Visegur cerró, los dejó en la calle y la plata nunca apareció: el reclamo de 35 familias

Trabajadores de la empresa de seguridad denuncian hasta tres meses de salarios adeudados, despidos sin el pago de haberes ni la entrega de documentación y una oficina que apareció vacía. También cuestionan el pase de trabajadores a otra firma, señalan una presunta continuidad de los servicios y reclaman que se determine quiénes son los responsables de las obligaciones laborales.

La oficina vacía y los telegramas de despido
La semana pasada comenzó a conocerse el cierre de Visegur, una empresa de seguridad que dejó en la calle a una cantidad importante de trabajadores. Detrás de los telegramas de despido, los empleados denuncian una situación que, según relatan, se fue agravando durante meses: salarios pagados en cuotas, promesas de pago que nunca se concretaron, endeudamiento para sostener los gastos cotidianos y, finalmente, el cierre de la oficina sin que aparecieran los haberes ni la documentación correspondiente.

Francisco Rodríguez fue uno de los trabajadores que recibió el telegrama. Según contó en Señales, los primeros comenzaron a llegar el 28 de junio. Allí se les comunicaba que la situación económica de la empresa ya no era sostenible y que quedaban despedidos. El mismo telegrama indicaba que, dentro de los plazos establecidos por la ley, recibirían sus haberes y la documentación correspondiente.

Pero, según Rodríguez, eso nunca ocurrió.

Cuando fueron a la oficina para reclamar el dinero, se encontraron con las puertas cerradas y con una escena que, para ellos, terminó de confirmar el abandono.

"No estaban los muebles y nos encontramos totalmente en la calle y desamparados", relató.

Detrás de esa situación, dijo, quedaron 35 familias que hoy tienen dificultades incluso para garantizar la comida diaria.

Tres meses sin cobrar: crédito, deudas y promesas
El problema, según explicó Rodríguez, venía de mucho antes del cierre. Los trabajadores llevaban casi tres meses sin cobrar y durante ese tiempo tuvieron que recurrir al crédito y al endeudamiento para afrontar sus obligaciones.

"Muchos pedimos crédito, nos endeudamos con billeteras virtuales y se nos hizo duro y se nos hace todavía duro", contó.

Mientras los salarios se acumulaban, los trabajadores continuaban presentándose en sus puestos. La empresa, según su relato, les pedía que siguieran trabajando con la promesa de que la semana siguiente llegarían los pagos.

"Nos decían: la semana que viene les pagamos, la otra le tiramos un pucho, y la plata nunca llegó", sostuvo.

Sergio Gianonne describió una situación similar. Explicó que los pagos ya se venían realizando en cuotas, algo que, según él, hizo que los trabajadores continuaran en sus puestos mientras esperaban que la situación se normalizara.

El último depósito que recuerda haber recibido fue el 10 de junio y alcanzó los 500 mil pesos. Después, según relató, volvieron las promesas.

"No hay plata, no hay plata, la semana que viene, la otra", recordó.

Así transcurrió julio, explicó, mientras los trabajadores seguían cumpliendo sus tareas con parte de sus salarios pendientes. Llegaron a agosto y todavía no tenían el dinero que consideraban correspondiente a su trabajo.

"No tenemos nuestra plata que nos corresponde", resumió. Para Rodríguez, el reclamo no tiene que confundirse con un pedido de ayuda. "Queremos la que trabajamos, nada más. Acá no venimos a mendigar nada", afirmó.

De Visegur a Insignia: el pase que encendió el conflicto
En medio de ese escenario apareció otra empresa de seguridad. Gianonne señaló directamente a Roel Alberto Vázquez, a quien identificó como una de las personas que se acercó a los distintos servicios donde trabajaban los vigiladores para intentar convencerlos de que pasaran a Insignia. En la jerga del sector, esos lugares son denominados "objetivos".

Según el trabajador, Insignia mantiene los mismos objetivos y hasta parte de los mismos supervisores. También sostuvo que la firma se habría fusionado con una empresa denominada Blindaje. Para Gianonne, se trata, en los hechos, de una continuidad de la actividad que desarrollaba Visegur bajo otro nombre.

"Los objetivos siempre los hicieron, siguieron pagando", afirmó.

Días antes de la entrevista, relató, los trabajadores se habían enterado de que a diez vigiladores que aceptaron pasar a la nueva empresa se les habían pagado los sueldos.

Para Gianonne, ese dinero correspondía al trabajo que habían realizado ellos antes del cierre. "Ellos cobraron en la Municipalidad de Rosario", afirmó.

El conflicto se profundizó cuando, según su relato, Vázquez comenzó a ofrecer dinero a los trabajadores que aceptaran incorporarse a Insignia. Gianonne habló de una propuesta de 300 mil pesos para quienes firmaran y explicó que, de acuerdo con lo que les planteaban, el trabajador debía resignar derechos y comenzar prácticamente desde cero.

"Te quería dar el alta en Insignia y perdiendo todos los derechos del trabajador", afirmó.

También sostuvo que el esquema propuesto contemplaba 100 horas "en negro" y otras 100 "en blanco". Según sus cálculos, eso implicaba que un trabajador que hasta entonces cobraba alrededor de 1.600.000 pesos pasaría a percibir entre 600.000 y 700.000 pesos.

Los trabajadores que decidieron no aceptar esa alternativa quedaron, según denunciaron, sin empleo y sin cobrar los salarios adeudados. Los mismos objetivos y una empresa que, según los trabajadores, siguió funcionando

Gianonne cuestionó que, mientras Visegur cerraba y sus empleados quedaban sin cobrar, quienes habían aceptado pasar a Insignia continuaran trabajando en los mismos servicios.

"Siguen trabajando los excompañeros que han renunciado a su antigüedad y han decidido cobrar menos", señaló.

Según explicó, esos trabajadores continuaron desempeñándose en los mismos objetivos y percibiendo sus salarios, mientras otro grupo quedó afuera.

Rodríguez aportó otro elemento. Contó que en la Granja de la Infancia, donde trabajaba para Visegur, nadie sabía que la empresa estaba por retirarse. De un día para otro, apareció el supervisor y comunicó que debían levantar todo porque la firma cerraba.

"La directora no sabía nada, que se habían ido", relató. La noticia sorprendió a quienes estaban en el lugar porque, según Rodríguez, Visegur todavía tenía contrato vigente. "La gente se quería matar, porque sí, tenían contrato", señaló.

También recordó que la empresa tenía otro contrato con la Municipalidad que había sido renovado recientemente y que durante el año anterior había prestado servicios de seguridad en la colectividad.

Para Rodríguez, esos antecedentes hacen todavía más difícil de comprender el desenlace. "Es una empresa que tiene más de 20 años, no es una empresa que se creó ayer", remarcó.

La trama societaria y la pregunta por los responsables
Uno de los puntos centrales del conflicto es quiénes aparecen como responsables de Visegur y quién debe responder por las obligaciones laborales.

Rodríguez contó que, cuando los trabajadores enviaron los telegramas correspondientes a la oficina del abogado, recibieron como respuesta que quienes ellos señalaban como responsables desconocían completamente ser los propietarios de Visegur.

"Ellos desconocen la legalidad de los papeles que ellos presentan, porque en todos los papeles de documentación figuran ellos como dueños. Y hoy lo desconocen, desacreditan que sean los dueños", afirmó.

Durante la entrevista también se hizo referencia a documentación societaria en la que aparecen movimientos en la composición de la sociedad. Según la información repasada al aire, la situación no habría implicado una desaparición societaria inmediata de Visegur.

También se mencionó que la sociedad tenía previsto su cierre en junio de 2026 y que posteriormente apareció una reconducción, es decir, una continuidad de la sociedad.

De acuerdo con la información mencionada durante la entrevista, en junio de 2023 Francisco Previtera habría cedido cuotas de la sociedad a Paula Carolina Housseini y a Roel Alberto Vázquez. Según esa interpretación, Housseini quedaría como principal accionista y Vázquez como segundo titular.

Gianonne, por su parte, afirmó que Vázquez posee el 40 por ciento y que los trabajadores le reclamaron que asumiera la responsabilidad correspondiente a esa participación. "Le dijimos: bueno, hacete cargo, si vos tenés el 40%", relató.

Según su versión, la respuesta fue que Visegur ya no podría cobrarle a nadie. En ese punto, los trabajadores plantean una pregunta que atraviesa todo el conflicto: cómo puede una empresa dejar de funcionar, mantener o transferir sus servicios y, al mismo tiempo, quedar sin responsables visibles frente a quienes reclaman sus salarios.

Una denuncia por amenazas y una protesta en la calle
El reclamo derivó, según denunció Gianonne, en una situación todavía más grave. Afirmó que recibió una llamada telefónica de Vázquez en la que, según su relato, fue amenazado de muerte para que dejara de reclamar.

"Yo voy a seguir. Yo quiero que me paguen, nada más", sostuvo. Su reclamo, insistió, está vinculado exclusivamente con el pago por el trabajo realizado. "Roel Vázquez, Florencia, el padre, que me paguen, porque yo le trabajé siempre, 17 años", expresó.

Gianonne también responsabilizó por la situación a Florencia Previtera y a Paula Carolina Housseini, a quien identificó como hija de Francisco Previtera. En su relato vinculó a esta última con la conducción de la empresa y recordó que Previtera había sido comisario de Rosario.

Después de 17 años de trabajo, dijo Gianonne, recibió un telegrama de despido y, cuando se presentó en la empresa, descubrió que ya no quedaba nadie. "Me dieron un telegrama, me presenté a la empresa, ya se habían ido", relató.

La situación lo llevó incluso a participar de una protesta callejera. "Nunca en mi vida pensé que en los 50 años iba a cortar una calle por esta gente. Tuve que cortar una calle", contó, en referencia a una manifestación realizada sobre calle Moreno.

Durante esa protesta, los trabajadores pidieron que alguno de los responsables de la empresa se acercara para intentar negociar una salida.

"Pedimos por favor que uno de los dueños se acerque por lo menos para intentar mediar con nosotros, e intentar llegar a un acuerdo", contó Gianonne.

La protesta, desde su perspectiva, fue el último recurso después de no haber obtenido respuestas por otras vías.

El sindicato, el Ministerio de Trabajo y una audiencia que terminó mal
Los trabajadores también cuestionaron el papel del sindicato durante el conflicto.

Gianonne relató que, cuando concurrieron a esa organización, se encontraron con una situación que consideró inadmisible.

"Fuimos al sindicato abrazándose el abogado del sindicato en el Ministerio de Trabajo con el abogado de la empresa", afirmó y agregó que aquello fue una muestra de "descaro" e "impunidad".

Rodríguez explicó que durante aproximadamente un mes participaron de instancias de mediación en el Ministerio de Trabajo. Pero mientras las audiencias avanzaban, la abogada Nadia Morandi ya había presentado la demanda ante los tribunales.

El conflicto pasó entonces al ámbito judicial. Allí, explicó Rodríguez, deberán determinarse las responsabilidades y, eventualmente, si existió fraude laboral.

"Después veremos si pueden comprobar fraude laboral para poder cobrar a esta gente y si no queda todo en la nada, lamentablemente es así", señaló.

Gianonne describió el paso por el Ministerio de Trabajo como una instancia que permitió mediar, pero que finalmente no produjo el resultado que esperaban. Según relató, el expediente fue archivado y los trabajadores fueron derivados a los tribunales.

Mientras tanto, durante las negociaciones, las promesas de pago continuaron. Según Gianonne, el abogado de la empresa repetía cada pocos días que el dinero llegaría la semana siguiente. "El lunes este está la plata", recordó que les decían. Pero el lunes llegaba y el dinero no aparecía.

Rodríguez también recordó esos encuentros. Según su relato, el abogado se enojaba cuando los trabajadores planteaban sus reclamos y repetía que iba a hablar con los socios. En ese momento, remarcó, todavía se hablaba de ellos como socios.

La situación llegó a un punto de tensión durante una audiencia. Rodríguez contó que el abogado de los trabajadores pidió que se identificara a los dueños de la empresa. Según su relato, el abogado de la firma se molestó ante el planteo y comenzó una discusión sobre la representación legal.

Finalmente, según Rodríguez, tomó sus cosas y se retiró. Después de ese episodio, afirmó, no volvieron a verlo.

Contratos, dinero y una pregunta que quedó sin respuesta
Para los trabajadores, otro de los puntos difíciles de explicar es que los servicios continuaban mientras ellos dejaban de cobrar.

Rodríguez sostuvo que durante ese período los responsables de la empresa les repetían que no estaban cobrando determinados servicios. Sin embargo, según su relato, en distintos objetivos continuaban entregándose los sobres correspondientes a los trabajadores.

"A todos los objetivos le llevaban los sobres y cobraban", sostuvo. La pregunta que les quedaba era de qué cuenta salía ese dinero si, como les decían, la empresa no podía disponer de sus fondos. "¿Con qué cuenta? No sé, con una cuenta personal", respondió.

