Un dirigente en el centro del conflicto educativo
Lucero ha sido reelecto en distintas oportunidades con un respaldo amplio de los afiliados y se ha consolidado como una de las voces más visibles del gremialismo docente en la región. A lo largo de su trayectoria intervino activamente en discusiones sobre salarios, condiciones laborales y el rumbo de la educación. Además de su actividad sindical, es abogado y cuenta con formación académica específica: es especialista en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Gestión Educativa por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Fuera de la arena gremial, se define como hincha canalla y recuerda con orgullo su paso por la presidencia del club Logaritmo. En diálogo con Señales, analizó el estado de la educación en Santa Fe y las políticas del gobierno provincial.
La relación tensa entre el gobierno y la docencia
Para Lucero, la tensión entre el gobierno y el sector docente no puede entenderse sin observar la mirada que la actual administración tiene sobre el Estado. A su juicio, existe una concepción profundamente economicista que condiciona las decisiones políticas. En ese marco, explica que el sistema educativo implica uno de los mayores gastos del presupuesto provincial debido a la cantidad de trabajadores que involucra. Esa dimensión económica, sostiene, termina convirtiendo a maestras, maestros, profesoras y profesores en el primer objetivo de las políticas de ajuste.
El dirigente también vincula la dureza oficial frente al reclamo docente con el posicionamiento que el gobernador Maximiliano Pullaro adoptó al inicio de su gestión. Recuerda que desde el comienzo hubo una fuerte intención de evitar paros docentes, lo que derivó —según su mirada— en una especie de sobreactuación política. A ese factor se suma otra convicción presente en muchos gobiernos: la idea de que los sindicatos no representan verdaderamente a sus bases. Esa combinación, plantea, terminó endureciendo el vínculo entre la administración provincial y el sector educativo. Pero también generó un problema político para el propio gobernador: después de haber fijado una postura tan rígida, retroceder resulta cada vez más difícil.
En ese contexto, Lucero percibe un creciente malestar en la base docente. Durante años —dice— la docencia protestó prácticamente en soledad. Sin embargo, otros conflictos recientes dentro del Estado provincial comenzaron a modificar esa percepción. El reclamo policial, por ejemplo, sirvió para mostrar que el descontento no es exclusivo del ámbito educativo. Esa sensación se reflejó en las manifestaciones que se multiplicaron en los días previos al paro docente, con concentraciones en plazas y espacios públicos de distintas ciudades de la provincia.
El dirigente observa con preocupación que, mientras el gobierno impulsa mecanismos de control sobre la tarea docente, el sistema educativo enfrenta desafíos estructurales mucho más profundos. Entre ellos menciona el impacto demográfico que se proyecta para los próximos años, con estimaciones que anticipan una caída de la matrícula que podría alcanzar el 25% hacia 2030. Desde su perspectiva, el problema central es que la discusión pública se concentra en la disciplina o el control del trabajo docente en lugar de abordar el futuro del sistema educativo.
Un sistema educativo sin rumbo
Esa crítica se apoya en una convicción más amplia: para Lucero, el gobierno provincial llegó al poder sin un plan educativo. "Van a los volantazos", resume. Como ejemplo menciona el plan de alfabetización anunciado en los primeros meses de la gestión de Pullaro. Según explica, el programa fue presentado públicamente mucho antes de que existiera un convenio formal para implementarlo. Ese acuerdo, firmado con la Asociación Civil Propuesta Dale!, terminó implicando un gasto cercano a los 1.700 millones de pesos. Para el dirigente sindical, ese desfasaje revela la ausencia de planificación previa.
La falta de diagnóstico es, en su opinión, uno de los principales problemas. Lucero sostiene que la actual gestión ingresó al gobierno sin datos precisos sobre el sistema educativo y que esa carencia todavía no fue subsanada. Sin información clara sobre la realidad de las escuelas, las condiciones laborales o las tendencias demográficas, argumenta, resulta imposible diseñar políticas públicas consistentes. Por eso, dice, muchos debates directamente no se dan: el gobierno evita discutir porque no cuenta con argumentos sólidos sobre la política educativa.
En su diagnóstico, además, existe una distancia cultural entre quienes conducen hoy la provincia y el sistema educativo. Lucero considera que buena parte de los funcionarios no proviene del ámbito educativo ni conoce en profundidad sus particularidades. Esa falta de familiaridad con el funcionamiento del sistema conduce, según explica, a respuestas simplificadas y a lugares comunes. Desde esa lógica, afirma, se intenta "enderezar a los gritos" un sistema que en realidad es complejo, diverso y con dinámicas propias.
La discusión sobre las prioridades del gasto público también aparece como un punto de conflicto. En la apertura de sesiones legislativas, Pullaro anunció inversiones de magnitud similar tanto para infraestructura escolar como para la construcción de cárceles. Ese dato generó críticas desde distintos sectores, que sostienen que un mayor esfuerzo en educación podría reducir, a largo plazo, la necesidad de ampliar el sistema penitenciario.
La seguridad y el marketing político
Lucero interpreta esa señal política dentro de una estrategia más amplia del gobierno. A su entender, la gestión provincial ha organizado gran parte de su discurso alrededor del tema de la seguridad. Desde esa perspectiva, muchos debates públicos son desplazados hacia ese terreno. En ese marco, observa un cambio simbólico: mientras en otras épocas la construcción de escuelas era celebrada socialmente como un logro, hoy se intenta generar el mismo entusiasmo alrededor de nuevas cárceles.
El dirigente menciona incluso la decisión oficial de poner nombres a algunas de esas unidades penitenciarias, como "El Infierno", algo que interpreta como parte de una lógica de marketing político. Más allá de ese gesto, advierte que el problema de fondo es la ausencia de una mirada integral sobre las políticas públicas.
Lucero evita caer en una simplificación directa —no afirma que más escuelas impliquen automáticamente menos cárceles—, pero insiste en que el Estado necesita políticas consistentes en varios frentes al mismo tiempo. Educación, salud, trabajo y seguridad deberían formar parte de una estrategia articulada. Sólo a partir de ese enfoque integral, sostiene, es posible mejorar las condiciones de vida de la población.
En su evaluación, el dirigente considera que buena parte de las críticas al discurso del gobernador se explican por la distancia entre las consignas oficiales y la experiencia cotidiana de la gente. A su juicio, la gestión provincial ha producido numerosos eslóganes pero pocas respuestas concretas a los problemas diarios. Y advierte que, si bien la reducción de la violencia o la delincuencia es un objetivo importante, no alcanza por sí sola. Para enfrentar los desafíos de la provincia, concluye, se necesitan políticas mucho más profundas, discusiones más amplias y un gobierno dispuesto a dar esa pelea.
Cuando intenta identificar logros concretos de la actual gestión en materia educativa, Lucero admite que no encuentra respuestas claras. Si tuviera que señalar cuál ha sido el principal avance del gobierno provincial en esta área, dice que le resultaría difícil mencionar alguno. Desde su perspectiva, no se perciben transformaciones significativas ni avances de fondo.
En cambio, lo que observa son políticas que retoman iniciativas de gestiones anteriores o modificaciones menores sobre programas que ya existían. Incluso menciona que durante los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social se desarrollaron políticas educativas que, a su juicio, resultaban valiosas y que hoy fueron discontinuadas, aun cuando algunos de los actuales funcionarios participaron en aquellas administraciones. Esa decisión, sostiene, debilita aún más la continuidad de las políticas públicas.
A partir de ese panorama, el dirigente sindical no duda en utilizar una palabra fuerte para describir el estado actual del sistema educativo: mediocridad.
El paro docente y la disputa por los números
El conflicto docente y el paro que acompañó el inicio de clases también forman parte de su análisis. Mientras el gobierno provincial aseguró que el ciclo lectivo comenzó con normalidad, Lucero sostiene que la realidad fue distinta. Anticipando que habría una lectura oficial basada en datos que, según afirma, suelen manipularse a partir de declaraciones juradas, desde el gremio decidieron realizar un relevamiento propio, escuela por escuela, para conocer qué había sucedido realmente en el primer día de clases.
El resultado del relevamiento arrojó un dato que, en apariencia, coincidía con el discurso oficial: el 92% de los colegios había abierto sus puertas. Pero el dirigente aclara que ese número no describe lo que ocurrió dentro de las instituciones.
Cuando el sindicato preguntó específicamente si las clases se habían desarrollado con normalidad, el panorama cambió de manera significativa. Sólo el 43% de los establecimientos tuvo una jornada de clases normal. En otras palabras, cerca del 60% de las escuelas no funcionó con normalidad.
Las situaciones fueron diversas. En algunos casos se dictaron clases únicamente en determinados cursos; en otros, las instituciones realizaron actividades simbólicas de inicio del ciclo lectivo en lugar de clases regulares. También hubo escuelas en las que los docentes se presentaron a trabajar, pero la propia institución decidió suspender actividades como parte de una modalidad de protesta impulsada por el gremio.
En términos generales, explica Lucero, el 57% de las escuelas tuvo algún tipo de alteración en su funcionamiento habitual, lo que contradice la afirmación oficial de que el inicio de clases fue completamente normal.
El inicio de clases y la disputa por el relato
El sindicato también indagó en un detalle que, dentro del sistema educativo, tiene un fuerte valor simbólico: el acto de apertura del ciclo lectivo. Para quienes forman parte de la vida escolar —explica el dirigente— ese momento marca realmente el comienzo de las clases. Es el acto en el que se convoca a las familias, se da la bienvenida a los estudiantes que comienzan una nueva etapa y se despide a quienes transitan su último año en cada nivel.
A partir de ese criterio, el relevamiento incluyó una pregunta directa: cuándo se había realizado ese acto en cada institución. El resultado dejó, según Lucero, un dato llamativo. En aproximadamente la mitad de las escuelas el acto de inicio del ciclo lectivo no se realizó el día fijado oficialmente por el gobierno provincial, sino al día siguiente.
Eso significa que, en la práctica, en esas instituciones las clases comenzaron el 3 de marzo y no el 2, como sostenía el discurso oficial. Para el dirigente, ese dato muestra con claridad la distancia entre la narrativa del gobierno y lo que efectivamente ocurrió en las escuelas.
El paro docente también tuvo un nivel de adhesión significativo dentro del sector privado representado por el sindicato. Según las estimaciones preliminares del gremio —que aún estaban terminando de depurar datos vinculados con turnos y modalidades— la medida de fuerza tuvo un acatamiento de entre el 50 y el 60% en los siete departamentos donde SADOP tiene representación.
Lucero interpreta ese porcentaje como una señal contundente. A su juicio, se trató del paro más fuerte que enfrentó hasta ahora la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en el ámbito educativo. Recuerda que otras medidas de fuerza anteriores habían tenido más dificultades para alcanzar altos niveles de adhesión, mientras que esta convocatoria logró una respuesta más extendida.
El impacto del conflicto no se reflejó únicamente en el funcionamiento de las escuelas. El dirigente también destaca la movilización que se realizó en la ciudad de Santa Fe, donde confluyeron trabajadores de distintos sectores del empleo público. Según su evaluación, fue la movilización más grande protagonizada por empleados estatales desde el inicio de la actual gestión provincial.
Para Lucero, esa demostración de fuerza explica en parte la reacción del gobierno. Interpreta que la magnitud de la protesta generó incomodidad en las autoridades, que intentaron minimizar su impacto. Sin embargo, desde su mirada, el paro funcionó como un fuerte llamado de atención para la administración provincial.
Ese escenario, concluye, también ayuda a entender el tono de algunas respuestas oficiales posteriores al conflicto. El dirigente percibe en las declaraciones de funcionarios un nivel de reacción y agresividad que, a su juicio, refleja la preocupación que generó dentro del gobierno la contundencia de la protesta docente.
Declaraciones juradas y presentismo: las políticas en debate
En el conflicto docente de Santa Fe, uno de los puntos más cuestionados por el gremio es el mecanismo de declaraciones juradas que el Ministerio de Educación de Santa Fe exige completar a los docentes para evitar descuentos salariales durante las medidas de fuerza. Para Martín Miguel Lucero, ese sistema no sólo es problemático desde el punto de vista administrativo, sino que además distorsiona la lectura real del conflicto.
El dirigente de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados sostiene que la lógica misma de la declaración jurada resulta inapropiada para este tipo de situaciones. Según explica, ese tipo de instrumento tiene sentido cuando se utiliza para acreditar datos objetivos —por ejemplo, declarar que no existe superposición de cargos o que una persona no trabaja en dos lugares al mismo tiempo—. Sin embargo, considera que exigir una declaración jurada sobre una decisión personal, como adherir o no a un paro, implica una naturalización de una práctica que obliga a los trabajadores a pronunciarse sobre algo que forma parte de su derecho individual.
Para ilustrar la situación, Lucero recurre a comparaciones deliberadamente exageradas. Sostiene que pedir a un docente que declare anticipadamente si hará paro sería tan absurdo como exigirle una declaración jurada asegurando que no se enfermará o que no respirará. En su visión, la medida resulta aún más llamativa en el ámbito de la educación privada: imagina el escenario hipotético de que el Estado exigiera a cualquier trabajador del sector privado —de un banco, un comercio o un taller mecánico— que jure por adelantado si participará o no de una medida de fuerza.
A su juicio, se trata de una práctica excepcional que sólo se aplica en la provincia de Santa Fe y que termina alterando el sentido mismo del derecho a huelga. Lucero interpreta que el objetivo de este mecanismo no es obtener un dato estadístico confiable, sino construir un relato público favorable al gobierno.
Según su análisis, el sistema permite inflar números a partir de la cantidad de declaraciones juradas completadas. De esa manera, el dato que se difunde posteriormente no es cuántos docentes hicieron paro, sino cuántos completaron el formulario. Para el dirigente sindical, esa diferencia es clave: el mecanismo estaría pensado más para producir un titular de diario o una gacetilla de prensa que para reflejar un indicador objetivo sobre la adhesión a la medida de fuerza.
También sostiene que el carácter anticipado de la declaración busca desalentar la participación en el paro. En algunos momentos —admite— esa estrategia pudo haber tenido cierto efecto disuasorio, pero considera que con el tiempo perdió eficacia. En la actualidad, afirma, ese mecanismo habría fracasado en su intento de reducir la adhesión a las medidas de fuerza.
Otra de las críticas del gremio se centra en el universo de trabajadores que son convocados a completar la declaración jurada. Lucero explica que el formulario se envía de manera generalizada, sin distinguir situaciones particulares. Eso incluye docentes que se encuentran con licencias médicas, personas que están trabajando en el propio ministerio, docentes que ese día no tienen clases asignadas o profesores que comienzan su actividad en días distintos de la semana.
Al incorporar a todos esos casos dentro del mismo registro, sostiene, el número final se vuelve engañoso. El dato surge de un universo mucho más amplio que el de los docentes que realmente podrían adherir a un paro ese día. En otras palabras, la estadística queda "viciada" desde el origen porque incluye personas que, aun queriendo, no podrían participar de la medida de fuerza. Lucero lo resume con un ejemplo extremo: una persona internada en un hospital no puede hacer paro, pero igualmente se le exige completar una declaración jurada.
Ausentismo, presentismo y estadísticas en discusión
Desde su mirada, todo el mecanismo responde a una lógica comunicacional orientada a influir en la opinión pública. El dirigente sostiene que detrás de la medida hay una estrategia para instalar la idea de un enfrentamiento entre la sociedad y la docencia, o entre la ciudadanía y los sindicatos. En ese marco, los números difundidos al día siguiente del paro funcionarían como parte de esa narrativa.
Lucero afirma que, si el gobierno realmente quisiera medir cuántos docentes adhieren a una medida de fuerza, el procedimiento sería mucho más simple. El propio Estado dispone de herramientas administrativas suficientes para verificar, al día siguiente, cuántos trabajadores faltaron efectivamente a sus puestos. Sin embargo, ese dato —según señala— nunca se difunde públicamente.
La discusión sobre las estadísticas también aparece cuando se aborda otro tema recurrente en el debate educativo: el ausentismo docente. El dirigente sindical reconoce que se trata de un asunto real dentro del sistema educativo, pero cuestiona la forma en que el gobierno lo presenta públicamente.
Recuerda que el gremio comenzó a plantear este debate cuando la administración provincial impulsó el sistema de presentismo, una política salarial que premia la asistencia. Desde el sindicato advirtieron entonces que esa medida no resolvería el problema del ausentismo, porque muchas de las ausencias responden a causas legítimas: enfermedades o situaciones administrativas previstas en la normativa.
Lucero subraya que, en muchos casos, lo que el Estado contabiliza como ausencias en realidad corresponde a situaciones normales dentro del funcionamiento del sistema. Por ejemplo, docentes que son relevados temporalmente para trabajar en el propio Ministerio de Educación, o maestros que asumen cargos de mayor jerarquía mientras otros ocupan su lugar en el aula. En esos casos —explica— ambas personas están trabajando, aunque las estadísticas puedan registrarlo como una ausencia en la escuela.
Durante ese debate, el gremio solicitó reiteradamente conocer datos precisos: cuál era el nivel real de inasistencias antes de la implementación del presentismo y cuál era el porcentaje posterior, para evaluar si la medida había tenido algún efecto concreto. Según Lucero, esa información nunca fue publicada.
En un primer momento —recuerda— desde el gobierno se mencionó una cifra cercana al 33%, pero ese número, sostiene, respondía a cálculos presupuestarios vinculados con el gasto del Estado y no a un indicador real de ausentismo. A pesar de que la cifra fue repetida públicamente por el ministro de Educación José Goity y por el ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia, el origen metodológico de ese porcentaje nunca fue aclarado.
Lucero afirma que en algún momento sí existió un sistema informático que permitía consultar datos concretos sobre el ausentismo en cada escuela y en el sistema educativo en general. A partir de esa herramienta, el sindicato habría detectado que el porcentaje de ausencias por enfermedad era del 12,57%. Sin embargo —asegura— ese acceso posteriormente fue eliminado del sistema.
Para el dirigente, esa falta de transparencia no es casual. Considera que el ocultamiento de datos forma parte de una estrategia destinada a sostener un relato político. Si el gobierno publicara cifras reales sobre el ausentismo docente, argumenta, quedaría en evidencia que el problema no tenía la magnitud que se instaló públicamente.
En su interpretación, el sistema de presentismo no fue diseñado para resolver abusos ni para corregir irregularidades, sino como una herramienta de ajuste salarial. Dado que ese adicional no lo perciben todos los trabajadores, funciona —según sostiene— como una forma de aumentar el salario únicamente a una parte del personal docente.
Lucero señala además que existen situaciones particularmente sensibles que quedan excluidas de ese beneficio: docentes embarazadas, trabajadores con enfermedades graves, personas con hijos internados o docentes que sufrieron accidentes laborales y deben tomar licencias médicas. En todos esos casos, explica, el presentismo no se paga.
Desde su punto de vista, si el Ministerio de Educación difundiera con claridad los datos reales sobre ausentismo y sobre el funcionamiento del presentismo, esa política quedaría seriamente cuestionada. Por eso, concluye, la información nunca se publica con precisión: porque revelar esos números implicaría desmontar uno de los pilares discursivos de la actual gestión provincial.
Plan Banderas
En Rosario, la aparición de nuevas amenazas frente a escuelas vuelve a instalar una preocupación que en los últimos años atravesó al sistema educativo de la región. La colocación de una bandera intimidatoria frente a un establecimiento de la zona sur reavivó el debate sobre cómo debe actuar el Estado cuando la violencia vinculada al narcotráfico o al delito alcanza directamente a las instituciones educativas.
Para Lucero, el problema es más amplio de lo que suele aparecer en la agenda pública. Según advierte, los casos de escuelas baleadas o amenazadas son numerosos y muchos de ellos no llegan a tener visibilidad mediática. Recuerda, por ejemplo, que durante el año pasado se registraron varios episodios de ese tipo en Villa Gobernador Gálvez, aunque pocos trascendieron más allá del ámbito local.
El dirigente sindical sostiene que la respuesta oficial frente a estos hechos es preocupante. En su evaluación, el gobierno provincial adopta una actitud que consiste en minimizar o negar el problema. "Siga, siga, que no pasa nada", resume como la lógica que, según afirma, predomina cuando se producen amenazas o episodios de violencia contra instituciones educativas.
Esa postura —explica— se traduce en una directiva clara hacia las escuelas: evitar el cierre de los establecimientos y continuar con las actividades educativas como si nada hubiera ocurrido. Para Lucero, esa reacción resulta particularmente peligrosa porque implica intentar ocultar o tapar los hechos en lugar de abordarlos abiertamente.
El dirigente plantea una preocupación de fondo: si la estrategia consiste en negar el problema, existe el riesgo de que se continúe ignorando la situación hasta que ocurra un hecho de mayor gravedad. Aunque aclara que no desea alimentar escenarios alarmistas ni especular con tragedias, considera que la responsabilidad del Estado es reconocer el problema y actuar con prudencia frente a situaciones que involucran amenazas directas.
A su juicio, la actitud del gobierno responde a la necesidad de sostener un relato político centrado en la idea de que los niveles de violencia han disminuido. En ese marco, afirma, admitir públicamente episodios de amenazas contra escuelas podría contradecir esa narrativa.
Lucero utiliza una metáfora para describir la situación: como si el gobierno arrojara una moneda al aire. Si los hechos no derivan en consecuencias graves, el discurso oficial se mantiene intacto; si ocurre un episodio serio, entonces habrá que lamentar algo que nadie desea imaginar. Por eso insiste en que la negación del problema resulta irresponsable.
En su relato, los signos de esa violencia siguen apareciendo dentro del sistema educativo: banderas intimidatorias, balas encontradas en las puertas de las escuelas o mensajes amenazantes dirigidos a la comunidad educativa. Aun así —asegura— en muchos casos la indicación del Ministerio de Educación es continuar con la actividad escolar con normalidad.
Para el dirigente sindical, esa decisión refleja una prioridad política: evitar que la situación afecte el relato oficial sobre la seguridad en la provincia, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El problema, advierte, es que cuando la respuesta institucional frente a un hecho de violencia consiste simplemente en afirmar que "no pasa nada", el sistema educativo queda en una situación de vulnerabilidad.
Entre la tradición pedagógica pública y un programa enlatado de empresas privadas
Otro eje de crítica del sindicato se vincula con el plan de alfabetización impulsado por el gobierno provincial. Desde SADOP cuestionaron la decisión de destinar alrededor de 1.700 millones de pesos al programa RAÍZ a través de convenios con organizaciones privadas.
Lucero explica que la inquietud del gremio comenzó cuando intentaron conocer el origen de la Asociación Civil Propuesta Dale!, la organización encargada de implementar el programa de alfabetización en la provincia. Según relata, les llamó la atención que una provincia con una larga tradición pedagógica optara por contratar a una organización externa para diseñar e implementar una política educativa de esa magnitud.
En ese sentido, el dirigente recuerda la herencia pedagógica de Santa Fe, marcada por figuras como Olga Cossettini, Leticia Cossettini, Rosita Ziperovich y Ovide Menin, entre muchos otros referentes del pensamiento educativo. En una provincia con esa tradición —plantea— resulta llamativo recurrir a una ONG que no tiene raíces en el sistema educativo local.
A partir de las investigaciones del sindicato, señala, se encontraron con que la organización ya había comercializado el mismo programa educativo en otras provincias del país. Además, detectaron que la iniciativa estaba financiada por la Fundación Natura y que el desarrollo del programa en Santa Fe se articulaba también con la Fundación Pérez Companc.
Para el dirigente, la decisión resulta todavía más cuestionable si se considera el contexto nacional de debate sobre la educación pública. En la provincia —recuerda— existen cinco universidades nacionales y numerosos institutos superiores con especialistas capaces de desarrollar políticas educativas propias.
A pesar de esa capacidad instalada, el gobierno optó por contratar de manera directa a una organización externa. Lucero subraya que no hubo un proceso de licitación ni un concurso que permitiera presentar propuestas alternativas. En cambio, se firmó un convenio directo para implementar el programa.
Cuando el sindicato finalmente accedió a los datos sobre el costo del plan, la cifra reforzó sus cuestionamientos. El convenio implicó una inversión inicial cercana a los 1.700 millones de pesos, correspondiente a los primeros dos años de implementación. Según las estimaciones del gremio, el monto total podría alcanzar alrededor de 2.500 millones de pesos hacia el final del año.
Lucero considera que se trata de una suma muy elevada, especialmente en un contexto económico que el propio gobierno describe como restrictivo. Pero su crítica no se limita al aspecto presupuestario. También cuestiona el contenido pedagógico del programa.
Desde su perspectiva, el plan de alfabetización responde a modelos educativos antiguos, basados en enfoques que considera superados. Además —afirma— al tratarse de un programa diseñado para aplicarse en distintas provincias, carece de adaptación a las particularidades culturales, sociales y pedagógicas de cada región.
Ese carácter "enlatado", como lo define, obliga al programa a mantener una estructura suficientemente general como para implementarse tanto en Santa Fe como en Jujuy o en la Patagonia, lo que en su opinión impide reconocer las realidades locales y la historia educativa propia de cada territorio.
El dirigente también cuestiona la falta de transparencia con la que, según afirma, se manejó la información sobre el convenio. Explica que el sindicato debió insistir durante más de 18 meses para obtener los datos completos del acuerdo. Durante ese período realizaron múltiples presentaciones administrativas y finalmente iniciaron una demanda judicial contra la provincia para acceder a la documentación.
Para Lucero, el hecho de que haya sido necesario recurrir a la Justicia para conocer los detalles del programa es, en sí mismo, un indicio de que el proceso no fue transparente. Por eso, concluye, la crítica principal del sindicato no se limita al monto invertido, sino que apunta también a la decisión de contratar de manera directa a una ONG externa en una provincia que, a su juicio, cuenta con suficientes especialistas y tradición pedagógica para diseñar sus propias políticas educativas.
Denuncian campañas digitales contra docentes financiadas desde el Estado
Desde la llegada del actual gobierno provincial, el dirigente gremial asegura que se instaló una fuerte campaña contra los docentes y las organizaciones sindicales. Según plantea, esa ofensiva ya no se limita únicamente a declaraciones de las máximas autoridades políticas, sino que se trasladó con intensidad al terreno de las redes sociales.
En ese contexto, sostiene que existen estructuras digitales organizadas que operan de manera coordinada para difundir mensajes contra los gremios y algunos de sus dirigentes. Para Lucero, no se trata de acciones aisladas ni de usuarios individuales.
El secretario general de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados afirma estar convencido de que estas campañas cuentan con financiamiento estatal.
"Nosotros estamos seguros de que la campaña contra los sindicatos y contra algunos dirigentes está financiada por el Estado", sostiene. A su entender, el volumen y la coordinación de las publicaciones en redes sociales no podrían sostenerse sin recursos importantes detrás.
Según explica, el despliegue incluye avisos pagos, difusión sistemática de contenidos y una presencia simultánea en distintas plataformas. "No hay forma de que una estructura que no sea el Estado financie este nivel de amplitud en redes sociales", asegura.
Lucero afirma que detrás de estas estrategias suelen intervenir empresas privadas especializadas en comunicación digital y manejo de redes. En su descripción, no se trata simplemente de usuarios anónimos que crean cuentas falsas desde sus casas para difamar a dirigentes.
"Esto no es una persona que armó una cuenta trucha para atacar a alguien. Son empresas privadas nacionales que se dedican a esto", afirma.
El dirigente incluso vincula ese tipo de estrategias con sectores cercanos a la conducción política del gobierno provincial de Santa Fe, a los que atribuye antecedentes en la organización de campañas digitales agresivas, incluyendo el uso de cuentas coordinadas o "granjas de trolls".
Para Lucero, este tipo de prácticas resultan incompatibles con el funcionamiento democrático. "Nos parece una aberración en tiempos de democracia", señala, al tiempo que insiste en que existen funcionarios públicos que, según su visión, aportan recursos económicos para financiar esas campañas.
El dirigente sostiene que durante el conflicto docente reciente se pudo observar con claridad ese funcionamiento. Según relata, al comienzo aparecieron cuentas vinculadas al ámbito local de la provincia, pero durante el paro la difusión se amplió a perfiles y portales de alcance nacional.
Entre ellos menciona cuentas como La Derecha Diario, que cuentan con cientos de miles de seguidores y que, según su versión, difundieron información falsa sobre lo ocurrido durante la medida de fuerza en Santa Fe.
Para el dirigente sindical, este tipo de intervenciones generan una situación de fuerte desigualdad en el debate público.
"Uno deja de ser, más allá de la responsabilidad que tenga en una organización social, un ciudadano común frente a todo el aparato del Estado", afirma. En ese escenario, concluye, enfrentar campañas de ese tipo resulta muy difícil porque se trata de estructuras con recursos y capacidad de amplificación mucho mayores.
Escuchá la entrevista completa:
