domingo, 12 de abril de 2026

Golpe al periodismo argentino: precarización, violencia y fin del Estatuto

A medio siglo del golpe de Estado de 1976, el trabajo periodístico en Argentina enfrenta un escenario alarmante. La derogación del Estatuto del Periodista Profesional no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que erosiona las condiciones básicas de la profesión
En vísperas del 7 de junio -Día del Periodista- de 2025, varios centenares de trabajadores de prensa protestaron en la Plaza de Mayo por los ataques y limitaciones oficiales al ejercicio de la tarea de informar / Foto: Juan Valeiro / Revista Mu 

Por: Bianca De Toni*
El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, es la principal norma que regula la actividad en la Argentina: establece condiciones laborales, categorías profesionales, derechos básicos y la cláusula de conciencia, clave para garantizar el ejercicio libre del periodismo. Bajo el eufemismo de la "modernización", el Estatuto vuelve hoy al centro del debate a partir de su derogación, mediante el artículo 194 de la Ley 27.742 (Reforma Laboral y Bases), que lejos de abrir una discusión sobre las condiciones laborales del sector, la clausura.

Su derogación no es inocente, sino que forma parte de un entramado de políticas que, desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, en diciembre de 2023, reconfiguraron el escenario de la comunicación en el país. Las medidas han sido numerosas, de amplio alcance y carácter estructural, adoptadas mayoritariamente por decreto y con efectos regresivos en términos del derecho a la comunicación (1). En ese marco se inscriben, entre otras, la intervención del ENaCom, el vaciamiento del sistema federal de medios públicos, las modificaciones en el acceso a la información pública y la eliminación de las políticas de fomento al sector sin fines de lucro.

En paralelo a estas transformaciones, desde sus primeros días el Gobierno instaló un clima de confrontación que colocó al periodismo como blanco de ataque y que, lejos de atenuarse, se profundizó año tras año. Las agresiones y descalificaciones, emitidas por el propio presidente y altos funcionarios, se dirigieron contra periodistas de distintos colores políticos, al tiempo que se incrementó la violencia digital, especialmente hacia periodistas mujeres. Según el monitoreo de libertad de expresión (2) del Foro de Periodismo Argentino, en 2025 se registraron 278 casos de ataques a la prensa, mientras que en 2024 ya se habían registrado 179, un 53% más que en 2023.

Al hostigamiento simbólico se suman las feroces represiones a manifestaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires, en las que los trabajadores de prensa han sido objetivos recurrentes, como ocurrió con el fotorreportero Pablo Grillo, gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta de jubilados y organizaciones sociales, y que aún espera justicia un año después.

Este escenario se combina con condiciones estructurales de precarización que atraviesan al sector desde hace años. Datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires indican que en abril de 2025 (3) el 70,48% de los trabajadores de prensa del AMBA percibía ingresos por debajo de la canasta básica, mientras que el pluriempleo alcanzaba al 55%. Aunque se trata de datos concentrados en el área metropolitana, permiten dimensionar las condiciones de precarización en las que hoy se ejerce el periodismo.

El contexto actual no sólo explica el avance sobre el Estatuto, sino que también evidencia la necesidad de discutirlo. El mundo en el que nació el Estatuto ya no es el mismo. La expansión de las redes sociales no sólo modificó las formas de producir y consumir información, sino que también reconfiguró las tareas y rutinas del trabajo periodístico, al tiempo que concentró buena parte del modelo de negocios del sector, generando una crisis de sostenibilidad que se discute a escala global.

En ese marco, el sistema de trabajo sobre el que fue construido -basado en el empleo estable en relación de dependencia- también se transformó. Cada vez son más quienes ejercen la profesión sin patrón, por decisión o por necesidad, mientras disminuyen los puestos registrados. La figura del colaborador, reconocida en el propio Estatuto como una excepción dentro del sistema, hace años dejó de ser marginal, reflejándose en el creciente número de publicaciones firmadas por colaboradores/as en medios tradicionales.

Al mismo tiempo, en los últimos años crecieron y se consolidaron experiencias de medios autogestivos y comunitarios -estos últimos con larga trayectoria en la historia de nuestro país y que alcanzaron reconocimiento legal a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, que operan en los márgenes de un sistema de medios altamente concentrado. Estas formas de trabajo ya no son excepcionales ni atípicas, e incluso engrosan las filas de afiliados de los sindicatos de prensa, como ocurre en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), donde las y los trabajadores autogestivos representan más de la mitad del padrón.

Es así que, la necesidad de discutir el Estatuto se vuelve imperiosa. No sólo en función de las transformaciones tecnológicas, que empujan a los trabajadores a una lógica de multitarea, sino también para que, al igual que en sus orígenes, pueda hacerse cargo de los cambios en la base social del trabajo periodístico, una realidad en la que la protección laboral ya no puede pensarse exclusivamente en términos de relación de dependencia.

A cinco décadas del golpe de Estado, y con la memoria viva de una de las etapas más terribles de nuestra historia que nos recuerda la censura, la persecución, la desaparición y el asesinato de trabajadores de prensa, queda claro que el control sobre la construcción del discurso público fueron herramientas centrales para imponer su proyecto político-económico a través del terrorismo de Estado. Hoy, las condiciones de trabajo periodístico -marcadas por la precarización, el hostigamiento, la represión y el desfinanciamiento- dan cuenta de nuevas formas de disciplinamiento. La eliminación del Estatuto del Periodista Profesional constituye un eslabón más de un proceso que amenaza la libertad de prensa y debilita la capacidad del periodismo para cumplir su rol social y democrático.

Notas:
1.- Las caracterizaciones aquí presentadas se basan en "El autoritarismo libertario: las políticas de comunicación del primer año de gobierno de La Libertad Avanza en Argentina" (Longo, De Toni y Segura, 2025).

