lunes, 16 de marzo de 2026

Un viaje de egresados, una neumonía ignorada y una madre que exige justicia y alerta a otras familias

Thomi tenía 17 años, amaba la música y soñaba con el futuro. Partió a su viaje de egresados con la ilusión de cualquier adolescente, pero regresó gravemente enfermo. Murió pocas horas después por una neumonía que nunca fue diagnosticada a tiempo. Desde entonces, su madre impulsa una causa judicial y reclama cambios en el sistema de atención médica del turismo estudiantil
Un adolescente sensible y apasionado por la música
La historia de Thomás Octavo comienza con el recuerdo íntimo que su madre, Yanina Cáceres, guarda de él. Thomi —como lo llamaban en su familia— tenía 17 años y una personalidad marcada por la sensibilidad y el entusiasmo. Habían vivido en Buenos Aires, pero la familia se había mudado a Rosario. Fue allí donde el adolescente empezó a desarrollar una inquietud muy particular: la música.

Apenas llegaron a la ciudad, Thomi comenzó a interesarse cada vez más por cantar y por acercarse a los demás a través de esa pasión. Su madre recuerda que le gustaba visitar comedores comunitarios, llevar golosinas y cantar para los chicos. Era una actividad que hacía con alegría, y en la que su familia lo acompañaba siempre. "Nosotros como familia lo acompañábamos en todas las decisiones que él tomaba", cuenta Yanina al evocar esos años.

El viaje de egresados que parecía un festejo más
En 2022, mientras cursaba quinto año, tomó una decisión importante: realizar el tradicional viaje de egresados con sus antiguos compañeros de Buenos Aires, no con los que había hecho la secundaria en Rosario. El grupo eligió viajar con la empresa Travel Dance, una de las agencias que organizan viajes estudiantiles a Bariloche.

El contingente partió el 14 de octubre de 2022 rumbo a la provincia de Río Negro, en micro. Como padres, Yanina y su familia firmaron un contrato con la empresa que incluía asistencia médica, internación y seguro de vida, entre otras coberturas. El documento fue revisado incluso junto a otras madres que eran abogadas, lo que les daba tranquilidad. Además, dos madres acompañantes viajaron junto a los estudiantes.

Los chicos llegaron el 15 de octubre a Bariloche. Explica Yanina, desde el inicio hubo algunas incomodidades: el hotel no era exactamente lo que les habían prometido, algo que —admite— suele ocurrir en este tipo de viajes. Sin embargo, hubo un detalle que con el tiempo le quedó grabado como una advertencia que hoy intenta difundir entre otros padres.

La empresa había exigido un chequeo médico previo de los estudiantes, pero ese certificado recién fue entregado el mismo día en que los chicos subieron al micro para viajar. Nadie revisó en profundidad la documentación ni el circuito médico que se suponía que debían cumplir los adolescentes antes de emprender el viaje.

Los primeros síntomas y un diagnóstico que se repetiría: es viral
Los primeros síntomas aparecieron el 19 de octubre. Ese día, Thomi llamó a su madre para contarle que tenía mucha fiebre y que se sentía mal. Yanina le pidió que avisara a los coordinadores para que lo hicieran atender. Dentro del hotel funcionaba una habitación donde atendían médicos que, según les habían informado, eran provistos por la empresa. Además, al lado del hotel había una clínica que formaba parte de la cobertura médica que los padres habían contratado.

Thomi fue revisado ese mismo día. El diagnóstico fue tranquilizador: le dijeron que no era nada grave, que se trataba de algo viral. Incluso le pidieron que llamara a su madre para decirle que se quedara tranquila. Según recuerda Yanina, los responsables del viaje repetían una explicación que, con el tiempo, le resultó alarmante: aseguraban que enfermarse en Bariloche era algo típico. "Ellos como que normalizan estar enfermos con Bariloche", dice. Para ella, ese razonamiento es inaceptable. "Un chico no levanta fiebre porque sí", remarca.

Días de fiebre y una atención médica que nunca cambió el diagnóstico
Al día siguiente, el 20 de octubre, el estado de Thomi empeoró. A la fiebre se sumaron vómitos y diarrea, y los dolores comenzaron a intensificarse. Volvió a ser visto por el médico del hotel, pero el diagnóstico no cambió: lo repitieron y le recomendaron tomar ibuprofeno.

La situación se prolongó así hasta el 22 de octubre, día en que el contingente debía regresar a Buenos Aires. Durante esos días, los coordinadores del viaje —jóvenes de 19 y 20 años, prácticamente de la misma edad que los estudiantes— también estaban enfermos. En total habían viajado 52 chicos y, según cuenta Yanina, 22 de ellos regresaron con problemas de salud.

A medida que pasaban las horas, Thomi se sentía cada vez peor. En una de las llamadas con su madre, ella le dijo que hablaría con la coordinadora para que lo llevaran a la clínica, que estaba al lado del hotel. Pero la respuesta fue que no hacía falta, porque "todos estaban así".

Yanina comenzó a molestarse cada vez más con la situación. Le indignaba, por ejemplo, que a los chicos enfermos ni siquiera les llevaran comida a la habitación. Mientras el resto del grupo salía de excursión, los adolescentes que estaban mal se quedaban solos en el hotel.
El regreso y la gravedad que ya era evidente
Finalmente, el 22 de octubre emprendieron el regreso a Buenos Aires. Cuando el micro llegó, Yanina fue a buscar a su hijo. Apenas lo vio bajar, comprendió que su estado era grave. "Lo encontré muy mal", recuerda.

Lo primero que decidió hacer fue un hisopado, ya que todavía estaban en 2022 y existía la sospecha de que los síntomas pudieran estar relacionados con el COVID-19. El resultado dio negativo. Ante esa respuesta, decidió llevarlo a una pequeña sala de primeros auxilios en Valentina Alsina para que lo revisaran nuevamente.

La médica que lo atendió le hizo una pregunta directa: si había estado en Bariloche. Cuando Yanina respondió que sí y explicó que llevaba varios días enfermo, la respuesta volvió a ser la misma que ya había escuchado antes. Según relata, la profesional le dijo que era algo normal, que muchos chicos regresaban así después del viaje. "Si fueron a Bariloche, estuvieron de joda, todos vienen así", recuerda que le dijo. Yanina insistió en que no lo veía bien, pero la respuesta intentó tranquilizarla: "Mami, todos los pibes vienen así", le repitió la profesional.

Ese día no hubo ninguna mejora. A Thomi le aplicaron dexametasona y diclofenac, pero su estado seguía deteriorándose. Entonces Yanina tomó otra decisión: llevarlo al Hospital Penna. Allí permanecieron cuatro horas esperando en la guardia. El hospital estaba colapsado debido a un accidente y no había camas disponibles.

Finalmente, un empleado de seguridad le sugirió que buscara atención en otro lugar. Le dijo que allí no podrían atenderlo porque faltaban insumos y espacio. Fue entonces cuando decidió trasladarlo a la Clínica Santa Bárbara.

El colapso y el diagnóstico que llegó demasiado tarde
Cuando llegaron a la puerta del establecimiento, Thomi se desplomó.

Lo ingresaron de inmediato a la guardia. Minutos después, un médico se acercó a Yanina con una pregunta que la dejó helada: por qué no lo había llevado antes a un hospital. Ella le explicó que sí lo había hecho, que lo habían revisado varias veces y volvieron a minimizar el cuadro.

La respuesta fue contundente. El profesional le advirtió que su hijo debía ser trasladado de urgencia a terapia intensiva y que probablemente necesitaría intubación. Apenas cuarenta minutos después volvió a hablar con ella, esta vez para darle el diagnóstico definitivo: Thomi tenía una infección pulmonar que no fue advertida.

Según el médico, ya no había posibilidades de revertir el cuadro. Lo único que quedaba era esperar.

Ese mismo día, a las 21.50, Thomás Octavo murió. La causa fue una neumonía que ya estaba muy avanzada.

La investigación: quiénes atendían realmente a los chicos
Con el paso del tiempo, Yanina y su familia comenzaron a descubrir algo aún más inquietante. Las personas que habían atendido a los chicos durante el viaje —presentadas por la empresa como médicos— en realidad no contaban con matrícula profesional. Según pudo reconstruir, no trabajaban únicamente para Travel Dance, sino también para otras empresas de viajes estudiantiles, como Travel Rock, Upgrade, entre otras.

"Claramente —concluye Yanina— si un médico hubiese visto a mi hijo, hubiese detectado que tenía una neumonía".

Una causa judicial larga y llena de obstáculos
Tras la muerte de Thomás Octavo, la vida de su madre, Yanina Cáceres, entró en una etapa que ella misma describe como una odisea. El dolor inicial dio paso a un largo proceso judicial y a una investigación que, con el tiempo, revelaría detalles que la familia jamás había imaginado.

El camino comenzó con la decisión de iniciar acciones legales y tratar de reconstruir qué había ocurrido realmente durante el viaje de egresados a Bariloche. Pero la búsqueda de responsabilidades no fue sencilla. Durante mucho tiempo, las personas que habían atendido a los chicos como supuestos médicos no aparecían en ningún registro ni podían ser ubicadas dentro del país. La investigación se prolongó durante meses, hasta que finalmente, dos años después, lograron encontrarlos en Italia, en un pequeño pueblo alejado.

Hoy esas personas están imputadas en la causa. También lo están los coordinadores del viaje —jóvenes que, según cuenta Yanina, continúan trabajando para la empresa— mientras que la agencia organizadora sigue operando de la misma manera. 
Las advertencias de una madre a otras familias
Para Yanina, difundir lo ocurrido se volvió una prioridad. Sabe que no puede impedir que los adolescentes sigan realizando viajes de egresados, pero insiste en que los padres deben estar más atentos a los protocolos de atención médica. Entre las recomendaciones que repite cada vez que cuenta la historia de su hijo, señala la importancia de exigir contacto directo con los profesionales de la salud. Si un estudiante se enferma durante el viaje, sostiene, los padres deberían poder participar de una videollamada con el médico y el adolescente para verificar cómo está siendo atendido.

También remarca algo que en el caso de su hijo nunca ocurrió: la entrega de recetas firmadas y documentación médica. Thomi, asegura, jamás recibió una receta formal por los medicamentos que le indicaron. Del mismo modo, cree que los padres deberían exigir comprobantes de pago que acrediten los servicios que se contratan —seguro médico, seguro de vida y cobertura de clínica— porque, según explica, las empresas manejan esos gastos de manera unificada.

En su reconstrucción de los hechos, Yanina sostiene que las agencias suelen evitar llevar a los chicos a clínicas externas salvo en situaciones extremas. Según afirma, el sistema funciona de manera tal que las empresas pagan la atención médica solamente cuando un caso se vuelve crítico, y no como parte de un esquema permanente de cobertura para todo el grupo. Esa lógica, dice, explicaría por qué se evitaba trasladar a los estudiantes enfermos a la clínica que estaba ubicada junto al hotel.

