domingo, 25 de enero de 2026

Bomberos Voluntarios de Rosario: 47 años haciendo magia en una ciudad que crece sin red

David Sali Royo, jefe del Cuerpo Activo, traza un diagnóstico crudo y preciso sobre el rol de los bomberos voluntarios en Rosario: la historia de una institución nacida del compromiso ciudadano, sostenida con vocación y profesionalismo, que enfrenta el crecimiento urbano, la falta de recursos y una deuda estructural que todavía espera saldarse
Vecinos al servicio de su ciudad: la esencia de los bomberos voluntarios

Sali Royo habla en Señales de los Bomberos Voluntarios de Rosario como quien habla de una forma de vida. Jefe del Cuerpo Activo de una institución con 47 años de historia en la ciudad, explica que la principal diferencia con los bomberos zapadores está en el origen y en la pertenencia. Mientras los zapadores dependen de la Policía de la Provincia de Santa Fe y son empleados provinciales asignados según las necesidades que define la Dirección General de Bomberos, los voluntarios son, ante todo, vecinos y vecinas.

Los Bomberos Voluntarios —detalla— se organizan a nivel nacional a través del Consejo Nacional de Bomberos, y en cada provincia funcionan federaciones que nuclean a las instituciones locales. En Rosario, esa pertenencia es literal: todos los integrantes del cuartel viven en la ciudad, respiran su mismo aire y comparten el mismo territorio al que salen a cuidar. "Son propios ciudadanos que viven en la ciudad donde forman parte", resume.

El carácter voluntario no es solo una definición administrativa. En todo el país, los bomberos voluntarios no cobran un sueldo por su trabajo. No hay salario a fin de mes ni retribución económica directa. Lo que los mueve es, como dice Sali Royo, "las ganas de ayudar", y una recompensa que no siempre se mide en dinero. Sin embargo, aclara que voluntario no es sinónimo de desprotección absoluta.

En 2010, la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley 12.969, considerada pionera en el país, que comenzó a dar un marco de contención a quienes integran el sistema. Esa norma permitió, por ejemplo, que los bomberos voluntarios sin trabajo en blanco pudieran acceder a la obra social IAPOS, con cobertura a cargo del Estado provincial. Con el tiempo, el esquema se amplió.

El año pasado se aprobó una ley de fortalecimiento financiero que avanzó aún más en ese reconocimiento. Según explica Sali Royo, la nueva normativa cubre seguros personales, seguros de vehículos y la obra social, y además contempla un beneficio largamente esperado: después de 25 años de servicio, el bombero que se retira accede a un reconocimiento equivalente al 80% de una jubilación provincial básica. "No es una jubilación plena, pero es un reconocimiento que le da la ley", aclara.

El crecimiento del sistema hizo necesarias estas reformas. Hoy existen 157 instituciones de bomberos voluntarios en toda la provincia de Santa Fe. Cuando la ley original fue creada, se financiaba con un porcentaje de la Lotería de Santa Fe y algunos impuestos provinciales. Pero el aumento de cuarteles, de personal y de costos operativos volvió insuficiente ese esquema. La ley de fortalecimiento financiero vino, justamente, a cubrir esas inversiones que demanda un sistema cada vez más grande y complejo.
Una historia en terreno prestado
La historia del cuartel de Rosario también está marcada por la precariedad y el esfuerzo. El edificio de calle Rioja, que durante años funcionó como base operativa, nunca fue completamente propio. "Nosotros, como siempre decimos, estamos de prestado", señala Sali Royo. El origen se remonta a 1978, cuando el inmigrante alemán Eric Lowenstein fundó la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario. En aquel entonces, Lowenstein participaba de la cooperadora de los bomberos zapadores y fue el propio jefe del cuerpo provincial quien cedió un espacio para que los voluntarios pudieran instalarse.

Ese lugar, ubicado sobre calle Rioja, representa apenas una fracción del predio original: "no llega a ser ni una cuarta parte del espacio", explica. Años más tarde, una intervención del gobierno provincial sobre ese terreno dejó como saldo un vallado visible desde calle Córdoba y una obra inconclusa, una postal que todavía hoy despierta preguntas sobre el destino de ese espacio histórico para los bomberos voluntarios de la ciudad.

En ese espacio prestado comenzó a tomar forma la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario, una institución que hoy cuenta con 83 hombres y mujeres al servicio de la ciudad. A casi medio siglo de su creación, la condición sigue siendo la misma: el cuartel no es propio. "Siempre el anhelo es tener nuestra casa", señala David Sali Royo, y ese deseo empezó a materializarse recién en los últimos años.

En 2023, la intendencia municipal cedió un terreno ubicado en la intersección de Presidente Perón y Suipacha. La cesión representa un paso clave, aunque todavía resta atravesar las instancias administrativas y habilitaciones necesarias para comenzar a construir. Mientras tanto, los bomberos continúan funcionando en un predio que pertenece a los zapadores, una convivencia que ya lleva 47 o 48 años.

Una ciudad que reconoce en la emergencia
Ser bombero voluntario en Rosario, explica Sali Royo, es mucho más que "poner el cuerpo". Es hacerlo en una ciudad que, a su entender, todavía tiene una deuda pendiente con el sistema. A casi doce años de la tragedia de calle Salta 2141, sostiene que la ciudad no terminó de "prender", especialmente en lo que respecta a las decisiones ejecutivas. La comunidad, reconoce, valora el trabajo del bombero voluntario, pero ese reconocimiento suele aparecer recién cuando la emergencia golpea la puerta.

El contraste es evidente en los números. Rosario supera el millón de habitantes, pero la institución cuenta con apenas unos 500 socios. La cuota societaria es de 4.000 pesos, un monto accesible si se lo piensa a escala ciudad, pero insuficiente para sostener todo lo que implica el funcionamiento cotidiano de un cuartel. Por eso, insiste, cada aparición en los medios es también una invitación abierta a que los vecinos se asocien.

Aun así, Sali Royo reconoce un cambio en la relación con el Estado municipal. Con idas y vueltas, el actual gobierno local es, según define, el que más ha acompañado a la institución. En 2023 llegó la cesión del terreno y, el año pasado, el aporte económico del municipio se multiplicó por siete respecto de lo que se recibía anteriormente. "Obviamente falta, pero hay una voluntad de trabajar en conjunto", aclara, aunque vuelve sobre una idea que atraviesa todo su relato: los bomberos siguen siendo recordados, en general, cuando la emergencia ya está en marcha.

Más equipamiento, la misma urgencia
En materia de equipamiento, la situación muestra avances concretos. Desde que la actual conducción asumió el 2 de junio de 2024, se incorporaron seis equipos de respiración autónoma y se renovó el 38% de los equipos estructurales del personal. También se sumó un camión cisterna, una incorporación histórica: hacía 25 años que Rosario no contaba con una unidad de ese tipo.

A ese crecimiento se agregan nuevas unidades móviles. En octubre del año pasado, el gobierno provincial entregó una camioneta cero kilómetro, una Nissan Frontier, en el marco del plan de acción climática impulsado por el Ministerio de Ambiente, orientado especialmente a incendios forestales. No es un dato menor: en 47 años de historia, el cuartel nunca había contado con equipamiento específico para ese tipo de siniestros.

Hoy la realidad es distinta. La institución dispone de 16 equipos forestales completos —chaqueta, pantalón y casco— diseñados para reducir el estrés térmico del personal. A través de gestiones con la empresa Cargill, también se incorporó una camioneta modelo 2018 que funciona como unidad de ataque rápido. Su utilidad es doble: permite llegar antes que los camiones de gran porte y reduce costos de combustible, además de ofrecer mayor versatilidad para acceder a zonas complejas de la ciudad.

El financiamiento de todo este sistema es un entramado que combina aportes municipales, provinciales y nacionales. A nivel nacional, explica Sali Royo, las asociaciones de bomberos voluntarios reciben todos los años un subsidio que no proviene directamente del presupuesto del Estado, sino de un porcentaje que pagan las personas al contratar seguros. Ese dinero se concentra en una caja común y luego se distribuye entre las instituciones que tienen su documentación y rendiciones al día.

El conflicto actual está en el remanente. Las asociaciones que no cobran el subsidio por incumplimientos administrativos no pierden esos fondos: el dinero vuelve a la caja y se redistribuye entre las instituciones que sí están en regla. Esa redistribución debería realizarse dos veces al año, pero hoy está demorada. Para muchas asociaciones, incluida la de Rosario, ese retraso implica un problema serio: se trata de casi 40 millones de pesos que deberían haber ingresado y que, en la práctica, ya fueron comprometidos en gastos operativos y equipamiento.

Así, entre avances, reclamos y una estructura que sigue creciendo, los Bomberos Voluntarios de Rosario continúan sosteniendo un sistema que descansa, en gran medida, sobre la vocación, la organización y la perseverancia de quienes, desde hace casi cinco décadas, siguen trabajando —todavía— en una casa prestada.
Lo que cuesta proteger una ciudad
El costo de sostener un sistema de respuesta profesional es una de las realidades más duras que enfrenta hoy la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario. Equipar a un bombero no es un gasto menor ni simbólico. "Si usted tiene que comprarse un traje, ¿cuánto está?", plantea Sali Royo como comparación cotidiana, antes de poner el número real sobre la mesa: entre 7 y 8 mil dólares por bombero.

La cifra incluye chaqueta, pantalón, botas, casco, monja, guantes y equipo de respiración autónomo. Todo el equipamiento responde a normas NFPA (National Fire Protection Association), estándares internacionales de origen estadounidense, lo que implica que los valores estén dolarizados. Además, la normativa establece una vida útil máxima de diez años para estos elementos, lo que obliga a un recambio permanente.

