La Justicia parió una condena que tardó 13 años en revisar

En diálogo con Señales, Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, analiza el caso de Paola Ortiz, quien después de más de 13 años presa recuperó la libertad. Había sido condenada a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo tras atravesar un parto en avalancha, sin asistencia médica y en un contexto de extrema vulnerabilidad. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó aquella sentencia, reconoció que no había sido juzgada con perspectiva de género y fijó una pena equivalente al tiempo que ya había cumplido. Para Palero, el caso expone los prejuicios que todavía pesan sobre las mujeres cuando la Justicia mira una emergencia obstétrica como si fuera un delito.

Una historia que apareció casi por casualidad
Paola Ortiz estaba presa desde hacía más de una década cuando su historia llegó, casi de casualidad, a las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir. Ellas realizaban una investigación sobre determinadas sentencias cuando encontraron su expediente. Lo leyeron y algo empezó a resultar evidente: allí podía haber una injusticia.

"Es una mujer que nunca fue escuchada en el juicio", cuenta Pate Palero. La defensa oficial, según reconstruye, había sido deficiente y no había apelado ninguna de las instancias. Para una mujer pobre, con poco conocimiento sobre sus derechos y atravesada por una situación de extrema vulnerabilidad, aquella maquinaria judicial había avanzado sin detenerse demasiado a escuchar qué había sucedido.

Era 2012. La perspectiva de género todavía no estaba instalada en la Justicia, y mucho menos había logrado atravesar de manera transversal las decisiones judiciales. Hoy, admite Palero, esa batalla continúa: todavía cuesta incorporar esa mirada en cada expediente, en cada sentencia, en cada interpretación.

Las abogadas comenzaron entonces a vincularse con Paola y a reconstruir su historia.

En el centro estaba un parto ocurrido de manera abrupta. Paola ya tenía tres hijos. Pero ser madre no significaba, como se desprendía de la mirada que terminó imponiéndose sobre ella, estar naturalmente preparada para resolver un parto en cualquier circunstancia.

"Eso no nos da un seminario de maternidad por sí", plantea Palero. El nacimiento había ocurrido, según el relato de Paola y la descripción de uno de los peritos, "en avalancha": sin un aviso previo, como una situación que se precipitó de golpe y que ella no pudo tramitar. Paola sostuvo que el nacimiento había sido sin vida y que la experiencia había sido profundamente traumática.

A pesar de ese relato, terminó acusada de haber matado al producto de aquel parto.

El expediente y los prejuicios
La acusación por homicidio agravado por el vínculo se apoyó, explica Palero, en relatos de un policía y estuvo atravesada por una serie de prejuicios y mandatos acerca de lo que se supone que una mujer debe ser y hacer.

No se trataba solamente de determinar qué había ocurrido durante aquel parto. También parecía operar una idea previa sobre quién debía ser Paola.

Una mujer —y especialmente una madre— debería saber. Debería poder. Debería cuidar. Debería responder. Debería comportarse de acuerdo con aquello que se espera de ella.

En esa mirada también aparecen otros estereotipos: que las mujeres mienten, que siempre esconden una segunda intención, que sus relatos son sospechosos o que detrás de determinadas conductas puede haber algo perverso.

Palero encuentra incluso una raíz mucho más antigua en esa forma de observar a las mujeres. Menciona el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), el tratado sobre la brujería escrito por dos frailes dominicos y publicado en Estrasburgo en 1487, históricamente asociado con la persecución de las mujeres acusadas de brujería. Según sostiene, algunas de las imágenes allí construidas dejaron una huella perdurable en el derecho occidental: la mujer asociada con la maldad, la brujería, las intenciones ocultas y el engaño.

"Todas esas cosas me parece que en algunos casos, como en este, persisten para mirar a las mujeres", dice. Paola, mientras tanto, había quedado atrapada en esa mirada.

Pobre, sin una defensa adecuada, con escaso conocimiento de sus derechos y sin posibilidades reales de revertir lo que estaba ocurriendo, terminó estigmatizada por la sociedad y por los medios. Era, además, un pueblo pequeño. La condena tuvo una dimensión social que excedió el expediente judicial.

En 2015 recibió prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. La sentencia quedó firme.

Lo que la primera sentencia no quiso -o no pudo- ver
Cuando las organizaciones llegaron a la causa, el problema ya no era solamente qué había ocurrido en aquel parto. La pregunta era qué elementos habían quedado afuera de la mirada judicial.

La revisión impulsada por sus abogadas, Rocío García Garro y Julia Luna, y acompañada por organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas, puso sobre la mesa una dimensión que la condena original no había considerado adecuadamente: las condiciones concretas en las que vivía Paola.

La pobreza. La violencia. La dependencia económica y habitacional. La ausencia de redes de apoyo. Las circunstancias propias del parto y del puerperio. La desigualdad estructural. Los mandatos de género relacionados con la reproducción. Todo eso, plantea Palero, debía formar parte de la historia.

No se podía analizar una emergencia obstétrica como si hubiera ocurrido en el vacío.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revisó finalmente aquella condena y reconoció que la sentencia original no había incorporado una perspectiva de género. No absolvió a Paola, pero modificó sustancialmente la pena.

Fijó una condena de 13 años, 9 meses y 26 días: exactamente el tiempo que ya había pasado privada de su libertad. La consecuencia fue inmediata. Paola recuperó la libertad. Para quienes la acompañaron, fue una reparación importante, aunque incompleta.

Porque el tribunal no se pronunció sobre una cuestión central para las organizaciones: el nacimiento sin vida que Paola había relatado. Y por eso, explica Palero, están evaluando si ese aspecto puede ser llevado a otras instancias internacionales.

La posición de quienes la acompañan sigue siendo contundente: sostienen que Paola no es culpable.

La madre que la sociedad espera
El caso vuelve una y otra vez sobre una pregunta incómoda: ¿qué significa ser una "buena madre" y quién decide cuándo una mujer cumplió con ese mandato?

Palero responde desde una tradición de décadas de feminismo y organización de mujeres. Los estereotipos, dice, no desaparecen porque cambien las leyes. Siguen presentes en la cultura y también en quienes interpretan y aplican esas leyes.

Está la idea de que las mujeres deben ser madres en cualquier circunstancia. Que tienen que estar al servicio del cuidado. Que deben ser sumisas, calladas y obedientes, especialmente frente a figuras masculinas. Que lo doméstico y el cuidado son atributos naturales de las mujeres. Pero nada de eso es natural, sostiene.

Son construcciones culturales. Y aunque tienen una enorme fuerza, también pueden modificarse.

Palero vincula esos mandatos con un modelo capitalista y patriarcal que históricamente invisibilizó el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres, sin reconocer su verdadero peso en el funcionamiento de la sociedad.

En el caso de Paola, esos mandatos terminaron convirtiéndose en una vara con la que se midió su comportamiento. "Paola es una simple mujer de barrio que hizo lo que pudo con su realidad", dice Palero. Y fue castigada, agrega, desde una mirada "muy androcéntrica, muy patriarcal".

Trece amicus curiae y una pelea colectiva
La revisión de la condena no fue obra de una sola organización ni de una sola persona. Detrás del expediente se desplegó un trabajo colectivo.

Fueron 13 los amicus curiae que llegaron al proceso. Participaron organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional, ELA e Innocence Project, además de organizaciones locales e internacionales y especialistas que aportaron argumentos para mirar el caso desde distintas perspectivas.

Palero destaca especialmente esa articulación.

No lo presenta como un gesto de falsa humildad. Para ella, la intervención colectiva es una de las fortalezas históricas del movimiento feminista y de derechos humanos: organizaciones diferentes que ponen en común saberes, experiencias y herramientas para intervenir allí donde una injusticia necesita ser revisada.

El propio tribunal tomó argumentos de esos amicus curiae. "Esa es una construcción de capital intelectual que el movimiento le ha dado a las democracias", sostiene Palero. Y esa construcción también explica por qué un caso como el de Paola consigue trascender sus propios límites.

Porque Paola no es la única.

Paola y Belén: cuando una emergencia llega al fuero penal
Palero menciona el caso de Belén. Son historias diferentes, aclara, pero tienen algo en común: ambas muestran cómo una emergencia obstétrica puede terminar convertida en una causa penal contra una mujer. La comparación permite mirar más allá de un expediente concreto.

¿Qué sucede cuando una mujer atraviesa una situación vinculada con el embarazo, el parto o el puerperio y la primera respuesta institucional no es comprender el contexto, sino sospechar, investigar y castigar? Para Palero, allí aparece un problema estructural.

También observa con preocupación el discurso actual sobre las llamadas "falsas denuncias", que considera una construcción falaz que continúa operando y que puede contribuir a naturalizar injusticias y desigualdades más amplias.

Por eso, la discusión sobre Paola no termina con Paola. La pregunta es qué tiene que cambiar para que la próxima emergencia obstétrica no vuelva a transformarse en una acusación penal.

Los derechos no se regalan
Palero ubica esta discusión dentro de una historia más larga. Argentina se prepara para el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba, pero el movimiento de mujeres tiene una historia mucho más extensa que la de los encuentros.

Durante décadas, esa construcción plural, federal e intergeneracional consiguió transformar demandas en leyes y construir un marco normativo que hoy resulta fundamental.

Pero hay algo que también aprendieron en el camino: las leyes no se defienden solas. Los derechos deben sostenerse todos los días, en cada lugar y frente a cada contexto. Deben ser defendidos y argumentados porque son conquistas, no concesiones.

Y cada conquista, dice Palero, implica también disputar privilegios de sectores que históricamente tuvieron ventajas sobre otros.

Por eso, en un momento en que existe un fuerte cuestionamiento al sistema político, entiende que también hay que "poner el ojo en la Justicia". El caso Paola obliga justamente a mirar allí.

Una libertad que todavía tiene que reconstruirse
Pate Palero vio a Paola personalmente el día anterior a la conversación. La encontró fuerte. "Increíblemente fuerte", repite. 

Después de más de 13 años en prisión, ahora tiene que reconstruir su vida. Volver a armar su contexto. Recuperar vínculos. Recomponer una cotidianeidad que quedó suspendida durante más de una década.

Pero algo ya estaba allí. Los vínculos. Algunos construidos antes de la prisión. Otros nacidos dentro del penal. También las compañeras con las que compartió esos años y que ahora, algunas de ellas, ya recuperaron su propia libertad.

Paola está tejiendo nuevamente esa red. Palero habla entonces de una "resiliencia popular". Una cultura popular que resiste, que acompaña, que construye vínculos incluso en los lugares más adversos.

Se emociona cuando lo cuenta.

Quizás porque en esa imagen aparece algo que no figura en ninguna sentencia: una mujer que, después de haber sido convertida durante años en un expediente, vuelve a ser una persona que tiene que reconstruir su vida.

La Justicia modificó su condena. Le permitió salir de prisión. Reconoció que aquella primera sentencia había sido dictada sin perspectiva de género y que las condiciones de vulnerabilidad habían sido insuficientemente consideradas.

Pero todavía quedó una pregunta abierta sobre el fondo de la acusación.

Por eso, para quienes acompañan a Paola, su libertad no representa el final de la historia. Representa apenas un punto de inflexión.

También una advertencia: una emergencia obstétrica no puede ser analizada separada de las condiciones sociales, económicas y culturales en las que ocurre. Y una mujer no debería ser juzgada por no haber encarnado el modelo de maternidad que otros construyeron para ella.

En esa disputa se juega algo que excede el nombre de Paola Ortiz. Se juega la posibilidad de que la próxima mujer que atraviese una emergencia obstétrica sea escuchada antes de ser sospechada, comprendida antes de ser estigmatizada y juzgada con todas las circunstancias de su historia sobre la mesa. 

Porque, como insiste Palero, ninguna emergencia obstétrica debería ser considerada automáticamente un delito. Como mínimo, debe ser entendida en el contexto de la desigualdad estructural y de los mandatos patriarcales que todavía pesan sobre la reproducción.

Paola ya está afuera.

Ahora queda por ver qué hará la Justicia con todo lo que su historia volvió a poner delante de sus ojos.

Escuchá la entrevista completa:

14 años: el nuevo límite del castigo

El nuevo Régimen Penal Juvenil entró en vigencia este sábado 5 de septiembre, extendiendo el sistema penal a adolescentes de 14 años en adelante. En Santa Fe, el abogado penalista y especialista en niñez Guillermo Campana expresó en Señales, su preocupación por el sistema, que no estaría preparado para recibir a esta nueva franja etaria. Campana cuestiona que el Estado vuelva a responder al delito con más castigo, y sostiene que el debate no debe empezar en el juzgado, sino mucho antes: en las condiciones sociales, educativas y familiares que viven estos jóvenes. También resalta la responsabilidad del Estado de prevenir que lleguen al sistema penal

El día en que la puerta se abrió a los 14
El nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige en todo el país. Este sábado 5 de septiembre, mientras la Ley 27.801 comenzaba formalmente a regir, el debate sobre qué significa ampliar el alcance del sistema penal hacia los adolescentes adquirió una nueva dimensión. La norma establece un régimen penal aplicable a personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980.

La discusión, sin embargo, excede largamente la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido al nuevo régimen. La pregunta de fondo es qué respuesta debe dar el Estado frente a los adolescentes que cometen delitos, qué lugar ocupa el castigo, qué papel tienen las políticas de prevención y, sobre todo, cómo evitar que la intervención penal profundice las desigualdades que atraviesan a buena parte de los jóvenes.

Guillermo Campana conoce de cerca ese territorio. Abogado penalista y militante social, con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, integró la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud y acumula una vasta experiencia en materia de justicia penal juvenil en Santa Fe.

En una entrevista realizada en Señales, Campana observó la entrada en vigencia del nuevo régimen con preocupación y puso el foco, antes que nada, en una distinción que considera fundamental y que, advierte, muchas veces queda desdibujada en el tratamiento público del tema.

Imputabilidad, punibilidad y una discusión que no es sólo semántica
Campana cuestiona que se hable simplemente de la entrada en vigencia de una "ley de imputabilidad". Para explicar qué cambia con el nuevo régimen, propone distinguir entre imputabilidad y punibilidad.

"La diferencia básica es que la imputabilidad es poder atribuirle a una persona haber cometido determinado hecho: 'lo cometiste'. La punibilidad es poder aplicarle un castigo, una pena. Eso es lo que entra en vigencia hoy", explica.

La diferencia, señala, permite entender qué podía hacer el Estado hasta ahora con un adolescente de 14 años y qué puede hacer a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen. Antes se podía determinar que un adolescente había cometido un hecho e incluso llevar adelante un procedimiento para establecer si efectivamente lo había cometido. Lo que no se podía hacer era aplicarle una pena, y mucho menos una pena de encierro.

"Sí se podía aplicar algún tipo de medida tendiente a brindarle seguridad, garantizar derechos y demás", explica Campana. Lo que cambia ahora, sostiene, es que el Estado incorpora la posibilidad de aplicar una pena, incluso de encierro, "y hasta 15 años".

La discusión terminológica importa porque durante el debate público la reforma fue presentada reiteradamente como una "baja de la edad de imputabilidad". El propio Gobierno nacional utilizó esa expresión durante el proceso de sanción de la ley.

Pero el cambio no se agota en una palabra. Lo que aparece ahora es un nuevo escenario institucional para adolescentes de 14 y 15 años: pueden quedar comprendidos por un régimen penal que contempla medidas, penas y, en determinados casos, privación de libertad.

La denominación utilizada por organismos internacionales —"edad mínima de responsabilidad penal"— apunta, justamente, a ese cambio de escenario. Para Campana, no se trata de una modificación aislada ni exclusivamente argentina. La nueva legislación debe ser leída dentro de un proceso histórico y político más amplio.

El avance del control social
A su entender, existe desde hace décadas una planificación internacional que fue construyendo las condiciones para ampliar los mecanismos de control social.

Campana sostiene que quienes hegemonizan la política internacional preveían que el sistema económico y social vigente produciría "cada vez más desigualdad" y, como consecuencia, "cada vez más conflicto social en virtud de esas desigualdades".

Frente a ese escenario, afirma, la respuesta propuesta para los Estados no ha sido atacar las causas de esas desigualdades, sino profundizar tres mecanismos: "la militarización, el policiamiento de las sociedades y el control social duro".

Se trata de una interpretación política que Campana sostiene desde hace años y desde la cual lee la reforma penal juvenil. En esa mirada, el nuevo régimen forma parte de una ampliación progresiva de los mecanismos de intervención penal del Estado sobre sectores cada vez más jóvenes de la población.

Su consecuencia, sostiene, es que el poder penal alcanza ahora a adolescentes de 14 años.

En Argentina, recuerda, hace décadas que se discute la necesidad de modificar el régimen penal juvenil. El debate estuvo atravesado por posiciones estrictamente punitivistas, pero también por otras que, bajo una perspectiva que se presentaba como garantista, planteaban la necesidad de asegurar derechos.

Campana cuestiona incluso esa última caracterización cuando está asociada al sistema penal. "El sistema penal no garantiza derechos", afirma. "Lo único que garantiza el sistema penal es castigo y es aplicarle a una persona dolor". Pero hay algo que le preocupa todavía más que la posibilidad de una condena.

El primer contacto puede ser con la policía
Es el descenso de la intervención policial hacia edades cada vez menores. Para Campana, el nuevo régimen habilita una relación con las fuerzas de seguridad que antes no existía de la misma manera para los adolescentes de 14 y 15 años.

"Estamos permitiendo que los niños de 14 y 15 años tengan contacto con la fuerza policial, sean llevados a comisaría, sean requisados, tengan la posibilidad de ingresar en todo ese circuito que es muy oscuro", señala.

No habla de una preocupación abstracta. En su análisis aparecen las consecuencias que, a lo largo de la historia argentina y de otros países, han tenido esos circuitos de intervención estatal. Menciona personas desaparecidas, golpeadas y torturadas.

Por eso considera especialmente grave que niños y adolescentes puedan quedar expuestos a ese entramado institucional sin estar preparados para enfrentarlo. "Es una amenaza para estos niños que no están preparados de ninguna manera para ingresar a esos circuitos", sostiene.

La discusión, entonces, vuelve inevitablemente a una pregunta elemental: ¿bajar la edad de punibilidad sirve realmente para reducir el delito?

¿Más castigo, menos delito?
Campana es categórico. No encuentra evidencia que permita sostenerlo. "Nunca aumentar las penas ha disminuido delitos ni para los adultos ni para los adolescentes", afirma.

La propia experiencia, dice, lo demuestra. Sin embargo, observa que el recurso continúa utilizándose porque no existe una voluntad política suficiente para construir respuestas diferentes, capaces de atender las causas de los conflictos sociales, los delitos y aquello que suele denominarse, de manera general, "inseguridad".

Para él, la nueva legislación no va a conseguir ese objetivo. Y existe, además, un dato que considera central y que, según denuncia, fue discutido durante el proceso de debate de la reforma pero finalmente ignorado: los delitos cometidos —o los supuestos delitos cometidos— por adolescentes de 14 y 15 años son "ínfimos".

Por eso interpreta que el objetivo real no es disminuir una cantidad significativa de delitos. "Estamos buscando desplegar sobre toda esa población el sistema penal y el control social duro", sostiene.

En esa lectura, la pregunta por la eficacia del castigo aparece desplazada por otra: qué población queda ahora dentro del alcance de un sistema que antes no podía aplicar las mismas consecuencias penales sobre esos adolescentes.

El adolescente no empieza en el delito
En la mirada de Campana aparece una idea que viene planteando desde hace años y que vuelve a cobrar fuerza cuando se habla de adolescentes en conflicto con la ley: detrás del delito existe una historia. No alcanza con observar el instante en que un joven comete un hecho y convertir ese episodio en la explicación completa de su vida.

El recuerdo de David Moreira, el joven asesinado a golpes por un grupo de vecinos en el barrio Azcuénaga de Rosario, aparece como una referencia inevitable de ese debate. Campana ya había planteado entonces que detrás de la escena del delito había una trayectoria marcada por circunstancias anteriores: la interrupción de la escolaridad, la precariedad laboral, familias atravesadas por situaciones extremadamente difíciles y procesos de exclusión.

El problema, sostiene, es que esa trayectoria suele desaparecer cuando el adolescente queda reducido al delito que cometió. "Cometemos un error cuando miramos solamente al adolescente desde el delito que cometió", resume. Pero su crítica va un paso más allá.

No sólo cuestiona que no se observe la historia previa del joven: señala que el propio Estado "se desresponsabiliza de aquello que no hizo antes de que el adolescente llegara a esa situación de todo lo que no garantizó previamente para que ese adolescente no llegara a esas circunstancias", afirma.

En esa lógica, la responsabilidad termina depositada sobre un chico de 14 años, aun cuando su recorrido haya estado atravesado por múltiples vulneraciones y por la ausencia de respuestas estatales anteriores.

Para Campana, el Estado coloca sobre ese adolescente "la responsabilidad de todo un circuito delictivo en el que se encuentra" y lo convierte en responsable de un hecho sin detenerse a observar el contexto en el que ocurrió, su historia personal y social, ni las posibilidades que tuvo —o que no tuvo— para construir otro recorrido.

La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil queda así desplazada de la pregunta exclusiva por la edad y situada en un terreno mucho más amplio: el de las responsabilidades del Estado, las desigualdades sociales, las políticas de prevención y los límites del castigo como respuesta frente a una problemática que, para Campana, no puede comprenderse si se separa al adolescente de la historia que lo llevó hasta allí.

La sociedad también queda frente al espejo
Para Campana, hay una dimensión todavía más profunda y dolorosa en ese proceso. No sólo cuestiona las decisiones del Estado, sino también la aceptación social de determinados discursos que presentan el castigo como una solución sencilla frente a problemas complejos.

Considera "muy cruel" que la sociedad acepte esas políticas mientras se desresponsabiliza de las condiciones que ayudó a construir. "Tenemos la sociedad que tenemos y somos responsables en parte de haber llegado hasta acá", plantea.

Por eso rechaza la idea de sacar a un adolescente de 14 años del medio, condenarlo a 15 años de prisión y suponer que, de esa manera, los problemas sociales van a desaparecer. "No podemos ir a decirle a un niño de 14 años, 15 años de prisión, sacarlo del medio y hacer como que eso va a solucionarnos los problemas", afirma.

En su planteo no hay una negación del dolor de las víctimas. Campana insiste en que el sufrimiento de quien pierde a un familiar o de quien padece un delito no puede ser ignorado. "Nosotros no ninguneamos eso, ninguneamos el dolor de alguien que es víctima de un delito", aclara. Pero entiende que reconocer ese dolor no debería conducir automáticamente a una respuesta exclusivamente punitiva.

Desde el Estado, sostiene, hace falta "una mirada mucho más amplia" y gobiernos que piensen primero en cómo garantizar derechos y después en cómo castigar a niños de 14 y 15 años.

Santa Fe frente al nuevo escenario
El desafío adquiere una dimensión concreta en Santa Fe, donde la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional encuentra a la provincia con un sistema procesal penal juvenil relativamente reciente.

La provincia cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil que contempla un sistema especializado y herramientas como la mediación, la conciliación, la reparación del daño y otras respuestas alternativas. La normativa santafesina establece además el principio de especialidad para las personas menores de edad sometidas a procesos penales.

La pregunta que surge ahora es si esa estructura está realmente preparada para incorporar a los adolescentes de 14 y 15 años que quedan comprendidos por el nuevo régimen nacional.

Campana responde que no. Su diagnóstico surge, explica, de relevamientos realizados junto con trabajadores y de asambleas en las que participaron personas vinculadas al sistema. En la misma línea, recuerda que el juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, también ha señalado públicamente la falta de preparación. "No están preparados", insiste Campana.

Y detrás de esa afirmación enumera una serie de carencias que, a su juicio, condicionan desde el comienzo la aplicación de la reforma.

Hay una fuerte precarización laboral, señala, y falta presupuesto destinado tanto a los espacios como a los trabajadores. Tampoco existen recursos suficientes para garantizar que los adolescentes puedan construir "algún tipo de trayectoria distinta a la que venían teniendo".

Pero nuevamente vuelve sobre el punto que considera más preocupante: la policía. "No vamos a tener una policía especializada para trabajar con esos niños", advierte. La fuerza que tendrá contacto con los adolescentes será, según su descripción, la misma que trabaja actualmente en las calles.

La misma que "vive requisando gente y que selecciona de acuerdo a la procedencia de los barrios"; la misma que, denuncia, lleva detenidas a personas y no siempre declara esas detenciones, y la misma a la que acusa de ejercer violencia física. Por eso, frente a la implementación del nuevo régimen, Campana anticipa "un panorama bastante oscuro".

Más chicos, más expedientes
Los propios trabajadores con los que ha tomado contacto —tanto de la Dirección de Niñez como de Justicia Penal Juvenil— le transmitieron, relata, que atraviesan un estado de "muchísima precarización" y que carecen de instrumentos y herramientas suficientes para implementar medidas capaces de garantizar los derechos de los jóvenes que ingresen al sistema.

El tamaño del desafío puede medirse también en los números. Según datos conocidos a través del Distrito 1 de la Justicia de Santa Fe y difundidos por la Fiscalía Regional N.º 1, cerca de 1.500 adolescentes ingresaron en un año en el área metropolitana de Santa Fe, el denominado Gran Santa Fe, en situaciones vinculadas con conflictos con la ley penal.

De ese universo, 582 son considerados adolescentes punibles y el 42 por ciento estuvo vinculado con delitos contra la propiedad. La incorporación de una nueva franja etaria al sistema penal amenaza, entonces, con incrementar de manera significativa la cantidad de causas.

El temor es que ese crecimiento termine impactando sobre fiscalías, defensorías, juzgados y dispositivos de alojamiento que ya funcionan con recursos limitados. Para Campana, el riesgo es evidente: que la reforma termine traducida simplemente en "más expedientes y más chicos" dentro de una estructura que puede quedar rápidamente saturada. Y cuando el sistema se satura, advierte, los discursos sobre especialización y tratamiento diferenciado pueden comenzar a chocar con la realidad cotidiana.

Cuando la especialización queda en el papel
"Se necesita una estructura que no existe hoy en día", sostiene. Ante esa ausencia, teme que los adolescentes reciban un trato cada vez más parecido al de los adultos, más allá de las declaraciones oficiales que aseguren que serán tratados de acuerdo con su edad.

El problema aparece, para él, de manera especialmente clara cuando faltan lugares de alojamiento. Si los dispositivos destinados a adolescentes están saturados, plantea, no necesariamente se optará por dejarlos en libertad. La respuesta histórica del sistema puede ser otra: "Ponelo ahí, acercarlo ahí, que no tenga contacto, pero ponelo ahí en esa celda".

Campana sostiene que esa clase de situaciones "ha ocurrido históricamente" y que tiende a repetirse cuando los recursos no alcanzan. Algo similar puede suceder con los operadores judiciales.

El nuevo sistema establece la intervención de fiscales y defensores especializados como principio, pero también contempla qué ocurre cuando no hay disponibilidad de esos funcionarios. En esos casos, explica Campana, se puede recurrir a otros fiscales o defensores.

"No me lo estoy inventando", aclara. Es una posibilidad que está contemplada en el propio código. Para él, allí aparece una de las mayores contradicciones de la reforma.

El principio de especialización es uno de los principios rectores de la justicia penal juvenil, porque todas las personas que intervienen en un proceso que involucra a niños, niñas y adolescentes deberían estar preparadas para comprender sus características, su situación y las leyes específicas que regulan sus derechos.

"No es un principio cualquiera", enfatiza Campana. Y, a su juicio, será precisamente ese principio el que más riesgo corre durante la implementación del nuevo régimen. "El principio de especialidad yo creo que es el que más va a estar violentado durante la implementación de este nuevo régimen", sostiene.

Alternativas al encierro, pero ¿para quiénes?
La discusión no termina, sin embargo, en el encierro. La nueva legislación contempla diferentes respuestas que no necesariamente implican una pena de prisión. Entre ellas aparecen medidas y penas que buscan sustituir o evitar, en determinados casos, la privación de libertad. La propia Ley 27.801 establece distintas alternativas y modalidades, y dispone que las penas privativas de libertad pueden cumplirse bajo diferentes formas, entre ellas el domicilio, institutos abiertos y establecimientos especializados.

En principio, esas alternativas podrían presentarse como una forma de limitar el uso de la privación de libertad. Pero Campana advierte que tampoco esas medidas son necesariamente neutrales. Su aplicación puede variar profundamente según las condiciones sociales de cada adolescente.

El riesgo, entonces, es que las llamadas penas alternativas terminen reproduciendo las mismas desigualdades que atraviesan a la justicia penal tradicional. Campana encuentra un ejemplo en la justicia de adultos.

Recuerda que existen situaciones en las que una persona acusada de delitos gravísimos puede acceder a una fianza de enorme valor económico sin que nadie se pregunte necesariamente de dónde proviene ese dinero.

En cambio, alguien acusado de robar una moto puede pasar dos años en prisión preventiva porque no tiene capacidad para pagar una fianza o porque carece de un domicilio que le permita acreditar arraigo.

"¿La justicia es clasista?", plantea. Y responde desde su experiencia: "La justicia es clasista, la justicia penal aún más, es selectiva". Según su mirada, ese mismo mecanismo puede reproducirse con los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.

Las condiciones económicas, familiares y territoriales van a determinar, en buena medida, qué tipo de respuesta podrá recibir cada uno. Campana anticipa que el nuevo sistema estará dirigido especialmente hacia los jóvenes de los barrios populares. Allí, las posibilidades de acceder a determinadas respuestas alternativas pueden ser mucho más reducidas.

Si no existen recursos para reparar económicamente un daño, si no hay condiciones familiares o habitacionales que permitan cumplir determinadas obligaciones o si no existen otros soportes sociales, las alternativas al encierro pueden desaparecer en la práctica.

"No va a haber posibilidad de respuesta, reparación de daño", sostiene. Y, ante esa falta de posibilidades, lo más probable, según su pronóstico, es que se termine recurriendo "a otro tipo de medida de restricción de la libertad". Así, incluso aquellas herramientas que en el diseño del nuevo sistema aparecen como alternativas al castigo más duro pueden terminar atravesadas por la desigualdad.

El problema, para Campana, no es solamente qué dice la ley, sino quiénes estarán en condiciones reales de beneficiarse de las posibilidades que la ley ofrece y quiénes, por su origen social y territorial, quedarán más expuestos a la respuesta punitiva.

El Estado llega demasiado tarde
Para Campana, sin embargo, la discusión sobre el sistema penal comienza demasiado tarde. El Estado interviene cuando el conflicto ya ocurrió, cuando el adolescente ya está frente a un juez o un fiscal y el daño ya fue producido.

La verdadera discusión debería ubicarse mucho antes: en todo aquello que el Estado podría hacer para evitar que un niño o un adolescente llegue a ese punto. La primera obligación, sostiene, es garantizar derechos básicos. Que todos los niños estén escolarizados, que tengan la posibilidad de alimentarse adecuadamente y que cuenten con una vivienda.

Pero también considera necesario intervenir sobre otros factores que forman parte del escenario de violencia y delito y que, a su juicio, rara vez aparecen en el debate público. Uno de ellos es el acceso a las armas.

Campana se pregunta cómo es posible que tantas armas circulen en los barrios y cuestiona que esa cuestión no ocupe un lugar central en las políticas de seguridad. "Cualquiera de nosotros quiere un arma, va y la consigue", afirma.

Algo similar plantea respecto de las sustancias ilegales: nadie parece preguntarse, dice, cómo continúan circulando en los barrios con tanta facilidad. Son, para él, cuestiones estructurales de cualquier política seria de combate al delito que no se están abordando.

En cambio, resulta mucho más sencillo señalar a un adolescente que aparece con un arma en la mano que preguntarse cómo ese chico, con apenas 14 años, pudo acceder a ella. "Es muy fácil caerle a un pibito que tiene un arma en la mano y nadie pregunta cómo hizo para acceder con 14 años a un arma", sostiene.

La prevención, entonces, no puede comenzar cuando el adolescente ya está dentro del sistema penal. Tiene que empezar mucho antes, construyendo condiciones que permitan que esos jóvenes tengan "otro destino" y, sobre todo, puedan imaginarlo.

La muerte o el encierro
Campana habla de la necesidad de que puedan tener un proyecto de vida, de que exista la posibilidad concreta de vislumbrar un futuro diferente. No alcanza, dice, con pedirles que se alejen de los circuitos delictivos si la sociedad y el Estado no les ofrecen alternativas reales. "Les tenemos que realmente mostrar que hay proyectos de vida donde pueden construir su identidad", plantea.

Se trata de generar otros caminos posibles, otras formas de construir una identidad y una vida por fuera de los circuitos delictivos que, advierte, muchas veces terminan conduciendo a dos destinos recurrentes: "la muerte o el encierro". Ese planteo vuelve especialmente compleja la discusión sobre los hechos violentos que involucran a adolescentes.

En los últimos tiempos, distintos episodios ocurridos en Santa Fe instalaron con fuerza una frase repetida por medios de comunicación y por algunos especialistas: si un chico de 14 años tiene capacidad para cometer un homicidio, un robo violento o un secuestro, también debería tener capacidad para responder penalmente por lo que hizo.

Campana considera que esa forma de argumentar construye un discurso profundamente simplificador. Lo define como un discurso que se instala apelando a la indignación y al dolor social. Frases como "delito de adulto, pena de adulto", sostiene, son "barbaridades" que buscan interpelar la emotividad negativa de una sociedad que está cansada y golpeada.

No desconoce ese cansancio. Al contrario, reconoce que las personas viven con miedo, temen que en cualquier momento puedan sufrir un hecho que afecte sus vidas o sus bienes. Precisamente por eso entiende que la discusión es tan difícil. "Es muy difícil ingresar en esa discusión porque justamente se apela a esas emociones negativas en un marco en que la gente está muy cansada y muy golpeada", explica.

Frente a esa situación, su respuesta no pretende negar la gravedad de los delitos ni relativizar el sufrimiento de las víctimas. Lo que cuestiona es que la prisión aparezca como una solución capaz de resolver aquello que produjo el delito. "Esto no es una respuesta que vaya a traer buenos resultados", sostiene. Y anticipa que la experiencia terminará demostrando las consecuencias de esa decisión.

Cuando el castigo se convierte en venganza
Porque si el único objetivo es que un adolescente permanezca encerrado durante 15 años, entonces, dice Campana, ya no se está hablando de una política orientada a resolver el problema. Se está hablando de venganza. "Va a ser que por lo menos que esté 15 años preso y listo. Eso es venganza", afirma.

El desafío, para él, es otro: encontrar respuestas que permitan evitar que esos hechos ocurran. La diferencia parece sencilla, pero cambia por completo el sentido de la intervención estatal. Cuando el adolescente ya está sentado frente a un juez y a un fiscal, el hecho ocurrió. El daño ya está producido. Ninguna pena puede volver atrás aquello que sucedió.

Y Campana cuestiona, además, una de las premisas sobre las que suele construirse el discurso punitivo: la idea de que un adolescente dejará de cometer un delito por miedo a terminar preso. "Ningún pibe se va a detener por el temor a que lo metan preso, porque eso no ocurre", sostiene.

Por eso, la pregunta que debería orientar las políticas públicas no es cuánto castigar después, sino qué hacer antes para intentar que el delito no suceda. "Tenemos que buscar otro tipo de soluciones para tratar e intentar que esos hechos no ocurran", plantea. Una vez que acontecieron, advierte, "son irrevertibles".

Una respuesta que empieza antes
En esa tensión entre castigo y prevención aparece también la dimensión colectiva de la discusión. La preocupación por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil llevó a organizaciones sociales, sindicales y trabajadores y trabajadoras vinculados con estas problemáticas a reunirse en una asamblea.

De ese encuentro surgió una primera iniciativa: hacer visible el debate y las inquietudes que genera la puesta en marcha del nuevo sistema.

El próximo lunes, a las cinco de la tarde, realizarán una radio abierta en Plaza San Martín. La propuesta busca que diferentes voces puedan expresarse sobre la nueva normativa y, al mismo tiempo, comenzar a discutir alternativas desde los sectores sociales y laborales que vienen siguiendo de cerca la situación.

No se trata, explica Campana, de esperar a que los problemas aparezcan para recién entonces reaccionar. La intención es comenzar a discutirlos ante la implementación del nuevo régimen y construir respuestas desde esos espacios. La radio abierta será, en ese sentido, una primera forma de intervención pública frente a una reforma que Campana observa con preocupación.

Allí confluirán trabajadores, organizaciones sociales y sindicales y otros sectores que comparten la inquietud por las consecuencias que puede tener el descenso de la edad de punibilidad.

Su diagnóstico, a lo largo de toda la discusión, vuelve una y otra vez al mismo punto: el sistema penal llega cuando ya es demasiado tarde. Puede castigar, encerrar y administrar expedientes, pero difícilmente pueda reparar las condiciones sociales que precedieron al delito.

Para Campana, si el Estado quiere reducir realmente la violencia y evitar que más adolescentes terminen dentro de los circuitos delictivos, debe intervenir antes. Garantizar escuela, alimentación, vivienda, acceso a derechos, limitar la circulación de armas y sustancias ilegales y, sobre todo, construir posibilidades concretas para que un adolescente pueda imaginar un futuro diferente.

La alternativa al delito, en su mirada, no puede ser únicamente la cárcel. Tiene que existir antes de ella.

Pero el debate sobre la ampliación del sistema penal hacia los adolescentes no queda solamente en las discusiones jurídicas, las estadísticas o las advertencias de quienes trabajan en el área. También aparece en escenas concretas, en episodios ocurridos en la calle que permiten dimensionar qué significa, en la práctica, el contacto entre los adolescentes y las fuerzas de seguridad.

Una esquina, un adolescente y un despliegue policial
Una mujer compartió, hacia el final de la emisión de Señales, el relato de una situación que presenció de manera casual y que definió como un "despliegue policial irregular en contra de un menor".

Contó que el domingo 30 de agosto, alrededor de las 13, caminaba por la esquina de España y Mendoza cuando se encontró con un importante operativo policial. En medio del despliegue había un adolescente, "cabizbajo", según describió, visiblemente atemorizado y en estado de shock y pánico frente a la cantidad de efectivos y vehículos que lo rodeaban.

La escena llamó su atención. Se acercó y preguntó quién estaba a cargo del procedimiento. Un hombre identificado como Dávila se presentó como responsable. Ella quiso saber entonces por qué había semejante operativo si solamente había un menor en el centro de la escena. La primera explicación que recibió fue que estaba equivocada: según el responsable, los efectivos se encontraban allí para cargar las motos.

La respuesta no le resultó convincente. Señaló que en ese lugar no había ningún sitio destinado a cargar combustible, sino solamente una esquina y una panadería.

Además, había una cantidad considerable de recursos policiales desplegados: aproximadamente diez motos, tres móviles y una camioneta. Todos estaban, según su relato, rodeando al adolescente. La mujer volvió a preguntar por qué entonces se estaba reteniendo al menor. La explicación cambió.

Esta vez le dijeron que había ocurrido un error: los policías habían creído que el adolescente llevaba un arma y, en realidad, tenía un teléfono celular. Ella observó entonces al joven y comprobó que del bolsillo de su pantalón asomaba parte de un celular. La escena le resultó particularmente difícil de comprender.

"Es insólito que un policía, justamente un policía, pueda distinguir entre un celular y un arma, y un revólver", sostuvo en su testimonio. Pero, pese a que aparentemente se había establecido que el adolescente no llevaba un arma, los efectivos continuaban reteniéndolo.

La mujer decidió quedarse en el lugar. Observó que los policías seguían comunicándose entre ellos y comenzó a filmar la situación. Fue entonces, según relató, cuando el operativo empezó a desarmarse.

Las motos comenzaron a retirarse. Los móviles hicieron lo mismo. Antes de marcharse, contó, algunos efectivos se burlaron de ella y se rieron en su cara. Una de las policías, afirmó, llegó incluso a insultarla antes de retirarse.

El adolescente finalmente quedó libre. La mujer aseguró que nunca logró saber cuál había sido realmente el objetivo de la policía al retenerlo. Lo que sí hizo fue presentar una denuncia ante Asuntos Internos de la Policía. Su relato no terminó, sin embargo, en la denuncia.

Lo convirtió también en un llamado a la sociedad para que este tipo de situaciones no pasen inadvertidas. Pidió que las personas se involucren, que intervengan, que pregunten y que filmen cuando sean testigos de procedimientos que consideren irregulares. "Que quede todo registrado", reclamó.

Su preocupación adquiere otra dimensión en el contexto de la discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. La mujer pidió que su experiencia pudiera difundirse y trascender las fronteras de la provincia para que se conozca lo que, según su denuncia, está ocurriendo con los menores y adolescentes en Santa Fe.

"Todos tenemos un menor y un adolescente en casa y está en peligro", afirmó.

Su conclusión fue también un llamado a la participación colectiva: "Seamos comprometidos, porque si no nos defendemos entre nosotros no nos defiende nadie".

Entre la ley y la calle
En su relato aparecen, condensadas en una escena de pocos minutos, varias de las preocupaciones que Campana había planteado durante la entrevista: la relación entre los adolescentes y la policía, el riesgo de intervenciones desproporcionadas, la ausencia de una fuerza especializada y la posibilidad de que el nuevo escenario penal exponga a chicos cada vez más jóvenes a circuitos de control y vigilancia.

La mujer fue todavía más lejos y cuestionó el funcionamiento de la fuerza de seguridad en la ciudad y en la provincia. A su entender, la policía "no está actuando como debe actuar" y está llevando adelante procedimientos que terminan poniendo en riesgo a los propios menores.

La escena que describió ocurrió antes de que el adolescente ingresara formalmente en cualquier circuito judicial. No hubo, en su relato, un juez, un fiscal ni una sentencia.

Hubo primero una esquina, un adolescente rodeado por efectivos, explicaciones contradictorias y una intervención policial que, según la testigo, terminó sin que quedara claro por qué había comenzado. Ese episodio permite volver al centro de la discusión.

La ampliación del sistema penal juvenil no implica solamente modificar una edad en una ley. También significa ampliar las posibilidades de contacto entre el Estado, las fuerzas de seguridad y adolescentes que hasta ahora permanecían fuera de determinados circuitos punitivos.

Entre la letra de una norma y lo que sucede en una esquina puede existir una distancia enorme. Y es precisamente en esa distancia donde se juega buena parte de la discusión que atraviesa a Santa Fe: qué tipo de Estado interviene, con qué recursos, con qué formación, bajo qué controles y, sobre todo, qué sucede con los adolescentes cuando el primer contacto que tienen con las instituciones públicas no es la escuela, un centro de salud, una política social o un espacio de acompañamiento, sino un operativo policial.

El nuevo régimen ya está vigente. La discusión que queda abierta es qué hará la sociedad con ese nuevo escenario y qué respuesta elegirá el Estado frente a los adolescentes: si llegará después del conflicto para castigar o si será capaz de intervenir mucho antes, cuando todavía existe la posibilidad de construir otro camino.

Actualización 1:
¿Puede entrar en vigencia una nueva ley penal juvenil si el Estado no está preparado para aplicarla?

Una jueza de Lomas de Zamora suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en toda la provincia de Buenos Aires. La decisión no declaró la inconstitucionalidad de la norma, pero puso el foco en las condiciones materiales del sistema de privación de libertad y en la capacidad del Estado para garantizar los derechos de los adolescentes.

Una sentencia dictada este lunes en Lomas de Zamora abrió un debate que excede a la provincia de Buenos Aires y plantea un interrogante central para la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil: ¿puede aplicarse una norma que amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal si el Estado todavía no cuenta con las condiciones institucionales y materiales necesarias para hacerlo respetando sus derechos fundamentales?

El planteo fue analizado por Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y profesor adjunto de Derecho Penal 2, quien destacó la relevancia de una resolución del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora.

Según explicó Morabito, la magistrada dispuso la suspensión preventiva, por 60 días, de la aplicación de la Ley 27.801 en toda la provincia de Buenos Aires, pero aclaró que la medida no implica una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

La diferencia, sostuvo, es fundamental. La jueza consideró que todavía debe profundizarse la discusión sobre las eventuales contradicciones de la nueva legislación con la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, identificó otro problema: las condiciones materiales actuales del sistema de privación de libertad de adolescentes.

 
El problema de la capacidad del Estado
La Ley 27.801 amplía el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos al sistema penal, entre otros aspectos, al incorporar a jóvenes de 14 y 15 años y modificar el universo de conductas punibles.

Para Morabito, esto permite formular una pregunta que va más allá de determinar si la ley habilita una detención.

"¿Está el Estado en condiciones de hacerlo respetando los derechos fundamentales de esos adolescentes?"

El interrogante adquiere especial relevancia frente a la posibilidad de que la nueva legislación produzca un incremento de los ingresos al sistema y una mayor permanencia de adolescentes en dispositivos de detención.

La sentencia, según el análisis del magistrado, adopta una lógica preventiva: no considera necesario esperar a que el hacinamiento, el aislamiento o las deficiencias en las condiciones de alojamiento provoquen una violación concreta de derechos para que el Estado deba intervenir.

Si existe un riesgo grave y razonablemente previsible, explicó Morabito, surge el deber estatal de prevenirlo.

Condiciones que ya habían sido constatadas
Uno de los elementos centrales de la resolución es que la preocupación de la jueza no sería meramente hipotética.

La magistrada ya había constatado personalmente las condiciones de un dispositivo de detención y había limitado su capacidad de alojamiento a 60 adolescentes, al considerar que no cumplía con estándares mínimos.

A esto se suman, de acuerdo con el análisis de Morabito, déficits vinculados con la educación, la formación profesional, la incorporación al ámbito laboral y la limitación del aislamiento. La sentencia también señala que problemas semejantes se presentan en otros dispositivos de la provincia.

En este contexto, el debate sobre la seguridad y el respeto de los derechos de los adolescentes no debería plantearse como una contradicción.

"La protección de los derechos de los adolescentes detenidos no es incompatible con la seguridad de la sociedad", sostiene Morabito. Por el contrario, advierte que el hacinamiento y las malas condiciones de encierro pueden incrementar la violencia con la que los jóvenes regresen a la sociedad.

Castigar no alcanza
Desde esta perspectiva, una política penal juvenil no debería evaluarse únicamente por la cantidad de adolescentes que el Estado está en condiciones de someter a una sanción o privar de su libertad.

También debería medirse por su capacidad para educar, responsabilizar, acompañar, controlar y preparar a los jóvenes para su egreso.

La resolución de Lomas de Zamora incorpora además un mecanismo de control sobre las autoridades provinciales. La jueza ordenó una audiencia para que los funcionarios expliquen qué medidas adoptaron, cuáles tienen previstas, cuáles están planificadas y en qué plazos serán implementadas.

Para Morabito, la medida cautelar adquiere así también una dimensión de rendición de cuentas.

Una ley vigente y un Estado que debe estar preparado
El punto central del análisis puede resumirse en una premisa: el Estado no puede ampliar legítimamente su poder punitivo sin ampliar simultáneamente su capacidad para garantizar derechos.

Morabito remarca que la sentencia no afirma que la Ley 27.801 sea inconstitucional ni determina que los adolescentes de 14 y 15 años deban quedar automáticamente fuera del sistema penal.

El planteo es diferente: no puede implementarse una nueva política penal ignorando las condiciones reales en las que será ejecutada.

De allí surgen una serie de preguntas que, según el magistrado, probablemente excederán el caso bonaerense y llegarán a otras jurisdicciones: ¿hay suficientes dispositivos? ¿Tienen capacidad real? ¿Existen equipos interdisciplinarios suficientes? ¿Está garantizado el acceso a la educación? ¿Hay alternativas efectivas a la detención? ¿El sistema está preparado para recibir adolescentes de 14 y 15 años?

La Ley 27.801 ya se encuentra formalmente vigente. Pero, como advierte Morabito, una cosa es que una ley entre en vigencia y otra que el Estado esté institucionalmente preparado para aplicarla de acuerdo con la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

 
La discusión que viene
La resolución de Lomas de Zamora puede convertirse, de este modo, en un antecedente relevante para discutir la implementación de la nueva legislación penal adolescente.

Para Morabito, el debate no debería quedar atrapado en la tradicional división entre "mano dura" y "garantismo".

La cuestión de fondo es otra: qué sistema penal adolescente se pretende construir y qué Estado se está dispuesto a crear para hacerlo posible.

La privación de libertad de un adolescente, plantea el magistrado, no termina cuando se cierra una puerta. En ese momento comienza una responsabilidad mucho mayor para el Estado: garantizar que, cuando ese joven recupere su libertad, pueda regresar a la sociedad con mayores herramientas para no volver a delinquir.

La verdadera discusión sobre la nueva Ley Penal Adolescente, entonces, no pasa solamente por determinar a quién se puede castigar, sino también por establecer qué condiciones debe reunir el Estado para ejercer legítimamente ese poder.

Actualización 2: El gobierno reglamentó la Ley y la publicó en el Boletín Oficial

Escuchá la entrevista completa:

Ver anteriores: Entre la ley y la vida: la Iglesia reclama prevención y educación antes de bajar la edad de punibilidad, Sin Estado, los pibes terminan en el posgrado del delito, advierte Esteban Paulón

"Trabajamos sin saber cuándo cobramos": el reclamo de los acompañantes terapéuticos frente a IAPOS

En los últimos meses, Milagros Orué se convirtió en una de las voces visibles del reclamo que los acompañantes terapéuticos de Rosario llevan adelante frente a IAPOS. El pedido, que excede la discusión estrictamente salarial, pone en el centro las condiciones en las que trabajan quienes acompañan a personas que requieren apoyos para sostener sus tratamientos y sus proyectos de vida.

Durante una entrevista con Señales, Orué explicó que el reclamo lleva meses y que las exigencias planteadas ante la obra social provincial siguen sin encontrar respuestas concretas. Los acompañantes reclaman cobrar a 30 días, a mes vencido, una actualización de sus honorarios y el pago de prestaciones que, en algunos casos, acumulan hasta 90 días de demora.

La situación de los honorarios es uno de los puntos que más preocupa al colectivo. Según detalló Orué, IAPOS actualmente paga menos de 10.000 pesos la hora por el acompañamiento terapéutico, una cifra que, en sus palabras, "no nos alcanza ni para un kilo de carne". Como referencia, señaló que el Colegio de Psicólogos establece un mínimo de 27.000 pesos para esa misma labor.

A la demora en la actualización de los valores se suma el atraso en los pagos. Orué explicó que al momento de la entrevista estaban esperando cobrar las prestaciones correspondientes a junio, mientras algunos compañeros todavía aguardaban pagos de mayo e incluso de marzo. Ya habían pasado más de 40 días desde el último cobro recibido y, según anticipó, la semana siguiente se acercarían a los 50 días sin percibir sus honorarios.

El reclamo había llevado a los acompañantes a movilizarse dos veces durante esa misma semana. En un primer momento, contó Orué, desde IAPOS les habían informado que los fondos no estaban disponibles. Después de una nueva movilización, una representante de la gestión les comunicó que, al menos, la obra social transferiría los fondos a una mutual que terceriza el pago del acompañamiento terapéutico.

Esa modalidad, que en principio debía agilizar el circuito, terminó convirtiéndose para los trabajadores en una nueva instancia de incertidumbre. Orué sostuvo que la tercerización, lejos de acelerar los pagos, los está dilatando. La mutual está radicada en Santa Fe y, según relató, resulta prácticamente imposible acceder a sus responsables. La situación llegó al punto de que, cuando los acompañantes se presentaron en IAPOS para reclamar, fueron los propios trabajadores de la obra social quienes les pidieron los contactos de la mutual para poder comunicarse con ella.

"Es una vergüenza", resumió Orué al describir esa situación.

La confusión alrededor de la tercerización tampoco termina allí. Ante la consulta sobre qué mutual intervenía en el circuito, Orué mencionó a la Mutual de la Caja de Ingenieros y remarcó que no tiene relación con los afiliados de IAPOS. A eso se agregó otro dato que, para los acompañantes, expone el desorden administrativo: la documentación vinculada con sus reclamos había sido dejada en el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Santa Fe – Distrito II, una institución que tampoco tiene relación con los afiliados de la obra social provincial.

Mientras tanto, los trabajadores deben sostener cotidianamente los costos de una actividad que requiere movilidad y disponibilidad permanente. Monotributo, seguros, transporte y otros gastos forman parte de una estructura que deben afrontar aun cuando los pagos de la obra social se acumulan durante meses.

"Nosotros afrontamos gastos día a día, vivir es cada vez más caro", explicó Orué. La consecuencia, según describió, es que la mayoría de los acompañantes se encuentra endeudada.

Hay además un componente social que atraviesa particularmente al sector. Orué señaló que la mayoría de los acompañantes terapéuticos son mujeres y que muchas de ellas son sostén de hogar. Frente a la falta de ingresos, algunas evalúan conseguir otras fuentes laborales o incluso discontinuar alguno de sus trabajos. En otros casos, intentan acordar con las familias de las personas a las que acompañan para encontrar alguna alternativa que les permita sostener la prestación.

Pero Orué insistió en que las familias no son responsables de la situación. Son ellas, explicó, las que aportan todos los meses a la obra social, mientras IAPOS mantiene incrementos constantes y elevados en sus cuotas, sin que, a la vez, se traduzcan en una mejora equivalente de las prestaciones.

La pregunta que queda flotando, entonces, es qué ocurre con el dinero que aportan los afiliados. "¿A dónde va ese dinero de los afiliados?", planteó Orué.

Para los acompañantes terapéuticos, el conflicto tampoco puede reducirse a una discusión sobre salarios o atrasos administrativos. Orué sostuvo que se trata de una discusión mucho más amplia, vinculada con las políticas de inclusión, los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad y de sus trabajadores, el derecho a la salud y la construcción de una sociedad más accesible.

Desde esa perspectiva, considera que el conflicto también expresa una determinada política de discapacidad del gobierno provincial. Y allí ubica uno de los principales problemas: la percepción de que el sistema pretende sostenerse sobre el bolsillo de sus propios trabajadores.

"Está liquidando el sistema", afirmó, al describir un esquema que considera "totalmente desfinanciado, precarizado, abandonado".

Las respuestas de IAPOS tampoco alcanzaron, hasta el momento, para desactivar el reclamo. En cuanto a la actualización de honorarios, Orué aseguró que el tema fue postergado reiteradamente. Los trabajadores incluso solicitaron una reunión con las autoridades y quedaron a la espera de que les confirmaran una fecha.

Respecto de los pagos atrasados, la información que recibieron fue que, aparentemente —Orué utilizó esa palabra con especial énfasis porque, según dijo, ya no pueden confiar plenamente en las comunicaciones de la obra social—, IAPOS habría enviado los fondos a la mutual entre el jueves y el viernes, después de las dos movilizaciones realizadas en una misma semana.

Sin embargo, ese dinero todavía no había llegado a las cuentas bancarias de los acompañantes.

La incertidumbre se transforma así en parte del trabajo cotidiano. No existe una fecha concreta de cobro ni garantías sobre cuándo será reconocido económicamente el trabajo ya realizado. Para Orué, resulta difícil aceptar que un trabajador deba sostener durante meses una prestación esencial sin saber cuándo cobrará.

"Nadie, ningún funcionario de la gestión puede vivir cobrando su sueldo con 90 días de atraso, sin tener una fecha de cobro, sin tener ninguna seguridad de que su trabajo va a ser reconocido", sostuvo.

Frente a esa situación, los acompañantes terapéuticos anticiparon que volverían a movilizarse la semana siguiente. La protesta, lejos de considerarse cerrada, se preparaba para continuar.

Uno de los reclamos que permanece pendiente es, además, el contacto directo con las máximas autoridades de IAPOS. Orué aseguró que jamás pudieron acceder al presidente de la obra social, Nolasco Salazar. Cada vez que intentaron hablar con él, recibieron como respuesta que estaba de viaje.

El jueves de aquella semana, durante una de las movilizaciones, les informaron que Salazar se encontraba en Santa Fe. Tampoco estaba su secretaria, con quien los acompañantes habían logrado mantener algún contacto anteriormente. 

El circuito de reclamo, además, se volvió confuso dentro de la propia estructura de la obra social. Cuando los trabajadores concurren a IAPOS, son derivados de una oficina a otra: primero a Egresos, luego al área de Discapacidad y así sucesivamente.

Durante una de las concentraciones apareció una representante del área de discapacidad de la gestión. Según Orué, la funcionaria se mostró molesta frente a la protesta y tuvo un discurso que calificó de "bastante insensible". La mujer explicó que actuaba como nexo entre los trabajadores y la gestión, pero para Orué esa explicación no alcanzaba: al formar parte de la estructura de gobierno, también es responsable de las decisiones que afectan al sector.

Además, sostuvo que durante ese encuentro la representante no parecía tener un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del sistema de acompañamiento terapéutico. Fueron los propios trabajadores quienes terminaron explicándole cómo se desarrolla la gestión de esas prestaciones.

Para Orué, ese episodio terminó de confirmar una sensación que atraviesa al colectivo: la de estar frente a un profundo desinterés por parte de las autoridades.

En cuanto a Salazar, la situación fue todavía más distante. Orué afirmó que nunca tuvieron una comunicación telefónica directa con él y que su presencia en las oficinas de IAPOS no se produjo en ninguna de las numerosas ocasiones en que los acompañantes concurrieron para reclamar.

La única manera en que, según su relato, pudieron verlo fue a través de fotografías. Y allí apareció una de las frases más duras de su testimonio: "Por foto para campaña, bueno, ahí sí se hace presente".

Fuera de esas imágenes, dijo, no hubo una presencia concreta del titular de la obra social para ofrecer garantías o respuestas frente a un reclamo que los acompañantes consideran básico: cobrar en tiempo y forma por el trabajo realizado.

El conflicto, de todos modos, no se limita a IAPOS. Al cierre de la entrevista, Orué remarcó que situaciones similares atraviesan también a acompañantes terapéuticos vinculados con otras obras sociales. Pero estableció una diferencia: el carácter provincial de IAPOS implica, desde su perspectiva, una responsabilidad mayor por parte del Estado santafesino.

Los acompañantes terapéuticos continúan así reclamando por honorarios que consideran desactualizados, pagos que llegan con meses de demora y un sistema de gestión que, según denuncian, los obliga a sostener con recursos propios una prestación destinada a garantizar derechos de personas con discapacidad.

Mientras esperan que una fecha de pago deje de ser una promesa y se convierta en una transferencia efectiva, Orué y sus compañeros preparan nuevas movilizaciones. El reclamo, insiste ella, no es solamente por cuánto cobran ni por cuándo cobran: también es por las condiciones en las que se sostiene un sistema de cuidados, acompañamientos e inclusión que, según advierte, no puede seguir funcionando a costa de quienes todos los días lo mantienen en pie.

Escuchá la entrevista completa:

Empalme Graneros se organiza antes de que vuelva el agua

Cuarenta años después de la inundación de 1986, vecinos de Empalme Graneros volvieron a reunirse para discutir qué tan preparada está la cuenca del Ludueña frente a nuevas lluvias extraordinarias. Entre obras pendientes, urbanizaciones y cambios en el territorio, NU.MA.IN. sostiene una pelea que aprendió a librar mucho antes de que el agua llegue a las calles.

A las siete y media de la tarde del miércoles 2 de septiembre, la Vecinal Empalme Graneros ya empezaba a llenarse. Las sillas se ocupaban de a poco y los vecinos seguían entrando cuando la reunión estaba por comenzar. Eran casi doscientas personas.

No era la multitud de aquella asamblea de 1986, cuando alrededor de tres mil vecinos se habían reunido después de una inundación que cambiaría para siempre la historia del barrio. Pero tampoco era una reunión más.

Había gente que había vivido aquella inundación y otros que la conocían por los relatos familiares. En común tenían una preocupación que se había vuelto más concreta en los últimos meses: qué podía pasar si una lluvia extraordinaria volvía a poner a prueba el sistema de la cuenca del Ludueña.

Antes de empezar hubo un minuto de silencio por quienes habían participado de NuMaIn —Nunca Más Inundaciones—: Virginio Ottone, Leonildo Foresto, Domingo Polichiso y el padre Agustín Bullian.

También estaba, entre los presentes, Osvaldo "Lalín" Ortolani, uno de los hombres que habían atravesado las cuatro décadas de esa historia y que hoy preside la Vecinal.

NuMaIn estaba allí como una institución histórica, pero también como una presencia en la memoria de quienes habían llegado esa noche. Los nombres aparecían como aparecen los nombres de familiares: sin necesidad de explicar demasiado quiénes fueron para quienes los conocieron.

Cuarenta años de memoria y reclamo
NuMaIn había nacido después de la catástrofe de abril de 1986. Desde entonces, aquella organización había participado de una pelea larga por obras que terminaron modificando las condiciones de seguridad de la cuenca.

Primero fue la presa retardadora. Después, el Aliviador 2. Más tarde, parte del Aliviador 3, en la zona de Sorrento. Cada obra había llevado su tiempo, sus discusiones y sus enfrentamientos con funcionarios de distintos gobiernos.

Por eso Ortolani no hablaba de las obras como quien enumera una serie de inauguraciones. Hablaba de ellas como quien recuerda algo que costó conseguir.

"Todo lo que se hizo es porque nosotros estamos juntos y lo peleamos", dijo en un momento de la reunión.

La frase explicaba también por qué todos estaban allí.

La historia empezaba antes de aquella noche y mucho antes de 1986. Ortolani volvió sobre los primeros años del barrio, sobre sus bisabuelos y sobre una zona de Rosario que durante décadas había sido tratada como un borde incómodo de la ciudad.

El terraplén debía contener el agua, pero del otro lado estaban los vecinos que sufrían cuando el sistema no alcanzaba.

La inundación había sido, durante buena parte del siglo XX, una presencia recurrente. Ortolani habló de diecisiete inundaciones importantes. Cada una dejaba pérdidas y cada una volvía a poner en evidencia la misma fragilidad.

Cuando el agua entraba, aparecían las donaciones, las colectas y las ayudas de emergencia. Pero los vecinos habían terminado construyendo algo más duradero con aquello que tenían a mano.

La Vecinal, las instituciones, las escuelas, la parroquia, el dispensario, el centro de jubilados. Para Ortolani, eso también era una forma de hacer patria: la que se construye cuando un grupo de vecinos se organiza para conseguir pavimento definitivo, agua, luz o un servicio que falta.

La reunión de este miércoles era parte de esa misma historia.

"Esos viejos que venían hace 40 años a la reunión de NuMaIn, los miércoles a las 20, porque ese era el día de la reunión: con lluvia, con frío, con paro. Pero el miércoles era el día. Lloviendo a cántaros, los viejos estaban acá, peleando por obras. Humildemente, los que estamos aquí presentes somos una simple continuidad. Y ojalá que en este sueño haya mucha continuidad", expresó Ortolani.

La memoria de 1986 apareció varias veces durante la noche.

En aquellos días, contó Ortolani, todavía no comprendían del todo el comportamiento de la cuenca. Los vecinos medían el avance del agua con métodos rudimentarios. Ponían un palo en una esquina para saber hasta dónde había llegado. Preguntaban cuánto había llovido en otros lugares. Trataban de reconstruir el recorrido de una tormenta que podía caer lejos y aparecer en el barrio varios días después.

En aquella inundación, el pico de la crecida había tardado cuatro días y medio en llegar. Ese dato adquiría otro significado cuarenta años después.

En 2012, recordó Ortolani, una lluvia de 396 milímetros había caído durante unos cuatro días y el agua había llegado a la zona baja en menos de veinticuatro horas. El sistema había resistido. La inundación no había repetido la catástrofe de 1986. Pero la velocidad con la que el agua había llegado había cambiado.

Eso era lo que los vecinos querían discutir. No solamente cuánto llovía, sino qué ocurría con el agua desde el momento en que caía hasta que llegaba a Empalme Graneros.

La cuenca del arroyo Ludueña abarca unas 80.000 hectáreas. Una lluvia de cien milímetros significa cien litros de agua por cada metro cuadrado. Sobre esa superficie, el volumen deja de ser una cifra sencilla. Toda esa agua tiene que desplazarse, almacenarse o evacuarse.

Y el territorio por donde circula ya no es el mismo que en 1986.

Había campos que antes absorbían agua y que ahora estaban ocupados por barrios privados y otras urbanizaciones fuera de la ciudad. Había lagunas que habían desaparecido. Había nuevas canalizaciones. Había superficies impermeabilizadas por calles, viviendas y pavimentos.

Cada modificación podía alterar el tiempo que tardaba el agua en desplazarse. Uno de los ejemplos que más se repitió durante la reunión fue el de las lagunas.

Ortolani habló del desarrollador inmobiliario como alguien que mira un terreno de una manera distinta a la de quien observa una cuenca. Si un campo o una laguna pueden comprarse barato y transformarse en un emprendimiento rentable, aparece la oportunidad de negocio.

Después vienen la entrada, el pavimento, las palmeras, las casas y la imagen publicitaria de una familia viviendo allí. Lo que deja de aparecer en esa imagen es el agua.

Una laguna que antes retenía un volumen durante horas o días deja de cumplir esa función cuando es rellenada. El agua no desaparece. Busca otro lugar. Y si además se construyen canales que aceleran su desplazamiento, puede llegar antes a los sectores bajos.

La discusión sobre las urbanizaciones llevaba inevitablemente hacia las localidades ubicadas aguas arriba. Ibarlucea, Funes, Roldán, Pérez, Soldini, San Lorenzo y otras zonas de la región fueron apareciendo en las preguntas de los vecinos.

No todos esos lugares pertenecían a la misma cuenca. Y esa diferencia era importante.

Ortolani insistió en que había que aprender a mirar el territorio de otra manera. Una cuenca no coincide necesariamente con los límites de un municipio o una comuna. Es el territorio cuyos excedentes de agua terminan confluyendo hacia un determinado curso.

En una llanura como la santafesina, pequeñas diferencias de nivel pueden definir hacia dónde se desplaza el agua. Una lluvia que cae de un lado puede terminar en el Ludueña; otra, a pocos kilómetros, puede dirigirse hacia el arroyo San Lorenzo.

El problema aparece cuando las obras y las modificaciones del suelo cambian esos recorridos.

En una ciudad donde las obras hidráulicas suelen ser explicadas con nombres que para la mayoría de los vecinos resultan lejanos —emisarios, aliviadores, represas, cuencas—, la necesidad de saber exactamente qué se está haciendo no es un detalle.

Una vecina preguntó por obras realizadas en la zona de Ibarlucea. Había visto movimientos de suelo y canalizaciones y quería saber qué consecuencias podían tener para la cuenca.

La conversación derivó hacia la posibilidad de trasvasamientos: si una cuenca pierde capacidad o recibe más agua de la que puede manejar, el excedente puede buscar otro camino.

No era necesario que alguien quisiera enviar agua hacia Empalme Graneros. Bastaba con modificar las condiciones aguas arriba para que el agua encontrara un recorrido diferente.

El arroyo San Lorenzo apareció entonces en la discusión. Se habló de puentes, pasos y restricciones para la evacuación. También de las transformaciones producidas en los campos y de la velocidad con la que el agua podía desplazarse.

Video Concejala Majo Poncino

El agua, la memoria y una lucha que continúa
No fue una reunión más. Entre vecinas y vecinos volvió a aparecer una preocupación que permanece latente: el anuncio de un nuevo fenómeno de El Niño, las lluvias extremas que se pronostican y una realidad que conocen demasiado bien. Mientras en distintos puntos de la región se trabaja para acelerar el escurrimiento del agua, en Empalme saben que, tarde o temprano, una parte de ese caudal también llegará hasta el barrio.

"Nos hemos inundado siempre. Y es bueno que estemos informados", dice una vecina. Habla desde la experiencia de quien atravesó dos grandes inundaciones. La de 1986, recuerda, fue especialmente brutal. "Me recontra inundé dos veces. Fue horrible en el 86, espantoso".

La incertidumbre sigue siendo la misma: "Uno nunca sabe si va a venir mucha agua o poca". Por eso, insiste, hay que sostener la participación: "Tenemos que seguir viniendo a las reuniones e invitando a otros. Sabemos que ustedes están peleando por más obras y tenemos que acompañar".

Otra vecina vuelve sobre aquel 1986 que todavía funciona como una herida abierta. "Viví la catástrofe del 86. Tengo miedo de que volvamos a ese momento". Dice que durante estos 40 años trabajaron para reconstruirse, que consiguieron que se realizaran obras y que, sin embargo, lo que ahora escuchan demuestra que no alcanzó.

"Creo que muchas obras se hicieron para cuidar a los barrios donde vive gente de otros estratos sociales, donde el dinero cuenta. Y donde la gente trabajadora, sencilla y de barrio no pesamos aparentemente, o quizás no les importamos". En medio de esa sensación de abandono, reivindica a la institución que los reúne: "Nosotros contamos con la vecinal, que es todo para nosotros".

La historia de las obras también aparece atravesada por el agradecimiento. "Todo lo que tenemos es gracias a la puja que hizo siempre la vecinal y los vecinos. Eso es un agradecimiento que cada uno lo tiene que tener de por vida, eternamente", sostiene otra mujer.

Pero ese reconocimiento convive con el enojo. En los medios, dice, escucha a las autoridades anunciar que "Empalme cambia para siempre". La frase le provoca una reacción inmediata: "Me hincha, no quiero decir una mala palabra, pero me rompe las pelotas".

No es solamente bronca. Es también miedo. "Sabiendo dónde estamos parados, en el peligro que estamos, ¿cómo vamos a quedar quietos si el agua llega acá?". La preocupación, cuenta, ya forma parte de la vida cotidiana. "A veces no deja dormir".

Un vecino pone el foco en otro problema: el paso del tiempo y las transformaciones del territorio. "Se han hecho obras, pero tienen 40 años ya de antigüedad". Mientras tanto, explica, aparecieron nuevos barrios privados y se modificaron superficies que antes funcionaban como zonas de absorción y escurrimiento.

"Se ha impermeabilizado la capa, donde antes eso era campo o un lugar de escurrimiento del agua. Y eso traerá muchísima agua a nuestro arroyo Ludueña".

Por eso siguen reuniéndose. No como un ritual, sino como una forma de estar alertas, de reclamar y de no resignarse frente a una amenaza que conocen de memoria.

El agua no entiende de jurisdicciones
Esa era una de las dificultades que aparecía una y otra vez en la reunión. Una decisión tomada en un municipio podía tener consecuencias en otro. Un canal construido en un campo podía modificar el comportamiento del agua aguas abajo. Una urbanización podía resolver su propio problema de drenaje y, al mismo tiempo, aumentar la velocidad con la que el agua llegaba a otro sector.

Empalme Graneros estaba al final de ese recorrido.

Por eso los vecinos hablaban de sí mismos como la "boca del embudo". La imagen no era nueva. La zona baja recibía el agua que llegaba desde una superficie mucho mayor y tenía que evacuarla a través de un sistema limitado.

Allí aparecía otra pregunta: cuánto podía soportar ese sistema.

La parte baja del Ludueña estaba entubada. Había conductos, aliviadores y emisarios que debían conducir el agua hacia el Paraná. Pero cada uno tenía una capacidad determinada.

En la reunión se habló del Emisario 10, de un conducto de casi cinco metros de diámetro ubicado cerca de las viviendas. Un vecino explicó que por allí podía circular un volumen enorme de agua. La preocupación era qué ocurría si la cantidad que llegaba superaba la capacidad de evacuación.

No se trataba solamente del agua que podía entrar desde arriba. También había que pensar en la salida.

Si el sistema recibía más agua de la que podía sacar, el agua podía acumularse. Y si las condiciones de descarga eran desfavorables, la evacuación podía hacerse todavía más lenta.

Por eso Ortolani insistía en una lógica que había aprendido durante décadas de discutir con ingenieros: antes de incorporar más agua al sistema había que asegurarse de que la parte baja pudiera evacuarla.

Primero había que mirar abajo. Después, arriba.

La discusión llevaba directamente a las represas pendientes.

Los vecinos sostenían que los estudios estaban hechos y que las obras necesarias eran conocidas. No estaban pidiendo que alguien comenzara a investigar qué podía hacerse. Querían saber por qué determinadas obras todavía no se habían construido.

Habían escuchado distintas propuestas a lo largo de los años. Una de ellas había sido el canal Grandoli, pensado como una alternativa para conducir parte del agua directamente hacia el Paraná antes de que alcanzara los sectores más comprometidos de la ciudad.

El problema era el costo y la complejidad.

El canal debía atravesar zonas urbanizadas, infraestructura y numerosos cruces. Hacerlo significaba construir puentes y resolver una cantidad de interferencias que convertían la obra en un proyecto de enorme magnitud.

La alternativa había sido construir represas retardadoras.

En la reunión se mencionaron distintas cantidades de represas proyectadas a lo largo de la historia, pero había una certeza: varias seguían pendientes.

Para los vecinos, esa era una de las preguntas centrales de la noche.

Si los estudios estaban hechos, si los técnicos conocían el comportamiento de la cuenca y si las obras habían sido identificadas, ¿qué faltaba para empezar?

La respuesta no estaba en la hidráulica. Estaba en la decisión política y en el financiamiento.

Mientras discutían eso, apareció otro concepto que había acompañado a NuMaIn durante años: la incidencia hidráulica cero.

La idea era que ninguna nueva intervención sobre la cuenca debía aumentar el caudal que finalmente recibía el sistema.

Si un terreno que antes absorbía agua se convertía en una superficie impermeable, había que compensar ese cambio. Si una urbanización alteraba el escurrimiento, debía contar con reservorios u otras medidas capaces de retener el volumen necesario.

La lógica parecía sencilla cuando se explicaba desde la mesa de la Vecinal.

Si antes un terreno retenía agua y ahora tenía cemento, esa agua debía ir a algún lado. Si antes había una laguna y ahora había viviendas, el agua seguía existiendo. Si antes un campo demoraba el escurrimiento y ahora había un canal que lo aceleraba, el agua llegaría antes.

El problema aparecía cuando todas esas modificaciones se acumulaban. No había una única obra responsable. Había un territorio que iba cambiando. Y una zona baja que debía recibir las consecuencias. La calle Sorrento ocupaba un lugar especial en esa memoria.

Allí había existido una laguna donde los vecinos recordaban haber pescado ranas cuando eran chicos. Con el tiempo, el lugar cambió y terminó atravesado por una infraestructura hidráulica.

Cuando comenzaron las peleas, recordó Ortolani, tuvieron la suerte de contar con el apoyo del ingeniero Gualaberto Venecia, ex vicegobernador, y de Hugo Orsolini, entonces subsecretario de Aguas de la Provincia de Santa Fe.

Hubo muchos intercambios porque ellos no creían que la situación fuera tan grave.

Por entonces, ya se había planificado la construcción del famoso canal Grandoli, aunque se trataba de otra obra. El proyecto habría permitido sacar el agua hacia el Paraná antes de que llegara hasta allí.

"Y, justamente, ustedes son los primeros que no lo quieren", les planteaban.

El Grandoli contemplaba un tramo a cielo abierto y otro entubado, porque debía atravesar la ciudad. De haberse construido, habría permitido sacar toda el agua.

Pero el proyecto tenía sus inconvenientes: exigía la construcción de numerosos puentes y resultaba mucho más caro.

Por eso, finalmente, fue reemplazado por otra alternativa: cuatro, cinco o seis represas.

Ahora había nuevas obras previstas para el sector, además de intervenciones viales en avenida Casiano Casas. Los vecinos querían saber cómo cada una de esas obras encajaba en el sistema general.

No bastaba con mirar una máquina trabajando en una esquina. Había que saber qué ocurría antes y después.

Esa forma de mirar las obras también era una consecuencia de la experiencia de 1986. Al principio habían confiado en la información que recibían. Después aprendieron a comprobarla.

Ortolani recordó una época en la que los vecinos medían las lluvias por sus propios medios.

Un recipiente en un lugar. Otro vecino en otra localidad. Una llamada telefónica. Un número anotado.

Habían aprendido a distinguir entre la lluvia que caía en Rosario y la que caía sobre el resto de la cuenca.

También habían armado una radio FM para comunicar lo que estaba ocurriendo. Cada dos horas intentaban transmitir información sobre la lluvia y el comportamiento del agua.

La razón era sencilla: durante una emergencia, la información también podía convertirse en un problema.

La televisión podía hablar de inundaciones en Brasil, Chile, Perú o cualquier otro lugar. Pero para quienes vivían en Empalme Graneros había una pregunta más urgente: cuánto estaba lloviendo sobre la cuenca que los afectaba.

Los vecinos habían aprendido a no quedarse esperando la información.

También habían aprendido a desconfiar de la primera explicación. Una obra anunciada como solución debía ser examinada. Un canal nuevo podía ser útil en un lugar y problemático en otro.

Una urbanización podía tener su propio sistema de drenaje y, sin embargo, modificar el comportamiento de toda una cuenca.

La prevención, para ellos, consistía también en preguntar.

Video de la Vecinal Empalme

Una organización que aprendió a preguntar
En esa noche apareció además una preocupación más inmediata: qué hacer con las personas si el sistema finalmente no alcanzaba.

Se habló de Defensa Civil y de las consultas que se habían comenzado a realizar.

¿Dónde se evacuaría a los vecinos? ¿Qué escuelas podrían recibir personas? ¿Qué instituciones servirían como refugio? ¿Quién daría la alerta? ¿Quién mediría la lluvia?

La experiencia de 1986 había dejado una memoria concreta de lo que significaba quedar aislado por el agua.

Por eso la prevención no podía limitarse a construir una obra hidráulica. También había que saber cómo reaccionar si la obra no alcanzaba.

El fenómeno de El Niño había puesto esas preguntas nuevamente sobre la mesa.

Un integrante de la Vecinal, Daniel, tomó la posta y explicó durante la reunión que el océano Pacífico, frente a las costas de Perú, presentaba temperaturas superiores a las normales. Habló de cambios en los vientos alisios y de modificaciones atmosféricas que podían favorecer precipitaciones extraordinarias en la región.

La preocupación no era afirmar que una inundación iba a ocurrir. Era reconocer que existía un escenario capaz de aumentar las lluvias y que ese escenario coincidía con un territorio que ya había cambiado.

También estaba el Paraná.

Un río alto podía dificultar la evacuación del agua porque los sistemas de desagüe debían descargar hacia un curso cuyo nivel podía encontrarse elevado.

La suma de factores era lo que inquietaba a los vecinos.

No una lluvia aislada. No El Niño por sí solo. No el Paraná por sí solo. No una urbanización por sí sola.

El problema estaba en la combinación.

Y frente a esa combinación aparecía la misma cuestión que los había llevado a organizarse cuarenta años atrás: cuánto podía soportar el sistema antes de que el agua volviera a entrar en las casas.

La política llegó a la reunión de la mano de esa pregunta.

Los vecinos habían pedido reuniones con funcionarios provinciales. Habían intentado reunirse con el área de Obras Públicas y con Recursos Hídricos. También habían pedido ser recibidos por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Según relataron durante la asamblea, no habían conseguido esa reunión. La ausencia había generado malestar.

Ortolani evitaba presentar la historia como una disputa partidaria.

Había discutido con intendentes y gobernadores de distintos signos políticos, siempre. Había apoyado obras impulsadas por gobiernos con los que no coincidía y había criticado decisiones tomadas por gobiernos que consideraba cercanos.

La regla, decía, era otra. Si una obra servía, había que reconocerla. Si una obra perjudicaba al barrio, había que combatirla.

Por eso, cuando llegó el momento de hablar del gobernador, la acusación fue directa.

"Si lamentablemente llega a haber una catástrofe en la cuenca del Ludueña, en esta oportunidad no le van a poder echar la culpa a la lluvia", La frase estaba dirigida a Pullaro.

Y después vino la explicación política que correspondía a esa acusación: si una catástrofe ocurría, sostuvo Ortolani, la responsabilidad no podía atribuirse únicamente a un fenómeno meteorológico si el gobierno conocía el riesgo y no había realizado las obras que los vecinos reclamaban.

Era su planteo. No una conclusión del cronista. La diferencia importaba.

Porque en la reunión también había quienes preferían no hablar de una catástrofe como si fuera inevitable. Ortolani insistió varias veces en que no había que caer en ninguno de los dos extremos.

No se trataba de afirmar que el barrio necesariamente se iba a inundar, pero tampoco de convencerse de que ya no podía suceder.

Había niveles de seguridad. Las obras construidas después de 1986 habían elevado ese nivel. Pero ningún nivel era eterno. El territorio cambiaba. Las lluvias podían cambiar. La capacidad del sistema podía quedar atrás.

Y por eso una obra que había sido suficiente para determinada condición podía dejar de serlo cuando las condiciones cambiaban. La conversación volvió entonces a las represas. No pedían necesariamente que se construyeran todas de inmediato. La discusión tenía otro punto de partida: que empezaran.

"Que empiecen por la que quieran", dijo Ortolani. La prioridad, para él, era salir de la discusión permanente sobre cuál debía ser la primera y comenzar a ejecutar alguna. La frase tenía detrás cuarenta años de experiencia.

Los vecinos habían aprendido que una obra puede tardar años en concretarse. Primero aparece el estudio. Después el proyecto. Luego la discusión presupuestaria. Después la licitación. Después la obra.

Mientras tanto, el territorio sigue cambiando. Por eso la demora también formaba parte del riesgo. La historia de NuMaIn estaba llena de esas demoras.

Ortolani recordó reuniones con intendentes, gobernadores, ministros e ingenieros. Habían hablado con gobiernos de distintos signos. Algunos funcionarios los recibían con frecuencia. Otros no querían verlos. La organización había sobrevivido a todos.

Eso también explicaba la presencia de las concejalas Norma López, vicepresidenta primera del Concejo Municipal de Rosario, y María José Poncino, del bloque Peronista, durante la reunión.

El Concejo podía ser un espacio para trasladar el reclamo, llevar el problema al recinto, llenar el lugar de vecinos, hacer que los funcionarios respondieran, conseguir que los medios registraran la discusión.

El reclamo tenía que salir de la Vecinal.

Ortolani recordó también que, durante las movilizaciones de 1986, los vecinos habían intentado acceder a reuniones con funcionarios. Les habían puesto límites. Les habían dicho que determinadas reuniones eran para técnicos y que ellos no podían participar.

Después marcharon. Fueron miles. La presión abrió las puertas que las reuniones no habían conseguido abrir.

A partir de entonces llegaron otras discusiones y otras obras. El Aliviador 2 fue una de ellas. También la presa. También el Aliviador 3. Pero la historia no había terminado con la última obra.

Al contrario: las obras habían permitido que nuevas zonas pudieran desarrollarse. Terrenos que antes eran considerados demasiado expuestos habían adquirido otro nivel de seguridad y comenzaron a ser urbanizados. La paradoja era evidente para los vecinos. 

Una obra contra las inundaciones podía generar las condiciones para que aparecieran nuevas viviendas. Las nuevas viviendas podían impermeabilizar el suelo. La impermeabilización podía aumentar el escurrimiento. Y ese nuevo escurrimiento podía volver a poner a prueba la obra original.

No era una contradicción de la hidráulica. Era una contradicción del crecimiento urbano cuando no estaba acompañado por una planificación de toda la cuenca.

La reunión avanzaba entre ejemplos concretos. Un vecino mencionó las alcantarillas debajo de las vías. Habían sido observadas y, según explicaron, necesitaban limpieza. No era una represa ni una gran obra de infraestructura. Era algo mucho más pequeño.

Pero si el agua necesitaba pasar por allí durante una emergencia, una alcantarilla obstruida podía convertirse en un problema. 

La prevención también estaba hecha de esas cosas. Limpiar. Revisar. Controlar. Saber qué funciona. Saber qué está tapado. No esperar a que llegue el agua para descubrirlo.

En otro momento se habló de los medios y de cómo se construía la información durante una emergencia.

Los vecinos habían aprendido que no podían depender de que alguien desde un estudio de televisión explicara lo que estaba pasando en su barrio.

La experiencia les había enseñado a producir información propia.

Era una consecuencia inesperada de aquella vieja pelea. La organización había comenzado reclamando obras y había terminado acumulando conocimientos sobre lluvias, cuencas, drenajes, tiempos de respuesta y funcionamiento de la infraestructura.

También había producido memoria.

Ortolani podía recordar nombres de funcionarios, fechas, proyectos y discusiones de décadas atrás porque para él no eran episodios separados. Formaban parte de una misma historia.

Recuerda una escena ocurrida durante la pelea por el Aliviador 2.

Juan Carlos Zabalza, exsenador por el departamento Rosario, estaba con ellos en la Vecinal cuando llegaron unas lluvias terribles. Llovió tanto que hasta cayeron piedras y las calles quedaron intransitables.

Zabalza no podía irse: no había por dónde salir, estaba todo cortado.

"Entonces, estábamos por ahí y se baja la ventanita de un auto. Y alguien mueve la mano", cuenta Ortolani, mientras reproduce con un gesto la escena que todavía recuerda. "Era Zabalza y dijo: 'No puedo salir por ningún lado'".

A partir de aquel episodio, según el relato de Ortolani, Zabalza comenzó a trabajar con ellos en lo que luego se conoció como la Ley de Incidencia Hidráulica Cero.

El principio, explica Ortolani, es que cada modificación que se realiza sobre una cuenca debe mantener sin cambios la cantidad de agua que esta recibe durante una lluvia determinada.

"En este lugar se entrega a la cuenca tanto metro cúbico de agua por segundo. Ante una característica de estas lluvias, si se hace una modificación, hay que hacer un reservorio o lo que fuera para que entregue, luego de la modificación, la misma cantidad de metros cúbicos de agua por segundo", explica.

La idea, en términos sencillos, es que una obra no genere un nuevo problema aguas abajo: si una intervención altera el escurrimiento del agua, debe compensarse de modo que la cuenca siga recibiendo el mismo caudal que antes.

La memoria volvía a servir como herramienta. No para idealizar el pasado. Para comparar.

En 1986 el agua había tardado cuatro días y medio. En 2012 había llegado en menos de un día.

Después de 1986 se habían construido obras. Después de esas obras habían aparecido nuevas urbanizaciones y otras modificaciones del territorio.

La pregunta era qué nivel de seguridad quedaba ahora. Nadie podía responderla con una frase.

Había que estudiar la cuenca completa. Había que conocer cuánta agua entraba. Cuánto podía retenerse. Cuánto podía evacuarse. Cuánto demoraba en llegar. Qué ocurría cuando el Paraná estaba alto. Qué obras existían. Cuáles faltaban. Qué se hacía aguas arriba. Y quién controlaba que cada nueva intervención cumpliera las condiciones necesarias.

Esa era la razón por la que los vecinos insistían tanto en mirar más allá de Empalme Graneros.

La inundación podía comenzar a muchos kilómetros de distancia. Un canal podía estar en otro municipio. Una urbanización podía aparecer en un campo que nadie del barrio había visto nunca. Una represa podía faltar en un lugar que parecía lejano.

Pero el resultado terminaba llegando al mismo sitio. La zona baja. El barrio. La boca del embudo.

Hacia el final de la reunión, la discusión ya no tenía la tensión de las primeras intervenciones. Habían pasado cerca de dos horas.

Algunos vecinos seguían haciendo preguntas y otros conversaban entre ellos. La cantidad de temas tratados hacía difícil encontrar una respuesta que cerrara todo.

Pero tampoco era ese el objetivo.

Una asamblea no podía construir una represa. No podía modificar de inmediato la capacidad de un emisario. No podía detener por sí sola una urbanización. No podía decidir qué obra debía financiar la Provincia.

Lo que sí podía hacer era otra cosa.

Organizar el reclamo. Poner preguntas sobre la mesa. Hacer que las autoridades respondieran. Convocar a más vecinos. Llevar la discusión al Concejo. Hablar con periodistas. Recorrer las obras. Mirar qué se estaba haciendo y preguntar qué faltaba.

Eso era lo que había funcionado en 1986. Y era lo que seguían haciendo ahora.

La organización había sobrevivido porque había aprendido que esperar no era una estrategia. Habían esperado alguna vez que las autoridades entendieran por sí solas. Después dejaron de hacerlo.

Aprendieron a pedir reuniones. A insistir. A marchar. A estudiar. A preguntar. A volver. La bandera de NuMaIn había pasado de una generación a otra de esa manera.

Muchos de los nombres recordados ya no estaban. Pero sus reclamos seguían apareciendo en las conversaciones.

Los hombres y mujeres que habían comenzado la organización después de la inundación habían dejado algo más que una lista de obras: habían dejado un método.

Ortolani era parte de esa continuidad y seguía explicando una cuenca frente a un salón lleno de vecinos.

Seguía recordando cómo había comenzado todo. Seguía contando quién había estado, qué obra se había conseguido y cuál había quedado pendiente.

No hablaba como un hombre que esperara una solución definitiva. Hablaba como alguien que había aprendido que las soluciones también envejecen.

La presa construida después de 1986 había sido necesaria. Los aliviadores también. Las obras habían reducido el riesgo. Pero la reducción del riesgo no significaba la desaparición del riesgo.

Mientras la reunión se acercaba al final, quedó planteada una agenda más concreta que la del comienzo: limpiar las alcantarillas, controlar las obras, seguir recorriendo la cuenca, pedir información, exigir reuniones, llevar el reclamo al Concejo y volver a reclamar las represas pendientes.

Nada de eso parecía espectacular.

No había una inauguración. No había una máquina nueva. No había una fecha de finalización. Había, otra vez, vecinos organizándose.

En la primera fila todavía estaban algunos de los que habían escuchado a Ortolani hablar durante buena parte de la noche. Otros seguían comentando entre ellos.

Las concejalas habían participado de la reunión y el reclamo ya tenía una próxima estación: el Concejo Municipal.

Afuera, mientras tanto, Empalme Graneros seguía siendo el mismo barrio y otro distinto. Las casas estaban donde habían estado. El terraplén seguía formando parte del paisaje.

Pero, fuera de los límites de la ciudad, el territorio también había cambiado: habían aparecido nuevas urbanizaciones, calles, canales y construcciones.

El territorio que los vecinos habían aprendido a mirar cuarenta años atrás ya no era el mismo. El agua tampoco había cambiado su naturaleza.

Seguía buscando la pendiente. Seguía acumulándose donde encontraba una depresión. Seguía entrando por donde podía. Lo que había cambiado era el camino que recorría antes de llegar.

Por eso la pregunta de aquella noche no era si iba a llover. Eso era imposible de saber con precisión. Tampoco era si el barrio se iba a inundar. Nadie allí podía prometerlo ni descartarlo. La pregunta era qué se estaba haciendo mientras todavía no había agua en las calles.

Esa diferencia explicaba buena parte de la historia de NuMaIn.

En 1986 habían esperado que la ciudad entendiera lo que estaba ocurriendo y terminaron organizándose para obligarla a hacerlo.

Después llegaron las obras. Con ellas llegó una mayor seguridad. Y cuando el territorio volvió a cambiar, los vecinos volvieron a reunirse.

La obra pública, para ellos, no podía aparecer solamente después de una catástrofe. Tenía que llegar antes. Y, una vez construida, había que seguir controlándola.

Porque tampoco alcanzaba con inaugurarla. Había que saber qué pasaba aguas arriba. Qué pasaba aguas abajo. Cuánto recibía el sistema. Cuánto podía evacuar. Qué faltaba. Quién debía hacerlo. Quién lo estaba controlando. Y qué ocurriría si la respuesta llegaba demasiado tarde.

Cuarenta años después de aquella inundación, Lalín Ortolani seguía allí, rodeado de vecinos, hablando de una historia que no había terminado.

Los hombres cuyos nombres habían sido recordados al comienzo ya no podían participar de la discusión. Pero otros habían ocupado sus lugares.

La reunión terminó sin una nueva represa, sin una obra anunciada y sin una solución definitiva. Terminó con algo más modesto y, para quienes conocían la historia, bastante más importante: la decisión de seguir.

No esperar a que el agua volviera para preguntar qué había pasado. Preguntar antes. Mirar antes. Reclamar antes. Porque las obras podían reducir el riesgo, pero no podían detener el tiempo ni impedir que el territorio siguiera transformándose.

Y si el agua alguna vez volvía a poner a prueba todo lo construido desde 1986, los vecinos querían poder decir que, esta vez, habían estado allí antes de que llegara.