viernes, 10 de abril de 2026

Hablar, a veces… siempre que no incomode: así suena la radio pública en tiempos de Javier Milei

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) expresó su preocupación ante la decisión de Radio Nacional de apartar de su rol como conductora a la periodista Mariana Cornejo en la emisora de Santa Rosa, sin que se hayan informado motivos oficiales. Según el organismo, el contexto sugiere que la medida podría estar vinculada a restricciones de contenido, lo que implicaría un posible caso de censura.

Cornejo estaba a cargo desde hace años del magazine periodístico matutino "Rebeldes sin cauce", emitido por Radio Nacional Santa Rosa. Días atrás fue reubicada en el área de Producción, aunque —según relató— no le fueron asignadas tareas concretas.

La decisión se produjo tras la visita a la emisora de la gerente general de programación de Radio Nacional, Gabriela Mambretti, junto al jefe de personal, Diego Baldi. Si bien no se formularon objeciones explícitas sobre la programación, se mencionaron los micros realizados por Cornejo sobre el golpe de Estado en La Pampa, en los que recordó las tres ediciones del juicio de la Sub Zona 14. Aunque estos contenidos fueron elogiados por su calidad, Mambretti indicó que desde la sede central se había impartido una orden interna para que ninguna emisora realizara programas especiales sobre el 24 de marzo, en línea con la política editorial de la intervención.

El jueves 19 de marzo, Cornejo fue notificada telefónicamente de que, a partir del día siguiente, dejaría de estar al aire y pasaría a desempeñarse en Producción.

De acuerdo con lo relevado por este monitoreo, desde comienzos de este año las columnas periodísticas deben enviarse a Buenos Aires para supervisar tanto los contenidos como las entrevistas, en el marco de una directiva general que desalienta el tratamiento de temas políticos. Asimismo, se levantaron programas que se grababan por la mañana para emitirse por la tarde.

Latinoamérica hace ruido
En la misma reestructuración, también se sugirió modificar el nombre del programa de Matías Sapegno, "Latinoamérica está acá", debido a que la palabra "Latinoamérica" hacía ruido "más arriba", lo que aludiría a la intervención de la radio. Este monitoreo intentó contactar a las autoridades de la emisora, pero no obtuvo respuestas oficiales.

Finalmente, FoPeA reclamó a las autoridades de Radio Nacional el respeto por la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, así como la garantía de una comunicación abierta, plural y sin condicionamientos en un medio público que, por definición, no debe responder a intereses gubernamentales.

miércoles, 8 de abril de 2026

Periodismo en riesgo: redacciones latinoamericanas fortalecen la protección de mujeres periodistas

Reportera Jasmin López, de eP Investiga, cubre una protesta estudiantil de la Universidad San Carlos en la Ciudad de Guatemala el 8 de abril de 2026
Por: Silvia Higuera
El cierre del emblemático medio guatemalteco elPeriódico en mayo de 2023, luego de una sostenida persecución contra su fundador, José Rubén Zamora, algunos de sus periodistas quisieron continuar el trabajo que definía a la publicación.

"Nos quisieron callar, pero no pudieron", dijo Gerson Ortiz, el último jefe de redacción de elPeriódico, a LatAm Journalism Review (LJR) en julio de 2024. "Cerraron elPeriódico, pero el periodismo de Guatemala sigue vivo".

Ortiz, junto con la entonces directora Julia Corado, lanzó en abril de 2024 eP Investiga, un medio de investigación inspirado en el periodismo ambicioso y crítico de su predecesor. Pero los desafíos fueron inmediatos y los retos mayores desde que tuvieron que codirigir el medio desde el exilio.

Una reportera fue agredida por un abogado que era investigado por presunto fraude fiscal. Y el sitio web quedó fuera de servicio tras un ataque de bots mientras el equipo cubría la detención de una defensora de derechos humanos en el vecino país de El Salvador.

Las directivas del medio señalan que la respuesta de las autoridades no fue insuficiente o agravó el daño y evidenció lo poco preparada que estaba su pequeño equipo para enfrentar amenazas.

"Como somos un medio nuevo y una redacción pequeña, tenemos aún pendientes algunos aspectos como tener protocolos de seguridad y cómo reaccionar ante alguna emergencia", dijo a LJR una de sus editoras, Shirlie Rodríguez.

Conscientes de esto, eP Investiga postuló para hacer parte de "Safeguarding Women’s Voices: Enhancing Gender-Responsive Safety Strategies in Newsrooms", una iniciativa de un año diseñada para ayudar a las redacciones a desarrollar sus medidas de seguridad y atender los riesgos específicos que enfrentan las mujeres periodistas. En efecto, eP Investiga fue uno de los tres medios de América Latina y el Caribe que hacen parte de ella.
Equipo del medio guatemalteco eP Investiga, uno de los tres medios de América Latina y el Caribe que hacen parte de la iniciativa "Safeguarding Women’s Voices"

El programa, liderado por la International Women’s Media Foundation (IWMF) y la Unesco, reúne a 11 medios de todo el mundo. Los otros dos medios latinoamericanos no han dado autorización de publicar sus nombres, según el IWMF. Los participantes reciben apoyo personalizado para desarrollar protocolos de seguridad adaptados a las amenazas que enfrentan, ya sea a nivel nacional o en la cobertura diaria, explicó a LJR Angelica Mayor, gerente de programa.

La iniciativa comienza con evaluaciones de las vulnerabilidades de cada redacción y de las medidas de protección existentes, seguidas de grupos focales con las redacciones que participan y colaboradores freelance, así como capacitaciones en seguridad física y digital.

Las necesidades varían ampliamente. Algunos medios enfrentan intimidación por parte de funcionarios públicos; otros lidian con los desafíos logísticos y legales de operar a través de fronteras, como ocurre con redacciones en el exilio como eP Investiga.

"Lo que respecta a los periodistas en el exilio," dijo Mayor, "existe mucha compartimentación: trabajan con colegas que aún están en el país, pero al mismo tiempo tienen colegas en el exilio, lo que hace que la situación de la redacción sea bastante precaria".

A pesar de estas particularidades, las conversaciones iniciales le han permitido al equipo de la iniciativa identificar patrones a nivel global. Así, por ejemplo, están las amenazas de parte de actores estatales, es decir, vigilancia a las redacciones. Los grupos criminales se suman a esta vigilancia, los cuales ya usan drones como lo hacen también actores estatales.

Asesinatos y extorsiones, así como la exposición a conflicto (cubrir tiroteos, atentados, etc.) hacen parte de lo que también enfrentan estas redacciones.

A nivel digital, dijo Mayor, encontraron muchos casos de phishing (unos más sofisticados que otros), ataques a sus páginas web así como a redes sociales, y vigilancia en línea. Por ejemplo, el caso de Pegasus y otros tipos de software hacen parte de las mayores preocupaciones.

"Muchas redacciones no tienen la estructura necesaria para usar comunicaciones seguras", dijo Mayor, quien incluyó en este tema, la protección a la comunicación con la fuente. "Estamos trabajando con ellas para garantizar que sus comunicaciones sean seguras, que utilicen la autenticación de dos factores, que identifiquen cuándo se usan dispositivos personales para el trabajo y cómo eso podría implicar a las personas debido a la información que contienen".

Algunas redacciones tienen vinculadas sus direcciones físicas con las del periodista o director. Eso lleva a más posibilidad de doxxing e incluso violencia física.

"También existe el acoso en línea, utilizado como táctica para desalentar el periodismo, y este acoso, predominante o desproporcionadamente se dirige a mujeres periodistas y a periodistas marginados. Esto desalienta aún más el periodismo", dijo Mayor.

En efecto, un estudio global de 2021 reveló que el 73% de las periodistas encuestadas reportaron haber sufrido acoso en línea en algún momento debido a su trabajo. Además, los ataques fueron más frecuentes contra las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Estos casos llevan a la autocensura e incluso a la renuncia del periodismo de parte de las mujeres. Y es justamente por esto, que la iniciativa busca proteger a estas mujeres.

"Si bien abarca a todos los géneros, siempre adoptamos una perspectiva de género porque […] reconocemos que, según las investigaciones que hemos realizado, las mujeres y las personas no binarias que trabajan como periodistas reciben desproporcionadamente más amenazas debido a su identidad", dijo Mayor.

Un tema en el que coincide Rodríguez, quien también ha visto cómo los ataques que reciben las mujeres del equipo tienden a ser sexualizados, misóginos y que finalmente llevan a la renuncia hacia el periodismo.

Por ejemplo, dijo Rodríguez, el caso de violencia física contra su colega fue particularmente "chocante". Además de la agresión como tal, les preocupó que en la redacción no tenían claros los protocolos a seguir ni dónde encontrar la ayuda legal necesaria.

Algo similar sucedió con la agresión digital, en donde el sitio web estuvo al menos seis horas offline. El equipo técnico encontró "acceso inusual de bots" provenientes de Estados Unidos y El Salvador justo cuando cubrían la detención de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador.

"Hay más riesgos para las mujeres. Los ataques son violentos hacia su persona, como individuo", dijo Rodríguez. "Con esta iniciativa, esperamos estar más preparados para hacer frente a estos problemas".
Fotos: eP Investiga

lunes, 6 de abril de 2026

El otro relato: en los territorios, la pobreza crece más allá de la estadística

Mientras los indicadores oficiales muestran una baja de la pobreza, en los barrios populares de Rosario y otras ciudades del país la realidad cotidiana cuenta otra historia: filas en comedores, familias sin ingresos estables y organizaciones sociales que intentan sostener lo que el Estado deja de lado. Esta crónica recorre esos territorios y recoge voces que revelan lo que las estadísticas no muestran.

Gran parte de Señales, de este sábado 4 de abril, estuvo atravesada por una consigna que, más que celebrar, abría interrogantes: la supuesta baja de la pobreza anunciada por el gobierno de Javier Milei. Mientras desde los despachos oficiales se hablaba de números en descenso, en el aire se instalaba una duda persistente sobre qué había realmente para festejar. Con esa inquietud como punto de partida, el periodista decidió recoger voces del territorio: referentes que viven y trabajan cotidianamente en los barrios populares, allí donde las estadísticas se vuelven experiencia concreta.

Alejandra Amarillo, Libres del Sur: "Es como si se hablara de un país paralelo"
En ese recorrido apareció el testimonio de Alejandra Amarillo, integrante de Libres del Sur, quien ofreció una mirada cruda y directa sobre la situación. Desde su perspectiva, la idea de una disminución de la pobreza no se corresponde con lo que ocurre en los barrios. Lejos de eso, describió un escenario en el que cada vez más personas recurren a espacios de asistencia. Incluso mencionó que organizaciones como Cáritas registran un aumento en la demanda, lo que refuerza la sensación de que existe una desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.

Amarillo planteó que es como si se hablara de "un país paralelo", porque en los sectores más vulnerables la situación no muestra mejoras visibles. En ese contexto, señaló la importancia de los ingresos que reciben cientos de miles de beneficiarios: unos 78.000 pesos que se cobrarían por última vez en abril, alcanzando a más de 900.000 personas. Ese dinero, explicó, tiene un impacto directo en la vida diaria: permite sostener compras básicas en los comercios del barrio, pagar deudas en libretas de alimentos o incluso afrontar gastos como la compra de zapatillas para los hijos.

Aunque reconoció que se trata de un monto congelado y limitado, insistió en que sigue siendo una ayuda fundamental. Por eso, la incertidumbre ante su discontinuidad genera angustia. A esa preocupación se suma la falta de claridad sobre las alternativas que propone el Gobierno, como capacitaciones o vouchers, que —según indicó— no terminan de definirse ni de materializarse.

