viernes, 18 de julio de 2025

PáginaI12 incumple el acuerdo paritario y aplica aumentos discrecionales

Las trabajadoras y los trabajadores de PáginaI12 denunciamos que la empresa incumplió el acuerdo paritario firmado el pasado 10 de junio entre las cámaras empresarias del sector y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) tras 19 audiencias en la Secretaría de Trabajo.

A pesar de haber participado de esa negociación como parte de la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Buenos Aires (AEDBA) —de la que además forma parte de su conducción—, la empresa no abonó los salarios de junio según lo pactado. En su lugar, otorgó un aumento unilateral, inferior al acordado, a cuenta de futuros incrementos.

Además, volvió a aplicar descuentos por medidas de fuerza y reincidió en prácticas de discriminación gremial, al otorgar aumentos diferenciados a sectores del personal que no participan de las decisiones colectivas. Esta política, ya conocida por quienes trabajamos en PáginaI12, profundiza la brecha entre trabajadores que realizan las mismas tareas.

En una reciente reunión mantenida entre la Comisión Interna y representantes de la empresa, la patronal reconoció que, una vez transcurridos 30 días desde la firma del acuerdo, este se homologa de hecho. Por lo tanto, ya estarían en condiciones de aplicar y pagar lo adeudado.

Mientras tanto, hemos presentado un nuevo escrito en la Secretaría de Trabajo para denunciar estas prácticas antisindicales por parte del Grupo Octubre, que sostiene un esquema salarial desigual y discriminatorio dentro de la redacción.

En la última asamblea, realizada el martes pasado, las y los trabajadores resolvimos mantenernos en estado de alerta, con cuarto intermedio hasta la fecha de cobro del próximo salario.

Reiteramos también la difusión de nuestro fondo de lucha, que permite enfrentar los descuentos sufridos por ejercer nuestro derecho a la protesta. Toda colaboración, por pequeña que sea, nos ayuda a sostener el reclamo. Alias: fondodeluchap12
Comisión Interna de PáginaI12 – SiPreBA

jueves, 17 de julio de 2025

Por qué decenas de periodistas y líderes de derechos humanos huyen de El Salvador

La abogada de derechos humanos Ruth Eleonora López sostiene una Biblia mientras la policía la escolta fuera de una audiencia judicial en San Salvador el 4 de junio. Grupos de derechos humanos dicen que se le niega el derecho a un juicio justo.

Uno de los grupos de derechos humanos más prominentes de El Salvador, Cristosal, anunció que había suspendido sus operaciones en el país y que casi dos docenas de sus empleados se habían ido. Un centenar de activistas, periodistas y otros críticos del gobierno se han exiliado después de que el presidente Nayib Bukele comenzara a arrestar a los críticos.
Por: Kate Linthicum, corresponsal en México
Han huido a Guatemala, México, Costa Rica y España. La mayoría se fue a toda prisa con pocas posesiones, sin saber cuándo, o si, podrían regresar a casa.

Mientras El Salvador reprime la disidencia y encarcela a los críticos del presidente Nayib Bukele, multitudes de activistas de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil abandonan el país por miedo.

Más de 100 personas han huido en los últimos meses, el mayor éxodo de exiliados políticos desde la sangrienta guerra civil del país. Eso pone a El Salvador en compañía de otras naciones autoritarias de América Latina, como Nicaragua y Venezuela, donde la disidencia ha sido criminalizada y los críticos eligen entre la cárcel y el exilio.

El jueves, uno de los grupos de derechos humanos más prominentes de El Salvador se unió al vuelo. Cristosal, fundada en 2000 por líderes de la Iglesia Episcopal, anunció que había suspendido sus operaciones en el país, y que casi dos docenas de sus empleados se habían ido.
No podemos ayudar a nadie si todos estamos en la cárcel
Noah Bullock, director del grupo de derechos civiles Cristosal
Cristosal ha sido una espina en el costado de Bukele, un populista carismático que ha adoptado tácticas de hombre fuerte, y que se ha envalentonado por su estrecha alianza con el presidente Trump.

El grupo criticó la candidatura inconstitucional de Bukele para un segundo mandato presidencial el año pasado. Ha criticado la actual suspensión de las libertades civiles en El Salvador como parte de la amplia ofensiva de Bukele contra las pandillas, y ha proporcionado representación legal a cientos de personas que, según dice, fueron encarceladas injustamente en las tristemente célebres cárceles del país.
Nayib Bukele, a la derecha junto a su vicepresidente, Félix Ulloa, fue reelegido en febrero de 2024

Los líderes de Cristosal han enfrentado durante años vigilancia, hostigamiento policial y ataques de Bukele en las redes sociales.

Pero este año, las autoridades aprobaron una nueva ley que impondría un impuesto del 30% a las donaciones a organizaciones no gubernamentales como Cristosal. Y en mayo, la policía arrestó a Ruth Eleonora López, líder del programa anticorrupción del grupo, alegando que robó fondos públicos durante un período en el que trabajó para el gobierno años antes. Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, dicen que los cargos son falsos y tienen motivaciones políticas, y que a López se le niega el derecho a un juicio justo.

Su detención y el reciente encarcelamiento de otros críticos abiertos de Bukele, incluido el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el activista ambiental Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, llevaron a Cristosal a cerrar sus oficinas y expulsar a sus empleados del país, dijo el director del grupo, Noah Bullock.
La policía escolta a Enrique Anaya fuera de la corte en San Salvador después de una audiencia en junio. El abogado constitucionalista fue detenido y acusado de lavado de dinero.

"No hay una institución imparcial en la que podamos defender nuestro caso si el gobierno decide seguir persiguiéndonos a nosotros y a nuestro personal", dijo Bullock. "No podemos ayudar a nadie si todos estamos en prisión".

El partido Nuevas Ideas de Bukele controla el Congreso y ha purgado el poder judicial, reemplazando a los jueces independientes por leales.

En medio de esa concentración de poder, el periodismo independiente y los grupos cívicos "fueron el único pilar de la democracia que permaneció", dijo Bullock. Dijo que los recientes arrestos envían un mensaje claro: "Se acabó la democracia".

"El Salvador está en un camino oscuro", dijo Ivania Cruz, abogada que dirige otra organización sin fines de lucro, la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios. Vive en España con su hijo desde febrero, cuando la oficina de su grupo fue allanada y uno de sus compañeros fue detenido.

Cruz también había representado a los reclusos atrapados en la campaña de encarcelamiento masivo de Bukele, bajo la cual más de 85.000 personas, o casi el 2% de la población de El Salvador, fueron encarceladas. "Bukele nos ha criminalizado por defender los derechos del pueblo", dijo.

El exilio indefinido en un nuevo país no ha sido fácil, dijo. "Vine solo con una maleta pequeña", dijo. "Es duro saber que no puedes volver a casa y que no tienes más remedio que empezar una nueva vida".

Bukele también ha emprendido una campaña contra los periodistas.

Un análisis realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y el grupo de derechos digitales Access Now encontró que más de dos docenas de periodistas fueron vigilados durante más de un año con el software espía Pegasus, cuyo desarrollador israelí vende exclusivamente a los gobiernos.

Al menos 40 periodistas han huido del país, según la organización que los representa en El Salvador. Entre ellos se encuentran los reporteros que documentaron las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas, la corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de COVID-19 y el hecho de que Bukele y su familia compraron 34 propiedades valoradas en más de $9 millones durante su primer mandato presidencial.

El Faro, el sitio de noticias de investigación que primero expuso las negociaciones de las pandillas, retiró a sus reporteros del país después de que fuentes del gobierno advirtieran que estaban a punto de ser arrestados.

"Sabemos lo que viene: exilio o prisión", dijo el editor en jefe Oscar Martínez en una entrevista publicada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) a principios de este año. Mientras tengamos tiempo, seguiremos informando".

Fotos: Salvador Meléndez / Associated Press - Alex Peña / Aphotografia / Getty Images - Salvador Meléndez / Associated Press
Fuente: Los Angeles Times

Preocupación por restricciones al trabajo periodístico en audiencia judicial en Tucumán

La imputada, Liliana Carrizo, negó haber robado el celular y dijo que un tercero se lo entregó

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) expresa su profunda preocupación por las restricciones impuestas al ejercicio del periodismo durante una audiencia pública virtual realizada el lunes 14 de julio en los tribunales penales de Concepción, Tucumán, en el marco de la causa por el robo del teléfono celular del gobernador Osvaldo Jaldo.

El periodista Gustavo Rodríguez, del diario La Gaceta, denunció que se le impidió inicialmente el acceso a la sala virtual por encontrarse en un espacio público (un bar), ya que recién en ese momento había tomado conocimiento de la realización de la audiencia. A pesar de tratarse de una audiencia pública, su participación fue objetada con el argumento de que no estaba en un “lugar reservado” y no utilizaba auriculares. Solo tras una demora se le permitió ingresar, condicionado al uso de la cámara, un requerimiento poco habitual para periodistas, que no son parte del proceso sino simples oyentes.

Durante la audiencia, el juez Rodrigo Sebastián Martearena reiteró la prohibición de tomar fotografías o capturas de pantalla, citando la Acordada 342/20 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, dictada en el contexto de la pandemia. Dicha norma impone restricciones a la reproducción y difusión de contenidos de audiencias virtuales, dificultando el ejercicio del periodismo, incluso en audiencias públicas y de alto interés ciudadano.

Desde FoPeA recordamos que la virtualidad puede ser una herramienta útil para agilizar procesos judiciales y ampliar el acceso, pero advertimos que no debe convertirse en un obstáculo para el principio de publicidad de los actos judiciales ni para el derecho a la información.

El carácter público de las audiencias no puede estar sujeto a condiciones excesivas ni a decisiones discrecionales que limiten el acceso de la prensa por razones formales. También preocupa que los enlaces de acceso no se difundan con antelación suficiente, lo que impide una adecuada planificación de la cobertura periodística.

Este episodio no es un hecho aislado. FoPeA ya ha manifestado en otras oportunidades su inquietud por la persistencia de restricciones en un contexto en el que la emergencia sanitaria ya ha sido superada.

Reafirmamos que la libertad de expresión incluye el acceso a información de interés público, y que el trabajo periodístico es esencial para garantizar la transparencia del sistema judicial, sin interferir con su correcto desarrollo. Por ello, instamos a la Justicia tucumana a revisar los criterios de acceso a las audiencias y a actualizar sus protocolos en sintonía con el contexto actual.

El caso que motiva este comunicado reviste un interés público indudable, dado que involucra a la máxima autoridad institucional de la provincia.

FoPeA reitera su compromiso con la defensa del ejercicio libre del periodismo en todo el país y subraya la necesidad de establecer condiciones claras, accesibles y no arbitrarias para la cobertura informativa de todas las audiencias judiciales, tanto presenciales como virtuales.
Foto: La Gaceta

miércoles, 16 de julio de 2025

No confundir periodismo con redes sociales

Las redes sociales eclipsaron, rápidamente, al periodismo ciudadano. Ahora todo usuario “es un medio” y los indicadores de lo publicado poco tienen que ver con la noticia
Rudall30
Por: Claudio Broitman R., director de periodismo de la Universidad Andrés Bello
Si bien se puede pistear desde mucho antes, en Chile partimos con el periodismo ciudadano hace unos veinte años. Entre cámaras caseras, responsabilidad civil y hambre de notoriedad, los ciudadanos pensamos que podíamos participar en la construcción de las noticias. Fue la primera zancadilla a los gatekeepers*, donde, los San Pedros de la opinión pública que detentaban la llave de los medios de comunicación, sintieron la amenaza de perder ese monopolio.

En un principio, la idea de "participar" hizo mucho sentido. No solo por el entusiasmo de contribuir a un espacio tradicionalmente elitario, sino que también porque nuestro Chile, tierra de desastres naturales, ofrece muchos ángulos donde la colaboración ciudadana puede aportar a la novedad, relevancia y actualidad de las noticias (como el terremoto de 2010).

Sin embargo, hablamos de una participación que perdió todo su sentido, hace más de una década. Las redes sociales eclipsaron, rápidamente, al periodismo ciudadano. Ahora todo usuario "es un medio" y los indicadores de lo publicado (compartir, comentar, gustar) poco tienen que ver con la noticia. La forma tradicional de hacer periodismo (despachos, reporteo, denuncias) puede parecer condenada a muerte, en particular si observamos el debilitamiento del ecosistema de medios de comunicación (disminución considerable del negocio, menor oferta, poca innovación).

Para algunos, somos testigos del ocaso de la sociedad de los individuos, donde el peso de lo verosímil y de los valores que la sustentan han perdido la hegemonía. Un mundo de redes y de distintos caminos a la verdad definirían a nuestra hipermediatizada realidad social.

Pero también las redes y las tecnologías digitales saturan nuestras percepciones de espejismos. Que los ciudadanos se informen por las redes, que los medios no gocen de la legitimidad de antaño o que los conductores de las noticias en la televisión tengan menos credibilidad que un influencer en política no son indicios de un periodismo en agonía.

El último año, relevantes casos de investigación periodística han fortalecido nuestra democracia, recordando a los poderosos y corruptos las reglas del juego, y a quienes atentan a la ética que lo tolerado socialmente es aún más estricto que la normativa. Al periodismo de calidad que se ejerce a diario en Chile le debemos el "descubrimiento" de los casos Hermosilla, Monsalve y licencias médicas (por nombrar algunos).

Y si bien los contenidos generados por influencers locales pueden ser importantes para la sociedad, lo que define al periodismo es la búsqueda incansable de la verdad, mediante un método, para fortalecer, in fine, a la democracia. Larga vida a los periodistas, desde quienes abrazamos la sociedad que hemos construido.

*NdR: Se denomina gatekeeper a la persona, grupo o institución que tiene un control sobre la información y, por lo tanto, posee la capacidad de decidir qué se publica o emite, de qué forma y en qué cantidad. Por ejemplo, en el medio prensa esta figura está representada por el director y los redactores jefes.

Imagen: Getty Images/Istockphoto
Fuente: Diario El País, Chile

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