El nuevo Código Electoral obtuvo media sanción en Diputados y ahora espera el tratamiento del Senado. La reforma modifica las PASO, cambia el diseño de la boleta única, eleva al 4% el piso para acceder al reparto de bancas y habilita hasta tres candidaturas a vicegobernador/a para un mismo candidato a gobernador. Para el constitucionalista Oscar Blando, detrás de esos cambios se abre una discusión de fondo: qué relación habrá entre los votos obtenidos y la representación efectiva de la ciudadanía.
El jueves pasado, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al nuevo Código Electoral, una reforma que introduce cambios relevantes en el sistema de las PASO, modifica el diseño de la boleta única y eleva los pisos electorales para acceder a la representación legislativa. La iniciativa, que ahora deberá continuar su recorrido parlamentario, abrió además una discusión más profunda sobre la representación política, la proporcionalidad del voto y los eventuales reparos constitucionales que podrían plantearse.
Para analizar el alcance de la reforma, el abogado, doctor en Derecho y especialista en Derecho Constitucional y Electoral Oscar Blando pone el foco en
Señales, antes que nada, en una cuestión que considera necesaria y largamente postergada: Santa Fe necesitaba un Código Electoral.
Lo sostiene desde hace años y recuerda que incluso publicó un libro,
Reforma Política en Argentina: un debate democrático pendiente, concebido como una suerte de digesto electoral, en el que reunió leyes dispersas, antiguas y, en algunos casos, contradictorias, algunas derogadas expresamente y otras de manera orgánica o tácita. Desde esa perspectiva, la necesidad de ordenar y sistematizar la legislación electoral provincial resulta, para él, indiscutible.
La nueva Constitución de Santa Fe también aporta razones para avanzar en esa dirección. Blando señala que la reforma constitucional de 2025 estableció la necesidad de reglamentar distintas cuestiones, entre ellas la creación de un nuevo órgano electoral y las nuevas formas de participación política incorporadas al texto constitucional: iniciativa popular, referéndum, revocatoria y audiencias públicas. Se trata, en esos casos, de materias que requieren necesariamente una reglamentación.
Pero el problema, según su mirada, aparece cuando el Código avanza sobre cuestiones que la Constitución no obligaba a modificar. Ahí ubica los cambios en los pisos o umbrales electorales y el nuevo diseño de la boleta única.
Para Blando, no existió un mandato constitucional que exigiera elevar los pisos electorales ni tampoco modificar la boleta única de papel por categorías, tal como se utilizaba hasta ahora.
Un Código necesario, pero no todos los cambios
La pregunta que formula es, precisamente, quién reclamó esos cambios.
"¿Qué parte de la ciudadanía pidió elevar los pisos electorales? ¿Qué sector de la academia pidió elevar los pisos electorales?", plantea. Y extiende el interrogante al sistema de votación: "¿Qué sector de la sociedad pidió cambiar el diseño de la boleta única de papel por categoría como nosotros teníamos?".
Según sostiene, no conoce ningún sector social, político o académico que haya reclamado específicamente el diseño finalmente aprobado por la Cámara de Diputados.
A su entender, podría haberse discutido una modificación de la boleta para adoptar otros modelos existentes, como el sistema cordobés, el mendocino o incluso el utilizado a nivel nacional. Sin embargo, considera que la fórmula que terminó incorporándose al proyecto surgió de las discusiones políticas posteriores y no de una demanda social o académica previamente instalada.
La diferencia, para Blando, es importante: una cosa es reconocer la necesidad de contar con un cuerpo normativo ordenado y actualizado y otra muy distinta es suponer que esa necesidad habilita cualquier modificación de las reglas electorales. Ahí comienza su principal objeción.
El 4% y los votos que pueden quedar afuera
Uno de los puntos que más preocupa a Blando es el aumento del piso electoral. Actualmente, explica, para la distribución de cargos legislativos rige un umbral del 3% del padrón electoral. El nuevo Código propone elevarlo al 4%.
Ese porcentaje no funciona como el piso que una fuerza debe superar para pasar de las PASO a las elecciones generales, sino como el umbral que debe alcanzar después de la elección general para poder participar de la distribución de bancas en la Cámara de Diputados. La diferencia no es menor.
