Bombardeos en la madrugada, un presidente secuestrado, negociaciones opacas y el petróleo en disputa: crónica desde Caracas sobre un país atravesado por la intervención, el miedo y una pregunta que sigue abierta—quién decide el futuro venezolano
Cuando lo impensable se vuelve real
Desde Caracas, el periodista Javier Barrios, colega de Radio Fe y Alegría, revive ese momento como un impacto difícil de asimilar. No se trató solo de una crisis política, sino de una experiencia sensorial y emocional inédita para un país que no vive una guerra desde hace casi dos siglos. "Venezuela no vivía algo así desde las guerras independentistas o las guerras civiles", explica, todavía con el peso de lo ocurrido en la voz. Lo que hasta entonces solo existía en el cine —bombardeos, helicópteros sobrevolando la ciudad, drones atacando— se volvió real, tangible, estremecedor.
La madrugada del ataque
Barrios relata que los testimonios de quienes presenciaron la escena coinciden en el desconcierto y el miedo. En medio de la noche, comenzaron a circular grabaciones realizadas por vecinos, tiktokers y personas que, desde sus teléfonos, registraron lo que veían. Esos videos, difundidos horas después, multiplicaron el impacto. Incluso quienes no estuvieron allí sintieron el golpe emocional al ver las imágenes. "Aunque sea en video, también era impactante", afirma.
Con el correr de los días, siguieron apareciendo materiales audiovisuales que reforzaron la crudeza del episodio. El saldo fue devastador: más de cien víctimas fatales, en su mayoría militares, cuatro civiles muertos, más de cien heridos y múltiples instalaciones destruidas. Para Barrios, hay una certeza compartida: nadie quiere que algo así se repita. "La guerra genera víctimas", dice, con una claridad que no necesita adjetivos.
Personas se llevan pertenencias personales de un edificio dañado, tras los ataques estadounidenses contra Venezuela
El impacto no fue solo inmediato, sino también psicológico. En una ciudad acostumbrada a otros ruidos, cualquier sonido fuerte se volvió una amenaza. Barrios cuenta que hoy, al escuchar un cohete o un fuego artificial, muchas personas se despiertan sobresaltadas, creyendo que se trata nuevamente de un bombardeo. "Uno se despierta exaltado, pensando: 'Dios mío, ¿será que están bombardeando otra vez?'", relata. Esa sensación de alerta permanente resume el estado emocional de buena parte de la población.
El rechazo a lo ocurrido atraviesa amplios sectores de la sociedad. En los movimientos que apoyan el proceso revolucionario, la condena es explícita, pero incluso en sectores de la oposición, donde algunos inicialmente pudieron haber celebrado, no se consolidó una euforia sostenida. Barrios subraya que el sentimiento es más complejo, matizado, lejos de una celebración plena.
Las encuestas realizadas en años anteriores ya anticipaban ese clima social. De cada diez venezolanos consultados, siete u ocho sostenían que la salida a la crisis debía ser pacífica, democrática, electoral y negociada. El 75 % rechazaba una intervención extranjera, sin importar su origen. Estados Unidos, Rusia o China: la mayoría coincidía en que la solución debía surgir desde adentro, a partir del respeto y del diálogo.
Hoy, ese consenso reaparece con fuerza. Mientras se debate la violación al derecho internacional —una posición compartida por numerosos países—, la discusión se expande y se complejiza. Para Barrios, la situación venezolana no admite lecturas simplistas. No es una disputa entre izquierdas y derechas, ni un conflicto de una sola dimensión. Es geopolítica, sí, pero también es profundamente social. Y esa realidad, insiste, atraviesa cualquier análisis posible.
Lo que sí parece claro, según su análisis, es que después del bombardeo se activó un proceso absolutamente inédito. Un mecanismo extraño, poco habitual, que no encaja con los antecedentes históricos de intervenciones estadounidenses en la región ni con experiencias como Panamá o algunos países árabes. Esta vez, el escenario fue distinto.
