Cuando nadie miraba, construyeron sus casas: 34 años después, el desalojo amenaza a familias de Refinería

Durante décadas vivieron en un sector sin servicios, sin dirección y prácticamente invisible para la ciudad. Construyeron allí sus viviendas, criaron a sus hijos y vieron crecer a sus nietos. Ahora, una intimación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) les exige abandonar el lugar y esperan una respuesta que les permita saber qué futuro tendrán

Del abandono a las torres

Hace 34 años que Gabriela Saavedra vive en el barrio Refinería. Cuando llegó, el lugar era prácticamente invisible para la ciudad: estaba abandonado, sin luz, sin agua y hasta sin una dirección que permitiera identificarlo. Las familias que fueron llegando tuvieron que construir sus propias casas y, con el paso de los años, convertir aquel espacio en un lugar de vida.

Hoy, después de más de tres décadas, esas mismas familias atraviesan la incertidumbre de una posible expulsión.

Saavedra recuerda en Señales que, cuando se instaló allí, nadie parecía prestar atención a ese sector. Desde Junín, cuenta, prácticamente no se veía. Había tapiales, mucha vegetación y cañaverales que hacían que el lugar pareciera inexistente. En aquel entonces funcionaba la cerealera Genaro García y el entorno era muy diferente al actual.

"Nadie sabía ni que existía este lugar", explica.

La transformación llegó con los años y, sobre todo, con la construcción de las torres que modificaron el paisaje y volvieron visible un espacio al que durante décadas nadie había mirado.

"Hace más de treinta años que estamos acá, no es que usurpamos el lugar, porque estaba totalmente abandonado", sostiene Saavedra. Para ella, esa historia es fundamental para comprender el conflicto actual. Las familias no llegaron recientemente ni ocuparon un terreno que estuviera siendo utilizado: fueron construyendo sus viviendas y sus vidas allí durante décadas, mientras alrededor crecía una ciudad completamente distinta.

La primera intimación fue emitida el 28 de abril por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo del Gobierno nacional encargado de administrar los inmuebles del Estado. Las familias recibieron la comunicación al día siguiente, el 29 de abril. La carta les indicaba que debían abandonar las viviendas en un plazo de diez días.

La notificación tomó a los vecinos por sorpresa. Nunca antes, asegura Gabriela, habían recibido una comunicación semejante ni habían tenido problemas con quienes pudieran reclamar el lugar.

"Nunca vino nadie a intimarnos ni a molestarnos, nada", recuerda.

Cuando recibieron la carta no supieron cómo actuar, aunque la propia comunicación incluía un correo electrónico mediante el cual podían responder legalmente. Ante esa situación, tuvieron que recurrir a abogados para presentar una respuesta formal.

Desde entonces, esperan. No recibieron una respuesta a aquella presentación ni información concreta sobre lo que ocurrirá con el terreno o con las familias que viven allí.

La intimación modificó la vida cotidiana. La incertidumbre se instaló en el barrio porque nadie sabe qué puede ocurrir de un día para el otro. Lo que más cuestionan los vecinos es la ausencia de diálogo previo.

"No puede ser que te manden una carta así de un día para el otro, estando uno tanto tiempo acá, que de un día para el otro te digan que tendrás que irte", plantea Gabriela.

Para ella, antes de hablar de desalojo debería haberse conocido la realidad de quienes viven en esas casas. En el lugar hay niños pequeños y también personas con problemas de salud. Cuenta que su padre tiene cáncer, que su madre padece problemas respiratorios y que uno de sus hijos tiene asma.

"Es fácil mandar una carta, pero no sentarse a dialogar", cuestiona.

Lo que esperan es que alguien se acerque, conozca quiénes viven allí y explique qué alternativas existen.

Hasta ahora, nadie les explicó cuál sería el destino del terreno ni qué proyecto podría desarrollarse en ese espacio. Tampoco saben qué se pretende hacer con las tierras una vez que las familias se retiren.

"No sabemos nada, quién está detrás de esto, qué es lo que van a hacer, si tienen algún proyecto, qué es lo que piensan hacer", resume Saavedra.

La sensación, insiste, es estar "en la nada", a la espera de que alguien finalmente responda.

Una historia sin dirección

La irregularidad en la que quedaron las familias tampoco fue una situación buscada, según relata Gabriela. Durante mucho tiempo ni siquiera existió una dirección catastral clara que les permitiera regularizar sus viviendas o pagar impuestos.

Cuando funcionaba la cerealera Genaro García, explica, utilizaban como referencia Francia al 202, ubicado a una cuadra del lugar. Era la manera de indicar dónde vivían en un espacio que todavía no tenía una dirección propia.

Más adelante, cuando se abrió la calle Avenida Madres de Plaza 25 de Mayo, pudieron comenzar a identificarse con esa dirección, que quedó registrada como Avenida Madres de Plaza 25 de Mayo 2891.

Ese vacío administrativo se extendió durante décadas. Nadie les pidió que regularizaran su situación, pero tampoco encontraron un camino para hacerlo. El barrio fue creciendo de manera informal al mismo tiempo que la ciudad cambiaba alrededor.

Las familias construyeron sus casas con los materiales que podían conseguir y fueron armando una comunidad que, para Saavedra, hoy no puede ser reducida a la condición de ocupantes de un terreno.

En el sector ubicado al pie de las torres, explica, son alrededor de cinco las familias que permanecen allí y que llevan aproximadamente 32 años viviendo en ese lugar. Gabriela, en cambio, lleva 34 años en Refinería. Hoy tiene 47 años. Allí creció, tuvo a sus hijos y ahora ve crecer a sus nietos.

"Ahí fueron mis hijos, ahora están mis nietos", resume.

Con el paso de los años, cada integrante de la familia fue construyendo su propia vivienda, con los materiales que tenía a disposición. Así se levantaron las casas y se consolidó una forma de vida que pasó de una generación a otra.

Lo que piden las familias

En estos meses, los vecinos buscaron respuestas en distintos ámbitos. Recurrieron a organismos públicos y participaron de reuniones en el Concejo Municipal, incluida la comisión de Planeamiento. También estuvieron en distintos canales de televisión y medios de comunicación, intentando hacer visible el conflicto y conseguir alguna información.

"Como buscando la forma de ver si alguien nos escucha, si alguien nos baja alguna información de algo", explica Gabriela.

La posición de las familias, aclara, no es cerrarse a cualquier alternativa. No rechazan la posibilidad de una relocalización ni se oponen a encontrar una solución que permita resolver el conflicto. Lo que reclaman es conocer esa alternativa antes de que se produzca un desalojo.

"Uno no se opone, pero queremos saber si nos van a reubicar en algún lugar, cuál es la solución", afirma.

Incluso aceptarían pagar por un terreno o por una vivienda si existiera una posibilidad concreta de regularización. "Estamos totalmente dispuestos", sostiene Saavedra.

La respuesta que presentaron ante la intimación tuvo también ese sentido: dejar abierta una puerta para encontrar una salida. "Ojalá nos dieran la posibilidad, la solución de algo para poder comenzar", dice.

En ese punto se concentra buena parte de la preocupación de los vecinos: no sólo enfrentan la posibilidad de dejar las casas que construyeron durante décadas, sino que desconocen qué sucedería después. No hay, hasta el momento, una propuesta concreta de relocalización ni una respuesta que les permita proyectar cómo continuar sus vidas.

La expectativa está puesta ahora en que pueda abrirse un canal de diálogo con las autoridades nacionales. En el Concejo Municipal, algunos ediles plantearon la posibilidad de que representantes de La Libertad Avanza gestionaran una reunión para que la situación pudiera ser conocida en Buenos Aires, dado que, según explicaron los vecinos, las decisiones vinculadas al terreno se tomarían desde oficinas nacionales.

"Eso es lo que estamos esperando, que se pueda hacer una reunión para dialogar con alguien, para ver cómo seguimos, qué hacemos", dice Gabriela.

La disposición, asegura, existe de parte de los vecinos. "Estamos a disposición nosotros, pero estamos esperando del otro lado que nos respondan".

Un lugar que cambió con la ciudad

Las familias tampoco forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Saavedra aclara que no fueron censadas ni integran el registro. La explicación que encuentra vuelve a ser la misma: durante años nadie prestó atención a ese espacio.

La aparición de las torres modificó esa situación. Lo que durante décadas permaneció escondido comenzó a quedar a la vista a medida que avanzó el desarrollo inmobiliario de la zona.

El lugar puede ubicarse junto a las torres que se levantaron en Refinería. Gabriela habla de las Torres Dolfines y donde funciona La Casona, un albergue que pertenece a la Municipalidad.

Pero allí también aparece otra parte de la memoria del barrio, una historia que excede ampliamente el conflicto actual. "Yo tengo tanto para contarte", advierte Gabriela mientras reconstruye escenas de otras épocas.

Recuerda que, cuando las familias se instalaban y construían sus viviendas, la casona estaba vinculada al padre Tomás Santidrián. "Nosotros estábamos con el padre", cuenta.

También recuerda que en el predio donde actualmente están sus casas, al pie de las torres y en el mismo espacio donde hoy se instalan circos y parques cuando llegan al barrio, alguna vez hubo una cancha de golf.

Para quienes conocieron Refinería décadas atrás, el paisaje era otro. Los cañaverales formaban parte habitual del entorno y funcionaban como un territorio de juegos para los chicos de la zona, que intentaban descubrir qué había detrás de aquella vegetación y de los muros que ocultaban el río.

El río permanecía escondido del resto de la ciudad, prácticamente inaccesible. En esos años, los chicos recorrían las vías y jugaban entre las viejas instalaciones ferroviarias, en un espacio que hoy resulta difícil reconocer.

Con el tiempo también llegó la lucha de los vecinos de Refinería contra los problemas ambientales y de salud vinculados a la actividad industrial. La cerealera Genaro García quedó asociada a esa historia de reclamos. Durante años, distintos referentes de la zona acompañaron las demandas de los vecinos.

La transformación urbana no borró esa memoria. Los problemas y reclamos históricos conviven ahora con el crecimiento inmobiliario y con la llegada de nuevas familias a una zona que adquirió otra visibilidad y otro valor.

La convivencia entre esas realidades expone una de las tensiones centrales del proceso de transformación de Refinería: el crecimiento inmobiliario avanza sobre un territorio donde también existen historias familiares, reclamos sociales y comunidades que llevan décadas construyendo su lugar.

Treinta y cuatro años después

Para Gabriela Saavedra, la historia de las familias de Refinería no comenzó con una ocupación violenta ni con la intención de apropiarse de un terreno ajeno. Comenzó, justamente, en un lugar que estaba completamente abandonado.

"No es que usurpamos el lugar, nos violentamos para entrar; era un lugar totalmente abandonado", sostiene al reconstruir aquellos primeros años.

Por eso, frente a la intimación de la AABE, las familias no sólo piden que se suspenda cualquier intento de desalojo. También plantean que están dispuestas a encontrar una solución que les permita permanecer legalmente en el lugar o ser relocalizadas de manera acordada.

Cada familia cuenta además con abogados para acompañar las presentaciones y tratar de conseguir una respuesta. El objetivo inmediato es evitar que el conflicto avance sin que nadie escuche a quienes viven allí desde hace décadas.

Desde que apareció la carta, las familias no volvieron a recibir comunicaciones que les permitieran conocer qué ocurrirá con ellas. "Nadie, nadie. Nunca nadie, de nada", insiste Gabriela. La única comunicación fue aquella intimación, a la que respondieron con asistencia legal.

Su voz deja así expuesta una historia de más de tres décadas en un territorio que, durante buena parte de ese tiempo, permaneció prácticamente fuera de la mirada de la ciudad. Una historia de casas construidas de a poco, de hijos y nietos que crecieron allí, de un espacio sin servicios, sin dirección y sin reconocimiento formal que terminó convirtiéndose en hogar.

Su testimonio también vuelve sobre una transformación más amplia de Refinería. El lugar de los cañaverales, los muros y los terrenos abandonados fue cambiando hasta convertirse en una zona atravesada por nuevas torres y desarrollos inmobiliarios. Lo que alguna vez permaneció escondido comenzó a adquirir valor y visibilidad.

Y, con esa transformación, también apareció el conflicto.

Para las familias que permanecen junto a las torres, no se trata solamente de un terreno que debe ser liberado. Es el lugar donde una generación creció, donde otra construyó sus casas y donde ahora juegan los nietos.

Después de recibir una intimación de diez días y de presentar una respuesta que todavía espera contestación, Gabriela y sus vecinos continúan reclamando algo que consideran básico: que alguien se siente a escucharlos y les diga qué futuro les espera.

"Estamos esperando la respuesta", repite Gabriela.

Y detrás de esa espera aparece una historia mucho más larga que la carta que recibieron el 29 de abril: la de un lugar que durante décadas nadie miró y que ahora, justamente cuando adquirió valor y quedó expuesto por las nuevas construcciones, volvió a ser objeto de disputa.

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Ver también: Pagaron durante décadas y aún no tienen vivienda: crece el conflicto de los ahorristas de Bauen Pilay, Rosario: En dos horas desapareció un siglo y medio de historia verde

19 años pagando por una vivienda: los ahorristas de Pilay que temen quedar atrapados en una espera sin fin

Sergio Liuzzi comenzó a aportar en Córdoba en 2007 y asegura en Señales que cumplió con todas sus cuotas. Ahora, junto a otros ahorristas, cuestiona los plazos de adjudicación, la falta de información y las nuevas condiciones del sistema. Mientras siguen con atención los reclamos en Rosario y Santa Fe, temen que ese escenario se replique en Córdoba. La historia de familias que llevan casi dos décadas aportando y todavía no saben cuándo tendrán su departamento

Sergio Liuzzi está a pocos meses de completar una parte fundamental del plan de vivienda al que ingresó hace casi dos décadas. En diciembre de 2026 terminará de pagar la cuota mensual número 240. Sin embargo, asegura que ese momento no significará que tendrá finalmente su departamento. Según la información que recibió de la empresa, deberá esperar hasta junio de 2027 para participar de un sorteo extraordinario.

La situación resume una preocupación que crece entre los ahorristas de Bauen Pilay en Córdoba y que, al mismo tiempo, los lleva a mirar con atención lo que ocurre en Rosario y Santa Fe. Allí, los reclamos de los suscriptores se multiplicaron en los últimos años por el aumento de las cuotas, los plazos de entrega y las condiciones de las viviendas. En Córdoba, un grupo de aportantes asegura estar atravesando una situación similar y teme que ese escenario sea el que les toque enfrentar en los próximos meses.

Liuzzi comenzó a aportar al sistema hace 19 años. Su historia se remonta a 2007, cuando el sistema de Bauen Pilay comenzó a comercializarse en Córdoba bajo la marca Rigam Pilay.

Según recuerda, Rigam era una empresa de capitales cordobeses, con trayectoria y reconocimiento en la provincia. La firma se asoció con Pilay para comenzar a comercializar planes destinados a la construcción de departamentos. Liuzzi interpreta que se trataba de una estrategia que también se había utilizado en otras ciudades: asociarse con empresas que ya contaban con presencia y reconocimiento local para facilitar la instalación del sistema.

Con el paso de los años, Rigam dejó aquella unión transitoria y Pilay quedó al frente del negocio en Córdoba. Cuando Liuzzi ingresó al sistema, la propuesta que recuerda era concreta: acceder mediante un plan de ahorro a un departamento ubicado en un radio relativamente céntrico de la ciudad, aproximadamente entre 20 y 30 cuadras de la Plaza San Martín.

De "ahorrar ladrillos" a esperar un sorteo

La idea se resumía en una frase que todavía conserva: "Ahorrar en ladrillos".

Liuzzi guarda incluso los folletos que recibió cuando contrató el plan. Recuerda que la vendedora le mostró un gráfico en el que se proyectaba que, después de 20 años, tendría su departamento y se detallaban las cuotas que debía pagar.

"Nos decía que dentro de los 20 años todos los aportantes que estuviesen al día, que hubiesen cumplido con el pago de las cuotas, iban a contar con el departamento", explica.

Durante casi dos décadas, él y muchas otras familias cumplieron con sus obligaciones. Pero cuando comenzaron a acercarse al final de los plazos previstos, aparecieron las dudas.

Liuzzi sostiene que la empresa comenzó a brindar respuestas y a realizar interpretaciones que, a su entender, no se corresponden con lo que los ahorristas habían comprendido al momento de firmar los contratos.

En su caso, además, el plan tiene una particularidad que permite dimensionar cuánto tiempo lleva dentro del sistema. El contrato no contempla solamente 240 cuotas mensuales, equivalentes a 20 años. A esas cuotas se suman otras 40, correspondientes a los llamados "aguinaldos", que se pagan en enero y julio. En total, explica, son 280 cuotas.

A eso se suma una cuestión que los ahorristas consideran especialmente difícil de comprender: algunas personas adelantaron cuotas para intentar acercarse antes al objetivo, pero, según relatan, recibieron como respuesta que ese adelanto no necesariamente implica una adjudicación anticipada.

La empresa les indicaría que deben esperar igualmente a que se cumplan los 20 años desde la firma del contrato o desde el comienzo del plan.

Liuzzi pone su propio caso como ejemplo. Adelantó siete cuotas y terminará de pagar la cuota mensual número 240 en diciembre de 2026. Sin embargo, afirma que la empresa le informó que deberá esperar hasta junio de 2027 para participar de un sorteo extraordinario.

Ese mecanismo, sostiene, no estaba contemplado en el contrato original que firmó. Tampoco recuerda que existiera una cláusula que estableciera que, después de completar el período de pago, debería esperar un sorteo para acceder a una vivienda que todavía deberá ser construida.

Y aun después de una eventual adjudicación quedaría por delante el tiempo de obra. Según las explicaciones que reciben los ahorristas, ese plazo dependería de las características del proyecto, la disponibilidad de terrenos y las condiciones económicas generales.

Para Liuzzi, esa situación modifica sustancialmente la expectativa original. Si una persona adelantó dinero al sistema para acercarse a la vivienda, el razonamiento lógico indicaría que debería estar más cerca de cumplir su objetivo. Sin embargo, asegura que la respuesta que reciben es diferente: el adelanto no necesariamente los acerca a la adjudicación y deben esperar igualmente el cumplimiento del plazo.

Una brecha entre la publicidad y lo que viven los ahorristas
La preocupación no se limita a los plazos. Los ahorristas cuestionan también la diferencia entre la imagen pública de la empresa y la situación que, según sostienen, atraviesan quienes llevan años aportando.

En Córdoba, Liuzzi señala que la publicidad de Pilay continúa mostrando edificios terminados y apelando a conceptos como confianza, desarrollo y cumplimiento. Recuerda avisos en los que la empresa destaca que lleva 20 años entregando viviendas y que continúa desarrollando la ciudad.

"No decimos que la empresa no tenga proyectos o que no haya construido y entregado viviendas", aclara. El problema, desde su perspectiva, está en la relación entre la cantidad de aportantes y las viviendas efectivamente adjudicadas.

Uno de los puntos que cuestionan es precisamente el ritmo de adjudicación. Liuzzi señala que, a medida que avanzaban los contratos y transcurría el tiempo, la cantidad de departamentos adjudicados debería haber aumentado progresivamente. Sin embargo, afirma que eso no estaría ocurriendo en la práctica.

Un episodio reciente terminó de encender las alarmas. Durante una mediación, una persona aportante recibió como respuesta que en un grupo determinado había 144 contratos al día cuyos vencimientos se producirían en los próximos dos o tres años.

Para Liuzzi, esos números permiten dimensionar la magnitud del problema: 144 contratos representan, en principio, 144 departamentos que deberían ser construidos.

"Cualquier persona, sin ser experta en la materia, sabe que no se construyen de un día para el otro", plantea. Una obra de esa magnitud requiere terrenos, proyectos, permisos municipales, habilitaciones y tiempos de construcción. Por eso, considera que la empresa estaría "corriendo muy por detrás de los fondos que está recibiendo".

La explicación de la inflación
El malestar se profundiza porque, mientras los ahorristas continúan haciendo un esfuerzo mensual para sostener los planes, Liuzzi sostiene que parte de las explicaciones de la empresa apuntan a las condiciones económicas del país, la inflación y las variaciones de costos.

Para él, esa explicación no resulta suficiente.

"Nosotros también vivimos en este país, tenemos las mismas vicisitudes", plantea.

El argumento de los ahorristas es que ellos también enfrentaron durante estos años la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades económicas, pero continuaron pagando sus cuotas.

La discusión deja así de ser solamente económica y pasa a centrarse en las condiciones del vínculo contractual. Para Liuzzi, existe una relación de poder asimétrica entre la empresa y los consumidores, que hoy se encuentran frente a condiciones que aseguran no haber aceptado cuando ingresaron al sistema.

La información que no llega
Otro de los reclamos está relacionado con la comunicación de la empresa.

Liuzzi cuestiona lo que considera una comunicación lenta y fragmentaria. Cuenta que, ante una consulta realizada por correo electrónico, las respuestas pueden demorar y, cuando finalmente llegan, no siempre resultan completas.

En algunos casos, sostiene, las explicaciones se concentran en fórmulas matemáticas, cálculos, demoras y diferentes variables que terminan siendo difíciles de interpretar para un consumidor que no forma parte de la estructura de la empresa.

"Para una persona que no está dentro de la empresa es muy difícil de entender y de constatar con la realidad", afirma.

Frente a esas dudas, los propios clientes comenzaron a organizarse. En Córdoba, cuenta Liuzzi, los ahorristas se autoconvocaron para intentar obtener respuestas colectivas.

Una de las preguntas que atraviesa esos encuentros es tan sencilla como difícil de responder para quienes llevan tantos años aportando: dónde están los fondos que fueron entregando durante todo este tiempo y cómo se traducirán finalmente en viviendas.

El cambio de modelo
El reclamo se produce mientras Pilay continúa desarrollando proyectos y construyendo viviendas. Pero para los ahorristas históricos existe una diferencia que consideran fundamental.

Liuzzi explica que, en determinado momento, la empresa modificó su producto y comenzó a trabajar mediante fideicomisos. Quienes habían ingresado originalmente al sistema tradicional en Córdoba quedaron, según su mirada, particularmente expuestos frente a las nuevas condiciones.

Para ellos, el conflicto no se reduce al valor de una cuota o a la demora de una obra. Está en juego la posibilidad concreta de acceder a la vivienda que imaginaron cuando firmaron el contrato.

"Hay personas de carne y hueso, familias", resume Liuzzi.

Se trata de personas de clase media, profesionales, trabajadores independientes y empleados que, en muchos casos, todavía no tienen una vivienda propia y destinaron una parte importante de sus ahorros durante 15, 19 o 20 años a un proyecto que entendían como una forma de acceder a un departamento.

"No somos especuladores financieros", remarca.

No ingresaron al sistema para obtener una rentabilidad ni para apostar a una inversión de riesgo. El objetivo, sostiene, era conseguir una vivienda.

Para algunas familias, incluso, la decisión estaba vinculada con sus hijos. Córdoba y Rosario son ciudades universitarias y muchas familias del interior enviaron a sus hijos a estudiar allí. Tener un departamento significaba, para esos padres, evitar el alquiler y construir una solución habitacional a largo plazo.

Liuzzi cuenta que entre los afectados hay personas de La Rioja y de distintas localidades del interior, además de Córdoba y otras provincias.

El esfuerzo económico tampoco fue menor. La cuota, señala, actualmente ronda el equivalente a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Por eso considera que quienes llevan casi 20 años aportando no están reclamando una vivienda de lujo, sino "un departamento común, sin grandes lujos", acorde con aquello que entendieron que estaban contratando.

La respuesta de la empresa
Ante los cuestionamientos de los ahorristas, la comunicación pública de Bauen Pilay se concentra, según señalan los propios afectados, en avisos publicitarios en los que la empresa sostiene el cumplimiento del 100% de lo prometido.

Para Liuzzi, ese mensaje no alcanza para responder las preguntas concretas que plantean quienes llevan años dentro del sistema: cuándo serán adjudicadas las viviendas, bajo qué mecanismo, qué ocurre con los aportes realizados y cuáles son los plazos reales de construcción y entrega.

Los ahorristas también cuestionan la ausencia de la empresa en ámbitos institucionales donde fueron convocados para abordar el conflicto. En particular, señalan que Pilay no asistió a una convocatoria del Concejo Municipal de Rosario, pese a que el tema fue llevado allí a partir de los reclamos de los consumidores.

La diferencia entre la comunicación publicitaria y las respuestas que los ahorristas buscan obtener se convirtió, así, en uno de los ejes del conflicto.

Mirar a Santa Fe para anticipar lo que puede pasar en Córdoba
La situación que observan en Rosario y Santa Fe aumenta todavía más la preocupación.

El conflicto con los ahorristas de Bauen Pilay lleva años en esas ciudades y alcanzó distintos ámbitos, desde organismos públicos y espacios legislativos hasta instancias judiciales. Los afectados cuestionan cambios en las condiciones, aumentos de las cuotas, tiempos de adjudicación y características de las viviendas.

En Córdoba, Liuzzi y otros aportantes siguen esos reclamos con atención porque consideran que pueden estar viendo anticipadamente una película que podría repetirse.

La preocupación alcanza incluso a quienes todavía continúan pagando sin conocer en profundidad los cuestionamientos que realizan otros ahorristas. Liuzzi advierte que hay personas que siguen abonando sus cuotas sin saber de los reclamos, de las modificaciones que cuestionan los afectados ni de lo que consideran una falta de información sobre las condiciones actuales.

Por eso, los ahorristas comenzaron a establecer contactos con personas afectadas de Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y otras localidades del interior. La intención es construir una red que permita visibilizar el problema y reclamar respuestas ante los organismos que correspondan.
Dos décadas de ahorro

Liuzzi reconoce que se trata de una situación compleja, atravesada por contratos, cuestiones judiciales, decisiones empresariales y variables económicas. Pero insiste en que detrás de todos esos elementos hay personas concretas.

Su caso sirve para dimensionar el tiempo que puede transcurrir dentro de un sistema de ahorro destinado a la vivienda: comenzó a aportar en 2007 y está a punto de completar las 240 cuotas mensuales.

Sin embargo, asegura que todavía no sabe cuándo tendrá las llaves de un departamento.

El caso cordobés se suma así a los reclamos que desde hace años se expresan en Rosario y Santa Fe. En distintas ciudades, los afectados buscan respuestas ante los cambios en las condiciones, los tiempos de adjudicación y las características de las viviendas.

En el fondo, la discusión vuelve sobre una pregunta central: qué ocurre cuando un sistema pensado como una herramienta de ahorro para acceder a la vivienda se extiende durante décadas y las expectativas de quienes aportaron durante años chocan con nuevas condiciones, costos y formas de adjudicación.

Para los ahorristas, la respuesta no puede reducirse a una explicación económica.

Reclaman saber qué ocurrió con su ahorro, cuáles son las condiciones que realmente rigen sus contratos y cuándo, finalmente, podrán acceder a la vivienda por la que llevan tantos años pagando.

Para quienes llevan 19 o 20 años dentro del sistema, la discusión ya no es solamente sobre una cuota, una obra o un plazo.

Es sobre el destino de dos décadas de ahorro y sobre la posibilidad de que ese esfuerzo termine transformándose en aquello que aseguran haber entendido cuando firmaron: un lugar propio donde vivir.

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"Esto no es mío, es de todos": la pelea por la plaza que los Casasola dejaron al barrio

En barrio Larrea, una familia y un grupo de vecinos cuestionan el proyecto para construir una escuela sobre parte del terreno de Bolivia al 600 bis. Graciela Casasola, nieta del hombre que cedió esas tierras para uso público, sostiene en Señales que el lugar debe conservar su destino original: ser un espacio verde para el barrio

Graciela, manos a la obra, pintando uno de los paredones de la plaza el pasado 9 de Julio

Más de 70 años después de aquella cesión, la discusión enfrenta memoria familiar, uso del espacio público y un proyecto educativo. Mientras el municipio asegura que la escuela ocupará solo una parte del predio y que el resto será una nueva plaza, los vecinos temen perder el espacio verde que utilizan desde hace décadas.

En barrio Larrea, en la zona noroeste de Rosario, el futuro de un terreno ubicado sobre Bolivia al 600 bis abrió una fuerte polémica entre vecinos, descendientes de la familia Casasola y la Municipalidad. Allí, donde durante décadas existió un espacio verde reconocido por los habitantes del barrio como una plaza pública, se proyecta la construcción de una escuela vinculada a la Fundación Fortaleza de Sión.

Desde el municipio sostienen que no hubo una venta del predio, que la cesión fue aprobada por el Concejo Municipal y que solo una parte del terreno será destinada al establecimiento educativo, mientras que el resto se convertirá en una nueva plaza.

Del otro lado del reclamo está Graciela Casasola, nieta de Juan Bautista Casasola, el hombre que dejó esas tierras para que fueran destinadas al uso público. A sus 73 años, Graciela habla de ese terreno como quien habla de una parte inseparable de su propia historia. Su familia, dice, no reclama la propiedad para sí, sino que pretende que se respete el destino que tuvo desde el momento en que sus antepasados cedieron esas tierras.

"Esto no es mío, es de todos", repite Graciela. En esa frase resume el motivo por el que decidió involucrarse en una discusión que, según cuenta, comenzó como una preocupación familiar y terminó convirtiéndose en un reclamo de todo el barrio.

El terreno de los Casasola
Juan Bautista Casasola, su nono, había llegado de Italia después de la guerra. Se instaló en la zona y puso un horno de ladrillos. Con ese trabajo, realizado de sol a sol, consiguió comprar tres cuadras en la zona de La Redonda y luego adquirió tierras en otros sectores. Era, recuerda Graciela, un hombre de trabajo, de esos inmigrantes italianos que construían su patrimonio con las manos y con jornadas interminables.

En julio de 1953, Juan murió a los 68 años. Sus hijos quedaron al frente de la herencia, entre ellos el padre de Graciela. Con el tiempo, al realizarse el loteo y la sucesión, la familia tuvo que cumplir con una disposición municipal de la época: quienes poseían grandes extensiones de tierra debían ceder una parte para calles o para algún espacio de uso público.

Los Casasola decidieron que ese lugar fuera un espacio verde.

Graciela insiste en una precisión que considera fundamental. No se trató de una deuda de la familia con la Municipalidad ni de una entrega realizada porque los Casasola debieran algo. Era, explica, lo que correspondía en aquel proceso de loteo. Podían haberse destinado esas tierras a calles, pero la familia eligió dejar un pulmón verde para el barrio.

"Que no se tome como que la familia Casasola debía, no, nada que ver", sostiene.

Los herederos fueron a la Municipalidad de Rosario y firmaron la cesión porque así correspondía al momento de lotear. Lo hicieron, remarca Graciela, para que ese espacio fuera público y pudiera ser disfrutado por todos.

Durante décadas, sin embargo, el lugar permaneció prácticamente sin intervención municipal. Desde 1953 hasta 1985, su padre lo araba y allí se sembraba maíz y otros cultivos, siguiendo las costumbres de los antiguos inmigrantes italianos. El terreno todavía formaba parte de la vida cotidiana de la familia, aunque su destino final ya estaba establecido.

Fue en 1985, durante la gestión del intendenta Horacio Usandizaga, cuando el lugar se transformó formalmente en una plaza. Se instalaron tres hamacas, un tobogán y algunas luces. No había mucho más, pero para Graciela ese fue el momento en que el espacio comenzó a ser reconocido de manera concreta como aquello para lo que había sido cedido: una plaza para el barrio.

Después de eso, cuenta, prácticamente nunca volvió a ser intervenido.

Pasaron los años y Graciela y otros integrantes de su familia intentaron conseguir que se hiciera algo más. Iba a la vecinal, se acercaba a la Municipalidad y preguntaba por qué no se mejoraba el lugar. También su hijo, arquitecto, se acercó a Planeamiento. No lo hacía solamente desde su profesión, aclara, sino también como nieto de Juan Casasola.

La familia pedía mejoras para el espacio público, no un beneficio propio.

"No pedimos nada para nosotros, porque primero no nos corresponde", explica Graciela. Y enseguida agrega que, además, ese nunca había sido el propósito de su abuelo. El objetivo de Juan Bautista Casasola, sostiene, era que las tierras fueran para el barrio.

La historia familiar quedó también registrada en una placa colocada en el mástil durante la gestión de Usandizaga. Graciela conserva una fotografía de aquel momento. Es, para ella, una de las pruebas materiales de la historia del lugar y de la relación entre su familia y ese espacio.

Pero hay algo que considera todavía más importante que los papeles y las fotografías: la memoria de los vecinos.

Graciela nació y vivió siempre allí. Su padre murió a los 76 años en ese mismo lugar. Ella tiene 73. "Diría Mirta Legrand, somos una leyenda en el barrio", bromea, antes de volver al tono serio con el que cuenta la historia.

Cuando apareció el proyecto
Por eso, la llegada de quienes ahora impulsan la construcción de la escuela la tomó por sorpresa.

Cuando los vio en el terreno, cuenta, le dijeron que se quedara tranquila. Le hablaron incluso de poner el nombre de su abuelo en la biblioteca y de cerrar la plaza. Para Graciela, aquello resultó incomprensible.

"¿Cómo todo eso? No se puede", recuerda haber pensado.

Su reacción fue pedir que le mostraran los documentos y, a partir de allí, comenzó a investigar junto con otros vecinos. Revisaron la información disponible, los antecedentes y aquello que ya se había hecho público. La discusión dejó entonces de ser una preocupación familiar para convertirse en un reclamo vecinal.

Graciela cuestiona también el momento en que la decisión llegó al Concejo Municipal. Según cuenta, el trámite quedó aprobado a fines de diciembre del año anterior, mientras ella llevaba tiempo acercándose a la Municipalidad y recibiendo como respuesta que debía esperar. "Esperar, esperar", recuerda. 

El expediente, según su relato, permanecía en la mesa y nunca avanzaba. Ahora, en cambio, el barrio se moviliza. Graciela asegura que el reclamo no tiene una bandera política. "Nosotros vamos con la verdad, sin política, nosotros vamos con el barrio, con la gente", afirma.

Parte de esa movilización se expresa en las firmas que comenzaron a reunir. Ella las pide a quienes se acercan a su negocio y les explica para qué son: para preservar la plaza y para el barrio.

No sabe si alcanzarán las 1.200 firmas que, según explica, les pide el Concejo para avanzar con el planteo. Pero considera que el número no es lo más importante. Para ella, la voluntad de los vecinos está clara: quieren que ese espacio siga siendo una plaza pública.

Una plaza para los chicos
Detrás del reclamo hay también una preocupación concreta por los chicos.

Graciela habla de los niños del barrio que no tienen dónde jugar, de quienes quieren entrenar y no cuentan con dinero para pagar una actividad. En una zona que describe como industrial, el espacio verde representa también una posibilidad de encuentro y de recreación que, asegura, no sobra.

A pocas cuadras de su casa, sobre Juan José Paso, hay otra escena que para ella demuestra esa necesidad. Cuenta que allí se juntan numerosos chicos para jugar y entrenar. En algún momento, los arcos fueron retirados. Los propios vecinos, relata, los soldaron y volvieron a colocarlos.

Ese gesto resume, para Graciela, la relación que el barrio mantiene con sus espacios públicos. Los vecinos los necesitan, los usan y, cuando hace falta, incluso los reparan por su cuenta.

Por eso considera que el terreno de Bolivia al 600 bis no es simplemente una parcela disponible para un nuevo proyecto. Es la tierra que su abuelo dejó para que el barrio tuviera un lugar donde encontrarse.

La plaza, asegura, se usa. Y lo que ocurrió con los arcos de fútbol es para ella una demostración de ese uso. Fueron retirados en pleno mediodía, según su relato, cuando un vehículo ingresó al lugar. Después, los propios vecinos volvieron a soldarlos y los colocaron nuevamente.

"¿A qué vecino le fueron a preguntar: '¿Vos querés esto?'", cuestiona.

Para ella, el problema no es solamente el proyecto, sino la forma en que se tomó una decisión que afecta a todos sin consultar a quienes viven alrededor. Por eso pide que las autoridades vuelvan a recibir a los vecinos y que puedan explicar sus argumentos "como personas civilizadas".

Los vecinos imaginan incluso qué podrían hacer si el espacio fuera recuperado. Algunos se ofrecen a organizar entrenamientos de fútbol. Una vecina habló de hacer patín; otro vecino imaginó un espacio para básquet aprovechando incluso el paredón del fondo de su casa, de unos cuatro metros de altura.

Graciela también piensa en mesas y bancos de cemento donde las familias puedan sentarse a tomar mate, como ocurre hoy en tantas plazas renovadas de la ciudad.

La necesidad de un lugar de esas características, insiste, es concreta. Quienes viven allí deben trasladarse a otros espacios, como el Parque Alem o la plaza Claudio "Pocho" Lepratti, sobre calle Junín. Para ella, no tiene sentido quitarles el único espacio verde de proximidad cuando el barrio ya tiene una demanda tan fuerte de lugares para jugar, hacer deporte y encontrarse.

El argumento de la escuela
A comienzos de este año, Graciela se cruzó con una concejala que no había participado de la sesión en la que se aprobó la cesión. En esa conversación volvió a escuchar uno de los principales argumentos con los que se defendía el proyecto: en la zona no habría escuelas y, por eso, sería necesario destinar el terreno a la construcción de un establecimiento educativo.

Para Graciela, ese argumento no se sostiene.

Enumera las instituciones que existen en el sector: la escuela Pablo VI, el jardín ubicado a la vuelta de su casa, sobre Ecuador, y la escuela Dr. Luis Chorroarín, además de otra ubicada sobre calle México. También recuerda que en otro terreno que había pertenecido a su abuelo, donde hoy funciona la vecinal 20 de Junio, existe otra institución educativa.

Su cuestionamiento, aclara, no pasa por oponerse a que haya escuelas en el barrio. Lo que discute es que el espacio público sea destinado a una institución que, según denuncia, tendría fines de lucro.

"No queremos escuelas para fines de lucro", aclara. Para ella, si el objetivo fuera responder a una necesidad educativa de las familias de la zona, debería tratarse de una escuela gratuita y de acceso libre.

Desde el municipio, en cambio, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, sostuvo públicamente que la escuela ocuparía apenas un tercio del terreno y que el resto continuaría siendo una plaza completamente renovada.

Para Graciela, esa explicación no refleja lo que se está haciendo en el lugar. "Eso no es verdad", afirma.

Y explica su temor con una imagen concreta: si se coloca un alambrado que atraviese el terreno, de un lado quedaría la escuela y del otro un espacio reducido que, en la práctica, podría quedar limitado a las tres hamacas que existen actualmente.

Para ella, eso no sería conservar la plaza, sino convertirla en una extensión del patio escolar.

Nadie, sostiene, habló con los vecinos para explicarles esa situación. Y recuerda especialmente una conversación con una de las personas que estaban trabajando en el predio, a quien incluso le tomó una fotografía para identificar de dónde provenía.

Según el relato de Graciela, esa persona le confirmó que cerrarían el sector con un alambrado.

Los papeles y el alambrado
La familia tampoco tuvo, según Graciela, un contacto directo con la Fundación Fortaleza de Sión, a la que se cedería parte del terreno.

Cuenta que la primera vez que tuvo contacto con quienes estaban trabajando allí fue cuando vio que pretendían colocar servicios y comenzaron a llevar tierra. Les pidió que retiraran o desparramaran los montículos. En ese momento, relata, pidió explicaciones y documentación.

Su respuesta fue mostrar los papeles que conserva.

Graciela se presenta como heredera y tercera generación de la familia Casasola, pero subraya que existen documentos firmados por su propio padre en la Municipalidad. Para ella, lo que está sucediendo representa un atropello contra su familia, aunque inmediatamente amplía el alcance del reclamo:

"No solamente para mi familia, para el barrio".

La memoria de los vecinos vuelve a aparecer como parte central de su argumento. Si la gente sabe que ese terreno fue donado para uso público, explica, es lógico que los chicos se acerquen a pedirles espacios para hacer actividades. Ellos mismos reconocen que la plaza es pública. Quieren caminar allí, jugar, entrenar y encontrarse.

Graciela sostiene que, si el espacio tuviera una buena vereda y estuviera iluminado, podría convertirse en un lugar mucho más aprovechable. Pero, según cuenta, la situación fue en sentido contrario.

Asegura que quienes comenzaron a trabajar en el predio hicieron cerrar puertas y ventanas de vecinos y que actuaron como si fueran propietarios del lugar. Lo que nunca ocurrió, afirma, fue que alguien le mostrara personalmente la documentación que respaldaba esa situación.

"¿Dónde está la cesión? ¿A dónde está? ¿Quién le dio todo eso?", pregunta.

Reconoce que existe la firma de varios concejales en la documentación, pero cree que quienes votaron la medida no tuvieron en cuenta todos los antecedentes. No cuestiona su capacidad profesional ni su legitimidad para ocupar sus cargos; por el contrario, dice que son personas preparadas y que los vecinos los eligieron para estar allí. Su crítica es que, a su entender, no averiguaron lo suficiente antes de tomar la decisión.

También intentó obtener explicaciones por otros canales. Habló con Anita Martínez y con personas que conoce, pero asegura que nunca recibió una respuesta concreta. Aclara que su vínculo personal con algunos dirigentes no cambia el reclamo: no se trata de una cuestión individual ni de un pedido para su familia.

"Esto no es mío, es de todos", repite.

La plaza, cubierta de tierra
El proyecto que inicialmente avanzaba hacia la construcción de la escuela quedó detenido, al menos por ahora. Pero la paralización no significó que el terreno volviera a su estado anterior.

Al contrario, Graciela describe un espacio atravesado por el barro y las pilas de tierra. Los chicos ya no pueden realizar allí actividades deportivas con normalidad. Los arcos fueron nuevamente soldados y colocados por los vecinos, pero el resto del terreno sigue afectado por las obras y los movimientos de suelo.

La pelea, entonces, también se volvió visible en el estado actual del lugar.

Graciela calcula que hay unos 23 montículos de tierra distribuidos en medio del terreno y que dificultan el uso cotidiano de la plaza.

"¿Cómo puede ser que a una plaza la usurpen así?", se pregunta, convencida de que cualquiera que dude de su relato puede acercarse al barrio y comprobar por sí mismo lo que está ocurriendo.

Mientras esperan respuestas, los vecinos comenzaron a organizar actividades para sostener el reclamo. Hicieron un locro y otras iniciativas destinadas a reunir apoyo. Graciela asegura que van a continuar.

Incluso imagina una nueva etapa para el lugar: pintar, recuperar las paredes que faltan y hacer dibujos para darle color.

Mira las plazas que se construyeron o renovaron en otros sectores de Rosario y quisiera que el municipio pudiera escuchar su propuesta. Menciona especialmente las obras que hizo Pablo Javkin y dice que le gustaría poder explicarle directamente al intendente lo que está transmitiendo públicamente.

Hoy no puede acercarse personalmente porque atraviesa un problema de salud, pero pretende que su voz llegue de todos modos.

En algún momento, cuenta, una secretaria municipal recibió a los vecinos. Pero Graciela cree que el mensaje no llegó correctamente. Según su relato, la funcionaria interpretó que ellos se oponían a la construcción de escuelas.

Ella insiste en que no es eso lo que plantean.

Quieren escuelas, dice, pero no una escuela con fines de lucro instalada sobre el espacio público que consideran destinado al barrio. Quieren una plaza libre, abierta para todos, con iluminación, color, veredas y equipamiento. Una plaza en la que puedan jugar los chicos y reunirse las familias.


Hoy, en cambio, describe un terreno convertido en barro. Las pocas viviendas que quedaron pegadas al predio tienen dificultades incluso para salir de sus casas.

Graciela explica que el tamaño original de las tierras de su abuelo era tan grande que con el tiempo se construyeron galpones y quedaron pocos vecinos alrededor. Pero justamente esos pocos habitantes son quienes, según sostiene, están padeciendo directamente las consecuencias de las obras.

El miedo a que la plaza se vuelva un patio
La respuesta municipal tampoco la convence. Chale sostuvo que la escuela ocuparía aproximadamente un tercio del terreno y que el resto se convertiría en una plaza completamente renovada. Para Graciela, el problema no se resuelve con la cantidad de metros que queden libres, sino con el modo en que ese espacio podrá utilizarse.

Si se coloca un alambrado de un extremo al otro, explica, de un lado quedaría la escuela y del otro una porción de terreno que podría terminar reducida a las tres hamacas que existen actualmente.

Así, las hamacas que hoy sobreviven en la antigua plaza podrían terminar formando parte del espacio de uso de la escuela. Es justamente esa posibilidad la que Graciela rechaza con mayor fuerza.

Para ella, el problema no es solamente cuánto terreno quedará fuera del proyecto, sino quién podrá usarlo y en qué condiciones.

Porque la discusión vuelve al mismo punto desde el que comenzó la historia familiar: aquellas tierras fueron cedidas para que fueran públicas.

Graciela recuerda una conversación con una de las personas que trabajaban en el predio. Según cuenta, fue esa persona quien le explicó cómo sería el cierre del terreno: colocarían un alambrado de un extremo al otro, delimitando unos 600 metros.

"¿Cómo cerrar? No podés cerrar, es público", recuerda haberle respondido.

La explicación que recibió fue que, de esa manera, quedaría el jardín. La propuesta no terminó allí. También le hablaron de la posibilidad de colocar detrás una biblioteca y ponerle el nombre de su abuelo. Pero tampoco esa alternativa la convenció.

Graciela no quiere que le pongan el nombre de su abuelo a una biblioteca como forma de compensación. El nombre de Juan Casasola, dice, ya está inscripto en la memoria del barrio. No necesita una placa ni una denominación para justificar lo que, desde su perspectiva, ya forma parte de la historia de ese lugar.

"Yo no quiero el nombre de mi nono", resume. Para ella, el homenaje ya está hecho de otra manera: en las tierras que su abuelo dejó y en el uso público que tuvieron durante décadas. "Acá fue donado de corazón, de corazón y para el barrio", insiste.

Una historia que el barrio recuerda
El caso despierta también recuerdos de otros espacios públicos que terminaron perdiendo parte de su función comunitaria.

Durante la conversación, la historia de Bolivia al 600 bis fue comparada con la de una antigua plaza y canchita de fútbol ubicada sobre Pellegrini, entre Iriondo y Crespo. Allí, durante años, los chicos del barrio entrenaban, jugaban partidos y organizaban torneos.

Con el tiempo, aquel espacio fue ocupado por un supermercado. La promesa, según recuerdan quienes conocen esa historia, era que se construiría una plazoleta como compensación. Quedó, finalmente, un pequeño espacio triangular con tres árboles y algunos bancos.

El complejo deportivo y el lugar de recreación que utilizaban los chicos, en cambio, desaparecieron.

Ese antecedente vuelve a aparecer ahora como una advertencia para quienes defienden la plaza de Bolivia. La preocupación de los vecinos es que algo similar ocurra allí: que una parte del espacio sea destinada a otro uso y que la promesa de una plaza renovada termine dejando en el camino aquello que hacía que el lugar fuera realmente de todos.

Para Graciela, la diferencia entre una cosa y otra está en algo tan sencillo como la posibilidad de entrar, jugar, caminar y encontrarse.

Un espacio público, sostiene, no debería necesitar permiso para ser utilizado por quienes viven alrededor.

Las firmas, entre carbón y leña
Mientras la discusión continúa, los vecinos mantienen abierta la campaña de firmas para respaldar el reclamo.

Graciela recibe a quienes quieran adherir en su propio negocio, ubicado a pocos metros de la plaza. Está en Juan José Paso 6853, a la vuelta del terreno que perteneció a su abuelo.

Allí funciona una carbonería, un negocio familiar que Graciela heredó de su padre y que mantiene desde hace toda la vida. Es, además, el lugar desde donde sostiene buena parte de la campaña. Las planillas para firmar están allí y, cuando puede, también sale a repartirlas por el barrio.

La respuesta que encuentra entre sus clientes, cuenta, refuerza su convicción de que el reclamo excede ampliamente a la familia Casasola.

Cuando explica para qué son las firmas, muchos hacen la misma pregunta: si es para el barrio. Y cuando Graciela responde que sí, que es para el barrio, la adhesión aparece.

No sabe cómo terminará el reclamo. Espera que las autoridades vuelvan a recibir a los vecinos y que exista una respuesta favorable a su planteo. Mantiene la esperanza de que el lugar pueda recuperarse y transformarse en la plaza que, según entiende, el barrio merece.

Una plaza con juegos, iluminación, veredas, espacios deportivos y lugares de encuentro. Su deseo, dice, es poder festejar algún día con los vecinos la recuperación del espacio.

El destino de una decisión
Más de siete décadas después de la muerte de Juan Casasola, su nieta sigue defendiendo aquella decisión.

No habla de recuperar una propiedad familiar. Los vecinos tampoco reclaman una propiedad privada. Lo que Graciela defiende es que el espacio continúe cumpliendo el destino que, según sostiene y según los documentos que conserva, tuvo desde el principio: ser una plaza para todos.

La discusión sobre el futuro del terreno de Bolivia al 600 bis tampoco se limita, para ella, a cuántos metros serán ocupados por la escuela o a cuánto espacio quedará para una eventual plaza renovada.

Lo que está en juego, sostiene, es el carácter público de un lugar que su familia cedió "de corazón" para el barrio.

Juan Casasola llegó de Italia, trabajó durante décadas, levantó un patrimonio y, cuando llegó el momento de lotear las tierras, una parte fue destinada a convertirse en un espacio público. Graciela cree que aquella decisión debe seguir vigente.

No quiere que le devuelvan las tierras. No pretende ponerle su apellido a una biblioteca. Tampoco pide una plaza en beneficio de su familia.

Lo que reclama es que aquello que Juan Casasola dejó para todos continúe siendo, efectivamente, de todos.

La campaña de firmas sigue en su carbonería de Juan José Paso 6853. Allí, entre leña y carbón, Graciela continúa contando la historia de su abuelo y explicando a cada vecino por qué considera necesario defender ese terreno.

La pregunta que recibe de quienes escuchan su relato es siempre parecida: "¿Es para el barrio?". Y su respuesta también: "Sí, es para el barrio".

Ese es el destino que quiere preservar. Y también, en su mirada, la deuda que el presente tiene con una decisión tomada hace más de setenta años: que una parte de las tierras de Juan Casasola siguiera siendo un lugar abierto para los chicos, las familias y todos los vecinos de Larrea.

Escuchá la entrevista completa

Ver también: La historia detrás de la plaza en disputa: el expediente que terminó cediendo parte del espacio verde a una fundación

Gaby Banach, una vida de lucha y un andamio para las que vienen

Gabriela Denisse Banach, activista trans de 47 años y militante por los derechos de las personas trans y del colectivo LGBTI, fue asesinada en su departamento del centro de Rosario. Hay un joven detenido que será imputado en las próximas horas. Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió, sus amigas y compañeras recuerdan en Señales una militancia hecha de gestos concretos: conseguir documentos, acompañar trámites, reclamar viviendas, defender el acceso al trabajo y abrir caminos para quienes venían detrás.

Entre la memoria de sus compañeras y el reclamo de justicia aparece una paradoja que atraviesa su historia: Gaby construía redes para sostener a otras mientras ella misma necesitaba que alguien la ayudara.

El 11 de agosto de 2026, Gabriela Denisse Banach fue encontrada sin vida en su departamento de Cerrito al 600, en el barrio República de la Sexta de Rosario. Tenía 47 años. Su cuerpo presentaba signos de violencia y la autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo. La investigación fue caratulada como homicidio y, según informó la Fiscalía, un joven de 24 años fue detenido y será imputado en las próximas horas.

La noticia volvió a sacudir a una comunidad acostumbrada a contar pérdidas, pero también a reconstruir una y otra vez las historias de quienes dedicaron buena parte de su vida a abrir caminos para otras.

Banach había sido una de las militantes trans alcanzadas por la reparación destinada a quienes fueron perseguidas por la policía durante la vigencia de los códigos contravencionales. Desde el Archivo por la Memoria Travesti Trans de Santa Fe exigieron justicia y señalaron el hecho como un presunto transfemicidio. También remarcaron una dimensión central de su militancia: la pelea por el acceso a una vivienda, al trabajo y a condiciones de vida dignas para las personas travestis y trans.

La Fiscalía investiga las circunstancias del crimen y deberá determinar, entre otras cuestiones, cuál fue la motivación del ataque. Organizaciones de la diversidad reclamaron que el caso sea investigado como un crimen de odio.

En Rosario, la noticia fue recibida con dolor por quienes compartieron con Gaby años de militancia, discusiones, proyectos y afectos. Entre esas voces está Cristina Martínez, amiga de Banach, quien al hablar públicamente sobre su muerte no pudo evitar que la emoción quebrara su relato.

Para ella, Gaby no podía ser definida simplemente como un "ser de luz". Había sido algo más complejo y más humano: una presencia intensa, frontal, amorosa y muchas veces incómoda.

"Hola, buen día a todos los oyentes de Señales, soy Cris Martínez, orgullosa amiga de Gaby Banach, a quien nos arrebataron esta semana, voy a pedir disculpas porque me voy quebrando mientras hablo de ella porque tengo mucha bronca, mucha tristeza, queríamos mucho, las dos nos queríamos mucho y eso es un montón, en este mundo horrible que nos toca vivir es un montón.

La Gaby, no voy a decir que la Gaby era un ser de luz porque eso como que remite a algo muy romántico y la Gaby era luminosamente intensa, eso era Gaby, luminosamente intensa, luminosamente peleadora, luminosamente jodida por momentos, pero siempre fue ella, siempre fue la que conocimos sin filtro, decía cosas durísimas pero también decía cosas amorosas y hacía cosas amorosas, a veces sin contarlo nos enterábamos de cosas que ella hacía.

En su despedida ayer, en una de las tantas despedidas en las que estuve, escuché muchos testimonios de todo lo que ella hizo por un montón de gente, cada quien que llegaba decía a mí la Gaby me hizo el documento, a mí la Gaby me consiguió ropa, a mí la Gaby me hizo este trámite, a mí la Gaby hizo maravillas, hizo lo que un montón de Estado junto no hace y lo hizo sola, porque encima por eso era jodida, porque hacía muchas cosas sola, se cortaba sola, pero las hacía igual.

También ayer, mientras compartía estas despedidas varias en las que estuve, porque no podía despedirla sola, porque si no, no hubiera podido remontar el día, encontré un montón de compañeras, generaciones jóvenes de travestis y de trans, que seguramente lo saben, pero no sé si dimensionan el camino que ella y otras muchas compañeras, pero ahora estamos hablando de Gaby, han armado como amoroso andamio por el que pueden circular, para ser más felices, para estar más seguras, para tener menos miedo, para ser más respetadas, y eso también es un montón.

Porque no se fijaba solamente en las conquistas que a ella le hacían bien, sino que pensaba en el futuro, con su participación en el proyecto de las viviendas para la comunidad travesti y trans, en la que estaba trabajando, puteaba mucho contra las injusticias que a veces se cometían con el cupo laboral trans, las discrecionalidades, y tenía razón.

Bueno, me pasaría toda la mañana hablando de la hermosa Gaby Banach, que ahora se nos fue, pero no quiero quebrarme más. Todos quienes tuvimos la dicha de conocerla, hoy la extrañamos, la amamos siempre, y lo que pedimos es justicia. Gaby Banach, presente ahora y siempre".

Las palabras de Martínez permiten reconstruir una parte de la dimensión cotidiana de aquella militancia. No se trataba solamente de grandes consignas o de conquistas institucionales. También estaba el acompañamiento concreto: ayudar a conseguir un documento, buscar ropa, resolver un trámite, abrir una puerta, acercar una solución.

En el relato de su amiga, Banach hacía por otras personas aquello que muchas veces el Estado no lograba hacer, y lo hacía desde un lugar marcado por la urgencia y por una personalidad que no parecía dispuesta a esperar demasiado.

Esa misma forma de entender la militancia aparece asociada a una preocupación que excedía las necesidades inmediatas. Banach participaba de un proyecto de viviendas destinado a la comunidad travesti y trans y cuestionaba las injusticias y discrecionalidades que, según sus compañeras, podían aparecer en la aplicación del cupo laboral trans.

La pelea no terminaba en conseguir un derecho para sí misma: estaba puesta también en las condiciones de vida de quienes llegarían después.

Por eso, para Martínez, la imagen del "amoroso andamio" resulta especialmente significativa. Un andamio construido por generaciones de militantes para que las más jóvenes pudieran transitar una vida con algo más de seguridad, menos miedo y mayor reconocimiento.

Una militante que también pedía ayuda

En esa misma trama de memoria, resistencia y solidaridad aparece Mariana Fernández (foto), conocida cariñosamente como "La Choco" o "La Chocolate". Nacida en Goya, Corrientes, en 1961, creció en Rosario y construyó allí un extenso recorrido como militante travesti por los derechos de las diversidades.

Su historia personal está atravesada por la persecución, la discriminación y la violencia policial, particularmente durante los años de la última dictadura cívico-militar.

Fernández comenzó su militancia siendo muy joven. Tenía 15 años cuando empezó a vestirse con tacos y a reconocerse públicamente como travesti. Desde entonces, su historia quedó ligada a la de tantas otras personas travestis que durante décadas tuvieron que enfrentar la exclusión, la violencia y la persecución simplemente por expresar su identidad.

La Choco tiene cinco hijos y nietos y suele destacar especialmente el vínculo y el amor hacia su familia. Esa dimensión afectiva convive con una extensa trayectoria de trabajo comunitario. Durante la pandemia de COVID-19 creó el Comedor Candela, en barrio Acindar de Rosario, desde donde llegó a brindar comida a más de 200 personas del barrio y sus alrededores.

Su militancia también se convirtió en una forma de preservar una memoria que durante mucho tiempo permaneció silenciada. En 2021 y 2022 participó de encuentros y actividades públicas en los que contó su experiencia y recuperó las historias de quienes fueron víctimas de la persecución y la violencia contra las personas travestis y trans.

En 2023 llevó esa trayectoria al terreno electoral y se presentó como candidata a concejala de Rosario, trasladando al ámbito político una militancia que durante décadas había construido desde la calle, las organizaciones y el trabajo comunitario.

La historia de Mariana Fernández y la de Gabriela Banach pertenecen a generaciones y recorridos diferentes, pero se encuentran en un mismo territorio de lucha. Son historias atravesadas por la necesidad de sobrevivir a la violencia y, al mismo tiempo, por la decisión de transformar esa supervivencia en organización, solidaridad y derechos para otras.

Cuando La Choco habla de Gaby, la palabra solidaridad aparece una y otra vez. También la bronca. La tristeza. Y una pregunta que atraviesa todo su relato: qué tendría que haber ocurrido antes para que Gaby estuviera viva.

Fernández recuerda a Banach como "una loca linda", de esas personas capaces de hacer reír y enojar casi en la misma conversación, pero también como una militante que nunca limitó su lucha a los derechos de las compañeras travestis y trans.

"Era una persona maravillosa que solo no peleaba por los derechos de las compañeras, peleaba por todos los derechos de la gente".

La imagen que conserva de ella es la de una mujer que no esperaba sentada. Salía a buscar, organizaba comida, acompañaba a quienes necesitaban ayuda y se involucraba con los problemas de los barrios, de los jóvenes y de las personas que estaban en situación de calle.

"Disculpame porque acordarse de Gaby es algo muy fuerte porque fue una persona muy fuerte para nosotros y muy querida con su locura, con todo lo que ella representaba. Era una persona muy querida, muy querida, de verdad, muy querida. Y esa era Gaby, una persona que no solo, como te dije, defendía los derechos, defendía todos los derechos de los barrios, de los jóvenes, de las personas que estaban en la calle.

Ella no dormía, siempre se quejaba porque no podía hacer muchas cosas que a ella le gustaría hacer. Cuando uno se recuerda a Gaby se le cae una lágrima, de verdad, porque fue injusta esta muerte de una compañera que no merecía ser asesinada y perder la vida así como perdió ella y perdieron muchas compañeras".

En esa descripción aparece una contradicción que, para Fernández, resulta fundamental para entender la vida de Banach: mientras ayudaba a otras, ella misma atravesaba situaciones de vulnerabilidad.

En los días posteriores a su muerte, entre los testimonios de sus compañeras comenzaron a aparecer referencias a problemas de consumo, dificultades vinculadas con la salud mental, falta de trabajo y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Banach, recuerda Fernández, había golpeado puertas y pedido ayuda.

"Con todo lo que estaba pasando, ella siempre ayudaba. Si tenía problemas de consumo, esa maldita droga que nos atraviesa a nosotras por ser inmunes, a todos, a todos nos atraviesa. ¿Por qué? Porque nosotras somos personas que tenemos derecho a vivir.

Nosotras las grandes viejas travestis luchamos para que una generación no caiga como nosotros caemos. Nosotros como travestis tampoco tenemos oportunidad de trabajo, no tenemos oportunidad de tener una casa linda. A nosotros nos alquilan una casa, alquilan una pieza con humedad el triple por ser travesti.

Mira todo lo que nos cuesta, todo lo que Gaby atravesó, no tendría que haber atravesado porque somos seres humanos y hay muchas compañeras que siguen atravesando este camino. Generación nueva. Esa era la lucha de Gaby, la lucha de todas las viejas travestis".

La pregunta sobre qué podía haberse hecho antes de que ocurriera el asesinato conduce, para Fernández, hacia el Estado. Su lectura es que la muerte de Banach no puede analizarse solamente como el resultado de una situación individual ni separarse de las condiciones estructurales en las que viven muchas personas travestis y trans.

"Claro, un Estado que no lo escuchaba. Nosotras, ¿sabe cómo vivimos? Ojalá que todo el mundo escuche esto. ¿Cómo vivimos con una caja de mercadería? Un Estado cree que nosotras somos una caja de mercadería.

No nos quejamos porque tampoco podemos quejarnos, ¿me entendés? No nos quejamos porque somos travestis. Nosotras cuando hicimos, la gente dice, salieron por la tele, pero quisiéramos salir de otra manera, o sea decir que nos están dando una vivienda, que nos están dando cosas como para vivir dignamente.

Y decían abajo, murió un hombre, yo creo que acá el sexo no importa, murió una persona querida, un ser humano. Yo no sé por qué esta sociedad y un Estado nos abandonan. Somos seres humanos que nos gustaría vivir dignamente con un trabajo, con una casa con baño, no una casa prestada, en esa casa que uno sufre mucha discriminación".

Fernández vuelve entonces sobre una idea que considera central: Banach no solamente necesitaba ayuda, también la había pedido. Y, según su relato, no encontró una respuesta adecuada.

La ausencia de espacios de acompañamiento para personas que atraviesan consumos problemáticos se vuelve, en su testimonio, parte de una cadena de vulnerabilidades que termina dejando a muchas compañeras en la calle.

"A lo mejor yo, vos me querrás hacer una pregunta, pero es tanta la bronca que tenemos con esta muerte que se podía evitar porque Gaby, así como ayudaba, ella también pedía ayuda. Pero no hay un lugar para nosotras como para que nos puedan ayudar con la droga. No hay lugar, el lugar que hay es de noche y de día, te largan a la calle, como no tenemos donde ir a dormir y estamos en la calle también con peligro porque de día está la droga, están los clientes, está el peligro hacia nosotras".

Para La Choco, la falta de respuestas no empieza ni termina en el consumo problemático. Forma parte de una historia más extensa de exclusión. En su relato, la vivienda, el trabajo, la seguridad, el acceso a la salud y el derecho a caminar por la calle sin ser objeto de burlas o agresiones aparecen como partes de una misma deuda.

"Bueno, eso es lo que estoy diciendo, no hay respuesta para las compañeras, hay respuesta con una caja de mercadería, esas respuestas es que no hay, esas respuestas y cuando estamos muertas ahí aparecen a decir, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Por eso por nosotras, por ser travesti, no tenemos respuesta, no tenemos lugar en esta sociedad.

Y yo me pregunto por qué, porque si somos todos iguales, lloramos, sufrimos, somos todos el humano que tenemos derecho a vivir.

Pero así como se le cerró la puerta a esta compañera, ella seguía peleando para el derecho de la juventud, porque así como le pasó a Gaby, hay montones de compañeras que están pasando el mismo sufrimiento de la droga, de no tener donde vivir, de vivir en la calle, pero ¿por qué? No entiendo por qué esta sociedad nos castiga, no podemos caminar por la calle libremente, se nos ríe, se nos burla, es más, hay cuando un montón de cosas dijeron sobre nosotras, pero ¿por qué tanto odio? Si nosotros ¿a quién le hacemos mal?

Yo estoy hablando con vos hoy, pero yo cuando apaga esto, cada uno hace su vida, o sea que yo te estoy diciendo que nosotros no, ¿por qué que nosotros no vivimos la vida con las personas? Pero ellos sí viven la vida con nosotros porque no hacen sufrir, no hacen llorar, no hacen escondernos, no hacen tener miedo.

Eso luchaba Gaby por una vida distinta, por una dignidad de trabajo distinta, por una vivienda, por tener un respeto, por eso peleaba la Gaby, por eso ella no se quedaba".

Lo que se sabe y lo que cuentan sus compañeras
En medio de ese relato aparece también la versión que circula entre las compañeras sobre lo ocurrido la noche en que Banach fue asesinada.

Fernández aclara que no estuvo allí y que habla a partir de lo que pudo conocer después. Su explicación se enlaza con otra de las dimensiones que considera determinantes en la vida de muchas travestis: la carencia afectiva y la necesidad de encontrar vínculos en un contexto de soledad y exclusión.

"Sí, la versión, ¿saben qué? Nosotras somos carentes de amor, te voy a contar, somos carentes de amor, y la necesidad de amor para nosotras es mucha, porque nadie nos da amor, un abrazo, una caricia, un momento, pero nosotras, por eso eso es lo que nos pasa, encontramos a una persona que nos da un cariño, y sin saber que llevamos un enemigo dentro de nuestra casa, nos matan.

Lo único que sé es que este chico se encontraba, no se vieron, y bueno, se ve que se fueron frecuentemente, este chico con esa intención de querer robarle algo, porque nos quieren robar, aparte que nos roban el alma, el corazón, nos matan, entonces le robaron el televisor y se habrá luchado, le habrá dado un golpe y murió.

Pero mirá qué asesinato, qué maldad, dicen que no es una muerte de odio, yo creo que fue una muerte con mucho odio, porque cuando la mataron le siguieron cortando, la siguieron lastimando, a Gaby no se le reconocía, no se le reconocía, eso es un odio porque, no sé cómo decir, pero creo que si le da un golpe a alguien y se desmayó, bueno, ya está, basta, no, la siguieron matando, la siguieron cortando, la siguieron lastimando, ese es un caso de odio, ese chico la odiaba".

La investigación deberá determinar qué ocurrió aquella noche y cuál fue la motivación del crimen. La detención de un joven de 24 años, localizado a partir del análisis de cámaras de seguridad, abrió una nueva etapa en la causa. Según informó la Fiscalía, el detenido será llevado a audiencia imputativa en las próximas horas.

La discusión sobre una posible calificación como transfemicidio o crimen de odio coloca el caso frente a una pregunta que excede la reconstrucción de las últimas horas de la víctima: si detrás de la violencia existió también un componente de odio hacia su identidad de género. Organizaciones de la diversidad reclamaron que esa dimensión sea contemplada en la investigación.

Para sus compañeras, esa dimensión no puede quedar al margen. Porque la muerte de Gaby no aparece aislada, sino inscripta en una historia de agresiones, discriminación y vulnerabilidad que La Choco conoce desde hace décadas y que, justamente, Banach había intentado transformar.

Por eso Fernández vuelve, una y otra vez, a la misma imagen: Gaby ayudando a otras aun cuando ella misma necesitaba que alguien la ayudara. Una mujer que reclamaba una vivienda para la comunidad mientras atravesaba sus propias dificultades habitacionales; que defendía el acceso al trabajo mientras muchas travestis seguían excluidas del mercado laboral; que reclamaba respeto mientras ella misma era víctima de una violencia que terminó con su vida.

La memoria contra el olvido
El temor de las compañeras de Gabriela Banach no termina con el esclarecimiento del crimen. También está puesto en lo que pueda ocurrir después: que el caso se diluya, que el acusado recupere la libertad y que la muerte de Gaby termine archivada junto a tantos otros expedientes que, para la comunidad travesti y trans, nunca tuvieron una respuesta.

Mariana Fernández lo dice con crudeza, desde una memoria construida sobre demasiadas pérdidas.

"Y sí, y sí, por eso te digo, pero ojalá que no quede nada como quedaron los papeles de un montón de chicas, hay muchas chicas que han muerto con cinco tiros en la cabeza, perdón lo que lo digo así, y no quedan nada por ser travesti, Pamela, que fue muerta también hace cinco años, no se sabe nada, se quedó ahí, nadie dice nada, porque somos travesti.

Ojalá que esto no quede impune, que esto no sea que lo llevaron, después lo largaron, y ese tipo que lo largaron como a un montón de tipos, siguen matando, siguen matando. Entonces no debemos permitir que este tipo salga, porque van a haber otras muertes, y ojalá que el Estado pueda ayudar más a las compañeras, porque de verdad estamos en peligro de muerte, no solo Gaby, muchas compañeras".

La impunidad, para Fernández, no es una posibilidad abstracta. Tiene nombres, historias y expedientes que dejaron de avanzar. Por eso reclama que el asesinato de Banach no termine como otros casos y que la respuesta estatal no aparezca solamente cuando una compañera ya está muerta.

La preocupación se extiende también al retroceso de políticas públicas dirigidas al colectivo travesti-trans. Fernández recuerda que hubo un momento en el que distintas políticas comenzaron a acercarse a las necesidades de la comunidad y que, con esas herramientas, se consiguieron conquistas que hoy considera amenazadas.

"Y bueno, lo vemos mal, porque fue un momento de mucha lucha, hay un montón de cosas que logramos, y con este presidente, no sé por qué nos hostiga a nosotras, nosotras somos hostigadas por el mundo entero, tenemos el mundo en nuestra espalda, y creo mucho odio, mucho odio por eso, yo no entiendo, no entiendo, la verdad que no entiendo, no sé cómo explicarte, no sé cómo decirte".

Antes de despedirse, La Choco vuelve a lo esencial. Agradece haber tenido un espacio para hablar, pero sobre todo reclama que las personas travestis sean escuchadas y reconocidas como sujetos de derechos. No quiere que su comunidad sea visible únicamente en las noticias policiales o cuando una compañera muere.

"Bueno, yo te agradezco a vos, la verdad te agradezco mucho esto, porque la verdad que nosotras tenemos derecho a hablar y a decir lo que sentimos, yo le digo al mundo entero que nos dejen tranquila, que queremos vivir dignamente, nosotras no queremos estar en una esquina porque nos gusta, vos sabés en la esquina lo que pasa, el peligro, el de los clientes, el peligro de la droga, el peligro de estar en una esquina expuesta, eso quiero que nos den la oportunidad de tener un trabajo, no le hacemos mal a nadie, somos seres humanos con derechos, nosotras votamos, y exigimos, la verdad que hoy exigimos que nos den esa oportunidad de poder trabajar, te agradezco de verdad y de mucho, mucho te agradezco. Un abrazo grande, y justicia por la Gaby".

La despedida de Fernández vuelve a resumir, en pocas palabras, todo lo que había atravesado su relato: "Justicia, justicia, mucha justicia, la verdad, justicia por nuestra compañera, porque no merecía esa muerte".

Una mujer que ayudaba incluso cuando tenía poco

La voz de la comunidad no fue la única que se hizo escuchar después del asesinato. También hubo instituciones y personas de otros ámbitos que despidieron a Banach y recuperaron su dimensión solidaria.

Cáritas Argentina y la Parroquia María Auxiliadora de Rosario la recordaron como colaboradora y elevaron una oración por ella, confiando su alma a la ternura de María Auxiliadora y pidiendo que la acompañara en la vida eterna.

Ese gesto también permite reconstruir una parte de Gaby que aparece repetidamente en los testimonios: la de una mujer que ayudaba incluso cuando tenía poco para sí misma.

Ana María Ferrini, otra de las personas que la conocieron, la recuerda desde ese lugar. Su testimonio comienza poniendo en primer plano la contradicción entre la violencia de su muerte y la personalidad de la mujer que conoció: una mujer solidaria, activista por los derechos, vendedora ambulante y preocupada por el bienestar de los demás.

"Soy Ana María Ferrini. Asesinaron a una joven mujer, solidaria, activista por los derechos, que se ganaba la vida como vendedora ambulante y se preocupaba por el bienestar de los demás, no solo por sus derechos, quería un mundo mejor. Era simpática, agradable, charlatana, sonriente, no sé qué cantidad de odio tenía la persona que la asesinó, tortura previa, no sé si a lo mejor se sintió más hombre por haberlo hecho, o qué resentimientos lo llevaron a cometer el crimen.

Los comentarios de los odiadores en las redes, porque hay muchos obituarios por Gaby, son espantosos, casi diría que son de cómplices virtuales del asesinato".

Ferrini no habla de una figura distante ni de una militante conocida solamente por las consignas. Habla de una mujer que encontraba formas concretas de ayudar en la vida cotidiana. La recuerda cruzando la calle con personas mayores, vendiendo medias y pañuelos, participando de marchas y deteniéndose para orientar a alguien que preguntaba por una dirección o por un colectivo.

"Yo me pregunto qué nos está pasando como sociedad, porque hace menos de 15 días otra joven mujer fue asesinada. Los gritos, como en el caso de Gaby, alertaron a los vecinos. La policía llegó tarde, no hubo ninguna ayuda.

El cuerpo sin vida, como aparece en las noticias policiales, esa víctima tiene nombre y apellido, era querida en todo Rosario. Yo la recuerdo ayudando a cruzar en la calle a una viejita, a todas las viejas nos decía mamá, a mí también, o profe. Le dice a la viejita, mamá, dame la mano que yo te cruzo.

La recuerdo vendiendo medias, pañuelos, de todo, una vendedora nata. Yo no uso medias de invierno, pero tengo bolsas de medias que le compraba Gaby. ¿Quién le va a decir que no a Gaby? La recuerdo en las marchas, en los reclamos.

La última vez que la vi con vida, la vi en una carpa blanca que se hizo con ATE, y bueno, los jubilados, vamos, todavía hacía calor. Y me acuerdo que alguien le dio, no sé si un sándwich o qué, que ella a su vez se la dio a otra persona.

Y la recuerdo en todos los reclamos, la recuerdo parándose en la calle para contestarle a quienes le preguntaban por una dirección, un colectivo. Cuando todos pasan de largo y contestan cualquier cosa.

Y de la poca nada que tenía, porque era pobre, porque la mayoría de las chicas trans son pobres, ayudaba para Cáritas. Es decir, de lo poco que tenía daba para ayudar. Y también ayudaba, no me gusta la palabra silos, pero hogares para niños. Y Gaby estaba ahí. No sé qué decirles realmente".

En esa enumeración de pequeños gestos aparece una definición de Banach que coincide con la de sus compañeras: la solidaridad no era para ella una actividad separada de la vida cotidiana. Era una manera de estar en el mundo.

Ferrini también recupera los comentarios de odio que aparecieron en redes sociales después de su muerte. Frente a ellos, busca una respuesta en una idea que, según cuenta, escuchó muchos años atrás en una canción de Jean-François Casanova: "no soy un hombre ni una mujer, solo soy una persona".

Para Ferrini, esa palabra —persona— alcanza para cuestionar cualquier intento de reducir una vida a su género, su condición económica, su color de piel o su orientación sexual.

"Persona es el único chip irrepetible que tenemos y que nos identifica. Más allá del género, más allá del color de la piel, más allá de la elección sexual, más allá de riqueza o pobreza o situación económica".

La memoria que construye sobre Gaby está hecha también de escenas aparentemente pequeñas. Una conversación en un bar, un cumpleaños, una frase dicha a una moza. Ferrini recuerda que Banach hablaba fuerte, sin demasiados filtros, y que en una ocasión, después de cumplir años, le dijo a una de las mozas:

"Viste, superé la barrera".

La frase tenía detrás una conciencia dolorosa: muchas mujeres trans mueren jóvenes.

Desde ahí, Ferrini vuelve a pensar en la identidad y en la necesidad de reconocer, antes que cualquier clasificación, la humanidad de cada persona. El arco iris, dice, puede verse como siete colores, pero en realidad es una enorme franja de luz. La imagen le sirve para pensar en las diferencias que parecen dividir cuando, en el fondo, forman parte de una misma totalidad.

Su reflexión termina recurriendo a un poema de John Donne, el poeta inglés que inspiró el título de Por quién doblan las campanas, la novela de Ernest Hemingway. Ferrini lo parafrasea para explicar por qué la muerte de Gaby no puede ser considerada un hecho que afecta solamente a quienes la conocieron.

"La muerte de cualquier persona me disminuye, porque ninguna persona es isla independiente del archipiélago o de tierra firme".

Y entonces aparece la advertencia. Las campanas que hoy doblan por Gaby podrían, si la violencia continúa, doblar mañana por cualquier otra persona. Porque Ferrini ve en el asesinato de Banach parte de una violencia más amplia que encuentra objetivos entre quienes son considerados diferentes: personas mayores, migrantes, pobres, mujeres y, especialmente, quienes quedan fuera de los lugares que una sociedad decide como aceptables.

Su preocupación se proyecta hacia las nuevas generaciones. La edad de algunos de los agresores que menciona —entre los 20 y los 24 años— le plantea otra pregunta sobre el futuro de la sociedad y sobre qué clase de violencia se está transmitiendo.

Antes de terminar, vuelve a Gaby. A su forma de vivir, de ayudar y de resistir. Y encuentra una frase que funciona como despedida pero también como reconocimiento: "Gaby vuela alto".

Después de todo lo que escuchó y recuerda, Ferrini corrige incluso esa expresión. Porque, para ella, Gaby no empezó a volar después de morir. "Creo que siempre Gaby voló alto".

La muerte de Banach deja una exigencia concreta: justicia. Pero su recuerdo también queda en los documentos que ayudó a conseguir, en los trámites que acompañó, en las personas a las que consiguió ropa, en los proyectos de vivienda en los que participó, en las discusiones por el cupo laboral y en las redes que construyó para que otras pudieran transitar una vida con algo más de seguridad, menos miedo y mayor reconocimiento.

Un andamio construido por muchas. Un camino que todavía necesita de quienes lo sostengan.

Y una exigencia que, después de la muerte de Gaby, vuelve a repetirse con la misma contundencia: justicia para Banach, memoria para quienes la precedieron y condiciones de vida dignas para quienes todavía tienen que recorrer ese camino.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Paula Sarkissian, Mariana Terrile, Ornella Avedikian