lo que se propone y lo que efectivamente se hace.

No vamos a dar el debate de volver al manicomio
En este contexto, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, cuestionó el anuncio del Ejecutivo nacional y lo calificó como "una medida más para la tribuna que para una discusión real". En declaraciones al programa Tres Poderes (RTS Medios), señaló que la iniciativa no fue debatida y advirtió: "No vamos a dar el debate de volver al manicomio ni de pensar que la solución es la internación involuntaria de personas con padecimientos mentales".

En ese sentido, cuestionó la falta de políticas concretas en el sistema de salud: "Lo de la tribuna es una cosa y los hechos son otra. Faltan recursos, faltan medicamentos, incluso psicotrópicos y tratamientos de alto costo, muchos de ellos vinculados a la salud mental".

Por último, insistió en la necesidad de una discusión seria y con participación de los actores del sistema: "Tenemos mucho para decir y aportar, pero esto no fue puesto en debate. No se puede hacer creer que el problema se va a resolver solo con una nueva ley", expresó Ciancio.
Internaciones involuntarias, hospitales "especializados" y derechos en disputa
Para profundizar en este escenario, en Señales dialogamos con Eduardo Mutazzi, psicólogo y coordinador del programa Tardes Nuestras, de Aire Libre Radio Comunitaria, quien viene trabajando desde hace más de dos décadas con usuarios de salud mental.

Mutazzi fue contundente: "En términos generales, esta nueva ley implica un retroceso en los derechos de las personas usuarias".

El especialista explicó que una de las principales preocupaciones radica en los cambios en el régimen de internaciones: "Si se le otorga mayor potestad a la Justicia para definir internaciones involuntarias, se abre la puerta a situaciones de vulneración de derechos. Cuando una persona queda internada sin su consentimiento, puede haber sobremedicación, encierro y pérdida de acceso a la vida cotidiana, a los vínculos y a la cultura".

Además, señaló otro punto clave en discusión: la posible habilitación de hospitales "especializados". "La ley actual prohíbe la creación de instituciones monovalentes, y eso no es un detalle menor. No estamos hablando de órganos, estamos hablando de subjetividad. La idea de especialización en este campo abre interrogantes y también responde a intereses corporativos", advirtió.

En esa línea, remarcó que la normativa vigente, sancionada en 2010, aún no ha sido plenamente implementada, pero representa un avance significativo: "Es una muy buena ley, con altos estándares de derechos, construida en diálogo con experiencias de América Latina y del mundo. El problema no es la ley, sino la falta de decisión política para aplicarla".

Para Mutazzi, el desafío es claro: "No se trata de reemplazarla, sino de hacerla cumplir".

Finalmente, convocó a sostener el debate de manera colectiva: "La invitación es a pensar, evaluar, criticar y reflexionar. Nadie puede quedar al margen de esta discusión".

El psicólogo también adelantó que el tema seguirá siendo abordado en Tardes Nuestras, el programa que coordina desde hace más de veinte años en Aire Libre Radio Comunitaria, donde cada semana se construye un espacio de reflexión junto a usuarios de salud mental.

El debate, entonces, no es solo técnico ni jurídico, sino profundamente político y social. Mientras gran parte del mundo avanza hacia modelos comunitarios, basados en derechos humanos e inclusión, en Argentina se discuten reformas que podrían implicar retrocesos.

No se trata de volver atrás, sino de hacer efectivo lo que ya fue conquistado.

Podes seguir a Tardes Nuestras en su perfil de Instagram: @tardesnuestras_antimanicomial

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