La propia Delcy Rodríguez —entonces vicepresidenta y hoy presidenta— confirmó públicamente la existencia de conversaciones con Estados Unidos. En esa agenda, llama la atención que el punto de partida haya sido lo económico: coordinación para la inversión petrolera. Recién después aparecieron otros temas. A esto se sumó un gesto político de alto impacto simbólico: la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, cerrada tres años atrás por tensiones diplomáticas. Desde allí comenzó a circular una versión insistente: que la embajada funcionaría como espacio de negociación o de presión para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
¿Ese proceso se estaba gestando antes del operativo militar? Barrios es prudente: no hay evidencias concluyentes. Sin embargo, hay un dato que, como periodista, no puede pasar por alto. Lo plantea incluso a riesgo de equivocarse. Cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos, a Nueva York, para enfrentar el inicio del proceso judicial, trascendió rápidamente que contaban con un bufete de abogados de altísimo prestigio y especialización. Un equipo con experiencia no solo en litigios complejos, sino también en negociaciones de alto nivel.
Ese detalle encendió alarmas entre analistas y expertos en el sistema judicial estadounidense. No se trata, explica Barrios, de un bufete que se contrata de un día para el otro. "No es que te secuestraron, te detuvieron, aterrizaste y ya tenías el bufete más prestigioso instalado", resume. Según especialistas consultados, ese tipo de estudios acepta casos solo después de meses de análisis del expediente, acceso a información sensible y una evaluación profunda del impacto que puede tener en su reputación profesional. No es una cuestión de dinero, sino de prestigio.
La sola aceptación del caso sugiere que hubo tiempo previo, planificación y conocimiento anticipado del proceso. Ningún bufete serio toma una defensa de esa magnitud sin haber leído y estudiado el caso en profundidad. Ese dato, insiste Barrios, no prueba nada por sí solo, pero abre una hipótesis inquietante: que lo ocurrido aquel 3 de enero no haya sido del todo casual, sino el resultado de una coordinación previa o de procesos preplanificados que aún no salen completamente a la luz.
Un partidario del gobierno hace un gesto mientras participa en una marcha que pide la liberación del presidente Maduro
Mientras tanto, en el plano internacional, la reacción fue de escándalo. Numerosos países denunciaron la violación del derecho internacional. En Venezuela, esa condena fue compartida por actores vinculados al gobierno, pero también por sectores de la oposición. Y ese dato no es menor en un país donde la oposición no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de posiciones, liderazgos y estrategias.
Partidos opositores con representación parlamentaria —alrededor de nueve o diez diputados— se pronunciaron de forma unánime contra la intervención militar. El mismo día de la instalación de la Asamblea, el 5 de enero, rechazaron la acción armada y solicitaron la intervención de la ONU para restituir el derecho internacional vulnerado. Ese discurso se sostuvo en los días posteriores.
En contraste, otro sector opositor, liderado desde el exterior por María Corina Machado y Edmundo González, adoptó una postura ambigua. No celebraron abiertamente la operación, pero tampoco la condenaron. Su argumento giró en torno a la figura de Maduro: sostuvieron que no se trataba solo de un presidente legítimo, sino de una persona con acusaciones por armas, narcotráfico y conspiración, y que, por lo tanto, la acción no podía considerarse una violación del derecho internacional, sino una captura con respaldo judicial.
Sin embargo, en medio de ese tablero fragmentado, una voz introdujo un quiebre inesperado. Ricardo Hausmann, economista venezolano de prestigio internacional, residente en Estados Unidos, asesor de empresas petroleras e instituciones globales, y crítico histórico de los gobiernos de Chávez y Maduro, lanzó una declaración que resonó con fuerza. "Si Donald Trump no facilita una transición política y democrática en Venezuela, tenemos que llamar a oponernos a Donald Trump", afirmó en un reportaje al diario El País.
La frase generó tensión porque no proviene del campo revolucionario. Hausmann, identificado con posiciones de centro derecha, cuestionó abiertamente lo que describió como un tutelaje inaceptable: la idea de que Estados Unidos se arrogue el control del petróleo venezolano, decida qué se extrae, cómo y con quién se negocia, y establezca una relación de obediencia directa con el poder político local. Para él, una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra muy distinta es el respeto a la democracia.
Que esa crítica surja desde una figura influyente de la oposición tradicional añade una nueva capa de complejidad al escenario. Para Barrios, es una señal clara de que la situación venezolana sigue escapando a las categorías simples. No hay líneas rectas ni consensos absolutos. Lo que hay es un país atravesado por tensiones geopolíticas, disputas internas y una pregunta de fondo que sigue abierta: quién decide, y en nombre de qué, el futuro de Venezuela.