La dirigente también puso el foco en el trabajo territorial que llevan adelante las organizaciones sociales desde hace años. Describió espacios que no solo brindan alimentos a través de comedores o copas de leche, sino que también ofrecen contención, especialmente a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. En ese entramado comunitario, el recorte de recursos impacta de manera directa y profunda.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, afirmó, las organizaciones sienten con fuerza el efecto de las políticas de ajuste. Habló de "la motosierra" como una realidad que recae, una vez más, sobre los sectores populares. Frente a este panorama, adelantó que junto a otras organizaciones están impulsando medidas de lucha, con la intención de visibilizar la situación y reclamar por sus derechos en el espacio público.

El cuadro que traza Amarillo es complejo y distante del relato oficial. Para ella, mientras el Gobierno sostiene una narrativa, en los barrios se vive otra completamente distinta, marcada por la creciente necesidad y la incertidumbre. Su voz fue apenas el primero de una serie que buscarían, a lo largo del programa, reconstruir esa realidad desde abajo, desde donde las cifras se traducen en vida cotidiana.

Rubén Benítez, FOL: "Lo que el Gobierno dice es una burla"
El segundo testimonio que atravesó el programa fue el de Rubén Benítez, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en Rosario, una organización que desde hace años trabaja en barrios populares como Bella Vista, San Francisco, Tío Rolo, Cabin 9 y Tablada, nucleando a más de mil familias. Allí sostienen comedores, merenderos y cooperativas de trabajo vinculadas a la economía popular, en un intento por generar ingresos y construir una red de contención frente a la vulnerabilidad creciente. Se definen, además, como un espacio independiente de los gobiernos, con fuerte anclaje territorial y participación activa en reclamos sociales.

Desde ese lugar, Benítez trazó un diagnóstico contundente frente a la narrativa oficial sobre la baja de la pobreza. Lo que se escucha desde el Gobierno, planteó, está completamente alejado de lo que sucede en los barrios. Más aún: lo calificó como una burla, una afirmación que no logra comprender de dónde surge ni qué mediciones la sostienen. En su experiencia cotidiana —no solo en Rosario sino en distintos puntos del país donde el FOL tiene presencia— lo que se observa es exactamente lo contrario: un crecimiento constante en la cantidad de personas que se acercan a buscar un plato de comida.

Ese aumento, explicó, no se limita a quienes históricamente asistían a los comedores. Hay un fenómeno nuevo que se repite: personas que perdieron su empleo, pero también trabajadores que, aun teniendo ingresos, no logran cubrir sus necesidades básicas. El incremento de tarifas, impuestos y costos de vida —la luz, el agua, los servicios— termina empujando a esos sectores a recurrir a la asistencia alimentaria como una forma de sostenerse hasta fin de mes o liberar algo de dinero para afrontar otros gastos urgentes.

En paralelo, vinculó esta situación con un proceso más amplio de deterioro económico. Desde la asunción de Javier Milei, sostuvo, se han producido cierres de empresas en distintos puntos del país, lo que agrava el desempleo. Mencionó casos concretos y cercanos, pero también remarcó que se trata de una tendencia extendida. A eso se suma la paralización de la obra pública, que no solo afecta a quienes trabajan directamente en la construcción, sino a toda la red económica que depende de esa actividad: corralones, ferreterías y múltiples rubros asociados.

Benítez advirtió además que el escenario podría empeorar con la eliminación de programas sociales como Potenciar Trabajo, que funcionaban como un complemento de ingresos para quienes desarrollan tareas en la economía popular. La interrupción de ese ingreso, explicó, no solo impacta en lo individual, sino que repercute en toda la dinámica comunitaria. Frente a eso, ya comenzaron instancias de organización: asambleas en distintos puntos del país y una jornada nacional de protesta prevista para los días siguientes, con movilizaciones también en Rosario.

Desde su rol en el impulso de cooperativas, describió con detalle el retroceso en la producción y el trabajo. Las experiencias que venían desarrollando —carpintería en aluminio, herrería, mantenimiento, limpieza, talleres textiles— hoy atraviesan una fuerte caída en la actividad. La apertura de importaciones, señaló, y la baja del consumo interno afectan directamente la posibilidad de sostener estos emprendimientos. Incluso, alertó sobre el riesgo de perder los espacios físicos donde funcionan, debido a la dificultad para afrontar los alquileres sin ingresos regulares.

Su mirada también se detuvo en la dimensión política y social de este proceso. Cuestionó que las medidas adoptadas favorecen a sectores concentrados, mientras los trabajadores pierden derechos. En ese marco, interpretó reformas como la laboral como un retroceso que debilita aún más a quienes dependen de su trabajo para subsistir.

Pero donde su narración adquirió mayor densidad fue en la descripción del clima social en los barrios. Habló de un malestar creciente, de una tensión que se percibe en lo cotidiano, donde las personas reaccionan con mayor rapidez, con enojo, con desesperación. La imposibilidad de sostener la vida diaria, de llegar a fin de mes o de proyectar a futuro impacta directamente en los vínculos, generando conflictos y aumentando la violencia, incluso en el ámbito familiar.

En ese contexto, mencionó escenas que se vuelven cada vez más frecuentes y que condensan la gravedad de la situación: personas mayores buscando comida en la basura, familias enteras viviendo en la calle, jóvenes sin horizonte. Sobre estos últimos, expresó una preocupación particular: la falta de oportunidades y perspectivas, dijo, está teniendo consecuencias profundas, y en algunos lugares ya se traduce en un aumento de situaciones extremas como el suicidio.

También cuestionó el recorte en la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, una decisión que —según relató— se justificó en la supuesta existencia de espacios "fantasma", pero que en la práctica implicó dejar sin recursos a redes comunitarias que funcionan todos los días. Señaló que ni siquiera se realizó un relevamiento completo antes de tomar esa medida y que el trasfondo es, a su entender, un intento de debilitar a las organizaciones sociales y limitar su capacidad de reclamo.

Frente a este escenario, el FOL y otras organizaciones sostienen tanto el trabajo territorial como la protesta. Benítez insistió en la importancia de salir a la calle, de visibilizar lo que ocurre en los barrios y de reclamar por derechos que consideran básicos. En Rosario, adelantó, la convocatoria se concentrará este martes 7 en la zona de Circunvalación y la autopista a Buenos Aires, como parte de una jornada de alcance nacional.

El referente del FOL reforzó la idea que atravesaba el programa: que detrás de los indicadores oficiales existe otra realidad, palpable y cotidiana, donde la pobreza no retrocede sino que se transforma, se amplía y golpea a nuevos sectores, configurando un escenario cada vez más complejo.

Melisa Molina, Polo Obrero: "Donde no funciona un comedor, el lugar te lo va a agarrar búnker"
Luego se sumó al programa volvió a profundizar una misma línea de sentido: la distancia entre los números oficiales y lo que ocurre en los barrios. Esta vez, la voz fue la de Melisa Molina, dirigente del Polo Obrero, con trabajo territorial en Rosario y articulación con decenas de organizaciones a nivel nacional.

Desde el inicio de su relato, la descripción que ofreció fue tajante. Habló de una situación "realmente dramática" en los barrios, una caracterización que, según planteó, se vuelve evidente para cualquiera que recorra el territorio. En ese sentido, sostuvo que cualquier índice oficial que hable de una baja de la pobreza queda desmentido por la realidad concreta: cientos de familias en la ciudad —y miles a nivel país— atravesando condiciones cada vez más críticas.

A lo largo de su declaración, Molina fue desgranando un panorama que compone ese cuadro. Familias enteras que han perdido su empleo, chicos que dejan de asistir a la escuela para salir a "changuear" junto a sus padres, filas que crecen día a día en comedores y merenderos. Pero también puso el foco en un aspecto que consideró central: esos mismos espacios comunitarios, que funcionan como red de contención, atraviesan una situación límite.

Según explicó, bajo el gobierno de Javier Milei no se ha entregado asistencia alimentaria a comedores y merenderos, ni tampoco se financia su funcionamiento. En ese contexto, describió escenas que revelan el grado de precariedad: cocineras que, después de preparar la comida, terminan entregando sus propios tuppers y se quedan sin comer para que algún vecino no pase la noche sin alimento. Para Molina, ese tipo de situaciones sintetiza la gravedad del momento.

Sin embargo, su análisis no se limitó a la cuestión alimentaria. También señaló un proceso más amplio de descomposición social en los barrios. A medida que se agrava la crisis económica, sostuvo, se deterioran las condiciones de vida y con ellas emergen múltiples problemáticas: conflictos, tensiones, pérdida de vínculos y una degradación general del entramado comunitario.

En ese marco, advirtió sobre el avance de economías ilegales, en particular del narcotráfico, que —según planteó— encuentra terreno fértil en contextos de exclusión. Describió cómo ese fenómeno crece captando a jóvenes sin oportunidades, consolidando un negocio que "tiene en sus manos la sangre de nuestros pibes". Para la dirigente, esta dinámica no puede separarse del abandono estatal y de la falta de políticas que generen alternativas reales.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo dirigido a la eliminación o transformación de programas como "Volver al Trabajo", que alcanza a unas 950.000 personas. Se trata de un ingreso de alrededor de 78.000 pesos que, si bien calificó como insuficiente, cumple un rol clave en la economía de los hogares. Ese dinero, explicó, permite pagar deudas en comercios barriales, cubrir servicios básicos, comprar alimentos o incluso sostener el funcionamiento de comedores que no reciben financiamiento estatal.

La posible eliminación de ese ingreso, advirtió, tendría consecuencias directas y profundas. No solo porque implica la pérdida de un recurso económico, sino porque puede empujar a miles de familias hacia la indigencia. En ese punto, hizo una distinción clara: la indigencia no es solo un indicador estadístico, sino una situación límite en la que las personas no tienen garantizado el acceso a la comida ni a una vivienda.

Molina insistió en que los programas sociales funcionan como un piso, un mínimo que evita una caída aún más profunda. Sin ese sostén, planteó, el escenario se vuelve mucho más crítico. Y esa preocupación se extiende también a los espacios comunitarios: si no hay recursos, los comedores y merenderos corren riesgo de desaparecer.

Pero su planteo fue más allá al señalar que esos espacios cumplen funciones que exceden lo alimentario. Los definió como lugares de encuentro, de organización y de contención social. Allí no solo se garantiza un plato de comida, sino que también se asiste a mujeres en situación de violencia, se acompaña a jóvenes con consumos problemáticos y se construyen redes comunitarias en contextos donde otras instituciones —como clubes o centros deportivos— son escasas o están debilitadas.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de su eventual desaparición. "Donde no funciona un comedor, el lugar te lo va a agarrar búnker", sintetizó, marcando el riesgo de que esos vacíos sean ocupados por economías ilegales. Para Molina, el comedor no solo combate el hambre, sino que también disputa el territorio en términos sociales y simbólicos.

Al mismo tiempo, explicó que las tareas que se realizan en estos espacios —ya sea en comedores, centros juveniles o cuadrillas de trabajo— están asociadas a una contraprestación dentro de los programas sociales. Aunque remarcó que el monto es bajo y no alcanza para sostener una familia, sí permite complementar ingresos y sostener cierta estabilidad. La eliminación de ese esquema, insistió, pone en riesgo toda esa red.