El hidroelevador y la ciudad que crece hacia arriba
Gracias a gestiones institucionales y distintas acciones de financiamiento, en los últimos años el cuartel logró avanzar en la renovación de equipos. Aun así, la necesidad sigue siendo constante. En agosto del año pasado, la institución inició un proyecto clave: la compra de un camión con hidroelevador, una unidad con canasta aérea que permitiría no solo rescates en altura, sino también el combate directo de incendios.

El vehículo puede alcanzar aproximadamente un décimo piso, pero su importancia va más allá de la altura. Rosario crece, se verticaliza, y eso exige herramientas acordes. "No estamos diciendo que no vamos a crecer, sino que dennos las herramientas para poder seguir creciendo", resume Sali Royo. El hidroelevador también permitiría operar en barrancas o industrias donde el ataque desde el suelo es imposible, bajando temperatura desde una posición aérea.

El proyecto ya avanzó parcialmente: se señó la unidad con 15 millones de pesos. El costo total ronda los 135 millones y el camión debe importarse desde Holanda. Justamente, el dinero que se espera del remanente del subsidio nacional estaba destinado a reducir ese impacto y acelerar la compra.

Las carencias estructurales no se limitan a un solo vehículo. La autobomba más nueva que tiene hoy el cuartel de Rosario tiene 25 años. Frente a ese panorama, la institución presentó más de diez proyectos de ordenanza en el Concejo Municipal: pedidos de asignación de porcentajes impositivos, una partida del 0,5% de los ingresos anuales del presupuesto 2026 para avanzar en la construcción de la casa propia, y propuestas para renovar el parque automotor. "Todo lleva tiempo, gestión, y a veces parece que se mira para otro lado", reconoce.

Sin embargo, Sali Royo insiste en marcar el rol concreto que cumple la institución. Bomberos Voluntarios de Rosario no es solo una asociación civil: cumple una función específica dentro del sistema de emergencias de la ciudad. En la mayoría de las intervenciones, cuando los móviles se desplazan, no actúan solo los zapadores, sino también los voluntarios. Hoy, subraya, el crecimiento en equipamiento es real y sostenido, acompañado por personas e instituciones que eligen apoyar y colaborar.

Durante muchos años, explica, el paradigma fue otro. Desde los municipios se pensaba: "¿Cómo voy a aportar a Bomberos Voluntarios si ya tengo bomberos zapadores?". Al depender estos últimos de la provincia, el costo parecía ajeno. Pero la historia demuestra lo contrario. Las instituciones de bomberos voluntarios no surgen por capricho ni por iniciativa aislada: en 1978 fue un intendente quien solicitó a la provincia, a Protección Civil y a la Federación Santafesina la creación del cuerpo en Rosario.

Por eso, sostiene, los municipios y comunas son responsables del financiamiento de sus cuarteles. No solo Rosario, sino todo el cordón industrial y la provincia en su conjunto. "Hubo una decisión del Ejecutivo en ese entonces de crear a sus bomberos voluntarios, y entendemos que también deben hacerse cargo de eso", afirma.

Cuando se ponen los números en contexto, los 135 millones necesarios para un hidroelevador dejan de parecer imposibles. En una ciudad atravesada por desarrollos inmobiliarios, torres en altura y grandes complejos, el planteo parece sencillo: con que cada actor aporte un poco, no solo se consigue ese vehículo, sino mucho más. La necesidad está planteada; lo que falta, insiste Royo, es que la responsabilidad sea compartida.

Para David Sali Royo, la discusión sobre el financiamiento de los bomberos voluntarios también es una discusión sobre el tipo de ciudad que Rosario está construyendo. En ese marco, se observa la responsabilidad social empresaria que aparece como una oportunidad concreta y no como un eslogan. 

Con esa lógica, la institución presentó un proyecto de ordenanza que apunta directamente al corazón del desarrollo urbano. Hoy en Rosario rige una normativa que obliga a las construcciones que superan los 30 metros de altura a pagar compensaciones. La propuesta de los bomberos es clara: que esos fondos se destinen específicamente a la compra de equipamiento para la lucha contra incendios y tareas de rescate. "La realidad es que no le están brindando ni siquiera seguridad a la persona que invierte en esa construcción, de que realmente está segura", advierte Sali Royo.

El debate no se limita al financiamiento. Junto al municipio y en el ámbito de la comisión de Planeamiento, los bomberos trabajan en la modificación de la reglamentación edilicia para facilitar las intervenciones en edificios en altura. Ascensores, sistemas eléctricos, accesos y salidas de emergencia forman parte de una revisión integral. La ciudad ya tiene edificios que superan los 140 metros, especialmente en la zona de Puerto Norte, y no todos fueron pensados desde una lógica de respuesta ante siniestros.

Si bien muchas construcciones cuentan con escaleras de emergencia, la experiencia demuestra que los problemas aparecen en los accesos y en la operatividad real. Sali Royo recuerda conflictos de años anteriores y menciona propuestas recientes para rediseñar sectores como Puerto Norte, donde la estética y el urbanismo avanzaron más rápido que la posibilidad de ingreso de las unidades de emergencia. "Es muy lindo, pero por ahí no entraban las unidades, los bomberos", resume.

Cuando ocurre un incendio en este tipo de edificios, tanto los zapadores como los voluntarios deben desplegar mangueras por el interior de la estructura, una maniobra que incrementa el riesgo para las víctimas y para los propios bomberos. La limitación de recursos vuelve a aparecer: la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario cuenta con solo 11 equipos de respiración autónoma para un cuerpo activo de 83 personas. Aunque recientemente se incorporaron seis equipos nuevos, la brecha sigue siendo enorme.
Emergencias del presente y del futuro
El escenario se vuelve aún más complejo frente a nuevas tecnologías. Sali Royo menciona la reciente llegada al país de miles de autos híbridos y eléctricos, y advierte sobre los desafíos que implican este tipo de incendios. La reposición de equipos autónomos, la cantidad de agua necesaria y la emisión de gases hacen que estas emergencias requieran recursos muy superiores a los habituales.

En Rosario, muchos edificios cuentan con dos o tres niveles de subsuelos. La pregunta, señala, es qué ocurrirá el día que se produzca un incendio en uno de esos espacios, especialmente si involucra un vehículo eléctrico. Los equipos de respiración autónoma tienen una duración máxima de entre 30 y 45 minutos. Ese tiempo se consume rápidamente entre el ingreso al subsuelo, el despliegue de mangueras y el inicio del ataque al fuego. "No nos estarían dando los tiempos ni los recursos para poder trabajar en este tipo de situaciones", advierte, dejando constancia de una preocupación que repite en cada ámbito institucional.

El crecimiento de la ciudad no puede detenerse, reconoce, pero la seguridad va detrás. Las alturas, los subsuelos y las nuevas tecnologías avanzan más rápido que las decisiones para equipar a quienes deben responder ante una emergencia. No se trata de una hipótesis lejana. En otros países, recuerda, cuando comenzaron a popularizarse los autos eléctricos, incluso se recomendaba no guardarlos bajo techo por el riesgo de incendio de las baterías. En Buenos Aires, un monopatín eléctrico provocó el siniestro total de un piso completo.

El riesgo ya está planteado y, para Sali Royo, la respuesta sigue siendo la misma: equipar a quienes van a enfrentar esas emergencias. La ciudad muestra sus avances con marketing, celebraciones y proyectos emblemáticos, pero cuando ocurre un incendio, la realidad es mucho más concreta. "Ustedes tienen un edificio con un problema de incendio, tiene que entrar la autobomba ahí. ¿Qué hacen? La tienen que arrancar", concluye, con una frase que condensa la distancia entre la ciudad que se proyecta y la ciudad que, llegado el momento, necesita ser salvada.

La práctica cotidiana obliga muchas veces a improvisar soluciones en contextos adversos. Sali Royo lo explica con ejemplos concretos: en la ciudad, los bomberos deben abrirse paso entre construcciones que crecieron sin prever accesos adecuados, y en los incendios de las islas, no pocas veces la única forma de frenar el avance del fuego es generar un cortafuego con otro fuego controlado. "Con los escasos recursos que contamos, tanto bomberos zapadores como voluntarios de Rosario, realmente podemos decir que hacemos magia", resume.

El diagnóstico no busca instalar una queja permanente. Al contrario, Sali Royo se detiene en marcar un cambio de época. El actual gobierno municipal, afirma, es el que más acompañamiento ha brindado en comparación con gestiones anteriores. Recuerda respuestas que hoy suenan difíciles de explicar: momentos en los que se priorizaba la compra de contenedores de basura antes que destinar fondos al sistema de bomberos. "La realidad es esa", dice sin rodeos.

Hoy, en cambio, existe una apertura al diálogo inédita. Tanto el Ejecutivo como el Concejo Municipal habilitaron algo que nunca había ocurrido: la participación directa de los bomberos en la mesa de Planeamiento para discutir y diseñar ordenanzas vinculadas a la seguridad contra incendios. Para Sali Royo, la presencia de un bombero en ese ámbito no es simbólica, sino técnica y operativa. "Todo bien con el Colegio de Arquitectos o el de Higiene y Seguridad, pero a las dos o tres de la mañana, cuando hay un siniestro, a quienes llaman es a nosotros", señala.

Profesionales bajo el casco
El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Rosario refleja esa diversidad. Además de la formación específica como bomberos, muchos de sus integrantes ejercen distintas profesiones. La institución cuenta con un departamento técnico integrado por licenciados en Higiene y Seguridad, arquitectos, ingenieros civiles, biotecnólogos, médicos, enfermeros y abogados. No se trata solo de apagar incendios: se trata de abordar emergencias desde múltiples miradas.

