domingo, 23 de noviembre de 2025

El oficio de informar en tiempos turbulentos: conversación con Martin Baron

Martin Baron: El que fuera director de "The Boston Globe" y "The Washington Post" habla con La Razón de los retos del periodismo
Por: Víctor Fernández (@VictorFdez_)
Hubo un tiempo en el que muchos querían ser periodistas inspirados por las investigaciones de Bob Woodward y Carl Bernstein, aquellas que llevaron a la dimisión de Richard Nixon. Hoy, muchos aman este oficio de contar historias gracias a maestros como Martin Baron, quien dirigió dos cabeceras míticas: The Boston Globe y The Washington Post. Aprovechando su paso por las jornadas Metafuturo en Barcelona, este diario conversó con él.

En su intervención en Metafuturo ha reivindicado el optimismo en el periodismo pese al momento que vivimos.
Creo que debería ser así. Nunca he conocido a nadie que triunfe pensando que va a fracasar. Necesitamos el optimismo para tener éxito. También hay factores que nos permiten verlo con esperanza. Por ejemplo, durante los desastres naturales la mayoría de la gente acude a los medios tradicionales para informarse. Eso indica que aún hay una reserva de confianza en nuestro campo.

Pero tenemos que cambiar algunas cosas. Debemos cubrir a toda la gente sin desprecio, para entender sus esperanzas y expectativas. También ser más transparentes en nuestro proceso informativo. Si citamos un documento judicial, por ejemplo, deberíamos publicarlo íntegro para que se vea que no hay manipulación ni recortes interesados.

Además, debemos replantear nuestra manera de comunicarnos con el público: la información está cambiando. Los 'influencers' han tenido mucho éxito y deberíamos aprender de su forma de conectar con la gente. A pesar de todo, esta profesión ha sobrevivido muchísimo.

¿Es un peligro la inteligencia artificial para el periodismo?
Es una herramienta muy potente. Puede hacernos más fuertes y eficaces; creo que debemos aprovecharla. Pero también es una amenaza. Ahora se difunden informaciones falsas con vídeos, fotografías y audios manipulados. Es muy difícil refutar ese tipo de contenidos, y eso puede llevar a la gente a creer que ya no es posible distinguir lo verdadero de lo falso. Eso supone una amenaza para nuestro campo, para la democracia y para el progreso básico de la sociedad.

Necesitamos mecanismos de verificación y la capacidad de establecer hechos. Antes nos basábamos en la educación y las pruebas. Ahora esos valores se devalúan y hay políticos que los han denigrado porque no valoran la educación, el conocimiento ni la evidencia.

Me gustaría especular con usted sobre la próxima desclasificación de los papeles de Epstein. ¿Cree que la presidencia de Trump corre peligro?
Es difícil responder porque tendría que especular sobre documentos que no he visto. Sin embargo, Trump se resistió a la divulgación de esos papeles. Es posible que tema su contenido. Veremos.

¿Se están rompiendo las reglas de la relación entre el periodismo y el poder en Estados Unidos?
Trump ha roto las reglas. Cree que no debe cumplir ninguna. Reivindica que él es el único propietario de la verdad. Quiere que los periodistas sean taquígrafos de propaganda y no entiende el papel que desempeña la prensa en una democracia.

No respeta a los periodistas, pero tampoco a la Constitución. Meses después de su toma de posesión, una periodista le preguntó si tenía la obligación de cumplirla, y respondió: "No lo sé". Había jurado preservar, proteger y defender la Constitución, pero claramente lo hizo sin entender lo que decía.

Es un autoritario en ciernes. Ha llevado la democracia al borde del abismo. No cree en el Estado de derecho. Ha intentado socavar los pilares democráticos. Cree en la libertad de expresión solo cuando se trata de él mismo.

¿Cuál fue su reacción al ver a Jeff Bezos, propietario de "The Washington Post", apoyando la toma de posesión de Trump?
Estoy totalmente en desacuerdo con su comportamiento tras la toma de posesión y también antes, porque se negó a publicar un editorial de apoyo a Kamala Harris. Dijo que nunca más se publicarían editoriales de respaldo. Entiendo que en otros países no es habitual, pero en Estados Unidos, en The Washington Post y otros diarios, es tradición.

El periódico fue crítico con la política de Trump, describiéndolo como uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Sin embargo, Bezos temía una posible venganza por parte de Trump, dado que sus empresas tenían contratos con el Gobierno, especialmente en el ámbito espacial. No quiso enemistarse con él y sintió la necesidad de reparar la relación. Antes era visto como un enemigo de Trump por una sola razón: la cobertura informativa del Post.

¿Importa el formato en el que se publica una información?
Lo importante es que la información sea veraz. Da igual si aparece en papel o en digital.
Fuente: Diario La Razón

Llegar ya es político: voces, ausencias y resistencias del Encuentro Plurinacional en Corrientes

En la orilla del Río Paraná, miles de mujeres y diversidades vuelven a encontrarse para pensar juntas un país hirviendo: sin políticas, sin tiempo, sin plata, pero con una resistencia que insiste incluso cuando duele. El 38° Encuentro Plurinacional expone un país que late entre la precarización, el avance narco, la ausencia estatal y la fuerza de quienes llegan aunque no pueden. Una crónica de lo que se escucha mientras el territorio habla, con el valioso aporte de Claudia Acuña desde el lugar, en diálogo con Señales
La primera impresión de Corrientes es el calor. Un calor que no discute, que no se retira, que cae como una mano que aprieta la piel y la memoria. Apenas se baja del micro, Claudia Acuña lo reconoce en voz baja, como si hablara con el río: "Un hermoso día acá en Corrientes". Lo dice sin ironía. Lo dice con esa mezcla de lucidez y ternura que tienen quienes saben que la belleza nunca está separada del conflicto.

El Paraná avanza al costado de la ciudad con un movimiento que parece respiración. Un río marrón, espeso, que no fluye sino que pesa. Un río que guarda historias en su lecho, rutas invisibles, trayectorias de barcazas y mercancías. Lo mira de reojo mientras va camino hacia el lugar donde el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries está por comenzar.

Un dato cae como piedra: la hidrovía es hoy una de las venas abiertas más importantes del país.

"Agua que vale más que el oro", dirá después. Y cuando lo dice, el río parece asentir. Porque el Paraná es eso: un corredor estratégico, una frontera líquida, una autopista silenciosa por donde corren soja, alimentos, minerales… y droga. Mucha droga. Más de la que los discursos oficiales están dispuestos a admitir.

Ahí, donde el agua toca la costa correntina, comienza a insinuarse la primera coordenada del Encuentro: la disputa por el territorio, y dentro de esa disputa, la economía narco como fuerza estructurante. A nadie le sorprende, pero pocos lo dicen en voz alta. Claudia sí: "La hidrovía es una autopista para que baje merca a los puertos. Hay que tener cuidado con eso."

Cuidado con eso. Son palabras que alcanzan para tensar el aire.
 
Llegar ya es político
El Encuentro empieza antes del Encuentro. Empieza en los viajes, en los bolsos preparados con urgencia, en los pasajes comprados con rifas y changas. Empieza donde siempre empieza lo popular: en la organización invisible de lo cotidiano.

Claudia lo resume con una frase que es crónica y es diagnóstico: "Llegar ya es un éxito."

Y tiene razón.

Ella sostiene que todo ocurre en un momento áspero: llegar hasta acá cuesta dinero, falta tiempo y el año nos tiene agotadas. Aun así, casi setenta mil mujeres hacen el esfuerzo de venir para pensarse juntas. Esa necesidad —dice— es la que mueve y empuja, incluso cuando todo parece en contra.

En un país donde los salarios se desarman con el sol y donde el ajuste cae con especial saña sobre cuerpos feminizados, llegar a Corrientes es vencer algo más grande que la distancia. Es vencer la precarización, la falta de tiempo, el cansancio acumulado de sostener vidas enteras sin descanso.

Hay mujeres que viajaron veinte horas, mujeres que caminaron tramos de ruta, mujeres que dejaron notas pegadas en la heladera para avisar por dónde andarán. Mujeres que llegaron con sus hijes porque no había otra opción. Mujeres que gastaron lo que no tenían. Mujeres que no durmieron para poder estar. Mujeres que repiten una verdad antigua: lo que no se hace entre todas, no se hace.

Así entra el Encuentro en la ciudad: como un organismo vivo, respirando a través de miles de cuerpos que avanzan entre calles coloniales, casas bajas, sombras de lapachos.

Claudia dice: "La necesidad es lo que mueve."

Y lo que mueve este año duele: la falta de plata, la falta de tiempo, el dolor acumulado, la soledad institucional, la violencia que se expande, el narco que avanza y el Estado que retrocede.
La gran oreja
Antes de que arranquen los talleres, ya hay algo que se escucha.

En la costanera, bajo un árbol que apenas da sombra, una mujer del interior de Córdoba comenta: "Hace dos meses que no cobro". Otra, de Misiones, le responde: "Nosotras tampoco. Pero vine igual. No sabemos cómo, pero vine".

Eso es el Encuentro: un territorio donde las frases sueltas se vuelven diagnóstico colectivo.

Claudia lo define con una imagen que se queda suspendida en el aire: "El Encuentro es una gran oreja."

Una oreja enorme, plural, caótica, que escucha lo que afuera no se escucha:
las historias que no salen en los medios,
las violencias que no entran en las estadísticas oficiales,
las precariedades que no aparecen en los discursos políticos.

Una oreja que convierte lo biográfico en sistémico. Que permite ver que lo que te pasa a vos le pasa a otra, y que esa repetición no es casual: es estructura.
 
La ausencia que duele
Entre las miles que llegaron, también hay ausencias. Y esas ausencias son, en sí mismas, una denuncia.

Claudia lo explica sin metáforas: "No pudieron venir las organizaciones más atravesadas por las violencias: las de los barrios populares."

¿Por qué?
Porque no pueden parar.