Uno de los episodios que recordó ocurrió en Emepa, una empresa vinculada al ferrocarril ubicada en Pérez. Allí, relató, Roel Alberto Vázquez y Florencia Previtera habrían ido a buscar dinero.

La explicación que, según Rodríguez, recibieron los trabajadores fue que con ese dinero se pondrían al día los salarios y que las indemnizaciones se discutirían posteriormente en los tribunales o en el Ministerio de Trabajo.

Pero el resultado, según su denuncia, fue diferente. Rodríguez aseguró que hubo un grupo de siete o diez trabajadores con quienes, según dijo, la empresa "se ensañó". Mientras algunos empleados continuaron trabajando un mes más en Emepa y recibieron pequeños pagos parciales, ellos dejaron de cobrar.

"El 30 de junio que nos despidieron y nos dieron el telegrama, no nos pagaron nunca más", afirmó. 

Para Rodríguez, la contradicción aparece también en los servicios que la empresa tenía a su cargo hasta poco antes del cierre. Entre ellos se encontraban contratos vinculados con la Municipalidad de Rosario y otros objetivos de importancia.

La pregunta que queda, para los trabajadores, es cómo una empresa con años de actividad, contratos y servicios en funcionamiento puede terminar cerrando de un día para otro mientras sus empleados quedan sin cobrar.

"Ahora no tiene socios. ¿Cómo no tiene socios?", planteó Rodríguez después de la protesta realizada en calle Moreno.

Diecisiete años de trabajo y una deuda que sigue abierta
El enojo de Gianonne no se limita a la pérdida del empleo. Después de 17 años de trabajo, dijo, recibió un telegrama de despido y quedó frente a una deuda que se acumuló durante meses. Hace dos meses, contó, viene recurriendo a billeteras virtuales para poder afrontar sus gastos.

"Yo tengo obligaciones, tengo que pasar la mantención, tengo que vivir. ¿Dónde saco la plata? Si yo la trabajé, al menos yo le dije: páguenme la plata", sostuvo.

Rodríguez también recordó que los problemas para cobrar no comenzaron con el cierre. Según contó, los trabajadores se habían acostumbrado a reclamar para recibir sus salarios. "Acá en esta empresa siempre se tuvo que pelear para cobrar", sostuvo.

Las discusiones, aclaró, no estaban relacionadas con el trabajo que debían realizar, sino con el dinero que no llegaba en tiempo y forma.

Rodríguez recordó incluso una frase que, según contó, le había dicho el padre de Florencia Previtera durante una discusión. "Yo a vos te hago un favor", le habría dicho.

El trabajador asegura que respondió que no se trataba de ningún favor, porque él había trabajado para la empresa y esta había cobrado por ese trabajo. Esa es, para él, la cuestión central del conflicto.

"Pagame Roel Vázquez, pagame porque vos tenés un 40%", reclamó.

Y, frente a la disputa sobre quién tiene la responsabilidad, resumió su posición de manera directa: "Acá que me pague cualquiera. Yo quiero la mía porque laburé".

La batalla que ahora sigue en los tribunales
Para los trabajadores, la indemnización es una discusión distinta que deberá resolverse por las vías correspondientes. Lo urgente, sostienen, es cobrar los salarios adeudados. "Después la antigüedad, bueno, eso lo tienen que pagar por ley", sostuvo Rodríguez.

El reclamo principal, coincidió Gianonne, pasa por los tres meses de trabajo que aseguran no haber cobrado. No se trata solamente de una cifra acumulada, explicó, sino del esfuerzo cotidiano detrás de cada jornada.

"Son tres meses que uno se esfuerza para presentarse, levantarse a las cuatro de la mañana, estar presente", relató.

El trabajador cumplía con su parte y esperaba que la empresa cumpliera con la suya. Pero el dinero no aparecía. "Uno llega a la fecha de cobro y... ¿la plata dónde está? Nos echan y la plata dónde está", planteó.

En paralelo, los trabajadores iniciaron el camino judicial para intentar recuperar lo adeudado y determinar las responsabilidades que atribuyen a quienes estuvieron al frente de Visegur.

El paso por el Ministerio de Trabajo no resolvió el conflicto y, según explicaron, el expediente terminó en los tribunales.

Allí deberá establecerse, entre otras cuestiones, qué ocurrió con la sociedad, quiénes tenían responsabilidad sobre ella y cuáles son las obligaciones que permanecen pendientes con los trabajadores.

Mientras tanto, el reclamo continúa en la calle.

Rodríguez y Gianonne sostienen que no están pidiendo una concesión ni una ayuda extraordinaria. Quieren cobrar los meses que trabajaron y que, según denuncian, quedaron impagos.

"Quiero la mía porque yo la trabajé, y ellos cobraron, así que me den mi plata", reclamó Rodríguez. También extendió el pedido a sus compañeros. "La mía y la de mis compañeros que la pongan a la plata", exigió.

Para los trabajadores, el final de Visegur fue abrupto. Después de años de actividad, sostienen, la empresa simplemente desapareció de su lugar habitual de funcionamiento. "Esta vez la hicieron cortita, se llevaron todo, nos dieron una palmada y ‘andá a cobrarle’", describió Rodríguez.

La frase sintetiza el sentimiento de abandono que atraviesa sus testimonios: una empresa que durante años tuvo trabajadores, servicios y contratos terminó, según denuncian, dejando a sus empleados sin cobrar y obligándolos a iniciar una batalla administrativa y judicial para intentar recuperar el dinero.

Por ahora, esa batalla continúa. "Vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando hasta que nos paguen", afirmó Rodríguez.

Y en esa frase queda concentrado el conflicto de un grupo de trabajadores que, después de años de prestar servicios para Visegur, terminó reclamando frente a una estructura que, según denuncian, desapareció cuando llegó el momento de responder por sus obligaciones.

Escuchá la entrevista completa:

Dos décadas de salud, territorio y trabajo colectivo desde la universidad pública

Desde las aulas de Medicina hasta los pueblos rurales, los Campamentos Sanitarios y una investigación sobre abortos espontáneos e hipotiroidismo, Damián Verzeñassi construyó una manera de mirar la salud desde el territorio. Más de 260.000 personas entrevistadas, 40 localidades recorridas y una pregunta que todavía sigue abierta: qué relación existe entre las formas de producir y aquello que finalmente ocurre en los cuerpos

Una pregunta que empezó con el siglo
El doctor Damián Verzeñassi habla de salud, pero difícilmente lo haga sin hablar también del territorio. Médico especialista en Medicina Legal, docente e investigador y director del Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva más de dos décadas trabajando junto a sus equipos alrededor de una pregunta que atraviesa buena parte de su trayectoria: qué relación existe entre las formas en que una sociedad produce y las enfermedades que aparecen en los territorios donde esas formas de producción se despliegan.

La historia del Instituto no comenzó en 2013, cuando fue creado formalmente, ni siquiera en 2004, cuando la materia Salud Socioambiental empezó a dictarse en la carrera de Medicina. Para Verzeñassi, el recorrido se remonta a los primeros años del siglo, cuando aquel espacio funcionaba todavía como cátedra libre de Salud Pública.

El proyecto comenzó a gestarse en 2003 y la materia empezó a dictarse en agosto de 2004. Nueve años después, el 18 de septiembre de 2013, el Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR creó formalmente el Instituto de Salud Socioambiental mediante la Resolución Nº 4560/2013 bis. En 2018, su creación fue ratificada por el Consejo Directivo a través de la Resolución C.D. Nº 2825/2018.

"Arrancamos con el siglo", resume en Señales Verzeñassi.

La frase condensa una trayectoria de más de dos décadas en la que una preocupación fue tomando distintas formas: una materia universitaria, investigaciones, trabajo territorial, relevamientos epidemiológicos, publicaciones científicas y, con el tiempo, nuevas preguntas sobre la producción de alimentos y sus consecuencias sobre la salud.

Desde aquellos primeros años, el objetivo fue mirar la salud desde una perspectiva que no se limitara al consultorio ni a la enfermedad individual. La pregunta por las condiciones en las que viven y trabajan las personas llevó al equipo a salir de la Facultad, recorrer territorios, conversar con sus habitantes y relevar información sanitaria.

Así nacieron los Campamentos Sanitarios.

Cuando la medicina salió del aula
Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2019, los Campamentos Sanitarios fueron utilizados como dispositivo de evaluación final de la práctica final de la carrera de Medicina. Para los estudiantes constituían el examen con el que culminaban su formación. Pero la experiencia tenía una particularidad: además de las actividades propias de la práctica, incluía un relevamiento epidemiológico destinado a construir un perfil epidemiológico y sociosanitario de las comunidades visitadas.

Las localidades no eran seleccionadas desde un escritorio. Llegaban al equipo a través de sus propios habitantes o de sus autoridades.

"Nos llamaban los intendentes o los vecinos de los pueblos, hablaban con sus presidentes comunales y así llegábamos a estas comunidades", cuenta Verzeñassi.

La experiencia fue adquiriendo una dimensión poco habitual para una actividad académica. A lo largo de esos nueve años, el equipo entrevistó en sus propios domicilios a más de 260.000 personas.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se observa dónde se realizaban los relevamientos. Muchas de las localidades visitadas eran pueblos pequeños, con poblaciones que quedaban por debajo de los tamaños habituales de las grandes encuestas nacionales. El trabajo permitió así construir información sanitaria sobre comunidades que muchas veces no aparecen con ese nivel de detalle en los registros estadísticos.

Cada Campamento Sanitario producía su propio informe. Una vez terminada la experiencia, los resultados eran entregados a la comunidad y publicados. Pero durante años los datos permanecieron organizados fundamentalmente por localidad.

Todavía faltaba hacer una pregunta distinta: qué podía aparecer si todos esos datos se miraban juntos.

El último Campamento Sanitario se realizó en diciembre de 2019. Después, las nuevas autoridades de la Facultad decidieron discontinuar el dispositivo. Tres meses más tarde llegó la pandemia de coronavirus.

El corte abrupto de aquella experiencia obligó al equipo a volver sobre una enorme cantidad de información que había conseguido reunir durante los nueve años anteriores.

"Empezamos a repensar qué hacer con toda la información que durante esos nueve años habíamos logrado construir", recuerda Verzeñassi.

Hasta ese momento, los datos habían servido principalmente para elaborar diagnósticos particulares de cada localidad. Lo que nunca habían hecho era un análisis comparativo de todas ellas.

Entre 2020 y 2022 comenzaron entonces a trabajar sobre un conjunto de ocho localidades, buscando comparar la prevalencia y la incidencia del cáncer: por un lado, la cantidad de casos existentes y, por otro, la aparición de casos nuevos.

El resultado terminó convirtiéndose en una publicación científica. Pero aquella primera comparación abrió una puerta hacia otra pregunta.

De los archivos a una nueva investigación
En 2025, el Centro de Derechos Reproductivos de América Latina se comunicó con el equipo para consultar si disponía de información sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud reproductiva.

La organización estaba impulsando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado colombiano vinculada con las fumigaciones realizadas durante el denominado Plan Colombia.

Durante ese programa, explica Verzeñassi, el glifosato fue utilizado para fumigar áreas donde se encontraban plantaciones ilegales de coca. Las aplicaciones tenían como objetivo destruir la vegetación, pero también alcanzaron a comunidades campesinas que habitaban esas regiones.

El pedido llevó al equipo a volver sobre sus propios archivos y formular una pregunta que hasta entonces no habían analizado de manera específica: qué información tenían sobre salud reproductiva en las localidades relevadas durante los Campamentos Sanitarios.

La respuesta estaba escondida en las entrevistas realizadas años antes. Así nació el estudio que finalmente fue publicado por la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba.

La investigación se construyó a partir de información de 6.497 mujeres de nueve localidades santafesinas, cuyos datos habían sido relevados entre 2008 y 2018. A las ocho localidades utilizadas en el análisis anterior sobre cáncer se sumó San Jorge, donde se había realizado el último Campamento Sanitario.

El trabajo volvió a poner en circulación una enorme cantidad de información que había sido construida mucho antes de que apareciera la pregunta específica que ahora buscaban responder.

Y uno de los primeros hallazgos, según Verzeñassi, fue menos una cifra que una ausencia: la falta de información oficial suficientemente sólida sobre abortos espontáneos e hipotiroidismo a nivel provincial y nacional.

Lo que los registros no alcanzan a mostrar
El problema aparece con claridad cuando se comparan los registros oficiales con los datos obtenidos en territorio.

En el período analizado, explica Verzeñassi, los registros oficiales contabilizaban menos de diez abortos espontáneos. Para el investigador, esa cifra no significa necesariamente que las pérdidas fueran inexistentes, sino que muchas de ellas nunca llegaban a quedar registradas por el sistema sanitario.