En su discurso también hubo lugar para una crítica política más amplia. Cuestionó la idea de que los programas sociales puedan ser reemplazados por mecanismos como vouchers de empleo, a los que consideró inviables en el contexto actual. Argumentó que, con fábricas cerrando y una caída de la actividad industrial, no existen condiciones reales para generar empleo formal masivo. En ese sentido, definió al gobierno como "enemigo de los trabajadores" y sostuvo que las políticas implementadas profundizan la desocupación.

Además, retomó cuestionamientos sobre decisiones previas del gobierno, como la interrupción en la entrega de alimentos a comedores bajo el argumento de irregularidades. Según afirmó, nunca se realizó un relevamiento completo que justificara esa medida, y consideró que hubo una estigmatización hacia quienes sostienen esos espacios.

Hacia el limite de su intervención, Molina volvió sobre la convocatoria a la protesta. Reafirmó la decisión de avanzar con cortes de ruta en todo el país, incluyendo una acción en la autopista Rosario-Buenos Aires, como forma de resistencia frente a lo que definió como un intento de desarticular la organización social. Para ella, la respuesta no puede ser otra que la organización y la lucha colectiva.

Molina, realizó un relato extenso y cargado de definiciones y terminó de delinear un panorama donde la pobreza no solo persiste, sino que se profundiza y adquiere nuevas formas. En ese escenario, los barrios aparecen como el lugar donde esas transformaciones se vuelven visibles: en las filas de los comedores, en las trayectorias laborales interrumpidas, en los jóvenes sin horizonte y en las redes comunitarias que intentan sostener, con cada vez menos recursos, una realidad que se vuelve más difícil día a día.

Oscar Lupori, docente y referente comunitario: "La pobreza se expresa en cada dimensión de la vida"
Foto: Sebastián Suárez Meccia - La Capital

Lúpori se sumó al recorrido del programa aportó otra mirada, distinta en tono pero coincidente en diagnóstico. Él es docente de la Universidad Nacional de Rosario y reconocido por esa casa de estudios como doctor honoris causa. Además de su trayectoria académica, Lupori forma parte del espacio comunitario conocido como Fisherton Pobre, un sector del oeste rosarino cuyo nombre —según recordó— fue definido por los propios vecinos en asambleas realizadas entre 2002 y 2003, en plena crisis social.

Desde allí, su relato se construyó con un tono pausado, casi pedagógico, pero no por eso menos contundente. Lo primero que dejó en claro fue que la situación del barrio resulta "totalmente contraria" a lo que sostiene el Gobierno nacional respecto de una baja de la pobreza. Lejos de cualquier mejora, afirmó, lo que se observa es un crecimiento alarmante.

Para sostener esa afirmación, Lupori no apeló a grandes conceptos abstractos, sino a indicadores concretos, visibles en la vida cotidiana del barrio. El primero de ellos fue la aparición de personas en situación de calle, algo que —según explicó— no era habitual tiempo atrás. Hoy, en cambio, esa realidad se hace presente incluso en formas más extremas, como familias completas, matrimonios con hijos, que no tienen dónde vivir.

El segundo elemento que describió fue la creciente demanda de asistencia alimentaria. En "La Casita", el espacio comunitario que integra se reparten alrededor de 120 bolsones de alimentos destinados a familias. Pero, como se encargó de aclarar, ese número no representa individuos sino núcleos familiares. Si se considera que muchas de esas familias están compuestas por cuatro o cinco integrantes, la cifra real de personas afectadas por la inseguridad alimentaria se multiplica de manera significativa.

A partir de ese dato, invitó a hacer una cuenta sencilla pero reveladora: detrás de esos bolsones hay cientos de personas que no tienen garantizado el acceso a una alimentación adecuada. Y ese, señaló, es apenas uno de los rostros de la pobreza.

Lupori amplió luego el análisis hacia otras dimensiones que, a su entender, permiten comprender la profundidad del problema. Se detuvo particularmente en el impacto sobre la salud. Señaló que muchas personas que anteriormente contaban con obra social hoy han quedado desempleadas y deben recurrir al sistema público. Como consecuencia, los centros de salud del barrio se encuentran desbordados por la demanda.

Esa sobrecarga, explicó, no es un fenómeno aislado sino parte de un proceso más amplio en el que las carencias económicas repercuten directamente en las condiciones de vida. La pérdida de ingresos, la precarización laboral y la falta de cobertura médica terminan confluyendo en un sistema que no da abasto.

En la misma línea, sumó la dimensión educativa. En "La Casita", relató, brindan apoyo escolar a unos 60 chicos de nivel primario y a cerca de 20 estudiantes de secundaria. Ese dato, lejos de ser anecdótico, refleja para él una problemática de fondo: la dificultad de muchas familias para acompañar las trayectorias educativas de sus hijos en un contexto de vulnerabilidad creciente.

A partir de todos estos elementos, Lupori propuso una lectura más integral de la pobreza. No se trata solamente —sugirió— de un problema de ingresos, sino de una situación que atraviesa múltiples dimensiones de la vida. Habló, en ese sentido, de distintas formas de inseguridad: económica, alimentaria, sanitaria y educativa. Todas ellas, afirmó, se combinan y refuerzan entre sí, configurando lo que definió como una "profunda inseguridad humana".

Ese concepto funcionó como eje de su intervención. Más allá de los números o las estadísticas, lo que está en juego —planteó— es la posibilidad de las personas de vivir con dignidad, de acceder a derechos básicos y de proyectar un futuro. Y en ese plano, sostuvo, la realidad del barrio muestra un deterioro evidente.

En su análisis también hubo espacio para una crítica a las políticas económicas del Gobierno. Sin entrar en tecnicismos, cuestionó lo que definió como una orientación "neoliberal" centrada en el ajuste y en una lógica estrictamente monetarista. Según explicó, se trata de un enfoque que prioriza variables como el déficit fiscal cero, pero que pierde de vista las consecuencias humanas de esas decisiones.

Desde su perspectiva, esa forma de abordar la economía —"todo controlado contablemente", según sus palabras— carece de sensibilidad social. Y es precisamente esa falta de consideración por las condiciones de vida de la población lo que, a su entender, explica el agravamiento de la pobreza en los territorios.

Para terminar, Lupori volvió sobre el punto inicial para cerrar su planteo. Las cifras que difunde el Gobierno nacional, afirmó, no se corresponden "ni remotamente" con lo que sucede en su barrio. No se trata, para él, de una diferencia menor o de una interpretación discutible, sino de una distancia profunda entre el discurso oficial y la experiencia concreta de las comunidades.

Desde su experiencia territorial pero también desde una reflexión más conceptual, reforzó el hilo conductor del envío: la necesidad de interrogar las estadísticas a la luz de la realidad cotidiana. En Fisherton Pobre, como en los otros barrios mencionados a lo largo de la emisión, los números parecen quedar en segundo plano frente a evidencias mucho más tangibles: personas sin techo, familias sin alimentos suficientes, sistemas de salud saturados y niños que necesitan apoyo para sostener su escolaridad.

En ese cruce entre datos y vivencias, la voz de Lupori funcionó como una síntesis clara: si se quiere hablar en serio de pobreza, sugirió, es necesario mirar más allá de los indicadores y atender a las múltiples formas en que la desigualdad se expresa en la vida diaria.

Tomás Valentín Castagnino, CEPA: "La baja de la pobreza puede ser un efecto de la medición"

El último tramo del programa introdujo una voz distinta, más técnica, que buscó poner en contexto los números que venían siendo cuestionados a lo largo de la emisión. El dato de partida era contundente: según el INDEC, la pobreza se ubicó en el 28,2% en el segundo semestre de 2025, lo que representa una caída significativa respecto del año anterior. En el Departamento Rosario, además, la baja superó los diez puntos, ubicándose apenas por encima del 22%.

Sin embargo, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advertían que esa mejora podía no reflejar una recuperación real de los ingresos, sino estar vinculada a cambios en la forma de medición. Para profundizar en ese punto, en Señales dialogamos con Tomás Valentín Castagnino, licenciado en Ciencia Política e integrante de ese espacio.

A partir de allí, el análisis se desplazó desde la percepción social hacia la estructura técnica del indicador. Castagnino planteó que, antes de discutir si la pobreza bajó o no, es fundamental entender cómo se mide. En Argentina, explicó, la pobreza se calcula por ingresos: se establece una línea —la llamada línea de pobreza— que delimita quiénes quedan por debajo (y son considerados pobres) y quiénes la superan.

Esa línea se construye a partir de dos herramientas clave: la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La primera define el umbral de indigencia y está compuesta por el conjunto mínimo de alimentos necesarios para cubrir requerimientos calóricos básicos. La segunda amplía ese cálculo incorporando otros consumos esenciales, como transporte y servicios.

Pero allí aparece el primer punto crítico. Según explicó el especialista, la canasta básica alimentaria se basa en parámetros muy antiguos —data de mediados de los años noventa— y la canasta básica total se apoya en estructuras de consumo de principios de los 2000. Esto implica que los criterios con los que se mide hoy la pobreza no reflejan necesariamente los hábitos y necesidades actuales de la población.

Uno de los ejemplos más claros que mencionó fue el peso de los servicios en el gasto cotidiano. Mientras la metodología vigente supone que una proporción importante del ingreso se destina a alimentos, en los últimos años se produjo un fuerte incremento en rubros como transporte, tarifas y servicios básicos, que no están adecuadamente representados en la canasta. En ciudades como Rosario, señaló, el transporte público tuvo aumentos muy significativos, lo que impacta directamente en el presupuesto de los hogares.

A esto se suma otro desfasaje: la falta de incorporación de consumos que hoy resultan prácticamente indispensables, como la telefonía celular o el acceso a internet. Estos gastos, que forman parte de la vida cotidiana incluso en sectores vulnerables, no están plenamente contemplados en la medición, lo que contribuye a subestimar el costo real de vida.

De esta manera, sostuvo Castagnino, la canasta básica total podría estar subvaluada, es decir, fijando un umbral de pobreza más bajo del que correspondería si se consideraran todos los gastos actuales. Y ese punto es clave: si la línea de pobreza está desactualizada, más personas pueden quedar por encima de ella sin que su situación material haya mejorado de manera significativa.

El segundo eje de su análisis se centró en la medición de los ingresos. Para determinar si un hogar supera o no la línea de pobreza, el INDEC releva información a través de encuestas, preguntando a las personas por sus fuentes de ingreso. Sin embargo, en los últimos años se incorporaron nuevas preguntas que amplían el registro de ingresos no salariales.

Entre ellos, mencionó asignaciones sociales, programas de asistencia, pensiones y otros beneficios estatales. Este cambio metodológico, implementado hacia fines de 2023, permite captar con mayor precisión esos ingresos, lo que en la práctica eleva el total declarado por los hogares.

El efecto combinado de estos dos factores —una canasta posiblemente subestimada y un registro más amplio de ingresos— genera un escenario particular: más personas logran ubicarse por encima de la línea de pobreza, aunque eso no necesariamente implique una mejora sustancial en sus condiciones de vida.

A esto se suma un tercer elemento: la medición de los ingresos no registrados. Según explicó el analista, en la actualidad se observa una mayor declaración de este tipo de ingresos en las encuestas, lo que también contribuye a incrementar el cálculo total. En ese contexto, los valores de ingresos informales aparecen en niveles elevados, lo que impacta en el resultado final del indicador.

Castagnino fue cuidadoso en aclarar que no se trata de una manipulación, sino de una metodología que busca mantener cierta continuidad en el tiempo. Sin embargo, insistió en la necesidad de interpretar los datos con cautela, entendiendo las limitaciones y cambios en la forma de medición.