*Licenciada y profesora universitaria en Comunicación Social de la FCC-UNC. Becaria doctoral del Conicet en Comunicación. Editora de Enfant Terrible y referente de la Red de Medios Digitales de Argentina.
Fuente: Qué

Adorni bajo sospecha: del vocero implacable al epicentro de una crisis política

Las dudas sobre su crecimiento patrimonial, la cadena de operaciones inmobiliarias, los gastos difíciles de justificar y el costo político para el gobierno en un contexto de crisis. "Tenía también declarada una casa heredada en La Plata de hace mucho tiempo, pero empezó a escriturar, como frenesí de escrituras. Y cambió la camioneta, no vendió la anterior. Había una especie de 'bueno, entró guita, vamos a gastar', con propiedades, con camionetas, con viajes", dice Sebastián Lacunza en una entrevista en el programa Señales, de Aire Libre Radio Comunitaria
Adorni en una captura de pantalla de televisión

¿Cuándo te diste cuenta de que no eran casos aislados, sino un patrón todo lo que estaba ocurriendo con Manuel Adorni?
Mi mirada sobre los conflictos éticos de Javier Milei se remonta al primer momento en que esta persona hizo su aparición en los medios, tanto por su forma de vincularse con los demás, con modos que podríamos calificar de fascistas, lo cual despierta muchas inquietudes desde el punto de vista ético, como por el hecho de que muy temprano se conoció que utilizaba su figuración pública para hacer negocios. Y eso, para mí, es incompatible primero con el periodismo —él podía ser considerado un panelista, un periodista perfectamente, porque no es una profesión colegiada— y luego, como político, mucho más aún. Llegó a cobrar charlas de 25 mil dólares.

Entonces, en la medida en que el gobierno se puso en marcha, hubo múltiples indicios para comenzar a observar, justamente, conflictos de intereses y posibles hechos de corrupción. Ahora ya estamos hablando de casos muy voluminosos, de mucho peso, como las causas de la criptomoneda $Libra o el desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que hablan de una corrupción estructural. En el caso de $Libra, ahí se ve el trazo de indicios que podrían señalar a los Milei como corruptos desde el momento en que eran panelistas hasta ahora, y cómo fueron aumentando el "precio” en virtud de la mayor posibilidad que tenían.
En el caso de Adorni, quizás es muy sintomático que el mare magnum, o digamos, que se haya desatado una cadena de incompatibilidades con su estilo de vida. Me parece que, si lo pensás, Claudio, desde el punto de vista de un periodista de clase media —como soy yo y como era Adorni—, está fuera de cualquier cálculo comprar un vuelo privado a Punta del Este. Entonces, por más que digan "mirá, 3.800”, aunque decidas invertir una parte sustancial de tus ahorros para una escapada porque estás muy estresado, si sos de clase media eso ni lo pensás un instante. Si te querés dar un gusto un fin de semana de Carnaval, te vas a Jujuy o a Punta del Este, donde sea, pero tratás de que no te salga lo más caro posible.

A partir de ahí me parece que hubo un quiebre en Adorni del cual no pudo salir, y por eso creo que ya estaba claro que no era un caso aislado y después vino todo lo demás.

¿El caso uno lo puede inscribir como eje central en lo patrimonial, lo ético, lo político?
Así planteada, diría que es un problema político. Ya dije anteriormente que yo nunca asumí, ni por un instante, que la propuesta de Milei fuera regenerativa desde el punto de vista ético, pero sí era una promesa que él enunciaba con sus modos insultantes y que fue tomada por una parte muy importante de la población: el hartazgo contra los "políticos chorros”, y la idea de "vengo a reivindicarlos”, algo que Milei expresó de múltiples formas, incluso con sus alucinaciones de inteligencia artificial, de verse como un superhéroe, y demás.

Entonces, al quedar eso expuesto —no sólo en el caso de Adorni, sino en general—, se convierte en un problema político severo. Porque si una parte de su electorado tenía ese anclaje en una especie de venganza contra los corruptos, hoy eso, me parece, sólo por impostura se puede sostener. Ninguna persona mínimamente informada puede seguir creyendo en eso.

Luego está lo patrimonial, que en este caso aplica también a Adorni, por supuesto, porque fue la voz cantante de ese prisma. La combinación de falencias éticas y un patrimonio difícil de explicar contribuye directamente al problema político, e incluso a una crisis política.

¿Qué inconsistencias te parecen más relevantes en el día de hoy?
Una inconsistencia elemental es que él, con un departamento en el que vivió hasta el año pasado —y en el que había habitado con su familia durante la década previa— en Parque Chacabuco, un barrio de clase media nítida de la Ciudad de Buenos Aires, en una torre de no muchas pretensiones, con amenities, sí, pero comparado con el departamento al que se mudó, una torre más modesta en términos relativos, pretende justificar la compra de una casa en un barrio privado de fin de semana, que además fue refaccionada, y la compra de un departamento, un semipiso en una cuadra cara de Caballito, un barrio de clase media pero también de media alta de Buenos Aires, con expensas el doble de lo habitual para un parámetro comparable.

Entonces eso es inconsistente: con una sola unidad pretende justificar dos compras que probablemente sean más caras que la primera propiedad. No lo está pudiendo sostener; se metió en una encerrona y me parece que va a tener que hacer magia para salir de ahí.

Después está la inconsistencia, como dijimos antes, de las decenas de miles de dólares gastadas en pasajes y de las decenas de miles de dólares gastadas en tarjetas de crédito, en gastos corrientes durante varios meses.

Son muchas las inconsistencias, por eso lo tienen en el banquillo por sospecha de enriquecimiento ilícito, por lo menos.

¿Qué es lo que todavía no cierra del todo en la explicación oficial?
Dicho eso, la pregunta podría darse vuelta: ¿qué es lo que sí cierra?

Supongamos que lo que sí cierra —al menos en términos legales más que éticos— es lo que ellos sostienen respecto del precio pagado por el departamento de Caballito: 200 mil dólares. Ese valor es más o menos la mitad de lo que se paga por metro cuadrado en esa zona, o, dicho de otro modo, bastante menos de lo que pedía el exfutbolista Hugo Morales en febrero de 2024 por esa misma propiedad, cuando la ofrecía en 340 mil dólares y finalmente se vendió en 200 mil.

Eso ya de por sí resulta inconsistente, muy difícil de sostener como una explicación cerrada. Sin embargo, la inmobiliaria, el vendedor, el comprador y la escribana coinciden —o al menos así lo registran— en esa cifra. Por lo tanto, probablemente en el terreno judicial haya que resignarse a ese argumento: que el departamento necesitaba reformas y por eso se vendió más barato.

Podemos sospechar que no es así, podemos intuir que está subdeclarado, pero aun así eso probablemente le resuelva poco a Adorni, porque el problema central es otro: cómo lo compró. Eso es otra discusión.

Del resto, me parece que no le cierra nada.