Durante el comienzo del juicio ilegal al presidente Maduro, tuvieron que aceptar que el Cartel de los Soles fue un invento
La presidencia interina de Delcy Rodríguez se observa hoy desde Venezuela con una mezcla de desconcierto, dudas y emociones encontradas. En un país históricamente polarizado, las reacciones no se ordenan de manera simple. Incluso dentro del propio mundo chavista o revolucionario predomina la preocupación. Barrios señala que hay algo que no termina de encajar en el relato político tradicional. "No se entiende", repite, tras conversar con dirigentes y militantes. No estaba en el guion.
La confusión atraviesa una pregunta central: si Venezuela está intervenida o no, si existe o no un tutelaje extranjero. Hace apenas días, recuerda Barrios, el discurso dominante afirmaba que el imperialismo no entraría jamás al país, que no saldría ni una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Hoy, en cambio, se habla de inversiones que superarían los 50.000 millones de barriles. Ese giro abrupto no termina de ser procesado, ni siquiera por quienes intentan analizarlo profesionalmente. "Ni nosotros mismos, ni yo mismo como periodista, lo entendemos del todo", admite.
Mientras tanto, el sector revolucionario se moviliza casi a diario. Marchas, actos y comunicados rechazan la intervención extranjera y exigen la liberación de Nicolás Maduro, con un discurso marcadamente antiimperialista. Sin embargo, ese rechazo convive con una sensación de duda profunda. En el campo opositor ocurre algo similar, aunque desde otro lugar: también hay desconcierto y desilusión. El gobierno no cayó, Maduro fue secuestrado, pero el poder político siguió funcionando. Para muchos opositores, eso resulta incomprensible y frustrante.
A esa incomodidad se suma otro elemento: la figura omnipresente de Donald Trump. Barrios recurre a una metáfora doméstica para describir el clima social. Es como si una familia estuviera en su casa y, de pronto, el vecino entrara, se instalara, decidiera qué se come, dónde se duerme y quién manda. "La gente que está adentro no entiende", resume.
Pintada en Cúcuta, Colombia
En ese escenario, el petróleo volvió al centro del debate nacional. Nuevas leyes, la reactivación de Chevron, la llegada anunciada de empresas extranjeras y la promesa de inversiones multimillonarias reconfiguraron el horizonte económico. La lectura dominante, explica Barrios, es profundamente emocional. Venezuela arrastra desde hace años una crisis política, social y económica que fracturó al país y empujó a millones a la pobreza o a la migración. En ese contexto, la expectativa de ingresos, empleo y salarios dignos actúa como un poderoso motor de esperanza.
Para amplios sectores, la ecuación es directa: más petróleo significa más inversión, más trabajo, mejores salarios y la posibilidad de que los venezolanos que emigraron puedan regresar. Personas que han sobrevivido con ingresos de tres, cinco o doce dólares mensuales imaginan un futuro donde ganar cien dólares ya representa una mejora sustancial. Esa expectativa genera entusiasmo y, muchas veces, suspende otras preguntas. No se discute de dónde viene el dinero ni bajo qué condiciones, sino la posibilidad inmediata de vivir mejor.
Pero no todos miran el proceso con el mismo optimismo. Hay sectores que advierten sobre los costos ocultos. Preocupa el aumento del extractivismo petrolero, la explotación de minerales estratégicos y tierras raras, y el impacto ambiental que tendría multiplicar la producción de crudo hasta niveles de tres o seis millones de barriles diarios. El beneficio económico, reconocen, puede ser enorme, pero también el daño ecológico. A eso se suma la inquietud por el tutelaje político y la pérdida de soberanía.
Un hombre sostiene un cartel que dice "Fuera Yanquis", mientras los manifestantes se reúnen frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México
Para Barrios, lo que está verdaderamente en juego es algo más profundo: la capacidad del pueblo venezolano de decidir. Consulta popular, elecciones, mecanismos vinculantes. Que sea la sociedad la que diga si está o no de acuerdo con el rumbo que se está tomando. El intervencionismo y el tutelaje, insiste, siguen siendo valores que generan rechazo en una parte significativa de la población.
También hay llamados a frenar la euforia económica. Algunos se preguntan si el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad. En ese marco, Barrios introduce una lectura geopolítica inevitable. Estados Unidos, sostiene, no actúa solo por Venezuela, sino por la necesidad de frenar la influencia de Rusia, China e Irán en América Latina. Venezuela y Cuba ocupan un lugar estratégico en la disputa por el nuevo orden global que intentan gestar.
Esa disputa no tendría consecuencias solo para Venezuela, sino para toda la región. En los debates públicos ya circula incluso la idea de que Venezuela podría convertirse en el "Estado 51" de Estados Unidos. Aunque legalmente esa hipótesis sea inviable, el solo hecho de que se discuta revela el clima de época. Frente a eso, comienzan a escucharse voces de resistencia, incluso desde sectores de derecha moderada, que advierten que ese no es el camino.
Entre la censura y la plaza pública: el periodismo como garante de democracia
Sostiene Barrios que la salida pasa por una definición soberana. Venezuela puede tener relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China o con quien decida, pero deben ser vínculos respetuosos de la autodeterminación, del ambiente y de las decisiones colectivas. Ese debate, subraya, no puede limitarse al ámbito nacional: involucra a toda América Latina. Le preocupa, de hecho, la ausencia de una discusión profunda y plural sobre estos temas, más allá de las posiciones a favor o en contra del gobierno de Maduro.
El pueblo venezolano ya expresó, recuerda, una opinión electoral el 28 de julio de 2024, discutida y controvertida, pero las encuestas mostraban con claridad que cerca del 80 % quería cambios. No solo un cambio de gobierno, sino cambios en el propio gobierno: más apertura, más democracia, mejor gestión económica, menos confrontación. Eso no ocurrió. Por eso, insiste Barrios, la clave sigue siendo que la sociedad pueda expresarse libremente y decidir su futuro.
Desde su lugar de periodista, su preocupación es otra capa del problema. Le inquieta que muchos de estos debates no puedan darse plenamente dentro de Venezuela. La falta de información clara alimenta la especulación. El periodismo, sostiene, necesita datos, discusión, voces diversas. Necesita que la comunicación funcione como una plaza pública donde se debatan la soberanía, la autodeterminación, los derechos humanos y la calidad democrática.
La preocupación no es abstracta. Hay periodistas detenidos, restricciones al ejercicio profesional y un espacio de libertad de expresión limitado. Buena parte del análisis crítico se produce desde fuera del país. En este contexto, Barrios cree que el periodismo tiene una responsabilidad mayor que nunca: ser preciso, riguroso, ayudar a la población a comprender lo que ocurre y no ponerse al servicio de ninguna narrativa de poder.
"No podemos estar al servicio de Trump, ni de sectores opositores enojados, ni del poder de turno", sostiene. El periodismo, para él, solo puede responder a la verdad, incluso cuando incomoda o duele. Lo que más le preocupa es que esa vocación se esté debilitando justo cuando más se la necesita.
La preocupación tiene respaldo en los hechos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió, en un comunicado reciente, la liberación inmediata de 23 periodistas y trabajadores de la comunicación que permanecen privados de libertad de manera injusta y arbitraria, como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio legítimo de su derecho a expresarse. La detención de periodistas —advierte el sindicato— no es un hecho aislado, sino una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y fomentar la autocensura, en detrimento del derecho colectivo de la sociedad a estar informada.
A este escenario se suma el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, una forma de censura estructural que reduce el pluralismo informativo y limita deliberadamente el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes. El uso de mecanismos tecnológicos y administrativos para impedir el funcionamiento de medios constituye censura previa, prohibida por la Constitución venezolana y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
La preocupación tiene respaldo en los hechos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió, en un comunicado reciente, la liberación inmediata de 23 periodistas y trabajadores de la comunicación que permanecen privados de libertad de manera injusta y arbitraria, como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio legítimo de su derecho a expresarse. La detención de periodistas —advierte el sindicato— no es un hecho aislado, sino una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y fomentar la autocensura, en detrimento del derecho colectivo de la sociedad a estar informada.
A este escenario se suma el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, una forma de censura estructural que reduce el pluralismo informativo y limita deliberadamente el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes. El uso de mecanismos tecnológicos y administrativos para impedir el funcionamiento de medios constituye censura previa, prohibida por la Constitución venezolana y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
Bio: Javier Barrios es un destacado periodista, locutor y activista de derechos humanos venezolano, reconocido por su labor en la promoción de la paz.
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Se escuchó en Señales: "¿Son ustedes conscientes de que cuando Trump dijo que Corina Machado no podía presidir Venezuela literalmente porque provocaba rechazo de su pueblo, Directamente, Estados Unidos reconocía que era mentira que Corina Machado y compañía habían ganado las elecciones en Venezuela por un setenta por ciento. ¿Son ustedes conscientes de eso?", Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya
