jueves, 30 de abril de 2026

Ganaron en tribunales, perdieron en la vida: ocho años de lucha en El Diario de Paraná

A casi ocho años de los despidos masivos en la empresa editora de El Diario de Paraná, más de ochenta ex trabajadores continúan reclamando el pago de sus indemnizaciones, pese a contar con sentencias firmes a su favor. El conflicto se remonta a mayo de 2018, cuando la firma Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) desvinculó a su personal, iniciando un prolongado proceso judicial que, hasta hoy, no ha tenido una resolución efectiva.

El periodista Jorge Riani brindó un crudo testimonio sobre la situación de los ex trabajadores de Sociedad Anónima Entre Ríos. Con una mezcla de ironía y hartazgo, utilizó la metáfora de los mundiales de fútbol para graficar el paso del tiempo sin respuestas: "Sigue girando el planeta y nosotros seguimos sin cobrar".

Recordó que el conflicto comenzó cuando los conductores del programa celebraban sus 20 años y la selección argentina disputaba el mundial de Rusia 2018, habiendo pasado ya tres citas mundialistas desde el envío de los telegramas.

Riani fue enfático al describir que para las 80 familias afectadas, el paso del tiempo no es una abstracción. Reveló que hay ex compañeros que están en una situación de vulnerabilidad extrema: "Hay gente que está comiendo en la plaza de una plaza España".

El periodista destacó que se trata de personal altamente capacitado, especialmente en el área gráfica, que no ha podido reinsertarse laboralmente.

"Hay quienes se han jubilado también hay quienes se jubilaron y quienes no se pudieron jubilar y quedaron a la puerta de la jubilación porque le faltaban años", detalló sobre el impacto previsional.

Además, subrayó el carácter trágico de la demora al señalar que algunos trabajadores han fallecido esperando su resarcimiento.

El foco en la Justicia y el juez Moya
Aunque reconoció la responsabilidad de empresarios como la familia Etchevehere, Walter Grenón, Ramiro Nieto y Gustavo Scaglione, así como de los socios políticos ligados al gobierno de Urribarri, Riani centró sus críticas actuales en el Poder Judicial.

Afirmó que, tras haber ganado los juicios con sentencia firme y ratificada, el problema radica en que no se ejecutan los pagos. El periodista apuntó directamente contra el Juzgado de Concursos y Quiebras N° 9, a cargo del doctor Ángel Luis Moya.

"Particularmente lo hago mucho más responsable al juez que ya a esta altura a los empresarios", sentenció, cuestionando la dilación del magistrado. Incluso hizo un llamado a la fe religiosa del juez: "Yo sé que él profesa la fe religiosa… esto realmente es un pecado… yo no sé si él cuando se confiesa lo declara o no".

También mencionó que existe una relación "probadísima" de generación en generación entre Moya y la familia Etchevehere.

Riani denunció un claro vaciamiento de bienes que respaldaban a la empresa en sus "años dulces", mencionando transferencias de edificios enteros mientras los empresarios salían enriquecidos y los trabajadores empobrecidos.

Cuestionó la lógica de las transacciones comerciales recientes: "¿Cómo es que se puede lograr una compra sin pagar lo que está las deudas?", se preguntó respecto a la supuesta adquisición del diario por parte de Escaglione sin resolver el pasivo laboral.

Sobre el presente de El Diario, el entrevistado describió un panorama desolador:
  • La rotativa: Una máquina que valía 250.000 dólares y se compró con un crédito que el propio Kissinger mandó a verificar a través de la embajada norteamericana, hoy se encuentra en desuso.
  • El producto: El diario ya no se imprime y lo que queda es una página web que se actualiza con poca frecuencia.
  • Contenido: Riani observó que el sitio web actual carece de producción propia y se limita a publicar gacetillas oficiales y noticias del gobierno provincial.
Próximas acciones
Ante la llegada del 18 de mayo, aniversario del despido y de lo que calificó como "impunidad sostenida en el tiempo", Riani informó que los trabajadores planean manifestarse.

"Apelamos la verdad a al juez para que haga cumplirse la propia sentencia", remarcó, mencionando que analizan realizar una protesta frente a un domicilio particular, llevando "choripanes" para visibilizar el reclamo.

Finalmente, al ser consultado sobre si cobrarán lo que corresponde, Riani se mostró escéptico debido a la inflación: "Van a pérdida… la inflación se lo come". Cerró la entrevista con una promesa a los conductores: pagará un asado para reencontrarse el día que finalmente logren cobrar sus indemnizaciones.
Fuente: Costa Paraná

miércoles, 29 de abril de 2026

Adorni pone fecha a la pulseada Telecom–Telefónica: decisión clave en 30 días

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios, en la antesala de su presentación ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. Entre otros temas, se refirió a la adquisición de Telefónica por parte de Telecom Argentina —empresa vinculada al Grupo Clarín— y señaló que la operación se encuentra en la etapa final de análisis y aún no cuenta con aprobación definitiva.

De acuerdo con la respuesta oficial, el proceso está siendo evaluado tanto desde el punto de vista regulatorio como en materia de defensa de la competencia. En ese marco, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) ya emitió su intervención técnica y recordó que cualquier cambio de control accionario en empresas del sector requiere autorización previa, además del cumplimiento de exigencias económicas, legales y técnicas.

Entre ellas, se destacan la inexistencia de deudas con el Estado, el cumplimiento de compromisos de inversión, el uso adecuado del espectro radioeléctrico y el respeto a los límites de acumulación de frecuencias. La normativa vigente también prevé sanciones que pueden llegar hasta la caducidad de licencias si se concretan transferencias sin aval oficial.

En paralelo, el Ministerio de Economía informó que ya finalizó la etapa de investigación de la operación, tras la recolección de pruebas e informes técnicos, incluido el del ENaCom. Actualmente, la Secretaría de Concentraciones Económicas se encuentra elaborando el dictamen que será elevado a la Autoridad Nacional de la Competencia para su resolución.

El marco legal contempla tres posibles escenarios: la aprobación de la operación, su autorización con condiciones o su rechazo. Según lo informado, la decisión final podría conocerse en un plazo aproximado de 30 días, en un expediente clave para la configuración del mercado de telecomunicaciones en la Argentina.

El factor político: un tuit fijado desde marzo de 2025
En paralelo al análisis técnico, el presidente Javier Milei mantiene fijado en su cuenta de X, desde marzo de 2025, un mensaje fuertemente crítico contra el Grupo Clarín y la operación.

"Clarín: la gran estafa argentina", arranca el posteo, en el que acusa al grupo de "presionar y operar a los gobiernos para obtener beneficios" y advierte sobre una supuesta estrategia para concentrar el mercado. "Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas", sostiene.

En ese tono, el mandatario plantea que una eventual aprobación implicaría una posición dominante que afectaría a los usuarios: "Tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico".

El mensaje cierra con una advertencia política: "No vamos a dejar que eso suceda".

lunes, 27 de abril de 2026

Jubilados en la calle: la dignidad como bandera en Rosario

En la intersección de Córdoba y San Martín, en pleno corazón peatonal de Rosario, la conocida "Esquina de la Dignidad" vuelve a ser escenario de una presencia insistente y persistente. Allí, donde desde hace años jubilados y jubiladas de la ciudad se reúnen como forma de visibilización y resistencia, la jornada se repite con un objetivo claro: informar, conversar y abrir un canal de diálogo con quienes transitan el centro. Integrantes de la CTA Rosario llevan adelante una actividad que busca poner en discusión la situación actual del sector, mientras sostienen banderas que, según remarcan, no son sólo simbólicas sino también políticas.

Desde ese punto de encuentro histórico, Nelvis Tocci describe en Señales el sentido de la convocatoria. Recuerda que no se trata de un nombre casual: "La Esquina de la Dignidad" fue bautizada así por la propia trayectoria de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, que durante años eligió ese mismo espacio para hacerse visible en el espacio público. Hoy, esa tradición continúa con nuevas generaciones de jubilados y jubiladas que, lejos de retirarse del debate, vuelven a instalarse en el centro de la ciudad para sostener lo que definen como una lucha por derechos.
Tocci subraya que la actividad no se limita al colectivo de jubilados, sino que busca interpelar al conjunto de la sociedad. Desde su mirada, lo que atraviesa al sector no es un problema aislado, sino una situación que impacta directamente en el tejido social. En su planteo, advierte que los jubilados y pensionados son hoy "sujetos de derecho político", y que lo que les ocurre repercute también en las familias que deben sostener, acompañar y resolver las consecuencias de una realidad económica que describe como crítica. En sus palabras, cuando el jubilado se encuentra "tan afectado, tan diezmado, tan dejado en la lona", el daño se extiende más allá del individuo.

En ese marco, la jornada reúne a trabajadores jubilados de distintas trayectorias dentro del ámbito de la CTA. Entre ellos conviven historias de origen diverso: ex trabajadores telefónicos, personal de ANSES —como la propia Tocci—, docentes, judiciales y otros sectores que, tras décadas de actividad, confluyen ahora en una misma condición. Esa heterogeneidad, lejos de diluir la identidad colectiva, refuerza el carácter multisectorial del reclamo.

Mientras reparte uno de los folletos de la jornada, Tapia señala algunos datos que buscan ordenar la discusión. Allí se detalla que en Santa Fe hay 566.720 jubilados y pensionados, y más de seis millones a nivel nacional. Pero el énfasis no está solo en la cantidad, sino en las condiciones: dentro del sistema de ANSES, la mayoría percibe haberes mínimos y una parte significativa accedió mediante moratorias. "Estos números tienen que circular", insiste, como parte de una pedagogía política que no se agota en la esquina.

La dinámica de la jornada incluye además una pregunta que funciona como disparador habitual en sus intervenciones: cómo y cuánto cambió la vida de los jubilados en los últimos meses. La respuesta, según reconstruye Tapia, es contundente. Habla de un cambio profundo e innegable, atravesado por decisiones de política económica que generan angustia, endeudamiento y múltiples formas de deterioro en la vida cotidiana. Esa transformación no se expresa únicamente en números, pero los números ayudan a dimensionarla: solo en el primer trimestre de 2026, los haberes perdieron más de un 18% de su poder adquisitivo, mientras que el congelamiento de bonos acumuló una pérdida que, en los cálculos que circulan en la jornada, supera ampliamente el millón de pesos.

El análisis del dirigente se detiene especialmente en las consecuencias sociales de ese deterioro. La salud, la alimentación y el acceso a medicamentos aparecen como los primeros indicadores de una crisis que se expande. A eso se suman situaciones de endeudamiento y tensión familiar que, según describe, atraviesan a amplios sectores de jubilados y pensionados.

En los papeles que se reparten, ese punto aparece subrayado: el sistema de salud se vuelve uno de los espacios más sensibles del ajuste. Se mencionan recortes en prestaciones, restricciones en el acceso a medicamentos y cambios en los sistemas de cobertura, tanto en PAMI como en IAPOS, que implican mayores costos directos para los afiliados. El dato que más resuena entre quienes se detienen a leer es el aumento sostenido del precio de los medicamentos, que en los últimos tiempos se multiplicó muy por encima de los ingresos.
Frente a ese panorama, la propuesta del espacio no se limita a la denuncia. Tapia plantea que el eje central de la acción es la información. Considera que sobre unos cinco millones de jubilados en el país, una gran parte desconoce en profundidad las características del sistema y las políticas económicas que inciden en su situación. Esa falta de información, sostiene, termina repercutiendo en las familias, que enfrentan las consecuencias en la vida cotidiana, ya sea en el acceso a la salud, a la medicación o incluso a la alimentación.

En ese sentido, la iniciativa en la "Esquina de la Dignidad" se propone como un espacio de debate y concientización. Allí, el intercambio con la ciudadanía se convierte en una herramienta política en sí misma, orientada a visibilizar lo que consideran una restricción progresiva de derechos. En los propios materiales que difunden aparece también una advertencia a futuro: el crecimiento del trabajo informal, la caída de aportes y las modificaciones en el sistema laboral ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional, desplazando a cada vez más personas hacia esquemas de cobertura reducida.

Mientras la actividad se desarrolla en la peatonal, entre el tránsito constante de personas y el bullicio del centro rosarino, la escena se repite como en otras jornadas: jubilados y jubiladas que sostienen la presencia en el espacio público como forma de intervención política. En esa esquina, que hace tiempo dejó de ser sólo un cruce de calles para convertirse en un símbolo, la discusión sobre el presente y el futuro del sector se mantiene abierta, en diálogo permanente con una sociedad a la que buscan interpelar sin intermediarios.

En la esquina de Córdoba y San Martín, el cruce peatonal del centro rosarino que desde hace años se volvió emblema de las luchas del sector, la actividad se despliega con la persistencia de una tradición ya consolidada. Allí, jubilados y pensionados de la CTA Rosario se reúnen una vez más para informar, conversar y disputar sentido en el espacio público, en un contexto que definen como de avasallamiento de derechos por parte del gobierno de Javier Milei.

Desde ese lugar, Nelvis Tocci explica que la intención es "militar muy fuertemente" para que los propios jubilados comprendan de qué se habla cuando se habla de su sector. En esa línea, recuerda una actividad reciente con la gente del CEPA, donde se compartieron herramientas para analizar la situación previsional. La apuesta, insiste, es formativa: transformar la experiencia cotidiana en conocimiento político.

Los números aparecen como parte central de esa construcción. En Santa Fe, detalla, hay 566.000 jubilados y pensionados, de los cuales 485.000 están cubiertos por ANSES. Dentro de ese universo, el 70% cobra la mínima y el 60% accedió mediante moratorias. Esa información, sostiene, tiene que circular más allá del espacio militante: en las familias, en los vínculos, en la conversación cotidiana, como parte de una conciencia que también se juega en el momento electoral.
En medio de la jornada, el clima cambia cuando un tema musical empieza a sonar en Aire Libre, Radio Comunitaria y la peatonal se llena de una letra que no funciona como fondo sino como relato paralelo de la situación que se describe en la esquina. La canción dice:
"Recuerdos de madrugadas y trenes al sol
y lo mejor de mis manos cansadas
y hoy me responden con represión
se me va la vida contando monedas sobre la mesa del viejo café
la jubilación llega como promesa
pero al pagar todo ya no queda nada
y qué tristeza esta jubilación
se agranda la bronca, se achica el temor
jubiladas en lucha, con nuestros derechos
unidas venceremos, nos vuelve a encontrar.
Me voy al congreso para hacerme escuchar..."
La letra no acompaña el acto: lo interpreta. Habla de monedas contadas, de promesas que no alcanzan, de una bronca que crece mientras el temor retrocede, y de la calle como destino inevitable cuando el Congreso se vuelve el último recurso de escucha. En ese cruce entre música y política, la escena se vuelve más densa: la denuncia deja de ser sólo verbal y aparece también en clave poética, casi como un resumen emocional del reclamo.

Luego, la actividad retoma su curso y Tocci presenta a Nora Levin, jubilada de empleados de comercio, que se suma al intercambio. La pregunta es la misma que atraviesa toda la jornada: cómo cambió la vida en los últimos meses.

Levin, de 82 años, responde desde la economía concreta de la vida diaria. Recuerda que hubo un tiempo en el que la jubilación alcanzaba para vivir con dignidad, entendida como alimentos, salud y algún margen de descanso. Pero describe un presente donde esa posibilidad se volvió inviable. Enumera aumentos de servicios que considera desproporcionados —facturas de luz cercanas a los 100 mil pesos, de agua alrededor de 90 mil— y cuestiona la forma en que se mide la realidad en los indicadores oficiales. Sostiene que el INDEC no refleja lo que vive una persona jubilada.

En su relato insiste en que los jubilados no son "trapos viejos", sino personas que trabajaron y aportaron durante décadas. Pero el deterioro, dice, no se limita a lo económico. También aparece en lo familiar: su hijo lleva dos años sin empleo estable, sobrevive con trabajos eventuales en un bar, y forma parte de una generación que compite en un mercado laboral saturado, donde incluso personas con formación técnica hacen filas por salarios mínimos.

Levin también trae su historia migrante. Llegó desde Paraguay hace 62 años, cuando era adolescente, y desde entonces ha atravesado distintas etapas del país. Afirma que nunca vio una situación como la actual. Desde su mirada, lo que ocurre hoy implica una forma de destrucción del Estado que no tiene antecedentes, ni siquiera en los períodos más duros de la historia argentina. Incluso en dictadura, recuerda, la gente salía a la calle.

Por eso su conclusión vuelve a la acción colectiva. Plantea que lo que está en juego es un "despertar de conciencia", porque los gobiernos —según su interpretación— temen a la gente en la calle. Menciona la represión a jubilados en protestas semanales y contrasta esa situación con otras movilizaciones masivas donde la presencia policial es distinta. La calle, dice, sigue siendo el lugar donde se disputa lo que no se escucha en otros ámbitos.
Otra mujer que se acercó a escuchar lo resumió sin vueltas: "No llegamos". Y el volante lo confirmaba con precisión: solo entre enero y marzo de 2026, los jubilados de ANSES perdieron un 18,3% de su poder adquisitivo. Otro dato circulaba de mano en mano: 1.700.000 pesos menos acumulados por bonos congelados desde 2024. La cifra generaba silencio, como si costara dimensionarla.

El impacto no es solo individual. "Esto también enfría la economía de la provincia", explicaba uno de los organizadores, mientras señalaba el texto. Cada peso que falta en un haber es un consumo que desaparece.

La conversación se volvía más tensa cuando aparecía el futuro: sin moratoria, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres no podrán jubilarse. La alternativa, les decían, sería la PUAM: un ingreso menor, equivalente al 80% de la mínima. Algunos fruncían el ceño; otros directamente negaban con la cabeza.

Para quienes están en la Caja provincial, la situación tampoco es ajena: pérdidas cercanas al 15% desde fines de 2023, con docentes entre los más afectados. "Otra vez nosotros", comentó una maestra jubilada, casi como un suspiro.

Pero si hubo un punto donde todas las charlas coincidían, fue en la salud. "Ahí es donde más duele", repetían. El PAMI aparecía en cada intercambio: recortes, menos medicamentos cubiertos, trámites más restrictivos. También el IAPOS, con más copagos y un sistema que obliga a adelantar dinero para luego intentar recuperarlo. Y un dato que atravesaba todo: el aumento de los medicamentos, que ya acumula un 394%.

Hacia el final del recorrido, el volante dejaba de describir para advertir. Más informalidad, menos aportes y cambios en el mundo del trabajo configuran un escenario que pone en riesgo al sistema previsional. "Así se vacía", decía uno de los párrafos.

La jornada no tenía solo diagnóstico. Entre quienes repartían los folletos había una convicción compartida: la organización como única respuesta posible. "La jubilación es un derecho, no un gasto", repetían, como una consigna que ya no necesita explicación. Nelvis invita a seguirlos en Instagram: ctajub.ros.

Algunos transeúntes seguían de largo. Otros se detenían, leían, preguntaban. Y en ese ida y vuelta, la escena encontraba su sentido.

En la "Esquina de la Dignidad", entre datos que buscan volverse comprensión y voces que insisten en hacerse oír, la presencia se sostiene como una forma de intervención política: la de quienes vuelven una y otra vez al mismo punto para recordar que lo que está en juego no es solo una jubilación, sino la manera en que se sostiene la vida en común.

Escuchá las notas completas:

domingo, 26 de abril de 2026

Discursos de odio, violencia de género y retrocesos del Estado: una advertencia desde la Universidad Nacional de Rosario

La titular del área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario analiza la relación entre discursos públicos, redes sociales y violencias extremas. Advierte sobre el impacto de los recortes en políticas de género, el rol de los medios y la necesidad de sostener estrategias educativas y comunitarias para prevenir la violencia machista
En los estudios de Aire Libre, Radio Comunitaria, la figura de Florencia Rovetto se recorta con la autoridad de quien lleva años investigando y gestionando políticas públicas en torno a la igualdad. Licenciada y doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, donde además se desempeña como docente e investigadora, Rovetto encabeza actualmente el área de Género y Sexualidades de la misma institución. Desde ese lugar impulsa programas que buscan no solo prevenir y abordar las violencias por razones de género, sino también formar a la comunidad académica en perspectiva de género y transversalizar estos debates en cada rincón de la universidad.

Su trabajo se articula con iniciativas institucionales como el Plan UNR Feminista y la implementación de la Ley Micaela, herramientas que considera claves para construir espacios más igualitarios. Sin embargo, el contexto reciente tensiona esos esfuerzos: el femicidio de Sophia Civarelli volvió a poner en primer plano una preocupación que, según advierte, crece con fuerza: la relación entre los discursos de odio que circulan —especialmente en redes sociales— y su traducción en violencia concreta.

Rovetto describe un escenario alarmante. Señala que en Argentina ocurre un femicidio cada 33 horas, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años pero que, en su lectura, muestra signos de recrudecimiento en el último período. Vincula este agravamiento con decisiones estatales recientes, como la reducción presupuestaria en políticas de género y el desmantelamiento de equipos especializados en acompañamiento, prevención e intervención. Para ella, estos retrocesos no son abstractos: impactan directamente en la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia.

Redes, discursos y violencia concreta
Al analizar el caso de Valentina Alzida, señalado como responsable del asesinato de Civarelli, y al ponerlo en paralelo con otros episodios recientes —como el de Pablo Rodríguez Laurta, quien asesinó a su exesposa y a su exsuegra, secuestró a su hijo y mató a un remisero durante la huida—, la investigadora observa patrones que se repiten. Habla de individuos cuyos perfiles digitales, lejos de ser un espacio separado de la realidad, funcionan como una extensión de sus prácticas y creencias. "Todo lo digital es real", sostiene, subrayando que esas identidades en linea están atravesadas por discursos de ultraderecha, expresiones homofóbicas y un fuerte antifeminismo.

En ese entramado, Rovetto advierte una conexión directa entre ciertas narrativas políticas y la legitimación de la violencia. Identifica una alineación de estos discursos con sectores que hoy encuentran eco incluso en niveles altos del poder estatal, mencionando el modo en que determinadas ideas —ligadas a corrientes como La Libertad Avanza— circulan y se refuerzan públicamente. Para la académica, no se trata de meras opiniones: esa "discursividad odiante", como la define, tiene efectos tangibles.

Lejos de quedar en el plano simbólico, esos discursos habilitan prácticas concretas que alimentan y justifican acciones violentas, profundamente machistas, homofóbicas y racistas, que luego se encarnan en quienes agreden. Así, el paso de la palabra a la acción deja de ser una excepción para convertirse en una continuidad inquietante, donde el odio expresado en redes o en espacios públicos encuentra su correlato en hechos de violencia extrema.

Para la docente, la pregunta sobre cuándo un discurso deja de ser solo palabra para convertirse en riesgo concreto tiene una respuesta incómoda: en realidad, ese umbral se cruza con mucha más facilidad de la que suele admitirse. Desde su mirada, la violencia de género nunca fue únicamente discursiva; es, ante todo, un problema estructural que atraviesa la historia social y cultural. Por eso insiste en que no puede pensarse como un fenómeno aislado ni coyuntural, sino como una trama profunda que exige respuestas igualmente estructurales, desde lo político, lo cultural y lo social.

En ese marco, advierte que el pasaje del discurso al acto no requiere largos procesos ni acumulaciones evidentes. A veces ocurre de manera casi inmediata, sin preámbulos, y encuentra ejemplos recientes que lo evidencian: el femicidio de Sophia Civarelli, el ataque a parejas lesbianas en Buenos Aires donde un vecino incendió su vivienda, o un travesticidio ocurrido en Córdoba, todos atravesados —según señala— por retóricas de odio que no se quedaron en el plano simbólico. Esos hechos refuerzan su idea de que la palabra, cuando se instala socialmente como legitimación del desprecio o la violencia, puede traducirse rápidamente en acciones extremas.

Retroceso de las agendas de género, responsabilidad discursiva y erosión del lazo social
Rovetto subraya entonces la responsabilidad que implica producir y amplificar ciertos discursos, especialmente cuando provienen de figuras públicas o de espacios de poder. Considera fundamental no solo cuestionarlos, sino también evitar que sean encarnados desde los niveles más altos del Estado, donde adquieren una capacidad de validación mucho mayor. En paralelo, observa con preocupación un retroceso en las políticas públicas destinadas a abordar la violencia de género: programas desfinanciados, agendas desplazadas y una sensación de que el tema "dejó de estar de moda". Ese repliegue, advierte, contrasta con un pasado reciente en el que se habían logrado avances significativos, tanto en la creación de espacios institucionales como en el despliegue de políticas sostenidas por recursos concretos.

En su lectura, esta suerte de "borramiento" de las agendas feministas no es inocuo. Al contrario, genera un clima propicio para reacciones violentas y refuerza un contexto social y político donde el odio encuentra menos resistencias. Ese clima, agrega, se apoya además en condiciones materiales y vinculares cada vez más frágiles: la precariedad económica se entrelaza con la precariedad de los lazos sociales, debilitando los acuerdos básicos de convivencia.

La investigadora extiende su preocupación hacia ámbitos cotidianos como las escuelas, donde emergen situaciones de amenaza y conflictividad que, a su entender, obligan a revisar el rol de los adultos en la formación de las nuevas generaciones. Se pregunta cómo se está educando a las infancias y adolescencias en un contexto donde predominan el individualismo y el aislamiento, muchas veces mediados por las redes sociales. Allí ve otra capa del problema: entornos que fomentan la fragmentación, que encierran a las personas en burbujas y que debilitan la construcción de comunidad.

Frente a esa dinámica, la especialista advierte que las reacciones suelen emerger desde el enojo, el resentimiento o la violencia, dificultando la posibilidad de construir vínculos sostenibles. Y es en ese punto donde vuelve a conectar con la idea inicial: cuando los discursos públicos —especialmente aquellos cargados de odio— se naturalizan, no solo describen una realidad, sino que la habilitan. Esa "habilitación simbólica", como la define, no es un concepto abstracto, sino una pieza clave para entender por qué ciertas violencias encuentran terreno fértil para volverse acción.
Las palabras construyen realidad y la universidad como actor clave
En la voz de Rovetto aparece una idea que atraviesa toda su reflexión: no hace falta haber pasado por las aulas de Comunicación para entender que las palabras no son inocuas. Las palabras, insiste, construyen realidades, modelan sentidos, producen mundo. Son performativas, y en esa capacidad radica también su potencia —y su peligro—. Por eso, el problema no se agota en quién gobierna o en qué políticas se implementan, sino que se expande hacia una red más amplia de responsabilidades: los medios de comunicación, las escuelas, los espacios de formación y, de manera central, la universidad.

En ese entramado, la Universidad Nacional de Rosario ocupa un lugar clave, no solo por su rol en la formación de profesionales, sino también por su capacidad de intervenir en la realidad social. Rovetto recuerda el acto realizado tras el femicidio de Sophia Civarelli, donde las críticas no se dirigieron únicamente a la justicia o a los medios, sino también a la propia universidad. Lejos de esquivarlas, decide asumirlas: reconoce que, aunque se ha avanzado mucho —con iniciativas como el Plan UNR Feminista y líneas específicas de intervención y prevención de la violencia de género—, cuando los hechos se consuman, muchas veces las instituciones llegan tarde.

Ese reconocimiento no borra, sin embargo, el camino recorrido. La universidad ha desarrollado dispositivos concretos para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia: espacios de atención en cada facultad y escuela, sistemas de visibilización y difusión, residencias estudiantiles que contemplan casos de emergencia, becas, y acompañamiento psicoterapéutico. Incluso en un contexto adverso, marcado por recortes presupuestarios y conflictos salariales, la referente del área de género subraya que esos avances no se han desmantelado. Al contrario, se sostienen como parte de una construcción colectiva impulsada, en gran medida, por los feminismos dentro de la institución.

La comparación con los años noventa, cuando ella misma era estudiante, le sirve para dimensionar ese proceso: entonces no existían protocolos de abordaje de las violencias; hoy no solo existen, sino que han sido perfeccionados a partir de la experiencia y el trabajo cotidiano. Hay equipos formados, prácticas revisadas, y una voluntad institucional de mejora constante. Sin embargo, nada de eso garantiza resultados absolutos. A veces, admite, no alcanza. Muchas personas que atraviesan situaciones de violencia no logran reconocerlas a tiempo, o no pueden pedir ayuda, y allí se revela uno de los límites más complejos de cualquier política.

Prevención de violencias y responsabilidad colectiva
De cara al futuro, Rovetto plantea la necesidad de profundizar estrategias preventivas. Propone fortalecer espacios de promotoras contra las violencias dentro del ámbito universitario: redes de compañeras, amigas y pares capaces de detectar señales tempranas, orientar y acompañar. Esas iniciativas, que ya han tenido experiencias previas, podrían ampliarse y consolidarse como herramientas clave para intervenir antes de que la violencia escale.

Pero incluso ese esfuerzo, aclara, sería insuficiente si queda encapsulado en la universidad. La responsabilidad es necesariamente colectiva. Sin políticas de Estado sostenidas y sin el compromiso activo de los medios de comunicación —capaces también de reproducir o cuestionar sentidos—, cualquier avance institucional corre el riesgo de volverse aislado. En última instancia, la disputa es por el sentido común: por qué discursos circulan, cuáles se legitiman y qué tipo de sociedad se construye a partir de ellos.

Cobertura mediática en disputa: críticas, omisiones y narrativas de la violencia de género
La escena del acto por el femicidio de Sophia Civarelli dejó una marca que, para la directora del área de Género y Sexualidades, no debería pasar inadvertida: la crítica frontal de la familia y las amigas hacia los medios de comunicación. Fue, según reconstruye, un señalamiento contundente que interpela directamente las formas en que se narran estas violencias. Sin embargo, al revisar horas más tarde los resúmenes televisivos, advierte un gesto que le resulta tan familiar como preocupante: ese cuestionamiento prácticamente había desaparecido del relato mediático, como si hubiera sido deliberadamente borrado.

Entre los reclamos más claros, uno sobresalía por su potencia simbólica: dejar de mostrar imágenes de la víctima junto a su agresor como si se tratara de una pareja feliz. En cambio, exigir que se identifique a los responsables, que se visibilice el rostro de quienes ejercen la violencia. Rovetto observa que, al menos en parte, ese pedido tuvo algún eco: por primera vez en varios informes televisivos predominaba la imagen del femicida y no la postal de la pareja. Un cambio pequeño, pero significativo dentro de una lógica mediática que durante años tendió a romantizar o confundir los vínculos.

Aun así, el problema de fondo persiste. En los primeros momentos de la cobertura —señala— reaparecieron prácticas conocidas: el sensacionalismo, la búsqueda de impacto rápido, incluso la difusión de hipótesis erróneas como la del "doble suicidio". Allí no solo ubica responsabilidades en los medios, sino también en la justicia, que en ocasiones comunica de manera prematura sin contar con pruebas suficientes. Esa circulación inicial de información imprecisa no es inocua: para la familia, implicó una forma de revictimización, y para Rovetto, evidencia un problema estructural en la manera en que se construyen estas noticias.

Lo que está en juego, explica, no es solo cómo se cuenta un caso, sino qué concepción de los vínculos y de la violencia se reproduce. Cuando los medios presentan estos hechos como conflictos de pareja o dramas íntimos, refuerzan una mirada reduccionista que invisibiliza el carácter estructural de la violencia de género. A eso se suma la persistencia de estereotipos machistas: mujeres asociadas a roles subordinados, a la domesticidad, a posiciones de inferioridad frente a los varones. Frente a ese escenario, insiste en que toda cobertura debería estar atravesada por una perspectiva de género y de derechos humanos.

Rovetto reconoce, de todos modos, que el campo mediático no es homogéneo. Existen periodistas —muchas de ellas vinculadas a movimientos como Ni Una Menos— que vienen impulsando otras formas de narrar estas violencias, más responsables y comprometidas. El problema, advierte, es que no siempre ocupan los espacios de decisión ni los lugares de mayor visibilidad. La lógica de la primicia, del impacto inmediato o del rendimiento en términos de audiencia suele imponerse sobre la reflexión y el cuidado en el tratamiento de la información.
Redes de cuidado, escucha cercana y responsabilidad compartida frente a la violencia de género
En paralelo, la conversación se desplaza hacia otro territorio igual de delicado: el rol de los entornos cercanos. Al pensar en situaciones donde amigas o compañeras detectan señales de alerta —conductas extrañas, intentos de ocultamiento, miedo o vergüenza—, Rovetto recupera una memoria generacional. Recuerda que en décadas pasadas, como los años 80 y 90, muchas mujeres atravesaban estas situaciones en silencio, intentando disimularlas incluso frente a sus círculos más próximos.

Ese silencio, sugiere, no ha desaparecido del todo, pero hoy convive con mayores herramientas para intervenir. La clave, sostiene, está en construir redes de confianza donde sea posible acompañar sin juzgar, habilitar la palabra y reconocer señales tempranas. Las amigas, las compañeras, los vínculos cotidianos pueden cumplir un rol decisivo, siempre que exista información, sensibilidad y compromiso —una disposición activa a no mirar hacia otro lado—. No se trata de invadir ni de forzar, sino de estar presentes, de ofrecer escucha y de acercar recursos cuando alguien no puede, por miedo o vergüenza, pedir ayuda por sí misma.

En esa trama, vuelve a aparecer la idea que atraviesa toda su reflexión: ninguna intervención aislada alcanza. Ni los medios, ni la justicia, ni la universidad, ni los vínculos cercanos pueden, por sí solos, desarmar un problema que es estructural. Pero cada uno de esos espacios, en su propia escala, tiene la capacidad —y la responsabilidad— de no reforzarlo.

En la reconstrucción que hace Florencia Rovetto, los avances y retrocesos en torno a la violencia de género conviven en una tensión constante. Reconoce que, especialmente a partir de la irrupción de Ni Una Menos, se produjo un cambio profundo en la conciencia social: la violencia dejó de percibirse como un asunto privado para entenderse como un problema estructural. Esa transformación marcó a una generación que hoy transita la adultez con otras herramientas y lenguajes. Sin embargo, advierte que en los últimos años esa conciencia parece haber sufrido un retroceso, erosionada por nuevos climas políticos y discursivos.

Rosario, redes de cuidado y el desafío de sostener la prevención frente al clima de retroceso en políticas de género
En ese mapa más amplio, la ciudad de Rosario aparece como un territorio particular: un espacio donde el movimiento feminista y de la diversidad mantiene una fuerte presencia, y donde todavía existen instituciones y organizaciones que alojan, escuchan y acompañan. Rovetto destaca la importancia de esa red, que no se limita a lo militante sino que también incluye infraestructura pública, como los centros territoriales de denuncia y los espacios de acceso a la justicia, distribuidos en los distintos distritos, donde es posible realizar consultas o formalizar denuncias.

Pero incluso con esos recursos, la sensación es ambivalente. Lo que alguna vez pareció un proceso de avance sostenido hoy se percibe, en parte, como un terreno que obliga a recomenzar. Rovetto vincula ese retroceso con un clima antifeminista que no solo impacta en las políticas públicas, sino también en la discursividad social, reinstalando sentidos que se creían en disputa. En ese contexto, insiste en que la respuesta no puede limitarse a dispositivos de atención o a la reacción frente a los hechos consumados: debe reforzarse el trabajo preventivo y cultural.

Allí la escuela ocupa un lugar estratégico. Desde las infancias —plantea— es posible empezar a cuestionar cómo se construyen los vínculos: los noviazgos, las amistades, las relaciones sexoafectivas. La Educación Sexual Integral, entendida en su sentido más amplio, aparece como una herramienta central no solo para abordar contenidos biológicos, sino para trabajar la convivencia, los lazos y las desigualdades. Cuando se implementa de manera integral, señala, su impacto trasciende el aula y alcanza también a las familias, generando conversaciones y revisiones que de otro modo no tendrían lugar.

En ese proceso, hay un punto que considera clave: desarmar las complicidades machistas que se construyen desde edades tempranas. Esas complicidades —que muchas veces se refuerzan en espacios como las redes sociales— sostienen prácticas y discursos violentos, y encuentran pocas resistencias dentro de los propios grupos de varones. La ausencia de interpelación entre pares, donde alguien pueda señalar que un comentario o una actitud no está bien, es parte del problema. Por eso, insiste, esa deconstrucción debe comenzar en la infancia.

ESI en disputa: recortes, redes sociales y el desafío de transformar la matriz cultural de la desigualdad
Sin embargo, también en este terreno identifica retrocesos. La Educación Sexual Integral ha sufrido recortes presupuestarios tanto a nivel nacional como provincial, debilitando su alcance en un momento en que, paradójicamente, se vuelve más necesaria. Rovetto conecta esta situación con un fenómeno más amplio: la exposición temprana y muchas veces desregulada a contenidos en redes sociales, donde circulan de forma masiva estereotipos de género, mandatos y violencias. Menciona incluso que en algunos países europeos se han comenzado a implementar regulaciones sobre el uso de redes en infancias y adolescencias, en respuesta a la crudeza de esos contenidos.

En ese cruce entre escuela, redes y cultura, se juega una disputa de fondo. Para Rovetto, la violencia de género no puede entenderse sin esa "matriz cultural" que la sostiene: un entramado de valores, prácticas y discursos donde el patriarcado, el machismo y la misoginia siguen teniendo presencia. Transformar esa matriz implica intervenir en todos los ámbitos posibles, pero especialmente en aquellos que todavía conservan una fuerte capacidad de socialización, como la escuela.

La apuesta, en definitiva, es doble: aprender nuevas formas de vincularse y, al mismo tiempo, desaprender aquellas que se incorporaron casi sin advertirlo. Porque, como advierte, muchas de las violencias que hoy se manifiestan no surgen de la nada, sino de aprendizajes cotidianos, naturalizados, que siguen reproduciendo desigualdades entre varones y mujeres. Desarmarlos es, quizás, una de las tareas más complejas, pero también más urgentes.

En la mirada de Florencia Rovetto, la desigualdad de género no es un fenómeno abstracto, sino una estructura profundamente arraigada que ordena la vida social a partir de jerarquías. En esa lógica, todo lo asociado a lo femenino queda relegado a un lugar de inferioridad, cosificación o explotación. Es una matriz que atraviesa prácticas cotidianas y modos de vincularse, y que —advierte— solo puede desmontarse si se interviene desde múltiples frentes. Entre ellos, la escuela, las familias y los espacios de formación aparecen como actores centrales, capaces de reconocer en la Educación Sexual Integral una herramienta clave para construir relaciones más sanas, solidarias e igualitarias.

Pero esa transformación no puede pensarse sin incluir a quienes históricamente ocuparon posiciones de privilegio dentro de esa estructura. Rovetto pone el foco en los varones, especialmente en los jóvenes atravesados por discursos antifeministas, y señala que allí hay un desafío urgente. En el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, se han desarrollado experiencias concretas en esa dirección: espacios de trabajo con varones que, a partir de denuncias o consultas en el marco de protocolos institucionales, son convocados a procesos de reflexión e interpelación. Acompañados por profesionales de la psicología que trabajan sobre masculinidades, esos dispositivos buscan que quienes participan revisen sus prácticas, cuestionen sus creencias y comiencen a desarmar formas de socialización machista profundamente naturalizadas.

Pese a ello, ese tipo de iniciativas aún no tiene un desarrollo equivalente en otros niveles educativos. Rovetto plantea la necesidad de que las políticas públicas, especialmente desde los ministerios de educación, asuman también esta tarea: generar espacios específicos para trabajar con varones, promover instancias de diálogo y habilitar procesos de cambio que muchas veces solo pueden darse entre pares. Romper la complicidad machista —dice— implica también que sean otros varones quienes puedan señalar límites, cuestionar conductas y abrir conversaciones incómodas pero necesarias.

Varones en tensión: privilegios, malestar y desafíos de transformación cultural
El problema, insiste, no se agota en las instituciones. En el ámbito familiar, las formas de crianza siguen reproduciendo diferencias desde edades tempranas: modos distintos de educar a niñas y niños, permisos implícitos, privilegios naturalizados. Esos privilegios —como el acceso al tiempo, al cuerpo o a la disponibilidad de las mujeres— suelen ser invisibles para quienes los ejercen, y por eso mismo requieren ser puestos en evidencia. Incluso los silencios, advierte, pueden funcionar como una forma de habilitación.

En este escenario, Rovetto identifica un fenómeno creciente: la emergencia de "varones enojados". Se trata de hombres que, frente al avance de los feminismos —impulsado en gran parte por movimientos como Ni Una Menos y por debates como el del aborto legal—, perciben una pérdida de privilegios y una alteración de su lugar en el mundo. Muchos de ellos, señala, no encontraron interlocutores ni espacios donde procesar esos cambios, y ese malestar se traduce en discursos antifeministas y, en algunos casos, de odio.

Para Rovetto, ignorar ese fenómeno no es una opción. A esos varones hay que hablarles, trabajar con ellos, generar condiciones para que puedan revisar lo aprendido y construir otras formas de relación. No todos quedaron al margen —reconoce—: hubo quienes se sumaron activamente a las luchas feministas. Pero una parte significativa transitó estos cambios en soledad, con desconcierto o rechazo, sin herramientas para reelaborar su posición.

En el fondo, lo que se juega es una disputa cultural de gran escala. El avance de las mujeres —especialmente de las más jóvenes— en términos de derechos, autonomía y conciencia crítica no siempre encontró un correlato en procesos de transformación equivalentes en los varones. Esa asimetría, sugiere Rovetto, ayuda a explicar parte de las tensiones actuales. Y es allí donde vuelve a aparecer la necesidad de intervenir: no solo para acompañar a quienes padecen la violencia, sino también para transformar las condiciones que la hacen posible.
Pandemia, discursos de odio y retrocesos en políticas de género
En el tramo final de su análisis, Florencia Rovetto suma otra capa para entender el presente: el impacto de la pandemia. El aislamiento, señala, no solo profundizó la soledad sino que también intensificó la exposición a discursos que legitiman la violencia en redes sociales. Ese escenario, combinado con un clima político atravesado por retóricas antifeministas —que identifica en figuras como Javier Milei, Lilia Lemoine y Patricia Bullrich—, generó condiciones para lo que define como una reacción patriarcal. En su lectura, ese proceso no solo reforzó posiciones previas, sino que en muchos casos derivó en expresiones más radicalizadas y violentas.

Rovetto remarca que ese cruce entre aislamiento, redes sociales y discursos legitimados desde espacios de poder tuvo efectos concretos, especialmente en varones jóvenes que encontraron allí formas de reafirmar identidades y resentimientos. Frente a eso, insiste en la necesidad de volver a pensar estrategias de intervención: desaprender prácticas, construir masculinidades menos violentas y habilitar formas de convivencia donde la igualdad no sea percibida como amenaza. En esa tarea, vuelve a ubicar a la escuela, los medios y la universidad como actores clave.

Sin embargo, cuando se le plantea dónde están hoy las mayores fallas como sociedad, su respuesta se vuelve más directa y política. Señala al actual gobierno como un factor central de deterioro, al que describe como insensible frente a las consecuencias de sus decisiones. Menciona los recortes en políticas de bienestar, en derechos humanos y en programas vinculados a la violencia de género, y vincula esas medidas con un contexto donde los femicidios continúan en aumento. Para Rovetto, no se trata solo de números, sino de una orientación general que desarticula redes de contención y debilita la capacidad del Estado para intervenir.

En ese marco, también cuestiona la dinámica que se impone desde la agenda pública: una lógica que obliga a reaccionar permanentemente frente a iniciativas que, desde su perspectiva, implican retrocesos en derechos. Como ejemplo, menciona el proyecto impulsado por Carolina Losada sobre falsas denuncias, al que considera especialmente problemático. Señala que ya existen figuras en el Código Penal para esos casos, y que endurecerlas específicamente en materia de género —incluyendo situaciones que involucran a infancias víctimas de abuso— puede generar efectos dañinos, desalentando denuncias y profundizando la vulnerabilidad de quienes ya atraviesan situaciones críticas.

Esa disputa por la agenda, explica, desplaza energías que podrían destinarse a ampliar derechos o mejorar condiciones de vida. En lugar de avanzar, muchas veces se ven obligados a defender conquistas previas. Aun así, Rovetto insiste en la necesidad de sostener la reflexión colectiva: preguntarse qué tipo de sociedad se está construyendo y qué horizonte se proyecta para las nuevas generaciones.

En su cierre, la advertencia es clara: sin una toma de conciencia social más amplia, los retrocesos pueden profundizarse. La salida, sugiere, no depende únicamente de las instituciones o de quienes ocupan cargos de responsabilidad, sino de una respuesta colectiva capaz de poner límites y reorientar el rumbo. Porque, en definitiva, lo que está en juego no es solo una agenda política, sino las condiciones mismas de convivencia social.

Redes de cuidado, protocolos y prevención de la violencia en la vida cotidiana
La voz de Florencia Rovetto vuelve sobre una preocupación concreta, casi urgente: qué hacer cuando la sospecha de una situación de violencia aparece en el entorno cercano. Ya no en el plano abstracto, sino en la vida cotidiana, entre compañeras, amigas o grupos que perciben que algo no está bien, aunque no siempre puedan nombrarlo con claridad.

En ese terreno, la primera clave es no mirar hacia otro lado. Rovetto insiste en que, si la situación se da dentro de la Universidad Nacional de Rosario, existen herramientas institucionales activas que pueden y deben ser utilizadas. Cada unidad académica —facultades y escuelas— cuenta con espacios de atención en el marco de los protocolos de abordaje de las violencias, integrados por equipos capacitados para recibir consultas, orientar y acompañar. El acceso a estos dispositivos está sistematizado también en la web institucional, dentro del área de género y sexualidades, donde se detallan contactos, horarios y modalidades de atención. Para Rovetto, ese es el camino más inmediato y efectivo ante una situación de alerta.

Pero no es el único. También señala la importancia de los espacios colectivos dentro de la universidad: organizaciones estudiantiles, agrupaciones políticas y secretarías de género que, en muchas facultades, funcionan como puntos de referencia cercanos y accesibles. Allí circula información, se construyen redes y, muchas veces, se generan los primeros acercamientos cuando alguien no sabe cómo dar el paso inicial.

Más allá de la respuesta puntual, Rovetto vuelve a poner el acento en la prevención y en la construcción de comunidad. Desde el área que dirige se impulsan de manera constante iniciativas orientadas a formar "promotoras contra las violencias": estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que puedan detectar señales tempranas, acompañar y orientar a otras personas. Recuerda especialmente una de esas experiencias, el ciclo "Mil Micaelas", en homenaje a Micaela García, cuyo caso dio origen a la Ley Micaela. Esa ley —subraya— sigue siendo una herramienta fundamental, aunque hoy enfrente recortes y dificultades en su implementación.

En el fondo, lo que propone Rovetto es construir una red donde la detección no dependa únicamente de especialistas, sino también de los vínculos cotidianos. Que sean las propias comunidades —amigas, compañeras, pares— las que puedan advertir, contener y activar los recursos disponibles. Porque, como deja entrever a lo largo de toda su intervención, la violencia de género no irrumpe de un momento a otro sin señales previas: muchas veces se manifiesta en gestos, silencios o cambios que, si encuentran escucha y acompañamiento, pueden abrir la puerta a una intervención a tiempo.

Escuchá la entrevista completa:

sábado, 25 de abril de 2026

La otra escena del femicidio: cuando informar también es violencia

La foto del femicida, acompañado por Sophia, fue publicada por muchos medios, en este caso fue editada 

El femicidio de Sophia Civarelli reabrió el debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación: familiares, amigas y organizaciones denunciaron que la desinformación, la especulación y el tratamiento del caso también construyen violencia.

Mientras ese primer relato todavía circulaba, la investigación empezaba a aportar datos decisivos. En las horas siguientes se conocieron los resultados de la autopsia: el informe del Ministerio Público de la Acusación confirmó que Sophia Civarelli murió como consecuencia de una herida punzante en el cuello, lo que descartó de plano la hipótesis de un suicidio.

De acuerdo con los peritos, el ataque ocurrió el jueves 16 de abril por la tarde. El cuerpo fue hallado en la madrugada del viernes en el departamento de 3 de Febrero al 2400, en Rosario, donde vivía con su pareja. Al momento del hallazgo, los especialistas estimaron que llevaba entre 10 y 15 horas sin vida.

El principal sospechoso es su pareja, Valentín Alcida. Según la reconstrucción de los investigadores, permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del viernes. Luego se dirigió a la casa de una amiga, también sobre calle 3 de Febrero pero al 1100, donde se arrojó desde altura.

La noticia apareció primero como tantas otras: un título urgente, un corte de calle, una hipótesis en construcción. Una joven muerta en un departamento del macrocentro de Rosario. Un cuerpo con una herida en el cuello. Una pareja que, en paralelo, caía al vacío. La etiqueta inicial fue "muerte dudosa". Después, "posible doble suicidio".
Pero mientras la información aún circulaba incompleta, algo más empezaba a tomar forma: un relato mediático apurado, cargado de conjeturas, que sería fuertemente cuestionado pocas horas después. En ese mismo clima, la fiscal del caso convocó una conferencia de prensa y evitó hablar de femicidio: lo encuadró como una "muerte dudosa".

Con el correr del día, la investigación empezó a ordenar los hechos en otra dirección: femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, para entonces, muchas de las versiones iniciales ya habían sido instaladas.

Una semana después del hecho, en la plaza 25 de Mayo, frente a familiares, amigas y organizaciones, la discusión dejó de ser solo judicial. Se volvió también pública y política: cómo se cuenta la violencia.

El principal pedido explícito fue a los medios: "Les pedimos algo básico, pero urgente: ética, verdad y responsabilidad", dijeron desde el documento leído por el entorno de la víctima. La frase no fue un pedido aislado, sino una acusación directa. "Se intentó instalar un relato que no era cierto", agregaron. Y señalaron algo más grave: "Aun cuando la Fiscalía confirmó que se trató de un femicidio, los medios continuaron poniéndolo en tela de juicio".

Para quienes tomaron la palabra, esto no constituye un hecho aislado, sino parte de un problema estructural: "Estas maniobras no son hechos aislados. Forman parte de prácticas que invisibilizan la violencia y obstaculizan el acceso a la verdad". 
La crítica también alcanzó el modo en que los medios narran estos hechos. Retomando la idea de la "pedagogía de la crueldad", señalaron: "Una forma en la que aprendemos, muchas veces desde los medios, a mirar el dolor con distancia, a volverlo espectáculo, a vaciarlo de humanidad". Frente a esto, insistieron: "Que la repetición en bucle de la violencia no la vuelva normal" y reclamaron nuevamente que "quienes comunican lo hagan con respeto y responsabilidad".

El cuestionamiento se volvió aún más concreto y doloroso en la voz de la madre de la víctima, Natalia, quien expresó: "No quería dejar de mostrar mi disconformidad en la forma de informar de los medios". Su crítica apuntó directamente al tratamiento visual: "Al abrir una nota y ver a mi hija junto a la persona que le quitó la vida", dijo, evidenciando el impacto que esa decisión editorial tiene en las familias. Y subrayó: "Ahí, cuando ya se había confirmado desde un principio que era femicidio. La cara de mi hija no es la que tiene que ser visible. Es la cara del asesino".

En la misma línea, la hermana de Sophia realizó un descargo contundente, en el que señaló: "Por el mal manejo de algunos medios periodísticos". Su señalamiento apuntó a la lógica de la primicia por sobre la responsabilidad: "Por tener una primicia, se olvidan de la noticia y de la víctima. Se olvidan del respeto y sobre todo del dolor de la familia".

Además, denunció la rapidez con la que se construyen versiones sin sustento: "A pocas horas de que todo esto saliera a la luz, ya estaban con sus hipótesis, sus opiniones y lo peor, con las fotos". Esa práctica, explicó, tuvo consecuencias directas: "Mucha gente de mi familia se enteró por los medios". Y agregó una imagen que resume el impacto emocional de esa cobertura: "No podían ni abrir las redes… soportar ver la cara de mi hermana junto a su asesino".

Y sintetizó la crítica en una frase que condensa el conflicto: "Por tener una primicia, se olvidan de la noticia y de la víctima".
La crítica se detiene en un punto incómodo: la violencia no se limita al suceso, también se produce en su circulación. "La violencia no empieza ni termina en el hecho; también se construye en el silencio, la desinformación y la negligencia mediática".

En ese marco, aparece otra dimensión: la forma en que los medios narran el dolor. "Una forma en la que aprendemos, muchas veces desde los medios, a mirar el dolor con distancia, a volverlo espectáculo, a vaciarlo de humanidad", señalaron. Y advirtieron sobre un efecto más profundo: "Que la repetición en bucle de la violencia no la vuelva normal".

La madre de la joven llevó esa crítica al terreno más concreto: la imagen. "No quería dejar de mostrar mi disconformidad en la forma de informar de los medios", dijo. Y puso en palabras una escena que se repitió en portales y redes: "Al abrir una nota y ver a mi hija junto a la persona que le quitó la vida".

Para ella, el problema no fue solo informativo, sino simbólico: "La cara de mi hija no es la que tiene que ser visible. Es la cara del asesino…".
El señalamiento incluye tiempos y procedimientos: "A pocas horas de que todo esto saliera a la luz, ya estaban con sus hipótesis, sus opiniones y lo peor, con las fotos".

En ese punto, la crónica deja de moverse únicamente en el terreno de los hechos y entra en otro: el de las responsabilidades. No solo qué pasó, sino cómo se cuenta lo que pasó.

Porque si algo quedó expuesto en la 25 de Mayo es que la cobertura también puede ser una forma de violencia. No necesariamente por lo que dice, sino por cómo lo dice, cuándo lo dice y qué se decide mostrar.

Entre la "muerte dudosa" de las primeras horas y la confirmación del femicidio, hay un recorrido que no es solo judicial. Es también mediático. Y en ese trayecto —marcado por la prisa, la especulación y la falta de cuidado— se juega otra disputa: la del sentido.

Nombrar bien, en estos casos, no es un detalle. Es una forma de justicia.

Claudia Piñeiro denuncia que Milei 'incita a odiar a los periodistas'

La novelista Claudia Piñeiro habla durante una entrevista con EFE en el marco del Congreso Internacional de Escritores este viernes, en Caguas (Puerto Rico). Advierte que Milei "está llamando a la población a que odie más a los periodistas, todos los días tiene frases denigrantes contra algún periodista con nombre y apellido". Piñeiro explica que el periodismo es un tema recurrente en sus novelas porque "es algo que tenemos que defender" en todo el mundo y con énfasis en su país, donde el Gobierno de Javier Milei esta semana bloqueó el acceso a la prensa acreditada a la Casa Rosada
Por: Esther Alaejos
La escritora Claudia Piñeiro explica que el periodismo es un tema recurrente en sus novelas porque "es algo que tenemos que defender" en todo el mundo y con énfasis en su país, donde el Gobierno de Javier Milei esta semana bloqueó el acceso a la prensa acreditada a la Casa Rosada.

"El Gobierno diría que al sector que más ataca es al periodismo. Nuestro presidente casi todos los días cuando empieza a postear en Twitter (la actual red social X) pone una sigla que es N.O.L.S.A.L.P, que quiere decir: No odiamos lo suficiente a los periodistas", expone Piñeiro en una entrevista en el Congreso Internacional de Escritores de Caguas, en la región montañosa central de Puerto Rico.

A sus 66 años, la autora de 'La muerte ajena', su última novela, que tiene como protagonista a la periodista Verónica Balda, confiesa que tiene gran cantidad de amigos 'plumillas' porque le "atrae muchísimo" la profesión periodística y aboga por la defensa de la libertad de prensa que Milei tiene en el punto de mira.

"Está llamando a la población a que odie más a los periodistas, todos los días tiene frases denigrantes contra algún periodista con nombre y apellido", lamenta Piñeiro, que colabora en una emisora de radio y en la revista 'Cenital'.

A su juicio, "hay que tener una responsabilidad sobre el discurso público y democrático que evidentemente el presidente no la tiene; él sabrá por qué lo hace y qué beneficios le trae".
La realidad está en juego

La escritora de éxitos como 'Las viudas de los jueves', 'Betibú' o 'Catedrales' adelanta que su próximo libro, que se publicará en octubre, no tendrá el periodismo como protagonista de la trama, pero asegura que volverá a tratar el tema en sus relatos porque es "muy importante" y necesaria la información contrastada y fidedigna.

Para la guionista, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología ponen en jaque la verdad que "no se sabe dónde está" y este es otro asunto que plasma mediante otro de sus personajes, porque, según explica, ellos son sus contemporáneos y se encuentran con los mismos problemas que la atañen a ella y a sus allegados.
Para escribir hay que leer

La dramaturga, oriunda de la ciudad de Burzaco, en Buenos Aires, estudió Ciencias Económicas porque en la dictadura en la que creció tras la asonada militar que impuso el teniente Jorge Rafael Videla hace 50 años, era "muy complicado" estudiar sociología y empezó su trayectoria como novelista por un anuncio de un concurso literario de Tusquets Editores.

La literata asevera que para escribir bien antes hay que leer, realizar "muchísimo trabajo" de investigación, tener paciencia para "reposar, pensar y corregir" el texto, y tener "un poquito de talento".

"En la escritura piensan que los escritores son alguien que reciben una inspiración como si fuera un don que llega de algún lado y que la inspiración hace que escribís un libro. Y la verdad que el libro es mayormente trabajo, mucho trabajo de investigación, de trabajo con la lengua, de trabajo con la composición de los personajes", precisa.
Piñeiro ha sido condecorada con el Premio Clarín de Novela, el Premio Rosalía de Castro del PEN, el Premio LiBeraturpreis, el galardón Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra, el Sor Juana Inés de la Cruz, el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón y fue finalista del prestigioso International Booker Prize en 2022.

Además, en 2021 estrenó en Netflix la serie 'El Reino', creada junto a Marcelo Piñeyro y recibió el premio Platino a Mejores Creadores de Series.
Fotos: Thais Llorca, Agencia EFE
Fuente: Agencia EFE

jueves, 23 de abril de 2026

Censura en la Casa Rosada: el gobierno de Javier Milei bloquea a la prensa y profundiza el cerco informativo

Tras impedir el ingreso de periodistas acreditados, la administración de Javier Milei suma un nuevo capítulo de tensión con el periodismo. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Foro de Periodismo Argentino advierten sobre un deterioro en las condiciones para informar y un impacto directo en el derecho ciudadano a conocer la actividad del poder

La decisión del gobierno de Javier Milei de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada no puede leerse como un hecho aislado ni como una medida administrativa menor. Se inscribe, más bien, en una secuencia cada vez más preocupante de acciones que tensionan —y en algunos casos vulneran— el ejercicio del periodismo y el derecho a la información.

El primer pronunciamiento llegó desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que denunció la medida como "otro impotente y desesperado intento de silenciar a la prensa". Según el gremio, el Gobierno bloqueó el acceso de periodistas acreditados bajo la excusa de un presunto caso de espionaje, en lo que consideran un nuevo episodio de hostigamiento al periodismo. El comunicado no se limita a este hecho puntual: lo vincula con una escalada que incluye descalificaciones públicas, presiones laborales y agresiones a trabajadores de prensa en el marco de coberturas.

En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino expresó su rechazo y advirtió sobre la gravedad institucional de la decisión. Impedir el acceso a la Casa Rosada —señalan— altera las condiciones básicas para la cobertura del Poder Ejecutivo y afecta directamente el derecho de la ciudadanía a informarse sobre los actos de gobierno.

La explicación oficial, vinculada a una denuncia de la Casa Militar tras la difusión de imágenes en Todo Noticias, no logra justificar el alcance generalizado de la medida. En lugar de investigar responsabilidades concretas, se optó por restringir el acceso a todos los periodistas acreditados, una respuesta desproporcionada que refuerza la percepción de un intento de disciplinamiento.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, la medida se suma a un clima creciente de confrontación entre el Gobierno y la prensa. En ese contexto, limitar el acceso, desacreditar a los medios y tensionar el vínculo con el periodismo no solo afecta a quienes ejercen la profesión, sino que debilita un principio central de cualquier sistema democrático: el derecho de la sociedad a saber.

Los acreditados dicen:
Desde esta mañana, por una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, los periodistas acreditados en Casa Rosada tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado. La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía.

Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa.
Periodistas Acreditados de Casa Rosada.

Cuando la violencia entra al aula: el desafío de informar sin amplificar

En los últimos días, una escalada de amenazas de violencia en el ámbito escolar —expresadas a través de pintadas, mensajes intimidatorios y, en algunos casos, la circulación de réplicas de armas— encendió alarmas en todo el país. La cobertura mediática, reflejada en las tapas de los diarios impresos y digitales, en señales de noticias y en programas radiales, amplificó tanto los hechos como la inquietud social a partir de crónicas, imágenes y testimonios.

A este escenario se suma la creciente preocupación de docentes y equipos directivos, que muchas veces deben afrontar en soledad situaciones complejas y episodios de extrema gravedad que conmocionan a las comunidades educativas. Tal es el caso de la Escuela Normal Mariano Moreno, en la ciudad de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado y abrió fuego, con consecuencias fatales y varios estudiantes heridos.

Estos acontecimientos abren interrogantes sobre la verdadera magnitud del problema y la necesidad de construir diagnósticos precisos. Distintos estudios advierten que la violencia escolar no puede reducirse a factores individuales o aislados, sino que debe analizarse en relación con el clima institucional, las dinámicas de conflicto y los contextos sociales más amplios. En ese marco, también resulta clave revisar cómo se nombra y se representa el fenómeno, dado que el concepto de violencia en el ámbito educativo continúa siendo complejo.En este contexto, y ante múltiples consultas del ámbito periodístico, Cynthia Ottaviano, primera Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, elaboró una serie de recomendaciones orientadas a promover una cobertura responsable de los hechos de violencia en las escuelas:
  • Asumir la responsabilidad social y la función de servicio del periodismo profesional.
  • Evitar la difusión de detalles sobre la modalidad de los hechos que puedan generar un efecto contagio.
  • Incluir diversidad de fuentes, especialmente especialistas, para favorecer un abordaje interdisciplinario.
  • Contribuir a la difusión de protocolos específicos de actuación.
  • Considerar que las noticias también son consumidas por niñeces y juventudes, evitando su adultización.
  • Priorizar la información por sobre el impacto o el morbo, evitando reiteraciones innecesarias de imágenes y conceptos.
  • Incorporar las voces de múltiples actores —estudiantes, comunidades educativas, familias, autoridades y plataformas digitales— para prevenir la reproducción de mensajes violentos y fortalecer entornos de cuidado.
  • Evitar la repetición acrítica de información proveniente de otros medios.
  • Atender a la construcción integral de la noticia, incluyendo recursos audiovisuales como música, efectos y elementos gráficos.
En un escenario atravesado por la incertidumbre y la preocupación social, la forma en que se informa también construye sentido: puede contribuir a dimensionar el problema con responsabilidad o, por el contrario, amplificar sus efectos.

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