Muchas mujeres atraviesan una pérdida espontánea como un acontecimiento que ocurre dentro de su propia casa. Cuando llegan a un centro de salud, además, la pérdida puede quedar asentada bajo otras categorías, como metrorragias, pérdidas o menstruaciones tardías.

Hay otro elemento histórico que el investigador considera indispensable para interpretar los datos. El período analizado, 2008-2018, corresponde a una época en la que el aborto todavía no era legal en Argentina.

Ese contexto podía generar temor entre las mujeres que atravesaban una pérdida. Podían temer que una interrupción espontánea del embarazo fuera interpretada como provocada.

"Muchas mujeres tenían miedo de que fuesen identificadas como no espontáneas", explica Verzeñassi.

Por esa razón, sostiene, los registros sanitarios tampoco reflejaban adecuadamente la dimensión del fenómeno.

El análisis realizado sobre las nueve localidades encontró una asociación entre vivir en pueblos rodeados por áreas de producción de soja, maíz y otros cultivos vinculados con eventos transgénicos asociados al uso de agrotóxicos y una mayor frecuencia de abortos espontáneos.

Según los resultados que describe el investigador, esas pérdidas se multiplicaban 2,4 veces respecto de la línea de base correspondiente a 2008.

Pero el dato que aparece en el estudio no puede separarse de la secuencia temporal que los investigadores reconstruyeron a partir de las entrevistas.

Las mujeres habían respondido sobre sus experiencias de salud año por año. Esa información permitía observar cómo evolucionaban determinados indicadores a lo largo del período estudiado.

Y allí apareció otro dato que llamó especialmente la atención del equipo.

El primer trimestre
Un embarazo puede perderse en cualquiera de sus nueve meses, pero en medicina los embarazos se dividen en tres trimestres y las causas de las pérdidas no necesariamente son las mismas en cada uno de ellos.

Según explica Verzeñassi, las pérdidas que ocurren durante el segundo y el tercer trimestre están más vinculadas con problemas propios de la madre o del binomio madre-hijo. Las que ocurren durante el primer trimestre, en cambio, tienen una relación mayor con agentes externos.

Es también uno de los motivos por los cuales existe socialmente cierta cautela para comunicar un embarazo antes de los tres meses. Es un período considerado particularmente vulnerable.

En los datos analizados por el equipo, las pérdidas durante el segundo y el tercer trimestre permanecieron relativamente estables a lo largo del período estudiado.

El comportamiento fue diferente en el primer trimestre. Según los resultados que describe Verzeñassi, esas pérdidas se multiplicaron por 18.

Para el investigador, ese comportamiento reforzó la hipótesis de que algún elemento ambiental estaba impactando sobre esas comunidades. En su interpretación, el cambio más drástico producido durante esos años había sido el incremento tanto del volumen como del tipo de sustancias utilizadas en las áreas productivas que rodeaban a las localidades.

La afirmación vuelve a colocar el foco sobre una de las preguntas centrales de toda la investigación: qué ocurre cuando los cambios en las formas de producción de un territorio coinciden en el tiempo con cambios en los indicadores de salud de quienes viven allí.

Pero el estudio no se quedó únicamente con la pregunta por las pérdidas de embarazo. También buscó saber qué otros problemas de salud aparecían entre esas mujeres.  Allí apareció el hipotiroidismo.

Cuando una enfermedad aparece junto a otra
Los investigadores observaron que las pérdidas de embarazo estaban estrechamente vinculadas con mujeres que habían desarrollado hipotiroidismo durante el mismo período.

No se trataba, aclara Verzeñassi, de mujeres que ya fueran hipotiroideas y luego hubieran atravesado una pérdida. El hipotiroidismo había aparecido durante ese mismo período de tiempo.

La relación resulta particularmente relevante porque la literatura científica reconoce que el hipotiroidismo puede dificultar el desarrollo del embarazo.

A partir de allí, el investigador plantea una hipótesis que conecta los distintos elementos observados en el estudio.

Por un lado, están las sustancias químicas utilizadas en las áreas productivas y su capacidad de generar alteraciones endocrinas, es decir, de afectar el funcionamiento de distintas glándulas, entre ellas la tiroides. Por otro, sostiene que algunas de esas sustancias también pueden afectar el sistema reproductivo. Y, a su vez, existe una relación conocida entre los trastornos de la tiroides y el funcionamiento del sistema reproductivo.

Para Verzeñassi, esos elementos conforman un entramado que no puede ser ignorado. "Acá se mezclaba", plantea.

Y resume su interpretación con una expresión deliberadamente gráfica: "Hay un gran combo donde nadie puede decir que este paquete de veneno que se está utilizando es absolutamente imposible de ser vinculado con este grave problema de salud que estamos viendo".

La investigación, sin embargo, se inserta en un recorrido mucho más amplio que una única publicación científica.

Detrás de los números están nueve años de Campamentos Sanitarios, más de 260.000 personas entrevistadas en sus domicilios, 40 localidades recorridas en cuatro provincias —Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba— y una acumulación de información que durante años permaneció fragmentada en diagnósticos particulares.

El valor de esa experiencia, para el equipo de Salud Socioambiental, está precisamente en haber llevado la investigación hacia lugares que suelen quedar fuera de las grandes estadísticas.

Pueblos pequeños, comunidades rurales y territorios atravesados por determinadas formas de producción se convirtieron así en espacios donde la medicina podía observar no sólo qué enfermedades aparecían, sino también en qué condiciones ambientales y productivas estaban viviendo quienes las padecían.

Pero los Campamentos Sanitarios no terminaban cuando los estudiantes y los investigadores abandonaban el pueblo.

Una parte fundamental del dispositivo consistía en devolver los resultados a las comunidades.

Cuando los datos regresan al territorio
Durante los días del campamento, el equipo entregaba un informe preliminar a los habitantes de la localidad y a sus autoridades comunales. El informe definitivo llegaba después.

La intención original era que estuviera disponible aproximadamente dos meses más tarde, pero la cantidad de información generada hacía imposible procesarla con tanta rapidez.

"Era tal el volumen de información que nosotros teníamos que no podíamos, no llegábamos a analizarlo antes del año o el año y medio de haber hecho el campamento", recuerda Verzeñassi.

El trabajo se desarrollaba en simultáneo: mientras un equipo organizaba el siguiente Campamento Sanitario, otro analizaba los datos obtenidos en el anterior. Por eso, la devolución definitiva podía demorar un año o incluso un año y medio.

En algunas localidades, esos informes terminaron provocando decisiones concretas. Verzeñassi recuerda especialmente el caso de Chabás.

Cuando el equipo entregó el informe definitivo, ya había cambiado la administración comunal. El presidente comunal que recibió los resultados no era el mismo que había invitado originalmente a los investigadores.

Después de presentar el informe fueron a cenar. En medio de la comida, recuerda Verzeñassi, el nuevo presidente comunal le preguntó qué podía hacer con aquella información.

Su preocupación tenía una dimensión personal que también era política: "Mi hija vive acá en este pueblo. Si yo no puedo cuidar la salud de mi hija y de los amigos de mi hija que viven en este pueblo, ¿qué hago acá de presidente comunal?".

A partir de ese contacto, el equipo puso al funcionario en comunicación con integrantes de la Red Argentina de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología y con investigadores de Buenos Aires que trabajaban sobre producción.

Los médicos habían aportado el diagnóstico sanitario. La discusión sobre cómo transformar las formas de producción requería también otros saberes.

El presidente comunal comenzó entonces a intentar estimular la producción agroecológica alrededor de Chabás.

Verzeñassi no pudo seguir después la evolución de aquella experiencia y desconoce hasta dónde llegó el proceso, pero recuerda que el funcionario había quedado fuertemente comprometido.

Algo similar ocurrió en Luis Palacios, donde el presidente comunal se comunicó con el equipo después de recibir los resultados para preguntar qué podía hacer frente a la información obtenida.

Las respuestas fueron diferentes según cada localidad. En algunos casos hubo avances concretos; en otros, mucho menos. También hubo funcionarios que agradecieron el informe, reconocieron su importancia y luego no continuaron con ninguna política derivada de sus resultados.

Pero había otra consecuencia, incluso cuando las autoridades no tomaban medidas.

Cuando una comunidad deja de estar sola
Durante años, habitantes de esos pueblos habían sentido que algo estaba ocurriendo con su salud.

El problema era que esa percepción podía ser desestimada incluso dentro de la propia comunidad. Algunos habitantes eran acusados de exagerar o de tener una "paranoia".

El informe producido por la universidad pública modificaba esa situación. "Lo que les pasaba, lo que sentían que les pasaba, no era un invento", sostiene Verzeñassi.

Había una sistematización, una investigación y datos construidos a partir del trabajo de una institución académica.

Esa legitimación permitió, en algunos lugares, que las comunidades y los gobiernos locales comenzaran a discutir alternativas productivas.

Verzeñassi menciona el caso de Zavalla, aunque aclara que allí el equipo no realizó un Campamento Sanitario. En esa localidad, la organización de los vecinos contribuyó a impulsar políticas públicas orientadas a estimular producciones agroecológicas.

También menciona una experiencia en Máximo Paz, donde hubo un intento de avanzar en un proyecto de producción agroecológica impulsado desde el municipio con apoyo de la universidad.

La idea, para el investigador, no consiste en presentar la agroecología como una solución mágica. "La agroecología no es la panacea", advierte.

No resuelve por sí sola todos los problemas. Pero la considera una estrategia que puede tener un papel importante en la recuperación de la salud de los territorios y de las comunidades.

Por eso, el trabajo del equipo continúa también dentro de la universidad, en la búsqueda de estrategias de formación que permitan estimular el conocimiento y las prácticas agroecológicas.

En ese camino, Verzeñassi señala como referencia a la Escuela Agrotécnica de Casilda, a la que describe como una especie de "faro": una institución que, desde la formación de técnicos agropecuarios y desde su vínculo con la universidad, viene pensando cómo promover otras formas de producción.

La discusión sobre los resultados de los Campamentos Sanitarios lleva así a otra pregunta: qué hacer con la información una vez que ha sido producida.

Para Verzeñassi, el diagnóstico no puede quedar encerrado en un informe académico. Tiene que regresar al territorio y, cuando sea posible, convertirse en una herramienta para modificar las condiciones que pueden estar afectando la salud.

Una información que no tiene equivalente
La magnitud del trabajo realizado también aparece cuando se lo compara con otras investigaciones.

Existen estudios estadísticos y epidemiológicos sobre plaguicidas, salud reproductiva, abortos espontáneos e hipotiroidismo tanto en Argentina como en otros países. Pero Verzeñassi sostiene que no hay en el país una investigación de características comparables en cuanto al volumen y al modo de obtención de la información.

La particularidad del trabajo, insiste, está en la escala y en la profundidad del relevamiento.

Durante los Campamentos Sanitarios fueron entrevistadas más de 260.000 personas directamente en sus domicilios. Para el estudio específico sobre salud reproductiva fueron entrevistadas 6.497 mujeres en edad reproductiva.

No se trata, por lo tanto, de una encuesta telefónica ni de una muestra construida exclusivamente a partir de registros administrativos.

Son personas entrevistadas cara a cara en sus propias comunidades, a partir de las cuales se construyó la información utilizada posteriormente en el análisis.

Para realizar comparaciones internacionales, el equipo tuvo que recurrir a otras fuentes de información.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe una encuesta nacional de salud de los agricultores que se realiza telefónicamente y alcanza una gran cantidad de personas por su escala nacional. Pero, señala Verzeñassi, esa herramienta no tiene la profundidad del relevamiento realizado por los Campamentos Sanitarios.

También existen datos disponibles en Europa, donde algunos países cuentan con sistemas nacionales de salud capaces de registrar de manera sistemática una enorme cantidad de información sanitaria.

En determinados sistemas, donde cerca del 90 por ciento de la población se atiende en el sistema público, los registros permiten acceder a una información que en Argentina y en otros países de la región no está disponible con la misma profundidad.

Para los análisis comparativos, el equipo recurrió incluso a países europeos con características demográficas y genéticas que podían resultar útiles como referencia, teniendo en cuenta las corrientes migratorias que contribuyeron a conformar las poblaciones de las localidades santafesinas estudiadas.

La comparación no buscaba atribuir automáticamente las diferencias sanitarias a una cuestión genética.

De hecho, Verzeñassi recuerda con cierta ironía las explicaciones que en ocasiones se construyen alrededor de supuestas particularidades heredadas de las poblaciones.

Para él, antes que aceptar esas explicaciones de manera automática, es necesario observar qué otras condiciones comparten o diferencian los territorios.

El problema de fondo vuelve a ser el mismo: la disponibilidad de información.

Mientras algunos sistemas sanitarios europeos cuentan con registros obligatorios y centralizados sobre lo que ocurre con la salud de sus poblaciones, en Argentina y en buena parte de América Latina esa información aparece fragmentada, incompleta o directamente no existe para determinadas enfermedades y comunidades.

Por eso, cuando Verzeñassi habla de los 260.000 habitantes entrevistados en sus domicilios y de las 6.497 mujeres que forman parte del estudio sobre abortos espontáneos, hipotiroidismo y exposición a agrotóxicos, no está hablando solamente de una cifra.

Está hablando también de una manera de mirar la salud: salir de los registros que ya existen, ir hasta los lugares donde viven las personas y preguntarles qué les ocurre.

Y después, con toda esa información reunida, volver al territorio para intentar entender si aquello que las comunidades perciben como un problema puede ser medido, comparado y discutido desde la investigación científica.

Después de los Campamentos
Los Campamentos Sanitarios no volvieron a realizarse. En 2019, con el cambio de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, hubo una decisión política de interrumpir tanto ese dispositivo como los seminarios de Salud Pública que formaban parte del ciclo de práctica final de la carrera de Medicina.

Tres meses después llegó la pandemia y el cierre de las aulas terminó funcionando, en los hechos, como un contexto que facilitó la continuidad de esa decisión.

Para el equipo de Salud Socioambiental significó tener que buscar otra forma de hacer lo que hasta entonces habían hecho en los territorios. "Decidimos reinventarnos", cuenta Verzeñassi.

La enorme base de información construida durante los años anteriores pasó entonces a ocupar un lugar todavía más importante. Pero la reconversión no se limitó al análisis de datos.

El equipo profundizó también su trabajo de educación popular y de vinculación directa con las comunidades. Comenzaron a desarrollar procesos de formación de promotores de salud socioambiental y de epidemiología comunitaria, y trabajaron junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra.

En paralelo, junto con la Escuela Agrotécnica, se presentaron a una convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvieron el financiamiento y durante cuatro años desarrollaron un proyecto junto con trabajadores y trabajadoras de la tierra para conocer su situación de salud.

La investigación incorporó una comparación que para el equipo resultaba particularmente relevante: observar las condiciones de salud de quienes trabajan la tierra de manera agroecológica y compararlas con las de quienes desarrollan una producción convencional.

Los resultados, asegura Verzeñassi, volvieron a ser interesantes. Una primera parte fue publicada en un informe y el equipo trabaja ahora en la elaboración de una nueva publicación científica.

Mientras tanto, el Instituto amplió sus herramientas de formación. A través de su sitio web comenzó a ofrecer distintas propuestas de capacitación online y continuó sosteniendo la materia Salud Socioambiental, cuyo recorrido comenzó hace más de dos décadas.

La continuidad de ese espacio adquiere para Verzeñassi un valor particular en un escenario que considera poco favorable para la búsqueda de alternativas al modelo productivo predominante.

La discusión sobre qué producir y cómo producir no ocurre en un vacío.

En esos mismos días, observa el periodista, el diario La Capital había llevado a su título principal una declaración de representantes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), después del congreso realizado en Rosario: "El modelo de la siembra directa no se negocia".

Para el investigador, esa definición convive con otras iniciativas que avanzan en la misma dirección productiva, incluso desde ámbitos educativos y de política pública.

Menciona, entre otros ejemplos, proyectos de formación en agrotecnología y propuestas orientadas a fijar carbono en el suelo mediante fertilizantes biológicos.

El problema, sostiene, aparece cuando se observa quiénes controlan los insumos necesarios para ese modelo de producción.

En su lectura, un pequeño grupo de grandes empresas agroindustriales concentra una porción decisiva del mercado mundial de agrotóxicos, fertilizantes y semillas. "Es terrible el nivel de concentración", afirma.

Esa concentración explica, en buena medida, la importancia que le asigna al papel de la universidad pública.

A pesar de sus propias contradicciones y limitaciones, considera que continúa siendo un espacio fundamental para desarrollar investigación independiente y para sostener prácticas que no necesariamente responden a los intereses de quienes dominan el mercado de insumos y tecnologías agropecuarias.

"Es el único espacio desde donde se puede llevar adelante investigación independiente", sostiene.

De la producción a la mesa
Para Verzeñassi, la interrupción de los Campamentos Sanitarios no significó el final del trabajo territorial. Cambió la forma, pero no la preocupación central.

Actualmente, el equipo trabaja con una comunidad de la isla del Espinillo en un intento por recuperar prácticas de producción de alimentos que permitan mejorar la calidad de vida y, especialmente, la salud de las niñas y los niños que viven allí.

Al mismo tiempo, busca profundizar los vínculos con organizaciones de productores y productoras agroecológicos. El objetivo es construir mecanismos que acerquen a quienes producen alimentos de esa manera con quienes los consumen.

La idea parte de una constatación sencilla: si quienes consumen alimentos son, en definitiva, el conjunto de la población, entonces también pueden tener un papel activo en las formas en que esos alimentos son producidos.

Verzeñassi recurre para explicar esa relación a una expresión de Antonio Latuca, a quien define como "un gran maestro" de Rosario: los "co-agricultores".

La palabra intenta romper con la separación tradicional entre quien produce y quien consume.

No todos pueden trabajar directamente la tierra. "Yo no puedo trabajar la tierra porque no tengo lugar", plantea. Pero alguien más sí puede hacerlo.

La relación, entonces, puede construirse de otra manera: acompañando, organizando el consumo, generando vínculos y creando condiciones para que quienes producen agroecológicamente encuentren una comunidad que sostenga su trabajo.

La idea no se agota en una consigna. La pregunta es cuánto debería garantizar quien consume para que quien produce pueda hacerlo y, al mismo tiempo, vivir dignamente.

No se trata solamente de comprar un alimento de manera ocasional, sino de construir una relación capaz de sostener a quien trabaja la tierra.

Esa discusión forma parte de una experiencia más amplia en la que participan junto con Alimentar Ciudades, las cooperativas Germinar y otras organizaciones vinculadas con la producción y el consumo cooperativo en Argentina.

El objetivo es pensar cómo se alimentan las ciudades y qué sistemas agroalimentarios pueden sostener esa alimentación sin desligarla de la salud de quienes producen, de quienes consumen y de los territorios donde se produce.

La salud también está en los alimentos
En esa misma línea, el Instituto sostiene actualmente un curso online gratuito sobre sistemas agroalimentarios saludables y resistencia a los antimicrobianos.

Es otro de los temas que el equipo considera urgente y que, según Verzeñassi, todavía recibe menos atención de la que merece.

El problema es la creciente aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, capaces de sobrevivir a tratamientos que antes podían detenerlas.

La explicación habitual suele poner el foco en el uso inadecuado de antibióticos por parte de los médicos. Verzeñassi reconoce que existe una parte del problema allí, pero señala otro dato que considera decisivo: entre el 70 y el 80 por ciento de los antibióticos utilizados en el mundo se destinan a la producción animal, especialmente a sistemas intensivos como los feedlots.

Desde esa perspectiva, el problema de la resistencia antimicrobiana no puede pensarse únicamente dentro de los hospitales o consultorios.

También debe ser observado dentro del sistema agroalimentario.

El investigador menciona trabajos que han detectado rastros de microdosis de antibióticos en vegetales, como la lechuga.

La explicación, según describe, puede encontrarse en una práctica utilizada incluso con la intención de producir de manera menos dañina: el empleo de camas de pollo como fertilizante de los suelos.

Las camas provenientes de criaderos intensivos pueden contener restos de los antibióticos utilizados en esos sistemas. Una vez incorporados al suelo, sostiene Verzeñassi, esos residuos pueden ser absorbidos por las raíces y llegar a los vegetales que allí se producen.

La consecuencia es una cadena que conecta producción animal, suelo, alimentos y salud humana.

Para el investigador, esa cadena representa un riesgo sanitario que ya tiene una dimensión global.

Es también una muestra, en su lectura, de la necesidad de dejar de pensar la salud como una sucesión de compartimentos separados.

El antibiótico que aparece en una granja, el residuo que llega al suelo, el vegetal que crece allí, el alimento que llega a una mesa y la bacteria que finalmente desarrolla resistencia forman parte de un mismo sistema.

El problema de quién controla las herramientas
En ese punto vuelve a aparecer una discusión que atraviesa toda la entrevista: quién controla las herramientas con las que se produce.

Verzeñassi cuestiona que las mismas grandes empresas que comercializan agrotóxicos y semillas transgénicas estén ahora ofreciendo también soluciones biológicas.

No cuestiona la posibilidad de utilizar herramientas biológicas en sí misma, sino el hecho de que, según su planteo, esas empresas pretendan imponer sus propios productos como única alternativa.

La tensión aparece también en torno a los preparados que desarrollan los propios productores agroecológicos.

Según Verzeñassi, las exigencias de patentamiento pueden limitar la posibilidad de que las comunidades y los productores desarrollen y utilicen sus propios insumos.

A eso suma otro elemento: la concentración empresarial en distintos eslabones de las industrias vinculadas con la producción agropecuaria y la salud.

Para él, existe una conexión entre quienes producen los insumos agrícolas y quienes posteriormente participan de mercados vinculados con antibióticos y medicamentos.

Es un entramado que describe como un "combo" y que relaciona con una expresión utilizada por un cineasta canadiense en una película que, según recuerda, denominó a este fenómeno "el ciclo idiota": una cadena en la que los problemas generados por determinado sistema terminan alimentando nuevas industrias destinadas a responder a sus propias consecuencias.

La conversación vuelve así, una vez más, al punto de partida.

La salud no aparece aislada del territorio. Tampoco de la forma en que se produce, se trabaja, se distribuyen los alimentos o se organizan los mercados.

Una pregunta que sigue abierta
Durante más de dos décadas, Verzeñassi y sus equipos fueron construyendo una manera de mirar la salud que comienza en el territorio.

Primero fueron las aulas y la materia de Salud Socioambiental. Después, los pueblos y los Campamentos Sanitarios. 

Más tarde, los archivos donde quedaron acumulados los datos de cientos de miles de personas.

Ahora son también las comunidades, los productores, las escuelas, las organizaciones y los espacios de formación.

El método puede cambiar. Los escenarios también.

Pero la preocupación permanece: entender qué relación existe entre las formas en que se produce, se habita y se consume y aquello que finalmente sucede en los cuerpos.

Y, sobre todo, encontrar la manera de que el conocimiento producido no termine únicamente en una publicación académica.

Que vuelva a las comunidades, que pueda ser discutido por quienes viven en esos territorios y que, eventualmente, sirva para imaginar otras formas de producir alimentos y de cuidar la salud.

Antes de despedirse, Verzeñassi agradece la posibilidad de difundir el trabajo de la universidad pública.

Y allí el tono científico de la conversación se vuelve inevitablemente político.

Habla de un escenario que considera adverso y de una sociedad que, según su mirada, atraviesa un momento en el que muchas veces parece que todo está perdido.

Pero inmediatamente introduce una corrección: no todo está perdido.

Recuerda una votación reciente en la que, según señala, se logró frenar dos capítulos de la popularmente llamada Ley de Tierras, que califica de "nefasta". Todavía quedaban otros dos por enfrentar en el Congreso. 

Para él, ese episodio demostró algo que también aparece en su forma de entender la universidad: la capacidad de reacción existe cuando las personas se organizan.

"Hay capacidad de reacción, hay capacidad de frenar el avance del fascismo", sostiene, siempre que exista organización y que las personas puedan encontrarse y defender aquello que consideran común.

Su definición final vuelve a colocar a la universidad pública en el centro.

Después de hablar durante casi una hora sobre enfermedades, estadísticas, cultivos, agrotóxicos, antibióticos, alimentos y territorios, termina definiendo ese trabajo como una forma de defensa colectiva.

Para él, aquel resultado demostró que todavía existe capacidad de reacción y, sobre todo, capacidad de frenar el avance del fascismo: "Si nos organizamos, si nos juntamos y nos abrazamos" -dice- es posible defender aquello que entiende como patrimonio común:

"La defensa de la patria es, ni más ni menos, lo que hacemos desde la universidad pública", sostiene.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Señales, Javier Albea

Informe completo, publicado en la Revista de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba: 

Laguna Paiva II: un fallo que reconoce el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad

Después de más de 46 años, el juicio Laguna Paiva II dejó un fallo histórico: por primera vez en Argentina, la Justicia reconoció el abandono de niños, niñas y adolescentes durante el terrorismo de Estado como delito de lesa humanidad. En esta crónica, recogemos los testimonios de Norma Ríos, Federico Pagliero y Stella Vallejos, quienes, en diálogo con Señales, reconstruyeron el significado de la sentencia, la lucha de los sobrevivientes y el valor de una causa que vuelve a poner a las infancias en el centro de la memoria, la verdad y la justicia.

El juicio Laguna Paiva II terminó con condenas de entre 9 y 18 años de prisión para cuatro represores de la última dictadura militar. El fallo tiene un valor histórico: por primera vez en Argentina, la Justicia reconoció el abandono de personas sufrido por niños, niñas y adolescentes como un delito de lesa humanidad, en el marco del terrorismo de Estado.

La sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Antonio Parvelotti a 18 años de prisión; a Eduardo Enrique Riuli, ex policía de inteligencia, a 15 años; a Víctor Hermes Brusa, ex secretario judicial, a 14 años; y a Oscar Alberto Cayetano Valdés, ex policía, a nueve años. Los cuatro fueron responsabilizados por distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación de domicilio, además del abandono de personas en perjuicio de las infancias alcanzadas por la represión.

Durante el juicio se reconoció el sufrimiento de 34 víctimas. Entre ellas había 16 niñas, niños y adolescentes que quedaron abandonados después del secuestro de sus padres durante la última dictadura. Algunos, además, fueron víctimas de abusos, torturas y prisión. Eran hijos e hijas, sobrinos y sobrinas de trabajadores, muchos de ellos obreros combativos perseguidos por su militancia política y sindical, cuyas familias quedaron también atrapadas en la maquinaria represiva.

La memoria que puso a las infancias en el centro

Para Norma Ríos, presidenta honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la dimensión de lo ocurrido excede ampliamente el resultado de una sentencia. Lo define como un "fallo histórico" porque el tribunal no sólo condenó a cuatro responsables por crímenes de lesa humanidad, sino que estableció un precedente al reconocer por primera vez en el país el abandono de niños, niñas y adolescentes en el marco del terrorismo de Estado como un delito de esa naturaleza.

Ríos subraya que ese reconocimiento no habría sido posible sin quienes atravesaron aquellos hechos siendo niños y que, décadas después, se animaron a poner sus experiencias en palabras. Fueron hombres y mujeres que debieron declarar sobre el horror vivido cuando todavía eran apenas niños, y cuya voz resultó decisiva para reconstruir una parte de la historia represiva que durante años permaneció silenciada.

El proceso, explica, tampoco puede entenderse sin el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, familiares y de todas las personas que acompañaron la causa durante años. En esa construcción colectiva, destaca especialmente el trabajo del equipo jurídico de la APDH Rosario, integrado por abogados y abogadas que, según señala, estuvieron desde el primer momento para escuchar, comprender, reconstruir los hechos y convertir esos testimonios en una acción judicial capaz de sostenerse a lo largo del tiempo.

Ríos reivindica el compromiso de ese equipo en una tarea que, entiende, continúa escribiendo nuevas páginas en la historia de la lucha por los derechos humanos. También recuerda que esos abogados y abogadas, en ocasiones, son perseguidos por sectores que identifica como cómplices de los genocidas de ayer y de hoy, especialmente cuando intervienen en la defensa de víctimas de abusos, persecuciones y otras formas de violencia.

Por encima de todo, para la dirigenta de derechos humanos hay una continuidad que atraviesa estas décadas: memoria, verdad y justicia siguen siendo pilares irrenunciables. El fallo de Laguna Paiva II, en ese sentido, aparece como una nueva estación de una lucha que comenzó durante la propia dictadura y que todavía continúa.

El abandono de las infancias, por primera vez reconocido como lesa humanidad

Esa dimensión colectiva también aparece en la mirada de Federico Pagliero, abogado del equipo jurídico querellante de la APDH, que trabajó junto a Julia Giordano y Noelia Sarsa. Al salir del tribunal, Pagliero destacó que la jornada representaba un momento histórico porque la Justicia había hecho lugar a un planteo que el equipo sostenía desde la denuncia presentada en 2021 respecto de las infancias.

El fallo, señala, recogió el pedido de los propios sobrevivientes: que el abandono sufrido durante la dictadura fuera reconocido como un delito de lesa humanidad. Para Pagliero, la satisfacción por las cuatro condenas se suma a la importancia de que el proceso haya colocado a las infancias en el centro de la escena judicial.

Hay, en sus palabras, un reconocimiento especial hacia aquellas niñas y niños de entonces que hoy son adultos. Pagliero destaca que tuvieron que "poner el cuerpo dos veces": primero al atravesar el terrorismo de Estado y sus consecuencias durante la infancia y, décadas después, al volver a declarar ante la Justicia. Lo hicieron en el debate de 2021 y nuevamente en el juicio de 2026.

Gracias a ellos y a ellas, sostiene el abogado, estos juicios pudieron llegar hasta esta instancia. Y por eso remarca especialmente su valentía, su capacidad para contar el horror de lo vivido y su decisión de exigir justicia después de tantos años.

Pero Pagliero también insiste en que esas infancias no pueden ser separadas de las identidades y las historias de sus familias. Eran hijos e hijas, sobrinos y sobrinas de obreros y obreras combativos que habían sido perseguidos durante el terrorismo de Estado. La persecución no terminó en los adultos señalados por la estructura represiva: alcanzó también a sus familiares y a las infancias.

Desde esa perspectiva, el abandono no aparece como un hecho aislado ni como una consecuencia accidental de los secuestros. Para el abogado, la persecución sufrida por los niños y niñas se inscribe dentro del plan represivo y del plan genocida. Que la Justicia haya recogido ese planteo, "diga las cosas por su nombre" y reconozca por primera vez en la historia argentina el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad constituye, para Pagliero, un avance de enorme relevancia.

El valor del fallo, además, podría proyectarse más allá de esta causa. El abogado entiende que el reconocimiento permite continuar avanzando en el juzgamiento del genocidio sufrido por la sociedad argentina, incorporando nuevos hechos, nuevas víctimas y nuevas dimensiones de la represión que hasta ahora no habían encontrado una respuesta judicial específica. Esa apertura, sostiene, puede contribuir a que nuevos casos sean investigados y juzgados a lo ancho y a lo largo del país.

Nada de esto, remarca, habría ocurrido sin el acompañamiento social que tuvo la causa. Pagliero enumera entre quienes sostuvieron el proceso al Foro contra la Impunidad de Santa Fe, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, partidos políticos, organizaciones sindicales y estudiantiles y la prensa en general. Para él, ese respaldo demuestra que la sociedad argentina continúa involucrada en el reclamo de justicia.

En ese sentido, su conclusión tiene una fuerte carga política y colectiva: el país no olvida. Frente a las distintas formas de intentar clausurar las discusiones sobre el terrorismo de Estado, Pagliero contrapone una idea sencilla y contundente: "acá no hay olvido, hay memoria y hoy tenemos justicia".

El fallo representa, desde su perspectiva, una forma de reparación. No una reparación individual ni exclusivamente judicial, sino una que se inscribe en una lucha mucho más extensa. Pagliero se reconoce orgulloso de formar parte de ese recorrido colectivo que comenzó durante la dictadura, cuando las Madres, las Abuelas y los organismos de derechos humanos empezaron a reclamar por sus familiares y a denunciar los crímenes cometidos por el Estado.

Después llegaron los hijos y las nuevas generaciones. Y hoy, sostiene, esa lucha continúa en todas las personas que aportan, acompañan y empujan estas causas históricas.

En Laguna Paiva II, esa continuidad se expresa en una sentencia que, más de cuatro décadas después de los hechos, incorpora una dimensión hasta ahora ausente del reconocimiento judicial: las infancias que también fueron víctimas de la maquinaria represiva. Aquellos niños y niñas que quedaron solos después del secuestro de sus madres y padres, que atravesaron el miedo, la incertidumbre, el abandono y, en algunos casos, también el abuso, la tortura y la prisión, dejaron de ser apenas una consecuencia secundaria de los crímenes cometidos contra sus familias.

La Justicia los nombró como víctimas y reconoció que aquello que les ocurrió también formó parte del plan represivo y genocida. Para quienes durante décadas sostuvieron la búsqueda de verdad y justicia, esa declaración constituye mucho más que una condena: es el reconocimiento de una historia que permaneció abierta durante 46 años y que ahora incorpora, en el centro de la escena, las vidas de aquellas infancias.

Las voces que dejan registro

Entre quienes acompañaron el proceso también estuvo Stella Vallejos, expresa política de Santa Fe e integrante de El Colectivo de la Memoria. Su participación en los juicios de lesa humanidad tiene una particularidad: junto con otras dos compañeras, forma parte del grupo que se ocupa de registrar por escrito las audiencias y convertirlas, una vez finalizados los procesos, en crónicas destinadas a preservar lo ocurrido.

Son, como ellas mismas se definen, las "escribas" de los juicios. Asisten a las audiencias, escuchan los testimonios, toman apuntes y, cuando el juicio termina y la condena queda firme, transforman ese material en una publicación. No pueden utilizar grabadores durante las audiencias, por lo que se turnan para anotar todo lo que sucede y luego reconstruyen cada proceso en forma de crónica.

Es una tarea que vienen realizando desde hace años. Registraron Laguna Paiva I, un juicio que dejó condenas que, recuerda Vallejos, "nos sabieron a poco", y también otros procesos vinculados al terrorismo de Estado, como la megacausa de Rafaela y el juicio por los presos de la cárcel de Coronda. En todos los casos, el objetivo es dejar una memoria escrita de lo sucedido en las salas de tribunales.

Laguna Paiva II, sin embargo, tuvo para ellas una particularidad que lo volvió diferente de los anteriores: por primera vez se juzgaba específicamente el delito de abandono de niños, niñas y adolescentes en el marco del terrorismo de Estado.

Eso significó escuchar, una por una, las historias de personas adultas que cuando eran niñas habían sufrido el abandono provocado por la persecución y el secuestro de sus familiares. Vallejos habla de esa experiencia con una contundencia que no necesita demasiadas explicaciones: después de escuchar esos testimonios, "no se sale igual".

La experiencia, cuenta, fue muy fuerte. Y por eso la jornada de la sentencia tuvo también una dimensión profundamente emocional. La Justicia resolvió condenas para todos los imputados y, para quienes habían acompañado el proceso desde cerca, aquello significó una satisfacción por múltiples motivos. No solamente por el resultado judicial, sino por lo que implicaba que esas voces hubieran sido finalmente escuchadas y reconocidas.

Vallejos insiste en que el resultado no puede atribuirse a una sola persona ni a una única organización. Es el producto de una "lucha absolutamente colectiva". Y aclara que no se trata de una expresión utilizada de manera abstracta: fue una lucha colectiva en el sentido más literal de la palabra.

La querella fue llevada adelante por la APDH. Como la organización no tiene presencia institucional en Santa Fe, desde la provincia acompañaron permanentemente el trabajo de los abogados querellantes y el desarrollo del juicio. En ese acompañamiento, Vallejos identifica dos aspectos que considera fundamentales.

El primero es el valor de los sobrevivientes. Para quienes fueron niños durante la dictadura y tuvieron que atravesar el abandono, presentarse frente a un tribunal y exponer públicamente los sufrimientos padecidos requirió mucho más que memoria. Requirió coraje.

"Hay que tener valor, hay que tener memoria", sostiene Vallejos. Y aquellas personas lograron hacerlo. Volvieron a poner frente a la Justicia hechos que habían marcado sus vidas décadas atrás y se animaron a narrarlos para que pudieran ser incorporados a una sentencia.

El segundo aspecto que destaca es el trabajo del equipo jurídico de la APDH, integrado por Federico Pagliero, Julia Jordano y Noelia Sarsa. Vallejos asegura que los abogados dieron "absolutamente todo" desde el punto de vista profesional y humano. No se trató solamente del asesoramiento jurídico: también estuvieron el abrazo, la contención y el acompañamiento a quienes debían atravesar nuevamente situaciones dolorosas para reconstruir sus historias ante los tribunales.

Para Vallejos, esa dimensión humana merece ser especialmente reconocida porque el proceso judicial no se limita a expedientes, pruebas y argumentos jurídicos. Detrás de cada testimonio hay personas que vuelven sobre experiencias traumáticas y que necesitan también un espacio de cuidado para poder hacerlo.

El juicio tuvo, además, otra característica novedosa: una de las audiencias estuvo dedicada exclusivamente a especialistas en terrorismo de Estado e infancias. Expertos provenientes de distintas disciplinas aportaron herramientas para comprender las consecuencias de aquellas experiencias desde perspectivas que exceden lo estrictamente jurídico.

Vallejos recuerda especialmente las enseñanzas que dejaron esas intervenciones. Entre ellas, la posibilidad de comprender conceptos como la diferencia entre maldad y crueldad, pero también de aproximarse a la problemática desde la historia, la psicología y el derecho. Eran personas que habían estudiado durante años y que se habían preparado para brindar testimonios fundamentados en las ciencias.

Para quienes, como ella, cuentan principalmente con una formación escolar secundaria, escuchar esas explicaciones significó acceder a herramientas para comprender de otra manera aquello que había ocurrido. El terrorismo de Estado y sus consecuencias sobre las infancias podían ser observados así desde diferentes campos de conocimiento, construyendo una mirada más amplia sobre los daños producidos por la represión.

Todo ese trabajo quedó registrado en una nueva publicación de El Colectivo de la Memoria. A diferencia de otros registros, esta vez decidieron nombrar la serie de crónicas de una manera que resume el carácter excepcional del proceso: Crónicas de un juicio histórico. Infancias en dictadura, nunca más.

El material se encuentra publicado en la página de Facebook de El Colectivo de la Memoria, espacio al que pertenece Vallejos y que está integrado exclusivamente por expresas y presos políticos. Allí fueron volcando todo aquello que registraron durante las audiencias y que ahora se prepara también para convertirse en una publicación en papel.

La edición será de distribución gratuita. La decisión de sostener estos registros por fuera de circuitos comerciales responde, además, a una característica central de la organización: El Colectivo de la Memoria es un espacio autogestionado. No recibe apoyo económico de ninguna institución o persona y sostiene su trabajo de manera independiente.

Así, mientras la sentencia de Laguna Paiva II fija en un documento judicial el reconocimiento de las infancias como víctimas de un crimen de lesa humanidad, otras formas de memoria se ocupan de conservar los detalles que ningún fallo puede contener por completo: las voces, los silencios, las emociones, las palabras de quienes declararon y las escenas de un juicio que tardó más de cuatro décadas en llegar.

La tarea de las "escribas" busca precisamente que ese proceso no desaparezca una vez apagados los micrófonos y cerradas las puertas del tribunal. Cada crónica funciona como otra forma de testimonio. Una manera de dejar asentado cómo se llegó hasta allí, quiénes hablaron, qué se escuchó y qué significó para quienes estuvieron presentes.

En esa tarea también hay una definición política de la memoria. Registrar es impedir que la experiencia vuelva a quedar relegada al silencio. Es conservar las palabras de quienes fueron niños y niñas durante la dictadura y que, tantos años después, consiguieron que la Justicia reconociera que aquello que les ocurrió no fue una consecuencia lateral de la persecución contra sus padres, sino parte del entramado represivo.

Por eso, el juicio que Vallejos y sus compañeras registraron queda también escrito desde otro lugar. No sólo como una sentencia contra cuatro represores, sino como la historia de quienes esperaron décadas para que sus experiencias fueran nombradas, escuchadas y reconocidas.

El resultado de Laguna Paiva II se sostiene así sobre varias capas de memoria: la de quienes sobrevivieron, la de los organismos que acompañaron sus reclamos, la de los abogados que llevaron sus historias a los tribunales, la de quienes estudiaron y explicaron las consecuencias del terrorismo de Estado sobre las infancias y también la de quienes, como Vallejos y sus compañeras, se sentaron durante cada audiencia a tomar nota para que nada de aquello volviera a perderse.

Más de 46 años después de los hechos, el juicio terminó. Pero el registro continúa. Porque para quienes integran El Colectivo de la Memoria, contar lo que ocurrió también forma parte de la lucha por memoria, verdad y justicia.
Fotos: José Cettour, de El Colectivo

Escuchá los testimonios completos:

Mirá la transmisión completa de La Retaguardia:

Ver también: Las infancias del horror: el juicio que por primera vez pone a los niños víctimas de la dictadura en el centro de la escena

Taxis eléctricos en Rosario: el crédito que puede acelerar la renovación de la flota

El Concejo Municipal de Rosario habilitó la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos al sistema de taxis y remises. La medida abre una alternativa para un sector golpeado por la crisis, los costos y la competencia de aplicaciones no autorizadas en la ciudad. Detrás de la decisión hay una investigación de los propios taxistas sobre precios, mantenimiento, autonomía y financiamiento. Ahora, uno de ellos pidió un crédito, comprar un eléctrico y probar en la calle si los números realmente cierran

José Iantosca vive del taxi desde 1989. En más de tres décadas vio cambiar los autos, las tarifas, las formas de trabajar y también la manera en que los pasajeros eligen cómo trasladarse por Rosario. Vio crecer los costos y aparecer nuevas aplicaciones. Vio cómo se volvió cada vez más difícil renovar una unidad y sostener la rentabilidad de una actividad que, durante años, permitió vivir a miles de familias.

Ahora quiere hacer algo que, hasta hace poco, no estaba en los papeles: poner un auto eléctrico a trabajar como taxi en Rosario, según contó en Señales.

No quiere hacerlo solamente porque la tecnología sea nueva ni porque los vehículos le parezcan atractivos. Tampoco porque la transición hacia una movilidad menos contaminante sea una tendencia que avanza en otras ciudades. Quiere probarlo porque, después de estudiar durante meses los costos, la autonomía, el mantenimiento, el financiamiento y la experiencia de otros mercados, cree que puede convertirse en una herramienta concreta para enfrentar la crisis del sector.

Como presidente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), Iantosca fue uno de los que impulsó esa búsqueda. Y antes de pedirle al Estado que acompañara la reconversión, cuenta que sus propios compañeros le exigieron algo básico: números que pudieran comprobarse.

La discusión terminó llegando al Concejo Municipal. Allí, la concejala Anahí Schibelbein, de la Unión Cívica Radical y presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, tomó el planteo de Catiltar y comenzó a trabajar en una modificación de la normativa que regula la flota.

El resultado fue aprobado por unanimidad: Rosario habilitó la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos al servicio de taxis.

La modificación abre una puerta que permanecía cerrada desde una ordenanza sancionada en 1980, cuando la posibilidad de que un automóvil eléctrico formara parte del transporte público de pasajeros ni siquiera estaba dentro del horizonte tecnológico.

Ahora la pregunta cambió. Ya no es si un taxi eléctrico puede circular legalmente por Rosario. Puede.

La pregunta es cuántos titulares de licencias podrán comprar uno, cómo podrán financiarlo, dónde podrán cargarlo y, sobre todo, si el ahorro que promete la nueva tecnología alcanzará para convertir la inversión inicial en una alternativa económicamente viable para un sector que lleva años buscando la manera de sobrevivir a una transformación profunda del transporte.

Una ordenanza de 1980 frente a una tecnología nueva
La iniciativa que terminó aprobando el Concejo comenzó a tomar forma aproximadamente dos meses antes de la votación. El primer planteo llegó desde Catiltar, que se acercó al Palacio Vasallo con una inquietud concreta: analizar la posibilidad de incorporar autos eléctricos e híbridos a la flota de taxis.

Schibelbein recuerda que el planteo obligó, antes que nada, a mirar una normativa que había quedado detenida en otra época. Cuando la concejala y su equipo estudiaron la legislación descubrieron que la ordenanza que reglamenta la flota de taxis en Rosario data de 1980.

"En ese momento ni se pensaba la posibilidad de estar hoy discutiendo el tema de autos eléctricos para incorporar a la flota de taxis", explicó Schibelbein.

El paso siguiente fue trabajar con las áreas municipales que tendrían que intervenir si esos vehículos efectivamente llegaban al sistema. La concejala se puso en contacto con la Secretaría de Movilidad y con Fiscalización del Transporte.

La modificación legislativa podía habilitar la posibilidad, pero no alcanzaba con cambiar una norma. Después tendría que existir un control técnico que permitiera determinar si los nuevos vehículos cumplían con las condiciones necesarias para incorporarse al Sistema Público de Transporte y, específicamente, al servicio de taxis.

La intención era evitar que la normativa se transformara en un obstáculo para aquellos titulares de licencias que estuvieran dispuestos o en condiciones de realizar la inversión inicial necesaria para comprar un vehículo eléctrico o híbrido.

Las áreas municipales analizaron los modelos presentados y realizaron las verificaciones correspondientes. La respuesta fue afirmativa. Los vehículos podían incorporarse al sistema. Para Schibelbein, a partir de ahí aparecieron tres beneficios principales.

El primero es la modernización de una flota que atraviesa dificultades para renovarse. La concejala reconoce que la discusión sobre los vehículos eléctricos no puede separarse de la crisis que atraviesa el sector. "Hace un par de años que el sistema de taxis ha entrado en una crisis y una decadencia", señaló.

Esa situación, explicó, dificultó que muchos titulares pudieran cumplir con los tiempos de renovación establecidos por las ordenanzas. La incorporación de vehículos eléctricos o híbridos no resolvería por sí sola ese problema, pero sí abriría una alternativa para quienes pudieran acceder a una unidad nueva y afrontar la inversión inicial.

El segundo beneficio está directamente relacionado con los costos. Catiltar elaboró un estudio para intentar determinar si la incorporación de un eléctrico podía ser algo más que una reconversión tecnológica. Los números que manejó la cámara indicaron que un titular que pudiera realizar la inversión y adquirir un vehículo de esas características podría ahorrar alrededor de un millón de pesos mensuales. 

La cifra llegaría a unos 12 millones de pesos al año. Ese ahorro, según el cálculo realizado por los taxistas, permitiría amortizar con mayor rapidez la inversión inicial.

La ecuación adquiere todavía más importancia cuando se la compara con el escenario actual de competencia. Schibelbein señala que las aplicaciones como Uber y DiDi no están autorizadas por el marco regulatorio vigente en Rosario, pero que continúan teniendo presencia en las calles y compiten con el sistema formal.

Si el costo operativo de un taxi pudiera reducirse, razonó la concejala, también existiría la posibilidad de mejorar su capacidad para competir y, eventualmente, reducir el impacto que tienen los costos sobre la tarifa.

El tercer beneficio aparece en el terreno ambiental y en la experiencia cotidiana de pasajeros y trabajadores. Los vehículos eléctricos no generan emisiones de gases contaminantes por el funcionamiento de un motor a combustión y producen mucho menos ruido.

"Uno sube a uno de esos autos y no te das cuenta que está encendido", describió Schibelbein.

Para un pasajero puede representar una experiencia más confortable. Para un trabajador que pasa buena parte de su jornada dentro del vehículo, la diferencia puede ser todavía mayor.

La reducción del ruido, en ese sentido, no es solamente una cuestión ambiental. También puede traducirse en una mejora del confort y de las condiciones en las que se desarrolla una jornada laboral.

Pero la transformación tecnológica tiene un requisito que la ordenanza no puede resolver por sí sola.
Rosario cuenta actualmente con muy pocos cargadores para vehículos eléctricos. Schibelbein estimó que existen alrededor de cinco en toda la ciudad.

Si la incorporación de vehículos eléctricos dejara de ser una posibilidad aislada y comenzara a crecer dentro de la flota de taxis, la ciudad necesitaría acompañar el proceso con una red de carga acorde.

En esa misma dirección, recordó que su colega Fabricio Fiatti presentó recientemente un proyecto relacionado con la implementación de puntos de carga para este tipo de automóviles.

Fiatti y Schibelbein ya venían trabajando en iniciativas vinculadas con la modernización del sistema de taxis. La infraestructura aparece así como una pieza necesaria para que la posibilidad abierta por la nueva ordenanza pueda transformarse en una alternativa concreta.

El trámite legislativo avanzó, además, con una velocidad poco habitual. Schibelbein destacó que todo el proceso se desarrolló en unos 15 días: desde el comienzo de los estudios, la presentación de los vehículos y el análisis de la Municipalidad hasta la aprobación de la modificación normativa.

La votación fue unánime.

La rapidez no significó, explicó, que no existieran diferentes posiciones entre los concejales. Lo que existió fue un punto de coincidencia respecto de la necesidad de sostener el sistema público de taxis y el empleo que genera.

Detrás de cada licencia también aparecen las denominadas familias taxistas, que dependen de esa actividad. Por eso, la modificación no buscó imponer una transformación. "No están obligados a cambiar de vehículo, es simplemente una opción más", resumió Schibelbein.

Ese es el espíritu central de la norma: quitar un obstáculo para quienes tengan la posibilidad de realizar la inversión. La autorización, sin embargo, es apenas el primer paso.

La cuenta que puede definir el futuro del taxi
Para Catiltar, la discusión nunca estuvo limitada a conseguir que una ordenanza permitiera los eléctricos. El verdadero problema aparecía después: ¿qué pasa cuando un taxista tiene que comprar el auto? 

Iantosca conoce esa pregunta desde adentro. Vive del taxi desde 1989 y sostiene que el sector está "muy golpeado". "Nosotros vamos siempre buscando la vuelta", explicó.

La frase resume la estrategia que, según cuenta, viene siguiendo la cámara desde hace tiempo. Frente a una actividad cuyos costos aumentaron, con tarifas que considera económicas y con una competencia cada vez mayor de las aplicaciones no autorizadas en Rosario, los titulares de licencias necesitan encontrar herramientas que les permitan seguir trabajando.

La búsqueda de los eléctricos comenzó justamente desde esa necesidad. 

Antes de entusiasmarse con un modelo, los integrantes de Catiltar quisieron saber qué había detrás del vehículo. No solamente cuánto costaba comprarlo, sino cuánto costaba mantenerlo, cuánto podía durar, qué autonomía tenía, cuánto costaban los repuestos, cómo funcionaba la posventa y qué ocurría en otros lugares donde los taxis eléctricos ya llevaban años circulando.

La posventa fue uno de los puntos centrales. En ese recorrido apareció BYD, una empresa de origen chino que comenzó a instalarse en Argentina y que despertó el interés de los taxistas por la experiencia que ya tiene en otros países de la región.

Iantosca puso especialmente la mirada en Brasil y Uruguay. Allí, explicó, los vehículos eléctricos ya tienen una presencia importante en el servicio de taxis. Los modelos se fabrican en Brasil y existen numerosos vehículos que utilizan esta tecnología.

Para Catiltar, esa experiencia regional funcionó como una referencia. No se trataba solamente de analizar una tecnología nueva en un mercado desconocido, sino de observar qué había ocurrido en países cercanos donde esos vehículos ya llevaban varios años trabajando.

Iantosca asegura que encontró vehículos que combinan costos que consideran accesibles con un alto nivel de tecnología. "Son un lujo, son hermosos", describió. Pero la estética y el equipamiento eran solamente una parte de la evaluación.

La seguridad también pasó a ocupar un lugar importante. Iantosca señaló que uno de los modelos que analizaron fue considerado el auto más seguro de la Argentina y mencionó una prueba de accidente realizada apenas días antes de la entrevista cuyos resultados, según relató, lo ubicaban como el vehículo que menos daños sufría y que menor costo tendría en ese sentido.

El planteo de Catiltar, entonces, no se limita al ahorro de combustible. Los taxistas analizaron seguridad, tecnología, mantenimiento, disponibilidad de repuestos y posventa. También estudiaron qué significaría trabajar todos los días con esos vehículos.

Un automóvil nacional puede costar actualmente entre 42 y 45 millones de pesos. Sobre ese valor se calcula el seguro y también se encarecen los repuestos y buena parte de los gastos asociados al mantenimiento.

Para alguien que utiliza el auto como herramienta de trabajo, cada uno de esos costos pesa directamente sobre la rentabilidad. El modelo eléctrico que están considerando parte de un precio similar en pesos, aunque su valor de entrada ronda los 25.000 dólares, equivalentes a unos 36 o 37 millones de pesos según la referencia utilizada por Iantosca.

Es un vehículo pequeño, pero con un nivel de equipamiento y tecnología que el titular de Catiltar considera de alta gama. La diferencia importante aparece cuando el auto comienza a trabajar.

Un eléctrico no tiene embrague ni burro de arranque. No requiere los mismos cambios de aceite que un vehículo convencional y consume una proporción mucho menor de energía para recorrer la misma cantidad de kilómetros.

Iantosca calcula que el gasto en energía podría representar alrededor del 30 por ciento de lo que actualmente desembolsa un taxi convencional en combustible. A eso se suma el ahorro en mantenimiento.

La recuperación de energía durante las frenadas es una de las características que más destaca. Cada vez que el vehículo desacelera, parte de esa energía se recupera y contribuye a recargar la batería. Ese sistema también reduce el uso de los frenos convencionales.

Iantosca estima que las pastillas y otros componentes pueden durar hasta tres veces más que en un automóvil tradicional. En un taxi, donde el vehículo frena y arranca permanentemente durante toda la jornada, el dato adquiere especial importancia. 

La diferencia también aparece en los services. Según las estimaciones que maneja Catiltar, para los eléctricos están calculando un service de alrededor de 119.000 pesos cada 20.000 kilómetros, asociado además a un esquema de garantía de hasta ocho años. En el caso de los híbridos, ese service puede llegar a unos 450.000 pesos.

La explicación está en que el híbrido conserva un motor de combustión. Aunque ese motor no mueva directamente el vehículo y funcione como generador para alimentar el sistema eléctrico, continúa necesitando aceite, componentes mecánicos y mantenimiento periódico.

El eléctrico, en cambio, elimina buena parte de esos elementos. Para un vehículo que trabaja muchas horas y acumula kilómetros rápidamente, la diferencia puede resultar decisiva. Pero todavía queda una barrera importante. El precio de compra.

El crédito como llave
Iantosca sabe que un ahorro mensual puede resultar atractivo sobre el papel y, al mismo tiempo, ser imposible de aprovechar si el titular de una licencia no puede conseguir el dinero para comprar el vehículo. Por eso, en la discusión aparece una palabra central: crédito.

Los titulares de taxis no son grandes empresas. Son, según la definición que utiliza Iantosca, "microemprendedores" que trabajan arriba de un auto y que, en muchos casos, sostienen sus ingresos exclusivamente a partir de esa actividad.

La expectativa está puesta en una línea de crédito que la Provincia de Santa Fe prevé anunciar el próximo lunes 10 de agosto para acompañar la incorporación de vehículos sustentables. Iantosca espera que sea una herramienta realmente accesible para el sector. 

Su razonamiento parte de una comparación sencilla. La cuota puede parecer alta si se la mira aisladamente. Pero cambia cuando se incorpora al cálculo el ahorro que genera el propio vehículo. Si el eléctrico consume menos, necesita menos mantenimiento y reduce otros gastos asociados al funcionamiento cotidiano, una parte de ese ahorro puede utilizarse para pagar la cuota.

"Lo importante es que el banco nos permita acceder al crédito", resume. No se trata, desde su perspectiva, de negar el endeudamiento, sino de conseguir que la deuda esté acompañada por una herramienta que permita generar los recursos necesarios para pagarla.

El esquema que se espera conocer contempla créditos a 36 o 42 meses, con seis o doce meses de gracia, respectivamente. Durante ese período inicial se pagaría solamente el interés y no el capital. La tasa estaría vinculada a la TAMAR  (Tasa Mayorista de Argentina), la tasa correspondiente a los depósitos a plazo fijo, más un 10 por ciento.

Para Iantosca, las condiciones serían competitivas frente al escenario general del mercado. Según sus estimaciones, la tasa no debería superar aproximadamente el 40 o 42 por ciento de TNA (Tasa Nominal Anual).

Mientras espera el anuncio oficial, Catiltar ya comenzó a buscar alternativas. Iantosca destaca especialmente el rol del Banco Coinag, al que identifica como la primera entidad que se puso a disposición del sector para acompañar la reconversión hacia vehículos sustentables y de baja contaminación.

Según explicó, la entidad ofrece desde hace aproximadamente dos meses una tasa similar a la que se espera para el nuevo esquema provincial. El crédito contaría además con el respaldo de la Provincia de Santa Fe a través de un fondo de garantía que, según recordó, sería el FONDEP.

Por eso entiende que existen condiciones para que la herramienta sea accesible: la garantía principal detrás del financiamiento estaría dada por la propia provincia. Iantosca ya inició el trámite para solicitar ese crédito a través de Coinag.

En su caso, entonces, la discusión dejó de ser teórica. Mientras espera que se anuncie el programa provincial, ya comenzó a recorrer el camino que pretende que otros taxistas puedan transitar. Si consigue el crédito, quiere comprar el auto. Y quiere ponerlo a trabajar.

¿Dónde se carga un taxi que trabaja todo el día?
La pregunta aparece inmediatamente después de imaginar una flota eléctrica trabajando durante toda una jornada. Rosario tiene actualmente alrededor de cinco puntos públicos de carga. Si la reconversión fuera masiva, no alcanzarían.

Pero Iantosca introduce una diferencia importante respecto de la idea de que los taxis eléctricos dependerán exclusivamente de los cargadores públicos. Los vehículos vienen preparados con un cargador que permite realizar la carga en el domicilio.

El propietario debe afrontar el costo de instalación, pero una vez colocado el equipo puede conectar el automóvil durante la noche. La lógica es sencilla: el vehículo vuelve a casa, se enchufa y recupera energía mientras el conductor duerme.

La alternativa es particularmente conveniente para quienes disponen de cochera propia. El problema aparece en quienes viven en edificios o no tienen un espacio privado donde instalar el cargador. En esos casos, la infraestructura pública adquiere mayor importancia.

Aun así, Iantosca sostiene que la experiencia internacional y regional demuestra que la mayor parte de las cargas se realizan en los propios domicilios. Menciona como referencia que alrededor del 95 por ciento de los vehículos eléctricos se cargan de esa manera.

También sostiene que, incluso en viajes hacia ciudades como Buenos Aires o Córdoba, existe actualmente infraestructura suficiente para realizar cargas durante el trayecto. No se imagina, al menos por ahora, largas filas de vehículos esperando para cargar. 

La electricidad, además, resulta más económica que el GNC y la nafta. Y si el vehículo puede cargarse en el domicilio, el ahorro es todavía mayor. El modelo que están evaluando ofrece, según Iantosca, una autonomía de alrededor de 385 kilómetros en uso urbano.

La cifra disminuye considerablemente en ruta, donde calcula un rendimiento de entre 180 y 200 kilómetros. La diferencia está relacionada, entre otros factores, con el sistema de recuperación de energía.

En la ciudad, donde el vehículo frena y vuelve a arrancar permanentemente, ese mecanismo puede aprovechar una parte de la energía que de otro modo se perdería. También influye sobre los frenos, cuyo desgaste se reduce.

La carga, por su parte, depende del sistema utilizado. Con una conexión convencional de 220 voltios, utilizando el cable que viene con el vehículo, una carga completa desde cero puede demorar entre 12 y 14 horas.

Pero Iantosca aclara que esa situación no necesariamente representa el uso cotidiano de un taxi. Un conductor puede recorrer 150 kilómetros durante la jornada y dejar el vehículo conectado durante la noche. En seis u ocho horas de descanso, la batería puede recuperar buena parte de su capacidad.

Aunque no llegue al cien por ciento, puede alcanzar el 80 o el 90 por ciento, suficiente para continuar trabajando. También existe una alternativa más rápida mediante el equipo que se instala en el domicilio. En ese caso, calcula que una carga completa puede demandar aproximadamente cinco horas, mientras que recuperar el 50 por ciento de la batería requiere bastante menos tiempo.

El desafío, de todos modos, no debería resolverse solamente en las casas. Los taxistas también necesitan pensar en aquellos lugares donde los vehículos pasan buena parte de la jornada.

Un día antes de la entrevista, Iantosca había participado de una reunión en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario para analizar mejoras en las paradas de taxis y avanzar en medidas destinadas a hacerlas más seguras para los pasajeros.

Durante esa conversación apareció otra posibilidad: instalar cargadores. La propuesta fue conversada con Juan Pío Drovetta, presidente del Directorio del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. La idea es evaluar la instalación de uno o dos cargadores en las paradas de taxis del aeropuerto.

Iantosca esperaba retomar esa cuestión durante la presentación prevista para los días siguientes, en la que también se discutirían las nuevas herramientas de financiamiento. La transformación empieza así a adquirir una dimensión más amplia. No se trata solamente de que un taxista pueda comprar un vehículo eléctrico.

Hay que pensar dónde lo carga, cuánto demora, cuánto cuesta instalar un equipo en una vivienda, qué sucede con quienes viven en edificios, dónde colocar cargadores públicos y cómo adaptar espacios de alta circulación. El aeropuerto puede ser uno de esos lugares.

El primer taxi de la prueba
Iantosca quiere ser parte de esa transformación desde adentro. Si consigue acceder al financiamiento, pretende comprar su propio vehículo eléctrico. No solamente para cambiar de auto. Quiere probar los números.

Quiere comprobar en condiciones reales cuánto consume, cuánto gasta en mantenimiento, cuánto dura la batería, cuánto puede trabajar durante una jornada y si efectivamente el ahorro alcanza para pagar la cuota del crédito.

La idea tiene algo de demostración. También algo de desafío. 

El titular de Catiltar sabe que muchos de sus compañeros miran la tecnología con interés, pero también con cautela. El precio inicial es alto y una mala decisión puede significar un problema económico serio para alguien cuyo automóvil es, al mismo tiempo, su herramienta de trabajo y su principal fuente de ingresos.

No alcanzaba con decir que un eléctrico era más barato de mantener. Había que demostrarlo. No alcanzaba con decir que gastaba menos. Había que calcular cuánto. No alcanzaba con hablar de otros países.

Había que analizar qué vehículos podían llegar a Rosario, qué posventa tendrían y qué ocurriría cuando necesitaran repuestos. Esa búsqueda llevó a Catiltar mirar hacia Brasil y Uruguay, pero también hacia la propia experiencia de la empresa que están analizando.

Iantosca destaca que en Brasil estos vehículos llevan aproximadamente seis o siete años funcionando y que allí se fabrican localmente. Para él, ese antecedente fue determinante. No quería que la propuesta quedara sostenida solamente por el entusiasmo inicial. También estudió la disponibilidad y el costo de los repuestos.

Según las estimaciones que manejan en la cámara, las piezas de estos vehículos pueden resultar entre un 60 y un 70 por ciento más económicas que las de un automóvil a combustión. En una actividad donde el auto acumula kilómetros todos los días, una diferencia de ese tamaño puede modificar por completo la ecuación.

Un auto pensado para trabajar
El modelo que Iantosca quiere comprar es el Dolphin, el más pequeño de los que están evaluando. Tiene dimensiones menores, pero está diseñado para cuatro pasajeros. No es un vehículo para cinco personas, aunque el titular de Catiltar destaca el espacio interior.

Dice que tres personas pueden sentarse en la parte trasera y que el habitáculo resulta cómodo. Quien sube, asegura, difícilmente quiera bajarse. El comentario puede sonar entusiasta, pero detrás hay una cuestión práctica para el taxi: el pasajero no solamente busca que el auto funcione, sino también que el viaje sea cómodo.

Para el conductor, el nivel de tecnología y equipamiento también forma parte del atractivo. Los vehículos llegan con asientos de cuero, por lo que no sería necesario realizar el tradicional trabajo de tapizado que suele formar parte de la preparación de una unidad.

También existe una diferencia en la forma de poner el auto en condiciones de trabajar.  Iantosca explica que los titulares pueden elegir el vehículo negro y realizar solamente el ploteado correspondiente para identificarlo como taxi.

La entrega, según cuenta, podría demorar entre 15 días y un mes, e incluso ser inmediata si el comprador no tiene una preferencia específica de color.  En un contexto donde preparar un taxi convencional requiere una inversión adicional, esos detalles también entran en la cuenta.

Iantosca calcula que hoy "armar un taxi" puede representar entre cuatro y cuatro millones y medio de pesos una vez incluidos gastos como el ploteado, la transferencia, el tapizado y otros trabajos necesarios para convertir un vehículo particular en una unidad de servicio.

Con los modelos eléctricos que están analizando, estima que con unos 800.000 o 900.000 pesos, más el ploteado amarillo del techo, se podría salir a trabajar. También observa otra ventaja vinculada con la patente.

Al momento de comprar el vehículo se realiza el patentamiento, pero estos automóviles no abonan posteriormente el mismo esquema de patente que los vehículos convencionales, lo que representa otro ahorro para el propietario.

Cada uno de esos elementos puede parecer pequeño por separado. Juntos, modifican la cuenta final.

Una tecnología que todavía debe demostrar que funciona
La historia de Catiltar con los vehículos eléctricos no comenzó con BYD. Iantosca recuerda un congreso de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis realizado en Córdoba.

En aquella oportunidad conocieron una empresa que desarrollaba pequeños vehículos eléctricos, prácticamente similares a kartings. El entusiasmo fue inmediato.

Los taxistas llegaron a probar uno de esos modelos en Rosario. Incluso lo adaptaron y lo disfrazaron de taxi para evaluar cómo funcionaba. Aquellos vehículos también eran amplios y podían transportar cuatro o cinco personas.

La economía de funcionamiento parecía prometedora y desde la cámara llegaron a organizar reuniones con el intendente y realizar gestiones para facilitar el proyecto. Pero la empresa finalmente no prosperó. Por razones que Iantosca dice desconocer, dejó de avanzar y aquella iniciativa terminó frenándose. La experiencia, sin embargo, no apagó el interés.

Ahora la llegada de nuevos modelos genera expectativa precisamente porque existe detrás una industria con mayor desarrollo y una experiencia regional concreta. "Estos son 100 veces superiores", sostiene Iantosca al compararlos con aquella experiencia anterior.

La diferencia, para él, está en que esta vez existe una empresa con presencia internacional, vehículos que ya trabajan en otros mercados, repuestos, posventa y una experiencia acumulada que permite reducir parte de la incertidumbre.

Aun así, mantiene una cuota de prudencia. Quiere probar. Quiere verificar en la práctica los costos y la autonomía. Quiere comprobar que el modelo pueda soportar las condiciones concretas de un taxi rosarino. Y espera que, una vez demostrada esa experiencia, otros titulares puedan acceder al financiamiento. La intención es que su propio vehículo funcione como una prueba para sus colegas.

La apuesta por ser pioneros
Más allá de los números, Iantosca sabe que existe otro problema que no aparece en ninguna planilla de costos: el ánimo de los taxistas. La situación del sector genera desilusión.

La presencia de aplicaciones que, según denuncia, llegan incluso a detenerse delante de los propios taxis profundiza la sensación de competencia desigual. Pero el titular de Catiltar insiste en que no hay margen para abandonar la pelea.

"Es lo que sabemos hacer y lo que vamos a seguir peleando", sostiene. La frase tiene una dimensión personal. Iantosca vive del taxi desde 1989. No está hablando de una actividad que conoce solamente desde la representación gremial o empresarial. Es el oficio al que dedicó más de tres décadas.

Por eso interpreta la crisis del taxi como parte de una crisis económica más amplia. Sostiene que muchas personas necesitan hoy tener dos o tres trabajos para intentar llegar a fin de mes y que, aun así, en numerosos casos los ingresos no alcanzan.

Dentro de ese contexto, considera que los taxistas todavía mantienen comparativamente buenos ingresos. No dice que sean los que deberían tener ni desconoce las dificultades particulares del sector, pero entiende que, frente a otras actividades, continúan siendo una fuente de ingresos relativamente importante.

Por eso pide que los trabajadores no se caigan. La crisis del taxi, en su mirada, no puede analizarse aislada de lo que ocurre en el resto de la economía. Pero eso no significa dejar de buscar soluciones específicas.

La posibilidad de acceder a un eléctrico aparece justamente como una de esas herramientas. La diferencia con la compra de un automóvil convencional está, para Iantosca, en la lógica del crédito.

En un vehículo tradicional, el propietario puede recurrir a un plan de ahorro o a un préstamo para comprarlo y después debe afrontar los costos habituales de combustible, mantenimiento y reparaciones.

En el eléctrico, la expectativa es que la reducción de esos gastos permita absorber parte de la cuota. Por eso quiere ser uno de los primeros en probarlo. Si el banco determina que está en condiciones de recibir el crédito, pretende avanzar cuanto antes con la compra.

Quiere mostrar, con una experiencia concreta, que el ahorro existe y que la inversión puede funcionar.

De Rosario al resto de la provincia
La discusión tampoco se limita a los taxis de Rosario. El anuncio que prepara el gobierno de Santa Fe contempla también créditos para el transporte interurbano y remises. Para Iantosca, ambos sectores comparten buena parte de los problemas: el aumento de los costos, la crisis económica y la competencia de las aplicaciones.

Esa competencia, sostiene, ya no se limita a las grandes ciudades. En los pueblos también tienen una presencia cada vez mayor. Realizan viajes de una localidad a otra y compiten con los servicios tradicionales.

A su entender, quienes trabajan para esas plataformas enfrentan además una situación de mayor precarización porque ponen en riesgo el propio capital de trabajo: utilizan su vehículo, lo desgastan y luego deben afrontar solos la reposición y las reparaciones.

Su crítica, en ese punto, trasciende la discusión sobre los taxis eléctricos. Iantosca cuestiona el modelo de las plataformas internacionales y plantea una discusión más amplia sobre el tipo de mercado y de país que se quiere construir.

Habla de empresas que vienen del exterior, fugan capitales y, desde su perspectiva, precarizan las condiciones laborales. Considera que, si esas aplicaciones van a funcionar en la Argentina, deberían hacerlo bajo las mismas reglas que se les exigen a las actividades locales y dentro de un marco que garantice las condiciones necesarias para sostener derechos como la salud y la educación.

"Ya va a llegar la hora de que peleemos por una Argentina soberana", afirma.

En su mirada, la discusión sobre el transporte forma parte de una disputa económica mucho más grande. Mientras tanto, otros actores del transporte también empiezan a incorporar tecnología eléctrica o híbrida.

Iantosca menciona el caso de Primera Clase, que durante esa misma semana había presentado su primer vehículo híbrido. La elección del híbrido tiene una explicación relacionada con la actividad. Esos vehículos realizan viajes más largos y la posibilidad de contar con un motor de combustión ofrece una alternativa diferente.

Para los taxis que circulan principalmente dentro de la ciudad, en cambio, Iantosca considera que el eléctrico resulta más conveniente desde el punto de vista del ahorro. La diferencia de precio entre un modelo eléctrico y uno híbrido, según sus cálculos, no es demasiado grande: puede rondar entre 1.000 y 1.500 dólares.

Pero el híbrido conserva un motor. Ese motor no mueve directamente el automóvil, sino que funciona como generador de energía para alimentar el sistema eléctrico. Aun así, continúa requiriendo mantenimiento, aceite, componentes mecánicos y servicios periódicos.

Para un taxi que trabaja durante muchas horas, la diferencia vuelve a aparecer en los costos. El eléctrico busca eliminar precisamente buena parte de esos gastos.

Una ciudad que también tiene que adaptarse
La nueva ordenanza modifica una barrera normativa, pero la transición no depende solamente del Concejo ni de los titulares de licencias. También obliga a pensar qué ciudad necesita una flota eléctrica.

Rosario tiene pocos cargadores públicos. Los edificios residenciales presentan dificultades para quienes no tienen una cochera propia. Los espacios de alta circulación, como el aeropuerto, pueden transformarse en lugares estratégicos para incorporar infraestructura.

Y la Provincia debe definir cómo será el financiamiento que permita que la posibilidad no quede restringida a unos pocos titulares con capacidad de inversión.

Desde 2018, Santa Fe cuenta además con una Ley de Fomento a la Industrialización de Vehículos Eléctricos y Alternativos, una normativa que busca impulsar la incorporación de tecnologías basadas en energías alternativas para la movilidad urbana y periurbana.

La ley contempla también beneficios fiscales. Para los vehículos eléctricos, híbridos y alternativos —tanto particulares como destinados al transporte público— fabricados en la provincia de Santa Fe o que alcancen un determinado nivel de integración local, establece una exención del pago de patente durante diez años.

En el caso de los modelos de fabricación china presentados en los últimos días, el beneficio se extiende por cinco años. 

La incorporación de vehículos eléctricos también aparece vinculada con los objetivos ambientales de Rosario. El proyecto presentado por Schibelbein recupera los lineamientos del Plan Local de Acción Climática Rosario 2030, que plantea distintas medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre esas acciones aparece el "Etiquetado del Parque Automotor", una iniciativa que propone identificar los vehículos motorizados mediante etiquetas y categorías que permitan conocer su rendimiento energético y el nivel de emisiones que generan.

La propuesta apunta a que la transición hacia una movilidad más sustentable no quede limitada a comprar nuevos vehículos. También busca generar herramientas para medir y visibilizar el impacto ambiental del parque automotor que ya circula por la ciudad.

En ese sentido, el taxi eléctrico puede ser leído como una pieza de una transformación más amplia. Pero para quienes viven de conducirlo, la discusión ambiental convive con otra mucho más urgente. La de los números.

Todo depende de que los números cierren
Para Catiltar, cada variable forma parte de una misma ecuación. El vehículo puede ser más caro que algunos automóviles convencionales en el momento de la compra. Pero hay que incorporar combustible, mantenimiento, frenos, lubricantes, impuestos y otros gastos que desaparecen o se reducen considerablemente.

La clave está en conseguir el financiamiento inicial. Una vez que el vehículo está trabajando, la expectativa es que el ahorro operativo permita sostener la cuota. Iantosca entiende que para conseguirlo tienen que intervenir distintos actores.

Desde la cámara, cuenta, fueron "los principales y los más molestos" a la hora de reclamar que la Provincia de Santa Fe se incorporara a la discusión y que se articularan las distintas herramientas disponibles.

La idea es que intervengan la Municipalidad, el Banco Municipal, Coinag y el Gobierno provincial para construir un esquema de financiamiento que permita acelerar el cambio tecnológico. Porque el beneficio, en su mirada, no quedaría restringido al propietario de la licencia.

Un taxi que cuesta menos mantener puede ser más sostenible económicamente para quien trabaja con él. Una flota menos contaminante beneficia a toda la ciudad. Y un sistema que incorpora tecnología puede mejorar su capacidad para competir con las nuevas modalidades de transporte. "Es beneficio para todos", insiste.

En esa carrera por encontrar una salida, Iantosca recupera una frase que funciona casi como una definición de la estrategia que intenta impulsar el sector: "El que pega primero, pega más fuerte". La intención es que Rosario no llegue tarde a una transformación que ya está ocurriendo en otros mercados.

El Concejo modificó una normativa que tenía 46 años de antigüedad. La Municipalidad verificó que los nuevos modelos pueden incorporarse al sistema.

La Provincia prepara herramientas de financiamiento. Las entidades financieras comenzaron a acercar propuestas. Los taxistas estudiaron modelos, costos y experiencias de otros mercados. Y la infraestructura de carga empezó a aparecer como una nueva necesidad urbana.

Ahora falta lo más concreto: que los nuevos vehículos lleguen a las calles de Rosario.

Escuchá la entrevista completa: