En una semana atravesada por debates importantes en la Legislatura provincial, la diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía Claudia Balagué analizó algunos de los problemas sociales más urgentes de Santa Fe y del país. Exministra de Educación entre 2012 y 2019 y exdecana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Balagué abordó la emergencia en violencia de género, las dificultades para acceder a una vivienda, los desafíos de la educación pública y la responsabilidad política de los representantes santafesinos frente a las decisiones del gobierno nacional.
La legisladora planteó una preocupación que atraviesa sus iniciativas parlamentarias: la distancia entre las necesidades concretas de la población y las respuestas que ofrecen los distintos niveles del Estado. Con ese telón de fondo, comenzó por una cuestión que considera impostergable: la violencia de género y la falta de avances para declarar la emergencia en la provincia.
La emergencia en violencia de género, una deuda que no admite más demoras
Según explicó, las alertas recibidas indicaban que, a esa altura del año, los casos de femicidio ya superaban ampliamente los registrados durante el año anterior. El seguimiento de las cifras, la visibilización de cada hecho por parte de los medios de comunicación y la preocupación compartida con las organizaciones sociales llevaron a considerar indispensable la declaración de una emergencia.
La medida, sostuvo, permitiría disponer rápidamente de fondos para intensificar las acciones de prevención, contención y cuidado, además de fortalecer los refugios destinados a mujeres que necesitan abandonar sus hogares para ponerse a salvo de sus agresores. La situación se vuelve todavía más compleja cuando los hijos también viven en el mismo domicilio y quedan expuestos a la violencia.
Para responder a estas situaciones, Balagué consideró necesarias inversiones importantes en personal especializado, equipos de acompañamiento y dispositivos de Educación Sexual Integral (ESI), especialmente dentro del ámbito educativo. Los refugios, remarcó, son indispensables en numerosos casos y requieren recursos suficientes para cumplir su función.
Sin embargo, el proyecto de emergencia que había presentado tiempo atrás no logró avanzar como esperaba. La diputada señaló que el oficialismo no acompañó las firmas necesarias para que el dictamen pudiera continuar su recorrido legislativo y lamentó que el tema no se tratara durante la semana. Mientras tanto, explicó, las organizaciones feministas y las que defienden la ESI habían respaldado el reclamo y participado de las instancias de trabajo para impulsar la iniciativa.
A la propuesta original se sumaron, durante la sesión del jueves, dos proyectos del bloque del Partido Justicialista en Diputados y otro presentado por Unidos a través del Senado. Balagué aseguró que su espacio está dispuesto a trabajar con amplitud, analizar cada punto y buscar una iniciativa común que reúna los distintos aportes. Pero puso una condición política central: que las negociaciones no se conviertan en una nueva excusa para postergar la respuesta.
"No nos podemos demorar más, porque la vida de las mujeres está en juego", sostuvo.
Para la legisladora, no existe una justificación razonable para que no haya un acuerdo político capaz de destrabar el tratamiento. En ese sentido, comparó la falta de avances con otras emergencias que fueron aprobadas durante la gestión de Unidos. Según recordó, en ese período se sancionaron seis declaraciones de emergencia, aproximadamente una cada seis meses, entre ellas las de carácter vial, hídrico y sanitario. También mencionó que se estaba proponiendo una emergencia para las librerías y los libreros, una actividad que reconoció como importante.
La comparación le sirvió para formular una pregunta que sintetiza su cuestionamiento al oficialismo: "¿Por qué la vida de las mujeres vale menos? ¿Por qué no puede ser una emergencia también?".
Más allá de la discusión puntual, Balagué vinculó las dificultades para aprobar su proyecto con el funcionamiento institucional de la Legislatura santafesina. Desde su experiencia como integrante de un bloque minoritario, describió un escenario en el que impulsar iniciativas y conseguir acuerdos resulta particularmente difícil.
Según relató, es habitual que legisladores del oficialismo respondan que determinados asuntos deben consultarse con el Poder Ejecutivo antes de avanzar. Esa práctica, a su juicio, pone en cuestión la autonomía parlamentaria y evidencia un retroceso institucional.
"Hay una división de poderes que está anulada en Santa Fe", advirtió, aunque reconoció que la interacción entre los distintos poderes del Estado es necesaria para discutir y analizar políticas públicas. Lo que considera inadmisible es que el Poder Legislativo dependa exclusivamente de la opinión del Ejecutivo. Para Balagué, esa subordinación limita el debate democrático y dificulta la posibilidad de que la Cámara actúe con independencia.
Vivienda Activa: entre los departamentos vacíos y las familias que no pueden alquilar
La diputada describió una paradoja cada vez más visible: mientras tener una vivienda propia se convirtió en un privilegio para buena parte de la población, numerosas torres de edificios permanecen desocupadas durante años. A su entender, el derecho a la vivienda está perdiendo efectividad frente a los costos de compra y alquiler, al mismo tiempo que existe una cantidad importante de inmuebles ociosos.
La situación del mercado de alquileres, señaló, se volvió especialmente acuciante. Los jóvenes le transmiten que resulta cada vez más difícil pensar en independizarse, formar una familia o sostener un hogar propio. Incluso personas que ya habían logrado salir de la casa de sus padres deben regresar al ámbito familiar porque sus ingresos no alcanzan para pagar un alquiler.
A esto se suman los requisitos para alquilar: depósitos, garantías, varios meses de pago por adelantado y otras exigencias que obligan a reunir una suma considerable antes de acceder a una vivienda. El problema no se limita a los sectores de menores ingresos, aunque para ellos las barreras son todavía más difíciles de superar.
Frente a ese panorama, Vivienda Activa propone crear un observatorio de vivienda que permita relevar la situación de las tierras, identificar inmuebles desocupados, analizar el mercado de alquileres y conocer cómo se distribuye y ocupa el suelo urbano. La intención es construir un diagnóstico que contemple también las necesidades demográficas y los lugares donde se concentra la demanda.
A partir de esa información, el proyecto plantea desarrollar instrumentos concretos para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir. Entre ellos, Balagué destacó la posibilidad de establecer líneas iniciales de financiamiento que ayuden a cubrir los depósitos, las garantías y los primeros meses de alquiler.
El acompañamiento estaría destinado especialmente a jubilados que cobran la mínima, estudiantes universitarios de bajos recursos y familias con dificultades económicas. La propuesta contempla una segmentación de acuerdo con las necesidades de cada grupo, con el objetivo de que el apoyo estatal permita superar los obstáculos iniciales para acceder a una vivienda.
Otro de los instrumentos previstos consiste en aplicar impuestos a las viviendas ociosas para estimular que sean destinadas efectivamente al uso habitacional. La idea es ampliar la oferta disponible y generar mayores posibilidades de acceso. Cuando un inmueble vuelva a ocuparse, explicó, el incremento impositivo debería dejar de aplicarse.
Balagué definió estas medidas como herramientas básicas y sencillas, pero capaces de intervenir sobre un problema que requiere respuestas coordinadas. También planteó la necesidad de promover viviendas sociales y modalidades de vivienda compartida.
En ese punto recordó una propuesta impulsada por Leonardo Caruana en el Concejo Municipal de Rosario. Se había identificado un edificio que estaba disponible para el municipio y que podía destinarse a cumplir una función social, pero finalmente se decidió venderlo. Para la diputada, ese tipo de decisiones supone perder oportunidades de aprovechar el patrimonio estatal para ofrecer alternativas a quienes atraviesan situaciones habitacionales difíciles.
Cuando el Estado dispone de un inmueble, sostuvo, también puede pensar en modalidades de ocupación comunitaria que permitan acceder a una vivienda de una manera diferente a la del mercado tradicional. El objetivo es que jóvenes y familias encuentren posibilidades concretas para independizarse y sostener un hogar.
La campaña ya comenzó a reunir adhesiones. Balagué explicó que el equipo está juntando firmas en distintos puntos de la ciudad, con puestos instalados en la peatonal y actividades previstas en la Feria del Libro, además de otros espacios. La respuesta, aseguró, es importante porque se trata de una problemática que atraviesa cotidianamente a muchas personas. La expectativa es que el proyecto pueda tratarse durante el año.
La iniciativa, aclaró, no pretende generar ventajas exclusivamente para los propietarios. Por el contrario, contempla la necesidad de regular valores de alquiler que, en ocasiones, considera completamente descontextualizados, y de penalizar la existencia de viviendas que permanecen vacías mientras otras personas no encuentran dónde vivir.
Mientras crece la oferta de viviendas de mediana y alta gama en Rosario, edificios enteros permanecen desocupados. Para Balagué, se trata de una contradicción que expone las tensiones del mercado inmobiliario. "Son inversiones, a veces no sabemos si no hay blanqueo de dinero, no sabemos de qué se trata todo eso", señaló, al referirse a las propiedades que permanecen vacías en una ciudad donde el acceso a la vivienda sigue siendo un problema.
A ese escenario se suman las estafas vinculadas con desarrollos inmobiliarios. Balagué advirtió sobre grandes empresas que ofrecen planes de pago a largo plazo y luego incumplen sus compromisos, dejando a quienes invirtieron sus ahorros sin la vivienda prometida.
La situación también se repite en los loteos del Gran Rosario. Según explicó, hay emprendimientos que venden terrenos sin contar con las habilitaciones estatales correspondientes. En algunos casos, se trata de zonas sin control ambiental adecuado o de terrenos inundables, donde no debería autorizarse ese tipo de desarrollo.
"Entonces, ¿quién controla todo eso?", planteó la legisladora, que reclamó un mayor compromiso de los gobiernos provincial y municipales para supervisar estas operaciones y evitar que el sueño de acceder a una vivienda termine convertido en una estafa.
Para Balagué, estas situaciones exponen una falla de control que exige un trabajo conjunto de los gobiernos provincial y municipales. No alcanza, consideró, con promover el acceso a la vivienda si no se garantiza que las operaciones inmobiliarias sean legítimas y que los terrenos ofrecidos cumplan las condiciones necesarias para ser habitados.
Educación pública: docentes desbordados y una escuela que debe adaptarse a otra época
La diputada afirmó que la situación es extremadamente difícil para muchas familias, que deben hacer esfuerzos crecientes para garantizar a sus hijos los elementos necesarios para asistir a la escuela. A partir de sus recorridas por la provincia, dijo observar que numerosas maestras terminan haciéndose cargo de necesidades básicas para que los chicos puedan permanecer en las aulas.
Esa realidad, señaló, vuelve especialmente doloroso que el Estado no reconozca el esfuerzo docente con salarios dignos, que se estigmatice la tarea de enseñar y que no se acompañe suficientemente a las escuelas atravesadas por problemáticas sociales.
"Que el Estado las maltrate, no les dé un salario digno, trate de estigmatizar la labor docente y no acompañe a las escuelas que están atravesadas por las problemáticas sociales, la verdad que duele, y duele muchísimo", expresó.
Sin embargo, su diagnóstico no se limita a las dificultades económicas ni a las condiciones laborales. Balagué advirtió que la educación también atraviesa una transformación profunda vinculada con la expansión de lo digital, el uso de pantallas y las nuevas formas de comunicación y de atención.
En su análisis, la escuela y los docentes deben competir hoy con una cultura de la velocidad y la inmediatez, en la que un video de treinta segundos puede captar más fácilmente la atención que una actividad que exige concentración sostenida. Frente a ese escenario, consideró necesario recuperar el vínculo con los libros, los procesos de aprendizaje y los tiempos que requiere la formación.
Desde su perspectiva, aprender no consiste solamente en obtener una respuesta inmediata, sino en atravesar un proceso que permita comprender, elaborar conocimientos y desarrollar capacidades. Esa tarea necesita tiempo, continuidad y acompañamiento, precisamente algunos de los elementos que parecen entrar en tensión con los hábitos digitales contemporáneos.