Con la nueva Constitución, la Cámara de Diputados debe distribuir sus bancas mediante un sistema proporcional, de modo que exista una correspondencia entre los votos obtenidos por las distintas fuerzas y la representación que finalmente consiguen. El problema, advierte Blando, es que el piso del 4% puede dejar afuera de esa distribución a fuerzas pequeñas.
Además, se trata de un porcentaje calculado sobre el padrón electoral y no sobre los votos efectivamente emitidos. Eso significa que quienes figuran en el padrón pero no concurren a votar también forman parte de la base sobre la cual se calcula el umbral.
En la práctica, sostiene Blando, quienes no votan terminan favoreciendo indirectamente a las fuerzas que consiguen superar el piso, que suelen ser los grandes sectores o frentes electorales.
La defensa política de esta modificación se ha apoyado, en buena medida, en la necesidad de garantizar la gobernabilidad. Pero esa explicación no convence al especialista.
Blando señala que, si se observa el derecho público provincial argentino, Santa Fe quedaría como una de las jurisdicciones con el umbral más alto: Jujuy tiene un piso del 5% y, detrás, aparecería Santa Fe con el 4%. La mayoría de las provincias se mantiene en el 3% del padrón o, en otros casos, establece el porcentaje sobre los votos emitidos. También existen provincias que directamente no tienen umbral electoral.
La pregunta que, según cuenta, planteó incluso durante una reunión de las comisiones de la Cámara de Diputados es concreta: en qué provincia argentina hubo ingobernabilidad porque el piso electoral era bajo o porque directamente no existía un umbral. "Nadie me contesta", sostiene.
Su observación apunta a cuestionar la relación que se pretende establecer entre un piso electoral elevado y la capacidad de un gobierno para gobernar.
Según Blando, la experiencia argentina muestra más bien lo contrario: ejecutivos fuertes, gobiernos con control político, mediático e incluso judicial. Por eso considera que la teoría según la cual un umbral bajo genera ingobernabilidad puede tener algún sustento en determinados desarrollos de la teoría política, pero no encuentra correlato en la realidad provincial argentina.
La explicación histórica del sistema de umbrales, agrega, tiene mayor sentido en los regímenes parlamentarios, donde los gobiernos surgen de los propios parlamentos y una excesiva fragmentación puede dificultar la formación de mayorías y, por lo tanto, de gobiernos estables.
Pero ese no es el esquema argentino. El país tiene un sistema presidencialista y, en las provincias, los gobernadores cumplen un papel equivalente al de pequeños presidentes. En ese contexto, sostiene, el problema de la ingobernabilidad derivada de la fragmentación legislativa no aparece de la misma manera.
Blando admite que cualquier gobernante preferiría contar con mayorías cómodas en las legislaturas y en los concejos deliberantes. Pero entiende que el camino para conseguirlas debería ser electoral: obtener votos y ganar elecciones.
"No crear ficticios instrumentos que condicionen la voluntad popular", plantea.
La proporcionalidad en disputa
El efecto más delicado del nuevo umbral, desde su perspectiva, no se limita a una cuestión de ingeniería electoral.
Debajo de ese 4% pueden quedar cientos de miles de personas sin representación política. Y esa exclusión, advierte, puede producir una consecuencia todavía más preocupante: favorecer el abstencionismo.
La lógica que plantea es sencilla. Si una persona no encuentra dentro de la oferta electoral una alternativa con posibilidades reales de representación, puede dejar de concurrir a votar.
"Si yo no tengo la opción el día de ir a votar, es muy probable que no vaya a votar", resume. La discusión adquiere entonces una dimensión constitucional.
Blando reconoce que los porcentajes y umbrales electorales han sido objeto de judicialización en distintas oportunidades y que se ha discutido incluso la constitucionalidad de determinados pisos, como el 3%.
Sin embargo, explica que tanto en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en el de la Corte Suprema, en términos generales, estas cuestiones suelen ser consideradas decisiones políticas mientras no impliquen una restricción incompatible con el sistema democrático o con la voluntad popular.
Por eso no afirma que la sola existencia de un umbral del 4% implique automáticamente una inconstitucionalidad. Su objeción es más específica: considera que esos umbrales condicionan el principio constitucional de proporcionalidad que la nueva Constitución de Santa Fe adoptó para la representación legislativa.
El ejemplo que utiliza permite comprender el problema. Imagina una lista que obtiene 90.000 votos pero no alcanza el umbral necesario, establecido hipotéticamente en 100.000. Esa lista queda fuera de la distribución de bancas.
En cambio, las fuerzas que sí superaron el 4% participan del reparto mediante el sistema D’Hondt y pueden conseguir bancas con candidatos que, dentro de esa distribución proporcional, representen una cantidad de votos considerablemente menor.
El resultado puede ser que una lista que obtuvo 90.000 votos quede sin representación por no haber alcanzado el piso, mientras otro candidato, perteneciente a una fuerza que sí superó el 4%, acceda a una banca con una cantidad de votos muy inferior: 40.000, 45.000, 35.000 o incluso 20.000.
Para Blando, ahí aparece la tensión central. "El primero de esa lista tiene 90.000 votos, pero como no llegó a los 100.000, no pasa y no se distribuye", explica.
Mientras tanto, los últimos candidatos de las listas que sí superaron el piso ingresan al reparto y, a partir de la aplicación del sistema D’Hondt, pueden resultar electos con una cantidad de votos muy inferior. "Sin embargo, ese va a ser legislador y el que sacó 90.000 no va a ser legislador", señala.
Desde esa perspectiva, la discusión deja de ser solamente técnica y pasa a comprometer el principio mismo de representación proporcional que la Constitución provincial decidió adoptar.
Para Blando, la contradicción se encuentra justamente allí: en un sistema que proclama la proporcionalidad, un candidato puede reunir muchos más votos que otro y, sin embargo, quedar fuera de la Legislatura exclusivamente por no haber alcanzado un umbral previamente establecido.
Una candidatura a gobernador, hasta tres vices
La reforma contiene, además, otras novedades que, a juicio del especialista, merecen atención. Entre ellas, aparece la posibilidad de que un mismo candidato o candidata a gobernador o gobernadora compita acompañado por hasta tres candidatos o candidatas a vicegobernador o vicegobernadora.
Blando califica esta modificación como "novedosa e insólita" y anticipa que también plantea interrogantes institucionales. Para el especialista, la posibilidad de que un mismo candidato a gobernador o gobernadora compita acompañado por hasta tres candidatos o candidatas a vicegobernador o vicegobernadora no encuentra antecedentes en el sistema electoral argentino.
El especialista sostiene que no existe ninguna jurisdicción del país donde se vote de esa manera y considera evidente que la modificación nació como una forma de resolver un problema interno dentro del bloque oficialista.
Su objeción no está dirigida al conflicto partidario en sí mismo, sino a la decisión de trasladarlo al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. "No critico los problemas internos. Lo que digo es que no hay que trasladarlo a la ciudadanía para resolver ese problema interno", resume.
Blando parte de una consideración básica sobre el sistema electoral: gobernador y vice no constituyen dos categorías independientes. Se vota una fórmula.
Si fueran categorías separadas, explica, la elección provincial tendría seis categorías en lugar de cinco: gobernador, vicegobernador, senador, diputado y las restantes autoridades locales. Pero no es así.
"Se vota fórmula", enfatiza. Por eso entiende que, si esta posibilidad de presentar distintos candidatos a vice acompañando a un mismo gobernador se aplicara en la elección general, sería claramente inconstitucional.
En las PASO, en cambio, reconoce que el análisis es más complejo y deja abierta una zona de discusión jurídica. En ese terreno aparece, según Blando, una figura conocida en la teoría política y electoral: la lista colectora.
El mecanismo consiste en que diferentes listas o partidos confluyan en una misma candidatura para una categoría superior. En este caso, distintas candidaturas a vicegobernador quedarían asociadas a una única candidatura a gobernador.
Los votos obtenidos por cada una no se suman entre sí para construir una misma lista, pero todas llevan al mismo candidato principal. Blando las define como "colectoras a la santafesina".
La boleta que cambia la forma de votar
La misma lógica, aunque aplicada al diseño de la boleta, aparece en otra de las grandes modificaciones del Código.
Santa Fe abandonaría el sistema de boleta única por categorías para pasar a un esquema que Blando describe como de "boletas sábanas cortas", donde el candidato a gobernador puede producir un efecto de arrastre sobre los diputados, del mismo modo que los intendentes pueden hacerlo sobre los concejales.
El especialista vuelve a marcar que se trata de una fórmula que no tiene antecedentes extendidos en el país y que su carácter novedoso no implica necesariamente que sea mejor que el sistema vigente.
La discusión, para él, no debería confundirse con la idea de innovación. Cambiar un mecanismo electoral no significa, por sí mismo, mejorarlo. En ese punto imagina incluso el escenario político que podría producirse el año próximo, si la ley queda sancionada.
Las distintas candidatas a vice que acompañen a un mismo candidato a gobernador deberán competir entre sí en una interna visible. "¿Qué se van a decir entre ellas para decir: vos sí, yo no, yo acompañé, vos no lo hiciste?", plantea el periodista. La escena, advierte, es la de una interna "al rojo vivo", sostiene y suma Blando: "eso es lo que tienen todas las colectoras".
Las colectoras tradicionales presentan, en cambio, otra particularidad: distintos partidos, incluso con perfiles ideológicos diferentes, pueden llevar al mismo candidato a gobernador o presidente.
Uno puede ubicarse más a la izquierda, otro más a la derecha y otro en el centro, pero todos confluyen en una candidatura común, refiere el constitucionalista y señala que en Santa Fe, la particularidad es que esas fuerzas pueden aparecer incluso dentro de un esquema que las vincula a un mismo espacio gubernamental. Blando encuentra allí otro elemento de confusión para el electorado.
La idea de que las distintas fuerzas están necesariamente de acuerdo porque llevan al mismo gobernador y comparten un programa de gobierno no le parece tan evidente. Y si, además, se habilita la posibilidad de hasta tres candidaturas a vice, se pregunta cuál es el criterio para establecer ese número.
Tres cruces y el riesgo de los votos nulos
El problema se extiende al modo concreto en que el ciudadano deberá votar. Blando cuestiona que se presente el nuevo diseño como una forma más sencilla y transparente de emitir el sufragio.
Su comparación parte de la experiencia conocida por los santafesinos: con la boleta única por categorías, el elector podía elegir por separado al candidato a gobernador, al senador y al diputado.
"¿Por qué es más fácil votar por categoría?", pregunta. Para él, tomar la boleta correspondiente a cada categoría y seleccionar al candidato elegido resulta más claro que concentrar múltiples decisiones en una misma papeleta.
El nuevo sistema, en cambio, incorporaría tres posibilidades de marcado. El ciudadano podría optar por una lista completa, elegir un gobernador determinado y, al mismo tiempo, seleccionar una lista diferente para diputados.
El abogado constitucionalista cuestionó que el nuevo diseño electoral de Santa Fe sea "más fácil y transparente" para los ciudadanos. "¿Por qué es más fácil votar? No es más fácil votar por categoría: yo tomo la boleta de gobernador y elijo a quien quiero; tomo la de senadores y elijo a quien quiero, o diputados. Eso es mucho más sencillo que poner esta boleta, que va a tener tres cruces", planteó.
Según explicó, el elector podrá optar por una lista completa, por un candidato a gobernador y por candidatos a diputados de otra fuerza. "Uno puede no votar lista completa y votar gobernador de uno y diputado de otra", señaló. Sin embargo, advirtió que el diseño de la boleta y la oferta electoral que tendrá frente a sí el ciudadano serán "muchísimo más complicados" y que, en consecuencia, "seguramente traerán muchos más votos nulos", como ocurrió en Córdoba.
"Entonces, ¿se pueden decir muchas cosas ahora, que es más fácil y más transparente? No", concluyó.
¿Un neolema o "colectoras a la santafesina"?
La discusión inevitablemente le recuerda una etapa que Santa Fe conoce bien: los años de la ley de lemas.
Algunos analistas ya han definido el nuevo mecanismo como una suerte de "neolema", aunque Blando introduce una precisión técnica: estrictamente, no sería un lema porque los votos no se suman entre las distintas listas.
En ese sentido, considera que la figura se aproxima mucho más a las colectoras. Y no se trata, según remarca, de una objeción exclusivamente personal. Blando menciona trabajos académicos y de instituciones especializadas en materia electoral que también han cuestionado las listas colectoras y las listas de adhesión.
Cita particularmente a CIPEC, una institución que, aclara, difícilmente pueda ser ubicada dentro de una determinada orientación política. Recuerda que esas críticas están recogidas en un libro sobre reformas electorales que coordinó junto con la Universidad Nacional de Rosario.
Según explica, quienes estudian, investigan y ejercen tareas de control sobre los procesos electorales han advertido sobre los problemas que generan estos mecanismos y han planteado que deberían evitarse. "Al contrario, que las critican, dicen que no son convenientes, hay que evitarlas. Bueno, nosotros las elegimos", concluye.
De la boleta santafesina a la nueva boleta
La transformación de la boleta única ocupa, en ese sentido, un lugar central en sus reparos.
Santa Fe fue pionera con el sistema de boleta única por categorías, una herramienta que luego se extendió, con distintas variantes, a otras jurisdicciones y llegó incluso al ámbito nacional.
Blando recuerda que el propio Pablo Javkin —a quien se refiere durante la entrevista— fue uno de los impulsores de aquel modelo y que durante años defendió la boleta única tal como se implementó originalmente en Santa Fe.
El especialista recuerda especialmente una discusión producida en 2024, cuando distintos especialistas fueron convocados a la Cámara de Diputados durante el tratamiento del proyecto de boleta única nacional.
En aquella oportunidad, Blando compartió la exposición con Javkin y asegura que este defendió "férreamente" la boleta por categorías que había impulsado para Santa Fe. Por eso la modificación actual le resulta llamativa. "No sé si su posición cambió o no, no lo sé", dice Blando.
Pero sí afirma que el sistema que ahora se propone no era el que Javkin había defendido aproximadamente un año y medio o dos años antes. "Yo no soy quien tiene que dar las explicaciones", agrega, admitiendo al mismo tiempo que en política las posiciones pueden cambiar.
A la complejidad de la nueva boleta se suma finalmente la incorporación de la posibilidad de votar por lista completa. El elector tendrá, junto a la categoría de gobernador y próxima a la de diputados, un casillero específico para optar por la lista completa.
Pero esa opción convivirá con casilleros individuales que permitirán elegir por separado al gobernador y a los diputados. Así, quien quiera podrá seleccionar la lista completa, mientras que quien prefiera combinar candidatos deberá marcar individualmente cada categoría.
El sistema busca permitir mayor libertad de elección, pero para Blando el resultado puede ser exactamente el contrario al que sus defensores anuncian: una boleta más compleja, una oferta electoral más difícil de interpretar y un escenario con mayores posibilidades de errores y votos nulos.
En su lectura, el nuevo Código Electoral no solamente modifica las reglas con las que competirán los partidos. También altera la manera en que los ciudadanos encontrarán esas opciones en la boleta y, por esa vía, la relación entre la oferta política y la decisión que finalmente se expresa en las urnas.
Y esa es, para el especialista, una de las razones por las que la reforma merece una discusión mucho más profunda que la que supone simplemente cambiar el formato de una papeleta.
Los partidos chicos frente al nuevo piso
Pero el nuevo Código no solamente puede modificar la forma en que votan los ciudadanos. También puede alterar profundamente las posibilidades de supervivencia electoral de los partidos más pequeños.
Blando se muestra sorprendido por el acompañamiento que la reforma recibió de algunas fuerzas que, bajo las nuevas reglas, podrían terminar siendo perjudicadas.
La pregunta que plantea es qué ocurriría si esos partidos decidieran presentarse solos, fuera de los grandes frentes electorales de Santa Fe. El socialismo que acompañó esta reforma, reconoce, podría atravesar esa prueba y superar cómodamente el nuevo piso del 4%.
Pero menciona como casos más problemáticos al Partido Demócrata Progresista, el GEN, UNO y distintas expresiones menores del peronismo. En su interpretación, muchos de esos partidos apoyaron la reforma porque actualmente están "cobijados y enganchados" dentro de frentes electorales más grandes.
Sin esa estructura, advierte, podrían quedar directamente fuera de toda representación. El nuevo sistema genera así un incentivo para que las fuerzas pequeñas se alineen con alguno de los grandes espacios de la provincia si quieren evitar desaparecer electoralmente.
"Hay que alinearse con alguno de los grandes frentes electorales de la provincia de Santa Fe para no morir el intento", plantea Blando.
La consecuencia, desde su perspectiva, no es necesariamente una mayor fortaleza de los partidos, sino una dependencia creciente respecto de las estructuras políticas más grandes. La discusión sobre el piso del 4%, entonces, vuelve a encontrarse con la de la representación.
No se trata solamente de cuántos votos necesita una fuerza para conseguir una banca. También está en juego qué tipo de sistema partidario puede sobrevivir bajo las nuevas reglas y qué incentivos genera la legislación para que las fuerzas pequeñas compitan de manera independiente o se incorporen a frentes más amplios.
Quiénes votaron y quiénes deberán explicar
El especialista también cuestiona el reparto de responsabilidades políticas alrededor de la reforma. No acepta que algunos sectores puedan presentarse después como ajenos a las decisiones adoptadas en la Cámara de Diputados. En particular, señala al peronismo, que acompañó prácticamente la totalidad del proyecto.
Según explica, el bloque justicialista votó a favor de toda la ley, con la excepción del artículo que habilita la pluralidad de candidaturas a vicegobernador para un mismo candidato a gobernador. Fuera de ese punto, sostiene, acompañó el resto de la reforma.
Por eso advierte que no alcanza con que algunos dirigentes intenten tomar distancia de la iniciativa una vez aprobada. "Acá hay más de un responsable de estas decisiones", afirma.
La contradicción también aparece, según su análisis, en las diferentes posiciones que el propio peronismo había sostenido durante el tratamiento legislativo. En el Senado, el justicialismo había planteado un piso electoral del 5%, mientras que en Diputados su proyecto proponía el 3,5%.
Blando recuerda que, en julio, había anticipado que la negociación terminaría probablemente en un punto intermedio entre el 3% y el 5%: el 4%. El tiempo, dice con ironía, terminó dándole la razón.
El peronismo en Diputados elevó su propio estándar hasta el 4% y terminó acompañando el piso que finalmente obtuvo media sanción.
El Senado y una oportunidad que quedó abierta
Ahora la mirada se dirige al Senado. Blando considera altamente probable que la Cámara alta apruebe el texto tal como salió de Diputados, fundamentalmente porque el oficialismo cuenta allí con mayoría.
Por eso estima que el único punto que podría generar una discusión más intensa —el sistema de candidaturas a vicegobernador— difícilmente alcance para modificar sustancialmente el proyecto.
La discusión sobre el Senado abre, a su vez, otra de las críticas de fondo de Blando: la reforma electoral no aprovechó la oportunidad para revisar la representación en esa Cámara.
La nueva legislación mantiene prácticamente intacta la estructura del Senado provincial, incluso en un contexto en el que se discuten cuestiones más amplias como la bicameralidad y la necesidad de revisar los mecanismos de representación.
Blando señala que podría haberse pensado una representación distinta, incorporando una relación entre mayorías y minorías similar a la existente en el Senado nacional, donde la distribución de dos bancas para la mayoría y una para la primera minoría permite garantizar un espacio opositor y, además, asegurar al menos una mayor representación femenina. Pero esa posibilidad, sostiene, no fue abordada.
El especialista también cuestiona que el discurso oficial de la reforma sostenga como uno de sus argumentos centrales la necesidad de votar más por proyectos políticos y partidos, en lugar de concentrarse exclusivamente en candidaturas individuales.
Si ese fuera realmente el objetivo, se pregunta por qué el Senado conserva su boleta única por categoría. Los senadores son, en efecto, los únicos candidatos provinciales que mantendrían el sistema de votación por categoría.
Gobernador y diputados pasarían al nuevo esquema; intendentes y concejales también quedarían alcanzados por la lógica de la nueva boleta.
Pero el Senado permanece separado. Para Blando, esa decisión revela una contradicción evidente.
"Los senadores no tienen el mismo proyecto político que el gobernador", ironiza, porque si el argumento fuera que las distintas categorías deben integrarse para favorecer la identificación del elector con un mismo proyecto político, no tendría sentido mantener separada justamente la elección de senadores.
Una boleta que también muestra la fragmentación
La paradoja se profundiza, a su entender, cuando se observa el argumento oficial sobre la necesidad de combatir la fragmentación. La nueva boleta, lejos de eliminarla, puede terminar expresándola gráficamente.
Un gobernador puede sostener una determinada posición, mientras un diputado del mismo espacio puede defender otra. Un senador, aun bajo el mismo nombre partidario, puede adoptar una postura diferente. Y en el ámbito municipal, intendentes y concejales pueden desarrollar sus propias estrategias políticas.
La fragmentación, sostiene Blando, no desaparece por el hecho de reunir varias categorías en una misma boleta. Por eso considera que el diseño elegido termina funcionando como una representación gráfica de la propia fragmentación política, partidaria e ideológica de Santa Fe.
La división de la boleta en distintos espacios de decisión no construye necesariamente proyectos políticos comunes; por el contrario, puede poner en evidencia que esos proyectos comunes no existen o que las distintas categorías electorales funcionan con lógicas propias.
"Lo que hace la boleta única dividida en tres partes es expresar la fragmentación partidaria, ideológica, política que tienen los partidos políticos en la provincia de Santa Fe", concluye.
Una consulta a expertos que deja preguntas
La entrevista termina después de una extensa revisión de las principales modificaciones del Código Electoral. Pero el debate no queda cerrado.
Blando había sido convocado una semana antes a la Cámara de Diputados, junto con otro especialista, para exponer sobre el proyecto y aportar su mirada técnica.
Según el balance posterior del periodista, sus advertencias no fueron incorporadas al texto finalmente aprobado. La convocatoria de especialistas, en ese sentido, terminó siendo para Blando y para quienes siguieron el debate una oportunidad desaprovechada.
La pregunta que queda flotando es qué sentido tiene convocar a expertos para analizar una reforma electoral si las observaciones que realizan no son consideradas cuando llega el momento de votar. El proyecto, de todos modos, ya había obtenido la media sanción.
El próximo paso será el tratamiento en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría y, por lo tanto, una capacidad decisiva para sostener el texto aprobado por Diputados. La expectativa de Blando es que no haya modificaciones sustanciales y que la reforma avance prácticamente tal como fue sancionada.
El verdadero examen empieza en las urnas
De ser así, el verdadero examen comenzará el año próximo, cuando las nuevas reglas abandonen el papel y se enfrenten con el comportamiento real de los partidos, los candidatos y los electores.
Será entonces cuando se pueda comprobar si el nuevo Código consigue aquello que sus defensores prometen —mayor claridad, gobernabilidad y una mejor organización de la competencia electoral— o si, como advierte Blando, termina generando más exclusión, más dependencia de los pequeños partidos respecto de los grandes frentes, más votos nulos y una representación menos proporcional.
La discusión, en definitiva, ya no será solamente legislativa. Será electoral y ciudadana.
Y tendrá lugar frente a una boleta que, por primera vez, obligará a los santafesinos a aprender nuevas reglas para expresar algo tan elemental como su voluntad política.
Porque detrás del diseño de una boleta, del porcentaje de un umbral o de la posibilidad de que un candidato a gobernador tenga hasta tres acompañantes hay una discusión bastante más profunda.
Es la discusión sobre qué ocurre con un voto cuando una fuerza política no alcanza el piso establecido; sobre cuánto pesa la decisión de quienes concurren a votar y cuánto termina favoreciendo el sistema a quienes construyen grandes frentes; sobre si la simplificación anunciada se traduce realmente en una elección más clara; y, sobre todo, sobre cuánto debe pesar cada voto a la hora de convertir voluntad popular en representación.
El nuevo Código Electoral puede ordenar una legislación dispersa y, al mismo tiempo, modificar de manera sustancial las reglas de la competencia política. Para Blando, esa diferencia es precisamente el punto que todavía debe discutirse.
Porque una reforma electoral no debería diseñarse solamente para facilitar la gobernabilidad de quienes ya tienen capacidad de gobierno, sino para garantizar que los votos efectivamente expresados por la ciudadanía encuentren una traducción razonablemente proporcional en la representación legislativa.
Y allí es donde el nuevo piso del 4%, más que una cuestión técnica, puede convertirse en uno de los puntos centrales de la discusión política y constitucional que todavía resta dar.
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