En ese sentido, también relativizó algunas afirmaciones políticas que utilizan estos números de manera lineal. Señaló que, en contextos de alta inflación o de fuertes variaciones económicas, el indicador puede mostrar movimientos bruscos que responden tanto a dinámicas reales como a efectos estadísticos.

Otro punto relevante que introdujo fue el fenómeno de los "trabajadores pobres". A partir del análisis de la mediana salarial, explicó que una proporción significativa de trabajadores no alcanza, con su ingreso principal, a cubrir el costo de la canasta básica total para una familia tipo. Esto no implica que todos sean pobres según la medición oficial, pero sí que dependen de ingresos adicionales para sostener su nivel de vida.

Ese dato, para el CEPA, refleja una tensión estructural: el empleo ya no garantiza por sí solo condiciones suficientes para evitar la pobreza. En muchos casos, los hogares necesitan combinar salarios, programas sociales y otras fuentes de ingreso para superar el umbral establecido.

Hacia el final, el análisis volvió sobre la pregunta inicial: ¿la baja de la pobreza refleja una mejora real o es resultado de cambios en la medición? La respuesta, según Castagnino, es compleja y combina ambas dimensiones.

Por un lado, reconoció que durante 2024 hubo una desaceleración de la inflación junto con cierta recomposición de ingresos, lo que pudo haber contribuido a una mejora en los indicadores. Pero, por otro, advirtió que esa tendencia no se estaría sosteniendo en el tiempo.

Según los datos más recientes que analizan desde el Centro de Economía Política Argentina, durante 2025 comenzó a observarse un cambio en la dinámica económica: caída del poder adquisitivo, presión inflacionaria y deterioro de los ingresos reales. De cara a 2026, los primeros indicadores sugieren que la pobreza podría volver a crecer.

Así, el cierre de su intervención dejó planteada una advertencia: más allá de la foto que muestran los números actuales, la evolución de la pobreza dependerá de variables clave como la inflación, los salarios y las políticas económicas. Y en ese terreno, sostuvo, los signos recientes no permiten anticipar una mejora sostenida.

Mónica Crespo, UTEP: "Mis compañeros la están pasando muy mal"
Por último, Señales volvió a llevar la discusión al territorio, a la experiencia directa de quienes sostienen cotidianamente espacios comunitarios. La voz fue la de Mónica Crespo, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y parte de una cooperativa de reciclado con larga trayectoria en la ciudad.

Desde el comienzo de su intervención, Crespo dejó en claro que su mirada no parte de estudios técnicos, sino de lo que definió como "el pulso de los barrios". Y desde ese lugar, su conclusión fue directa: no cree en los datos del INDEC. No como una discusión metodológica, sino como una convicción construida a partir de lo que ve todos los días.

Su relato se apoyó en escenas concretas. Habló del crecimiento sostenido de personas que se acercan a su espacio comunitario para pedir algo básico: un plato de comida, una jarra de leche, algo que sus compañeras puedan preparar, como tortas fritas o panificados simples. Esa demanda creciente, insistió, es incompatible con la idea de una baja de la pobreza.

Con una mezcla de bronca y certeza, planteó que no logra entender en qué se basan esas mediciones. Lo dijo sin rodeos: si uno recorre los barrios y escucha a la gente, la realidad que aparece es otra, marcada por el sufrimiento cotidiano. "Mis compañeros la están pasando muy mal", resumió, ubicándose ella misma dentro de ese universo de trabajadores de la economía popular.

En su análisis, también vinculó esa situación con decisiones económicas recientes. Señaló que la apertura de importaciones afectó directamente a los sectores más humildes, golpeando actividades que ya venían siendo frágiles. A eso sumó la incertidumbre generada por los cambios en los programas sociales. Recordó que muchos trabajadores se inscribieron con la expectativa de acceder a empleo formal a través de nuevas iniciativas, pero que esas promesas —según afirmó— no se concretaron.

Esa distancia entre lo anunciado y lo que efectivamente sucede en el territorio fue uno de los ejes de sus palabras. Habló de una sensación de engaño, de expectativas frustradas en personas que están dispuestas a trabajar pero no encuentran oportunidades reales. "Hay mano de obra", insistió, subrayando que existe una voluntad concreta de salir adelante a través del trabajo.

En ese punto, puso en valor la tarea que realizan en su cooperativa de reciclado. Describió el trabajo en el galpón, donde sus compañeros recolectan, clasifican y enfardan materiales que luego reingresan al circuito productivo. Ese proceso, explicó, no solo genera ingresos, sino que también cumple una función ambiental y social. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, los ingresos no alcanzan: "no llegamos ni a mitad de mes", afirmó.

Crespo, se definió como una trabajadora de toda la vida, con aportes realizados y hoy jubilada con el haber mínimo. Desde ese lugar, expresó una profunda desilusión, no solo por su situación individual sino por el contexto general que atraviesan quienes la rodean.

Pero lejos de correrse, dejó en claro que continúa involucrada en el trabajo comunitario. Explicó que, incluso en los días en que no hay distribución de alimentos, la demanda aparece igual: chicos que se acercan a preguntar si hay leche o comida, familias que necesitan una respuesta urgente. Esa presencia constante de la necesidad genera, según describió, una angustia difícil de procesar.

Actualmente, relató, logran sostener la asistencia alimentaria tres veces por semana, aunque reconoció que resulta insuficiente frente al nivel de demanda. Cada jornada implica un esfuerzo colectivo para "llenar las ollas", en un contexto donde los recursos son escasos y la ayuda, según señaló, proviene principalmente de niveles locales del Estado y no del gobierno nacional.

En ese sentido, también cuestionó el discurso que estigmatiza a los beneficiarios de programas sociales. Rechazó la idea de que se trate de personas que no quieren trabajar y defendió la identidad de quienes integran estos espacios como trabajadores. "No pedimos planes", aclaró, sino reconocimiento y oportunidades laborales.

La dignidad del trabajo apareció como un concepto central en su relato. Para Crespo, lo que realmente transforma la vida de las personas no es la asistencia, sino la posibilidad de acceder a un empleo genuino. Y en ese punto, sostuvo que la realidad actual está lejos de ofrecer esas condiciones.

Hacia el final, su intervención adquirió un tono casi interpelador. Invitó, de manera directa, a quienes elaboran las estadísticas y a los funcionarios a recorrer los barrios, a ver con sus propios ojos lo que ocurre en lugares como Barrio Industrial, la zona norte o la zona sur de Rosario. Desde su perspectiva, solo ese contacto con la realidad permitiría dimensionar la magnitud del problema.

Describió el presente como un escenario donde crecen el hambre, la desilusión y la desesperación. Un proceso que se "siembra" en los barrios cuando faltan respuestas estructurales. Frente a eso, reivindicó el rol de las organizaciones sociales como sostén cotidiano: espacios que contienen, alimentan y acompañan, incluso cuando los recursos no alcanzan.

Su cierre fue también una definición de identidad. Reafirmó que quienes están en esos espacios saben de lo que hablan porque lo viven todos los días. Y volvió a insistir en una idea que atravesó todo su charla: detrás de cada número, de cada indicador, hay personas concretas, trabajadores que luchan por sostener a sus familias en condiciones cada vez más difíciles.

Así, su voz completó el mosaico de relatos del programa, aportando una perspectiva que no se mide en porcentajes sino en experiencias, en cuerpos y en territorios donde la pobreza no es un dato, sino una realidad que se enfrenta todos los días.
Fotos: Orgenizaciones no gubernamentales

A 50 años de 'Todos los hombres del presidente': el peligro nunca fue el escándalo, sino preguntar

Se cumplen 50 años del estreno de un film esencial que habla de la ética y la paciencia de un oficio en la búsqueda de la verdad
Dustin Hoffman, Robert Redford, Jason Robards, Jack Warden y Martin Balsam, en la redacción del 'Washington Post'

Por: Eduard Castaño
Pocas obras mantienen intacta su vigencia 50 años después de su estreno, y Todos los hombres del presidente es una de ellas. Estrenada en Estados Unidos un 5 de abril de 1976, la película está concebida como la crónica de un escándalo político —el Watergate—, hoy funciona también como una lección sobre el oficio de informar: la verdad no aparece, se construye. Lejos de cualquier épica fácil, la película retrata a dos periodistas que avanzan entre dudas, verificaciones y obstáculos, en un mundo donde preguntar resulta más incómodo que callar.

Dirigida por Alan J. Pakula, la película prescinde del artificio para abrazar una puesta en escena casi quirúrgica. No hay música que subraye emociones ni giros de guion diseñados para el aplauso. Solo hechos, llamadas telefónicas, notas en cuadernos y la persistencia de dos periodistas que se niegan a aceptar el relato oficial. Robert Redford y Dustin Hoffman encarnan a Woodward y Bernstein sin heroicidades impostadas: su épica es la de quien insiste cuando todo invita a desistir.

La sombra que recorre cada plano es la del escándalo Watergate, pero Pakula evita convertirlo en espectáculo. Prefiere el detalle: una puerta que no debería estar entreabierta, un nombre que se repite, una fuente que exige anonimato. En esa acumulación de indicios se construye la tensión, más cercana al procedimiento que al thriller. Y, sin embargo, el suspense existe: nace de la fragilidad del método, de lo fácil que sería que todo se desmoronara con un error.

Verificar y contrastar
Hay una ética que atraviesa la película y que hoy resulta casi subversiva. Verificar, contrastar, no publicar hasta estar seguro. La redacción del The Washington Post aparece como un espacio de dudas más que de certezas, donde cada dato es cuestionado antes de convertirse en titular. No es casual que uno de los personajes más decisivos sea un editor que dice 'no' con la misma frecuencia con la que autoriza una línea. La prudencia, en este caso, no es cobardía, sino responsabilidad.

Pakula filma los espacios como si fueran mapas morales. Los aparcamientos subterráneos, donde se producen los encuentros con la fuente conocida como Garganta Profunda, son cavernas modernas: lugares de penumbra donde la verdad se insinúa pero nunca se entrega del todo. En contraste, la redacción, iluminada y ruidosa, simboliza el trabajo colectivo, la construcción pública del relato. Entre ambos mundos se mueven los protagonistas, conscientes de que la verdad no pertenece a nadie, pero alguien tiene que encontrarla.

Vista hoy, la película no necesita actualizarse para dialogar con la actualidad. Su lección es incómoda porque sigue vigente: la información requiere tiempo, método y coraje. Y, sobre todo, necesita instituciones que la sostengan cuando el poder presiona. En una época de titulares instantáneos y certezas precipitadas, Todos los hombres del presidente recuerda algo esencial: el periodismo no consiste en tener razón, sino en demostrarla.

Quizá por eso su final resulta tan elocuente. No hay celebración, apenas un teletipo que avanza mientras la historia continúa fuera de campo. Como si Pakula quisiera recordarnos que ninguna investigación termina del todo, que la verdad es siempre provisional y que, en última instancia, la democracia se juega en esos detalles aparentemente menores: una llamada, una firma, una pregunta a tiempo.

Investigación modélica
Considerada con razón una de las cumbres del cine sobre periodismo, la película —con guion de William Goldman— mantiene intacta su capacidad de atrapar gracias a una narrativa tan rigurosa como absorbente. Que lo haga a partir de hechos sobradamente conocidos no resta tensión, sino que la refuerza: convierte lo inevitable en fascinante. Desde el primer indicio en el complejo Watergate hasta la caída de Richard Nixon, el recorrido de Bob Woodward y Carl Bernstein se despliega como una investigación modélica, impulsada por el respaldo de figuras como Ben Bradlee y la ambigua ayuda de Garganta Profunda.

Pakula, fascinado por las contradicciones de la sociedad norteamericana —capaz de exigir virtud pública mientras convive con las sombras del poder—, construye una maquinaria narrativa precisa, heredera de la línea iniciada en Klute, donde el suspense convive con una firme denuncia política. El resultado es una obra que, además de su reconocimiento en los premios de la Academia, ha terminado por instalarse en un lugar privilegiado: el de las películas que no solo explican un momento histórico, sino que ayudan a entender todos los demás.

Medio siglo después, Todos los hombres del presidente se ha convertido en el claro símbolo de la capacidad del periodismo para frenar los abusos del poder. En la era de la inmediatez, donde la noticia compite por segundos de atención y la verificación parece, en ocasiones, un lujo prescindible, la película de Pakula propone justo lo contrario: paciencia, método y una desconfianza saludable ante cualquier versión oficial. Su tempo, deliberadamente pausado, resulta casi contracultural frente al vértigo informativo actual, pero es precisamente ahí donde reside su fuerza. Su lección, en última instancia, es sencilla y exigente a la vez: la democracia no se defiende solo en las urnas, sino también en la calidad de la información que la sostiene. Y esa calidad depende de algo tan poco espectacular como imprescindible: hacer bien el trabajo.
'Todos los hombres del presidente', 50 años
Por: Antoni M. Piqué
Barry Sussman era el jefe directo de Bob Woodward y Carl Bernstein en The Washington Post. Fue él quien guio a la pareja durante la investigación del caso Watergate. Fue él quien vio, en lo que parecía un asalto de poca monta, algo mucho más grave. Fue él quien encargó el asunto a Woodward y Bernstein y los orientó para que tiraran del hilo político. Fue él quien supervisó la cobertura y ayudó a ambos periodistas a conectar las piezas del caso. Y fue él, también, quien quedó fuera de la película para simplificar la historia.

Gran parte de la película muestra a los periodistas que preguntan, comprueban e insisten, tozuda e incansablemente, a unos y a otros, y verifican cada fragmento de información, cada pista. Hay quien encuentra estas escenas pesadas y repetitivas; a los periodistas de raza, en cambio, son las que más les gustan, porque esta profesión consiste, sobre todo, en "acercarte a desconocidos absolutos y hacerles preguntas que, en realidad, no tienes ningún derecho a esperar que te respondan", como dice Tom Wolfe a propósito de su reportaje El último héroe americano.

Detrás de esta obstinación de Woodward y Bernstein por preguntar y escuchar, comprobar y verificar, estaba Barry Sussman. "Intuitivo y perspicaz desde el principio, Sussman fue el editor que primero percibió las verdaderas implicaciones de la historia", escribe David Halberstam en el canónico The Powers That Be. Y añade: "El Post […] tenía al editor perfecto en el lugar adecuado […]. No solo impulsó la historia, sino que la procesó, encajando las piezas y ajustándolas hasta que, finalmente, poco a poco, emergió un patrón de comportamiento".

Sussman es también el autor del verdadero libro de referencia sobre el caso —The Great Cover-Up: Nixon and the Scandal of Watergate (1974)—, que aborda la historia desde una perspectiva más amplia que la centrada exclusivamente en los dos célebres periodistas y en Ben Bradlee, el director del diario.

Lo conocí en 1992 gracias a Juan Antonio Giner. Me pareció un periodista discreto, metódico, exigente y resolutivo. Creía, por ejemplo, que el revuelo en torno a "Garganta profunda" —la fuente clave en la investigación— era exagerado, porque eclipsaba el trabajo constante, cotidiano y minucioso de reporterismo que él había supervisado.

Le pregunté por su ausencia en la película Todos los hombres del presidente. Le dolía, pero no se quejó. I did what I had to, dijo. "Yo hice lo que tenía que hacer". Y cambió de tema.

domingo, 5 de abril de 2026

Despido en el PAMI Rosario: un caso individual que expone un conflicto estructural

La desvinculación de la dirigente sindical Melina Gutiérrez (foto) desató denuncias de persecución gremial y reavivó cuestionamientos sobre el ajuste, la precarización laboral y el futuro del sistema de salud para jubilados
En Rosario, el conflicto en el PAMI dejó de ser un episodio aislado para transformarse en una señal de un proceso más amplio. El despido de Melina Gutiérrez —trabajadora con nueve años de antigüedad y secretaria general de la Junta Interna de ATE— encendió alarmas dentro y fuera del organismo. Desde el gremio, la desvinculación fue leída no como un hecho administrativo más, sino como un caso de persecución sindical enmarcado en un contexto político atravesado por recortes, precarización laboral y denuncias de vaciamiento en los policlínicos PAMI 1 y PAMI 2.

Mientras se multiplican los reclamos por el deterioro en la atención de jubilados y jubiladas, emergen interrogantes más profundos sobre el funcionamiento interno del organismo, los márgenes de acción de la organización sindical y el rumbo del sistema de salud destinado a los sectores más vulnerables. En ese escenario, el caso de Gutiérrez adquiere un valor simbólico: muchos sectores repudiaron su despido y lo vincularon a un plan de ajuste que, según denuncian, implica la quita de tres mil cápitas a los policlínicos locales. La respuesta gremial ya se proyecta en una jornada de protesta con presencia de dirigentes nacionales.

Una denuncia de persecución sindical
En Señales, y desde su propia voz, Gutiérrez inscribe su despido en una trama de conflicto más amplia. Lo define como un acto de persecución gremial e ideológica, orientado a silenciar reclamos históricos: el pase a planta de trabajadores precarizados y la denuncia de manejos irregulares en los recursos del PAMI. Advierte que su caso no es aislado, sino un anticipo de lo que podría suceder con otros trabajadores si avanza el cierre o el vaciamiento de los policlínicos.

Durante casi una década se desempeñó en el PAMI 2, cumpliendo jornada completa en condiciones de precariedad laboral. Su trayectoria, según subraya, no registra sanciones ni cuestionamientos en el plano profesional, lo que refuerza su interpretación de que la desvinculación responde a su rol sindical. En tanto representante gremial, además, considera que el despido carece de sustento legal.

En su relato, la dimensión personal y la política aparecen entrelazadas. Se describe como trabajadora, mujer y madre, atravesada por años de lucha por derechos laborales dentro de un sistema que —según afirma— no solo no avanzó en su regularización, sino que profundizó la precariedad. En ese recorrido, su militancia sindical se volvió inseparable de su identidad dentro del organismo.

Un sistema de salud bajo tensión
Para Gutiérrez, el despido se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno nacional, al que acusa de impulsar un proceso de ajuste sobre el Estado y, en particular, sobre los trabajadores estatales. Interpreta las políticas actuales como una ofensiva directa contra la organización gremial, destinada a debilitar la capacidad de resistencia. En ese marco, retoma declaraciones del propio oficialismo para reforzar su lectura de confrontación abierta.

La metáfora bélica aparece reiteradamente en su discurso: habla de una "guerra" contra los trabajadores estatales y sostiene que el PAMI no es ajeno a ese escenario. Desde su perspectiva, la decisión de despedirla busca disciplinar y desalentar la organización colectiva. Golpear a una dirigente, afirma, es golpear al conjunto de los trabajadores.

En paralelo, denuncia un proceso de transformación del sistema de atención que impacta directamente en los afiliados. Según su descripción, se avanza en un modelo de desguace y achique de los policlínicos, con reducción de complejidad y traslado de pacientes hacia el sector privado. Allí, advierte, las condiciones de atención se deterioran: los turnos se dilatan y los jubilados quedan relegados.

Frente a ese escenario, la respuesta —dice— ha sido la organización y la protesta. La salida a la calle, lejos de ser una reacción aislada, forma parte de una estrategia sostenida para visibilizar el conflicto. Y, según su lectura, la respuesta del gobierno no ha sido el diálogo, sino el castigo. Sin embargo, lejos de retroceder, plantea que la reacción del colectivo será profundizar la unidad y la organización.

Un despido con responsables señalados
El modo en que se enteró de su despido refuerza, en su relato, la idea de arbitrariedad. La notificación llegó la noche del 31 de marzo, cerca de las diez y media, mientras realizaba tareas cotidianas en su casa. Al día siguiente debía continuar su jornada laboral, pero su nombre no figuraba en la lista de renovaciones contractuales. De los trescientos contratos revisados, asegura, fue la única persona desvinculada.

La decisión, según identifica, tiene un responsable concreto: Pablo Flores, administrador de los efectores propios de Rosario. Lo señala como la figura que ejecutó la medida y lo vincula directamente con la conducción política del organismo. Desde su mirada, la singularidad de su caso —ser la única despedida— refuerza la hipótesis de persecución.

Gutiérrez insiste en que su desempeño laboral no ofrece argumentos para justificar la desvinculación. Durante años cumplió funciones en el servicio de internación, con horario matutino y sin antecedentes negativos. Por el contrario, sostiene que su intervención solía ser requerida cuando surgían conflictos o reclamos de afiliados, en su rol de representante sindical.

No es la primera vez, recuerda, que la gestión intenta apartarla. Hubo un intento previo apenas iniciada la actual administración, que no prosperó. Esta vez, sin embargo, la decisión se concretó.

Al referirse a la conducción local, su crítica se extiende a la gestión en general. Afirma desconocer la experiencia previa de Flores, pero asegura que los resultados evidencian una falta de capacidad en la administración. Menciona, como ejemplo, la ausencia de incorporaciones de personal desde su asunción: ni enfermeros ni mucamos, en un contexto que —según describe— ya era crítico.

También cuestiona los viajes frecuentes del funcionario a Buenos Aires. Según su interpretación, lejos de traducirse en soluciones, esos desplazamientos no lograron revertir los problemas estructurales del PAMI en Rosario. Incluso desliza, con ironía, que esas visitas podrían haber tenido otros fines, lo que habría generado tensiones previas entre ambos.

El impacto en la vida cotidiana
La situación interna que describe es alarmante: salarios bajos, trabajadores obligados a multiplicar empleos y una relación desproporcionada entre personal y pacientes. Habla de enfermeros que atienden hasta veinte personas y de sueldos que no alcanzan para sostener condiciones dignas. En ese contexto, sostiene que cada denuncia gremial es respondida con hostilidad por parte de la gestión.

El despido, entonces, aparece como una reacción frente a esa exposición pública de las falencias. Para Gutiérrez, la decisión busca disciplinar mediante el ejemplo: un castigo visible que advierta a otros trabajadores sobre las consecuencias de denunciar.

Sin embargo, su relato no se agota en la dimensión política. La escena se vuelve más íntima cuando describe el impacto personal de la medida. Se trata, dice, de una mujer con una hija de tres años, enfrentada de un día para otro a la incertidumbre económica. La posibilidad de sostener el alquiler o garantizar la escolaridad de su hija se vuelve una preocupación inmediata.

Una historia dentro de un proceso mayor
Esa dimensión cotidiana convive con una lectura estructural del problema. Se considera una más entre miles de trabajadores afectados por políticas de ajuste a nivel nacional. Señala que, junto con las renovaciones en el PAMI, se revisaron decenas de miles de contratos en el Estado, lo que amplía el alcance del conflicto más allá de su caso particular.

Así, su historia individual se entrelaza con un proceso colectivo. El despido deja de ser un hecho aislado para convertirse en síntoma de una política más amplia, donde las disputas laborales, la organización sindical y el modelo de atención en salud se cruzan en un mismo escenario.

El caso de Melina Gutiérrez se inscribe, en su propia interpretación, en un escenario que excede ampliamente su situación individual. A partir del primero de abril, señala, muchas familias quedaron de un día para otro sin ingresos, en una dinámica que define como parte de un plan sistemático del gobierno de Javier Milei orientado a golpear al empleo estatal. En ese marco, describe una ofensiva que no solo apunta a reducir estructuras, sino a desarticular el rol del Estado como garante de derechos.

Frente a esa lógica, contrapone una mirada opuesta: sostiene que los trabajadores buscan fortalecer y hacer más eficiente lo público. Advierte que cada cierre o debilitamiento de organismos como la ANSES, el Ministerio de Trabajo, el CONICET o el SENASA implica, en los hechos, una pérdida concreta de derechos para la población. En esa misma línea ubica la situación del PAMI en Rosario, donde se pregunta cuál será el destino de los jubilados si avanza una reestructuración que reduzca la capacidad de atención.

La pandemia como punto de contraste
Para Gutiérrez, la experiencia reciente demuestra la importancia de sostener un sistema público robusto. Recuerda el desempeño durante la pandemia y lo contrapone con la situación actual, que considera incluso más crítica para los afiliados. En su relato, la comparación busca subrayar un deterioro que, entiende, no responde a una emergencia sanitaria global sino a decisiones políticas.

En el plano legal, insiste en que su despido vulnera garantías básicas. Como dirigente sindical, explica, cuenta con tutela gremial, una protección que —según la normativa vigente y la jurisprudencia— se extiende más allá de la finalización de su contrato. Por eso interpreta la medida no solo como injusta, sino abiertamente ilegal, y como una forma de disciplinamiento dirigida al conjunto de los trabajadores organizados.

Lejos de asumir una posición defensiva, anticipa que la respuesta combinará la protesta en la calle con acciones judiciales. La confrontación, en su mirada, no es solo política sino también legal: buscará revertir la decisión apoyándose en el marco normativo que protege la actividad sindical.

Sospechas sobre vínculos con privados
Otro de los puntos que introduce en su denuncia abre interrogantes sobre posibles vínculos entre la gestión del PAMI y el sector privado de la salud. Menciona particularmente al denominado "Grupo Tita", al que identifica con el Hospital Italiano, y señala que las tres mil cápitas retiradas de los policlínicos locales habrían sido derivadas hacia ese espacio. Para Gutiérrez, ese movimiento debería ser investigado en profundidad.

A partir de allí, plantea preguntas que, según afirma, aún no tienen respuesta: si existe una relación entre las autoridades locales del PAMI y ese grupo, si hay intereses privados interviniendo en la gestión pública o si se está configurando un esquema de transferencia de recursos desde el sistema estatal hacia prestadores privados. En su visión, estas dudas forman parte de un problema mayor sobre el sentido mismo de la salud: mientras algunos la conciben como un derecho, otros —sostiene— la reducen a una lógica de negocios.

La escena final de la entrevista introduce, de manera casi involuntaria, la dimensión cotidiana que atraviesa todo el conflicto. La voz de su hija interrumpe el diálogo y recuerda que detrás de la dirigente hay una madre que intenta sostener su vida familiar en medio de la incertidumbre. Esa irrupción doméstica condensa, en pocos segundos, el impacto concreto de decisiones que suelen discutirse en abstracto.

Del conflicto a la calle
Antes de cerrar, Gutiérrez transforma su testimonio en convocatoria. Llama a una jornada de protesta en el centro de Rosario, en la calle Sarmiento al 400, donde se realizará una concentración, acto y conferencia de prensa con presencia de dirigentes nacionales de ATE. La actividad incluirá la instalación de una "Carpa Negra contra la Corrupción" frente a la sede del PAMI.

El reclamo sintetiza los ejes que atravesaron todo su relato: denuncia de persecución sindical, exigencia de reincorporación, rechazo a los despidos y a las políticas de ajuste, y defensa de salarios dignos y estabilidad laboral. Bajo una consigna que busca amplificar el conflicto —"si tocan a uno, nos tocan a todos"—, la historia personal de Gutiérrez vuelve a fundirse con una disputa colectiva que, lejos de cerrarse, parece recién empezar.

Acto contra la persecución: "quieren cerrar el PAMI"
ATE Rosario instaló este lunes, en la sede de PAMI de calle Sarmiento 455, la Carpa contra la Corrupción en el PAMI y realizó un acto para exigir la reincorporación de la secretaria general de la Junta Interna, Melina Gutiérrez, junto con el cese del pase de cápitas al sector privado. Participaron dirigentes estatales nacionales, representantes de distintas provincias, referentes sindicales de diversos sectores y organizaciones solidarias.

Durante la jornada, Gutiérrez denunció: "La corrupción dentro del PAMI, las malas condiciones de trabajo y los salarios congelados para los trabajadores son situaciones que venimos señalando hace tiempo. Además, lo único que se fortalece son los efectores privados de salud, mediante las cápitas que el PAMI deriva hacia ese sector".

En ese marco, vinculó su despido con estas denuncias: "Mi despido está directamente relacionado con esto. Fuimos de las primeras voces en alzar el reclamo cuando asumió el gobierno de Javier Milei. Respondimos con organización y lucha, denunciando corrupción, precarización, salarios congelados y malas condiciones laborales".

También apuntó contra las autoridades: "Como respuesta a estos reclamos, decidieron despedirme para silenciar a quienes encabezamos estas denuncias en el PAMI de Rosario". Y agregó: "El mensaje es para las autoridades locales y para el PAMI Nacional".

Sobre la situación en Rosario, señaló: "El responsable de los policlínicos es el doctor Pablo Flores, que casualmente después de mi despido decidió tomarse vacaciones. No dio la cara ni ante los jubilados ni ante los trabajadores".

Además, advirtió sobre el rumbo del organismo: "Hablan de modernización y transformación, pero en realidad es ajuste, achique y recorte de prestaciones". Y concluyó con una fuerte denuncia sobre las condiciones: "Pintan un piso y hablan de habitaciones VIP, pero los pacientes pasaron calor todo el verano y ahora se van a congelar en invierno. No cambian una lamparita, no arreglan la calefacción ni la aparatología. Es una burla".

"Quieren cerrar el PAMI", sintetizó la dirigente, en un mensaje que atravesó todo el acto.

Escuchá la entrevista completa:
Foto: ATE Rosario

sábado, 4 de abril de 2026

Pobreza, poder y silencio: anatomía de una desigualdad que crece en Santa Fe

En una charla atravesada por datos, experiencias y denuncias, Carlos del Frade —periodista, escritor, investigador y actual diputado del Frente Amplio por la Soberanía— desarma las cifras oficiales y expone una trama más profunda: una provincia que genera riqueza pero no la distribuye, un sistema de medios cada vez más concentrado y una democracia donde, lentamente, se achican las voces
En el piso de Aire Libre, Radio Comunitaria, la escena se arma con una mezcla de complicidad y rutina. El periodista presenta a Carlos del Frade y él responde con una familiaridad que deja ver que no es su primera vez allí. Agradece el espacio, como si hiciera falta subrayarlo, y hasta desliza una anécdota reciente: el día anterior, dice, intentaron sacarlo "por teléfono", aunque enseguida relativiza el episodio y lo atribuye, quizás, a un problema con su celular. El clima en las Señales es distendido, pero el tema que atraviesa la conversación no lo es en absoluto.

La distancia entre los números y la calle
La pobreza aparece rápidamente como eje central. Mientras el gobierno celebra una supuesta baja en los indicadores, en el estudio se instala una sensación de desconcierto. Las cifras, admite el periodista, no son fáciles de interpretar; más adelante —anticipa— un economista del CEPA ayudará a desmenuzarlas. Pero hay algo más inmediato: los testimonios recogidos en barrios, las voces de referentes sociales que describen una realidad muy distinta, una "otra foto" que no coincide con los números oficiales.

Del Frade recoge ese contraste y lo amplifica. Habla de 541.000 personas por debajo de la línea de pobreza y 123.000 en la indigencia, cifras que, sostiene, requieren un Estado presente. Sin embargo, describe un escenario donde el Estado nacional se ha retirado y la provincia "hace lo que puede", aunque claramente no alcanza. Para entender la magnitud del problema, propone mirar cómo se mide: en Santa Fe, explica, los datos surgen de tres aglomerados —Gran Santa Fe, Gran Rosario y una zona compartida entre San Nicolás y Villa Constitución—. La suma de esos recortes estadísticos da casi 600.000 personas pobres.

Riqueza que crece, pobreza que persiste
Ahí es donde introduce el núcleo de su argumento: el contraste. Porque, mientras ese universo de carencias crece, la provincia exporta cada vez más. El año pasado, señala, las exportaciones alcanzaron los 16.000 millones de dólares, y solo en enero de este año se registraron 1.600 millones. Para del Frade, esa convivencia entre riqueza y pobreza no es solo contradictoria, sino "irracional e ilógica". Lo que falla, insiste, es una política pública de distribución.

La mirada se desplaza entonces del número a la calle. Lo que se ve en el centro de Rosario —y, dice, en el de cualquier ciudad— es un paisaje "cada vez más duro, más triste": familias viviendo en la calle, jóvenes en situaciones de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, sostiene, el modelo económico tiende a concentrar y extranjerizar la riqueza. Cuando eso ocurre, la pobreza crece, y los gobiernos, por distintos grados de subordinación, terminan aceptando esa realidad como si fuera natural. Pero no lo es, subraya.

Por eso, su planteo hacia el gobierno provincial es concreto: cuestionar el esquema por el cual los recursos de las exportaciones son captados automáticamente por la Nación. Ese dinero, afirma, debería quedar en Santa Fe, porque es producido por su población. De lo contrario, el resultado es lo que describe como una obscenidad: una provincia rica que convive, desde hace al menos una década, con unas 600.000 personas pobres.

El problema, repite, es político. Tiene que ver con decisiones sobre quién paga impuestos y quién no. Según su análisis, la carga tributaria recae sistemáticamente sobre la clase media y los sectores más bajos, mientras los que más tienen quedan al margen. Esa lógica, advierte, desencadena un encarecimiento de la vida que golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. De ahí surge un empobrecimiento que no es abstracto: se traduce en la desesperación por pagar un alquiler y en la imposibilidad, cada vez más extendida, de acceder a la vivienda propia, ese "sueño" que hoy aparece como una ilusión lejana.

Incluso las políticas de crédito, menciona, quedan atrapadas en esa tensión. Aunque existen programas impulsados desde el Banco Municipal, su escala es reducida y, en muchos casos, quienes acceden terminan desistiendo porque no pueden afrontar las cuotas, aporta el periodista. La escena que imagina es elocuente: personas que logran acercarse a la posibilidad de una casa, pero que luego descubren que no pueden sostenerla.

En ese marco, introduce otro dato que le resulta clave: el crecimiento de los "ocupados demandantes". Es decir, personas que tienen trabajo pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades. Según señala, esta categoría se ha duplicado tanto en Santa Fe como en el país. La consecuencia es un cambio en la vida cotidiana: más tiempo dedicado a generar ingresos y menos tiempo para vivir. Esa ecuación, advierte, alimenta la frustración y la violencia, porque las personas se ven privadas incluso de la posibilidad de disfrutar lo que desean.

El dinero y las prioridades
Cuando el foco vuelve a las políticas públicas, del Frade insiste en dos líneas de acción. Por un lado, una reforma impositiva que haga que paguen más quienes más tienen. Por otro, un incremento sustancial en áreas sensibles. Menciona, en particular, el presupuesto de salud mental de la provincia: apenas el 0,02%. El número, dice, explica en parte fenómenos alarmantes como el aumento de suicidios o situaciones de violencia en escuelas. En esa línea, recuerda un pedido de informes reciente sobre los equipos socioeducativos, cuya debilidad presupuestaria —define como "anoréxica"— limita su capacidad de intervención preventiva.

Para él, la clave está en el presupuesto. Allí, sostiene, se revelan las verdaderas prioridades. Frente al argumento habitual de que "no hay plata", responde con cifras: el presupuesto provincial asciende a 14 billones de pesos. Incluso un 1% de ese total representaría 14.000 millones. "Claramente hay plata", insiste; el problema es cómo se distribuye. Si se privilegian obras vinculadas a las exportaciones, advierte, la vida en las grandes ciudades se deteriora.

Silencios, censura y medios condicionados
En ese punto, el periodista se detiene en un contraste que reconoce como incómodo, casi una "chicana", pero que considera necesario señalar: el monto destinado a publicidad oficial. Del Frade refuerza con cifras esos datos, solo en el Ministerio de Gobierno y la Lotería se asignan 46.000 millones de pesos para 2026, lo que equivale a 122 millones por día. Ese dinero, afirma, no solo se utiliza para difundir la gestión, sino también para condicionar el acceso de voces opositoras a los medios.

La reflexión se vuelve entonces más personal. Recuerda que durante dos años tuvo un programa en una radio de Rosario, hasta que, según relata, "llegó la orden" de que dejara de estar al aire. La consecuencia, dice, es una exclusión progresiva de ciertos espacios de comunicación. Y en esa constatación final, casi en tono de lamento, resume la sensación que atraviesa todo su diagnóstico: "es muy triste, muy triste".

La conversación deriva hacia un terreno más áspero, donde la denuncia adquiere un tono personal. Carlos del Frade ya no habla solo en términos estructurales, sino desde la experiencia concreta. Cuenta que en canales de cable, donde durante años "la muchachada" le abría espacio para una entrevista, dejó de aparecer de un día para el otro. Según relata, hubo una orden directa —menciona a la actual senadora nacional Patricia Bullrich— y, desde entonces, ya no lo convocan más. El diagnóstico es tajante: el nivel de censura, dice, resulta "impactante".

El periodista retoma un dato que refuerza esa percepción: el presupuesto en publicidad de la Lotería, que en el último año creció cerca de un 112%. Del Frade asiente, pero desplaza el foco. Más que el volumen —aunque reconoce que es enorme, sobre todo en contraste con áreas como salud mental— le interesa la distribución de esos recursos. La pregunta que lanza es directa, casi incómoda: ¿cuánto dinero recibe Aire Libre, Radio Comunitaria? La respuesta es inmediata y seca: nada. Ni siquiera a través de juegos como el Quini o la Quiniela, llegó un peso a la emisora.

Ese vacío, lejos de ser una excepción, aparece como parte de una lógica más amplia. La radio, admiten en el estudio, ya está "condenada" a esa situación. Pero del Frade insiste en que no debería naturalizarse. Señala el periodista inconsistencias evidentes: publicidades de la Cámara de Diputados que aparecen en algunos medios y en otros no, sin criterios claros. La escena se vuelve casi irónica cuando imagina una llamada directa a la presidenta de la Cámara, Clara García, para reclamar explicaciones. "Es una vergüenza", resume del Frade, cuestionando que no exista una distribución equitativa ni transparente.

A partir de allí, el diagnóstico se amplía. En sus años de oficio —dice, reivindicando al periodismo como "la mejor profesión del mundo"— nunca vio un nivel de censura como el actual. Ni siquiera en los años noventa, aclara, una década que suele asociarse con fuertes condicionamientos. La diferencia, subraya, se percibe especialmente en la provincia. No se trata tanto de la propia experiencia en Aire Libre, Radio Comunitaria, donde asegura que la libertad de expresión se mantiene, sino de lo que observa en otros medios: un cierre progresivo, silencioso, de los espacios.

En el aire se cuenta un ejemplo revelador. Días atrás, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó una entrevista en Casa de Gobierno a un grupo reducido de periodistas. Fue un encuentro cerrado, del que solo circularon fragmentos aislados en algunos medios. La entrevista completa, señala el periodista, no aparece en ningún lado. La ausencia le resulta llamativa: lo habitual, dice, sería que el propio funcionario la difundiera íntegra, incluso como gesto de apertura. Aquí ocurrió lo contrario. Y ese detalle, para él, es sintomático.

En paralelo, del Frade menciona otra herramienta clave del trabajo legislativo: los pedidos de informes. En su experiencia, apenas el 20% recibe respuesta. El resto queda envuelto en demoras o silencios. Sin embargo, advierte un fenómeno curioso: aunque muchas veces no le responden formalmente, sí se activan mecanismos informales. Apenas el pedido toma estado público —a través de periodistas o redes sociales—, algún funcionario se contacta con los involucrados. Esa reacción indirecta, dice, termina siendo útil: demuestra que algo se mueve. Aun así, los silencios y las respuestas incompletas, insiste, también comunican. Son señales claras de incomodidad frente a ciertos temas.

La deuda de una comunicación pública y plural
La charla gira entonces hacia el sistema de medios en la provincia y las deudas pendientes. Aparece el proyecto de la radio pública santafesina, una iniciativa que lleva años sin concretarse. Del Frade recuerda que es la tercera vez que la presenta y que la idea viene desde los tiempos finales del gobierno de Hermes Binner, cuando se debatió la creación de un canal público. De aquella discusión surgió la Ley de Radio y Televisión Santafesina, que permitió la existencia del canal —hoy RTS—, pero dejó incompleta la pata radial.

La concreción de esa radio, advierte, depende de la voluntad política del actual gobierno, algo que pone en duda. Aun así, asegura que seguirá insistiendo, del mismo modo que impulsa otros proyectos, como la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Santa Fe. Reconoce, no sin realismo, que si el oficialismo no toma esas iniciativas es muy difícil que avancen. Por eso, relativiza incluso la autoría: a esta altura, dice, lo importante es que salgan, aunque no lleven su firma.

Detrás de esa insistencia hay una concepción más amplia: la necesidad de democratizar los medios. Para del Frade, el Estado tiene la obligación de sostener no solo medios públicos, sino también comunitarios y cooperativos. Encuentra un antecedente en la historia: la Ley de Radiodifusión de 1953, impulsada durante el peronismo, que establecía una división en tercios entre medios estatales, privados y comunitarios. Ese esquema, afirma, sigue siendo válido y necesario.

La pregunta que sobrevuela es dónde pueden emerger voces distintas, capaces de reflejar la diversidad cultural de la sociedad. La respuesta es pesimista: difícilmente lo hagan en los medios privados. De allí la importancia de políticas públicas que garanticen esa pluralidad.

El recorrido institucional de los proyectos, sin embargo, muestra las trabas. La iniciativa de la radio santafesina llega a la Legislatura, pasa a la Comisión de Cultura y allí queda sujeta a los tiempos —o a la falta de ellos— del oficialismo. "Mayoritariamente se cajonea", resume. Por eso, vuelve a una idea que repite como una clave política: para que algo se mueva adentro, tiene que haber presión afuera.

La historia reciente, evocan, está llena de proyectos que flotan sin concretarse, como la radio pública de Rosario, que sigue siendo —en palabras del periodista— "La Balsa", su nombre original: una idea que deriva sin terminar de encontrar puerto. 

En otro tramo de la charla se abre con una pregunta que parece simple, casi ingenua: ¿qué pasó con la radio municipal de Rosario? La respuesta desarma cualquier idea de inexistencia. El periodista reconstruye una historia fragmentaria pero concreta: la radio sí existió, al menos en estado embrionario. Hubo horas de programación armadas, pruebas técnicas, incluso transmisiones desde distintos puntos de la ciudad, y menciona la estación Rosario Norte, donde funciona la secretaría de Cultura. No era un proyecto abstracto: había equipos, había planificación y hasta nombres propios.

El problema, explican, no fue solo local. Del Frade escucha mientras se reconstruye una dificultad estructural vinculada a la política nacional de medios de aquellos años, bajo la órbita de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando se ampliaron las licencias para municipios y provincias, se cometió —según esta lectura— un error clave: asignar frecuencias iguales o muy cercanas a distintas localidades, combinadas con niveles de potencia extremadamente bajos. El resultado era previsible: transmisiones que apenas cubrían unas pocas cuadras y que, además, interferían entre sí. Un sistema que, en la práctica, volvía inviables muchos proyectos.

Radios que no llegan, voces que no entran
Algunas radios, cuentan, intentaron sortear esa limitación incumpliendo las condiciones iniciales y luego pidiendo excepciones. En ciertos casos lo lograron; en otros, quedaron libradas a su suerte. La experiencia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, aparece como una de las pocas que logró sostenerse en el tiempo. Pero incluso allí la continuidad no está garantizada: el periodista recuerda el caso de Radio Ciudadana FM 89.7, la radio pública de Concordia, tras un cambio de signo político, fue directamente cerrada por el nuevo intendente, pese a haber sido utilizada como plataforma de campaña.

Ese recorrido desemboca en una pregunta más amplia: quiénes quedan afuera del sistema de medios en un contexto de creciente concentración. La respuesta de del Frade es inmediata y contundente: los primeros excluidos son los propios periodistas. Para explicarlo, recurre a una escena reciente: una conversación con un profesional muy reconocido de Rosario que, tras décadas de trabajo, percibe un salario de 600.000 pesos. La cifra, dice, le resulta obscena. No solo por lo que implica en términos económicos, sino porque revela una degradación del oficio.

Esa precarización tiene consecuencias directas. Los trabajadores de prensa, sostiene, son los primeros en enfermarse, los primeros en quedar al margen. Y detrás de ellos quedan también sectores sociales y políticos que pierden espacios para expresar miradas críticas. El resultado es un ecosistema donde las políticas públicas se presentan como soluciones cerradas, sin contrapuntos visibles.

Una democracia que se achica en silencio
En ese escenario, la censura ya no aparece solo como un mecanismo externo, sino también como una práctica internalizada. Del Frade advierte un crecimiento de la autocensura que considera alarmante, especialmente en un país con más de cuatro décadas de democracia. Para él, ese fenómeno es indicio de una "democracia de muy baja intensidad", cada vez más reducida, más "anoréxica".

La selección de voces, agrega, no es casual. La censura —dice— es políticamente dirigida. Y para ilustrarlo recurre a un dato que le compartió el fallecido periodista Alberto Giraldi: un ranking de los diputados más invisibilizados en los medios. En ese listado, asegura, él mismo ocupaba el primer lugar, seguido por Amalia Granata. La mención no es menor: del Frade aclara que no comparte su posición ideológica, pero aun así le molesta que sea silenciada. En su lógica, el desacuerdo no debería anular la posibilidad de debate.

La experiencia acumulada también le permite al periodista leer otros gestos. Habla de colegas que, frente a observaciones o datos que contradicen el discurso dominante, asienten en privado pero no modifican lo que dicen al aire. Ese desfasaje, interpreta, revela hasta qué punto pesan las líneas editoriales de las empresas mediáticas. Del Frade lanza una advertencia que mezcla consejo y experiencia: quienes hoy se alinean sin cuestionar, mañana pueden ser descartados. Para ilustrarlo, recurre a una metáfora cruda y directa, que no deja lugar a eufemismos: "Después hay una cuestión que, el saber popular lo dice de otra manera, pero se cumple. Los profilácticos se tiran. ¿Sí? Se usan y se tiran. Y los que hemos sido tantas veces echados y puestos en la calle, los sabemos, entonces se lo decimos de buena intención". La frase no solo impacta por su crudeza, sino porque refleja años de vivencias en medios y política, recordando que la lealtad sin cuestionamiento rara vez protege.

La conversación vuelve entonces a un terreno más propositivo, retomando la idea de la radio pública santafesina. No se trata solo de crear una emisora, aclaran, sino de definir sus contenidos y su sentido. Para del Frade, debería ser una herramienta para reflejar la diversidad cultural, educativa y social de toda la provincia de Santa Fe. Una radio que muestre lo que producen sus comunidades, sus músicos, sus historias.
La propuesta va más allá del aparato técnico. Imagina una estructura en movimiento, con comités ad honorem integrados por referentes culturales de cada uno de los 19 departamentos. La radio, en esa mirada, no sería solo un aparato que transmite, sino un espacio que produce comunidad: bibliotecas populares, talleres, asambleas, lugares de encuentro para organizaciones sociales. En ese modelo, la radio no sería solo un medio de comunicación, sino un nodo comunitario, una extensión de experiencias como la de Aire Libre, Radio Comunitaria.

Así, entre diagnósticos duros y proyectos que aún buscan concretarse, el relato deja ver una tensión persistente: la distancia entre lo que existe, lo que podría existir y lo que —por decisiones políticas, económicas y culturales— queda, una vez más, en suspenso.

Esa dimensión, dice, podría generar "cosas maravillosas". Pero enseguida aparece la contracara: si la política pública en materia de comunicación se reduce a la censura y la propaganda, todo ese potencial se anula. El retroceso, advierte, es profundo. Tanto que remite a debates de hace décadas, como el informe "Un solo mundo, voces múltiples", conocido como el informe McBride, impulsado en el ámbito de la UNESCO en los años setenta. Aquella discusión sobre el derecho a la comunicación —recuerda— fue resistida incluso por potencias como Estados Unidos, que llegó a retirarse del organismo. Hoy, sugiere, no solo no se avanzó, sino que se retrocedió varias décadas.

La conversación retoma entonces el presente, con un proyecto concreto: destinar el 33% de la pauta publicitaria oficial a medios comunitarios, cooperativos y populares. Del Frade lo plantea sin matices: no cumplir con ese criterio equivale, para él, a sostener un esquema antidemocrático. En ese punto, el rol de las radios comunitarias aparece como central, no solo como espacios de comunicación, sino como motores de presión para que estas discusiones no desaparezcan de la agenda.

La relación entre comunicación y violencia emerge casi de inmediato. Cuando ciertos temas no se discuten públicamente, cuando quedan fuera del debate, advierte, terminan reapareciendo de forma distorsionada y muchas veces explosiva. Menciona el caso de un episodio reciente en San Cristóbal, atravesado por versiones que circularon en redes sociales como TikTok, sin fuentes claras ni verificación. La cadena de desinformación, alimentada por la ausencia de debate serio en los medios, termina generando más confusión y más violencia.

En ese contexto, aparece otra discusión clave: el desmantelamiento de herramientas de fomento a los medios. El periodista introduce el tema del FoMeCA, Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y señala que el gobierno de Javier Milei modificó su lógica. Según describe, esos recursos —que antes fortalecían a medios pequeños— ahora podrían ser disputados por grandes grupos como Grupo Clarín u otros grupos de alcance nacional. La consecuencia, coinciden, es un sistema cada vez más arbitrario, donde el acceso a los recursos depende de decisiones discrecionales.

Frente a eso, del Frade propone una alternativa con anclaje territorial. Su idea de financiamiento y gestión incluye la participación de los ministerios de Cultura y Educación, junto con referentes sociales y culturales de cada departamento. Retoma además un proyecto propio de larga data: los "Espacios Comunicacionales Barriales", ámbitos de discusión abiertos que funcionarían como asambleas mensuales para pensar la comunicación desde abajo. La clave, insiste, es evitar que las decisiones queden concentradas en una "mesa chica".

Concentración, negocios y derecho a la información
La crítica a esa concentración se vuelve más concreta cuando menciona espacios informales de poder, como reuniones privadas donde —según desliza— se definen líneas editoriales que luego se reflejan en los medios. Se nombra incluso al empresario Gustavo Santiago Scaglione como anfitrión de encuentros de ese tipo, donde confluyen figuras del poder político y mediático. Para del Frade, esos ámbitos terminan teniendo un impacto directo en lo que luego se ve —o no se ve— en la televisión.

Camino al cierre, la conversación retoma un hilo que había quedado planteado al inicio: la relación entre desigualdad económica y desigualdad en la palabra. Del Frade la define como inseparable. No puede haber concentración de riqueza sin concentración de información, afirma. Y para explicarlo recurre a una perspectiva histórica: la palabra "noticia", recuerda, surge en el castellano hacia el año 1250, asociada al "conocimiento del pueblo". Antes de eso, el saber estaba concentrado en los señores feudales, el clero y los ejércitos. La expansión de las ciudades implicó también una apertura del conocimiento.

Esa misma lógica, sostiene, sigue vigente. Si el acceso a la información se restringe, la desigualdad económica se reproduce. Por eso, insiste, la democratización de la comunicación no es un tema accesorio, sino estructural.

Salud, política y tramas invisibles
Cuando la charla parece cerrarse, aparece un último eje, abrupto pero conectado con el poder: el sistema de salud y sus vínculos con la política. El nombre de "Tita" surge a partir de una protesta vinculada al PAMI en Rosario, ante el despido de una trabajadora del organismo. Del Frade reconstruye entonces una trama que se remonta a Rafaela, donde —según su investigación— se consolidaron grupos de salud privada con fuerte proyección nacional. Allí ubica a familias como los Tita, junto a otras, y a la figura de Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un actor clave en la articulación de esos intereses.

Describe a Lorenzetti como una suerte de "canciller" de estos grupos, en alusión a la figura de asesor estratégico en El padrino. Según su relato, estas redes empresariales se expandieron a partir de mecanismos vinculados al manejo de fondos del PAMI, consolidando poder económico y territorial. Incluso menciona un libro de investigación que realizó sobre el tema: una edición de 3.500 ejemplares de la cual solo circularon 500, mientras el resto —afirma— nunca volvió a aparecer.

El recorrido, que empezó en la pobreza y pasó por la censura, termina así en una trama donde comunicación, economía y poder se entrelazan. Y deja flotando una idea persistente: que detrás de cada desigualdad visible hay, casi siempre, una disputa más profunda por quién tiene derecho a hablar y a ser escuchado.

En el tramo final, la conversación desciende a un terreno donde la denuncia se vuelve más concreta y, a la vez, más personal. Carlos del Frade retoma la trama del llamado "Grupo Tita" y la vincula directamente con el funcionamiento del PAMI. La clave, explica, está en el sistema de cápitas: el dinero que las prestadoras reciben por cada afiliado. Allí, sostiene, reside el interés central. No es solo una cuestión sanitaria, sino un negocio de enorme escala.

Para ilustrarlo, recurre a su propia experiencia familiar. Recuerda el paso de sus padres por el PAMI I y II en Rosario, y describe una lógica que le resulta inquietante: la realización de estudios médicos constantes, muchas veces innecesarios, donde lo central no parece ser el resultado clínico sino la facturación del servicio. Ese mecanismo, afirma, mueve cifras gigantescas. En su momento —asegura— se hablaba de alrededor de 500 millones de dólares solo en esas dos estructuras dentro de la ciudad.

En ese entramado, vuelve a ubicar la figura de Ricardo Lorenzetti como un actor clave. No solo por su trayectoria jurídica, sino por su capacidad de sostener influencia a lo largo de distintos gobiernos. Esa permanencia, dice, funciona como una "protección fenomenal" para grupos empresariales vinculados a la salud privada, como el propio Grupo Tita. La consecuencia es un esquema donde actores privados gestionan áreas de la salud pública con lógica de negocio.

La conversación suma otra capa cuando el periodista trae a colación el tratamiento mediático de estas figuras en Rafaela. Allí, señala al diario Castellanos que mantiene una presencia constante de Lorenzetti en sus portadas, algo que del Frade vincula con el hecho de que su hijo esté al frente del medio. Pero no se trata solo de un diario, señala el periodista: describe un proceso de concentración más amplio, donde distintos medios —gráficos, radiales y televisivos— se integran en un mismo conglomerado.

Ese fenómeno, afirma, reduce drásticamente la pluralidad de voces. Lo que antes eran líneas editoriales diferenciadas, incluso antagónicas, hoy convergen en un mismo discurso. Rafaela, resume, parece tener "una única voz". Y esa imagen le sirve a del Frade para volver a una idea que atraviesa toda la entrevista: la calidad democrática medida en términos de diversidad informativa. Cuando esa diversidad se achica, dice, la democracia también se vuelve más débil.

Cincuenta años después
De Videla y Galtieri a Milei

El golpe se hizo para defender al capital y la empresa privada. Medio siglo después resulta fundamental volver a contar lo que hay detrás de los personajes, los hechos, las torturas y la apropiación de bebés: la depredación de lo colectivo, desde lo material al pensamiento propio.

Lo que se hizo con botas sangrientas hoy se lleva adelante con los votos del pueblo saqueado. Muchas traiciones y sistemática destrucción de la conciencia histórica, social y política de cada habitante de esta hermosa porción cósmica que es el territorio argentino.

Hay que insistir.
Pensamiento propio, soberanía de la cabeza, protagonismo y cercanía.

El cierre, sin embargo, introduce un cambio de tono. Antes de despedirse, del Frade menciona la reciente presentación de su libro Cincuenta años después, una investigación que recorre continuidades históricas desde la última dictadura hasta el presente. El subtítulo —De Videla y Galtieri a Milei— marca esa línea de lectura. El libro fue presentado horas atrás en La Quinta de Funes, un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Editado por la Fundación Ross, ya se encuentra en librerías y, para él, representa una síntesis de muchas de las ideas que atraviesan la charla: la persistencia de estructuras de poder, la disputa por la memoria y la necesidad de entender el presente a la luz del pasado.


Con ese gesto —el de ofrecer el libro, el de cerrar con una reflexión histórica— la conversación se apaga. Pero deja resonando una misma preocupación, repetida bajo distintas formas a lo largo de toda la crónica: quiénes concentran el poder, quiénes quedan afuera y cómo esa disputa se expresa, siempre, en el territorio de la palabra.

Bio: 
Carlos Alfredo del Frade nació en Rosario el 5 de febrero de 1963, es periodista, escritor, investigador y desde 2015 es diputado provincial en Santa Fe —en la actualidad por el Frente Amplio por la Soberanía—, y en cada período se ha convertido en el legislador que más proyectos ha presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia.

Con la certeza de la necesidad de "escuchar bien, para contar mejor", a lo largo de casi cuatro décadas de trabajo periodístico, Del Frade recorrió muchos de los medios de Santa Fe y sufrió tanto la censura de los más grandes como el amor incondicional de los medios populares.

Con más de 100 libros publicados —sus investigaciones sobre el narcotráfico y las mafias de la provincia, sus libros de historia y de derechos humanos, así como sus trabajos sobre las desigualdades económicas de Santa Fe—, son referencias ineludibles a la hora de entender nuestro presente y poder proyectar un futuro más justo y soberano para las grandes mayorías.

Actualmente sigue recogiendo los pesares y alegrías de nuestra gente tanto en su trabajo legislativo como en su ya clásico ciclo radial "La Voz del Grillo".
Escuchá la entrevista completa:
 
Proyecto de Radio Santafesina: Proyecto de Régimen de promoción y fortalecimiento de medios y productoras de comunicación popular, comunitaria y cooperativa: 


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