¿Por qué los viajes fueron tan importantes para instalar el caso?
Vuelvo a la primera respuesta. El solo hecho de pensar que una pareja de clase media —supongamos que empezaron a tener mejores ingresos a partir de este año, porque el sueldo de Manuel Adorni más que se duplicó, de 3 millones a 7 millones, y porque a Bettina Angeletti le empezó a ir muy bien con la consultora de coaching ontológico desde 2024— implica aceptar una hipótesis que, creo, va a ser la que intenten sostener: básicamente que sus ingresos explican el nivel de gasto. Por más que eso resulte, en principio, difícil de creer.

Supongamos que eso es así, aunque suene absurdo. También estarían los contratos de Angeletti y demás ingresos asociados. Pero aun en ese escenario, ningún ser humano con esos ingresos —incluso con los actuales— decide pagar 5.000 dólares un pasaje a Nueva York en febrero y 3.800 dólares un tramo a Punta del Este, más allá de que eso haya sido facturado en 9.000 dólares en total.

Y aun si aceptáramos que Adorni no miente y que efectivamente pagó 3.800, la suma de esos gastos no encaja con una familia con esa estructura de ingresos. No alcanza.

Además está la cuestión de la excentricidad: el uso de un vuelo privado por alguien que, al mismo tiempo, construía un discurso muy severo sobre la ética de los demás, señalando desde un púlpito ajeno las falencias éticas de otros. Eso también forma parte del cuadro general, y es muy costoso para la coherencia política de esa posición.

¿Qué nivel de información hay sobre quién los financió?
Para mí, hay que construir un capítulo específico que incluya las tres escrituras en las que está involucrado Adorni entre 2024 y 2025. La compra de Indio Cuá es particularmente sospechosa. La escribana, Adriana Mónica Nechevenko, sostiene que se trata de una operatoria completamente normal, en la que intervino como garante de una hipoteca privada y donde incluso se presentaron dos policías, en este caso mujeres policías.

Ahora bien, yo no conozco a nadie que acepte ese tipo de condiciones, y menos aún tratándose de alguien que es jefe de Gabinete. Eso, en sí mismo, ya abre una serie de interrogantes.

A partir de ahí, se inicia una cadena de movimientos inmobiliarios de muy difícil justificación. Luego aparece la compra realizada por un amigo —a través de su madre— de una unidad en Caballito. Y, meses más tarde, ese mismo círculo vuelve a intervenir: ese amigo, otra vez mediante su madre, le vende a los Adorni la propiedad, nuevamente con una hipoteca.

Es decir, sobre un bien nuevo que ya de por sí resulta llamativo, y que además iba a ser pagado con la venta de Asamblea, otra propiedad, pero que a su vez ya estaba hipotecado para financiar la operación de Indio Cuá.

Ahí hay una cadena de movimientos de muy difícil explicación, que es lo que probablemente termine investigando la justicia. A partir de eso, se abren otras líneas de investigación sobre el flujo de ingresos y el resto de las operaciones, lo cual seguramente dará lugar a más derivaciones.

Y en algún momento esto puede derivar en una indagatoria e incluso en un procesamiento del jefe de Gabinete, aunque eso ya depende del curso de la causa, que es muy difícil de anticipar en abstracto.
Algunas de sus notas en elDiarioAR


¿Qué peso tiene el tema de las propiedades en esta investigación?
Bueno, ese es el "stock” de Adorni, ¿no? Pasó de uno a tres inmuebles. Tenía también declarada una casa —al parecer heredada hace mucho tiempo— en La Plata. Pero a partir de ahí empieza a registrar un verdadero frenesí de escrituras.

Cambia la camioneta, sin vender la anterior. Hay una especie de lógica de consumo acelerado, entró guita, vamos a gastar: propiedades, vehículos, viajes. Como si hubiera una expansión simultánea de todos los rubros patrimoniales.

Ahora bien, si eso constituye o no un indicio en sentido judicial estricto es otra cosa. En este punto, lo que hay es un conjunto de elementos que, tomados aisladamente, pueden tener explicación; pero en su conjunto dibujan una dinámica difícil de encajar con un perfil de ingresos "normal” para alguien de su trayectoria.

Esa es la zona en la que estamos: una acumulación de señales más que una prueba cerrada. Un patrón que, como mínimo, obliga a ser investigado en profundidad.

Y esa dinámica —ese "frenesí”, si se quiere— es la que probablemente haya quedado interrumpida, o al menos puesta en revisión.

¿Hay indicios concretos, o todavía estamos en una zona gris?
Bueno, si hay indicios de que todavía estemos en una zona gris —en el sentido de que puedan aparecer más propiedades y más gastos—, por el lado de los gastos hay claramente material para seguir investigando, y también por el lado de los contratos de Angeletti y de lo que haya podido facturar con esa consultora.

Además, habrá que ver qué surge de la apertura del secreto fiscal y bancario que solicitó la fiscalía y que dispuso el juzgado. Eso puede ser determinante.

En ese sentido, es muy probable que aparezcan novedades. Incluso datos recientes, como el hecho de que Angeletti habría pagado de su propio bolsillo 5.000 dólares por un pasaje, ya complican el cuadro. Lo mismo ocurre con otros elementos que se conocieron en su momento: expensas, colegio de los hijos, y demás.

Hoy, por ejemplo, se habla de expensas cercanas a los 2 millones de pesos mensuales, considerando las tres propiedades. Es decir, estamos ante un nivel de gasto fijo muy elevado en relación con los ingresos que se declaran.

¿Estamos ante una investigación incipiente o algo más consolidado?
Sobre el estado de la investigación, si es incipiente o más consolidada, eso se verá. A veces es difícil de anticipar: uno mismo en el trabajo se encuentra con datos que aceleran el caso, después aparece una meseta, y luego puede volver a reactivarse.

Ahora bien, con el nivel de casos que involucran al gobierno, a los Milei, y a un círculo relativamente reducido —que además parece bastante cerrado y con disputas internas por el control, entre figuras como Karina Milei y Santiago Caputo—, es difícil no ver un patrón de continuidad en la aparición de nuevos hechos.

En el caso específico de Adorni, no sé cuánto más pueda aparecer, pero en términos generales respecto del gobierno, las dudas son permanentes: hay causas abiertas y líneas de investigación en curso.

El caso $Libra, por ejemplo, es mucho más grave; incluso hay indicios de negocios directos más sólidos que en otros expedientes, más allá de la decisión del fiscal federal Eduardo Taiano de no investigar. En ese sentido, sí puede decirse que, a nivel gobierno, esto es un proceso todavía en desarrollo.

