La Justicia parió una condena que tardó 13 años en revisar

En diálogo con Señales, Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, analiza el caso de Paola Ortiz, quien después de más de 13 años presa recuperó la libertad. Había sido condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo tras atravesar un parto en avalancha, sin asistencia médica y en un contexto de extrema vulnerabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó aquella sentencia, reconoció que no había sido juzgada con perspectiva de género y fijó una pena equivalente al tiempo que ya había cumplido. Para Palero, el caso expone los prejuicios que todavía pesan sobre las mujeres cuando la Justicia mira una emergencia obstétrica como si fuera un delito.

Una historia que apareció casi por casualidad
Paola Ortiz estaba presa desde hacía más de una década cuando su historia llegó, casi de casualidad, a las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas realizaban una investigación sobre determinadas sentencias cuando encontraron su expediente. Lo leyeron y algo empezó a resultar evidente: allí podía haber una injusticia.

"Es una mujer que nunca fue escuchada en el juicio", cuenta Pate Palero. La defensa oficial, según reconstruye, había sido deficiente y no había apelado ninguna de las instancias. Para una mujer pobre, con poco conocimiento sobre sus derechos y atravesada por una situación de extrema vulnerabilidad, aquella maquinaria judicial había avanzado sin detenerse demasiado a escuchar qué había sucedido.

Era 2012. La perspectiva de género todavía no estaba instalada en la Justicia, y mucho menos había logrado atravesar de manera transversal las decisiones judiciales. Hoy, admite Palero, esa batalla continúa: todavía cuesta incorporar esa mirada en cada expediente, en cada sentencia, en cada interpretación.

Las abogadas comenzaron entonces a vincularse con Paola y a reconstruir su historia.

En el centro estaba un parto ocurrido de manera abrupta. Paola ya tenía tres hijos. Pero ser madre no significaba, como se desprendía de la mirada que terminó imponiéndose sobre ella, estar naturalmente preparada para resolver un parto en cualquier circunstancia.

"Eso no nos da un seminario de maternidad por sí", plantea Palero. El nacimiento había ocurrido, según el relato de Paola y la descripción de uno de los peritos, "en avalancha": sin un aviso previo, como una situación que se precipitó de golpe y que ella no pudo tramitar. Paola sostuvo que el nacimiento había sido sin vida y que la experiencia había sido profundamente traumática.

A pesar de ese relato, terminó acusada de haber matado al producto de aquel parto.

El expediente y los prejuicios
La acusación por homicidio agravado por el vínculo se apoyó, explica Palero, en relatos de un policía y estuvo atravesada por una serie de prejuicios y mandatos acerca de lo que se supone que una mujer debe ser y hacer.

No se trataba solamente de determinar qué había ocurrido durante aquel parto. También parecía operar una idea previa sobre quién debía ser Paola.

Una mujer —y especialmente una madre— debería saber. Debería poder. Debería cuidar. Debería responder. Debería comportarse de acuerdo con aquello que se espera de ella.

En esa mirada también aparecen otros estereotipos: que las mujeres mienten, que siempre esconden una segunda intención, que sus relatos son sospechosos o que detrás de determinadas conductas puede haber algo perverso.

Palero encuentra incluso una raíz mucho más antigua en esa forma de observar a las mujeres. Menciona el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), el tratado sobre la brujería escrito por dos frailes dominicos y publicado en Estrasburgo en 1487, históricamente asociado con la persecución de las mujeres acusadas de brujería. Según sostiene, algunas de las imágenes allí construidas dejaron una huella perdurable en el derecho occidental: la mujer asociada con la maldad, la brujería, las intenciones ocultas y el engaño.

"Todas esas cosas me parece que en algunos casos, como en este, persisten para mirar a las mujeres", dice. Paola, mientras tanto, había quedado atrapada en esa mirada.

Pobre, sin una defensa adecuada, con escaso conocimiento de sus derechos y sin posibilidades reales de revertir lo que estaba ocurriendo, terminó estigmatizada por la sociedad y por los medios. Era, además, un pueblo pequeño. La condena tuvo una dimensión social que excedió el expediente judicial.

En 2015 recibió prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La sentencia quedó firme.

Lo que la primera sentencia no quiso -o no pudo- ver
Cuando las organizaciones llegaron a la causa, el problema ya no era solamente qué había ocurrido en aquel parto. La pregunta era qué elementos habían quedado afuera de la mirada judicial.

La revisión impulsada por sus abogadas, Rocío García Garro y Julia Luna, y acompañada por organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas, puso sobre la mesa una dimensión que la condena original no había considerado adecuadamente: las condiciones concretas en las que vivía Paola.

La pobreza. La violencia. La dependencia económica y habitacional. La ausencia de redes de apoyo. Las circunstancias propias del parto y del puerperio. La desigualdad estructural. Los mandatos de género relacionados con la reproducción. Todo eso, plantea Palero, debía formar parte de la historia.

No se podía analizar una emergencia obstétrica como si hubiera ocurrido en el vacío.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó finalmente aquella condena y reconoció que la sentencia original no había incorporado una perspectiva de género. No absolvió a Paola, pero modificó sustancialmente la pena.

Fijó una condena de 13 años, 9 meses y 26 días: exactamente el tiempo que ya había pasado privada de su libertad. La consecuencia fue inmediata. Paola recuperó la libertad. Para quienes la acompañaron, fue una reparación importante, aunque incompleta.

Porque el tribunal no se pronunció sobre una cuestión central para las organizaciones: el nacimiento sin vida que Paola había relatado. Y por eso, explica Palero, están evaluando si ese aspecto puede ser llevado a otras instancias internacionales.

La posición de quienes la acompañan sigue siendo contundente: sostienen que Paola no es culpable.

La madre que la sociedad espera
El caso vuelve una y otra vez sobre una pregunta incómoda: ¿qué significa ser una "buena madre" y quién decide cuándo una mujer cumplió con ese mandato?

Palero responde desde una tradición de décadas de feminismo y organización de mujeres. Los estereotipos, dice, no desaparecen porque cambien las leyes. Siguen presentes en la cultura y también en quienes interpretan y aplican esas leyes.

Está la idea de que las mujeres deben ser madres en cualquier circunstancia. Que tienen que estar al servicio del cuidado. Que deben ser sumisas, calladas y obedientes, especialmente frente a figuras masculinas. Que lo doméstico y el cuidado son atributos naturales de las mujeres. Pero nada de eso es natural, sostiene.

Son construcciones culturales. Y aunque tienen una enorme fuerza, también pueden modificarse.

Palero vincula esos mandatos con un modelo capitalista y patriarcal que históricamente invisibilizó el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres, sin reconocer su verdadero peso en el funcionamiento de la sociedad.

En el caso de Paola, esos mandatos terminaron convirtiéndose en una vara con la que se midió su comportamiento. "Paola es una simple mujer de barrio que hizo lo que pudo con su realidad", dice Palero. Y fue castigada, agrega, desde una mirada "muy androcéntrica, muy patriarcal".

Trece amicus curiae y una pelea colectiva
La revisión de la condena no fue obra de una sola organización ni de una sola persona. Detrás del expediente se desplegó un trabajo colectivo.

Fueron 13 los amicus curiae que llegaron al proceso. Participaron organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional, ELA e Innocence Project, además de organizaciones locales e internacionales y especialistas que aportaron argumentos para mirar el caso desde distintas perspectivas.

Palero destaca especialmente esa articulación.

No lo presenta como un gesto de falsa humildad. Para ella, la intervención colectiva es una de las fortalezas históricas del movimiento feminista y de derechos humanos: organizaciones diferentes que ponen en común saberes, experiencias y herramientas para intervenir allí donde una injusticia necesita ser revisada.

El propio tribunal tomó argumentos de esos amicus curiae. "Esa es una construcción de capital intelectual que el movimiento le ha dado a las democracias", sostiene Palero. Y esa construcción también explica por qué un caso como el de Paola consigue trascender sus propios límites.

Porque Paola no es la única.

Paola y Belén: cuando una emergencia llega al fuero penal
Palero menciona el caso de Belén. Son historias diferentes, aclara, pero tienen algo en común: ambas muestran cómo una emergencia obstétrica puede terminar convertida en una causa penal contra una mujer. La comparación permite mirar más allá de un expediente concreto.

¿Qué sucede cuando una mujer atraviesa una situación vinculada con el embarazo, el parto o el puerperio y la primera respuesta institucional no es comprender el contexto, sino sospechar, investigar y castigar? Para Palero, allí aparece un problema estructural.

También observa con preocupación el discurso actual sobre las llamadas "falsas denuncias", que considera una construcción falaz que continúa operando y que puede contribuir a naturalizar injusticias y desigualdades más amplias.

Por eso, la discusión sobre Paola no termina con Paola. La pregunta es qué tiene que cambiar para que la próxima emergencia obstétrica no vuelva a transformarse en una acusación penal.

Los derechos no se regalan
Palero ubica esta discusión dentro de una historia más larga. Argentina se prepara para el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba, pero el movimiento de mujeres tiene una historia mucho más extensa que la de los encuentros.

Durante décadas, esa construcción plural, federal e intergeneracional consiguió transformar demandas en leyes y construir un marco normativo que hoy resulta fundamental.

Pero hay algo que también aprendieron en el camino: las leyes no se defienden solas. Los derechos deben sostenerse todos los días, en cada lugar y frente a cada contexto. Deben ser defendidos y argumentados porque son conquistas, no concesiones.

Y cada conquista, dice Palero, implica también disputar privilegios de sectores que históricamente tuvieron ventajas sobre otros.

Por eso, en un momento en que existe un fuerte cuestionamiento al sistema político, entiende que también hay que "poner el ojo en la Justicia". El caso Paola obliga justamente a mirar allí.

Una libertad que todavía tiene que reconstruirse
Pate Palero vio a Paola personalmente el día anterior a la conversación. La encontró fuerte. "Increíblemente fuerte", repite. 

Después de más de 13 años en prisión, ahora tiene que reconstruir su vida. Volver a armar su contexto. Recuperar vínculos. Recomponer una cotidianeidad que quedó suspendida durante más de una década.

Pero algo ya estaba allí. Los vínculos. Algunos construidos antes de la prisión. Otros nacidos dentro del penal. También las compañeras con las que compartió esos años y que ahora, algunas de ellas, ya recuperaron su propia libertad.

Paola está tejiendo nuevamente esa red. Palero habla entonces de una "resiliencia popular". Una cultura popular que resiste, que acompaña, que construye vínculos incluso en los lugares más adversos.

Se emociona cuando lo cuenta.

Quizás porque en esa imagen aparece algo que no figura en ninguna sentencia: una mujer que, después de haber sido convertida durante años en un expediente, vuelve a ser una persona que tiene que reconstruir su vida.

La Justicia modificó su condena. Le permitió salir de prisión. Reconoció que aquella primera sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y que las condiciones de vulnerabilidad habían sido insuficientemente consideradas.

Pero todavía quedó una pregunta abierta sobre el fondo de la acusación.

Por eso, para quienes acompañan a Paola, su libertad no representa el final de la historia. Representa apenas un punto de inflexión.

También una advertencia: una emergencia obstétrica no puede ser analizada separada de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que ocurre. Y una mujer no debería ser juzgada por no haber encarnado el modelo de maternidad que otros construyeron para ella.

En esa disputa se juega algo que excede el nombre de Paola Ortiz. Se juega la posibilidad de que la próxima mujer que atraviese una emergencia obstétrica sea escuchada antes de ser sospechada, comprendida antes de ser estigmatizada y juzgada con todas las circunstancias de su historia sobre la mesa. 

Porque, como insiste Palero, ninguna emergencia obstétrica debería ser considerada automáticamente un delito. Como mínimo, debe ser entendida en el contexto de la desigualdad estructural y de los mandatos patriarcales que todavía pesan sobre la reproducción.

Paola ya está afuera.

Ahora queda por ver qué hará la Justicia con todo lo que su historia volvió a poner delante de sus ojos.

Escuchá la entrevista completa:

Una economía sostenida por deuda: salarios que caen, empleo que desaparece y dólares que no alcanzan

El economista Diego Kofman, integrante del MATE, cuestiona el relato oficial de recuperación y advierte que la estabilidad de la inflación convive con una fuerte pérdida de poder adquisitivo, destrucción de empleo, endeudamiento de los hogares y una creciente dependencia del financiamiento externo. "La inflación sigue", sostiene en Señales, mientras calcula una transferencia de 102,5 billones de pesos desde los asalariados hacia otros sectores de la economía.

La estabilidad que no alcanza
La economía argentina atraviesa una etapa en la que algunos indicadores parecen mostrar cierta estabilidad. La inflación mensual se mantiene en un rango relativamente acotado, el Gobierno exhibe esos números como una señal de normalización y el discurso oficial insiste en que la economía se está recuperando. Pero detrás de esa fotografía aparecen otros datos: salarios que todavía no recuperan lo perdido, jubilaciones que pierden poder de compra, empleo formal que continúa cayendo, una economía que no termina de despegar y una fuerte presión sobre los dólares que genera el país.

Ese es el diagnóstico que plantea el último Informe de Coyuntura del MATE, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, correspondiente a agosto. El trabajo pone el foco en la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de empleo, el ajuste del Estado y un esquema económico que, según sus autores, depende cada vez más del endeudamiento para sostenerse.

Para Diego Kofman, economista, docente e integrante del MATE, la aparente estabilidad de algunos indicadores no alcanza para hablar de una solución de los problemas estructurales de la economía argentina. Licenciado y profesor en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, especializado en macroeconomía y sector externo, Kofman forma parte del equipo de profesionales que elabora informes de coyuntura, investigaciones y trabajos de asesoramiento, particularmente en cuestiones vinculadas con el trabajo, los salarios y las relaciones laborales. También se desempeña como docente en los niveles medio y terciario, asesora a organizaciones sindicales y participa habitualmente del análisis de la coyuntura económica en medios de comunicación.

En su lectura, uno de los principales problemas es que la inflación no desapareció, aunque haya conseguido ubicarse durante varios meses en niveles más bajos que los registrados durante la etapa de mayor aceleración de los precios. El Gobierno, explica, apeló a diferentes mecanismos para intentar contenerla: el ancla cambiaria, el ancla salarial y el control del déficit fiscal. A eso se suma el endeudamiento, utilizado como una herramienta para mantener relativamente barato el dólar y evitar que una suba del tipo de cambio se traslade a los precios internos.

La relación entre dólar e inflación, señala Kofman, tiene una larga historia en la economía argentina. Cuando sube el dólar, los precios internos tienden a acompañarlo. Por eso, mantener contenido el tipo de cambio se convirtió en uno de los instrumentos centrales de la estrategia oficial. Pero el mecanismo tiene un costo y, para el economista, no puede analizarse de manera aislada de las demás variables.

Algo similar ocurre con los salarios. El otro ancla sobre la que se apoya el programa económico es, justamente, el ingreso de la población. La contención de los salarios contribuye a moderar los costos y, de ese modo, a evitar mayores presiones sobre los precios. El problema es que una inflación del 2% mensual, aunque pueda presentarse como un número bajo en comparación con los momentos más críticos, continúa erosionando el poder adquisitivo si los ingresos no crecen por encima de ese nivel.

Kofman recuerda que el Gobierno celebró especialmente el registro de una inflación del 1,9% en junio. Sin embargo, advierte que exactamente el mismo porcentaje se había registrado en agosto del año anterior y que, después de aquel dato, la inflación había vuelto a acelerarse hasta alcanzar el 3,4% mensual en marzo de este año. Por eso considera apresurado hablar de una inflación definitivamente controlada.

El punto central, sostiene, no es solamente cuánto aumentan los precios, sino qué ocurre con los ingresos mientras esos aumentos continúan. Si la intención es recomponer el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, los salarios y las jubilaciones deberían crecer por encima de la inflación. Cuando eso no sucede, el proceso inflacionario continúa funcionando como un mecanismo de deterioro de los ingresos.

Desde esa perspectiva, Kofman cuestiona que la reducción de la inflación pueda ser presentada simplemente como un triunfo del Gobierno. "La inflación sigue", resume, porque una economía en la que los precios continúan aumentando entre un 2% y un 3% mensual todavía enfrenta un proceso inflacionario con consecuencias concretas sobre los ingresos de la población.

La transferencia de 102,5 billones

Esa pérdida acumulada es la que el informe del MATE intenta cuantificar. El cálculo realizado por el organismo estima una transferencia de 102,5 billones de pesos desde los asalariados hacia otros sectores de la economía desde la llegada del actual Gobierno. La cifra busca ponerle un valor concreto a lo que, en términos cotidianos, se expresa como pérdida de poder adquisitivo.

Para Kofman, esa transferencia puede entenderse, en primer lugar, como una transferencia hacia el capital. No significa, aclara, que todos los sectores del capital se beneficien de la misma manera, pero sí que existe una reducción del costo salarial derivada de la caída de los salarios reales. Lo que los trabajadores dejan de percibir se transforma, en esa lógica, en recursos que dejan de estar en sus bolsillos y dejan de circular por otros canales vinculados al trabajo.

El cálculo del MATE permite desagregar esa transferencia y mostrar que el impacto no se limita al trabajador que cobra un salario. A nivel del bolsillo de los asalariados, la pérdida acumulada alcanza los 72,5 billones de pesos. Pero a esa cifra se suman otros recursos que dejan de recaudarse como consecuencia de la caída de los salarios.

Uno de ellos corresponde al sistema de seguridad social. Kofman estima una pérdida cercana a los 20 billones de pesos en recaudación, dado que los ingresos de la seguridad social están vinculados proporcionalmente a los salarios. Es decir, cuando los salarios pierden poder adquisitivo, no solamente se reduce lo que recibe directamente el trabajador: también disminuyen los recursos que ingresan al sistema previsional y de seguridad social.

El impacto se extiende, además, a las obras sociales. Según el informe, estas entidades dejaron de recibir alrededor de 8,3 billones de pesos. Se trata de un dato particularmente relevante porque, como señala Kofman, los aportes vinculados a los salarios constituyen su principal fuente de ingresos y, al mismo tiempo, deben afrontar gastos crecientes relacionados con el sistema de salud privado.

También los sindicatos experimentaron una pérdida de recursos. El cálculo del MATE ubica ese impacto en casi 2 billones de pesos. Nuevamente, se trata de una consecuencia vinculada con la forma en que se distribuye el salario y con la reducción de los ingresos sobre los cuales se calculan esos recursos.

La conclusión que extrae Kofman es contundente: "Pierde el Estado, pierden los asalariados, pierden las obras sociales, pierden los sindicatos y gana el capital". En su interpretación, esa transferencia no es un efecto secundario del programa económico, sino una parte de su funcionamiento. Es, plantea, uno de los costos que se pagan en nombre del supuesto combate contra la inflación.

Por eso, frente a una transferencia de semejante magnitud, la pregunta que plantea el economista es casi elemental: si ese dinero fue extraído de los ingresos de los trabajadores para sostener el esquema económico, y la inflación todavía continúa, ¿qué sentido tiene ese sacrificio? "Devuélvanos esa plata", sintetiza Kofman, como expresión de una discusión que excede las estadísticas y vuelve a colocar en el centro el problema de la distribución.

Jubilados: otro de los grandes mecanismos de ajuste

El caso de los jubilados expone con particular crudeza esa dinámica. Desde la llegada del actual Gobierno, señala el informe, el bono adicional para los jubilados permanece congelado en 70.000 pesos. A eso se suma una pérdida muy significativa del poder de compra: desde 2023, el deterioro alcanza alrededor del 23%, mientras que la pérdida acumulada se aproxima a los 7,7 millones de pesos.

Para Kofman, los jubilados constituyen, junto con los trabajadores del sector público, uno de los sectores sobre los cuales recae con mayor intensidad el mecanismo de ajuste. Si un trabajador pierde cerca de una cuarta parte de su poder adquisitivo y un jubilado atraviesa un deterioro similar, la pregunta inevitable es qué ocurre con el dinero que deja de llegar a esos bolsillos.

La respuesta, en su análisis, obliga a mirar más allá de la situación individual. Ese dinero que antes se destinaba a comprar alimentos, pagar impuestos y servicios, afrontar un alquiler o cubrir otros gastos cotidianos deja de circular por el mercado interno. El ajuste sobre los ingresos no significa solamente que una familia consume menos. Significa también que los comercios venden menos, los proveedores reciben menos pedidos y las fábricas enfrentan una menor demanda.

Kofman lo explica a través de una cadena sencilla: el dinero que recibe un trabajador se utiliza en el almacén; el almacenero, a su vez, necesita comprarle al proveedor; el proveedor demanda productos a la fábrica. De ese modo, un ingreso se transforma sucesivamente en consumo, producción y trabajo. Cuando se recorta ese ingreso, la cadena se interrumpe.

Del consumo a la bicicleta financiera
El problema, entonces, no es solamente distributivo. También es una cuestión de dinámica económica. El dinero que deja de llegar a trabajadores y jubilados pierde su capacidad de alimentar el circuito de consumo y producción del mercado interno. Y, en la lectura de Kofman, esa dinámica comienza a ser reemplazada por otra: la de la especulación financiera.

Cuando una transferencia de riqueza se dirige hacia sectores que ya tienen cubiertas sus necesidades de consumo, explica, el dinero excedente puede orientarse hacia inversiones financieras o hacia la compra de dólares. Esos dólares pueden utilizarse para inversiones financieras en el exterior o directamente salir del país.

Así, el problema adquiere una dimensión adicional: la transferencia regresiva de ingresos no solamente deprime el consumo y la actividad económica, sino que puede generar una presión mayor sobre las divisas. Para Kofman, el costo en términos de dólares puede terminar siendo mucho mayor que el que tendría una economía con mayor nivel de actividad y consumo interno.

La paradoja aparece entonces con claridad. Una economía fuertemente recesiva puede generar un superávit comercial porque importa menos, pero al mismo tiempo puede transferir recursos hacia sectores que utilizan ese excedente para comprar dólares y fugarlos. De ese modo, lo que se gana por un lado se pierde por otro.

Y aparece allí la pregunta por el financiamiento. Si los dólares generados por el superávit comercial no alcanzan para satisfacer esa demanda, el Estado necesita recurrir al endeudamiento. En el razonamiento de Kofman, el endeudamiento permanente cumple precisamente esa función: generar los dólares necesarios para sostener un tipo de cambio relativamente barato y poner divisas "frescas" a disposición de sectores que demandan esos recursos.

Menos trabajo, menos capacidad de pago

Ese proceso se superpone con otro problema central del presente económico: la destrucción de empleo.

Según los datos mencionados en el informe, se perdieron 375 empleos formales en una jornada, mientras que el sector privado ya expulsó alrededor de 241.000 trabajadores registrados. Pero para Kofman el dato más importante no es solamente cuántos empleos se destruyeron, sino la ausencia de sectores capaces de absorber a quienes quedan afuera.

No existe, sostiene, un sector de la economía que esté funcionando como receptor masivo de esos trabajadores. Incluso algunas actividades que aparecen como dinámicas en términos de producción, como el sector financiero, la minería y el petróleo, también han reducido sus plantillas.

La explicación está, en buena medida, en las características de esos sectores. Se trata de actividades muy intensivas en capital, donde un aumento de la inversión puede incrementar fuertemente la producción sin requerir una incorporación equivalente de trabajadores. Se puede generar más actividad con prácticamente la misma cantidad de personas ocupadas, pero con una mayor cantidad de capital invertido.

El problema aparece con mayor intensidad en la economía urbana, justamente allí donde históricamente se genera el empleo masivo. Kofman recuerda que las ciudades existen, en buena medida, alrededor de actividades como el comercio, la construcción y la industria. A esos sectores suma el transporte. Son actividades fundamentales tanto para la generación de bienes como para la creación de puestos de trabajo y, precisamente por eso, son también las que más sufren cuando se contrae el mercado interno.

La pérdida de empleo formal, además, no queda encerrada en las empresas que despiden. Tiene efectos en cadena. Los trabajadores que dejan de percibir un salario ya no pueden sostener determinados consumos y servicios. Entre ellos aparece el empleo en casas particulares.

Por eso, a los aproximadamente 241.000 puestos de trabajo privados registrados perdidos se suman otros 14.000 empleos en casas particulares, según los datos citados por Kofman. La explicación vuelve a ser la misma dinámica circular: el ingreso de un trabajador genera demanda para otros trabajadores. Cuando ese ingreso desaparece, también desaparecen parte de esas demandas.

El proceso funciona, en palabras del economista, "como un dominó". Una pérdida provoca otra y esa segunda pérdida genera una tercera. El salario que deja de existir afecta al comercio; el comercio vende menos; los proveedores reciben menos pedidos; las empresas producen menos; y todo eso vuelve a repercutir sobre el empleo.

La changa no es recuperación
La imagen de esa dinámica puede verse, según Kofman, en escenas cotidianas: locales vacíos, comercios con menor movimiento y personas buscando desesperadamente una forma de generar ingresos. Sin embargo, muchas de esas personas no aparecen estadísticamente como desempleadas.

El motivo es que desarrollan alguna actividad que les permite obtener un ingreso, aunque sea muy inferior al que tenían cuando eran trabajadores registrados. Aparecen entonces formas de trabajo como Uber, el reparto a través de aplicaciones y pequeños emprendimientos de subsistencia.

Son actividades que requieren esfuerzo laboral, inversión de pequeños ahorros y muchas horas de trabajo, pero cuyos ingresos están muy lejos de compensar aquello que se perdió. Más que una verdadera absorción del desempleo, representan para Kofman una estrategia de supervivencia.

La diferencia es importante. Tener una changa no significa necesariamente haber conseguido un empleo equivalente al perdido. Una persona puede dejar de ser contabilizada como desempleada porque genera algún ingreso, pero eso no significa que haya recuperado el salario, la estabilidad, los derechos laborales o la capacidad de consumo que tenía anteriormente.

Por eso, Kofman rechaza la idea de que esos sectores informales estén absorbiendo el empleo destruido. El empleo registrado total, afirma, muestra otra realidad: desde la asunción del actual Gobierno se perdieron alrededor de 342.000 empleos formales.

¿Recuperación o una economía estancada?

Pero la explicación de esa caída no termina en una cuestión coyuntural. Para Kofman, hay una lógica detrás de la reducción del nivel de actividad. La economía está funcionando, sostiene, con un nivel de actividad —sobre todo en el mercado interno— muy por debajo de lo que suele ser normal en Argentina y, fundamentalmente, por debajo de lo que sería deseable para recuperar los niveles de producción y empleo.

Comercio, construcción, industria y transporte forman parte de ese núcleo de actividades que podrían generar una cantidad significativa de bienes y puestos de trabajo. Sin embargo, si se mantiene deprimida la actividad de esos sectores, también se reduce la capacidad de la economía para generar ingresos y, con ellos, capacidad de pago.

La consecuencia vuelve a aparecer tanto hacia adentro como hacia afuera. Una economía que produce y trabaja menos genera una capacidad de pago inferior. Por un lado, esto dificulta la generación de los dólares necesarios para afrontar las obligaciones externas. Por otro, las familias también acumulan deudas para poder sostener sus niveles de consumo.

En ese punto, Kofman discute directamente con el relato oficial de una economía en recuperación. Su pregunta es qué se entiende por crecimiento y, sobre todo, quiénes están creciendo.
Los sectores que explican el "crecimiento"

Uno de los sectores que, a su entender, explica buena parte del supuesto crecimiento es el financiero. Pero ese crecimiento no proviene de una mayor utilización del trabajo ni de una expansión generalizada de la economía. Está vinculado, entre otras cosas, al negocio del llamado carry trade —la bicicleta financiera— y al circuito de deuda mediante el cual el Estado obtiene dólares que luego son colocados en operaciones vinculadas con la compra y venta de divisas.

Para Kofman, ese crecimiento está "inflado totalmente" y resulta insostenible en el tiempo. No representa, desde su perspectiva, una expansión genuina de la capacidad productiva de la economía, sino el resultado de un esquema financiero que depende de determinadas condiciones monetarias y de la disponibilidad de dólares.

La minería aparece como otro de los sectores que muestran crecimiento. Pero Kofman interpreta ese dato de una manera diferente a la del discurso oficial. El crecimiento de la actividad minera, sostiene, demuestra incluso que resulta innecesario un régimen de incentivos como el RIGI, porque muchas de las inversiones que explican la expansión del sector no comenzaron ahora.

Lo mismo observa en el petróleo. Los proyectos que se están desarrollando cuentan con beneficios impositivos, reducciones de determinadas obligaciones y facilidades para el acceso a divisas. Desde la perspectiva del economista, esas ventajas constituyen un subsidio que termina siendo asumido por el conjunto de la sociedad. Cuando el Estado resigna recursos, señala, es la sociedad la que pierde esos recursos.

Pero, al mismo tiempo, considera que ese subsidio es innecesario porque la minería y el petróleo ya venían atravesando una dinámica inversora propia. No se trata, explica, de actividades que comenzaron a crecer exclusivamente por las inversiones realizadas durante el último año. Parte de esas inversiones se vienen desarrollando desde 2014 o 2015 y son las que permiten explicar el crecimiento que se observa actualmente.

El agro completa otra parte de la explicación del crecimiento que muestran las estadísticas. También aquí Kofman llama a mirar con cuidado la comparación. La producción agropecuaria registra un crecimiento muy importante, incluso cercano al 100% respecto de 2023 en algunos indicadores. Pero aquel año estuvo atravesado por una sequía extraordinaria.

Comparar la producción actual con la de un año tan malo por razones climáticas genera, por lo tanto, un efecto estadístico significativo. El crecimiento responde en buena medida a una mejora de los rendimientos y de las condiciones climáticas, no necesariamente a una transformación estructural de la superficie sembrada o de la capacidad productiva.

Además, parte de la industria argentina está directamente vinculada con el sector agroalimentario y agroexportador. Por eso, incluso cuando el campo mejora respecto de un año marcado por la sequía, eso no alcanza para revertir el deterioro del conjunto de la industria.

La caída industrial, señala Kofman, continúa siendo muy fuerte. Y allí vuelve a aparecer el contraste entre las cifras agregadas y la experiencia de la mayoría de la población. Puede existir crecimiento estadístico en determinados sectores, pero eso no significa que exista una recuperación generalizada de la economía.

Para la gran mayoría de la población, sostiene, la actividad económica está cayendo. El crecimiento de determinados sectores no consigue compensar la pérdida de actividad en aquellas áreas que concentran el empleo y el consumo cotidiano.

El resultado es una economía cada vez más dividida entre sectores que pueden crecer sin incorporar trabajadores, actividades que se recuperan desde niveles excepcionalmente bajos y un enorme conjunto de comercio, industria, construcción y servicios urbanos que depende de un mercado interno debilitado.

El año de los vencimientos
A medida que esa dinámica se prolonga, también se acumulan las preguntas sobre el futuro. Salarios deprimidos, pérdida de empleo, caída de la recaudación, salida permanente de dólares y endeudamiento creciente conforman, para Kofman, un escenario particularmente delicado de cara a los próximos meses.

El principal riesgo aparece cuando llegue el calendario más fuerte de vencimientos. El próximo año, advierte, será muy difícil afrontar esos pagos con una economía que genera una capacidad de pago inferior y con una demanda de dólares que supera la capacidad de generación de divisas.

Es entonces cuando, según su análisis, el esquema vuelve a depender del financiamiento externo. Y allí aparece una comparación con otra experiencia reciente de la economía argentina: el gobierno de Mauricio Macri.

Kofman recuerda que Macri llegó a las elecciones sostenido por un volumen de financiamiento externo que, según su interpretación, excedía incluso los límites habituales establecidos por el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Lo define como un préstamo político, un financiamiento externo destinado a sostener al Gobierno en funciones durante aquella etapa.

La comparación que establece con el presente es directa. "No le prestaron plata a la Argentina, le prestaron plata a Macri", plantea. Y sostiene que algo similar estaría ocurriendo ahora: los fondos no estarían llegando como resultado de una mejora estructural de la capacidad de pago del país, sino como financiamiento destinado a sostener al Gobierno en las condiciones actuales.

"Si no entra plata, explota"

Pero Kofman va todavía más lejos en su descripción. A su juicio, el esquema económico ya habría "volado por los aires" si no contara con una inyección permanente de financiamiento externo. Lo compara con un esquema piramidal: mientras continúa entrando dinero, puede sostenerse una cierta calma y algunos sectores pueden seguir obteniendo ganancias; cuando ese flujo se interrumpe, el mecanismo deja de funcionar.

En esa dinámica, sostiene, la participación de los organismos internacionales resulta central. No observa allí una apuesta espontánea del mercado por la economía argentina, sino una decisión política. Según su interpretación, las empresas toman deuda en el exterior, transforman esos dólares en instrumentos que pagan tasas por encima del ritmo de devaluación y luego utilizan los pesos obtenidos para comprar más dólares. Es el circuito que identifica con el carry trade o bicicleta financiera.

La particularidad, señala, es que no necesariamente se trata de que esos actores le presten dólares directamente al Estado. En su lectura, le prestan pesos, que luego son colocados en instrumentos que paga el Estado con tasas de interés. El resultado es un mecanismo mediante el cual el capital financiero puede multiplicar sus recursos mientras las condiciones cambiarias y financieras permanezcan favorables.

Para Kofman, esa estructura es extremadamente difícil de sostener en el tiempo. Su continuidad depende de dos condiciones: por un lado, que la población pueda soportar durante un período prolongado las condiciones de vida derivadas del ajuste; por otro, que el financiamiento político externo continúe llegando.

Y ese financiamiento, sostiene, no sería gratuito. Estaría condicionado a determinadas políticas y a una determinada orientación sobre cómo debe configurarse la Argentina. En particular, Kofman interpreta que existe una presión para avanzar hacia un modelo de país orientado fundamentalmente a la extracción de recursos naturales.

Mientras el Gobierno pueda demostrar que avanza en esa dirección, considera que tendrá posibilidades de seguir recibiendo financiamiento. Pero si ese respaldo se interrumpe, el esquema perdería el sostén que necesita para mantenerse en pie. La imagen que utiliza es la de alguien que está suspendido en el aire: mientras lo sostienen, permanece arriba; cuando lo sueltan, cae.

La comparación con otros episodios de la historia reciente vuelve a aparecer. Kofman recuerda el caso de la Alianza y, especialmente, el de Macri. Según su reconstrucción, durante el gobierno de Cambiemos el financiamiento externo permitió sostener el esquema hasta el tramo final, pero la asistencia del FMI llegó recién durante el tercer año de gestión. En el escenario actual, sostiene, el recurso al financiamiento internacional habría aparecido mucho antes: ya a comienzos del segundo año de gobierno.

La insistencia en conseguir nuevos fondos tendría, entonces, una explicación precisa: mantener en funcionamiento un modelo cuya capacidad de generar por sí mismo los dólares necesarios resulta insuficiente.

"Un default encubierto"
En ese punto, Kofman formula una de las conclusiones más fuertes de toda la entrevista. Argentina, afirma, estaría atravesando una situación que puede ser caracterizada como un "default encubierto". La razón es que el país necesita tomar nueva deuda para pagar deuda anterior.

Los organismos internacionales prestan recursos que permiten afrontar vencimientos con otros acreedores y, al mismo tiempo, se refinancian obligaciones y se agregan nuevos compromisos para sostener la salida del cepo y el funcionamiento del esquema cambiario.

No sería, por lo tanto, una situación de normalidad financiera, sino una forma de postergar el problema mediante nuevo endeudamiento. Kofman utiliza una imagen doméstica para describirlo: es como si le estuvieran dando dinero a los padres para que puedan seguir pagando sus deudas.

La discusión sobre la deuda vuelve entonces a cruzarse con la política. En el tramo final de la entrevista aparece el reciente fallo de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que ratificó la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de archivar la causa relacionada con la deuda tomada durante el gobierno de Macri y la gestión de Luis Caputo con el Fondo Monetario Internacional.

La resolución sostuvo que no hubo delito en el acuerdo con el organismo por más de 50.000 millones de dólares, una deuda cuyos pagos, recuerda la entrevista, todavía continúan y se proyectan sobre las próximas generaciones.

Para Kofman, aquel endeudamiento fue tomado "entre gallos y medianoche", de espaldas a la sociedad y sin un informe técnico previo del Banco Central que permitiera determinar si la Argentina estaba en condiciones de repagar la deuda. Desde su perspectiva, ese análisis era una condición necesaria para evaluar la sustentabilidad del préstamo.

De la deuda económica al poder político
Su crítica no queda limitada al episodio puntual del endeudamiento. Kofman extiende su interpretación al papel del Poder Judicial argentino, al que considera el poder "menos democrático" y más alineado con intereses internacionales.

Para fundamentar esa mirada recupera los documentos Santa Fe I y Santa Fe II, elaborados en Estados Unidos durante la década de 1980, en los que —según recuerda— se planteaba la necesidad de trabajar sobre determinados sectores de poder de los países latinoamericanos. Kofman menciona particularmente al sector militar y al Poder Judicial como estructuras permanentes sobre las cuales, desde aquella perspectiva estratégica, debía ejercerse influencia en función de los intereses estadounidenses.

El economista considera que el papel de las Fuerzas Armadas como factor de intervención política directa se debilitó con el paso del tiempo, pero interpreta que el Poder Judicial conserva un lugar central como herramienta capaz de condicionar decisiones políticas y pasar por encima de determinados derechos democráticos.

En esa lectura inscribe también la situación judicial de una de las principales figuras políticas del principal partido histórico de la Argentina. Para Kofman, el Poder Judicial constituye actualmente un escollo para cualquier gobierno que pretenda desarrollar una política económica diferente.

La discusión económica termina así desembocando nuevamente en una discusión sobre poder. El endeudamiento no aparece, en su análisis, como una cuestión exclusivamente financiera. Es también una herramienta que condiciona las decisiones de política económica y que puede definir qué tipo de país resulta posible construir.

Familias endeudadas: el otro espejo de la deuda

Mientras tanto, las consecuencias del esquema se sienten en los hogares. El propio Kofman menciona, al cerrar la entrevista, otro informe reciente del MATE dedicado a la cantidad de hogares endeudados y a la situación de mora. Según el trabajo que recomienda consultar, el número de hogares endeudados se duplicó durante los últimos años.

El dato funciona como una suerte de espejo de todo el diagnóstico anterior. La deuda que aparece en las cuentas del Estado también se reproduce en las economías familiares. Cuando los salarios pierden capacidad de compra, el empleo formal desaparece y el mercado interno se contrae, las familias recurren al endeudamiento para sostener consumos que antes podían afrontar con sus ingresos.

El circuito se completa así en los dos extremos. El Estado se endeuda para conseguir los dólares que necesita para sostener el esquema financiero y afrontar sus obligaciones, mientras las familias se endeudan para sostener una vida cotidiana cuyos ingresos ya no alcanzan.

La fotografía de la estabilidad vuelve entonces a mostrar su reverso. Una inflación que desacelera no necesariamente implica recuperación; un sector que crece no necesariamente genera empleo; un superávit comercial no garantiza disponibilidad de dólares; y el acceso a nuevo financiamiento no significa que una economía haya recuperado su capacidad de pago.

Para Kofman, el problema central está precisamente allí: en una economía que necesita trabajar más y producir más para generar los recursos con los que afrontar sus compromisos, pero que al mismo tiempo reduce la actividad, deteriora los salarios y expulsa trabajadores.

El esquema puede mantenerse mientras continúe llegando financiamiento externo. Puede incluso transmitir una sensación de calma y permitir que determinados sectores obtengan importantes beneficios. Pero esa estabilidad, según la interpretación del economista, no surge de una economía que haya recuperado su fortaleza, sino de una economía que depende de que otros continúen inyectándole recursos.

Cuando ese flujo se corte, advierte Kofman, quedará expuesta la verdadera dimensión del problema.

Por eso, al final de la conversación, la pregunta que queda flotando no es solamente cuánto crecerá la Argentina ni cuánto marcará la próxima medición de inflación. Es una pregunta mucho más elemental y, a la vez, más incómoda: qué capacidad tiene el país para generar por sí mismo los recursos que necesita para sostener su economía, pagar sus deudas y mejorar las condiciones de vida de su población.

En el diagnóstico del MATE, la respuesta actual está lejos de ser tranquilizadora. Mientras los salarios pierden, el empleo formal se reduce, los hogares se endeudan, el mercado interno se achica y los dólares salen, el Estado necesita cada vez más financiamiento externo.

La estabilidad, así, no aparece como el final de la crisis, sino como una pausa sostenida por deuda.

Escuchá la entrevista completa:

14 años: el nuevo límite del castigo

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia este sábado 5 de septiembre, extendiendo el sistema penal a adolescentes de 14 años en adelante. En Santa Fe, el abogado penalista y especialista en niñez Guillermo Campana expresó en Señales, su preocupación por el sistema, que no estaría preparado para recibir a esta nueva franja etaria. Campana cuestiona que el Estado vuelva a responder al delito con más castigo, y sostiene que el debate no debe empezar en el juzgado, sino mucho antes: en las condiciones sociales, educativas y familiares que viven estos jóvenes. También resalta la responsabilidad del Estado de prevenir que lleguen al sistema penal

El día en que la puerta se abrió a los 14
El nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige en todo el país. Este sábado 5 de septiembre, mientras la Ley 27.801 comenzaba formalmente a regir, el debate sobre qué significa ampliar el alcance del sistema penal hacia los adolescentes adquirió una nueva dimensión. La norma establece un régimen penal aplicable a personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980.

La discusión, sin embargo, excede largamente la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido al nuevo régimen. La pregunta de fondo es qué respuesta debe dar el Estado frente a los adolescentes que cometen delitos, qué lugar ocupa el castigo, qué papel tienen las políticas de prevención y, sobre todo, cómo evitar que la intervención penal profundice las desigualdades que atraviesan a buena parte de los jóvenes.

Guillermo Campana conoce de cerca ese territorio. Abogado penalista y militante social, con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, integró la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud y acumula una vasta experiencia en materia de justicia penal juvenil en Santa Fe.

En una entrevista realizada en Señales, Campana observó la entrada en vigencia del nuevo régimen con preocupación y puso el foco, antes que nada, en una distinción que considera fundamental y que, advierte, muchas veces queda desdibujada en el tratamiento público del tema.

Imputabilidad, punibilidad y una discusión que no es sólo semántica
Campana cuestiona que se hable simplemente de la entrada en vigencia de una "ley de imputabilidad". Para explicar qué cambia con el nuevo régimen, propone distinguir entre imputabilidad y punibilidad.

"La diferencia básica es que la imputabilidad es poder atribuirle a una persona haber cometido determinado hecho: 'lo cometiste'. La punibilidad es poder aplicarle un castigo, una pena. Eso es lo que entra en vigencia hoy", explica.

La diferencia, señala, permite entender qué podía hacer el Estado hasta ahora con un adolescente de 14 años y qué puede hacer a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen. Antes se podía determinar que un adolescente había cometido un hecho e incluso llevar adelante un procedimiento para establecer si efectivamente lo había cometido. Lo que no se podía hacer era aplicarle una pena, y mucho menos una pena de encierro.

"Sí se podía aplicar algún tipo de medida tendiente a brindarle seguridad, garantizar derechos y demás", explica Campana. Lo que cambia ahora, sostiene, es que el Estado incorpora la posibilidad de aplicar una pena, incluso de encierro, "y hasta 15 años".

La discusión terminológica importa porque durante el debate público la reforma fue presentada reiteradamente como una "baja de la edad de imputabilidad". El propio Gobierno nacional utilizó esa expresión durante el proceso de sanción de la ley.

Pero el cambio no se agota en una palabra. Lo que aparece ahora es un nuevo escenario institucional para adolescentes de 14 y 15 años: pueden quedar comprendidos por un régimen penal que contempla medidas, penas y, en determinados casos, privación de libertad.

La denominación utilizada por organismos internacionales —"edad mínima de responsabilidad penal"— apunta, justamente, a ese cambio de escenario. Para Campana, no se trata de una modificación aislada ni exclusivamente argentina. La nueva legislación debe ser leída dentro de un proceso histórico y político más amplio.

El avance del control social
A su entender, existe desde hace décadas una planificación internacional que fue construyendo las condiciones para ampliar los mecanismos de control social.

Campana sostiene que quienes hegemonizan la política internacional preveían que el sistema económico y social vigente produciría "cada vez más desigualdad" y, como consecuencia, "cada vez más conflicto social en virtud de esas desigualdades".

Frente a ese escenario, afirma, la respuesta propuesta para los Estados no ha sido atacar las causas de esas desigualdades, sino profundizar tres mecanismos: "la militarización, el policiamiento de las sociedades y el control social duro".

Se trata de una interpretación política que Campana sostiene desde hace años y desde la cual lee la reforma penal juvenil. En esa mirada, el nuevo régimen forma parte de una ampliación progresiva de los mecanismos de intervención penal del Estado sobre sectores cada vez más jóvenes de la población.

Su consecuencia, sostiene, es que el poder penal alcanza ahora a adolescentes de 14 años.

En Argentina, recuerda, hace décadas que se discute la necesidad de modificar el régimen penal juvenil. El debate estuvo atravesado por posiciones estrictamente punitivistas, pero también por otras que, bajo una perspectiva que se presentaba como garantista, planteaban la necesidad de asegurar derechos.

Campana cuestiona incluso esa última caracterización cuando está asociada al sistema penal. "El sistema penal no garantiza derechos", afirma. "Lo único que garantiza el sistema penal es castigo y es aplicarle a una persona dolor". Pero hay algo que le preocupa todavía más que la posibilidad de una condena.

El primer contacto puede ser con la policía
Es el descenso de la intervención policial hacia edades cada vez menores. Para Campana, el nuevo régimen habilita una relación con las fuerzas de seguridad que antes no existía de la misma manera para los adolescentes de 14 y 15 años.

"Estamos permitiendo que los niños de 14 y 15 años tengan contacto con la fuerza policial, sean llevados a comisaría, sean requisados, tengan la posibilidad de ingresar en todo ese circuito que es muy oscuro", señala.

No habla de una preocupación abstracta. En su análisis aparecen las consecuencias que, a lo largo de la historia argentina y de otros países, han tenido esos circuitos de intervención estatal. Menciona personas desaparecidas, golpeadas y torturadas.

Por eso considera especialmente grave que niños y adolescentes puedan quedar expuestos a ese entramado institucional sin estar preparados para enfrentarlo. "Es una amenaza para estos niños que no están preparados de ninguna manera para ingresar a esos circuitos", sostiene.

La discusión, entonces, vuelve inevitablemente a una pregunta elemental: ¿bajar la edad de punibilidad sirve realmente para reducir el delito?

¿Más castigo, menos delito?
Campana es categórico. No encuentra evidencia que permita sostenerlo. "Nunca aumentar las penas ha disminuido delitos ni para los adultos ni para los adolescentes", afirma.

La propia experiencia, dice, lo demuestra. Sin embargo, observa que el recurso continúa utilizándose porque no existe una voluntad política suficiente para construir respuestas diferentes, capaces de atender las causas de los conflictos sociales, los delitos y aquello que suele denominarse, de manera general, "inseguridad".

Para él, la nueva legislación no va a conseguir ese objetivo. Y existe, además, un dato que considera central y que, según denuncia, fue discutido durante el proceso de debate de la reforma pero finalmente ignorado: los delitos cometidos —o los supuestos delitos cometidos— por adolescentes de 14 y 15 años son "ínfimos".

Por eso interpreta que el objetivo real no es disminuir una cantidad significativa de delitos. "Estamos buscando desplegar sobre toda esa población el sistema penal y el control social duro", sostiene.

En esa lectura, la pregunta por la eficacia del castigo aparece desplazada por otra: qué población queda ahora dentro del alcance de un sistema que antes no podía aplicar las mismas consecuencias penales sobre esos adolescentes.

El adolescente no empieza en el delito
En la mirada de Campana aparece una idea que viene planteando desde hace años y que vuelve a cobrar fuerza cuando se habla de adolescentes en conflicto con la ley: detrás del delito existe una historia. No alcanza con observar el instante en que un joven comete un hecho y convertir ese episodio en la explicación completa de su vida.

El recuerdo de David Moreira, el joven asesinado a golpes por un grupo de vecinos en el barrio Azcuénaga de Rosario, aparece como una referencia inevitable de ese debate. Campana ya había planteado entonces que detrás de la escena del delito había una trayectoria marcada por circunstancias anteriores: la interrupción de la escolaridad, la precariedad laboral, familias atravesadas por situaciones extremadamente difíciles y procesos de exclusión.

El problema, sostiene, es que esa trayectoria suele desaparecer cuando el adolescente queda reducido al delito que cometió. "Cometemos un error cuando miramos solamente al adolescente desde el delito que cometió", resume. Pero su crítica va un paso más allá.

No sólo cuestiona que no se observe la historia previa del joven: señala que el propio Estado "se desresponsabiliza de aquello que no hizo antes de que el adolescente llegara a esa situación de todo lo que no garantizó previamente para que ese adolescente no llegara a esas circunstancias", afirma.

En esa lógica, la responsabilidad termina depositada sobre un chico de 14 años, aun cuando su recorrido haya estado atravesado por múltiples vulneraciones y por la ausencia de respuestas estatales anteriores.

Para Campana, el Estado coloca sobre ese adolescente "la responsabilidad de todo un circuito delictivo en el que se encuentra" y lo convierte en responsable de un hecho sin detenerse a observar el contexto en el que ocurrió, su historia personal y social, ni las posibilidades que tuvo —o que no tuvo— para construir otro recorrido.

La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil queda así desplazada de la pregunta exclusiva por la edad y situada en un terreno mucho más amplio: el de las responsabilidades del Estado, las desigualdades sociales, las políticas de prevención y los límites del castigo como respuesta frente a una problemática que, para Campana, no puede comprenderse si se separa al adolescente de la historia que lo llevó hasta allí.

La sociedad también queda frente al espejo
Para Campana, hay una dimensión todavía más profunda y dolorosa en ese proceso. No sólo cuestiona las decisiones del Estado, sino también la aceptación social de determinados discursos que presentan el castigo como una solución sencilla frente a problemas complejos.

Considera "muy cruel" que la sociedad acepte esas políticas mientras se desresponsabiliza de las condiciones que ayudó a construir. "Tenemos la sociedad que tenemos y somos responsables en parte de haber llegado hasta acá", plantea.

Por eso rechaza la idea de sacar a un adolescente de 14 años del medio, condenarlo a 15 años de prisión y suponer que, de esa manera, los problemas sociales van a desaparecer. "No podemos ir a decirle a un niño de 14 años, 15 años de prisión, sacarlo del medio y hacer como que eso va a solucionarnos los problemas", afirma.

En su planteo no hay una negación del dolor de las víctimas. Campana insiste en que el sufrimiento de quien pierde a un familiar o de quien padece un delito no puede ser ignorado. "Nosotros no ninguneamos eso, ninguneamos el dolor de alguien que es víctima de un delito", aclara. Pero entiende que reconocer ese dolor no debería conducir automáticamente a una respuesta exclusivamente punitiva.

Desde el Estado, sostiene, hace falta "una mirada mucho más amplia" y gobiernos que piensen primero en cómo garantizar derechos y después en cómo castigar a niños de 14 y 15 años.

Santa Fe frente al nuevo escenario
El desafío adquiere una dimensión concreta en Santa Fe, donde la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional encuentra a la provincia con un sistema procesal penal juvenil relativamente reciente.

La provincia cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil que contempla un sistema especializado y herramientas como la mediación, la conciliación, la reparación del daño y otras respuestas alternativas. La normativa santafesina establece además el principio de especialidad para las personas menores de edad sometidas a procesos penales.

La pregunta que surge ahora es si esa estructura está realmente preparada para incorporar a los adolescentes de 14 y 15 años que quedan comprendidos por el nuevo régimen nacional.

Campana responde que no. Su diagnóstico surge, explica, de relevamientos realizados junto con trabajadores y de asambleas en las que participaron personas vinculadas al sistema. En la misma línea, recuerda que el juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, también ha señalado públicamente la falta de preparación. "No están preparados", insiste Campana.

Y detrás de esa afirmación enumera una serie de carencias que, a su juicio, condicionan desde el comienzo la aplicación de la reforma.

Hay una fuerte precarización laboral, señala, y falta presupuesto destinado tanto a los espacios como a los trabajadores. Tampoco existen recursos suficientes para garantizar que los adolescentes puedan construir "algún tipo de trayectoria distinta a la que venían teniendo".

Pero nuevamente vuelve sobre el punto que considera más preocupante: la policía. "No vamos a tener una policía especializada para trabajar con esos niños", advierte. La fuerza que tendrá contacto con los adolescentes será, según su descripción, la misma que trabaja actualmente en las calles.

La misma que "vive requisando gente y que selecciona de acuerdo a la procedencia de los barrios"; la misma que, denuncia, lleva detenidas a personas y no siempre declara esas detenciones, y la misma a la que acusa de ejercer violencia física. Por eso, frente a la implementación del nuevo régimen, Campana anticipa "un panorama bastante oscuro".

Más chicos, más expedientes
Los propios trabajadores con los que ha tomado contacto —tanto de la Dirección de Niñez como de Justicia Penal Juvenil— le transmitieron, relata, que atraviesan un estado de "muchísima precarización" y que carecen de instrumentos y herramientas suficientes para implementar medidas capaces de garantizar los derechos de los jóvenes que ingresen al sistema.

El tamaño del desafío puede medirse también en los números. Según datos conocidos a través del Distrito 1 de la Justicia de Santa Fe y difundidos por la Fiscalía Regional N.º 1, cerca de 1.500 adolescentes ingresaron en un año en el área metropolitana de Santa Fe, el denominado Gran Santa Fe, en situaciones vinculadas con conflictos con la ley penal.

De ese universo, 582 son considerados adolescentes punibles y el 42 por ciento estuvo vinculado con delitos contra la propiedad. La incorporación de una nueva franja etaria al sistema penal amenaza, entonces, con incrementar de manera significativa la cantidad de causas.

El temor es que ese crecimiento termine impactando sobre fiscalías, defensorías, juzgados y dispositivos de alojamiento que ya funcionan con recursos limitados. Para Campana, el riesgo es evidente: que la reforma termine traducida simplemente en "más expedientes y más chicos" dentro de una estructura que puede quedar rápidamente saturada. Y cuando el sistema se satura, advierte, los discursos sobre especialización y tratamiento diferenciado pueden comenzar a chocar con la realidad cotidiana.

Cuando la especialización queda en el papel
"Se necesita una estructura que no existe hoy en día", sostiene. Ante esa ausencia, teme que los adolescentes reciban un trato cada vez más parecido al de los adultos, más allá de las declaraciones oficiales que aseguren que serán tratados de acuerdo con su edad.

El problema aparece, para él, de manera especialmente clara cuando faltan lugares de alojamiento. Si los dispositivos destinados a adolescentes están saturados, plantea, no necesariamente se optará por dejarlos en libertad. La respuesta histórica del sistema puede ser otra: "Ponelo ahí, acercarlo ahí, que no tenga contacto, pero ponelo ahí en esa celda".

Campana sostiene que esa clase de situaciones "ha ocurrido históricamente" y que tiende a repetirse cuando los recursos no alcanzan. Algo similar puede suceder con los operadores judiciales.

El nuevo sistema establece la intervención de fiscales y defensores especializados como principio, pero también contempla qué ocurre cuando no hay disponibilidad de esos funcionarios. En esos casos, explica Campana, se puede recurrir a otros fiscales o defensores.

"No me lo estoy inventando", aclara. Es una posibilidad que está contemplada en el propio código. Para él, allí aparece una de las mayores contradicciones de la reforma.

El principio de especialización es uno de los principios rectores de la justicia penal juvenil, porque todas las personas que intervienen en un proceso que involucra a niños, niñas y adolescentes deberían estar preparadas para comprender sus características, su situación y las leyes específicas que regulan sus derechos.

"No es un principio cualquiera", enfatiza Campana. Y, a su juicio, será precisamente ese principio el que más riesgo corre durante la implementación del nuevo régimen. "El principio de especialidad yo creo que es el que más va a estar violentado durante la implementación de este nuevo régimen", sostiene.

Alternativas al encierro, pero ¿para quiénes?
La discusión no termina, sin embargo, en el encierro. La nueva legislación contempla diferentes respuestas que no necesariamente implican una pena de prisión. Entre ellas aparecen medidas y penas que buscan sustituir o evitar, en determinados casos, la privación de libertad. La propia Ley 27.801 establece distintas alternativas y modalidades, y dispone que las penas privativas de libertad pueden cumplirse bajo diferentes formas, entre ellas el domicilio, institutos abiertos y establecimientos especializados.

En principio, esas alternativas podrían presentarse como una forma de limitar el uso de la privación de libertad. Pero Campana advierte que tampoco esas medidas son necesariamente neutrales. Su aplicación puede variar profundamente según las condiciones sociales de cada adolescente.

El riesgo, entonces, es que las llamadas penas alternativas terminen reproduciendo las mismas desigualdades que atraviesan a la justicia penal tradicional. Campana encuentra un ejemplo en la justicia de adultos.

Recuerda que existen situaciones en las que una persona acusada de delitos gravísimos puede acceder a una fianza de enorme valor económico sin que nadie se pregunte necesariamente de dónde proviene ese dinero.

En cambio, alguien acusado de robar una moto puede pasar dos años en prisión preventiva porque no tiene capacidad para pagar una fianza o porque carece de un domicilio que le permita acreditar arraigo.

"¿La justicia es clasista?", plantea. Y responde desde su experiencia: "La justicia es clasista, la justicia penal aún más, es selectiva". Según su mirada, ese mismo mecanismo puede reproducirse con los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.

Las condiciones económicas, familiares y territoriales van a determinar, en buena medida, qué tipo de respuesta podrá recibir cada uno. Campana anticipa que el nuevo sistema estará dirigido especialmente hacia los jóvenes de los barrios populares. Allí, las posibilidades de acceder a determinadas respuestas alternativas pueden ser mucho más reducidas.

Si no existen recursos para reparar económicamente un daño, si no hay condiciones familiares o habitacionales que permitan cumplir determinadas obligaciones o si no existen otros soportes sociales, las alternativas al encierro pueden desaparecer en la práctica.

"No va a haber posibilidad de respuesta, reparación de daño", sostiene. Y, ante esa falta de posibilidades, lo más probable, según su pronóstico, es que se termine recurriendo "a otro tipo de medida de restricción de la libertad". Así, incluso aquellas herramientas que en el diseño del nuevo sistema aparecen como alternativas al castigo más duro pueden terminar atravesadas por la desigualdad.

El problema, para Campana, no es solamente qué dice la ley, sino quiénes estarán en condiciones reales de beneficiarse de las posibilidades que la ley ofrece y quiénes, por su origen social y territorial, quedarán más expuestos a la respuesta punitiva.

El Estado llega demasiado tarde
Para Campana, sin embargo, la discusión sobre el sistema penal comienza demasiado tarde. El Estado interviene cuando el conflicto ya ocurrió, cuando el adolescente ya está frente a un juez o un fiscal y el daño ya fue producido.

La verdadera discusión debería ubicarse mucho antes: en todo aquello que el Estado podría hacer para evitar que un niño o un adolescente llegue a ese punto. La primera obligación, sostiene, es garantizar derechos básicos. Que todos los niños estén escolarizados, que tengan la posibilidad de alimentarse adecuadamente y que cuenten con una vivienda.

Pero también considera necesario intervenir sobre otros factores que forman parte del escenario de violencia y delito y que, a su juicio, rara vez aparecen en el debate público. Uno de ellos es el acceso a las armas.

Campana se pregunta cómo es posible que tantas armas circulen en los barrios y cuestiona que esa cuestión no ocupe un lugar central en las políticas de seguridad. "Cualquiera de nosotros quiere un arma, va y la consigue", afirma.

Algo similar plantea respecto de las sustancias ilegales: nadie parece preguntarse, dice, cómo continúan circulando en los barrios con tanta facilidad. Son, para él, cuestiones estructurales de cualquier política seria de combate al delito que no se están abordando.

En cambio, resulta mucho más sencillo señalar a un adolescente que aparece con un arma en la mano que preguntarse cómo ese chico, con apenas 14 años, pudo acceder a ella. "Es muy fácil caerle a un pibito que tiene un arma en la mano y nadie pregunta cómo hizo para acceder con 14 años a un arma", sostiene.

La prevención, entonces, no puede comenzar cuando el adolescente ya está dentro del sistema penal. Tiene que empezar mucho antes, construyendo condiciones que permitan que esos jóvenes tengan "otro destino" y, sobre todo, puedan imaginarlo.

La muerte o el encierro
Campana habla de la necesidad de que puedan tener un proyecto de vida, de que exista la posibilidad concreta de vislumbrar un futuro diferente. No alcanza, dice, con pedirles que se alejen de los circuitos delictivos si la sociedad y el Estado no les ofrecen alternativas reales. "Les tenemos que realmente mostrar que hay proyectos de vida donde pueden construir su identidad", plantea.

Se trata de generar otros caminos posibles, otras formas de construir una identidad y una vida por fuera de los circuitos delictivos que, advierte, muchas veces terminan conduciendo a dos destinos recurrentes: "la muerte o el encierro". Ese planteo vuelve especialmente compleja la discusión sobre los hechos violentos que involucran a adolescentes.

En los últimos tiempos, distintos episodios ocurridos en Santa Fe instalaron con fuerza una frase repetida por medios de comunicación y por algunos especialistas: si un chico de 14 años tiene capacidad para cometer un homicidio, un robo violento o un secuestro, también debería tener capacidad para responder penalmente por lo que hizo.

Campana considera que esa forma de argumentar construye un discurso profundamente simplificador. Lo define como un discurso que se instala apelando a la indignación y al dolor social. Frases como "delito de adulto, pena de adulto", sostiene, son "barbaridades" que buscan interpelar la emotividad negativa de una sociedad que está cansada y golpeada.

No desconoce ese cansancio. Al contrario, reconoce que las personas viven con miedo, temen que en cualquier momento puedan sufrir un hecho que afecte sus vidas o sus bienes. Precisamente por eso entiende que la discusión es tan difícil. "Es muy difícil ingresar en esa discusión porque justamente se apela a esas emociones negativas en un marco en que la gente está muy cansada y muy golpeada", explica.

Frente a esa situación, su respuesta no pretende negar la gravedad de los delitos ni relativizar el sufrimiento de las víctimas. Lo que cuestiona es que la prisión aparezca como una solución capaz de resolver aquello que produjo el delito. "Esto no es una respuesta que vaya a traer buenos resultados", sostiene. Y anticipa que la experiencia terminará demostrando las consecuencias de esa decisión.

Cuando el castigo se convierte en venganza
Porque si el único objetivo es que un adolescente permanezca encerrado durante 15 años, entonces, dice Campana, ya no se está hablando de una política orientada a resolver el problema. Se está hablando de venganza. "Va a ser que por lo menos que esté 15 años preso y listo. Eso es venganza", afirma.

El desafío, para él, es otro: encontrar respuestas que permitan evitar que esos hechos ocurran. La diferencia parece sencilla, pero cambia por completo el sentido de la intervención estatal. Cuando el adolescente ya está sentado frente a un juez y a un fiscal, el hecho ocurrió. El daño ya está producido. Ninguna pena puede volver atrás aquello que sucedió.

Y Campana cuestiona, además, una de las premisas sobre las que suele construirse el discurso punitivo: la idea de que un adolescente dejará de cometer un delito por miedo a terminar preso. "Ningún pibe se va a detener por el temor a que lo metan preso, porque eso no ocurre", sostiene.

Por eso, la pregunta que debería orientar las políticas públicas no es cuánto castigar después, sino qué hacer antes para intentar que el delito no suceda. "Tenemos que buscar otro tipo de soluciones para tratar e intentar que esos hechos no ocurran", plantea. Una vez que acontecieron, advierte, "son irrevertibles".

Una respuesta que empieza antes
En esa tensión entre castigo y prevención aparece también la dimensión colectiva de la discusión. La preocupación por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil llevó a organizaciones sociales, sindicales y trabajadores y trabajadoras vinculados con estas problemáticas a reunirse en una asamblea.

De ese encuentro surgió una primera iniciativa: hacer visible el debate y las inquietudes que genera la puesta en marcha del nuevo sistema.

El próximo lunes, a las cinco de la tarde, realizarán una radio abierta en Plaza San Martín. La propuesta busca que diferentes voces puedan expresarse sobre la nueva normativa y, al mismo tiempo, comenzar a discutir alternativas desde los sectores sociales y laborales que vienen siguiendo de cerca la situación.

No se trata, explica Campana, de esperar a que los problemas aparezcan para recién entonces reaccionar. La intención es comenzar a discutirlos ante la implementación del nuevo régimen y construir respuestas desde esos espacios. La radio abierta será, en ese sentido, una primera forma de intervención pública frente a una reforma que Campana observa con preocupación.

Allí confluirán trabajadores, organizaciones sociales y sindicales y otros sectores que comparten la inquietud por las consecuencias que puede tener el descenso de la edad de punibilidad.

Su diagnóstico, a lo largo de toda la discusión, vuelve una y otra vez al mismo punto: el sistema penal llega cuando ya es demasiado tarde. Puede castigar, encerrar y administrar expedientes, pero difícilmente pueda reparar las condiciones sociales que precedieron al delito.

Para Campana, si el Estado quiere reducir realmente la violencia y evitar que más adolescentes terminen dentro de los circuitos delictivos, debe intervenir antes. Garantizar escuela, alimentación, vivienda, acceso a derechos, limitar la circulación de armas y sustancias ilegales y, sobre todo, construir posibilidades concretas para que un adolescente pueda imaginar un futuro diferente.

La alternativa al delito, en su mirada, no puede ser únicamente la cárcel. Tiene que existir antes de ella.

Pero el debate sobre la ampliación del sistema penal hacia los adolescentes no queda solamente en las discusiones jurídicas, las estadísticas o las advertencias de quienes trabajan en el área. También aparece en escenas concretas, en episodios ocurridos en la calle que permiten dimensionar qué significa, en la práctica, el contacto entre los adolescentes y las fuerzas de seguridad.

Una esquina, un adolescente y un despliegue policial
Una mujer compartió, hacia el final de la emisión de Señales, el relato de una situación que presenció de manera casual y que definió como un "despliegue policial irregular en contra de un menor".

Contó que el domingo 30 de agosto, alrededor de las 13, caminaba por la esquina de España y Mendoza cuando se encontró con un importante operativo policial. En medio del despliegue había un adolescente, "cabizbajo", según describió, visiblemente atemorizado y en estado de shock y pánico frente a la cantidad de efectivos y vehículos que lo rodeaban.

La escena llamó su atención. Se acercó y preguntó quién estaba a cargo del procedimiento. Un hombre identificado como Dávila se presentó como responsable. Ella quiso saber entonces por qué había semejante operativo si solamente había un menor en el centro de la escena. La primera explicación que recibió fue que estaba equivocada: según el responsable, los efectivos se encontraban allí para cargar las motos.

La respuesta no le resultó convincente. Señaló que en ese lugar no había ningún sitio destinado a cargar combustible, sino solamente una esquina y una panadería.

Además, había una cantidad considerable de recursos policiales desplegados: aproximadamente diez motos, tres móviles y una camioneta. Todos estaban, según su relato, rodeando al adolescente. La mujer volvió a preguntar por qué entonces se estaba reteniendo al menor. La explicación cambió.

Esta vez le dijeron que había ocurrido un error: los policías habían creído que el adolescente llevaba un arma y, en realidad, tenía un teléfono celular. Ella observó entonces al joven y comprobó que del bolsillo de su pantalón asomaba parte de un celular. La escena le resultó particularmente difícil de comprender.

"Es insólito que un policía, justamente un policía, pueda distinguir entre un celular y un arma, y un revólver", sostuvo en su testimonio. Pero, pese a que aparentemente se había establecido que el adolescente no llevaba un arma, los efectivos continuaban reteniéndolo.

La mujer decidió quedarse en el lugar. Observó que los policías seguían comunicándose entre ellos y comenzó a filmar la situación. Fue entonces, según relató, cuando el operativo empezó a desarmarse.

Las motos comenzaron a retirarse. Los móviles hicieron lo mismo. Antes de marcharse, contó, algunos efectivos se burlaron de ella y se rieron en su cara. Una de las policías, afirmó, llegó incluso a insultarla antes de retirarse.

El adolescente finalmente quedó libre. La mujer aseguró que nunca logró saber cuál había sido realmente el objetivo de la policía al retenerlo. Lo que sí hizo fue presentar una denuncia ante Asuntos Internos de la Policía. Su relato no terminó, sin embargo, en la denuncia.

Lo convirtió también en un llamado a la sociedad para que este tipo de situaciones no pasen inadvertidas. Pidió que las personas se involucren, que intervengan, que pregunten y que filmen cuando sean testigos de procedimientos que consideren irregulares. "Que quede todo registrado", reclamó.

Su preocupación adquiere otra dimensión en el contexto de la discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. La mujer pidió que su experiencia pudiera difundirse y trascender las fronteras de la provincia para que se conozca lo que, según su denuncia, está ocurriendo con los menores y adolescentes en Santa Fe.

"Todos tenemos un menor y un adolescente en casa y está en peligro", afirmó.

Su conclusión fue también un llamado a la participación colectiva: "Seamos comprometidos, porque si no nos defendemos entre nosotros no nos defiende nadie".

Entre la ley y la calle
En su relato aparecen, condensadas en una escena de pocos minutos, varias de las preocupaciones que Campana había planteado durante la entrevista: la relación entre los adolescentes y la policía, el riesgo de intervenciones desproporcionadas, la ausencia de una fuerza especializada y la posibilidad de que el nuevo escenario penal exponga a chicos cada vez más jóvenes a circuitos de control y vigilancia.

La mujer fue todavía más lejos y cuestionó el funcionamiento de la fuerza de seguridad en la ciudad y en la provincia. A su entender, la policía "no está actuando como debe actuar" y está llevando adelante procedimientos que terminan poniendo en riesgo a los propios menores.

La escena que describió ocurrió antes de que el adolescente ingresara formalmente en cualquier circuito judicial. No hubo, en su relato, un juez, un fiscal ni una sentencia.

Hubo primero una esquina, un adolescente rodeado por efectivos, explicaciones contradictorias y una intervención policial que, según la testigo, terminó sin que quedara claro por qué había comenzado. Ese episodio permite volver al centro de la discusión.

La ampliación del sistema penal juvenil no implica solamente modificar una edad en una ley. También significa ampliar las posibilidades de contacto entre el Estado, las fuerzas de seguridad y adolescentes que hasta ahora permanecían fuera de determinados circuitos punitivos.

Entre la letra de una norma y lo que sucede en una esquina puede existir una distancia enorme. Y es precisamente en esa distancia donde se juega buena parte de la discusión que atraviesa a Santa Fe: qué tipo de Estado interviene, con qué recursos, con qué formación, bajo qué controles y, sobre todo, qué sucede con los adolescentes cuando el primer contacto que tienen con las instituciones públicas no es la escuela, un centro de salud, una política social o un espacio de acompañamiento, sino un operativo policial.

El nuevo régimen ya está vigente. La discusión que queda abierta es qué hará la sociedad con ese nuevo escenario y qué respuesta elegirá el Estado frente a los adolescentes: si llegará después del conflicto para castigar o si será capaz de intervenir mucho antes, cuando todavía existe la posibilidad de construir otro camino.

Actualización 1:
¿Puede entrar en vigencia una nueva ley penal juvenil si el Estado no está preparado para aplicarla?

Una jueza de Lomas de Zamora suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión no declaró la inconstitucionalidad de la norma, pero puso el foco en las condiciones materiales del sistema de privación de libertad y en la capacidad del Estado para garantizar los derechos de los adolescentes.

Una sentencia dictada este lunes en Lomas de Zamora abrió un debate que excede a la provincia de Buenos Aires y plantea un interrogante central para la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil: ¿puede aplicarse una norma que amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal si el Estado todavía no cuenta con las condiciones institucionales y materiales necesarias para hacerlo respetando sus derechos fundamentales?

El planteo fue analizado por Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y profesor adjunto de Derecho Penal 2, quien destacó la relevancia de una resolución del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora.

Según explicó Morabito, la magistrada dispuso la suspensión preventiva, por 60 días, de la aplicación de la Ley 27.801 en toda la provincia de Buenos Aires, pero aclaró que la medida no implica una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

La diferencia, sostuvo, es fundamental. La jueza consideró que todavía debe profundizarse la discusión sobre las eventuales contradicciones de la nueva legislación con la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, identificó otro problema: las condiciones materiales actuales del sistema de privación de libertad de adolescentes.

 
El problema de la capacidad del Estado
La Ley 27.801 amplía el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos al sistema penal, entre otros aspectos, al incorporar a jóvenes de 14 y 15 años y modificar el universo de conductas punibles.

Para Morabito, esto permite formular una pregunta que va más allá de determinar si la ley habilita una detención.

"¿Está el Estado en condiciones de hacerlo respetando los derechos fundamentales de esos adolescentes?"

El interrogante adquiere especial relevancia frente a la posibilidad de que la nueva legislación produzca un incremento de los ingresos al sistema y una mayor permanencia de adolescentes en dispositivos de detención.

La sentencia, según el análisis del magistrado, adopta una lógica preventiva: no considera necesario esperar a que el hacinamiento, el aislamiento o las deficiencias en las condiciones de alojamiento provoquen una violación concreta de derechos para que el Estado deba intervenir.

Si existe un riesgo grave y razonablemente previsible, explicó Morabito, surge el deber estatal de prevenirlo.

Condiciones que ya habían sido constatadas
Uno de los elementos centrales de la resolución es que la preocupación de la jueza no sería meramente hipotética.

La magistrada ya había constatado personalmente las condiciones de un dispositivo de detención y había limitado su capacidad de alojamiento a 60 adolescentes, al considerar que no cumplía con estándares mínimos.

A esto se suman, de acuerdo con el análisis de Morabito, déficits vinculados con la educación, la formación profesional, la incorporación al ámbito laboral y la limitación del aislamiento. La sentencia también señala que problemas semejantes se presentan en otros dispositivos de la provincia.

En este contexto, el debate sobre la seguridad y el respeto de los derechos de los adolescentes no debería plantearse como una contradicción.

"La protección de los derechos de los adolescentes detenidos no es incompatible con la seguridad de la sociedad", sostiene Morabito. Por el contrario, advierte que el hacinamiento y las malas condiciones de encierro pueden incrementar la violencia con la que los jóvenes regresen a la sociedad.

Castigar no alcanza
Desde esta perspectiva, una política penal juvenil no debería evaluarse únicamente por la cantidad de adolescentes que el Estado está en condiciones de someter a una sanción o privar de su libertad.

También debería medirse por su capacidad para educar, responsabilizar, acompañar, controlar y preparar a los jóvenes para su egreso.

La resolución de Lomas de Zamora incorpora además un mecanismo de control sobre las autoridades provinciales. La jueza ordenó una audiencia para que los funcionarios expliquen qué medidas adoptaron, cuáles tienen previstas, cuáles están planificadas y en qué plazos serán implementadas.

Para Morabito, la medida cautelar adquiere así también una dimensión de rendición de cuentas.

Una ley vigente y un Estado que debe estar preparado
El punto central del análisis puede resumirse en una premisa: el Estado no puede ampliar legítimamente su poder punitivo sin ampliar simultáneamente su capacidad para garantizar derechos.

Morabito remarca que la sentencia no afirma que la Ley 27.801 sea inconstitucional ni determina que los adolescentes de 14 y 15 años deban quedar automáticamente fuera del sistema penal.

El planteo es diferente: no puede implementarse una nueva política penal ignorando las condiciones reales en las que será ejecutada.

De allí surgen una serie de preguntas que, según el magistrado, probablemente excederán el caso bonaerense y llegarán a otras jurisdicciones: ¿hay suficientes dispositivos? ¿Tienen capacidad real? ¿Existen equipos interdisciplinarios suficientes? ¿Está garantizado el acceso a la educación? ¿Hay alternativas efectivas a la detención? ¿El sistema está preparado para recibir adolescentes de 14 y 15 años?

La Ley 27.801 ya se encuentra formalmente vigente. Pero, como advierte Morabito, una cosa es que una ley entre en vigencia y otra que el Estado esté institucionalmente preparado para aplicarla de acuerdo con la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

 
La discusión que viene
La resolución de Lomas de Zamora puede convertirse, de este modo, en un antecedente relevante para discutir la implementación de la nueva legislación penal adolescente.

Para Morabito, el debate no debería quedar atrapado en la tradicional división entre "mano dura" y "garantismo".

La cuestión de fondo es otra: qué sistema penal adolescente se pretende construir y qué Estado se está dispuesto a crear para hacerlo posible.

La privación de libertad de un adolescente, plantea el magistrado, no termina cuando se cierra una puerta. En ese momento comienza una responsabilidad mucho mayor para el Estado: garantizar que, cuando ese joven recupere su libertad, pueda regresar a la sociedad con mayores herramientas para no volver a delinquir.

La verdadera discusión sobre la nueva Ley Penal Adolescente, entonces, no pasa solamente por determinar a quién se puede castigar, sino también por establecer qué condiciones debe reunir el Estado para ejercer legítimamente ese poder.

Actualización 2: El gobierno reglamentó la Ley y la publicó en el Boletín Oficial

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