Cuando comenzó a investigar, hubo un aspecto que la impactó por encima de todos: descubrir que quienes habían atendido a los chicos no eran médicos matriculados. "Nunca creí que alguien pudiera poner en juego la vida de otros chicos de esa manera", reflexiona.

En el proceso de reconstruir el caso, también se encontró con un dato que le resultó estremecedor. Según afirma, en las últimas dos décadas se registraron al menos 19 muertes de adolescentes durante viajes de egresados en Argentina. Muchos de esos casos, explica, nunca llegan a una sentencia porque las familias no logran sostener los procesos judiciales.

Yanina dice comprender ese desgaste. En su propio caso, la causa lleva cuatro años. Sostenerla implica atravesar audiencias constantes, ver a los acusados frente a frente y escuchar argumentos que muchas veces resultan hirientes. "Te ponen muchísimas trabas", relata. Incluso recuerda burlas y comentarios despectivos por parte de los abogados de las empresas.

La familia participa en dos procesos paralelos: uno civil y otro penal. En el penal, Yanina se presentó como querellante, lo que implica asistir a cada instancia del proceso. La carga emocional y logística de esa decisión fue enorme. Explica que no pudo volver a trabajar porque su agenda depende de las audiencias judiciales: algunas semanas hay una, otras dos; a veces pasan semanas sin actividad, y otras se concentran varias en pocos días. Las audiencias pueden durar media hora o extenderse durante cinco horas.

Aun así, insiste en que seguirá adelante hasta el final. Su objetivo no es solo una condena judicial, sino también impulsar la creación de la llamada "Ley Tomás", una iniciativa que busca establecer controles más estrictos en los viajes de egresados para garantizar la cobertura médica real de los estudiantes.

Un problema que se repite en los viajes de egresados
La insistencia de Yanina también está marcada por una repetición que, para ella, resulta insoportable: varias de las muertes registradas en este contexto ocurrieron por neumonías no diagnosticadas a tiempo. También recuerda el caso reciente de otra adolescente que murió el año anterior por una neumonía durante un viaje de egresados. Según cuenta, la madre de la joven no pudo sostener el proceso judicial. Antes de ese episodio, menciona también el de otra chica fallecida cinco años atrás por la misma causa: una neumonía que no fue diagnosticada ni tratada a tiempo.

Con el tiempo, incluso algunos profesionales de la salud de Bariloche le explicaron lo que, según ellos, ocurre detrás de ese sistema. Un médico local le dijo que ningún profesional matriculado aceptaría trabajar las 24 horas con grupos de adolescentes por los bajos honorarios que ofrecen las empresas de turismo estudiantil. Por esa razón —le explicaron— algunas compañías recurrirían a personas que se presentan como médicos sin contar con matrícula habilitante.

Para Yanina, las consecuencias de esa lógica fueron devastadoras. "A nosotros como familia nos mató totalmente", resume.

Sin embargo, su determinación se mantiene intacta. Dice que seguirá hablando del caso cada vez que tenga la oportunidad, porque cree que la visibilidad pública es una de las pocas herramientas que tienen las familias para exigir cambios.

En ese reclamo también apunta a las responsabilidades institucionales. Considera que los organismos encargados de controlar el turismo estudiantil deberían supervisar con mayor rigor a las empresas del sector. En particular, señala el rol del área nacional de turismo —actualmente una secretaría— que tiene entre sus funciones verificar que las compañías operen con todas las condiciones legales y sanitarias.

Al mismo tiempo, plantea que la problemática también debería preocupar a las autoridades locales y provinciales de Río Negro y de la ciudad de San Carlos de Bariloche, un destino que recibe miles de estudiantes cada año. Para Yanina, el turismo estudiantil es una de las bases económicas de la ciudad, lo que —según cree— muchas veces lleva a priorizar el negocio por encima de los controles.

A pesar de todo, aclara que no perdió la capacidad de reconocer la belleza del lugar. "Es una provincia hermosa", dice, aunque al mismo tiempo sostiene que el sistema de viajes de egresados funciona con lógicas similares en muchas empresas que operan en todo el país.

Mientras tanto, ella continúa difundiendo la historia de su hijo. A través de redes sociales creó una cuenta dedicada a contar el caso de Thomi y a responder preguntas de otros padres que están organizando viajes de egresados para sus hijos. Allí intenta compartir advertencias, información y todo lo que aprendió durante estos años.

Sostener esa tarea también tiene un costo material. El proceso judicial comenzó en Buenos Aires, pero luego fue trasladado a Bariloche. Ese cambio obligó a la familia a modificar su equipo legal, porque necesitaban un abogado matriculado en esa jurisdicción. Cada traslado, cada audiencia y cada trámite fueron extendiendo los tiempos del proceso.

Yanina sabe que ese desgaste muchas veces termina desalentando a las familias. Aun así, insiste en que nada la va a detener. Cada vez que puede, pide un espacio para contar lo que pasó. Por eso valora especialmente cada invitación a hablar en medios de comunicación.

Aunque vive en Rosario, dice que para ella es importante que la historia de su hijo también se conozca allí, porque cree que la difusión es una de las pocas maneras de evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
La música de Thomás, el sueño que sigue sonando
La entrevista avanzaba entre recuerdos y silencios cuando, en el estudio de Señales, comenzó a sonar una canción. El periodista anunció que no la presentaría él. Prefirió que lo hiciera la propia madre de Thomás. Entonces, Yanina Cáceres tomó la palabra y explicó que el tema se llamaba Exótica Maniática y que era una canción de su hijo.

El adolescente, contó, tenía un nombre artístico: Tstrikee, un juego de palabras que él mismo había inventado. Bajo ese alias publicaba su música y todavía hoy es posible encontrar sus canciones en su canal de YouTube. Para la familia, cada reproducción es una forma de mantener vivo su sueño.

Yanina suele repetir una idea que se convirtió en una especie de mantra personal: que su hijo ya no esté físicamente no significa que ella no pueda seguir ayudando a que su música llegue a otras personas. Esa decisión tomó forma poco tiempo después de su muerte, cuando decidió publicar las canciones que Thomi había grabado.

Quince días antes de viajar a Bariloche, el joven había estado en la provincia de Córdoba, visitando a un amigo productor en la localidad de Achiras. Allí grabó algunas canciones que quedaron registradas como testimonio de su vocación musical. Tras su fallecimiento, su madre decidió editarlas y acompañarlas con videoclips para publicarlas en internet. Además, compartió con Señales algunas fotos que se publican aquí.

Los videoclips, los títeres y una forma de atravesar el duelo
El proceso fue un desafío inesperado. Yanina recuerda que antes de todo esto era simplemente una madre que no tenía ningún conocimiento sobre edición, grabación ni producción audiovisual. Sin embargo, decidió aprender sobre la marcha para poder concretar ese proyecto.

La idea de los videoclips surgió a partir de una anécdota familiar. En medio del duelo, recordó historias y juegos que compartía con su hijo y de allí nació la propuesta de crear dos personajes: El Toto y La Traidora, dos títeres que se convirtieron en los protagonistas de los videos. Con ellos empezó a producir los clips que acompañan las canciones de Thomi.
Los videos, explica, son sencillos, inocentes y pensados para que cualquier persona pueda verlos, desde niños hasta adultos. Cada uno es, para ella, una forma de homenajear a su hijo. "Seguimos honrándolo", dice, convencida de que ese recuerdo permanente es también una manera de mantenerlo presente.

El proyecto todavía no está terminado. Aún queda un videoclip por publicar, correspondiente a una canción que Thomás había grabado junto a un cantante chileno. Además, existe otra composición que el adolescente escribió pero nunca llegó a grabar. La familia trabaja actualmente en la posibilidad de producirla.

Esa última canción tiene un significado especial. Según cuenta Yanina, fue la primera que su hijo escribió en el estilo que realmente quería desarrollar. Hasta ese momento, muchas de sus canciones eran pegadizas, pensadas para un público adolescente. Pero él también tenía interés en escribir letras más profundas.

Ese último tema nació de una experiencia personal: el impacto que le produjo mudarse a Rosario. Cuando llegó a la ciudad, una de las cosas que más lo impresionó fue ver pintadas en los barrios que recordaban a chicos asesinados por la violencia urbana. Ese fue el punto de partida de la letra, que habla de la búsqueda de justicia y de la corrupción policial en la ciudad. Para su madre, cuando esa canción finalmente se publique será probablemente la más movilizante de todas.

Escuchar las canciones de su hijo sigue siendo una experiencia intensa. Cada vez que suenan, dice Yanina, siente un orgullo enorme. Durante el duelo recibió todo tipo de comentarios: algunas personas le sugerían que dejara de publicar fotos o recordar a su hijo, bajo la idea de que debía "dejarlo descansar". Ella piensa exactamente lo contrario. Hablar de él y compartir su obra es, para ella, una manera de celebrar quién fue.

Lo recuerda como un chico de 17 años lleno de sueños. Estaba por comenzar la universidad y tenía una meta muy clara: quería convertirse en locutor de radio. Muchos de esos proyectos quedaron truncos, pero a través de la música ella siente que todavía puede acompañarlo.

Por eso insiste en invitar a la gente a escuchar sus canciones, seguir su canal en YouTube y sus redes sociales. Hoy es ella quien administra todas esas cuentas, tanto el perfil dedicado a la música de T‑Strike como el espacio donde difunde la causa judicial por su muerte.

Ese trabajo en redes también abrió otra puerta inesperada. Los dos títeres que protagonizan los videoclips —El Toto y La Traidora— comenzaron a aparecer en videos humorísticos y musicales en TikTok. Con el tiempo, esos personajes ganaron una popularidad que Yanina nunca imaginó.

Hoy la cuenta supera los cien mil seguidores. Curiosamente, el público que más disfruta de los videos no son los niños, como ella pensaba al principio, sino adultos de más de cuarenta años. Muchos les piden que interpreten canciones clásicas de artistas como Leo Dan, Leonardo Favio, Sandro o Palito Ortega. Ella responde a esos pedidos interpretando los temas con los títeres.

Ese proyecto, reconoce, fue una especie de salvavidas emocional en medio del duelo. Crear contenido con los muñecos y compartirlo en redes la ayudó a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. Por eso decidió incursionar en ese espacio: quería mostrar algo que le hacía bien, sin necesidad de contar allí toda la historia de su hijo.

La respuesta del público la sorprendió. Con el tiempo empezaron a llegar mensajes, regalos y propuestas de colaboración. Aunque mantiene separados los contenidos —por un lado el caso judicial de Thomás y por otro el universo lúdico de los títeres—, Yanina reconoce que ambos proyectos nacen del mismo lugar: la necesidad de seguir adelante sin dejar de recordar.