Porque los cuatro días feriados son —para ellas— cuatro días sin escuelas que alimenten, sin comedores abiertos, sin asistencia estatal. Son cuatro días donde deben sostener la valla comunitaria: cocinar, cuidar, contener, vigilar.

Claudia lo dice así: "Trabajan 24 horas, los siete días de la semana, para sostener lo que ya no sostiene el Estado".

Y en esa frase está el país entero.

Las mujeres que sostienen la vida comunitaria no pudieron venir porque sostienen demasiado.
Derechos laborales: la crisis que nadie nombra
Entre los primeros intercambios aparece uno de los ejes centrales del año: la precarización laboral.

Claudia lo formula con la claridad de un titular que nadie se anima a publicar: "Tenemos un 60% de trabajo precario. ¿Cómo representás lo que no está representado? Ni los gremios pueden hablar en nombre del trabajador 100%, sino del 40% ponele."
 
Agrega Claudia que, en ese punto, se abre un desfasaje inevitable: una herramienta ya chueca, gastada antes de tiempo, con la que igual nos obligan a enfrentar el tsunami que se anuncia. Y ahí —dice— nace la verdadera preocupación: ¿cómo representar aquello que no encuentra espacio en las instituciones?, ¿cómo hacer visibles esas inquietudes que el sistema prefiere dejar fuera del cuadro?

Esa cifra, ese desfasaje, es una herida abierta.
La crisis de representación no es concepto abstracto: es la imposibilidad de defender derechos cuando la mayoría trabaja fuera de marcos formales.

Y es, también, un peligro político. Un país donde la representación se quiebra es un país donde los sectores más vulnerables quedan sin voz y, por lo tanto, a merced del poder económico y de las redes ilícitas que ocupan los vacíos.

Las mujeres lo saben.
Lo viven.
Lo nombran.

El "pequeño Hitler" en los bolsillos
En los talleres educativos y de comunicación aparece algo que parecía un desvío pero se vuelve eje: la adicción al celular.

Claudia lo resume con una frase quirúrgica: "El pequeño Hitler: el celular, educador de intolerancia."

Las docentes asienten.
Lo ven en las aulas:
la falta de concentración,
la irritabilidad,
la reacción violenta ante el desacuerdo,
la dificultad de sostener una conversación cara a cara.

Las redes —dicen— son el territorio donde se instalan nuevas formas de autoritarismo emocional. Donde se aprende a no tolerar al otro. Donde la polarización se vuelve forma de vínculo.

Y el Encuentro, con su insistencia en el cuerpo presente, en la escucha larga, aparece como una resistencia silenciosa a la lógica digital del odio.
Violencias: el Estado vaciado
Una pregunta aparece una y otra vez:
¿qué hacemos?

No hay programas de violencia.
No hay políticas públicas.
No hay contención estatal.

Lo dicen todas.
Lo vive cada una.

Claudia lo pone así: "Estamos solas. No hay programa de violencia. Y el Poder Judicial responde a la clase política: si dicen 'no hay femicidio', desaparece la carátula."

El peligro es estructural: cuando el Estado niega la categoría, niega la violencia. Cuando el Poder Judicial se acomoda al discurso, desaparece la justicia.

Y entonces la única fuerza capaz de presionar es la calle.
La organización.
El movimiento.

Observatorio Lucía Pérez: mirar lo que nadie mira
El Observatorio Lucía Pérez, coordinado por el colectivo en el que participa Claudia, registra día por día los femicidios, las tentativas, los huérfanos, las marchas.
 
Corrige y cuenta la cifra: 235 femicidios y travesticidios en 2025
235 historias que no ocupan tapas.

Las cifras no alcanzan para narrar el impacto.
Claudia lo explica así: "La violencia no la sufre solo ese cuerpo: afecta a la familia, a las vecinas, al colegio, al barrio entero."

El tejido social se estremece con cada muerte.
Pero el Estado no.
 
Narcofemicidios y la economía que avanza
Los nombres de Brenda, Lara y Morena circulan con un brillo oscuro.
Claudia los menciona para explicar algo que el país no está dispuesto a ver:
la economía narco se ha vuelto una fuerza ordenadora de territorios enteros.

"Somos la primera barrera", dice sobre las mujeres que sostienen comedores y espacios comunitarios.
La primera barrera contra la plata fácil, contra la ocupación del territorio, contra el reclutamiento.

Y por eso —dice— son objetivo.
Porque si las mujeres caen, cae la única defensa que los barrios tienen frente al narco.
"La plata sucia" y el país como imán
Otra frase de Claudia queda tatuada: "Somos un polo de atracción de plata sucia."

Y avanza:
—Que el carry trade es lavado;
—Que los Estados, urgidos de dólares, aceptan sin preguntar;
—Que esa plata condiciona política y justicia;
—Que los algoritmos también reproducen esa lógica de lavado: de dinero y de sentidos.

"Lo que llamamos algoritmo también es sospechoso de lavado epistémico", lanza.
Una frase que podría ser el título de un libro.
O de un duelo entre cultura popular y poder financiero.

Medios: lo que no se discute
Claudia lo dice con la tranquilidad de quien ya no espera nada: "Esto no se discute en los medios."
Ni en televisión, ni en grandes diarios, ni siquiera en redes.

Las redes, dice, están gobernadas por algoritmos que trabajan para ese sistema.
Por eso lo que se dice en el Encuentro no circula afuera.
Porque no conviene.
Porque no rota.
Porque no "funciona".

Lo que queda entonces es esto:
el cara a cara,
las palabras largas,
la escucha,
la incomodidad,
la organización.

El lema y la jerga
El lema oficial habla de trata y memoria.
Claudia lo relativiza: "El lema real es cómo reaccionamos."

¿Y la discusión sobre ONGs?
Aparece también: "La jerga de las ONGs no alcanza. Acá importa lo que pasa abajo. No hay forma correcta o incorrecta de nombrar la necesidad."

Es política desde abajo.
Desde el cansancio.
Desde el territorio.
Desde el abrazo.

La resistencia
Cerca de la apertura oficial, la señal se corta.
Claudia avanza hacia el anfiteatro.
Antes de desaparecer entre el murmullo, deja la frase que resume todo: "Somos la resistencia."

Lo dice sin épica.
Sin solemnidad.
Como quien constata un hecho.

La resistencia es cotidiana, cansada, real.
La resistencia es llegar.
Es nombrar.
Es sostener lo que el Estado dejó caer.
Es enfrentar al narco, a la precarización, al silencio mediático, a los algoritmos, al mercado que quiere convertir cuerpos en mercancía.

La resistencia es esta multitud que llegó aunque no pudo, que escucha aunque está agotada, que piensa aunque duele.

La resistencia es esta: un país entero buscando como reaccionar.

Y quizá —solo quizá— sea desde acá, desde estas miles de voces que laten juntas en un rincón caluroso del noreste, donde empiece la respuesta que falta.

Escuchá la entrevista completa:

Sobre Claudia Acuña
Es periodista, editora y docente. Fue la primera mujer en ganar el Premio Rey de España y la única periodista argentina en recibir la beca Guggenheim. Dirigió Cultura y Espectáculos de PáginaI12, la revista Viva y TresPuntos. En 2001 fundó la cooperativa lavaca, que edita la revista MU. Es también impulsora de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina AReCIA y del colectivo Periodistas Argentinas, dedicado a erradicar la violencia machista en el oficio.

Documento de apertura
Desde Corrientes, tierra guaraní, Yvy Maraey, la tierra sin mal:
¡Bienvenidas y Bienvenides al 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries! ¡Bienvenidas y Bienvenides a Corrientes!
Iniciamos un 38° Encuentro y las recibimos en nuestra tierra de carnavales, del chamamé, el sapucai, los esteros del Iberá; cuna de muchos héroes de Malvinas y del Libertador San Martín, hijo biológico de la guaraní Rosa Guarú, y de miles de mujeres que han sostenido la lucha por la dignidad en el año 99 y de aquellas que durante décadas han luchado por memoria, verdad y justicia.

Desde esta Comisión Organizadora estamos orgullosas de recibirlas por segunda vez desde aquel 1994, en el noveno Encuentro Nacional de Mujeres. Este encuentro será una demostración contundente de la potencia que tenemos cuando nos unimos, nos reconocemos y volvemos a encontrarnos.

Queremos hablar de Loan, este dolor que trajo el encuentro a nuestra provincia: un niño de tan solo cinco años, que fue raptado y desaparecido en 2024. En este caso, como en tantos otros, la corrupción y la negligencia de los poderes políticos, policiales y judiciales manchan sus manos. El Estado es responsable. Este doloroso hecho nos conmueve; lo seguimos esperando y reclamando su aparición. Porque Loan es solo una muestra de la realidad de lo que pasa en nuestro país: Loan nos duele, y dejó al descubierto la desprotección que sufren les niñes y adolescentes en nuestra provincia.

Se cumplen casi dos años del gobierno fascista de Javier Milei y en este corto período tenemos que lamentar: el cierre del Ministerio de las Mujeres y Diversidades; el congelamiento y bajas del Programa Acompañar; comedores y merenderos desfinanciados, sin alimentos y que resuelven día a día solo con la solidaridad del pueblo; el desmantelamiento de la línea 144; expresiones de odio institucionalizadas y constantes que incentivan la misoginia, el lesbo y transodio y que han dado lugar a más ataques a la comunidad LGBTIQ+. Hacemos responsable directo al presidente por estos hechos de violencia que ponen en riesgo la integridad y la vida de las diversidades.

También denunciamos la complicidad de la oposición política que, con su silencio o colaboración activa, permite que estas políticas precarizadoras avancen sin freno, profundizando el sufrimiento de las trabajadoras, las familias y nuestros barrios.

Esto se da en el contexto de un gobierno nacional que busca quitar la figura del femicidio del Código Penal, lo que permitirá a los femicidas gozar de penas más leves y recuperar la libertad mucho antes. También la derecha busca aprobar leyes mordaza que favorecen a pedófilos y violadores y silencian a las madres protectoras y a las víctimas de violencias y abusos sexuales.