Un episodio reciente lo ejemplifica con claridad. Cuando un joven cayó al río en julio pasado, entre los integrantes de la dotación que acudió al lugar había una psicóloga. Fue ella quien acompañó y contuvo al padre y a la tía del chico desde su rol profesional. “No solamente trabajamos como bomberos —subraya Sali Royo—, dentro de nuestro recurso humano hay profesionales que intervienen desde su propia disciplina”.

Esa misma lógica de compromiso integral se refleja también fuera de las intervenciones de emergencia. En el estudio de Aire Libre Radio Comunitaria, Sali Royo compartió espacio con su compañera, Estefanía Trivisonno, abogada, bombera voluntaria y parte activa del cuerpo, junto a Amadeo, el hijo de ambos. Una escena cotidiana que resume el espíritu de la institución: vocación de servicio, formación profesional y la vida personal entrelazadas bajo un mismo casco.

La casa propia: el gran desafío pendiente
El proyecto de la casa propia, sin embargo, sigue siendo el gran desafío pendiente. El terreno cedido por el municipio en la esquina de Presidente Perón y Suipacha avanza lentamente. Para afrontar ese proceso, la institución buscó apoyo donde sabía que podía encontrarlo. La desarrolladora MSR acompañó desde el primer momento. "No sabemos qué hacer con un terreno, apagamos incendios", reconoce Sali Royo. Por eso golpearon la puerta de la empresa y fueron recibidos por Gabriel Redolfi, quien mostró predisposición inmediata y sostenida en el tiempo.

A partir de ese vínculo se diseñó el proyecto del cuartel, ajustado a las reglamentaciones vigentes y a las necesidades operativas del cuerpo. MSR aportó el saber hacer, el desarrollo y la dirección de obra. Hoy el proyecto ya fue presentado y se encuentra en etapa de habilitación dentro de la gestión municipal. Una vez aprobada esa instancia, el paso siguiente será definir el presupuesto final y salir a buscar los fondos necesarios.

La cifra no es menor. Presupuestado en abril del año pasado, el costo estimado de la obra asciende a 4.500 millones de pesos. La institución tiene claro que deberá salir a reunir ese dinero. Por eso, antes de la votación del presupuesto municipal, presentó un proyecto de ordenanza para que la ciudad asuma parte de la construcción del cuartel. La propuesta es concreta: que se destine un porcentaje de los ingresos municipales, equivalente al 0,05% del total anual.

En términos relativos, explica Sali Royo, se trata de un monto mínimo frente al presupuesto general del municipio. En términos simbólicos y operativos, en cambio, significaría saldar una deuda histórica con una institución que, desde hace casi cinco décadas, sostiene con vocación, profesionalismo y compromiso una tarea esencial para la seguridad de Rosario.
Salir a buscar lo que falta
Sali Royo (foto) es consciente de que los costos se multiplican en todos los frentes y que las demandas exceden largamente a una sola institución. Pero insiste en dejar algo claro: los Bomberos Voluntarios de Rosario no se quedan en la lógica de "salir a juntar plata" sin más. "La idea es involucrar a todas las partes necesarias y también beneficiarias de todo esto", explica, en referencia al municipio, la provincia, el sector privado y la comunidad.

Desde la provincia, asegura, hay señales de acompañamiento. En conversaciones mantenidas con la Secretaría de Protección Civil, la respuesta fue clara: el apoyo está, pero condicionado a que el proyecto del nuevo cuartel obtenga finalmente la habilitación y aprobación formal. Hasta que eso ocurra, todo sigue en el terreno de lo posible. Y el tiempo pasa. Ya se cumple el tercer año desde que el municipio cedió el terreno en Presidente Perón y Suipacha, y todavía no se pudo iniciar la obra.

Mientras tanto, la institución se mueve. Organiza eventos, genera acciones solidarias y busca recursos por todos los medios a su alcance. El año pasado se realizaron distintas actividades para recaudar fondos y ahora se prepara una iniciativa inédita: la primera maratón de los Bomberos Voluntarios de Rosario.
La cita será el 29 de marzo, a partir de las ocho de la mañana, con largada en la intersección de Belgrano y Buenos Aires. Habrá dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros, aprovechando el circuito de la Calle Recreativa. La inscripción tiene un valor de 35.000 pesos e incluye la remera oficial del evento. Además, la institución se encuentra en la búsqueda de patrocinadores para ampliar la recaudación.

El objetivo es concreto y urgente: reunir fondos para terminar de pagar el camión hidroelevador. La negociación con el importador permitió establecer una condición clave: alcanzando un tercio del monto total, la unidad puede comenzar a importarse desde Holanda, dejando comprometido un subsidio nacional que aún no fue cobrado. "Confiamos en que dentro de este primer semestre podemos llegar a traerlo", señala Sali Royo, consciente de que se trata de una apuesta fuerte, pero necesaria.

No solo apagar incendios
La visibilidad también forma parte de la estrategia. Los Bomberos Voluntarios de Rosario están presentes en redes sociales —Instagram, Facebook y X— donde comunican a diario las intervenciones que realizan. Pero su trabajo no se limita a la emergencia. Existe un área institucional dedicada a la prevención y la formación, que articula con escuelas, organismos públicos y organizaciones sociales.

Charlas de RCP, demostraciones de equipos y capacitaciones para los más chicos forman parte de ese trabajo silencioso que busca construir conciencia desde temprano. "No es solo que nos vean cuando hay una emergencia", explica Sali Royo. "Los chicos después llevan eso a sus casas, transmiten lo que aprenden y empujan también desde ahí".

La institución también ofrece capacitaciones para empresas a través de su sitio web, BomberosRosario.com.ar. Allí se pueden solicitar cursos de RCP, primer respondiente, materiales peligrosos y rescate en altura, una formación cada vez más demandada desde que la normativa de higiene y seguridad incorporó la obligación de capacitar en rescate vertical en obras y construcciones.

Una institución sostenida por la comunidad
El sostenimiento cotidiano, sin embargo, sigue dependiendo en gran medida del compromiso ciudadano. Por 4.000 pesos mensuales, cualquier vecino puede asociarse a la institución desde la web. El proceso es simple: ingresar, hacer clic en "Ayudanos", completar los datos y definir el monto del aporte. "Invitamos a la gente a que se sume", insiste Sali Royo, como quien sabe que el respaldo social es tan importante como cualquier ley o subsidio.

Casi al final de la charla, el tono se vuelve más cercano. Hay agradecimientos cruzados, puertas abiertas y una idea que queda flotando como síntesis de todo lo dicho. Bomberos Voluntarios de Rosario no es solo un cuartel ni una asociación civil: es una red de personas, profesiones, vocaciones y esfuerzos que, desde hace 47 años, sostiene una tarea esencial para la ciudad. Muchas veces con recursos escasos. Muchas veces haciendo, como dice su jefe del Cuerpo Activo, un poco de magia.

Escuchá la entrevista completa:

Bombardeos, petróleo y tutelaje: crónica de una Venezuela intervenida

Bombardeos en la madrugada, un presidente secuestrado, negociaciones opacas y el petróleo en disputa: crónica desde Caracas sobre un país atravesado por la intervención, el miedo y una pregunta que sigue abierta—quién decide el futuro venezolano
El primer sábado de 2026 nos encontró fuera del aire. Señales no salió, pero la realidad sí irrumpió con violencia. Mientras gran parte del mundo guardaba silencio y los socios del poder celebraban, un país poderoso invadía a otro y secuestraba a sus autoridades electas. Así arrancó el año: con guerras que se naturalizan y conflictos que se esconden bajo discursos diplomáticos. La noticia, inquietante y grave, atravesó la madrugada caraqueña con estruendo y obligó a volver sobre Venezuela para intentar comprender lo que estaba ocurriendo puertas adentro.

Cuando lo impensable se vuelve real
Desde Caracas, el periodista Javier Barrios, colega de Radio Fe y Alegría, revive ese momento como un impacto difícil de asimilar. No se trató solo de una crisis política, sino de una experiencia sensorial y emocional inédita para un país que no vive una guerra desde hace casi dos siglos. "Venezuela no vivía algo así desde las guerras independentistas o las guerras civiles", explica, todavía con el peso de lo ocurrido en la voz. Lo que hasta entonces solo existía en el cine —bombardeos, helicópteros sobrevolando la ciudad, drones atacando— se volvió real, tangible, estremecedor.

La madrugada del ataque
Las acciones militares de Estados Unidos se concentraron principalmente en el Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande y protegido de Caracas. Allí se focalizó el operativo durante una franja horaria particularmente sensible: entre la 1:50 de la madrugada y las primeras horas del día, cuando la mayoría de la población dormía, aún arrastrando el cansancio y la desorientación posterior a las celebraciones navideñas. Muchos se despertaron sobresaltados. Otros se asomaron a las ventanas intentando comprender qué estaba ocurriendo.

Barrios relata que los testimonios de quienes presenciaron la escena coinciden en el desconcierto y el miedo. En medio de la noche, comenzaron a circular grabaciones realizadas por vecinos, tiktokers y personas que, desde sus teléfonos, registraron lo que veían. Esos videos, difundidos horas después, multiplicaron el impacto. Incluso quienes no estuvieron allí sintieron el golpe emocional al ver las imágenes. "Aunque sea en video, también era impactante", afirma.

Con el correr de los días, siguieron apareciendo materiales audiovisuales que reforzaron la crudeza del episodio. El saldo fue devastador: más de cien víctimas fatales, en su mayoría militares, cuatro civiles muertos, más de cien heridos y múltiples instalaciones destruidas. Para Barrios, hay una certeza compartida: nadie quiere que algo así se repita. "La guerra genera víctimas", dice, con una claridad que no necesita adjetivos.
Personas se llevan pertenencias personales de un edificio dañado, tras los ataques estadounidenses contra Venezuela

Trauma colectivo y búsqueda de soluciones propias
El impacto no fue solo inmediato, sino también psicológico. En una ciudad acostumbrada a otros ruidos, cualquier sonido fuerte se volvió una amenaza. Barrios cuenta que hoy, al escuchar un cohete o un fuego artificial, muchas personas se despiertan sobresaltadas, creyendo que se trata nuevamente de un bombardeo. "Uno se despierta exaltado, pensando: 'Dios mío, ¿será que están bombardeando otra vez?'", relata. Esa sensación de alerta permanente resume el estado emocional de buena parte de la población.

El rechazo a lo ocurrido atraviesa amplios sectores de la sociedad. En los movimientos que apoyan el proceso revolucionario, la condena es explícita, pero incluso en sectores de la oposición, donde algunos inicialmente pudieron haber celebrado, no se consolidó una euforia sostenida. Barrios subraya que el sentimiento es más complejo, matizado, lejos de una celebración plena.

Las encuestas realizadas en años anteriores ya anticipaban ese clima social. De cada diez venezolanos consultados, siete u ocho sostenían que la salida a la crisis debía ser pacífica, democrática, electoral y negociada. El 75 % rechazaba una intervención extranjera, sin importar su origen. Estados Unidos, Rusia o China: la mayoría coincidía en que la solución debía surgir desde adentro, a partir del respeto y del diálogo.

Hoy, ese consenso reaparece con fuerza. Mientras se debate la violación al derecho internacional —una posición compartida por numerosos países—, la discusión se expande y se complejiza. Para Barrios, la situación venezolana no admite lecturas simplistas. No es una disputa entre izquierdas y derechas, ni un conflicto de una sola dimensión. Es geopolítica, sí, pero también es profundamente social. Y esa realidad, insiste, atraviesa cualquier análisis posible.

¿Hecho aislado o proceso en marcha?

Con el paso de los días y la acumulación de información, una pregunta comenzó a tomar cuerpo en el debate público venezolano: ¿lo ocurrido fue un hecho aislado o el desenlace de algo que ya se venía gestando? Javier Barrios responde con cautela, consciente del terreno resbaladizo que se pisa cuando la información circula en torrentes desordenados. "Hay mucha información, y también muchas noticias falsas", advierte. Por eso insiste en la necesidad de un trabajo periodístico casi quirúrgico, basado en la contrastación de fuentes y la verificación minuciosa de datos.

Lo que sí parece claro, según su análisis, es que después del bombardeo se activó un proceso absolutamente inédito. Un mecanismo extraño, poco habitual, que no encaja con los antecedentes históricos de intervenciones estadounidenses en la región ni con experiencias como Panamá o algunos países árabes. Esta vez, el escenario fue distinto.

La propia Delcy Rodríguez —entonces vicepresidenta y hoy presidenta— confirmó públicamente la existencia de conversaciones con Estados Unidos. En esa agenda, llama la atención que el punto de partida haya sido lo económico: coordinación para la inversión petrolera. Recién después aparecieron otros temas. A esto se sumó un gesto político de alto impacto simbólico: la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, cerrada tres años atrás por tensiones diplomáticas. Desde allí comenzó a circular una versión insistente: que la embajada funcionaría como espacio de negociación o de presión para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

¿Ese proceso se estaba gestando antes del operativo militar? Barrios es prudente: no hay evidencias concluyentes. Sin embargo, hay un dato que, como periodista, no puede pasar por alto. Lo plantea incluso a riesgo de equivocarse. Cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos, a Nueva York, para enfrentar el inicio del proceso judicial, trascendió rápidamente que contaban con un bufete de abogados de altísimo prestigio y especialización. Un equipo con experiencia no solo en litigios complejos, sino también en negociaciones de alto nivel.

Ese detalle encendió alarmas entre analistas y expertos en el sistema judicial estadounidense. No se trata, explica Barrios, de un bufete que se contrata de un día para el otro. "No es que te secuestraron, te detuvieron, aterrizaste y ya tenías el bufete más prestigioso instalado", resume. Según especialistas consultados, ese tipo de estudios acepta casos solo después de meses de análisis del expediente, acceso a información sensible y una evaluación profunda del impacto que puede tener en su reputación profesional. No es una cuestión de dinero, sino de prestigio.

La sola aceptación del caso sugiere que hubo tiempo previo, planificación y conocimiento anticipado del proceso. Ningún bufete serio toma una defensa de esa magnitud sin haber leído y estudiado el caso en profundidad. Ese dato, insiste Barrios, no prueba nada por sí solo, pero abre una hipótesis inquietante: que lo ocurrido aquel 3 de enero no haya sido del todo casual, sino el resultado de una coordinación previa o de procesos preplanificados que aún no salen completamente a la luz.
Un partidario del gobierno hace un gesto mientras participa en una marcha que pide la liberación del presidente Maduro

Escándalo global y un tablero político fragmentado
Mientras tanto, en el plano internacional, la reacción fue de escándalo. Numerosos países denunciaron la violación del derecho internacional. En Venezuela, esa condena fue compartida por actores vinculados al gobierno, pero también por sectores de la oposición. Y ese dato no es menor en un país donde la oposición no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de posiciones, liderazgos y estrategias.

Partidos opositores con representación parlamentaria —alrededor de nueve o diez diputados— se pronunciaron de forma unánime contra la intervención militar. El mismo día de la instalación de la Asamblea, el 5 de enero, rechazaron la acción armada y solicitaron la intervención de la ONU para restituir el derecho internacional vulnerado. Ese discurso se sostuvo en los días posteriores.

En contraste, otro sector opositor, liderado desde el exterior por María Corina Machado y Edmundo González, adoptó una postura ambigua. No celebraron abiertamente la operación, pero tampoco la condenaron. Su argumento giró en torno a la figura de Maduro: sostuvieron que no se trataba solo de un presidente legítimo, sino de una persona con acusaciones por armas, narcotráfico y conspiración, y que, por lo tanto, la acción no podía considerarse una violación del derecho internacional, sino una captura con respaldo judicial.

Sin embargo, en medio de ese tablero fragmentado, una voz introdujo un quiebre inesperado. Ricardo Hausmann, economista venezolano de prestigio internacional, residente en Estados Unidos, asesor de empresas petroleras e instituciones globales, y crítico histórico de los gobiernos de Chávez y Maduro, lanzó una declaración que resonó con fuerza. "Si Donald Trump no facilita una transición política y democrática en Venezuela, tenemos que llamar a oponernos a Donald Trump", afirmó en un reportaje al diario El País.

La frase generó tensión porque no proviene del campo revolucionario. Hausmann, identificado con posiciones de centro derecha, cuestionó abiertamente lo que describió como un tutelaje inaceptable: la idea de que Estados Unidos se arrogue el control del petróleo venezolano, decida qué se extrae, cómo y con quién se negocia, y establezca una relación de obediencia directa con el poder político local. Para él, una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra muy distinta es el respeto a la democracia.

Que esa crítica surja desde una figura influyente de la oposición tradicional añade una nueva capa de complejidad al escenario. Para Barrios, es una señal clara de que la situación venezolana sigue escapando a las categorías simples. No hay líneas rectas ni consensos absolutos. Lo que hay es un país atravesado por tensiones geopolíticas, disputas internas y una pregunta de fondo que sigue abierta: quién decide, y en nombre de qué, el futuro de Venezuela.
Durante el comienzo del juicio ilegal al presidente Maduro, tuvieron que aceptar que el Cartel de los Soles fue un invento

Cuando el vecino decide por vos: intrusión y desconcierto
La presidencia interina de Delcy Rodríguez se observa hoy desde Venezuela con una mezcla de desconcierto, dudas y emociones encontradas. En un país históricamente polarizado, las reacciones no se ordenan de manera simple. Incluso dentro del propio mundo chavista o revolucionario predomina la preocupación. Barrios señala que hay algo que no termina de encajar en el relato político tradicional. "No se entiende", repite, tras conversar con dirigentes y militantes. No estaba en el guion.

La confusión atraviesa una pregunta central: si Venezuela está intervenida o no, si existe o no un tutelaje extranjero. Hace apenas días, recuerda Barrios, el discurso dominante afirmaba que el imperialismo no entraría jamás al país, que no saldría ni una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Hoy, en cambio, se habla de inversiones que superarían los 50.000 millones de barriles. Ese giro abrupto no termina de ser procesado, ni siquiera por quienes intentan analizarlo profesionalmente. "Ni nosotros mismos, ni yo mismo como periodista, lo entendemos del todo", admite.

Mientras tanto, el sector revolucionario se moviliza casi a diario. Marchas, actos y comunicados rechazan la intervención extranjera y exigen la liberación de Nicolás Maduro, con un discurso marcadamente antiimperialista. Sin embargo, ese rechazo convive con una sensación de duda profunda. En el campo opositor ocurre algo similar, aunque desde otro lugar: también hay desconcierto y desilusión. El gobierno no cayó, Maduro fue secuestrado, pero el poder político siguió funcionando. Para muchos opositores, eso resulta incomprensible y frustrante.

A esa incomodidad se suma otro elemento: la figura omnipresente de Donald Trump. Barrios recurre a una metáfora doméstica para describir el clima social. Es como si una familia estuviera en su casa y, de pronto, el vecino entrara, se instalara, decidiera qué se come, dónde se duerme y quién manda. "La gente que está adentro no entiende", resume.
Pintada en Cúcuta, Colombia

Petróleo, esperanza y riesgos del extractivismo
En ese escenario, el petróleo volvió al centro del debate nacional. Nuevas leyes, la reactivación de Chevron, la llegada anunciada de empresas extranjeras y la promesa de inversiones multimillonarias reconfiguraron el horizonte económico. La lectura dominante, explica Barrios, es profundamente emocional. Venezuela arrastra desde hace años una crisis política, social y económica que fracturó al país y empujó a millones a la pobreza o a la migración. En ese contexto, la expectativa de ingresos, empleo y salarios dignos actúa como un poderoso motor de esperanza.

Para amplios sectores, la ecuación es directa: más petróleo significa más inversión, más trabajo, mejores salarios y la posibilidad de que los venezolanos que emigraron puedan regresar. Personas que han sobrevivido con ingresos de tres, cinco o doce dólares mensuales imaginan un futuro donde ganar cien dólares ya representa una mejora sustancial. Esa expectativa genera entusiasmo y, muchas veces, suspende otras preguntas. No se discute de dónde viene el dinero ni bajo qué condiciones, sino la posibilidad inmediata de vivir mejor.

Pero no todos miran el proceso con el mismo optimismo. Hay sectores que advierten sobre los costos ocultos. Preocupa el aumento del extractivismo petrolero, la explotación de minerales estratégicos y tierras raras, y el impacto ambiental que tendría multiplicar la producción de crudo hasta niveles de tres o seis millones de barriles diarios. El beneficio económico, reconocen, puede ser enorme, pero también el daño ecológico. A eso se suma la inquietud por el tutelaje político y la pérdida de soberanía.
Un hombre sostiene un cartel que dice "Fuera Yanquis", mientras los manifestantes se reúnen frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México

Soberanía en juego: elecciones, economía y geopolítica
Para Barrios, lo que está verdaderamente en juego es algo más profundo: la capacidad del pueblo venezolano de decidir. Consulta popular, elecciones, mecanismos vinculantes. Que sea la sociedad la que diga si está o no de acuerdo con el rumbo que se está tomando. El intervencionismo y el tutelaje, insiste, siguen siendo valores que generan rechazo en una parte significativa de la población.

También hay llamados a frenar la euforia económica. Algunos se preguntan si el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad. En ese marco, Barrios introduce una lectura geopolítica inevitable. Estados Unidos, sostiene, no actúa solo por Venezuela, sino por la necesidad de frenar la influencia de Rusia, China e Irán en América Latina. Venezuela y Cuba ocupan un lugar estratégico en la disputa por el nuevo orden global que intentan gestar.

Esa disputa no tendría consecuencias solo para Venezuela, sino para toda la región. En los debates públicos ya circula incluso la idea de que Venezuela podría convertirse en el "Estado 51" de Estados Unidos. Aunque legalmente esa hipótesis sea inviable, el solo hecho de que se discuta revela el clima de época. Frente a eso, comienzan a escucharse voces de resistencia, incluso desde sectores de derecha moderada, que advierten que ese no es el camino.

Entre la censura y la plaza pública: el periodismo como garante de democracia
Sostiene Barrios que la salida pasa por una definición soberana. Venezuela puede tener relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China o con quien decida, pero deben ser vínculos respetuosos de la autodeterminación, del ambiente y de las decisiones colectivas. Ese debate, subraya, no puede limitarse al ámbito nacional: involucra a toda América Latina. Le preocupa, de hecho, la ausencia de una discusión profunda y plural sobre estos temas, más allá de las posiciones a favor o en contra del gobierno de Maduro.

El pueblo venezolano ya expresó, recuerda, una opinión electoral el 28 de julio de 2024, discutida y controvertida, pero las encuestas mostraban con claridad que cerca del 80 % quería cambios. No solo un cambio de gobierno, sino cambios en el propio gobierno: más apertura, más democracia, mejor gestión económica, menos confrontación. Eso no ocurrió. Por eso, insiste Barrios, la clave sigue siendo que la sociedad pueda expresarse libremente y decidir su futuro.

Desde su lugar de periodista, su preocupación es otra capa del problema. Le inquieta que muchos de estos debates no puedan darse plenamente dentro de Venezuela. La falta de información clara alimenta la especulación. El periodismo, sostiene, necesita datos, discusión, voces diversas. Necesita que la comunicación funcione como una plaza pública donde se debatan la soberanía, la autodeterminación, los derechos humanos y la calidad democrática.

La preocupación no es abstracta. Hay periodistas detenidos, restricciones al ejercicio profesional y un espacio de libertad de expresión limitado. Buena parte del análisis crítico se produce desde fuera del país. En este contexto, Barrios cree que el periodismo tiene una responsabilidad mayor que nunca: ser preciso, riguroso, ayudar a la población a comprender lo que ocurre y no ponerse al servicio de ninguna narrativa de poder.

"No podemos estar al servicio de Trump, ni de sectores opositores enojados, ni del poder de turno", sostiene. El periodismo, para él, solo puede responder a la verdad, incluso cuando incomoda o duele. Lo que más le preocupa es que esa vocación se esté debilitando justo cuando más se la necesita.

La preocupación tiene respaldo en los hechos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió, en un comunicado reciente, la liberación inmediata de 23 periodistas y trabajadores de la comunicación que permanecen privados de libertad de manera injusta y arbitraria, como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio legítimo de su derecho a expresarse. La detención de periodistas —advierte el sindicato— no es un hecho aislado, sino una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y fomentar la autocensura, en detrimento del derecho colectivo de la sociedad a estar informada.

A este escenario se suma el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, una forma de censura estructural que reduce el pluralismo informativo y limita deliberadamente el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes. El uso de mecanismos tecnológicos y administrativos para impedir el funcionamiento de medios constituye censura previa, prohibida por la Constitución venezolana y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

Bio: Javier Barrios es un destacado periodista, locutor y activista de derechos humanos venezolano, reconocido por su labor en la promoción de la paz. 

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Se escuchó en Señales: "¿Son ustedes conscientes de que cuando Trump dijo que Corina Machado no podía presidir Venezuela literalmente porque provocaba rechazo de su pueblo, Directamente, Estados Unidos reconocía que era mentira que Corina Machado y compañía habían ganado las elecciones en Venezuela por un setenta por ciento. ¿Son ustedes conscientes de eso?", Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya
Fotos: Federico Parra - GettyImages / Reuters / Reuters - Fausto Torrealba / Susana Velazquez / Es Ahora Colombia / AP / Reuters - Gaby Oraa / Reuters - Toya Sarno Jordan

Rutas nacionales en emergencia: el abandono que convierte al deterioro en riesgo de vida

Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional revela que entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas del país está en estado regular o malo. Ajuste presupuestario, desvío de fondos, vaciamiento institucional y pérdida de personal técnico configuran una crisis que pone en jaque la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo federal
El deterioro de las rutas nacionales dejó de ser una percepción para convertirse en un dato duro. En los últimos días, la Federación del Personal de Vialidad Nacional realizó un relevamiento que expone una situación crítica: entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas del país se encuentra en estado regular o malo. El diagnóstico abarca no solo a la provincia de Santa Fe, sino al conjunto del territorio nacional, y confirma un proceso de degradación que, según advierten desde el gremio, lleva años gestándose.

Años de desinversión y obra pública paralizada
Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación, explica en Señales que el escenario actual no es producto de una coyuntura aislada, sino el resultado de decisiones acumuladas en el tiempo. "Para llegar a esta situación tuvieron que pasar varios años", señala. Uno de los puntos de quiebre, detalla, fue la decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar la obra pública, una medida que implicó además la discontinuidad y el abandono de tareas centrales de Vialidad Nacional, incluso aquellas vinculadas al relevamiento del estado de las rutas.

Ante la falta de información actualizada, el gremio tomó como punto de partida el último relevamiento oficial, realizado en 2023. Aquel informe, parcial, mostraba un país partido en dos: el 50 por ciento de las rutas nacionales en buen estado y la otra mitad distribuida entre condiciones regulares y malas. A partir de esos datos, la Federación decidió avanzar con un relevamiento complementario propio, articulado con trabajadores de las provincias y sindicatos de base. El procesamiento de esa información permitió llegar a una conclusión más preocupante: el deterioro se profundizó y hoy la mayoría de la red vial nacional se encuentra en condiciones deficientes.

Catanzaro no duda en calificar la situación como una emergencia. "Las rutas nacionales están en emergencia desde hace rato", afirma, y remarca que el objetivo del relevamiento no fue solo visibilizar el problema, sino también identificar los tramos más comprometidos. El trasfondo, advierte, no es únicamente técnico ni presupuestario, sino humano: el mal estado de las rutas representa un riesgo concreto de pérdida de vidas.

Ajuste, fondos retenidos y costos que se multiplican
Desde la Federación insisten en que cualquier política pública debería tener como eje central el cuidado de la vida de quienes transitan las rutas, no solo automovilistas, sino todos los usuarios. Sin embargo, Catanzaro describe un escenario opuesto. Habla de una "política decidida de abandono" y de una falta de voluntad para hacerse cargo del problema. Como prueba, menciona el impacto del presupuesto proyectado para 2026, que consolida —según sus cálculos— un recorte del 75 por ciento en términos reales respecto de 2023. "Eso nos deja prácticamente sin recursos para afrontar las obras que hay que empezar a hacer", advierte.

La consecuencia de ese ajuste ya se percibe en el terreno. Dos años sin mantenimiento sistemático provocaron que muchos tramos hayan superado el punto de no retorno. Allí donde antes alcanzaba con tareas de conservación de rutina, hoy se necesita obra nueva. Y el costo, subraya Catanzaro, es mucho mayor: entre cinco y siete veces más caro que lo que hubiera significado sostener el mantenimiento regular. Un cálculo que refuerza la advertencia central del gremio: postergar la inversión no solo agrava el deterioro de la infraestructura, sino que multiplica los riesgos y los costos a futuro.
El vaciamiento de Vialidad Nacional

La crisis de las rutas no es, para Fabián Catanzaro, un fenómeno aislado. Forma parte de un proceso más amplio que describe como un desmantelamiento institucional histórico de la Dirección Nacional de Vialidad. Un proceso que, si bien tuvo un punto de máxima tensión en 2025, todavía sigue en marcha.

Ese año, recuerda el secretario gremial, el Gobierno Nacional intentó avanzar directamente con la disolución del organismo mediante el decreto 461. La medida fue frenada primero por una cautelar judicial y, más tarde, rechazada por el Congreso de la Nación. Sin embargo, desde la Federación sostienen que el freno formal no implicó un cambio de rumbo. "El vaciamiento continúa", advierte Catanzaro, y señala que la herramienta principal es el ajuste presupuestario que viene denunciando desde el inicio.

A esa reducción drástica de recursos se suma otro factor clave: los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Se trata de recursos de afectación específica que, por ley, deberían destinarse al mantenimiento y desarrollo de las rutas, pero que no están siendo transferidos a Vialidad Nacional. Según los cálculos del gremio, en los últimos dos años se acumularon más de 500 millones de dólares que fueron retenidos para otros fines por el Ministerio de Economía.
Sin técnicos no hay Estado

El vaciamiento, sin embargo, no es solo financiero. También es humano. Catanzaro describe un deterioro sostenido de las condiciones laborales: congelamiento salarial —con 16 meses sin aumentos paritarios—, retiros voluntarios, despidos y protocolos disciplinarios que, asegura, funcionan como mecanismos de persecución interna. El resultado es una sangría constante de personal. La Dirección Nacional de Vialidad ya perdió el 20 por ciento de su dotación y, según las proyecciones oficiales, se espera que se pierda otro 20 por ciento más.

Lo que se va, subraya, no es reemplazable en el corto plazo. Se trata de recursos altamente calificados: ingenieros, técnicos y profesionales que demandaron años de formación y experiencia, y que hoy, ante la falta de perspectivas, buscan otros horizontes, muchas veces fuera del país. Para Catanzaro, el discurso dominante del Gobierno —que instala la idea de que el Estado está poblado de "ñoquis" y trabajadores inútiles— ha calado hondo en parte de la sociedad y contribuye a legitimar ese desmantelamiento.

La pérdida de ese capital humano tiene consecuencias profundas. "Las obras no se hacen solas", remarca. Requieren conocimientos técnicos, planificación, experiencia en territorio. Cuando esos cuadros se van, el Estado pierde capacidad operativa, capacidad de resolver problemas y años de inversión en educación técnica y universitaria. Se diezma, en definitiva, la posibilidad de ejecutar políticas públicas de infraestructura.

Rutas, federalismo y soberanía
El impacto va más allá del funcionamiento de un organismo. Catanzaro plantea que poner en situación crítica a las rutas nacionales implica afectar la base misma de la vida social y productiva. "Es muy difícil pensar una sociedad sin caminos", sostiene. La pérdida de conectividad no solo complica la circulación: erosiona el federalismo, fragmenta el territorio y debilita la integración entre regiones.

Desde esa mirada, las rutas son mucho más que asfalto. Son soberanía. Representan la posibilidad de llegar a cada rincón del país, de integrar poblaciones, de sostener un proyecto político de desarrollo e inclusión. Para eso, insiste, se necesitan recursos propios, organismos fuertes y equipos técnicos capaces de acompañar un modelo de país que apueste al crecimiento y no al abandono.
Formar profesionales lleva décadas, perderlos apenas meses

La fuga de saberes técnicos, además, tiene un carácter estructural. Catanzaro recuerda que la formación de especialistas en ingeniería vial ya venía debilitada desde años anteriores, cuando durante la gestión del macrismo se dieron de baja convenios con universidades destinados a la formación de cuadros técnicos, carreras de especialización, maestrías y prácticas profesionales. En un campo donde ya de por sí son pocos los graduados, la pérdida de esos espacios de formación profundizó la fragilidad del sistema.

Formar un ingeniero no alcanza. Especializarlo, darle práctica en obra real —distinta a la del aula— y construir experiencia lleva más de una década. Ese proceso, explica, muchas veces se da en el sector operativo del Estado, donde incluso la escasez de recursos puede estimular la innovación y sacar lo mejor de los equipos. Pero en el escenario actual ocurre lo contrario: se pierde lo más valioso. Profesionales que tardaron más de diez años en formarse hoy no solo dejan Vialidad, sino que directamente abandonan el país.

En ese contexto, el desvío de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos adquiere una dimensión simbólica y política. Es un impuesto que pagan todos los ciudadanos con la expectativa de que se traduzca en rutas seguras y transitables. Que esos recursos no lleguen a su destino refuerza, para el gremio, la idea de un Estado que se retira de funciones esenciales y deja expuesta a la población a riesgos evitables.

El uso de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos aparece como uno de los ejes centrales del planteo gremial. Catanzaro detalla que, en los últimos dos años, ese impuesto tuvo un incremento superior al 500 por ciento. Por ley, recuerda, se trata de un tributo con afectaciones específicas: una parte se destina a la seguridad social, otra a recursos hídricos, agua y cloacas, y un porcentaje determinado debe ir a Vialidad Nacional. Sin embargo, ese flujo de fondos hacia el organismo fue interrumpido. Hubo erogaciones parciales, pero el grueso quedó retenido. El resultado es un acumulado que supera los 500 millones de dólares que, según la normativa vigente, deberían haber sido volcados a la red vial.

Catanzaro es claro al marcar los límites de ese planteo. Esos recursos, por sí solos, no habrían solucionado la crisis que describe el informe del gremio. Pero sí habrían permitido iniciar un proceso de reparación y planificación. "No se trata de apagar un incendio de un día para el otro", explica. La paralización total del Estado tiene consecuencias administrativas que se arrastran en el tiempo: reactivar una obra implica procesos licitatorios que pueden demorar entre un año y medio y dos años. Por eso, desde la Federación proponen declarar la emergencia vial, una herramienta que permitiría acortar los tiempos de gestión y comenzar a ejecutar obras con mayor rapidez, utilizando, al menos en una primera etapa, los fondos del impuesto a los combustibles líquidos.
La Ruta 33: radiografía del colapso
El informe también pone nombre y apellido a algunos de los tramos más críticos. Entre ellos, la Ruta Nacional 33, un corredor estratégico que conecta zonas de alta producción agrícola de Buenos Aires y Santa Fe con los puertos de aguas profundas de Bahía Blanca, una de las principales salidas de exportación del país. En ese caso, el índice de estado es inferior a tres puntos, lo que indica un deterioro severo. El problema ya no es superficial: cedieron los paquetes estructurales y el mantenimiento dejó de ser una opción viable. Allí, sostiene Catanzaro, solo queda apostar a una reconstrucción integral.

La Ruta 33 comparte, además, dos factores que se repiten en buena parte de la red nacional: la falta de control sobre el peso y las dimensiones de los camiones —producto de la escasez de personal y de equipos para operar las 24 horas, los siete días de la semana— y la ausencia de mantenimiento sostenido. Esa combinación acelera el colapso de las calzadas y multiplica los costos futuros de reparación.

En medio de ese escenario, aparecen respuestas parciales desde algunos gobiernos provinciales y locales. Catanzaro cuenta que durante el año pasado, por ejemplo, la provincia de Santa Fe aportó materiales para realizar tareas de bacheo en la Ruta Nacional 11, el corredor que bordea el río Paraná y conecta la producción con los 33 puertos ubicados sobre su vera. Son soluciones de emergencia que permiten ganar algo de tiempo, pero que, advierte, no pueden convertirse en la norma. "No podemos seguir viviendo de lo que nos puedan dar los gobiernos provinciales o municipales", plantea.

Para el dirigente gremial, el problema de fondo es la ausencia de una política vial integral para la Argentina. En un país donde el sistema ferroviario está diezmado y gran parte de la carga circula por rutas, la falta de inversión en infraestructura vial resulta aún más crítica. Más aún si se tiene en cuenta que la Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Catanzaro insiste en la necesidad de avanzar hacia un sistema de transporte multimodal, pero reconoce que, en las condiciones actuales, las rutas nacionales requieren una atención urgente.
Privatización, parches y una salida posible

En ese contexto, el anuncio del Gobierno sobre la privatización de rutas revive una experiencia que, según Catanzaro, ya demostró sus límites. Actualmente, hay unos 6.500 kilómetros concesionados y el plan oficial apunta a ampliar ese esquema a 9.100 kilómetros, sobre un total de 40.000 que componen la red vial nacional. La explicación, sostiene, es sencilla: solo esos tramos resultan rentables desde el punto de vista económico. Las concesiones, afirma, son un gran negocio financiero.

El problema es el resto. Sobre los más de 31.000 kilómetros que quedarían fuera del esquema concesionado no existe, según el gremio, ninguna propuesta concreta de mejora. Con un presupuesto recortado, el impuesto a los combustibles líquidos retenido y un organismo vaciado de recursos y personal, Catanzaro no ve una respuesta clara ni para los trabajadores de Vialidad ni para la sociedad en su conjunto.

Frente a ese panorama, la Federación plantea un conjunto de medidas urgentes para evitar un colapso mayor de la red vial. La principal es la declaración de la emergencia vial, acompañada por la asignación efectiva de los recursos disponibles y la definición de prioridades de obra. No se trata, aclara Catanzaro, de prometer soluciones inmediatas ni resultados en seis meses o un año. Se trata de empezar.

La política de obra pública cero, concluye, ya demostró que no es sostenible en el tiempo. Las rutas deterioradas, el aumento de los riesgos y la pérdida de capacidad del Estado son señales claras de un límite alcanzado. Para el gremio, no hay atajos posibles: hay que volver a activar, planificar y ejecutar. Aunque sea tarde, sostienen, no puede ser todavía más tarde.

Un mapa del deterioro
El informe traza un panorama crítico a lo largo de todo el territorio nacional y permite identificar algunos de los tramos más comprometidos de la red vial. En la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de las rutas nacionales se encuentran en mal estado. Corredores estratégicos como las rutas 5, 7 y 3 registran obras paralizadas, baches severos y elevados índices de siniestralidad. La Ruta 5, incluso, es señalada por usuarios como el “peaje hacia la muerte”.

En Santa Fe, el deterioro supera el 53 por ciento y afecta corredores clave para la producción y la conexión con los puertos, hoy en condiciones deficientes. Uno de los casos más críticos es la Ruta Nacional 33, que atraviesa Buenos Aires y Santa Fe: presenta fallas estructurales profundas y soluciones provisorias —parches— que no duran más de seis meses debido al intenso tránsito pesado.

La Ruta Nacional 151, que conecta Río Negro con La Pampa y resulta estratégica para la actividad de Vaca Muerta, muestra baches de gran magnitud, tipo cráter, y requiere una reconstrucción integral. En el Litoral y en los pasos fronterizos, las rutas nacionales 121, 119 y 120, en Corrientes, junto con los accesos A015 y 136 en Entre Ríos, evidencian un agotamiento estructural en corredores turísticos y de exportación.

En el Noroeste, la Ruta Nacional 34 —que une Jujuy y Salta— es catalogada como de Alto Riesgo: concentra obras inconclusas, ahuellamientos profundos y un deterioro que compromete seriamente la seguridad vial. 

Escuchá la entrevista completa:

Informe técnico de FePeViNa que analiza en profundidad el proceso de desmantelamiento de la infraestructura vial nacional y las consecuencias sociales, económicas y en materia de seguridad vial.

Reformas en juego: menos protección laboral, recesión, importaciones, retroceso ambiental, un combo que preocupa

Las próximas sesiones extraordinarias del Congreso pondrán en debate leyes que, según especialistas y legisladores opositores, podrían reducir derechos laborales, profundizar la recesión, ampliar la dependencia de importaciones y debilitar la protección ambiental. Diego Giuliano, diputado nacional por Santa Fe y presidente del Frente Renovador, analizó en Señales los riesgos y propone alternativas para proteger el trabajo, la producción y los recursos naturales. Giuliano alertó sobre retrocesos que podrían afectar a trabajadores, producción y recursos hídricos

Retroceso en derechos laborales
Diego Giuliano,  observó con preocupación los temas que el gobierno había puesto en agenda para las sesiones extraordinarias del Congreso. Con una carrera que incluyó desde su paso como concejal en Rosario hasta ministro de Transporte de la Nación y convencional constituyente, Giuliano trabajó en producción, empleo, defensa de los derechos laborales y desarrollo regional. Hoy, aseguró, la situación requería atención inmediata.

Para él, la decisión del gobierno de avanzar con una reforma laboral representaba un retroceso claro en los derechos de los trabajadores. "Preocupante seguro y urgente es la decisión de llevarnos a retroceder un escalón en todo sentido, en el ámbito de los derechos laborales", explicó. Según Giuliano, esta orientación respondía a una concepción ideológica que ha ganado fuerza en ciertos ámbitos: la idea de que el mercado lo resuelve todo, de que hay que dejar que la riqueza crezca donde quiera y que luego se reparta por sí sola. "Eso no sucedió en ningún lugar del mundo y en ningún momento de la historia", señaló, y advirtió que cuando se aplica al mundo del trabajo, la consecuencia es evidente: bajar derechos para todos.

Giuliano sostuvo que la reforma laboral rompía un principio histórico del derecho laboral, que nació para equilibrar el desequilibrio entre empleadores y trabajadores. "Por más bueno que sea el empresario, no es lo mismo ser el dueño de una compañía que ser empleado de esa compañía. Hay otro poder de negociación", explicó, usando como ejemplo la marca Coca-Cola para ilustrar la diferencia de poder entre las partes.

El diputado reconoció que Argentina enfrentaba una profunda informalidad laboral. "Hay mucha gente que dice 'a mí no se me baja ningún derecho porque no tengo ninguno'", comentó. Por eso, insistió, la prioridad debería ser formalizar el trabajo y acompañar a las pymes para que puedan superar la burocracia y aumentar la cantidad de trabajadores en blanco. En este punto coincidía con propuestas que él mismo había defendido en el Frente Renovador y que, según aseguró, también habían sido planteadas por Sergio Massa. Sin embargo, enfatizó que formalizar el empleo no podía implicar reducir derechos para todos: "Formalizar bajando a todos unos escalones es un gravísimo error".

Cuando se le preguntó sobre la relación entre la reforma laboral y la situación económica, Giuliano fue contundente: "La economía es también una decisión. El plan económico del gobierno de Javier Milei está claro que va a una recesión en materia de consumo". Según él, la reforma laboral no podía separarse de esta realidad económica: cualquier cambio en los derechos de los trabajadores repercute directamente en la capacidad de consumo y en el equilibrio social del país, incluida la provincia de Santa Fe.

Economía y consumo en crisis
Giuliano continuó señalando que la actual política económica empuja al consumo hacia una recesión y favorece a un grupo reducido que mejora su situación, muchas veces a expensas de quienes viven peor. "Hoy sostenerse, incluso para los sectores medios que silenciosamente vienen soportando estas políticas, es cada vez más difícil", advirtió. Según explicó, los gastos inflexibles de una familia —la luz, el agua, el saneamiento, el transporte y los impuestos— no paran de crecer, y ese aumento constante termina limitando el consumo interno, generando un retraso que impacta de manera directa en el empleo.

El diputado fue categórico: ninguna consultora, ni siquiera las más cercanas al gobierno, sostenía que el consumo hubiera mejorado respecto al año anterior. Menos consumo, menos trabajo y menos oportunidades eran, a su juicio, la causa central de la recesión que percibía a diario en Rosario. Desde la circunvalación hasta el puerto, Giuliano observó la presencia cada vez más frecuente de containers con productos del exterior y notó que gran parte del trabajo era realizado por extranjeros. "No tengo nada contra el trabajo extranjero, porque es trabajo humano. Pero primero está el trabajo argentino", enfatizó. Para él, la apertura indiscriminada de importaciones, sumada a la retracción del consumo y de la construcción, genera una economía recesiva.

Según Giuliano, la lógica del gobierno frente a esta recesión era clara: bajar derechos laborales y permitir despidos baratos. "Ese es el objetivo de esta reforma laboral: despedir barato", advirtió, recordando experiencias similares durante los años 90. Explicó cómo quienes eran despedidos debían reinventarse con pequeños emprendimientos —un taxi, un kiosco, un remis— y cómo esto fracasaba si la economía no funcionaba. Para él, la solución es simple: impulsar la economía a través de producción y trabajo genuino. "El invento de que la riqueza se va a concentrar y luego se va a repartir por sí sola nunca ha sucedido", afirmó con firmeza.

Formalización y protección de empleos
En este contexto, Giuliano subrayó que la informalidad laboral seguía siendo un problema grave. Cada vez había más trabajadores en negro, sin derechos ni protección, y cualquier intento de reforma que redujera las garantías para todos terminaba afectando primero a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad. "Esto hay que reconocerlo", insistió, dejando claro que una reforma laboral que no priorice la formalización del empleo terminará perjudicando justamente a quienes más necesitan protección.

Giuliano reconoció que el trabajo en negro había crecido de manera significativa y apuntó a la presión que tanto empleadores como trabajadores habían sufrido en los últimos años. "Este problema tiene que tener una solución", afirmó, pero rechazó la idea de que la solución fuera bajar los derechos de todos. Para ilustrarlo, mencionó el ejemplo del llamado "banco de horas", que permitiría a las empresas ajustar la jornada laboral a su conveniencia: "Imagine discutir con el dueño de una empresa de transporte, diciéndole que tiene un proyecto de vida y que, en determinado horario, va a buscar a sus hijos a la escuela. Ahí se va a imponer un banco de horas sobre el trabajador, y eso retrae derechos", explicó.

Para Giuliano, la verdadera prioridad no era facilitar despidos baratos, sino evitar que la gente perdiera su empleo. Esto requería un plan económico que priorizara la producción local y no la importación indiscriminada, que desplaza a los trabajadores argentinos. Señaló cómo la globalización y el comercio internacional afectaban directamente a las familias: los productos importados podían parecer atractivos, pero al final, quien paga el costo es el consumidor local, que ve cómo se cierran fuentes de trabajo.

El diputado criticó también la transformación de la infraestructura industrial en depósitos de importación. Explicó que muchos empresarios, de buena fe, habían convertido naves de producción de heladeras y otros productos nacionales en depósitos para mercadería extranjera. "El empresario tiene manera de resolverlo; el que no tiene manera de resolverlo es el trabajador que estaba en esa línea de producción y que quedó despedido porque se terminó su trabajo", señaló, destacando lo que considera el verdadero problema de fondo: la pérdida de empleo genuino y de derechos laborales.

Giuliano no escatimó en su crítica a las políticas del gobierno. Afirmó que desarmar controles estatales y dejar un "todo contra todos" es una estrategia sencilla para las autoridades, pero que ignora las necesidades reales de los ciudadanos. Los gastos inflexibles, como educación, salud y justicia, no pueden ser postergados ni sacrificados en nombre de un modelo económico que solo promete beneficios para unos pocos. "Tarde o temprano, se va a vivir esto. Cuando te bajen derechos, te van a bajar calidad de vida", advirtió, recordando experiencias históricas en Argentina y el mundo: los años 90 con Menem, la dictadura con Martínez de Hoz… en todos los casos, reducir derechos y apostar a la importación por encima de la producción nacional fracasó.

Para Giuliano, la enseñanza es clara: cualquier intento de mejorar la economía a costa de los trabajadores termina debilitando a la sociedad en su conjunto. Y es esa defensa de los derechos laborales, junto con la protección del empleo local, la que considera central en su agenda legislativa.

Propuestas del Frente Renovador
Desde su espacio político, Diego Giuliano planteó con claridad que el objetivo era proponer y no retraer, salir de la fase del "no" y generar proyectos alternativos frente a lo que hoy ofrece el gobierno. Señaló que, cuando el Ministro del Interior recorre el país, lo necesario no era solo oposición, sino que también los gobernadores y quienes tienen ideas diferentes presenten alternativas concretas, algo que, a su juicio, en Argentina no se venía haciendo.

El proyecto que impulsó el Frente Renovador buscó proteger la continuidad laboral de los trabajadores y enfrentar situaciones de interrupción de empleo sin reemplazar los derechos ya adquiridos. Giuliano explicó que se trató de un seguro complementario, diseñado para ayudar a empleadores y empleados a transitar períodos complicados sin romper con las indemnizaciones que marca la ley. "No tiene que ser sustitutivo de la indemnización que corresponde por ley. Tiene que ser complementario, ayudar a ambas partes a pasar el tramo de falta de trabajo, pero no puede ser una ruptura de los derechos laborales", precisó.

Además, el proyecto incluía un programa de empleo joven, pensado para incorporar al "nuevo trabajador" argentino, que se mueve entre el trabajo a distancia, las nuevas tecnologías y las plataformas digitales. Giuliano subrayó que la legislación vigente se había quedado atrás frente a estas transformaciones y que, en su momento, imaginar estas condiciones laborales habría requerido casi un acto de profecía. "¿Todo eso significa actualizar? Sí. ¿Queremos actualizar? ¿Queremos innovar? ¿Queremos formalizar trabajo? Sí", afirmó, mostrando la intención de su espacio de no solo proteger derechos, sino también modernizar la inserción laboral.

El diputado insistía en que el Estado debía tener un rol activo en este proceso. Recordó que el propio proyecto del gobierno planteó restricciones sobre impuestos coparticipables, lo que provocó que algunos gobernadores se quejaran de la supuesta pérdida de recursos propios. Frente a eso, Giuliano defendía la lógica de su propuesta: si la producción aumenta y crece la cantidad de trabajadores, la recaudación también mejora, generando un círculo virtuoso. "Claro que es bueno que el Estado fomente, invierta en nuevos trabajos, en nuevas tecnologías, apoyando a las pymes que tienen que emplear. Eso genera empleo formal y protege derechos al mismo tiempo", explicó.

Reforma laboral vs. derechos de los trabajadores
Para Giuliano, el proyecto de Javier Milei representó lo contrario de un avance: un círculo malicioso que va hacia atrás, en contraste con las propuestas de su espacio, que buscan escalar hacia arriba. Denunció que la iniciativa del gobierno nacional propone llevar a todos dos, tres o cuatro escalones hacia abajo, mientras que el Frente Renovador pretende justamente escalar los derechos y la protección de los trabajadores. Y sostenía que esto no es solo un ideal abstracto: "Sí, esto es posible", afirmó, al tiempo que advertía la falta de debate firme en la provincia de Santa Fe sobre cómo podrían verse afectadas sus industrias estratégicas.

El triángulo metal-mecánico santafesino, que lidera la región en América Latina, era uno de los ejemplos que Giuliano destacó. "Si permitimos que nuestros polos de producción compitan directamente con China o con metal-mecánica usada de Estados Unidos, claro que van a disminuir o incluso fundirse", explicó con preocupación. Para él, la solución no pasa por despedir barato, sino por evitar la competencia desleal y permitir que la producción nacional, que ya demostró su capacidad de competir, siga desarrollándose. Citó, como ejemplo, el sector agropecuario, donde la Argentina puede competir de igual a igual, y a veces mejor, con Estados Unidos, Australia o Europa; mientras que allí los subsidios favorecen a los productores europeos, al productor argentino se le quitan herramientas de competitividad.

En ese marco, Giuliano insistía en que el país tiene talento y energía, pero necesita invertir en educación y no retroceder en materia de derechos, porque eso inevitablemente repercute en el bienestar de la población. Además, advertía sobre un efecto colateral casi ignorado: la reforma laboral podría generar una industria del juicio sin precedentes, debido a que, aunque se modifique la ley, cambiar la Constitución requiere un procedimiento diferente. "Esa ley va a generar la industria del juicio más grande que usted haya conocido", afirmó con contundencia.

El legislador aseguró que algunas cámaras empresarias ya habían manifestado preocupación, como la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), que elaboró informes importantes alertando sobre los riesgos de la reforma. Sin embargo, subrayó que cada sector miró su propio interés y que era necesario considerar el esquema global, porque lo fundamental es proteger el bienestar del trabajador, que es inseparable de la producción. Abrir la puerta a despidos baratos no solo incrementa la demanda de litigios, sino que también afecta directamente la economía real.

Giuliano también destacó que actualmente existe un despido contenido en el país: las grandes empresas, sobre todo, prefieren esperar porque saben que, dentro de unos meses, despedir puede resultar hasta un 25 % más barato o menos oneroso. "Cuidado con estas decisiones, porque dañan el tejido social y también la producción", alertó, remarcando la interdependencia entre derechos laborales, estabilidad social y productividad nacional.

Ley de glaciares y protección ambiental
Otro tema que estará en discusión en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso es la ley de glaciares, que según Giuliano debilita la protección ambiental y pone en riesgo los recursos hídricos del país. Algunos sectores defienden la norma argumentando que busca federalizar decisiones y atraer inversiones, pero para él, la realidad es otra: "Esto es abrir la puerta a un retroceso ambiental", aseguró.

Giuliano explicó que la Constitución Nacional establece claramente los mecanismos de protección ambiental. "Los pisos de protección ambiental los pone la Nación, los techos de protección los pone cada provincia", señaló, recordando que no todas las jurisdicciones tienen los mismos recursos naturales ni las mismas necesidades de preservación. "El piso lo pone la Nación. Usted no puede desarmar esos pisos, no los puede desarmar, porque es inconstitucional hacerlo", advirtió.

En su visión, promover la minería es legítimo y necesario para el desarrollo económico, pero siempre debe respetarse un equilibrio con el medio ambiente. Criticó la iniciativa de abrir áreas periglaciares —las zonas que circundan los glaciares y que requieren protección— para exploración minera: "Cuando se deterioran estas áreas, se deterioran también los glaciares, que son las reservas de agua dulce más importantes del mundo". Para Giuliano, la discusión debe centrarse en garantizar producción y trabajo sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, un compromiso que definió como humano e intergeneracional.

Gobernadores y la aprobación de leyes
A nueve días del inicio de las sesiones extraordinarias, con el Ministro del Interior, Diego Santilli, recorriendo el país, surge una pregunta clave: "¿A cuántos gobernadores estamos de que estas leyes se aprueben?" Giuliano respondió con cautela, señalando que la situación era cambiante día a día. Relató la paradoja que observa en Santa Fe: "He visto gobernadores como el de la provincia de Santa Fe, que en Santa Fe dice una cosa, va a Buenos Aires y dice otra. En Santa Fe se queja porque las rutas están rotas, y en Buenos Aires se abstiene de votar un presupuesto en donde las obras de Santa Fe no están. Si el gobernador de Santa Fe se abstiene, le dice al Presidente: hagan lo que quieran. Imagínense que estamos en problemas".

Advirtió que, debido a la presión a los medios y la pauta oficial, esta situación pasa desapercibida, pero en la práctica, hay contradicciones que afectan la gobernabilidad y las decisiones legislativas: "Si lo que hace Pullaro en Santa Fe lo hacen otros gobernadores, estamos en graves problemas", concluyó. Mencionó también el caso del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien aseguró su apoyo, aunque reconoció que aún faltaban votos en la Cámara de Diputados y que habrá que esperar para conocer el desenlace final.

No deben bajar derechos y destruir el tejido productivo
Con estas advertencias y reflexiones, Giuliano se prepara para las sesiones extraordinarias del Congreso, defendiendo una agenda que combina derechos laborales, protección ambiental y desarrollo productivo. Consciente de que cada decisión tendrá impactos directos en la vida cotidiana de los argentinos y en la preservación de los recursos para las futuras generaciones, el diputado llamó a no retroceder en materia de derechos y a impulsar políticas que prioricen la producción local y el empleo formal.

"Es posible proteger a los trabajadores, generar empleo y cuidar el medio ambiente. Lo que no es posible es bajar derechos, facilitar despidos y destruir el tejido productivo. Esa es la línea que tenemos que seguir", concluyó Giuliano, dejando claro que su espacio político buscará alternativas concretas y sostenibles frente a las iniciativas del gobierno.

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