Una causa que sigue abierta
A medida que la conversación llegaba a su tramo final, la pregunta inevitable apareció en el estudio: cómo sigue la causa por la muerte de Thomás Octavo. Para Yanina Cáceres, la respuesta es tan concreta como incierta. El proceso judicial continúa, y después de un período de relativa quietud, vuelve a ponerse en marcha.

Según explicó, en los próximos días está prevista una nueva audiencia con el fiscal para definir cómo continuará el expediente. Ese encuentro marcará la reactivación formal de la causa después de meses de trámites y demoras. La familia, dice, espera conocer allí cuáles serán los próximos pasos del proceso.

En paralelo, el año pasado se inició la instancia civil del caso, aunque por el momento no produjo avances significativos. Por eso, durante este año intentarán impulsar nuevamente esa vía judicial, mientras continúa el proceso penal. El panorama, sin embargo, es complejo: la causa involucra a numerosos imputados y a una gran cantidad de testigos.

Entre quienes podrían declarar están los 52 estudiantes que integraban el contingente del viaje de egresados a San Carlos de Bariloche, además de sus familias y otras personas vinculadas a la organización del viaje. Ese volumen de testimonios anticipa un proceso largo. Yanina ya asumió que el camino judicial será extenso y que probablemente se prolongue durante años.

Aun así, mantiene la esperanza de que en el corto plazo la causa logre avanzar con mayor velocidad. Confía en que este año pueda producirse algún impulso significativo. Al mismo tiempo, es consciente de las dificultades. En más de una oportunidad ha dicho que siente que está enfrentando a un "monstruo", en referencia al peso económico y político que rodea al negocio del turismo estudiantil.

También expresa su desconfianza hacia las autoridades provinciales de Río Negro, a quienes acusa de no acompañar el caso. Sin embargo, insiste en que nada de eso cambiará su decisión de seguir adelante. La determinación, repite, es llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar cuánto tiempo lleve.

El desgaste emocional es enorme. Cada audiencia representa un momento particularmente difícil. Durante horas, los participantes del proceso repasan una y otra vez los detalles de la muerte de su hijo. Escuchar su nombre repetido constantemente es, para ella, como recibir una herida una y otra vez.

Aun así, decidió afrontar esas instancias sin pedir interrupciones. Incluso llegó a plantearlo directamente ante el juez: si durante una audiencia se quiebra y se pone a llorar, no quiere que el proceso se detenga. Sabe que cada suspensión puede significar uno o dos meses más de espera hasta retomar el trámite.

La mayoría de las audiencias se realizan por videoconferencia, una modalidad que obliga a permanecer frente a la cámara durante toda la sesión. No puede apagarla ni retirarse del cuadro, incluso cuando la emoción la supera. Pero para ella ese esfuerzo es parte del compromiso que asumió desde el primer día.

Memoria y justicia: el objetivo de seguir contando la historia
Mientras tanto, la difusión pública del caso sigue siendo una de sus principales herramientas. Cada entrevista, cada espacio en un medio de comunicación, representa una oportunidad para mantener viva la historia de Thomás y reclamar justicia.

Desde el estudio radial donde se desarrollaba la conversación, el periodista también señaló la responsabilidad política que, a su entender, deberían asumir las autoridades provinciales. Mencionó directamente al gobernador Alberto Weretilneck y planteó que casos como este merecen mayor atención institucional, no solo por el impacto humano sino también por las consecuencias que pueden tener sobre la imagen del turismo estudiantil.

El conductor también apuntó al peso económico del sector, que mueve millones de pesos cada año y en el que participan empresas, hoteles y agencias de distintas ciudades del país. 

Según planteó, esa red de intereses podría explicar por qué algunos medios locales no profundizan en este tipo de casos. Mencionó puntualmente al grupo Televisión Litoral y al Multimedios La Capital, y señaló que empresas vinculadas al turismo estudiantil —como Daminato Viajes, que posee hoteles y servicios para contingentes estudiantiles en Bariloche— mantienen relaciones comerciales dentro de ese ecosistema. En ese contexto, sugirió que esos vínculos podrían influir en el nivel de cobertura que reciben estas historias.

Más allá de esos debates, el cierre de la charla volvió al punto central: la búsqueda de justicia. Yanina asintió cuando el periodista expresó que el objetivo de difundir el caso era justamente amplificar la historia y aportar, aunque sea con un pequeño gesto, a que lo ocurrido no quede en silencio.

Para ella, ese es el verdadero sentido de seguir hablando de Thomás: transformar el dolor en memoria y en una lucha que, espera, sirva para evitar que otras familias atraviesen lo mismo. Porque, como repite cada vez que cuenta su historia, lo único que busca es justicia.

Escuchá la entrevista completa:

domingo, 15 de marzo de 2026

Odiocracia: el clima que empujó al exilio a una periodista en la Argentina de Milei

Dejó Argentina tras denunciar amenazas de los poderosos. En su último libro reflexiona sobre "la odiocracia", un sistema que "hace que las personas se culpen entre sí"
Por: Raquel Miralles
Luciana Peker (Argentina, 1973) es periodista y escritora. Ha desarrollado su carrera profesional dando voz a las mujeres y defendiendo los derechos de los colectivos más vulnerables en su país natal, pero en su último libro se desvía ligeramente de estos temas -aunque todo está relacionado- para poner el foco sobre otra cuestión que le interesa y le afecta: el odio.

Por ese sistema del odio, que ha bautizado como "la odiocracia", tuvo que salir de su país y pedir asilo en España, donde reside desde el año 2023, por amenazas relacionadas con su labor periodística.

Está en Valencia para dar una charla sobre la diversidad y la igualdad en el marco del deporte, invitada por la organización de los Gay Games que se celebrarán en la capital del Turia este verano.

Recibe a El Español para reflexionar sobre el odio, pero también sobre la masculinidad, el movimiento feminista y el avance de las ideas ultras en el mundo, especialmente en Argentina.

Afirma que "viene del futuro", que conoce de primera mano cómo afecta esta maquinaria de la hostilidad y el rencor en las personas, especialmente con los colectivos más vulnerables. Cuenta su experiencia para que pueda "servir como espejo" a España y que la ciudadanía "actúe antes de que sea demasiado tarde".

"Impera ahora un sistema de odio que pone como enemigos a las personas trans, a las mujeres y a la diversidad sexual", asegura. Insiste en la idea de que no se refiere a la derecha tradicional con la que "puedes coincidir o no, pero que sigue unas reglas claras".

Para hacer frente a esta hostilidad, aboga por la unidad y también un poco por el pragmatismo. "Hay que cuidarse", afirma y denuncia que las mujeres que alzan la voz, las que luchan de manera visible por la igualdad, sufren grandes campañas de desprestigio y de violencia que las lleva a la "autocensura".

"Las que discuten y las que hablan se quedan rotas y solas", subraya. Este es su caso. Y el de muchas otras. Por ello, lamenta que estamos en un momento de "desempoderamiento" y vaticina que los hombres están volviendo a ocupar todas las esferas públicas, con marcados liderazgos masculinos, tanto en la derecha, como en la izquierda.

"Está todo monopolizado por varones. Le llamo la machópolis y las mujeres tenemos que prevenirlo a tiempo", señala.

Sobre esta machópolis en la que el machismo es transversal y afecta a todo el arco parlamentario, como el caso Errejón en Sumar, el de Paco Salazar en el PSOE o el del alcalde de Móstoles del PP, asegura que "los varones ultras odian los avances de las mujeres, mientras que los de izquierdas, nos subestiman".

En esta línea, expresa su "sorpresa" de que todos estos casos sean posteriores a la ola feminista que se dio en los años 2017 y 2018.

En ese momento, según explica, se dio un cambio de escenario y el feminismo y la igualdad empezaron a formar parte del debate público y "la mayoría de casos que se destaparon de hombres de izquierdas en España son de varones que sabían lo que hacían y querían una revancha".

"Lo que yo veo es una reacción de los hombres que no soportan la interpelación de las mujeres. No soportaron escuchar a las mujeres", alega.
Acaba de publicar su último libro, La odiocracia. Al fondo a la derecha. ¿Qué es la odiocracia?
Es un sistema de odio que se expresa en el avance de ideas ultras. Quiero ser muy respetuosa con la pluralidad, porque no tiene que ver con un partido o el otro o la alternancia a la que estamos acostumbrados, pero sí con sistemas muy ultras.

Es un sistema que ya atenta contra la democracia como sistema político de convivencia y que genera confrontaciones sociales muy fuertes.

La odiocracia no se basa en que hay un poder que odia y que ejerce su odio contra algunas personas, sino en hacer que las personas se odien entre sí, se culpen entre sí y ejerzan ese odio. Todos terminamos siendo víctimas del odio de los demás, teniendo miedo e inhibiéndonos.

Es una sociedad que entiende la indignación y la rabia no como movilización para intentar reclamar una sociedad mejor, sino para desquitarnos con quién creemos que nos está quitando algo.

¿Por qué triunfa tanto el odio, especialmente entre los más jóvenes?
Creo que los chicos, entre la desorientación de la interpelación feminista y la falta de acceso a empleos, a viviendas, están agarrando esta idea del odio como una idea que les pertenece y que les da una motivación. Y es muy peligroso por el efecto social y porque también es algo que les va a perjudicar.

La sociedad incentiva a los varones a hacer cosas que son odiantes, pero a la vez les castiga por ello. Hay que intentar hacer todo lo posible para frenar este fenómeno y, en ese sentido, creo que el deporte puede tener una gran función contenedora.

¿Cómo se combate este sistema de odio que describe?
Es un enorme desafío. Hay que tener perspectiva histórica, tanto en los derechos de las mujeres, como de la diversidad sexual y ver que logramos muchísimas cosas en poco tiempo. Sin embargo, esto se está gestando y creando desde hace décadas y con mucha unidad entre los sectores ultras. En España está pasando algo más grave de lo que se nota.

No hay una fórmula mágica. En lo personal, cada una tiene que elegir las batallas cuando quiere y cuando puede. Hay que cuidar a las que hablan, hay que autocuidarse y hay que estar unidas, que parece una frase hecha, pero si nos quedamos solas y fragmentadas la tarea es imposible.

Estamos en un momento en que la sociedad está polarizada y esto afecta al movimiento feminista, que ha tenido en los últimos años fuertes debates, como el relativo a las mujeres trans. ¿Cuál es el futuro del feminismo?
No existe hoy un feminismo sin las personas trans, para mí no hay ni un margen de duda. Yo creo en una unidad que respete a los seres humanos por encima de todas las cosas y en una unidad que no es un lobby que defiende derechos específicos.

El feminismo hoy, y el 8 de marzo lo demuestra, es el único movimiento que tiene marchas multitudinarias en España, en México, en Argentina, en Francia, con gobiernos de un punto o del otro.

Es el único movimiento social internacional que hoy implica valores humanos y en un mundo que ya no tiene reglas, la esperanza es el potencial de ese movimiento. Es el único que disputa no solamente el fascismo, sino un mundo que ya no valora los derechos humanos y en el que ya no hay derecho internacional ni reglas democráticas.

Si hay gente que todavía piensa que la humanidad se puede salvar, somos las mujeres y las diversidades marchando juntas hacia un modelo mejor.
Exilio a España
A finales del año 2023, Peker tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, una decisión que todavía le pesa. Exiliarse de su país debido a una serie de amenazas de muerte y a un hostigamiento sistemático vinculado, según explica, a su defensa de los derechos de las mujeres en Argentina.

Los ataques se intensificaron por apoyar públicamente a la actriz argentina Thelma Fardin, que denunció al actor Juan Darthés por violación. También por una noticia en la que relacionaba que la liberación de las armas en su país podía aumentar el número de feminicidios.

Peker denunció que las amenazas provenían de una estructura organizada con presuntos vínculos con sectores políticos y militares. En la causa judicial, se detectó que algunas denuncias en su contra se iniciaron desde una dirección IP vinculada a la Fuerza Aérea.

"Quedó demostrado que hubo un grupo orquestado para hostigarme y amenazarme", subraya. En este punto, la escritora y activista lamenta la "impotencia de la justicia para detener los ataques digitales".

Peker, a través de su experiencia personal de exilio, advierte que España enfrenta ataques organizados contra la libertad de expresión y la diversidad. Considera que "ver lo que pasa en otros países y cómo avanzan los grupos violentos es bueno para actuar antes de que sea demasiado tarde".

"La inacción, la indiferencia o el silencio son pegarse un tiro en el pie", manifiesta.

En su caso, posicionarse y alzar la voz le ha pasado factura hasta el punto de tener que abandonar su país.

Fue y es muy difícil, pero al demostrarse esta orquestación que yo nunca me hubiera imaginado supe a lo que me enfrentaba. Consideré que para poder seguir escribiendo y seguir hablando con libertad no era posible hacerlo desde ese lugar de amenazas.

La violencia digital contra las mujeres cada vez es mayor, sin que parezca que llegue una solución.

Estoy completamente a favor de una mayor regulación y control de las redes sociales. Si no se regulan no habrá democracia.

Yo lo que hice fue poner una denuncia, pero ni la justicia ni las leyes están a la altura. De hecho, los tecnofeudalistas le están diciendo a Donald Trump que la Unión Europea no puede ni ponerles una multa porque si no amenaza con aranceles.

Esa locura en la que estamos es la que hace tener ansiedad a una mujer. Además, estas agresiones no están ligadas a la hombría clásica, que tenía privilegios, pero también obligaciones. Esto es solo odio.

¿Qué le parece la herramienta que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para medir el discurso de odio en las redes sociales?
En el último mes en España, y no es casual por los ataques de Elon Musk a Sánchez o a Montero. Hay una reacción de las periodistas y del gobierno para frenar los discursos de odio e intentar que la sociedad tenga una alarma y los intentos de hacer algo son buenos. Mejor hacer algo a no hacer nada, frente al autoritarismo se necesita autoridad.

De todas maneras, la herramienta no es para frenar el odio, sino que es para el diagnóstico. El diagnóstico de donde hay más odio ya lo sabemos, es decir, no es una medida contra el odio, sino para diagnosticar un odio que ya está diagnosticado.

Los diagnósticos pueden sumar puntos para el debate, pero decir que las redes transmiten odio no es suficiente. No es cierto que X sea mucho peor que Instagram, ni que sea tan fácil irse o que haya redes nuevas que reemplacen a las antiguas con otros modos. Es una medida simbólica, pero que se queda muy corta con lo que está pasando. Además, anunciar que se está haciendo algo puede generar impotencia; las acciones tienen que ser más profundas y concretas.

Está en Valencia en el marco de la celebración de los Gay Games. ¿La diversidad y la igualdad es todavía una asignatura pendiente en el deporte?
Creo que el deporte tiene algunas asignaturas pendientes y además importa mucho, porque si hay un mandato social es hacer deporte.

Cuando yo tenía 15 años iba a la cancha del Boca, que es el club más popular de Argentina, a la Barra Brava donde estaban los hombres más tradicionales, por decirlo así. Y era el lugar más seguro para las mujeres.

Esa hombría era violenta con los otros, de enfrentamiento y no la defiendo, pero sí que creo que esta sobrerreacción de odio actual no tiene que ver con la hombría tradicional, que tenía costos muy altos, pero también responsabilidades.

Lo que hay hoy es una simulación de hombría a la que lo único que le queda es el odio, pero sin responsabilidades. No es protectora, no es proveedora, es puramente odiante.
Fuente: El Español

sábado, 14 de marzo de 2026

Cristina Solano: Una vida dedicada a la salud mental y a los derechos humanos

El documental Cristina Solano: una apuesta por la salud mental como derecho humano se estrenó el sábado 14 de marzo en el Centro Cultural de las Madres de Plaza 25 de Mayo, en Rosario, acompañado de una charla y un debate con la propia protagonista. La película recorre la trayectoria de Solano, desde su trabajo con familiares de desaparecidos durante la dictadura hasta su acompañamiento a niños restituidos y veteranos de Malvinas, mostrando su compromiso con la salud mental inclusiva y los derechos humanos. En diálogo con Señales, la directora Magalí Besson destacó cómo el proyecto nació a partir de un cuento inédito de Silvia Bleichmar, que inspiró la película y permitió combinar testimonio, música y narrativa para hacer accesible y emotivo un relato sobre memoria, trauma y reparación social.

Magalí Besson nació en Rosario, en plena dictadura, y sus primeros años de escolaridad transcurrieron en La Integral de Fisherton, una escuela y comunidad que, según recuerda, le cambió la vida para siempre. Con el tiempo, su pasión por el psicoanálisis se entrelazó con el interés por la política, dos ejes que luego articularía en diversas militancias culturales y en el campo de la salud mental.

Se graduó como psicóloga en la Universidad Nacional de Rosario, hoy se desempeña como docente de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) Rosario y de espacios de formacion autónomos, al mismo tiempo que mantiene su práctica profesional independiente, aunque su labor central sigue siendo la de analista. Hace ocho años, mientras editaba su primer libro dedicado a la salud mental y a las prácticas situadas, se convirtió en madre, un hito que marcó tanto su vida personal como profesional.

El legado de una psicóloga pionera
En el marco de su trabajo documental, Besson decidió registrar la trayectoria de Cristina Solano, una figura emblemática de la psicología y el psicoanálisis en Rosario. Solano inició su vínculo con Aire Libre, Radio Comunitaria, a principios de los años 90, cuando, junto al doctor Norberto Liwski, integraba Defensa de Niñas y Niños Internacional – Sección Argentina, un organismo no gubernamental con estatus consultivo ante Naciones Unidas. Desde allí, la radio se nutrió de su experiencia en el trabajo con niñas y niños.

Cristina fue parte de los primeros "Talleres para niños víctimas de la dictadura", donde acompañó a algunos de los primeros nietos restituidos. Aquellos espacios de encuentro y elaboración sirvieron también como germen de la organización HIJOS, tema que la emisora documentó en el especial "30 años, 30 historias, 30 horas". Más adelante, Solano desarrolló un extenso trabajo como psicóloga e investigadora en el PAMI, focalizado en la salud de los veteranos de guerra de Malvinas a nivel nacional.

Memoria, derechos humanos y compromiso social
Su compromiso con la memoria y los derechos humanos se reflejó también en el vínculo estrecho que mantuvo con la Asociación Anahí y con la Casa Mariani–Teruggi de La Plata, declarada Monumento Histórico Nacional, participando en actividades conmemorativas como el cumpleaños de Clara Anahí Mariani, desaparecida durante la dictadura. En ese marco, dialogó en reiteradas ocasiones con su abuela, María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani, fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hasta su fallecimiento en 2018.

Besson describe a Solano como una psicóloga y psicoanalista graduada en la UNR durante los años 70, en plena dictadura, que simultaneó sus estudios con su práctica militante en el peronismo de base. Madre de dos hijos, Cristina ha dedicado su vida a la salud mental inclusiva y al trabajo con situaciones extremas, abordando algunos de los episodios más dramáticos que atravesó el país. Su experiencia incluye tanto talleres con niños víctimas directas del terrorismo de Estado como el acompañamiento a veteranos de Malvinas desde PAMI.

El recorrido de Solano es vasto y plural, pero mantiene un hilo conductor: trabajar con aquellos grupos que han sufrido traumatismos vinculados al sometimiento social y al horror. Su capacidad de transmitir ideas y sentimientos fue un motivo central para que Besson eligiera registrar su testimonio en un formato en el que se escucha casi exclusivamente a Solano, acompañado solo de breves intervenciones de otros, fragmentos musicales y fotografías. La sensibilidad y fuerza de su relato permiten que su historia se perciba no solo como un testimonio profesional, sino como un legado humano y emotivo.

El nacimiento del documental
El documental Cristina Solano: una apuesta por la salud mental como derecho humano nació de la emoción colectiva que generó el testimonio de la psicóloga y psicoanalista rosarina. Magalí Besson recuerda la sensación de alegría y conmoción que atravesó al grupo de hombres y mujeres que trabajaron en la realización del proyecto, y que finalmente pudo ser estrenado el sábado 14 de marzo a las 18 horas en el Centro Cultural de las Madres de Plaza 25 de Mayo, ubicado en el Palacio Fracassi, en la calle Corrientes casi esquina San Luis, en Rosario. La proyección se acompañó de una charla, un intercambio y un debate posterior, con la presencia de Cristina Solano, constituyendo un espacio único de encuentro entre el público y la protagonista del documental.

Besson relata que la idea de hacer la película surgió de un gesto de generosidad de Solano: le entregó un cuento inédito de la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar, un material que ya comenzaba a circular gracias al documental y que prometía encontrar un público más amplio. Este cuento, según Besson, se convirtió en el corazón del proyecto, pues no solo narraba una ficción, sino que estaba profundamente inspirado en la experiencia clínica de Solano con niños víctimas del terrorismo de Estado.

El valor del testimonio y la ética profesional
El relato de Besson contextualiza el cuento: se trataba de un trabajo que Solano había iniciado con Bleichmar a mediados de los años 80, alrededor de 1985 o 1986, en el marco de una supervisión clínica. Cristina se había comprometido a sostener tratamientos con chicos que habían sido objeto del robo y apropiación de sus identidades, y que se encontraban en el proceso de restitución a sus familias. Para asegurar la calidad y la ética de su intervención, decidió supervisar sus prácticas con Silvia Bleichmar, cuya experiencia con infancias víctimas del terrorismo de Estado en Argentina era ya reconocida. De ese encuentro surgió un material muy fecundo, y uno de sus efectos fue precisamente el cuento que Besson recibiría años más tarde. Este relato ficticio, llamado El medallón, tenía un enfoque crítico sobre las malas intervenciones y los malos tratos en contextos de vulnerabilidad extrema, un tema que Besson considera crucial para entender la responsabilidad ética en el trabajo con niños y niñas atravesados por la violencia política.

El encuentro que dio origen al documental fue casi casual: en un café, Cristina le entregó a Besson el cuento y le contó sobre su historia, su trabajo incansable y su recorrido profesional. Besson rememora cómo, en los años de la dictadura en Rosario, Solano ya acompañaba a familiares de víctimas, y cómo luego extendió su trabajo a los niños y niñas afectados tanto en Rosario como en Buenos Aires. La directora se preguntaba por qué este testimonio no había circulado antes y, al mismo tiempo, percibió la necesidad de "hacer justicia" con la historia de Solano, proponiéndole grabarla para preservar y transmitir algunos de los hitos fundamentales de su práctica en derechos humanos.
Escucha más allá de la palabra
El cuento de Bleichmar adquirió un lugar central dentro del documental, porque dialoga con el testimonio de Solano y contribuye a darle un tratamiento artístico a un material que, de otro modo, podría resultar demasiado duro para algunos espectadores. Besson señala que la combinación del cuento, la música y la manera de comunicar de Solano —quien también es actriz— permite que el relato sea accesible y digerible, sin perder la crudeza de las experiencias narradas. Destaca que, aunque el testimonio aborda episodios difíciles, está presentado de manera que el público puede mantener la escucha y la conexión afectiva con lo que Solano transmite.

Para Besson, uno de los logros más interesantes del documental es precisamente esa capacidad de sostener la conexión emocional mientras se enfrentan relatos sobre el horror de la dictadura. El testimonio de Cristina conmueve por la manera en que supo generar espacios de escucha y acompañamiento para los niños y niñas afectados, más allá de la palabra. Desde los años de la dictadura en Rosario, Solano, junto con un grupo de compañeras y compañeros, fue construyendo modos sutiles e innovadores de atención, que no solo sostenían a los niños y ofrecían presencia y compañía, sino que buscaban acompañar los efectos de los traumatismos ocasionados por el terrorismo de Estado. En muchos casos la palabra no era el principal vehículo de expresión para los niños; estos podían transmitir su sufrimiento a través de juegos, escenificaciones o materiales creativos.

Salud mental como derecho y construcción colectiva
Argentina, señala Besson, ha demostrado una capacidad excepcional de producir salud mental en contextos de trauma social, precisamente porque la historia de violencia y represión dejó marcas profundas en sus habitantes. Muchas de estas marcas no son fácilmente verbalizables ni narrables, sino que se inscriben en los cuerpos y en los psiquismos como impresiones, imágenes, ruidos y sensorialidades desconectadas de un relato convencional. El trabajo de Solano consiste en reconocer y acompañar estas marcas, ofreciendo herramientas para su simbolización y procesamiento, y mostrando cómo intervenir en situaciones de trauma extremo de manera ética y respetuosa.

El legado de Solano se manifiesta también en su apuesta por el trabajo colectivo y por la creación de espacios de pensamiento compartido. Su experiencia demuestra que, para enfrentar situaciones que buscan destruir la posibilidad de pensar y construir comunidad, es imprescindible sostener la confianza en el trabajo con otros. Mantener espacios de reflexión, cuidado y colaboración permite a los trabajadores de la salud mental ofrecer herramientas para elaborar y tramitar los efectos de traumas que buscan desarticular toda vida comunitaria. Besson subraya que este legado también implica una crítica a las soluciones rápidas y al eficientismo: muchas veces, los conflictos y traumas no pueden resolverse con velocidad, sino que requieren paciencia, ética y colaboración.

Talleres, encuentros y reparación emocional
En su testimonio, Solano recupera su experiencia de los años de dictadura, cuando acompañaba a familiares de desaparecidos y trabajaba posteriormente con niños restituidos a sus familias. Su relato enfatiza la creación de espacios de cuidado, reflexión y reparación para las infancias atravesadas por el terrorismo de Estado, así como la necesidad de un compromiso ético profundo de quienes ponen su práctica profesional al servicio de la defensa de la vida.

Los años de 1978 marcaron un hito en la trayectoria de Solano. En aquellos momentos, los familiares de los compañeros desaparecidos estaban organizados y enfrentaban situaciones de horror que demandaban acompañamiento profesional. Solano, junto con su colega Daniel Michelli, intervino directamente en espacios como la calle Ricardone y la calle Corrientes, ofreciendo apoyo a madres, abuelas y familiares de desaparecidos. Su trabajo fue, en muchos casos, casi clandestino, un modo de participar activamente en la lucha permanente de los militantes de los años 70, utilizando su formación profesional y las herramientas que el Estado le brindaba a través de la educación y la psicología.

Posteriormente, Abuelas de Plaza de Mayo convocó a Solano para continuar la labor terapéutica con los niños restituidos, y al mismo tiempo, ella comenzó a organizar espacios de reflexión, encuentros y talleres de acompañamiento en diversas regiones del país. Entre estos espacios se destaca el taller Avión Aves, que se desarrolló durante diez años con niños víctimas directas de la dictadura, buscando reparar y restablecer afectos, amor y valores fundamentales en las infancias marcadas por el horror del terrorismo de Estado.

Un legado vivo para futuras generaciones
Besson destaca que este enfoque muestra cómo la salud mental puede ser una herramienta para la defensa de la vida y la restitución de derechos, y cómo las prácticas de Solano se extendieron más allá de la clínica individual para convertirse en un compromiso social y comunitario. La atención no se limitaba a los síntomas visibles o a la narrativa verbal de los niños, sino que abordaba la totalidad de su experiencia: sensorialidades, juegos, imaginarios y emociones, integrando múltiples lenguajes de expresión. Esta ampliación del campo de la intervención clínica constituye un aporte histórico y pedagógico para la profesión, mostrando la importancia de adaptar los recursos a la singularidad de cada trauma y contexto.

El documental, por lo tanto, no solo registra un testimonio personal y profesional, sino que recupera un conjunto de estrategias, prácticas y aprendizajes que pueden servir como guía para quienes trabajan en salud mental. Frente a situaciones donde la violencia y la represión buscan anular la capacidad de pensar y crear comunidad, la experiencia de Solano demuestra que la perseverancia, la colaboración y la ética profesional son fundamentales.

La directora señala también la relevancia de que el documental sea accesible para un público amplio, no solo para especialistas. Gracias a la combinación de la narrativa de Solano, la musicalización y los elementos artísticos, el testimonio se hace digerible sin perder intensidad ni profundidad. La película permite que los espectadores comprendan el impacto del terrorismo de Estado en las infancias y en la memoria social, así como la importancia de la atención ética, sensible y comprometida.

Finalmente, Besson subraya que el documental busca que el material pueda ser compartido y utilizado con fines educativos y de reflexión. La historia de Solano, sus estrategias de intervención y su ética profesional se presentan como un insumo vivo para la construcción de comunidades más resilientes, sensibles y comprometidas con la salud mental y los derechos humanos.

En suma, el relato de Besson sobre Solano muestra cómo una profesional puede transformar el dolor en acción ética y colectiva, acompañar la restitución de infancias robadas y enseñar a futuras generaciones la importancia de sostener espacios de pensamiento, cuidado y creatividad frente a la violencia, el horror y la pérdida. Su historia evidencia que la atención psicológica puede ser, a la vez, acto de justicia, acto de amor y acto de construcción de comunidad, y que incluso en los contextos más devastadores, es posible abrir vías de reparación, memoria y esperanza.

Escuchá la entrevista completa:

jueves, 12 de marzo de 2026

"Oíd Mortales": el informe que denuncia una maquinaria de hostigamiento contra el periodismo en Argentina

Un documento elaborado por la organización Periodistas Argentinas sostiene que durante 2025 se desplegó un sistema de presiones, agresiones y campañas de hostigamiento contra trabajadores de prensa. El informe identifica cuatro mecanismos —violencia en coberturas, acoso judicial, ciberataques y censura— que, combinados, buscan disciplinar al periodismo y condicionar la agenda pública
A un año del ataque que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo durante una cobertura frente al Congreso, la organización Periodistas Argentinas difundió el informe "Oíd Mortales: cómo opera la maquinaria del silencio", un documento que analiza el deterioro de la libertad de prensa en la Argentina.

El trabajo sostiene que, desde el inicio de la actual gestión de Javier Milei, se consolidó un conjunto de prácticas destinadas a hostigar, disciplinar y desacreditar a periodistas, con el objetivo de debilitar la circulación de información crítica y reforzar la propaganda oficial.

Según el informe, los ataques no son episodios aislados sino parte de un sistema de presión articulado, que combina violencia en la calle, litigios judiciales, campañas coordinadas en redes sociales y medidas directas o indirectas de censura.

El informe "Oíd Mortales", publicado en marzo de 2026, analiza la situación de la libertad de prensa durante el primer año de gobierno de Javier Milei y documenta 278 agresiones a periodistas durante 2025, según datos del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA). A su vez, la Comisión Provincial por la Memoria registró 184 trabajadores de prensa heridos mientras cubrían protestas sociales.

El documento señala que el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno durante una movilización frente al Congreso en marzo de 2025, marcó un punto de inflexión en este escenario.
A partir de ese contexto, Periodistas Argentinas identifica una "maquinaria del silencio" que opera a través de cuatro mecanismos principales:
Agresiones durante coberturas informativas
El informe describe reiterados episodios de violencia contra periodistas que cubren protestas sociales: disparos de balas de goma, gases lacrimógenos, golpes, detenciones y obstáculos para registrar los hechos.

Acoso judicial
En los últimos tres años se registraron 44 querellas contra periodistas impulsadas por el Estado nacional, muchas de ellas por opiniones o informaciones difundidas en el marco del debate público. Aunque varias causas fueron desestimadas, el informe advierte que los procesos judiciales funcionan como mecanismo de presión y desgaste.

Ciberataques y campañas de hostigamiento digital
El documento describe la utilización de trolls, bots y campañas coordinadas en redes sociales para atacar a periodistas, difundir información falsa o amplificar acusaciones con el objetivo de desacreditarlos y expulsarlos del debate público.

Órdenes de censura y presiones sobre medios
El informe también registra casos de censura previa, restricciones informativas y presiones sobre empresas periodísticas para desplazar voces críticas, lo que genera un clima que favorece la autocensura.
Para ilustrar estos mecanismos, el trabajo reconstruye cuatro casos testigo: el ataque al fotógrafo Pablo Grillo; la demanda judicial contra la periodista Nancy Pazos y las presiones sobre su continuidad laboral; el hostigamiento digital y judicial contra Julia Mengolini; y los procesos judiciales y medidas de censura contra la periodista y documentalista Manuela Calvo.

El documento incluye además una extensa cronología de ataques y restricciones a la prensa entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026, que reúne episodios de violencia en coberturas, denuncias judiciales, campañas de hostigamiento digital, amenazas y limitaciones al acceso a la información pública.

Como conclusión, el informe advierte que la acumulación de estas prácticas genera un clima de intimidación que favorece el silenciamiento y la autocensura, y advierte sobre el impacto de ese escenario en el derecho de la sociedad a recibir información.
Foto: Leandro Teysseire, Diario PáginaI12

miércoles, 11 de marzo de 2026

RTS Medios amplía su alcance: ya se ve por TDA en Rosario y transmite sus noticieros en vivo por YouTube

RTS Medios, el canal público de la provincia de Santa Fe, amplió su presencia en nuevas plataformas con dos incorporaciones: el inicio de su transmisión en la Televisión Digital Abierta (TDA) en Rosario y su región, y la emisión en vivo de sus noticieros a través de YouTube. La iniciativa forma parte de una estrategia de convergencia digital orientada a ampliar el alcance de la señal pública santafesina.

La incorporación a la TDA se concretó en el canal 32.2 y fue resultado de un trabajo institucional con la empresa estatal ARSAT, responsable de la infraestructura de televisión digital abierta en el país. De esta manera, la programación de RTS Medios puede recibirse de forma gratuita mediante antena digital en la ciudad de Rosario y localidades cercanas.

En la ciudad de Santa Fe y su área de influencia, el canal ya se emite a través de la señal 29.1 de la TDA, por lo que su llegada a Rosario amplía la cobertura territorial de la emisora pública provincial.

En paralelo, desde el lunes 9 de marzo los tres envíos informativos diarios comenzaron a transmitirse en vivo y en simultáneo a través de la cuenta oficial de YouTube de RTS Medios, lo que permite seguir la programación desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Los noticieros que se emiten en la plataforma digital son Primera edición, de 7 a 9; Edición mediodía, de 12 a 14; y Edición central, de 19 a 20. Con esta incorporación, la señal suma una nueva vía de acceso para sus contenidos informativos y amplía su presencia en distintas pantallas.
Fuente: RTS Medios

domingo, 8 de marzo de 2026

Martín Lucero: el dirigente que desafía el relato educativo del gobierno de Santa Fe

El abogado y dirigente gremial Martín Miguel Lucero lleva varios años al frente de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el gremio que representa a los docentes de establecimientos educativos privados. Desde ese lugar participa de negociaciones paritarias, debates sobre políticas educativas y acciones gremiales orientadas a la defensa de los derechos laborales del sector. Su presencia también se extiende al plano sindical más amplio: integra la conducción de la Confederación General del Trabajo Rosario como secretario adjunto, una posición desde la cual busca fortalecer la representación del sector docente dentro de la central obrera.

Un dirigente en el centro del conflicto educativo
Lucero ha sido reelecto en distintas oportunidades con un respaldo amplio de los afiliados y se ha consolidado como una de las voces más visibles del gremialismo docente en la región. A lo largo de su trayectoria intervino activamente en discusiones sobre salarios, condiciones laborales y el rumbo de la educación. Además de su actividad sindical, es abogado y cuenta con formación académica específica: es especialista en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Gestión Educativa por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Fuera de la arena gremial, se define como hincha canalla y recuerda con orgullo su paso por la presidencia del club Logaritmo. En diálogo con Señales, analizó el estado de la educación en Santa Fe y las políticas del gobierno provincial.

La relación tensa entre el gobierno y la docencia
Para Lucero, la tensión entre el gobierno y el sector docente no puede entenderse sin observar la mirada que la actual administración tiene sobre el Estado. A su juicio, existe una concepción profundamente economicista que condiciona las decisiones políticas. En ese marco, explica que el sistema educativo implica uno de los mayores gastos del presupuesto provincial debido a la cantidad de trabajadores que involucra. Esa dimensión económica, sostiene, termina convirtiendo a maestras, maestros, profesoras y profesores en el primer objetivo de las políticas de ajuste.

El dirigente también vincula la dureza oficial frente al reclamo docente con el posicionamiento que el gobernador Maximiliano Pullaro adoptó al inicio de su gestión. Recuerda que desde el comienzo hubo una fuerte intención de evitar paros docentes, lo que derivó —según su mirada— en una especie de sobreactuación política. A ese factor se suma otra convicción presente en muchos gobiernos: la idea de que los sindicatos no representan verdaderamente a sus bases. Esa combinación, plantea, terminó endureciendo el vínculo entre la administración provincial y el sector educativo. Pero también generó un problema político para el propio gobernador: después de haber fijado una postura tan rígida, retroceder resulta cada vez más difícil.

En ese contexto, Lucero percibe un creciente malestar en la base docente. Durante años —dice— la docencia protestó prácticamente en soledad. Sin embargo, otros conflictos recientes dentro del Estado provincial comenzaron a modificar esa percepción. El reclamo policial, por ejemplo, sirvió para mostrar que el descontento no es exclusivo del ámbito educativo. Esa sensación se reflejó en las manifestaciones que se multiplicaron en los días previos al paro docente, con concentraciones en plazas y espacios públicos de distintas ciudades de la provincia.

El dirigente observa con preocupación que, mientras el gobierno impulsa mecanismos de control sobre la tarea docente, el sistema educativo enfrenta desafíos estructurales mucho más profundos. Entre ellos menciona el impacto demográfico que se proyecta para los próximos años, con estimaciones que anticipan una caída de la matrícula que podría alcanzar el 25% hacia 2030. Desde su perspectiva, el problema central es que la discusión pública se concentra en la disciplina o el control del trabajo docente en lugar de abordar el futuro del sistema educativo.
Un sistema educativo sin rumbo
Esa crítica se apoya en una convicción más amplia: para Lucero, el gobierno provincial llegó al poder sin un plan educativo. "Van a los volantazos", resume. Como ejemplo menciona el plan de alfabetización anunciado en los primeros meses de la gestión de Pullaro. Según explica, el programa fue presentado públicamente mucho antes de que existiera un convenio formal para implementarlo. Ese acuerdo, firmado con la Asociación Civil Propuesta Dale!, terminó implicando un gasto cercano a los 1.700 millones de pesos. Para el dirigente sindical, ese desfasaje revela la ausencia de planificación previa.

La falta de diagnóstico es, en su opinión, uno de los principales problemas. Lucero sostiene que la actual gestión ingresó al gobierno sin datos precisos sobre el sistema educativo y que esa carencia todavía no fue subsanada. Sin información clara sobre la realidad de las escuelas, las condiciones laborales o las tendencias demográficas, argumenta, resulta imposible diseñar políticas públicas consistentes. Por eso, dice, muchos debates directamente no se dan: el gobierno evita discutir porque no cuenta con argumentos sólidos sobre la política educativa.

En su diagnóstico, además, existe una distancia cultural entre quienes conducen hoy la provincia y el sistema educativo. Lucero considera que buena parte de los funcionarios no proviene del ámbito educativo ni conoce en profundidad sus particularidades. Esa falta de familiaridad con el funcionamiento del sistema conduce, según explica, a respuestas simplificadas y a lugares comunes. Desde esa lógica, afirma, se intenta "enderezar a los gritos" un sistema que en realidad es complejo, diverso y con dinámicas propias.

La discusión sobre las prioridades del gasto público también aparece como un punto de conflicto. En la apertura de sesiones legislativas, Pullaro anunció inversiones de magnitud similar tanto para infraestructura escolar como para la construcción de cárceles. Ese dato generó críticas desde distintos sectores, que sostienen que un mayor esfuerzo en educación podría reducir, a largo plazo, la necesidad de ampliar el sistema penitenciario.

La seguridad y el marketing político
Lucero interpreta esa señal política dentro de una estrategia más amplia del gobierno. A su entender, la gestión provincial ha organizado gran parte de su discurso alrededor del tema de la seguridad. Desde esa perspectiva, muchos debates públicos son desplazados hacia ese terreno. En ese marco, observa un cambio simbólico: mientras en otras épocas la construcción de escuelas era celebrada socialmente como un logro, hoy se intenta generar el mismo entusiasmo alrededor de nuevas cárceles.

El dirigente menciona incluso la decisión oficial de poner nombres a algunas de esas unidades penitenciarias, como "El Infierno", algo que interpreta como parte de una lógica de marketing político. Más allá de ese gesto, advierte que el problema de fondo es la ausencia de una mirada integral sobre las políticas públicas.

Lucero evita caer en una simplificación directa —no afirma que más escuelas impliquen automáticamente menos cárceles—, pero insiste en que el Estado necesita políticas consistentes en varios frentes al mismo tiempo. Educación, salud, trabajo y seguridad deberían formar parte de una estrategia articulada. Sólo a partir de ese enfoque integral, sostiene, es posible mejorar las condiciones de vida de la población.

En su evaluación, el dirigente considera que buena parte de las críticas al discurso del gobernador se explican por la distancia entre las consignas oficiales y la experiencia cotidiana de la gente. A su juicio, la gestión provincial ha producido numerosos eslóganes pero pocas respuestas concretas a los problemas diarios. Y advierte que, si bien la reducción de la violencia o la delincuencia es un objetivo importante, no alcanza por sí sola. Para enfrentar los desafíos de la provincia, concluye, se necesitan políticas mucho más profundas, discusiones más amplias y un gobierno dispuesto a dar esa pelea.

Cuando intenta identificar logros concretos de la actual gestión en materia educativa, Lucero admite que no encuentra respuestas claras. Si tuviera que señalar cuál ha sido el principal avance del gobierno provincial en esta área, dice que le resultaría difícil mencionar alguno. Desde su perspectiva, no se perciben transformaciones significativas ni avances de fondo.

En cambio, lo que observa son políticas que retoman iniciativas de gestiones anteriores o modificaciones menores sobre programas que ya existían. Incluso menciona que durante los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social se desarrollaron políticas educativas que, a su juicio, resultaban valiosas y que hoy fueron discontinuadas, aun cuando algunos de los actuales funcionarios participaron en aquellas administraciones. Esa decisión, sostiene, debilita aún más la continuidad de las políticas públicas.

A partir de ese panorama, el dirigente sindical no duda en utilizar una palabra fuerte para describir el estado actual del sistema educativo: mediocridad.
El paro docente y la disputa por los números
El conflicto docente y el paro que acompañó el inicio de clases también forman parte de su análisis. Mientras el gobierno provincial aseguró que el ciclo lectivo comenzó con normalidad, Lucero sostiene que la realidad fue distinta. Anticipando que habría una lectura oficial basada en datos que, según afirma, suelen manipularse a partir de declaraciones juradas, desde el gremio decidieron realizar un relevamiento propio, escuela por escuela, para conocer qué había sucedido realmente en el primer día de clases.

El resultado del relevamiento arrojó un dato que, en apariencia, coincidía con el discurso oficial: el 92% de los colegios había abierto sus puertas. Pero el dirigente aclara que ese número no describe lo que ocurrió dentro de las instituciones.

Cuando el sindicato preguntó específicamente si las clases se habían desarrollado con normalidad, el panorama cambió de manera significativa. Sólo el 43% de los establecimientos tuvo una jornada de clases normal. En otras palabras, cerca del 60% de las escuelas no funcionó con normalidad.

Las situaciones fueron diversas. En algunos casos se dictaron clases únicamente en determinados cursos; en otros, las instituciones realizaron actividades simbólicas de inicio del ciclo lectivo en lugar de clases regulares. También hubo escuelas en las que los docentes se presentaron a trabajar, pero la propia institución decidió suspender actividades como parte de una modalidad de protesta impulsada por el gremio.

En términos generales, explica Lucero, el 57% de las escuelas tuvo algún tipo de alteración en su funcionamiento habitual, lo que contradice la afirmación oficial de que el inicio de clases fue completamente normal.

El inicio de clases y la disputa por el relato
El sindicato también indagó en un detalle que, dentro del sistema educativo, tiene un fuerte valor simbólico: el acto de apertura del ciclo lectivo. Para quienes forman parte de la vida escolar —explica el dirigente— ese momento marca realmente el comienzo de las clases. Es el acto en el que se convoca a las familias, se da la bienvenida a los estudiantes que comienzan una nueva etapa y se despide a quienes transitan su último año en cada nivel.

A partir de ese criterio, el relevamiento incluyó una pregunta directa: cuándo se había realizado ese acto en cada institución. El resultado dejó, según Lucero, un dato llamativo. En aproximadamente la mitad de las escuelas el acto de inicio del ciclo lectivo no se realizó el día fijado oficialmente por el gobierno provincial, sino al día siguiente.

Eso significa que, en la práctica, en esas instituciones las clases comenzaron el 3 de marzo y no el 2, como sostenía el discurso oficial. Para el dirigente, ese dato muestra con claridad la distancia entre la narrativa del gobierno y lo que efectivamente ocurrió en las escuelas.

El paro docente también tuvo un nivel de adhesión significativo dentro del sector privado representado por el sindicato. Según las estimaciones preliminares del gremio —que aún estaban terminando de depurar datos vinculados con turnos y modalidades— la medida de fuerza tuvo un acatamiento de entre el 50 y el 60% en los siete departamentos donde SADOP tiene representación.

Lucero interpreta ese porcentaje como una señal contundente. A su juicio, se trató del paro más fuerte que enfrentó hasta ahora la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en el ámbito educativo. Recuerda que otras medidas de fuerza anteriores habían tenido más dificultades para alcanzar altos niveles de adhesión, mientras que esta convocatoria logró una respuesta más extendida.

El impacto del conflicto no se reflejó únicamente en el funcionamiento de las escuelas. El dirigente también destaca la movilización que se realizó en la ciudad de Santa Fe, donde confluyeron trabajadores de distintos sectores del empleo público. Según su evaluación, fue la movilización más grande protagonizada por empleados estatales desde el inicio de la actual gestión provincial.

Para Lucero, esa demostración de fuerza explica en parte la reacción del gobierno. Interpreta que la magnitud de la protesta generó incomodidad en las autoridades, que intentaron minimizar su impacto. Sin embargo, desde su mirada, el paro funcionó como un fuerte llamado de atención para la administración provincial.

Ese escenario, concluye, también ayuda a entender el tono de algunas respuestas oficiales posteriores al conflicto. El dirigente percibe en las declaraciones de funcionarios un nivel de reacción y agresividad que, a su juicio, refleja la preocupación que generó dentro del gobierno la contundencia de la protesta docente.
Declaraciones juradas y presentismo: las políticas en debate
En el conflicto docente de Santa Fe, uno de los puntos más cuestionados por el gremio es el mecanismo de declaraciones juradas que el Ministerio de Educación de Santa Fe exige completar a los docentes para evitar descuentos salariales durante las medidas de fuerza. Para Martín Miguel Lucero, ese sistema no sólo es problemático desde el punto de vista administrativo, sino que además distorsiona la lectura real del conflicto.

El dirigente de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados sostiene que la lógica misma de la declaración jurada resulta inapropiada para este tipo de situaciones. Según explica, ese tipo de instrumento tiene sentido cuando se utiliza para acreditar datos objetivos —por ejemplo, declarar que no existe superposición de cargos o que una persona no trabaja en dos lugares al mismo tiempo—. Sin embargo, considera que exigir una declaración jurada sobre una decisión personal, como adherir o no a un paro, implica una naturalización de una práctica que obliga a los trabajadores a pronunciarse sobre algo que forma parte de su derecho individual.

Para ilustrar la situación, Lucero recurre a comparaciones deliberadamente exageradas. Sostiene que pedir a un docente que declare anticipadamente si hará paro sería tan absurdo como exigirle una declaración jurada asegurando que no se enfermará o que no respirará. En su visión, la medida resulta aún más llamativa en el ámbito de la educación privada: imagina el escenario hipotético de que el Estado exigiera a cualquier trabajador del sector privado —de un banco, un comercio o un taller mecánico— que jure por adelantado si participará o no de una medida de fuerza.

A su juicio, se trata de una práctica excepcional que sólo se aplica en la provincia de Santa Fe y que termina alterando el sentido mismo del derecho a huelga. Lucero interpreta que el objetivo de este mecanismo no es obtener un dato estadístico confiable, sino construir un relato público favorable al gobierno.

Según su análisis, el sistema permite inflar números a partir de la cantidad de declaraciones juradas completadas. De esa manera, el dato que se difunde posteriormente no es cuántos docentes hicieron paro, sino cuántos completaron el formulario. Para el dirigente sindical, esa diferencia es clave: el mecanismo estaría pensado más para producir un titular de diario o una gacetilla de prensa que para reflejar un indicador objetivo sobre la adhesión a la medida de fuerza.

También sostiene que el carácter anticipado de la declaración busca desalentar la participación en el paro. En algunos momentos —admite— esa estrategia pudo haber tenido cierto efecto disuasorio, pero considera que con el tiempo perdió eficacia. En la actualidad, afirma, ese mecanismo habría fracasado en su intento de reducir la adhesión a las medidas de fuerza.

Otra de las críticas del gremio se centra en el universo de trabajadores que son convocados a completar la declaración jurada. Lucero explica que el formulario se envía de manera generalizada, sin distinguir situaciones particulares. Eso incluye docentes que se encuentran con licencias médicas, personas que están trabajando en el propio ministerio, docentes que ese día no tienen clases asignadas o profesores que comienzan su actividad en días distintos de la semana.

Al incorporar a todos esos casos dentro del mismo registro, sostiene, el número final se vuelve engañoso. El dato surge de un universo mucho más amplio que el de los docentes que realmente podrían adherir a un paro ese día. En otras palabras, la estadística queda "viciada" desde el origen porque incluye personas que, aun queriendo, no podrían participar de la medida de fuerza. Lucero lo resume con un ejemplo extremo: una persona internada en un hospital no puede hacer paro, pero igualmente se le exige completar una declaración jurada.
Ausentismo, presentismo y estadísticas en discusión
Desde su mirada, todo el mecanismo responde a una lógica comunicacional orientada a influir en la opinión pública. El dirigente sostiene que detrás de la medida hay una estrategia para instalar la idea de un enfrentamiento entre la sociedad y la docencia, o entre la ciudadanía y los sindicatos. En ese marco, los números difundidos al día siguiente del paro funcionarían como parte de esa narrativa.

Lucero afirma que, si el gobierno realmente quisiera medir cuántos docentes adhieren a una medida de fuerza, el procedimiento sería mucho más simple. El propio Estado dispone de herramientas administrativas suficientes para verificar, al día siguiente, cuántos trabajadores faltaron efectivamente a sus puestos. Sin embargo, ese dato —según señala— nunca se difunde públicamente.

La discusión sobre las estadísticas también aparece cuando se aborda otro tema recurrente en el debate educativo: el ausentismo docente. El dirigente sindical reconoce que se trata de un asunto real dentro del sistema educativo, pero cuestiona la forma en que el gobierno lo presenta públicamente.

Recuerda que el gremio comenzó a plantear este debate cuando la administración provincial impulsó el sistema de presentismo, una política salarial que premia la asistencia. Desde el sindicato advirtieron entonces que esa medida no resolvería el problema del ausentismo, porque muchas de las ausencias responden a causas legítimas: enfermedades o situaciones administrativas previstas en la normativa.

Lucero subraya que, en muchos casos, lo que el Estado contabiliza como ausencias en realidad corresponde a situaciones normales dentro del funcionamiento del sistema. Por ejemplo, docentes que son relevados temporalmente para trabajar en el propio Ministerio de Educación, o maestros que asumen cargos de mayor jerarquía mientras otros ocupan su lugar en el aula. En esos casos —explica— ambas personas están trabajando, aunque las estadísticas puedan registrarlo como una ausencia en la escuela.

Durante ese debate, el gremio solicitó reiteradamente conocer datos precisos: cuál era el nivel real de inasistencias antes de la implementación del presentismo y cuál era el porcentaje posterior, para evaluar si la medida había tenido algún efecto concreto. Según Lucero, esa información nunca fue publicada.

En un primer momento —recuerda— desde el gobierno se mencionó una cifra cercana al 33%, pero ese número, sostiene, respondía a cálculos presupuestarios vinculados con el gasto del Estado y no a un indicador real de ausentismo. A pesar de que la cifra fue repetida públicamente por el ministro de Educación José Goity y por el ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia, el origen metodológico de ese porcentaje nunca fue aclarado.

Lucero afirma que en algún momento sí existió un sistema informático que permitía consultar datos concretos sobre el ausentismo en cada escuela y en el sistema educativo en general. A partir de esa herramienta, el sindicato habría detectado que el porcentaje de ausencias por enfermedad era del 12,57%. Sin embargo —asegura— ese acceso posteriormente fue eliminado del sistema.

Para el dirigente, esa falta de transparencia no es casual. Considera que el ocultamiento de datos forma parte de una estrategia destinada a sostener un relato político. Si el gobierno publicara cifras reales sobre el ausentismo docente, argumenta, quedaría en evidencia que el problema no tenía la magnitud que se instaló públicamente.

En su interpretación, el sistema de presentismo no fue diseñado para resolver abusos ni para corregir irregularidades, sino como una herramienta de ajuste salarial. Dado que ese adicional no lo perciben todos los trabajadores, funciona —según sostiene— como una forma de aumentar el salario únicamente a una parte del personal docente.

Lucero señala además que existen situaciones particularmente sensibles que quedan excluidas de ese beneficio: docentes embarazadas, trabajadores con enfermedades graves, personas con hijos internados o docentes que sufrieron accidentes laborales y deben tomar licencias médicas. En todos esos casos, explica, el presentismo no se paga.

Desde su punto de vista, si el Ministerio de Educación difundiera con claridad los datos reales sobre ausentismo y sobre el funcionamiento del presentismo, esa política quedaría seriamente cuestionada. Por eso, concluye, la información nunca se publica con precisión: porque revelar esos números implicaría desmontar uno de los pilares discursivos de la actual gestión provincial.

Plan Banderas
En Rosario, la aparición de nuevas amenazas frente a escuelas vuelve a instalar una preocupación que en los últimos años atravesó al sistema educativo de la región. La colocación de una bandera intimidatoria frente a un establecimiento de la zona sur reavivó el debate sobre cómo debe actuar el Estado cuando la violencia vinculada al narcotráfico o al delito alcanza directamente a las instituciones educativas.

Para Lucero, el problema es más amplio de lo que suele aparecer en la agenda pública. Según advierte, los casos de escuelas baleadas o amenazadas son numerosos y muchos de ellos no llegan a tener visibilidad mediática. Recuerda, por ejemplo, que durante el año pasado se registraron varios episodios de ese tipo en Villa Gobernador Gálvez, aunque pocos trascendieron más allá del ámbito local.

El dirigente sindical sostiene que la respuesta oficial frente a estos hechos es preocupante. En su evaluación, el gobierno provincial adopta una actitud que consiste en minimizar o negar el problema. "Siga, siga, que no pasa nada", resume como la lógica que, según afirma, predomina cuando se producen amenazas o episodios de violencia contra instituciones educativas.

Esa postura —explica— se traduce en una directiva clara hacia las escuelas: evitar el cierre de los establecimientos y continuar con las actividades educativas como si nada hubiera ocurrido. Para Lucero, esa reacción resulta particularmente peligrosa porque implica intentar ocultar o tapar los hechos en lugar de abordarlos abiertamente.

El dirigente plantea una preocupación de fondo: si la estrategia consiste en negar el problema, existe el riesgo de que se continúe ignorando la situación hasta que ocurra un hecho de mayor gravedad. Aunque aclara que no desea alimentar escenarios alarmistas ni especular con tragedias, considera que la responsabilidad del Estado es reconocer el problema y actuar con prudencia frente a situaciones que involucran amenazas directas.

A su juicio, la actitud del gobierno responde a la necesidad de sostener un relato político centrado en la idea de que los niveles de violencia han disminuido. En ese marco, afirma, admitir públicamente episodios de amenazas contra escuelas podría contradecir esa narrativa.

Lucero utiliza una metáfora para describir la situación: como si el gobierno arrojara una moneda al aire. Si los hechos no derivan en consecuencias graves, el discurso oficial se mantiene intacto; si ocurre un episodio serio, entonces habrá que lamentar algo que nadie desea imaginar. Por eso insiste en que la negación del problema resulta irresponsable.

En su relato, los signos de esa violencia siguen apareciendo dentro del sistema educativo: banderas intimidatorias, balas encontradas en las puertas de las escuelas o mensajes amenazantes dirigidos a la comunidad educativa. Aun así —asegura— en muchos casos la indicación del Ministerio de Educación es continuar con la actividad escolar con normalidad.

Para el dirigente sindical, esa decisión refleja una prioridad política: evitar que la situación afecte el relato oficial sobre la seguridad en la provincia, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El problema, advierte, es que cuando la respuesta institucional frente a un hecho de violencia consiste simplemente en afirmar que "no pasa nada", el sistema educativo queda en una situación de vulnerabilidad.
Entre la tradición pedagógica pública y un programa enlatado de empresas privadas
Otro eje de crítica del sindicato se vincula con el plan de alfabetización impulsado por el gobierno provincial. Desde SADOP cuestionaron la decisión de destinar alrededor de 1.700 millones de pesos al programa RAÍZ a través de convenios con organizaciones privadas.

Lucero explica que la inquietud del gremio comenzó cuando intentaron conocer el origen de la Asociación Civil Propuesta Dale!, la organización encargada de implementar el programa de alfabetización en la provincia. Según relata, les llamó la atención que una provincia con una larga tradición pedagógica optara por contratar a una organización externa para diseñar e implementar una política educativa de esa magnitud.

En ese sentido, el dirigente recuerda la herencia pedagógica de Santa Fe, marcada por figuras como Olga Cossettini, Leticia Cossettini, Rosita Ziperovich y Ovide Menin, entre muchos otros referentes del pensamiento educativo. En una provincia con esa tradición —plantea— resulta llamativo recurrir a una ONG que no tiene raíces en el sistema educativo local.

A partir de las investigaciones del sindicato, señala, se encontraron con que la organización ya había comercializado el mismo programa educativo en otras provincias del país. Además, detectaron que la iniciativa estaba financiada por la Fundación Natura y que el desarrollo del programa en Santa Fe se articulaba también con la Fundación Pérez Companc.

Para el dirigente, la decisión resulta todavía más cuestionable si se considera el contexto nacional de debate sobre la educación pública. En la provincia —recuerda— existen cinco universidades nacionales y numerosos institutos superiores con especialistas capaces de desarrollar políticas educativas propias.

A pesar de esa capacidad instalada, el gobierno optó por contratar de manera directa a una organización externa. Lucero subraya que no hubo un proceso de licitación ni un concurso que permitiera presentar propuestas alternativas. En cambio, se firmó un convenio directo para implementar el programa.

Cuando el sindicato finalmente accedió a los datos sobre el costo del plan, la cifra reforzó sus cuestionamientos. El convenio implicó una inversión inicial cercana a los 1.700 millones de pesos, correspondiente a los primeros dos años de implementación. Según las estimaciones del gremio, el monto total podría alcanzar alrededor de 2.500 millones de pesos hacia el final del año.

Lucero considera que se trata de una suma muy elevada, especialmente en un contexto económico que el propio gobierno describe como restrictivo. Pero su crítica no se limita al aspecto presupuestario. También cuestiona el contenido pedagógico del programa.

Desde su perspectiva, el plan de alfabetización responde a modelos educativos antiguos, basados en enfoques que considera superados. Además —afirma— al tratarse de un programa diseñado para aplicarse en distintas provincias, carece de adaptación a las particularidades culturales, sociales y pedagógicas de cada región.

Ese carácter "enlatado", como lo define, obliga al programa a mantener una estructura suficientemente general como para implementarse tanto en Santa Fe como en Jujuy o en la Patagonia, lo que en su opinión impide reconocer las realidades locales y la historia educativa propia de cada territorio.

El dirigente también cuestiona la falta de transparencia con la que, según afirma, se manejó la información sobre el convenio. Explica que el sindicato debió insistir durante más de 18 meses para obtener los datos completos del acuerdo. Durante ese período realizaron múltiples presentaciones administrativas y finalmente iniciaron una demanda judicial contra la provincia para acceder a la documentación.

Para Lucero, el hecho de que haya sido necesario recurrir a la Justicia para conocer los detalles del programa es, en sí mismo, un indicio de que el proceso no fue transparente. Por eso, concluye, la crítica principal del sindicato no se limita al monto invertido, sino que apunta también a la decisión de contratar de manera directa a una ONG externa en una provincia que, a su juicio, cuenta con suficientes especialistas y tradición pedagógica para diseñar sus propias políticas educativas.

Denuncian campañas digitales contra docentes financiadas desde el Estado
Desde la llegada del actual gobierno provincial, el dirigente gremial asegura que se instaló una fuerte campaña contra los docentes y las organizaciones sindicales. Según plantea, esa ofensiva ya no se limita únicamente a declaraciones de las máximas autoridades políticas, sino que se trasladó con intensidad al terreno de las redes sociales.

En ese contexto, sostiene que existen estructuras digitales organizadas que operan de manera coordinada para difundir mensajes contra los gremios y algunos de sus dirigentes. Para Lucero, no se trata de acciones aisladas ni de usuarios individuales.

El secretario general de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados afirma estar convencido de que estas campañas cuentan con financiamiento estatal.

"Nosotros estamos seguros de que la campaña contra los sindicatos y contra algunos dirigentes está financiada por el Estado", sostiene. A su entender, el volumen y la coordinación de las publicaciones en redes sociales no podrían sostenerse sin recursos importantes detrás.

Según explica, el despliegue incluye avisos pagos, difusión sistemática de contenidos y una presencia simultánea en distintas plataformas. "No hay forma de que una estructura que no sea el Estado financie este nivel de amplitud en redes sociales", asegura.

Lucero afirma que detrás de estas estrategias suelen intervenir empresas privadas especializadas en comunicación digital y manejo de redes. En su descripción, no se trata simplemente de usuarios anónimos que crean cuentas falsas desde sus casas para difamar a dirigentes.

"Esto no es una persona que armó una cuenta trucha para atacar a alguien. Son empresas privadas nacionales que se dedican a esto", afirma.

El dirigente incluso vincula ese tipo de estrategias con sectores cercanos a la conducción política del gobierno provincial de Santa Fe, a los que atribuye antecedentes en la organización de campañas digitales agresivas, incluyendo el uso de cuentas coordinadas o "granjas de trolls".

Para Lucero, este tipo de prácticas resultan incompatibles con el funcionamiento democrático. "Nos parece una aberración en tiempos de democracia", señala, al tiempo que insiste en que existen funcionarios públicos que, según su visión, aportan recursos económicos para financiar esas campañas.

El dirigente sostiene que durante el conflicto docente reciente se pudo observar con claridad ese funcionamiento. Según relata, al comienzo aparecieron cuentas vinculadas al ámbito local de la provincia, pero durante el paro la difusión se amplió a perfiles y portales de alcance nacional.

Entre ellos menciona cuentas como La Derecha Diario, que cuentan con cientos de miles de seguidores y que, según su versión, difundieron información falsa sobre lo ocurrido durante la medida de fuerza en Santa Fe.

Para el dirigente sindical, este tipo de intervenciones generan una situación de fuerte desigualdad en el debate público.

"Uno deja de ser, más allá de la responsabilidad que tenga en una organización social, un ciudadano común frente a todo el aparato del Estado", afirma. En ese escenario, concluye, enfrentar campañas de ese tipo resulta muy difícil porque se trata de estructuras con recursos y capacidad de amplificación mucho mayores.

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