Los femicidios y transfemicidios son una realidad que se repite sin que las autoridades ni la justicia lleguen a tiempo para prevenirlos. En lo que va del 2025 se registraron 210 víctimas de violencia machista extrema, de las cuales 191 son femicidios de mujeres y niñas, 1 lesbicidio, 2 transfemicidios y 16 femicidios vinculados de varones. Además, hubo seis suicidios asociados a violencia de género y 10 en contextos de narcotráfico.
En Argentina, en este 2025, se registra un femicidio cada 28 horas.
Cada una de esas muertes es responsabilidad de un Estado que desmantela políticas, recorta presupuestos y sostiene impunidades.

Exigimos Emergencia Nacional en Violencia Sexual y Doméstica.
Que no nos falte ninguna.
Ni Una Menos. Vivas y Libres nos queremos.
Exigimos el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género (26.743) y de la Ley de Cupo Laboral "Diana Sacayán-Lohana Berkins" (27.636). Es urgente la aprobación de una Ley de Reparación Histórica para nuestras adultas y adultes travesti–trans, quienes hoy viven y mueren en pobreza extrema. La esperanza de vida travesti-trans es de 35 a 40 años. También urge garantizar un acceso real e integral a la salud con perspectiva de género y no discriminatoria.

Los despidos masivos, suspensiones y reducciones salariales se multiplicaron en sectores claves y ya superan las 200 mil personas trabajadoras, de las cuales 99.612 provienen del desmantelamiento de programas de salud, ciencia y tecnología. Exigimos la continuidad de la moratoria previsional y que se mantenga el derecho de las amas de casa a jubilarse.

La marcha de jubilados y jubiladas de todos los miércoles —apoyada por otros sectores— es sistemáticamente reprimida por la policía federal. Este gobierno es el más violento de la historia argentina luego de la dictadura militar y muestra que pretende eliminar la protesta social.

También señalamos que la violencia en ámbitos laborales contra nosotras y nosotres se ha intensificado. Luchamos para erradicar estas violencias y para que se deje de sostener a funcionarios violentos. Exigimos el cumplimiento del Convenio 190 de la OIT.

Enfrentamos una política intencional de hambre y desempleo, de ausencia de oportunidades, sostenida por discursos de individualismo y "sálvese quien pueda". Milei avanza con un plan de destrucción del país, que incluye la privatización de empresas públicas y un ajuste feroz expresado en la Ley Bases y el RIGI.

Impulsa una política de aniquilación de grandes sectores de la población: descarga el ajuste contra personas jubiladas, retira subsidios a medicamentos —entre ellos oncológicos, VIH, lupus y enfermedades poco frecuentes— y vocifera odio contra los sectores populares y el movimiento feminista y transfeminista. Es una derecha reaccionaria que nos ha puesto en el lugar de enemigas.

Este gobierno pretende que retrocedamos en un derecho que conquistamos con lucha y que salvó vidas: el derecho al aborto legal. A 20 años de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguimos afirmando que en un mundo justo las niñas no son madres. El embarazo en la infancia es abuso sexual y garantizar la ILE es frenar las violencias contra las niñas obligadas a parir. Necesitamos que se garantice plenamente nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.

Peleamos por la implementación plena y federal de la Ley de Educación Sexual Integral.

Las compañeras y compañeres con discapacidad están en una situación de extrema vulnerabilidad. Somos atacadas permanentemente con la quita de pensiones no contributivas, la falta de acceso al empleo digno, la ausencia de programas de formación y de esparcimiento. Este gobierno no escucha: avasalla y recorta. Exigimos la implementación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, conquistada en 2025.

Seguimos exigiendo reconocimiento para las trabajadoras de comedores y merenderos populares, que sostienen un plato de comida para quienes más lo necesitan, incluso en pandemia. También exigimos reconocimiento salarial para quienes acompañan a personas con consumo problemático y a quienes viven en situación de calle.

Se suman muertes vinculadas al abandono estatal en dispositivos de salud mental y adicciones.
Exigimos la Ley de Emergencia en Adicciones. No al cierre de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, de las cuales más de 26 ya fueron eliminadas. Estas políticas salvaron miles de vidas. No hay derechos sin políticas de prevención y acompañamiento reales.

Nos manifestamos en defensa de la Universidad Pública y Gratuita, de la universidad del pueblo. Este 2025 conquistamos la Ley de Financiamiento Universitario y exigimos su cumplimiento.
¡Basta de desfinanciar ciencia, tecnología y cultura!
Este gobierno corrupto privilegia intereses empresariales e imperialistas que buscan llevarse nuestros recursos naturales. El RIGI los exime de impuestos y permite vulnerar nuestra soberanía, con flexibilidad laboral que habilita despidos sin causa, trabajo en negro sin sanciones, y acuerdos con el FMI por decreto. Todo traerá más hambre, saqueo y crueldad, golpeando primero a mujeres, disidencias, niñeces y adolescencias.

Reafirmamos que mujeres y diversidades somos parte de la defensa de la soberanía del Paraná, entregado desde los años 90 a empresas multinacionales como Jan de Nul. Denunciamos también la venta de nuestros ríos y nuestra agua a través del acuerdo de 12 provincias con la empresa estatal israelí Mekorot, denunciada por prácticas de apartheid hídrico. No podemos permitir que entreguen nuestros bienes comunes a un Estado que hoy comete genocidio contra el pueblo palestino.

Denunciamos la persecución a defensoras de la tierra: campesinas, ambientalistas, mujeres indígenas y militantes criminalizadas por enfrentarse al extractivismo y a los monocultivos que incendian nuestra provincia y nos dejan sin agua.

A esta derecha que beneficia al imperialismo y a las clases dominantes saqueadoras; a esta derecha que nos hambrea, nos violenta y oprime, le anteponemos este gran y contundente 38° Encuentro.

A esta derecha del odio de género, del odio popular, de la complicidad con genocidas de la dictadura, que ataca a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; a esta derecha negacionista de Milei, Villarruel y Bullrich, le decimos: No olvidamos y No perdonamos.
Son 30.400 las personas desaparecidas y seguiremos siempre con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

El gobierno provincial replica este modelo: gran número de trabajadores estatales tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, los costos de vida aumentan, las boletas de servicios son impagables y muchas personas no tienen vivienda propia ni acceso a derechos elementales.

Corrientes es territorio fronterizo con Paraguay, Brasil y Uruguay, zona de riesgo para el tráfico de personas, donde mujeres y niñes son secuestrades y explotades con total impunidad y complicidad política.

Nos atraviesa además un conservadurismo feroz sostenido por una clase política en el poder hace 23 años. Los avances nacionales en derechos no se aplican. La Ley provincial de Emergencia en Violencia de Género nunca recibió financiamiento. Los refugios se han vuelto inaccesibles y revictimizantes.

Aun así, el movimiento transfeminista en Corrientes se organiza y ha logrado que violadores y abusadores sean juzgados. La justicia incorporó por primera vez la figura de femicidio en causas paradigmáticas como la de Eli Verón y la detención del concejal abusador Guillermo Córdoba. Pero aun con pruebas y sentencias, la justicia deja libres a los culpables:
— El ginecólogo Gerardo Dahse, con más de 20 víctimas, sigue libre.
— El periodista Federico Soto y el entrenador Aldo Breard, ambos condenados por abuso sexual, continúan libres.

El femicidio de la periodista Griselda Blanco, de Curuzú Cuatiá, se entrelaza con el caso Loan, ya que denunciaba al Comisario Maciel, implicado en su desaparición. Exigimos justicia por Griselda, cuyo caso fue tratado como homicidio y no como femicidio.

En 2023 hubo 10 femicidios y 1 travesticidio en la provincia; siguen impunes. Entre ellos, el transfemicidio de Patricia Natividad Ramírez, luchadora por el cupo laboral trans. Exigimos justicia por Patri Ramírez.

También seguimos reclamando justicia por el femicidio de Sandra Silguero, ocurrido hace diez años. Su femicida, Daniel Borlicher, sigue prófugo. Exigimos verdad y justicia.

Exigimos que los suicidios de mujeres y disidencias sean reconocidos como femicidios cuando son consecuencia directa de violencias machistas. Nombramos a Nadia Portillo, cuya muerte expone los extremos de la violencia patriarcal.
Vivimos en una provincia donde el 52,3% de la población está por debajo de la línea de pobreza, realidad que genera más violencia en los hogares y desmantela las herramientas conquistadas por el movimiento transfeminista.

La salud provincial está en crisis: personal precarizado, centralización en la capital, niñes obligados a trasladarse cientos de kilómetros al único hospital pediátrico, mujeres embarazadas o en búsqueda de IVE/ILE viajando en ambulancias y muchas veces perdiendo la vida en el trayecto.
La obra social IOSCOR deja sin cobertura efectiva a mujeres, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y disidencias.

Además, el acceso a IVE/ILE se ve obstaculizado desde que la provincia se declaró "provida" en 2011. Reafirmamos el compromiso inclaudicable con el derecho a decidir sin injerencias estatales, partidarias o religiosas.

La ESI es inexistente y quienes la enseñan con perspectiva de género son perseguides.

Nombramos a mujeres criminalizadas tras eventos obstétricos. El caso más resonante es el de Ana, de Esquina, presa nueve meses por un aborto espontáneo, luego absuelta. En Argentina existen 1.532 causas por aborto y 37 causas por eventos obstétricos catalogados como "homicidio" o "abandono de persona" entre 2012 y 2020.

Los transfeminismos de Corrientes venimos organizándonos en encuentros provinciales. Hoy nuestras calles vuelven a ser una marea plurinacional. Tierras saqueadas, pero llenas de resistencia, vuelven a llenarse de voces por justicia, equidad y derechos.

En el interior provincial, las grandes empresas de monocultivos y estancias sostienen mano de obra esclava. Se han encontrado niñes esclavizados en carpas, sin documentos, sin poder salir de los campos.

La mayoría de los municipios sostienen salarios por debajo de la indigencia y programas de precarización.
¡Basta de salarios de pobreza en una provincia rica!

En Corrientes seguimos sufriendo incendios, pérdida de pastizales y montes. Las campesinas afrontan sequías, pobreza y pérdida de chacras. Los monocultivos de pino, eucalipto y arroz desvían el agua y dejan a los parajes sin recursos. Exigimos la Ley provincial de Medioambiente y Pueblos Originarios.

Recordamos a Cintia Alejandra Mendoza, directora rural fallecida en 2024 intentando apagar un incendio en Alem Cué, donde se quemaron 7.600 hectáreas.

Exigimos:
  • La inmediata restitución de políticas públicas con perspectiva de género.
  • Provisión de alimentos para comedores comunitarios y reconocimiento del trabajo de las compañeras que sostienen la vida en los barrios.
  • Reincorporación de todas las trabajadoras despedidas del Estado y regularización de contrataciones precarizadas.
  • Recomposición salarial acorde a la canasta familiar. Basta de salarios de hambre. Pase a planta permanente de trabajadores precarizades.
  • Justicia por los femicidios, travesticidios y transfemicidios impunes.
  • No a la quita de la figura de Femicidio del Código Penal.
  • Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres.
  • Plena implementación de la Ley Micaela en todo el Estado y profundización de la ESI con perspectiva de género.
  • Enfoque urgente en salud mental y dispositivos accesibles.
  • Un Estado presente que garantice derechos y deje de ser cómplice del ajuste y la represión.
  • Cese de causas a quienes luchan por Tierra, Techo y Trabajo.
  • Libertad a Milagro Sala.
  • No a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.
Repudiamos el genocidio en la Franja de Gaza.
¡Viva Palestina Libre!

A esta derecha que nos quiere silenciar le decimos:
¡Acá estamos! ¡Acá estamos, Milei!
Porque la opresión engendra rebelión, organización y lucha.

En estos Encuentros aprendimos a unirnos contra quienes nos someten y matan. Aprendimos a gritar:
¡Ni una menos! ¡Vivas, Libres y con Derechos nos queremos!

Recordamos a Araceli Méndez y Judit Casco, ex presas políticas fallecidas este año; y a la docente y luchadora Delfina "Yayita" Esquivel, integrante del primer Encuentro en Corrientes.

En estos Encuentros aprendimos a escucharnos, a respetar diferencias y a construir lo común. A practicar la verdadera democracia: la horizontal, sin jerarquías ni privilegios. Esa democracia nos hizo crecer y nos convirtió en un movimiento admirado en todo el mundo.

Compañeras y compañeres: hoy estamos acá también para abrazarnos. Esperamos este abrazo todo el año. Ese abrazo nos sostiene y nos da fuerza para seguir luchando.

Sabemos del enorme esfuerzo que han hecho para llegar a Corrientes. La Comisión Organizadora puso trabajo y corazón para recibirlas y construir juntas y juntes un maravilloso 38° Encuentro.

Agradecemos especialmente a la Comisión Organizadora del 37° Encuentro Plurinacional de Jujuy, que nos acompañó en todo momento.

Acá estamos las feministas y transfeministas: en las calles, en los barrios, en comedores, hospitales, escuelas y en cada espacio donde se resiste. Mientras el gobierno nos persigue y precariza, nosotres seguimos de pie porque nuestra lucha es por la vida, la dignidad y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y existencias.

¡Ni un paso atrás!

Que este Encuentro nos abrace, nos despierte y nos organice. Que ninguna lucha sea en soledad. Que el dolor sea fuerza colectiva, la rabia organización y el amor por nuestras vidas y territorios nos encuentre siempre del mismo lado: el de la dignidad.

Gracias por estar acá, por viajar, por sostener, por creer, por hacer posible lo imposible.

Bienvenidas y Bienvenides a este 38° Encuentro Plurinacional:
la casa donde nunca estamos solas, y donde siempre, juntas y juntes, volvemos a ser invencibles.

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sábado, 22 de noviembre de 2025

Uruguay: La radio M24 cae bajo control de aliado de Javier Milei y despide a todo el personal

La izquierda pierde uno de sus principales medios; el gremio declara alerta por extranjerización del dial
La histórica emisora uruguaya M24, vinculada durante años al Movimiento de Participación Popular (MPP), anunció este viernes que todos sus trabajadores serán despedidos como parte del proceso de venta del medio. Los nuevos dueños asumirán el 1° de enero y exigieron recibir la radio "sin compromisos laborales vigentes", lo que implica que el 31 de diciembre será la fecha de desvinculación total del personal.

El cambio de propietarios marca un giro abrupto: M24 pasará a manos del grupo argentino liderado por Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum, los mismos dueños del portal uruguayo El Observador, empresarios cercanos al presidente argentino Javier Milei. Según explicó Gustavo Gómez, director de Observacom, la operación implica que un sector ideológico muy distinto al que tradicionalmente ocupó la emisora pasará a controlar un espacio clave del dial uruguayo.

Despedidos todos los trabajadores
Durante una reunión interna, las autoridades comunicaron al personal que toda la programación sería interrumpida y todos los empleados quedarían cesantes.

El conductor de Justicia Infinita, Gonzalo Cammarota, lo expresó así en su cuenta de X: "En una reunión, las autoridades de la radio nos informaron que, básicamente, estamos todos despedidos. Echaron a todos de la radio."

Fuentes internas confirmaron que la instrucción de los compradores fue explícita: la radio debe ser entregada "sin compromisos laborales" al asumir el 1° de enero.

Mientras tanto, la empresa comunicó que el viernes 28 de noviembre sería el último día de operación habitual, aunque deja a cada programa la opción de cortar antes.

Tres emisoras, un mismo destino
El grupo argentino tomará control de:
  • 97.9 FM (Montevideo)
  • FM 90.9 (Colonia)
  • FM 102.5 (Maldonado)
Con esto, amplían su presencia en zonas estratégicas del dial.

APU declara estado de alerta: Extranjerización y riesgo de la soberanía
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) advirtió en un comunicado la posible extranjerización del espectro radioeléctrico y denunció que la operación podría estar esquivando la normativa vigente:
Quienes ejercen la tarea periodística asumen el compromiso ético de promover la transparencia en materia de propiedad y gestión de los medios de comunicación y harán lo que esté a su alcance para posibilitar el conocimiento claro de la ciudadanía de la identidad de los propietarios y del nivel de Su participación económica en las empresas de comunicación. Art. 3, Apartado II, Código de Ética Periodistica

En la noche del viernes 21 de noviembre la empresa permisaria de la emisora M24 convocó a los trabajadores y trabajadoras, después de una semana en que, desde el grupo base de APU, se solicitara una reunión.

En la misma se expresó que la radio se encuentra en un "proceso de venta" y que los futuros permisarios tomarían el control a partir del 1° de enero de 2026 y pusieron, como condición, que no haya compromisos laborales preexistentes. Por lo tanto, desde el 31 de diciembre de 2025 se procederá a la desvinculación de todo el personal de las tres emisoras (97.9 Montevideo, 102.5 Maldonado y 90.9 FM Claridad de Colonia). Desde APU hemos seguido este proceso que ha estado rodeado de inconsistencias y dilatorias a la hora de informar a los y las trabajadoras. Por otra parte, APU citó a la empresa para el viernes 21 a las 14 horas a presentarse ante la Dirección Nacional del Trabajo (DiNaTra) y no sólo no se presentó, sino que tampoco respondió a la convocatoria. Ahora se ha realizado una nueva convocatoria para el lunes 24 a las 17 horas.

El único argumento que se ha brindado hasta el momento es que la decisión de venta se realiza por problemas financieros del actual permisario. No obstante, nuestra preocupación también está vinculada con el otorgamiento de la onda a capitales extranjeros a través, seguramente, de algún testaferro de nacionalidad uruguaya.

Ante esta posibilidad de burlar, una vez más la legislación vigente y la soberanía del país, APU se declara en estado de alerta. El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad que en este caso es administrado por el Estado uruguayo en tanto se considera un recurso estratégico esencial para toda la sociedad.

Seguiremos bregando por la defensa de los bienes del Estado y fundamentalmente por el respeto irrestricto a los derechos de los y las trabajadoras de los medios de comunicación en todos sus ámbitos.
Asociación de la Prensa Uruguaya 
La contradicción: M24 crecía en audiencia
Los trabajadores remarcan que la decisión llega apenas dos semanas después de que la radio fuera reconocida como la emisora de mayor crecimiento de audiencia según las mediciones más recientes y emitieron este comunicado:
Los trabajadores y trabajadoras de M24 informamos que este viernes 21 de noviembre de 2025 la dirección de la emisora nos comunicó que la radio se encuentra en un proceso de venta. La consecuencia inmediata de esa decisión es la interrupción abrupta de toda la programación habitual y el despido de la totalidad del personal: comunicadores, productores, equipo audiovisual, redes sociales, técnicos, personal administrativo y auxiliar de servicio.

La empresa optó por no brindar información sustantiva sobre la operación. No consideró necesario comunicar a quién se vende la emisora, cuándo comenzó el proceso que hoy deriva en el cese de cerca de 40 trabajadores, ni cuáles son las razones que justifican una decisión de esta magnitud, más allá de un somero “razones económicas”. Todo esto ocurre apenas dos semanas después de que M24 fuera reconocida como la radio de mayor crecimiento de audiencia según las mediciones más recientes.

Como colectivo, confiamos en que la dirección de la empresa brinde un cierre administrativo respetuoso, transparente y acorde al discurso progresista con el que se presenta como “un espacio distinto y de referencia en el dial”. Y, sobre todo, que honre los vínculos laborales construidos durante estos años, más allá de las particularidades contractuales de cada integrante del equipo.

Por último, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a quienes han estado siempre del otro lado: oyentes, familiares y amigos que nos acompañaron con un apoyo incondicional. Ese respaldo hizo posible cada programa, cada jornada y cada desafío.

Seguramente nos volveremos a encontrar, en otro momento y en otro lugar, allí donde la comunicación vuelva a convocarnos.
La emisora M24 también dijo lo suyo:
Querida audiencia:
M24 está atravesando un proceso de cambio de propietarios, que marca un momento importante en la historia de la radio. Por este motivo, es posible que a partir del lunes existan ciertos cambios en nuestra programación habitual. De todas formas, hasta fin de año, podrán seguir disfrutando de la música nacional característica de nuestro medio.

Queremos abrazar y agradecer al equipo y a todas las personas que a lo largo de estos años formaron parte del proyecto y construyeron un espacio distinto y de referencia en el dial.

A las y los oyentes por elegirnos, por escuchar distinto, por hacernos mejores y por dejarnos ser parte de sus rutinas, acompañándonos mutuamente en cada día. Ha sido un honor y un privilegio por el que estaremos profundamente agradecidos siempre.
Un senador del Partido Nacional dice:
El senador Sebastián Da Silva se despachó contra la emisora en X, burlándose de los trabajadores que quedarán desempleados: "Esta gente hace catarsis conmigo y no con la dirección del MPP, que fue la que los dejó sin trabajo sin avisar. El guionista de Dios: la radio más 'Free Palestine' fue comprada por el 'sionismo' capitalista. Todo frente a sus narices y todavía no se sacan el balde."

El trasfondo político
La compra por parte de empresarios alineados con Javier Milei implica un desplazamiento simbólico y real del único medio masivo históricamente cercano al espacio del MPP, cambiando el perfil editorial y la línea ideológica del dial.

Entre negocios y política: Bettina Bulgheroni, la amiga que mueve hilos en Milei
Gerardo Werthein, Gabriel Hochbaum y Bettina Bulgheroni, accionistas del Grupo El Observador, junto a la exvicepresidente de Uruguay, Beatriz Argimón
Bettina Bulgheroni, amiga de Karina Milei y quien fue denunciada por Jorge Rial, acusado de intervenir en la negociación para frenar la denuncia sobre corrupción en el gobierno de Javier Milei, se comunicó con varios medios en nombre de Karina Milei.

Jairo Staccia agregó: "Hoy Bettina es, desde hace mucho tiempo, pareja de Alejandro Bulgheroni, accionista y hermano de Carlos Bulgheroni, de Panamerican Energy, la principal petrolera privada de Argentina, un poder económico extremadamente influyente. Para que se den una idea, en todos los medios donde trabajé, mencionar el apellido Bulgheroni siempre generaba advertencias por su peso y poder. Esa percepción volvió a mí cuando Elisa Carrió habló recientemente sobre Bettina Bulgheroni, ahora flamante presidenta del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción. Por primera vez, lidera una organización empresarial, coincidiendo con su momento de mayor cercanía con Karina Milei.

Ambas comparten el palco en el Congreso y aparecen juntas en actos donde habla Milei. Karina Milei se muestra cercana a Bulgheroni, quien representa un poder económico real, aunque poco visible. Carrió la mencionó en el programa Cenital: 'El establishment ahora tiene una dirigente empresarial que dice haber roto el techo de cristal: Bettina Bulgheroni. Increíble, considerando que fue empleada del bloque radical, luego cercana a un senador, después amiga de Corach, y ahora pareja de Alejandro Bulgheroni y presidenta de esta entidad. Llega ahí gracias a sus contactos, y si esto es romper el techo de cristal, estamos en problemas.'

Carrió agregó que Bulgheroni es la amiga que protege y financia ciertas operaciones: aportó dinero a Milei para evitar que Macri se beneficiara, ya que estaban enfrentados con él. 'La plata fue a Milei; Franco no está con Milei, sino con Eurnekián, y ahora buscan influir. Toto Caputo, así como en su momento Bunge le asignó ministerios, fue puesto por ella', concluyó."
Fuentes: Caras y Caretas, Montevideo Portal, La Diaria, APU, Señales

Una COP fracturada: Belém cierra sin mencionar los fósiles y expone el derrumbe del consenso climático

Presidente de la COP30 Andre Correa do Lago llora durante el cierre de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30)

La COP30 en Brasil terminó sin incluir una sola referencia a los combustibles fósiles, pese a que la transición energética dominó cada pasillo y debate en Belém. La discusión central quedó ausente del documento final, desatando la indignación de países como Colombia y revelando un quiebre sin precedentes en tres décadas de cumbres climáticas. Aun así, esta edición marcó el regreso de las movilizaciones populares a la escena global del clima y dejó al descubierto una realidad incómoda: el consenso internacional para enfrentar el calentamiento ya no es un punto de partida, sino un terreno profundamente disputado.

Un borrador que encendió las alarmas
En Belém do Pará, en plena Amazonia brasileña, se desarrolló la COP30, la Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, ese encuentro anual en el que casi 200 países negocian el rumbo del planeta frente a la crisis climática. La cumbre había sido anunciada por el presidente brasileño Lula da Silva como "la COP de la verdad" y "de la implementación": el momento decisivo para pasar de las palabras a la acción y comenzar a dejar atrás los combustibles fósiles. Pero el espíritu inicial chocó de frente con un borrador que incendió las alarmas: desaparecieron todas las menciones al petróleo, al gas y al carbón.

Las reacciones no tardaron en llegar. La Unión Europea cuestionó duramente el documento; más de 30 países —entre ellos Colombia, México y Chile— elevaron reclamos formales; y organizaciones ambientales denunciaron un retroceso respecto de lo logrado en Dubái. Con negociaciones trabadas y el riesgo latente de que no haya acuerdo, la tensión domina los pasillos de la cumbre.

La voz de la región y el 'Mutirao' brasileño
En ese clima está Laura Rocha, periodista ambiental, cofundadora y presidenta de Periodistas por el Planeta, una referente regional que ha cubierto durante años las cumbres más relevantes del clima. Hoy trabaja como periodista freelance en Infobae y conduce Cuestión Ambiental en FM Cultura. Desde el Media Center de Belém, sigue minuto a minuto cada movimiento de los delegados.

Rocha explica que el plenario —la instancia en la que los países votan la declaración final— estaba convocado para primera hora y luego fue postergado para las 11, y que el solo hecho de que se convoque indica que "todo está medio cocinado". Según pudo saber, la presidencia de la COP, a cargo de Brasil, buscaría responder a las quejas de los países que reclamaron la ausencia de combustibles fósiles proponiendo un mecanismo alternativo: trabajar durante todo el año en una iniciativa que mantenga vivo el tema dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas.

Ese "Mutirao", una palabra portuguesa que alude a una acción conjunta en beneficio de todos, sería el paraguas de una decisión amplia, con varios elementos importantes: la inclusión de la lucha contra la desinformación, el refuerzo del papel de la ciencia —"muy importante ante los negacionismos con los que convivimos", subraya Rocha— y la obligación de que los países tripliquen el financiamiento destinado a la adaptación, es decir, a prepararse para los impactos ya inevitables del cambio climático. Así, la cumbre podría cerrarse en las próximas horas, pese a que debía haber terminado el día anterior.
Movilización social y diplomacia climática
Aunque los combustibles fósiles no figuren en el texto final, Rocha insiste en que estuvieron muy presentes en la conferencia. Por primera vez en muchos años, una multitud salió a las calles el sábado previo: entre 50.000 y 70.000 personas exigieron una transición energética real. También hubo señales diplomáticas: la llamada "Declaración de Belén", impulsada por Colombia y firmada por 29 países —entre ellos Chile, México y Panamá—, propuso una hoja de ruta concreta para abandonar el uso de petróleo, gas y carbón. No se trata de un abandono inmediato, aclara Rocha, sino de establecer un límite temporal claro para los combustibles fósiles, un objetivo sin el cual la transición pierde dirección.

El rol de Colombia y las tensiones del post-COP
Mientras tanto, Colombia anunció que en abril, en Santa Marta, convocará a esos mismos 29 países y otros más para avanzar en una ruta de Fossil Fuels Phase Out. Será los días 28 y 29, y se espera que esa reunión aporte nuevos impulsos políticos al proceso.

Un acuerdo posible, pero lavado
Respecto del acuerdo general de la COP30, Rocha sostiene que existe y que será aprobado, aunque "un poquito lavado" para que todos los países puedan adherir. Esto tiene que ver con la lógica del sistema: las decisiones deben aprobarse por consenso entre los 194 países más la Unión Europea. "Vale lo mismo el voto de la Isla Tuvalu que el de Francia", recuerda, y cualquier voto negativo funciona como un veto. Por eso, cada palabra se negocia y se pule, y en ese proceso, lamentablemente —dice— quedaron fuera los combustibles fósiles.

Rocha pone la situación en perspectiva histórica: recién en la COP28, celebrada en Dubái, se mencionaron por primera vez los combustibles fósiles en un texto oficial. "Se tardó 28 años en nombrarlos", enfatiza. Que en esta edición vuelva a desaparecer su referencia no debería sorprender en un ámbito donde los acuerdos son frágiles y donde incluso en un país petrolero como Emiratos Árabes Unidos se logró un avance que costó décadas.

América Latina emerge como bloque
Los nudos principales de esta COP giraron en torno al financiamiento, el comercio de emisiones, la transparencia y los planes climáticos. La presidencia brasileña decidió agruparlos todos bajo el Mutirao, redactando principios y compromisos con sumo cuidado, usando verbos específicamente elegidos para garantizar una aceptación generalizada. Las palabras pesan, y mucho, en diplomacia.

Consultada sobre qué nivel de ambición sería el mínimo aceptable para que esta COP no se considere un fracaso, Rocha rechaza la idea de fracaso. Sostiene que América Latina tuvo un papel inédito: por primera vez, países como Brasil, Colombia y México "lideraron la agenda" de transición energética. La región, que históricamente no actuaba en bloque, mostró una voz conjunta. Menciona que antes estaban más presentes las posiciones comunes de países africanos o de Estados insulares como Marshall o Fiji, amenazados directamente por el aumento del nivel del mar. En esta COP, en cambio, América Latina se plantó como actor regional articulado, y eso, para ella, es un logro importante.
La floja presencia argentina
A eso se suma, dice, la revalorización de la ciencia en el texto final. En tiempos de desinformación y discursos negacionistas que circulan con fuerza, rescatar la centralidad del conocimiento científico es crucial. No es casual que Lula hablara de "la COP de la verdad": garantizar la integridad de la información es una pieza fundamental de la lucha climática.

Respecto del rol argentino, Rocha es contundente: "fue bastante pobre". La delegación estuvo representada por una sola enviada de Cancillería. El subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, estaba previsto que viajara para presentar el compromiso climático actualizado del país —esa obligación que todos los Estados deben cumplir cada cinco años, informando sus metas de reducción de emisiones—, pero finalmente no lo hizo. Aunque el compromiso se presentó dentro del país, no fue elevado oficialmente ante Naciones Unidas. Según trascendió, la ausencia de Brom se debió al recambio y reordenamiento ministerial dispuesto por el gobierno. La representación argentina se concentró en temas de género, pidiendo modificaciones en el lenguaje —por ejemplo, reemplazar "géneros" por "femenino y masculino"—, un foco que, para Rocha, tuvo poco peso geopolítico en este contexto.

Aun así, subraya que Argentina no puede, por pragmatismo, alejarse del Acuerdo de París: el país busca ingresar a la OCDE, así como exportar GNL, petróleo y gas de Vaca Muerta, y nada de eso sería viable fuera del marco del acuerdo climático global. Desde Belém do Pará, donde las negociaciones parecen avanzar hacia un consenso posible aunque acotado, Laura Rocha observa la cumbre con la experiencia de quien cubrió este proceso desde sus inicios. Más allá de las omisiones, matices y retrocesos, identifica señales políticas, científicas y regionales que, a su entender, configuran un balance más complejo que el de un simple éxito o fracaso. Mientras la COP30 se encamina a su cierre —probablemente "en las próximas horas", dice—, las discusiones sobre el futuro energético del planeta, su financiamiento y su justicia climática continúan desplegándose en ese gigantesco salón donde, como siempre, cada coma puede definir la historia.

Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Ueslei Marcelino y Prensa COP

jueves, 20 de noviembre de 2025

Organizaciones denuncian un retroceso histórico en la libertad de expresión en Argentina

Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA y Julia Mengolini, periodista y fundadora de la radio FutuRöck denuncian hostigamiento al sector de la prensa argentino por parte del Gobierno de Milei

Organizaciones internacionales y argentinas —entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), SiPreBA, FoPeA y Amnistía Internacional— denunciaron la campaña de hostigamiento contra la prensa atribuida al Gobierno del presidente Javier Milei, durante una audiencia pública realizada este miércoles en la Universidad de Miami (Estados Unidos), en el marco del 194º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Estado argentino respondió de modo insuficiente ante el deterioro sostenido y alarmante en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. En una audiencia celebrada en Miami, la Comisión  recibió denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre un panorama de hostigamiento, deslegitimación y ataques contra periodistas, comunicadores y manifestantes.

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, las organizaciones de la sociedad civil presentaron datos concretos y testimonios que describen el inquietante panorama actual, agravado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Tras considerar estos argumentos y la respuesta del Estado nacional, los integrantes de la Comisión expresaron su preocupación y dejaron abierta la posibilidad de realizar una visita oficial al país para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la situación.

Un contexto de hostigamiento creciente
En la audiencia, Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), SiPreBA, FATPren, ARGRA, Poder Ciudadano y otras organizaciones expusieron un deterioro pronunciado de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Argentina. Se denunciaron ataques hacia opiniones críticas, campañas de odio, hostigamiento digital, agresiones físicas en manifestaciones, vigilancia estatal, persecución a través de la justicia penal, desmantelamiento de medios públicos, falta de apoyo a medios comunitarios y un contexto general de control de la opinión tras la publicación de fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional.

Las organizaciones señalaron un contexto en el cual el propio Estado emplea su poder para perseguir, humillar y silenciar tanto en el terreno virtual como en las calles. FoPeA aportó datos alarmantes: en 2024 se registraron 179 casos de ataques al ejercicio periodístico —un aumento del 53% respecto de 2023—, y en lo que va de 2025 ya hay 257 casos. "El presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025", afirmó Paula Moreno, presidenta de FoPeA, quien destacó el uso de "narrativas de odio y desinformación" y la difusión de la frase "no odiamos lo suficiente a los periodistas" desde las más altas autoridades.

Testimonios de periodistas bajo ataque
La CIDH se solidarizó con Julia Mengolini, quien relató una campaña de difamación sin precedentes: "Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de amenazas de violación y muerte, incluso contra mi hija de 6 años. El propio presidente amplificó esas agresiones, publicando casi 100 mensajes en cuatro días y justificando la violencia diciendo que 'me merecía el vuelto'".

Hugo Alconada Mon describió intentos de hackeo, amenazas y la registración de sitios pornográficos a su nombre tras revelar un plan de inteligencia gubernamental que habilitaba el espionaje sobre opositores y periodistas. A esto se sumó el testimonio del sindicato SiPreBA sobre ataques físicos concretos habilitados por discursos oficiales que estigmatizan a la prensa.

Los testimonios de fotoperiodistas ilustraron la gravedad de la situación en la calle. "Desde hace dos años, los trabajadores de prensa normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra", relató Tomás Cuesta, de ARGRA. Paola García Rey (Amnistía Internacional Argentina) recordó que entre 2024 y 2025 casi 300 trabajadores de prensa resultaron heridos durante operativos represivos. Estas imágenes fueron clave para reconstruir la trayectoria del cartucho de gas lacrimógeno que perforó el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo, caso en el que el Ministerio de Seguridad intentó responsabilizar a la víctima bajo el argumento de haberse puesto "en la línea de tiro".

Otra línea de ataque es el desguace de los medios públicos nacionales. La agencia de noticias TelAm fue vaciada de su capacidad editorial, sus periodistas desplazados y su financiamiento reducido. Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas y culturales sufrieron congelamiento salarial, pérdida de personal y cierre de programas. Además, la pauta publicitaria estatal fue redirigida de manera arbitraria hacia medios afines al gobierno, afectando gravemente a los medios comunitarios, muchos de los cuales debieron cerrar o reducir sus operaciones.

La postura del Gobierno
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, representó al Estado y negó problemas de libertad de expresión. Afirmó que los ataques individuales no pueden adjudicarse a políticas oficiales, calificó las denuncias como casos aislados y aseguró que la actividad periodística está protegida. Acusó a las organizaciones de formular críticas fuera del objeto de la audiencia y sostuvo que en Argentina "no existen medidas regresivas".

Esta postura fue cuestionada por la CIDH. La secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, subrayó que la Comisión observa una tendencia, no episodios aislados: "Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos". El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que la voz de un gobernante tiene un impacto directo y que ninguna autoridad debe contribuir a generar riesgos para la prensa. La comisionada Gloria De Mees señaló que para dialogar "hay que reconocer que hay un problema".

FoPeA amplía el diagnóstico
  • Durante la audiencia, FoPeA remarcó tres elementos que evidencian la degradación del clima para el ejercicio periodístico:
  • Aumento inédito de agresiones, especialmente violencia digital protagonizada desde las máximas autoridades.
  • Uso de acciones judiciales para intimidar a periodistas.
  • Violencia física contra la prensa en manifestaciones y operativos.
El representante de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, advirtió sobre el uso de la justicia como arma política y cuestionó las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. Claudio Jacquelin subrayó que la descalificación oficial "busca deshumanizar a los periodistas" y alertó sobre la paralización de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados.

Organizaciones como SiPreBA, FATPren y ARGRA sumaron denuncias sobre el uso sistemático de gases, balas de goma y agresiones directas a reporteros, mientras Amnistía Internacional destacó un ensañamiento particular contra mujeres periodistas.

Pedido de monitoreo y misión oficial
Las organizaciones solicitaron a la CIDH:
  • Monitorear el contexto represivo en Argentina.
  • Exigir al gobierno medidas para detener ataques contra periodistas y voces críticas.
  • Poner fin a la represión contra manifestantes y trabajadores de prensa.
  • Realizar una misión oficial junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
  • Elaborar un informe exhaustivo sobre la situación en el país.
  • Instar a derogar el Decreto 780/2024 por limitar el acceso a la información pública.
  • Crear un Observatorio Permanente sobre libertad de expresión.
  • Activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema argentina.
  • Elaborar un protocolo que garantice litigio sin costos económicos en casos de solicitud de información pública.
El pedido fue acompañado también por AMARC, Fundación Transparencia Activa, Innocence Project Argentina, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, REDCOM, el Colectivo Revista Crisis y la Fundación Heinrich Böll.

La CIDH evalúa una visita a la Argentina
Tras escuchar las exposiciones, la CIDH —a través de su presidente José Luis Caballero y de la secretaria ejecutiva Tania Reneaum— manifestó su preocupación, respaldó la labor de la Relatoría Especial y dejó abierta la posibilidad de realizar una visita formal al país. "Preocupa que no haya una restricción normativa pero que en la vía de los hechos sí haya afectaciones", señaló Reneaum.

La CIDH concluyó que existe una tendencia de amenazas, criminalización, discursos estigmatizantes y represión incompatibles con los estándares democráticos.

miércoles, 19 de noviembre de 2025

El Gobierno acelera el ajuste en Radio y Televisión Argentina y relanza un plan de retiros voluntarios

El Gobierno de Javier Milei avanza en una profunda reestructuración de Radio y Televisión Argentina y ultima los detalles de un nuevo plan de retiros voluntarios que abrirá en los próximos días, con el objetivo de reducir de manera significativa la plantilla de alrededor de 2400 trabajadores entre la TV Pública y Radio Nacional. La iniciativa forma parte del proceso de "achique y modernización" que la Casa Rosada impulsa desde el inicio de la gestión, y podría derivar en nuevas depuraciones antes de fin de año.
Radio y Televisión Argentina (RTA) es una Sociedad Anónima Unipersonal que tiene a su cargo la gestión de Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior.
La medida será instrumentada por Javier Lanari, titular de la Secretaría de Medios y Comunicación, que tras los últimos cambios quedó bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su desembarco coincidió con un reordenamiento interno para acelerar decisiones que, según reconocen en el Gobierno, "se demoraron más de lo previsto".

Hoy, la TV Pública tiene unos 1300 empleados y Radio Nacional cuenta con cerca de 1100. Según el Ejecutivo, estos números reflejan un "crecimiento desproporcionado" durante las gestiones kirchneristas. Sin embargo, la comparación oficial —que equipara la dotación de Radio Nacional con la de Radio Mitre— es cuestionada: Mitre tiene alrededor de 300 trabajadores concentrados en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Radio Nacional administra 57 emisoras distribuidas en todo el país y opera además el sistema de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE). La emisora cabecera del sistema es LRA1 Buenos Aires, que articula la red de transmisión federal.

Pese a estas diferencias estructurales, el Gobierno mantiene la decisión de avanzar en un esquema de retiros voluntarios, cuyos montos serán "acordes al rango y a la antigüedad". El número final de la reducción se mantiene en reserva.

Un operativo demorado y una intervención que buscará estirarse
La apertura del plan depende de que la nueva Secretaría sea formalmente habilitada por decreto, algo que en el Ejecutivo esperan completar en los próximos días. Con ese paso cumplido, la implementación quedará en manos del interventor de los medios, Carlos Curci —exvocero de la Sociedad Rural—, quien asumió en julio tras la salida de Eduardo González, un funcionario de la órbita de Diego Chaher, responsable de los planes de privatización.

La intervención, aplicada desde el inicio del gobierno libertario, deberá renovarse nuevamente en febrero. Al tratarse de la segunda prórroga, el Gobierno necesitará justificarla ante los organismos de control. "Queremos mantener el control para normalizar", insisten en Casa Rosada. La falta de avances durante la gestión de González y de Héctor Caballero en Radio Nacional todavía genera malestar interno: "Se perdió mucho tiempo con ellos", afirman.

El desembarco de Curci se complementó con el nombramiento de Bárbara Pintelos en la Subsecretaría de Medios. De perfil técnico y formación económica —sin experiencia en comunicación—, fue seleccionada, según fuentes oficiales, por su capacidad para "ordenar y achicar".
Está claro que la "reorganización" – término que tanto usan y que remite a la época más oscura de nuestra Historia – es para este gobierno el vaciamiento del Estado. En este caso, de la radio pública que garantiza la soberanía informativa, la identidad cultural y el desarrollo económico de nuestra Patria, dijo la FATPren, en julio del 2024
El impacto ya visible en la red federal
Más allá del plan de retiros, los cambios en Radio Nacional ya son perceptibles en el aire. Por decisión del Gobierno, numerosas señales de FM de la red federal fueron transformadas en repetidoras de contenidos producidos desde Buenos Aires, lo que redujo drásticamente la generación de información local y desconectó a las emisoras de sus comunidades de referencia.

A esto se suma la eliminación de las redes sociales de cada radio local, que hasta entonces permitían difundir noticias de la región, mantener vínculo con oyentes y producir contenidos propios. Trabajadores y exdirectivos advierten que estos recortes comprometen la función federal del sistema público, cuya misión histórica es garantizar presencia informativa en todo el territorio, especialmente en zonas donde no operan emisoras privadas.

Hacia una pantalla "más competitiva" y el fantasma de la privatización
En paralelo, el Gobierno trabaja en un cambio integral de imagen para la TV Pública, con modificaciones gráficas, tipográficas y de programación. "Queremos una pantalla más entretenida y competitiva con los canales privados", repiten en el Ejecutivo.

Solo después de estabilizar la estructura y el presupuesto, señalan, se reactivaría la discusión sobre una eventual privatización, una posibilidad que el oficialismo dejó trascender en distintas oportunidades pero que aún no tiene plazos definidos.

Con sindicatos en alerta y dudas sobre el alcance real del ajuste, la apertura del retiro voluntario marcará un punto de inflexión en el sistema de medios estatales: una red federal históricamente orientada a garantizar acceso a la información pública en todo el país enfrenta, probablemente, la mayor transformación desde su creación.

"Defender Radio Nacional es defender el federalismo": las provincias hablan en silencio
El miércoles 19 de febrero amaneció con un murmullo inquieto en las emisoras de Radio Nacional del interior. En varias redacciones, los periodistas llegaban a sus turnos para descubrir que la grilla local —esa que durante décadas fue la voz cotidiana de cada comunidad— había sido reemplazada por una única señal: la programación porteña que bajaba, incesante, desde Buenos Aires. Para muchos, fue un apagón que no necesitó cortar la luz: alcanzó con silenciar lo propio.

Ese mismo día, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) salió a denunciar lo que describió como un proceso acelerado de centralización dentro de RTA SE. El comunicado, difundido al mediodía, no hizo rodeos. Era un rechazo "enérgico" a la decisión de convertir todas las FM provinciales de Radio Nacional en repetidoras de la grilla capitalina. Una medida que, advirtieron, venía acompañada por otro proceso silencioso: las AM, desde hacía meses, también perdían espacio local en favor de contenidos producidos en Buenos Aires.

En los estudios de las radios provinciales, esa preocupación tenía rostro. Conductores que hasta hace semanas abrían micrófonos para hablar de la sequía, de los conflictos municipales o de una fiesta patronal, ahora debían limitarse a monitorear una señal lejana, ajena. "Las emisoras no son meros transmisores", insistió FATPren en el pasaje más citado del comunicado. "Son espacios construidos durante décadas para garantizar información pública de proximidad." En otras palabras: no basta con que el sonido llegue; importa quién lo produce, desde dónde y para quién.

La identidad regional, arrinconada
La federación alertó que la decisión de RTA SE arrastra consigo algo más profundo que un cambio de programación: el desplazamiento de las identidades culturales de cada región. En vez de la multiplicidad de voces que caracterizó históricamente a Radio Nacional, se impone —dicen— una sola agenda, "vertical y porteñocéntrica".

En las provincias, esa sensación se convirtió en una mezcla de extrañeza y desarraigo. Las mañanas ya no abrían con el parte del río, la actualización del clima en la montaña o la noticia del club de barrio. Todo eso cedió ante la marea de una ciudad que, aunque capital, está lejos de representar la vida cotidiana de los millones que habitan el resto del país.

Recortes, vaciamiento y micrófonos apagados
La denuncia de FATPren también enumeró una serie de decisiones que, según sostienen, profundizan el vaciamiento de la radio pública federal. Bajas salariales sin negociación, reducción de equipos, suspensión de horas extras —que dejó a varias provincias sin programación los fines de semana o feriados— y el fin de las transmisiones deportivas locales, uno de los últimos bastiones del relato propio.

En más de una emisora, el silencio del domingo fue más que simbólico: fue la señal evidente de que algo se estaba apagando en la estructura de la radio pública.

"La ciudadanía tiene derecho a informarse sobre lo que sucede en su propio territorio", recordó la federación, reforzando un principio que, para los trabajadores, está en el corazón de los medios públicos: la pluralidad y el acceso a información federal.

Un pedido urgente y un llamado al país
Por eso, FATPren exigió la inmediata revisión de la medida y la restitución de todos los espacios locales eliminados. El cierre del comunicado condensó el espíritu de la protesta y la preocupación que recorre al interior del país: "El país no se construye desde un solo punto del mapa."

Al caer la tarde, mientras las repetidoras seguían transmitiendo la señal porteña sin interrupciones, muchos trabajadores de Radio Nacional en el interior repetían la frase que dio título al documento y que, para ellos, es más que una consigna gremial: Defender Radio Nacional es defender el federalismo, la cultura y el derecho a la información de cada comunidad argentina.

La Corte Suprema reafirmó la libertad de expresión y rechazó una demanda contra Mirtha Legrand

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la validez de la cobertura televisiva realizada en el programa de Mirtha Legrand sobre la desaparición de una bebé en Mar del Plata, al rechazar la demanda por daños y perjuicios presentada por los exfuncionarios M. B. y O. B. contra la conductora, su producción y los medios involucrados.

El origen del conflicto: acusaciones de difamación e intromisión en la vida privada
La causa se originó a raíz de la difusión televisiva de información que los actores consideraron difamatoria en cuatro emisiones del ciclo conducido por Rosa María Juana Martínez Suárez, con participación de Candilejas SA, TeveEspectáculos SA y América TV SA, entre 2000 y 2001.

En esos programas se abordó el denominado caso de Rocío Cigarreta, una investigación penal abierta por la desaparición de una recién nacida en una clínica marplatense. Durante el debate televisivo, distintos invitados y la propia conductora mencionaron hipótesis que vinculaban a los dos funcionarios —directa o indirectamente— con la desaparición y con una supuesta red de tráfico de niños.

Según los demandantes, esa vinculación era falsa y les ocasionó graves perjuicios. La demanda también denunció la difusión de datos íntimos de su familia y de sus hijas menores —como lugares de nacimiento, condición de adopción y referencias a estudios de ADN—, información que, afirmaron, violaba órdenes judiciales y normas de protección de menores. Para ellos, la conducta mediática no fue neutral ni informativa, sino que los señaló públicamente como implicados en un delito extremadamente grave.

Un fallo alineado con la doctrina protectora de la expresión
El máximo tribunal ratificó su jurisprudencia histórica en materia de libertad de expresión, que incluye las doctrinas Campillay y la real malicia, orientadas a garantizar un debate público amplio y robusto.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, siguiendo el dictamen de la Procuración General, remarcaron que los programas de Legrand se desarrollaron dentro del "legítimo interés social", dada la gravedad de los hechos investigados y su evidente trascendencia pública.

La Procuración: pluralidad de voces y ausencia de real malicia
El dictamen del Procurador Fiscal fue categórico: el tratamiento del caso estaba amparado por la libertad de expresión y no vulneró el honor de los funcionarios.

El análisis subrayó que la desaparición de una recién nacida, la posible sustracción del cuerpo de otro bebé para encubrirla y la hipótesis de una red de tráfico de niños constituían hechos de altísimo interés público, suficientes para justificar la cobertura.

En los programas participaron todas las partes involucradas o vinculadas al expediente judicial, incluidos los propios actores, médicos, autoridades de la clínica, periodistas que investigaron el caso y abogados de los distintos protagonistas. La Procuración afirmó que allí se ventilaron múltiples hipótesis disponibles en ese momento, lo que impedía atribuir a la conductora o a la producción una intención maliciosa o una difusión deliberada de falsedades.

También descartó que la exposición de datos familiares configurara una violación grave de la intimidad: la información difundida, sostuvo, no superó el umbral necesario para restringir el derecho a informar cuando existe un interés público dominante.

Conclusión de la Corte
Al confirmar la sentencia de la Cámara Civil que había rechazado la demanda, la Corte expresó:
Los actores no probaron real malicia: no acreditaron que Legrand o los medios conocieran la falsedad de la información o actuaran con notoria despreocupación por la verdad.

El tratamiento mediático no fue parcial ni falso: se expusieron todas las versiones disponibles sin manipulación ni ocultamiento.

El interés público justificó la cobertura, incluso cuando incluía menciones a aspectos sensibles de la vida privada de los funcionarios.

No hubo afectación demostrada del derecho a la intimidad ni a la imagen de los demandantes ni de sus hijas menores.
"Los dichos de los entrevistados, las preguntas y comentarios de la conductora y el modo en que fueron dispuestas las entrevistas por la producción no excedieron el legítimo interés social que ampara la libertad de expresión y justifica cierta intromisión en la vida privada", señaló el tribunal.

Con su resolución en "B. M. y otros c/ M. S., R. M. J. y otros s/ daños y perjuicios", la Corte Suprema vuelve a enfatizar que la libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el sistema constitucional argentino, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público que involucran a funcionarios o figuras que participan de la vida institucional.

El fallo se suma a una línea jurisprudencial que exige demostrar de manera contundente la difusión consciente de falsedades para restringir la labor periodística, reafirmando el principio de que una democracia requiere un debate abierto, plural y sin temores a represalias infundadas.

Ver fallo completo:

Actualización:
A 20 años del final del caso Cigarreta la Corte falla a favor de Mirtha Legrand
Aquel derrotero judicial iniciado en 1997 y concluido en 2005 investigó la denuncia de una mujer que aseguraba que su bebé fallecida había sido cambiada. Ahora el máximo tribunal le dio la razón a la Diva de los Almuerzos en una demanda que refuerza la libertad de expresarse en los medios.
La Corte Suprema de Justicia reafirmó el derecho a la libertad de expresión y rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada contra el programa televisivo de Mirtha Legrand por el tratamiento que se hizo en varias emisiones sobre el caso Cigarreta.

Ese recordado episodio judicial surgió en Mar del Plata y tuvo su eclosión nacional en los últimos años del siglo pasado, entre 1997 y 2000, hasta que finalmente en 2005 se cerró de forma definitiva.

Todo se había iniciado cuando los padres de la bebé Rocío Cigarreta, fallecida poco después de nacer, recibieron una llamada telefónica en la que se les decía que “la tumba a la que están llevando flores no es la de tu hija”. Los primeros estudios de ADN corroboraron que no había coincidencia genética con los padres y así se instaló la hipótesis de que había sido cambiada en el centro de salud, en el marco de toda una conspiración médica-mafiosa para el tráfico de niños.

La imprecisa ciencia forense de esos años y los errores judiciales marplatenses cimentaron la fantasía, siendo los médicos del equipo obstrético los que más padecieron los efectos. Incluso algunos de ellos fueron detenidos.

La causa llegó hasta el año 2005 cuando el juez Jorge Peralta, cuarto magistrado interviniente, resolvió que el cuerpo nunca había sido cambiado y que los errores o la manipulación indebida en los estudios de ADN habían corrompido la verdad.

En ese proceso, los medios de comunicación tuvieron grandes coberturas y algunos fueron cuestionados por los involucrados.

La resolución
En su fallo reciente, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que lo ocurrido en el programa se encuadró en “el legítimo interés social que ampara la libertad de expresión y justifica cierta intromisión en la vida privada”, y confirmaron la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había rechazado el reclamo de los actores Mabel Behal y Oscar Banchio, ambos exfuncionarios públicos.

Es que en una etapa de la causa fue explorada una línea investigativa que llegó a la ex diputada Norma Godoy y a Behal, una ex secretaria de María Julia Alsogaray.

La demanda se originó a raíz de cuatro emisiones del ciclo televisivo, difundidas entre 2000 y 2001, en las que invitados y la propia conductora mencionaron hipótesis que vinculaban a los actores con la desaparición de la bebé y con una supuesta red de tráfico de niños.

Los demandantes alegaron que esas afirmaciones eran falsas, afectaban su honor e intimidad y exponían datos personales y familiares, incluidos los de sus dos hijas menores.

La demanda había prosperado en primera instancia, pero la Sala M de la Cámara revocó la decisión. Al analizar el recurso extraordinario, la Procuración General dictaminó en favor de los medios demandados y recordó que la Corte sostiene estándares ampliamente protectores de la libertad de expresión, como las doctrinas “Campillay” y de la “real malicia”, aplicables especialmente cuando se trata de asuntos de interés público.

Según la Procuración, la cobertura televisiva se desarrolló en un contexto de alta sensibilidad social, dado que la causa penal investigaba la desaparición de una recién nacida, maniobras para ocultar esa sustracción y la posible existencia de una red de tráfico de niños que involucraba a funcionarios y profesionales de la salud.

En ese marco, entendió que el programa permitió escuchar diversas versiones y opiniones, sin construir una narración parcial ni falsa.

El dictamen también consideró que la difusión de ciertos datos familiares no configuró una intromisión ilegítima en la intimidad del grupo familiar, dado el interés público comprometido y el modo en que se organizó la comunicación en el ciclo televisivo.

Al adherir al dictamen, la Corte concluyó que “los dichos de los entrevistados, las preguntas y comentarios de la conductora y el modo en que fueron dispuestas las entrevistas por la producción no excedieron el legítimo interés social que ampara la libertad de expresión”, y confirmó el rechazo de la demanda.

Una historia desgarradora
El 22 de abril de 1997 Cristina Ortizá se internó en la Clínica del Niño y dio a luz a una niña a la que llamaron Rocío. La bebé nació el 23 de abril con un peso de 1,450 kilogramos y por tener algunas complicaciones fue destinada a una incubadora.

El 26 de abril se comunicó el deceso de la bebé por insuficiencia respiratoria aguda grave. Un día más tarde el cuerpo fue inhumado en la sepultura 542 I, con la presencia de su madre, del padre Carlos Cigarreta y de otros parientes.

Sin embargo en julio de ese año la mujer recibió un mensaje anónimo por teléfono que decía “La tumba donde están llevando flores no es la de su hija”.

Recién en marzo de 1998 dos pericias de ADN determinaron que los restos que yacían en la mencionada tumba no tenían vínculo biológico con el matrimonio compuesto por Cristina Ortizá y Carlos Cigarreta. Una de esas pericias fue realizada en el Hospital Durand de Buenos Aires y estuvo a cargo de la doctora Ana Di Lonardo. La restante fue hecha en la Dirección de Asesorías Periciales de la Suprema Corte bonaerense y estuvo a cargo de la doctora María Mercedes Lojo.

A partir de ese momento se sucedieron una serie de medidas como el estudio de ADN a once niños nacidos en la fecha cercana al parto de Ortizá, también se exhumaron otros bebés ballecidos en la época. Todos con resultados negativos.

Vale decir algo: no solo en causas de Mar del Plata, sino de todo el país, los errores en los estudios de ADN y de laboratorio eran una constante. Muestra de ello fue que en 1999 un estudio realizado a la placenta de Ortizó señaló que no le pertenecía pero meses después dio lo contrario.

A fines de 1999 y ante la falta de avances, el juez Viñas decidió cerrar provisoriamente la causa, pero la fiscal Susana Kluka apeló esa decisión.

Durante el año 2000 surgió la hipótesis del tráfico de bebés, fue involucrada la entonces diputada Norma Godoy y una triangulación con la provincia de Misiones. Fue en esa etapa cuando se sostuvo que una hija de Behal podía ser Rocío Cigarreta. Pero los test genéticos y otros informes descartaron ello, pese a lo cual muchos medios periodísticos abundaron en coberturas, lo que dio a lugar a la familia de la mujer a iniciar demandas.

Fue en el 2000 también cuando los médicos Rubén Mielgo y Miguel Correa, y la enfermera Isabel Ladisa fueron procesados y detenidos en 2001, aunque días después la Cámara Penal revocó la decisión del juez Pedro Hooft.

Finalmente la causa recayó en el juez Peralta que ordenó medidas nuevas, entre ellas un ADN comparativo de los padres con restos óseos de la bebé en la tumba 542 I y esta vez dieron postivos sin margen de error: la recién nacida nunca había desparecido.

En enero de 2005 se conoció ese resultado y en junio la causa se cerró definitivamente.
Nota publicada por el Diario La Capital de Mar del Plata el 23/11/2025

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