¿Cuánto daño político real le generó esto al gobierno?
Cuando se evalúa si la corrupción es costosa para los gobiernos, los liderazgos y los ciclos políticos, la respuesta es que a veces es sumamente costosa: una falla ética o un hecho de corrupción puede tener efectos muy profundos. Hay ejemplos en la Argentina para todos los gustos.

Existen grandes casos que, sin embargo, se desvanecieron con el tiempo, sobre todo cuando la Justicia y los medios no investigaron o dejaron de poner el tema en agenda. En ese sentido, el macrismo tuvo varios episodios de ese tipo: los Panama Papers, los parques eólicos, la renegociación de las autopistas, la demanda de los socios de Mauricio Macri en torno a las concesiones viales, las cuentas offshore, entre otros. Casos que, en gran medida, se diluyeron.

Con el kirchnerismo ocurrió algo parecido en algunos momentos: Skanska fue un caso importante, pero luego perdió centralidad, y otros episodios siguieron trayectorias similares. Por el contrario, hubo causas que crecieron y se consolidaron, en parte por el impulso de jueces y fiscales alineados con distintos sectores políticos.

Es decir, la asimilación social y política de la corrupción depende mucho del contexto institucional, judicial y mediático. No es un proceso automático.

En principio, yo diría que la preocupación social por la corrupción y la política está bastante sectorizada. Simplificando: los kirchneristas tienden a negar lo propio y amplificar lo ajeno, y los macristas hicieron algo similar, aunque con mayor capacidad de influencia mediática y judicial para instalar determinados casos.

Pero cuando hay angustia económica y pesar cotidiano, esa preocupación puede acelerarse y volverse más transversal. Y quizás estamos atravesando un escenario de ese tipo, donde el impacto potencial de estos temas puede ser mayor que en otros contextos.

¿Notas diferencias entre el respaldo público y el privado?
Por respaldo público entendemos el respaldo que le da el presidente y los funcionarios. En principio, yo creería que dentro del gabinete hay cierta resignación, y más de uno evalúa hasta qué punto les conviene seguir sosteniendo al jefe de Gabinete con su mala defensa y todo lo que eso implica. Y eso, de algún modo, se percibe en las expresiones corporales, en los rostros, en esas selfies a las que Adorni los somete, con el madrinazgo de Karina Milei, que ordena que esas fotos sean tomadas. En sí mismas, son bastante patéticas como manifestación de respaldo.

Después está el propio presidente, que suele actuar con desmesura y mal gusto, acompañado de insultos, y que además exhibe una moral muy rudimentaria al abordar estas cuestiones. Por ejemplo, cuando surgen temas como los créditos del Banco Nación, que son éticamente reprobables si efectivamente fueron obtenidos por personas que insultaban a los empleados del banco y luego, al tener oportunidad, accedieron a los mayores beneficios posibles, eventualmente con la intermediación de funcionarios del gobierno.

Eso, desde lo ético, ya es grave; y probablemente incluso pueda tener derivaciones legales si hubo algún tipo de privilegio indebido. Sin embargo, la respuesta del presidente es: "¿mató a alguien?, ¿coartó alguna libertad?". Parece no haber una comprensión clara de qué libertad estaría en juego, como la de quienes quisieron acceder a un crédito y no pudieron hacerlo.

En el plano privado, en cambio, hay que mirar otro tipo de respaldos. Por ejemplo, el apoyo que Adorni tuvo en algunos medios a los que asistía como contertulio, donde participaba en conversaciones nocturnas de un periodismo bastante cuestionable. Ese respaldo hoy se ha transformado en un tratamiento crítico o directamente en investigaciones periodísticas en esos mismos espacios.

En ese sentido, también hay un corrimiento del clima mediático: mucha enjundia, ironías, escándalo por gastos, y al mismo tiempo la tendencia a desplazar otros temas de la agenda —como el caso de la AFA y de Chiqui Tapia— que durante meses ocuparon un lugar central, en mi opinión sin una justificación proporcional a su tratamiento.

Y en el caso de Adorni, también hay que observar el posicionamiento del Grupo Clarín, considerando sus intereses económicos pendientes vinculados a la compra de Telefónica y lo que resta de esa operación. Eso, sumado a su lectura política y empresarial sobre la sustentabilidad del proyecto de Milei, configura un escenario en el que el apoyo puede ser coyuntural.

No sería la primera vez que el Grupo Clarín sostiene a un gobierno hasta que considera que deja de ser funcional o viable. Por eso, estamos probablemente en un momento de transición en ese plano.

Por último, ¿cómo analizás la estrategia comunicacional de Manuel Adorni?
Adorni era una persona eficaz para el ataque, para la chicana, para el estiletazo. Eso le dio todo su capital político; no tuvo otro. Hablar con voz firme, abusarse del micrófono y de las respuestas falsas o engañosas ante periodistas a los que humillaba, más allá de que la práctica periodística era variada —porque no todos los periodistas que preguntan son iguales—, fue lo que le permitió posicionarse en el mundo Milei. Ese fue un activo central, y así entró.

Es cierto que, si uno analiza desde la entrevista con Eduardo Feinmann, que también funcionó como disparador para investigar —porque hasta ese momento lo que se sabía era que había subido a su esposa al avión presidencial—, la calidad de sus respuestas fue tan mala que al día siguiente, cuando publiqué lo del viaje a Punta del Este, a partir de ahí se desató una cadena de la que nunca se pudo bajar.

Así que, si tengo que evaluar, diría que muy mal. Contestó mal cuando tuvo que contestar, la conferencia de prensa fue patética, sigue abusando de silencios, de respuestas muy selectivas. Esta secuencia de selfies también es mala, es contraproducente: todo el mundo percibe que está armado, que es artificial.

Ahora bien, tampoco sé cuánto margen tenía para responder. Qué tipo de conferencia de prensa debería haber dado para salir mejor parado, no lo sé. Capaz que no había forma de responder bien.
Ejerce el periodismo desde fines de la década de 1990, un recorrido que lo fue llevando por redacciones, corresponsalías y coberturas internacionales que marcaron su perfil profesional. Su trayectoria incluye uno de los hitos más visibles de su carrera: la dirección periodística del Buenos Aires Herald entre 2013 y 2017, un medio emblemático en la historia argentina, cuya identidad y legado luego retomaría también desde la escritura.

En la actualidad, se desempeña como corresponsal de la agencia estadounidense REDD y de Reporteros Sin Fronteras, roles desde los cuales continúa observando y narrando la relación entre poder, medios y libertad de expresión. Antes de eso, había consolidado una extensa experiencia en el diario Ámbito Financiero, donde trabajó durante trece años, y también como corresponsal del periódico italiano Il Manifesto durante cinco años, ampliando su mirada hacia escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera, Lacunza ha colaborado con una diversidad de medios de alcance global y regional, entre ellos The Washington Post, PáginaI12, Anfibia, Le Monde Diplomatique, elDiarioAR, Inter Press Service, Letra P y La Diaria. Su trabajo lo llevó a cubrir acontecimientos y crisis en distintos países de América, Europa y Medio Oriente, experiencias que fueron moldeando una perspectiva amplia y comparativa del ejercicio periodístico.

Su formación académica combina instituciones de peso: la Universidad de Buenos Aires, Flacso y la Universidad del País Vasco, espacios donde profundizó herramientas teóricas y analíticas que luego trasladó a su práctica profesional y a su producción escrita. Es autor de tres libros: Wiki Media Leaks (2012), en coautoría; Pensar el periodismo (2017); y El testigo inglés, luces y sombras del Buenos Aires Herald, donde revisita la historia del diario que dirigió y su impacto en la vida política y social argentina.

Además de su labor como periodista, se desempeña como docente de maestría en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, participando en la formación de nuevas generaciones de comunicadores. En redes sociales se presenta como @sebalacunza y @sebalacunza72, y cada domingo publica sus columnas en elDiarioAR, donde en el último tiempo viene analizando los casos de corrupción del gobierno de Javier Milei, con especial atención reciente en el caso de Manuel Adorni.

Escuchá la entrevista completa:

Salud mental en debate: alertan sobre retrocesos en la reforma que impulsa el Gobierno

En el marco del anuncio del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, especialistas y autoridades cuestionan la falta de debate y advierten sobre posibles retrocesos en derechos y en el modelo de atención vigente
Los integrantes del programa Tardes Nuestras en la puerta de Aire Libre, Radio Comunitaria

Es posible acceder a una atención de calidad, llevar una vida digna y contar con un sistema de salud que cuide, aloje y acompañe, con recursos y políticas públicas sostenidas. La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 lo establece desde hace más de una década. Sin embargo, ningún gobierno ha garantizado su plena implementación ni el financiamiento necesario para hacerla efectiva.

En el marco del Día Mundial de la Salud, el gobierno de Javier Milei anunció su intención de modificarla. El debate no es menor: está en juego qué modelo de atención en salud mental queremos como sociedad.

La propuesta —cuyos detalles aún no fueron presentados oficialmente— plantea, entre otros puntos, priorizar las internaciones en hospitales psiquiátricos, desplazar el enfoque interdisciplinario y habilitar criterios de internación vinculados a situaciones de vulnerabilidad social. Aunque también menciona el fortalecimiento de dispositivos comunitarios y la creación de registros, muchos de estos aspectos ya están contemplados en la legislación vigente.

La contradicción es evidente: mientras se anuncian reformas, las políticas públicas han ido en sentido contrario. La reducción de presupuestos, el debilitamiento de redes territoriales y la falta de implementación de herramientas previstas por la ley reflejan una brecha profunda entre lo que se propone y lo que efectivamente se hace.

No vamos a dar el debate de volver al manicomio
En este contexto, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, cuestionó el anuncio del Ejecutivo nacional y lo calificó como "una medida más para la tribuna que para una discusión real". En declaraciones al programa Tres Poderes (RTS Medios), señaló que la iniciativa no fue debatida y advirtió: "No vamos a dar el debate de volver al manicomio ni de pensar que la solución es la internación involuntaria de personas con padecimientos mentales".

En ese sentido, cuestionó la falta de políticas concretas en el sistema de salud: "Lo de la tribuna es una cosa y los hechos son otra. Faltan recursos, faltan medicamentos, incluso psicotrópicos y tratamientos de alto costo, muchos de ellos vinculados a la salud mental".

Por último, insistió en la necesidad de una discusión seria y con participación de los actores del sistema: "Tenemos mucho para decir y aportar, pero esto no fue puesto en debate. No se puede hacer creer que el problema se va a resolver solo con una nueva ley", expresó Ciancio.
Internaciones involuntarias, hospitales "especializados" y derechos en disputa
Para profundizar en este escenario, en Señales dialogamos con Eduardo Mutazzi, psicólogo y coordinador del programa Tardes Nuestras, de Aire Libre Radio Comunitaria, quien viene trabajando desde hace más de dos décadas con usuarios de salud mental.

Mutazzi fue contundente: "En términos generales, esta nueva ley implica un retroceso en los derechos de las personas usuarias".

El especialista explicó que una de las principales preocupaciones radica en los cambios en el régimen de internaciones: "Si se le otorga mayor potestad a la Justicia para definir internaciones involuntarias, se abre la puerta a situaciones de vulneración de derechos. Cuando una persona queda internada sin su consentimiento, puede haber sobremedicación, encierro y pérdida de acceso a la vida cotidiana, a los vínculos y a la cultura".

Además, señaló otro punto clave en discusión: la posible habilitación de hospitales "especializados". "La ley actual prohíbe la creación de instituciones monovalentes, y eso no es un detalle menor. No estamos hablando de órganos, estamos hablando de subjetividad. La idea de especialización en este campo abre interrogantes y también responde a intereses corporativos", advirtió.

En esa línea, remarcó que la normativa vigente, sancionada en 2010, aún no ha sido plenamente implementada, pero representa un avance significativo: "Es una muy buena ley, con altos estándares de derechos, construida en diálogo con experiencias de América Latina y del mundo. El problema no es la ley, sino la falta de decisión política para aplicarla".

Para Mutazzi, el desafío es claro: "No se trata de reemplazarla, sino de hacerla cumplir".

Finalmente, convocó a sostener el debate de manera colectiva: "La invitación es a pensar, evaluar, criticar y reflexionar. Nadie puede quedar al margen de esta discusión".

El psicólogo también adelantó que el tema seguirá siendo abordado en Tardes Nuestras, el programa que coordina desde hace más de veinte años en Aire Libre Radio Comunitaria, donde cada semana se construye un espacio de reflexión junto a usuarios de salud mental.

El debate, entonces, no es solo técnico ni jurídico, sino profundamente político y social. Mientras gran parte del mundo avanza hacia modelos comunitarios, basados en derechos humanos e inclusión, en Argentina se discuten reformas que podrían implicar retrocesos.

No se trata de volver atrás, sino de hacer efectivo lo que ya fue conquistado.

Podes seguir a Tardes Nuestras en su perfil de Instagram: @tardesnuestras_antimanicomial

sábado, 11 de abril de 2026

LT12 Radio Nacional: presencia de fuerzas de seguridad genera tensión y protestas

La suspensión de la programación local en la emisora originó una serie de acciones, que finalmente derivó en la restitución parcial de los contenidos. Los empleados se declararon en estado de alerta y asamblea permanente.

Un fuerte conflicto se desató en la histórica LT12 Radio General Madariaga de Paso de los Libres y en Confluencia FM, luego de que se interrumpiera la programación local por una decisión atribuida al Gobierno Nacional, lo que derivó en un operativo de seguridad, protestas y la posterior reapertura parcial de la emisora ante la presión social.

Según denunciaron trabajadores y referentes sociales, efectivos de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional desplegaron un operativo en los ingresos de la emisora estatal, impidiendo en un primer momento el acceso del personal a las instalaciones. La medida se produjo en el marco de una veintena de manifestantes convocados por la Asamblea Multisectorial, quienes se acercaron de manera pacífica para reclamar por la continuidad de la programación local, la defensa de los puestos de trabajo y la pluralidad de voces.

Horas más tarde, y tras la creciente tensión y la visibilización del conflicto en la comunidad, se habilitó nuevamente el ingreso y se permitió durante algunas horas la transmisión de contenidos locales.

A partir de las 19, el micrófono fue abierto para expresiones públicas. Sara Alegre, referente de la Asamblea Multisectorial, destacó el valor histórico y social de la emisora en la región: "Esta radio nos acompaña día tras día, tiene historia viva, la voz de todas las comunidades cercanas y también de las más alejadas", expresó. En su intervención, subrayó además la importancia de preservar la identidad local de la emisora: "Queremos seguir escuchando la voz de la gente de acá, a nuestros locutores y locutoras con amor por la ciudad, porque LT12 es Libres, LT12 es el portal de la patria".

Alegre también manifestó preocupación por la situación laboral de los trabajadores de la emisora, señalando que atraviesan un contexto de "asedio y control", y remarcó la necesidad de garantizar sus derechos.

El conflicto se originó tras una orden emanada desde el Gobierno Nacional que dispuso el cese de las transmisiones locales de LT12 y Confluencia FM, ambas con sede en calle Sitja Nin de Paso de los Libres. La medida habría sido comunicada telefónicamente desde Buenos Aires el pasado 18 de marzo, sin que exista (según denunciaron los trabajadores) ningún acto administrativo formal que la respalde.

Desde ese momento, la producción local dejó de salir al aire, aunque periodistas, operadores y técnicos continuaron asistiendo a sus lugares de trabajo.

Los empleados rechazaron versiones informales que atribuían la decisión a conflictos internos y aseguraron haber cumplido siempre con sus funciones de manera profesional.

La emisora, integrante de la red de medios públicos de Radio Nacional Argentina, emplea a más de 25 trabajadores en la ciudad. Ante la situación actual, el personal se declaró en estado de alerta y asamblea permanente, advirtiendo sobre un posible proceso de vaciamiento, con riesgos de retiros forzados o despidos.
Foto: Mercedes Berón
Fuente: El Territorio

Santa Fe: escuelas al límite, sostener en soledad frente a un Estado ausente

Desde Avellaneda, la directora Silvana Serván traza en Señales un retrato crudo del norte santafesino: docentes desbordados, infancias atravesadas por la pobreza y una red educativa que resiste sin recursos suficientes. Entre la sobrecarga cotidiana y la falta de respuestas estructurales, advierte que los episodios más graves no son hechos aislados, sino la expresión de una crisis que se viene gestando desde hace años.
Serván parte su relato de un hecho reciente ocurrido en la localidad de San Cristóbal —el crimen en la escuela Mariano Moreno, donde un adolescente de 15 años mató de un escopetazo a un compañero de 13 e hirió a otros estudiantes— y, aun a la distancia geográfica, lo reconoce como un episodio profundamente conmocionante. Así comienza:

Estoy en una escuela especial, pero nuestra escuela articula con cincuenta y seis escuelas de toda la región dos de educación. Así que tenemos una llegada a territorio y a todos los niveles y modalidades. Y más allá de que estamos lejos, en otra región respecto de San Cristóbal y de lo que pasó en esa escuela, realmente es una realidad que, si bien fue terrible, creo que es el punto culminante de algo que se viene acumulando en las escuelas. Esperemos que esto no continúe, lamentablemente, cada vez peor.

Realmente, las escuelas están atravesando una situación muy compleja desde hace muchos años, incluso previa a la pandemia. La pandemia profundizó lo que ya venía ocurriendo, y esto se arrastra desde la gestión del exgobernador Omar Perotti. Hoy se suma una ausencia del Estado en la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que, lamentablemente, se ha focalizado en agredir y violentar a la docencia, que somos quienes sostenemos las escuelas y a los estudiantes.

La realidad de las escuelas no se limita a los niveles de violencia, sino que está atravesada por fuertes niveles de vulnerabilidad de las infancias y adolescencias. Trabajamos cotidianamente con estudiantes en situación de pobreza extrema, abuso, consumo problemático y múltiples carencias afectivas y económicas. Muchas veces, las cinco o seis horas diarias que pasan en la escuela son el único espacio en el que son mirados, abrazados, acompañados y sostenidos. Son muchas las aristas que atraviesan hoy a las escuelas.

Frente a esta situación, tras lo ocurrido en San Cristóbal, en lugar de realizar un análisis profundo sobre lo que está pasando en las instituciones educativas, sobre lo que necesitan las escuelas y los docentes que sostienen esta realidad en soledad, el Estado vuelve a una respuesta punitiva. Se elige "tirar la pelota afuera" en lugar de preguntarse qué está ocurriendo.

Se trata de un gobierno que, en lugar de apostar a la educación, la debilita. No solo a través del corrimiento del Estado, sino también mediante acciones concretas. Maltrata a los docentes, destina recursos a publicidad engañosa y a la utilización de trolls en redes sociales que atacan a quienes reclamamos condiciones dignas. Porque no reclamamos solo salario: reclamamos también las condiciones en las que trabajamos.

Para dar un ejemplo concreto, en cada regional deberían existir equipos socioeducativos que acompañen estas problemáticas. Sin embargo, esos equipos no están conformados de manera suficiente. No están integrados solo por profesionales: deberían ser tres, cuatro o cinco, y el resto docentes que articulen el trabajo territorial. En la región II, por ejemplo, hay once personas para 351 escuelas. Es una cifra claramente insuficiente para la demanda existente.

La respuesta del gobierno, en este contexto, fue un insulto para las familias, la sociedad y las escuelas. No hubo siquiera una jornada de duelo o reflexión institucional, ni lineamientos de trabajo específicos enviados a las escuelas para abordar lo ocurrido o repensar qué está fallando.

Las escuelas seguimos trabajando igual, porque estamos acostumbrados a sostener en soledad, pero no hubo acompañamiento del Estado ni de las autoridades del ministerio. No se envió ninguna orientación para pensar colectivamente qué está pasando o qué está faltando.

Todo esto lo analizamos hacia adentro de las instituciones, entre docentes que estamos sobrecargados, que muchas veces no llegamos a fin de mes para sostener a nuestras familias, pagar un alquiler o cubrir lo básico, y al mismo tiempo seguimos sosteniendo a las infancias y adolescencias. Lo de San Cristóbal es apenas la punta del iceberg.

En la región II, desde hace más de diez o quince años, las escuelas registran una alta tasa de suicidios en el nivel secundario. En la zona, en general, hay una incidencia importante de esta problemática. No hay escuela secundaria que no haya atravesado algún caso, una situación que viene siendo advertida desde hace años, incluso antes de la pandemia.

Se trata de situaciones que no están siendo abordadas y que dejan como saldo jóvenes que ya no están, estudiantes que se han perdido, mientras las escuelas continúan sin herramientas suficientes para intervenir. A esto se suman otros hechos de violencia institucional en la región de Rosario, donde también se registran casos de jóvenes víctimas de la violencia policial.

Las escuelas, a lo largo de la historia, han sido una de las pocas instituciones que han permanecido en pie más allá de los distintos gobiernos nacionales y provinciales. Sin embargo, hoy atraviesan un contexto atravesado por una creciente violencia social y simbólica.

Esta violencia que vivimos en las redes, con un presidente que insulta, un gobernador que insulta, que maltrata, que violenta.

Una de las primeras medidas fue cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Son un montón de cuestiones que están generando un clima social y la escuela, lamentablemente, no es ajena. El tema es que quienes sostenemos las escuelas somos personas que estamos solas y que necesitamos una presencia del Estado, con presupuesto, con recursos humanos reales y no ficticios.

Silvana Serván, directora de una escuela para chicos sordos de la ciudad de Avellaneda, en la región II, cerca de Reconquista, es profesora en Educación Especial con orientación en Sordos e Hipoacúsicos. Actualmente dirige la Escuela Especial N° 2061 "19 de Septiembre", de la localidad de Avellaneda, Santa Fe. Oriunda de la localidad de Nelson, egresada del ISP N° 8 "Almirante Brown" de la ciudad de Santa Fe Capital, tiene 50 años y 27 años de antigüedad en la docencia. Su trabajo se orienta a la generación de espacios educativos accesibles para niños, jóvenes y adolescentes de la Comunidad Sorda del norte de la provincia. Es militante gremial y pertenece al espacio Frente 4 de Abril Obligado.

Sin glaciares no hay agua: el vaciamiento de una ley clave y el avance de la megaminería

Columna de opinión del activista, biólogo, licenciado en filosofía e investigador del CONICET Guillermo Folguera, emitida en el programa Señales de Aire Libre, Radio Comunitaria, sobre la modificación de la Ley de Glaciares -impulsada por el gobierno de Javier Milei- y sus consecuencias ambientales, sociales y políticas en Argentina
Soy parte de lo que ha sido la campaña para defender no solo la Ley de Glaciares, sino los glaciares de nuestro país. Recordemos que estamos hablando no solo de una enorme cantidad de ecosistemas fundamentales para nuestro territorio, sino también de una fuente de agua ineludible que abastece a más de un tercio del país y a más de doce provincias. Muchos de los cursos de agua que se originan en el hielo terminan llegando, de diferentes maneras, al Atlántico y abastecen al menos a siete millones de personas. Son cifras que, aun así, no alcanzan a reflejar la verdadera dimensión de la importancia de los glaciares.

Sin embargo, con la votación de esta semana en Diputados se dio media sanción a una modificación que, en los hechos, implica vaciar la Ley de Glaciares. ¿Por qué hablamos de vaciamiento? Porque se le quita el espíritu fundamental de protección a una ley que fue aprobada inicialmente en 2008, vetada en ese momento y finalmente sancionada en 2010. Esta ley incluye el Inventario Nacional de Glaciares y ambientes periglaciares, realizado por el IANIGLA, como herramienta clave para su resguardo.

La modificación propone, en cambio, dejar la potestad en manos de los gobernadores provinciales, quienes, ante el pedido de una empresa minera, podrían redefinir o excluir áreas protegidas, reduciendo todo a un trámite burocrático: un estudio de impacto ambiental que incluso podría ser realizado por la propia empresa interesada.

¿Qué implica este nuevo escenario? La votación en Diputados confirma no solo la modificación de la ley, sino también el traslado del conflicto a las provincias. La resistencia y la defensa de los glaciares no terminan: se reconfiguran en disputas territoriales que, de hecho, ya existen en nuestro país.

En los últimos años, Argentina ha vivido importantes levantamientos provinciales en defensa del agua: en Jujuy, con comunidades de la Puna junto a docentes; en Mendoza, con el "Mendozazo" de 2019 contra la megaminería; y en Chubut, con movilizaciones masivas.

En diciembre del último año, la megaminería fue aprobada en Mendoza. Esto se vincula con lo que hoy ocurre a nivel nacional, aunque no elimina la conflictividad territorial. Las imágenes de la represión en Mendoza el último miércoles fueron brutales y evidencian no solo el avance de proyectos mineros, sino también la intensidad del conflicto social que generan. Algo similar podría ocurrir en Chubut, donde la megaminería sigue prohibida en varias localidades. Recordemos el plebiscito de Esquel en 2003, donde la población rechazó este tipo de explotación.

También habrá avances en el plano judicial. La provincia de La Pampa ya presentó una demanda al considerarse afectada por esta modificación, y organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas están llevando adelante la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua. El escenario es incierto: la relación entre corporaciones y poderes del Estado genera escepticismo sobre la eficacia de estas acciones. Aun así, se abre un panorama de gran preocupación, porque estamos hablando, ni más ni menos, que del agua.

Hablar del agua es hablar de algo irremplazable: de nuestra vida cotidiana, de la posibilidad de que existan comunidades, de la producción y, en definitiva, de la vida misma. Es la condición básica para cualquier forma de existencia.

El alineamiento de muchos legisladores con intereses mineros implica, en los hechos, avalar la contaminación de fuentes de agua, la desaparición de ríos —como ya ocurre en Catamarca—, el aumento de temperaturas extremas, la pérdida de nieve y hielo, y la degradación de los ecosistemas.

Frente a esto surge una pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer a nivel nacional? Y en esa pregunta aparece un desafío colectivo.

¿Qué seremos capaces de hacer para enfrentar esta situación? Ya no se trata solo de la Ley de Glaciares, la Ley del Fuego o la Ley de Bosques. Estamos ante un escenario global cada vez más degradado, en el que Argentina muestra niveles alarmantes de contaminación y problemas de salud asociados.

Esta problemática nos involucra a todos. Nadie puede quedar al margen de una situación tan crítica como la posibilidad de quedarnos sin agua.

Quedarse sin agua es quedarse sin vida. Ese fue uno de los ejes centrales de la campaña en defensa de los glaciares.

Un abrazo enorme a quienes están escuchando desde Rosario y a las comunidades de Santa Fe, que han demostrado una gran solidaridad con las provincias andinas. Entender que nadie se salva solo y que la salida es colectiva ha sido uno de los pilares de esta lucha, y lo seguirá siendo.

Seguimos. De eso se trata.

Mercedes Sosa y la semiótica

Sumar una descalificación física con una etiqueta ideológica utilizada como estigma, como hizo Enzo Ferreira, un dirigente del partido de Milei, al referirse a la cantante, genera lo contrario a una descripción: el reduccionismo a un estereotipo negativo
La cantante argentina Mercedes Sosa, en julio de 2009 durante una actuación en Turquía

Por: Leila Guerriero
Mercedes Sosa, fallecida en 2009, fue la mayor exponente de la música folklórica de su país, la Argentina. Nació en Tucumán, donde una radio lleva su nombre: Radio Nacional Mercedes Sosa. Está coordinada por Enzo Ferreira, un dirigente del partido oficialista, La Libertad Avanza. Días atrás, Ferreira reposteó un tuit de alguien que se refería a Sosa como "esa gorda era un cáncer". Ferreira agregó: "gorda comunista". Cuando los posteos generaron polémica, Ferreira dijo, primero, que eran "piezas de humor negro" y, después, que solo hizo "una descripción física e ideológica". Como periodista y licenciado en Ciencias Políticas, es razonable que pueda comprender que aunque las palabras gorda y comunista no son ofensivas en sí, gorda suele usarse como insulto y comunista como una etiqueta despectiva. Sumar una descalificación física con una etiqueta ideológica utilizada como estigma produce un efecto acumulativo y genera lo contrario a una descripción: el reduccionismo a un estereotipo negativo. Para explicarse, Ferreira publicó en Instagram: "¿Estuve mal? En parte sí y lo reconozco; pero hay cosas innegables que como periodista siempre voy a sostener con pruebas y argumentos. La cultura va mucho más allá de defender figuras emblemáticas, también tiene que ver con nuestras prácticas como ciudadanos y/o autoridades". El texto no aclara en qué parte considera que estuvo mal, ni cómo su práctica como ciudadano y autoridad, llamando a Sosa "gorda comunista", incide en la cultura. Hay otras prácticas más desapercibidas. Su cuenta de X es @malevo97. El Malevo Ferreyra fue un policía tucumano que participó de tortura y desapariciones en esa provincia durante la dictadura militar de 1976. Es posible que el señor Ferreira no tenga nada que ver con el Ferreyra aquel, que no mantenga una admiración lejana ni la tímida voluntad de un homenaje, pero no estaría mal que se interesara por una cosa que se llama semiótica.
Foto: Agencia EFE
Fuente: Diario El País

viernes, 10 de abril de 2026

Hablar, a veces… siempre que no incomode: así suena la radio pública en tiempos de Javier Milei

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) expresó su preocupación ante la decisión de Radio Nacional de apartar de su rol como conductora a la periodista Mariana Cornejo en la emisora de Santa Rosa, sin que se hayan informado motivos oficiales. Según el organismo, el contexto sugiere que la medida podría estar vinculada a restricciones de contenido, lo que implicaría un posible caso de censura.

Cornejo estaba a cargo desde hace años del magazine periodístico matutino "Rebeldes sin cauce", emitido por Radio Nacional Santa Rosa. Días atrás fue reubicada en el área de Producción, aunque —según relató— no le fueron asignadas tareas concretas.

La decisión se produjo tras la visita a la emisora de la gerente general de programación de Radio Nacional, Gabriela Mambretti, junto al jefe de personal, Diego Baldi. Si bien no se formularon objeciones explícitas sobre la programación, se mencionaron los micros realizados por Cornejo sobre el golpe de Estado en La Pampa, en los que recordó las tres ediciones del juicio de la Sub Zona 14. Aunque estos contenidos fueron elogiados por su calidad, Mambretti indicó que desde la sede central se había impartido una orden interna para que ninguna emisora realizara programas especiales sobre el 24 de marzo, en línea con la política editorial de la intervención.

El jueves 19 de marzo, Cornejo fue notificada telefónicamente de que, a partir del día siguiente, dejaría de estar al aire y pasaría a desempeñarse en Producción.

De acuerdo con lo relevado por este monitoreo, desde comienzos de este año las columnas periodísticas deben enviarse a Buenos Aires para supervisar tanto los contenidos como las entrevistas, en el marco de una directiva general que desalienta el tratamiento de temas políticos. Asimismo, se levantaron programas que se grababan por la mañana para emitirse por la tarde.

Latinoamérica hace ruido
En la misma reestructuración, también se sugirió modificar el nombre del programa de Matías Sapegno, "Latinoamérica está acá", debido a que la palabra "Latinoamérica" hacía ruido "más arriba", lo que aludiría a la intervención de la radio. Este monitoreo intentó contactar a las autoridades de la emisora, pero no obtuvo respuestas oficiales.

Finalmente, FoPeA reclamó a las autoridades de Radio Nacional el respeto por la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, así como la garantía de una comunicación abierta, plural y sin condicionamientos en un medio público que, por definición, no debe responder a intereses gubernamentales.

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