La exministra señaló que ya se observan dificultades vinculadas con la ansiedad y la falta de atención. Por eso, sostuvo que esta nueva época obliga a repensar numerosas dimensiones de la educación, desde las estrategias de enseñanza hasta las formas de acompañar a los estudiantes.
En ese marco, presentó el Congreso Pedagógico de Santa Fe, una iniciativa que, según contó, tuvo una respuesta muy superior a la que esperaba. La convocatoria superó los cuatro mil inscriptos en apenas tres días, una cifra que interpretó como una señal de la necesidad existente entre docentes e instituciones de contar con espacios de debate, formación de calidad e intercambio de experiencias.
Balagué explicó que tenía la intuición de que hacía falta una instancia de estas características, con especialistas reconocidos y propuestas surgidas de las propias escuelas, pero admitió que no imaginaba una adhesión tan rápida y numerosa.
La edición de este año se desarrollaría de manera virtual, mientras que la del año siguiente sería presencial. Durante la entrevista, la diputada invitó a docentes y familiares de docentes interesados en participar y destacó la presencia de especialistas con trayectoria nacional e internacional.
Entre los disertantes mencionó a Axel Rivas, con aportes sobre educación y políticas públicas; Claudia Romero, sobre gestión y liderazgo pedagógico; Flavia Terigi, en torno a trayectorias e inclusión; María Laura Méndez, sobre instituciones y vínculos; y Mariana Maggio, en el campo de la enseñanza y las tecnologías.
Balagué destacó que se trata de referentes con amplia experiencia en Argentina y conocimiento de las realidades educativas de América Latina. La intención, remarcó, es ofrecer una formación de alto nivel y abrir un espacio para compartir propuestas que puedan contribuir a mejorar las prácticas escolares.
La organización del congreso también fue motivo de una reflexión sobre el papel del Ministerio de Educación provincial. Desde el estudio, el periodista señaló que no era habitual ver a la actual gestión ministerial organizando actividades de estas características y observó que ese tipo de iniciativas parecía haber quedado ausente.
Balagué coincidió con esa apreciación y recordó que, durante su experiencia en la gestión educativa, era habitual reunir a especialistas destacados, debatir propuestas, impulsar instancias de formación y acompañar a los docentes mediante concursos y actividades de alto nivel.
A su entender, hoy no se observa una propuesta equivalente desde el Ministerio de Educación de Santa Fe. La respuesta obtenida por el congreso, sostuvo, demuestra que existe una demanda concreta de formación y de espacios colectivos para pensar la escuela.
La propuesta no se agotará en las exposiciones virtuales. Según detalló, quienes participen podrán presentar proyectos por escrito. Durante el año siguiente se prevé desarrollar un proceso de análisis y evaluación de esas iniciativas, con la intervención de un jurado calificado.
El proceso culminaría con una publicación de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, tanto en formato impreso como digital. Balagué consideró importante recuperar la producción de libros y materiales que permitan compartir experiencias educativas, especialmente aquellas prácticas docentes que están dando buenos resultados.
La intención es fortalecer una red entre escuelas y docentes que, según explicó, muchas veces ya existe, pero funciona de manera informal. Sistematizar las experiencias y ponerlas en circulación permitiría que las instituciones aprendan unas de otras y que las propuestas exitosas puedan ser conocidas y adaptadas en distintos contextos.
"Tenemos que ayudar a todos a salir adelante", señaló, al vincular esa tarea con las dificultades que atraviesa el país.
El acceso sería libre y gratuito, con certificación y puntaje para los concursos docentes. Las actividades estaban previstas para los sábados 24 y 31 de octubre, desde las nueve de la mañana, en una plataforma virtual interactiva.
Balagué aclaró que no se trataría simplemente de conectarse a una videollamada para escuchar exposiciones. La plataforma permitiría organizar aulas, grupos de trabajo e instancias de intercambio entre los participantes, con el propósito de que los docentes tuvieran una intervención activa.
El congreso llevaría por título Hacer escuela: el oficio de esperanzar en tiempos de incertidumbre, una denominación que, en el contexto descripto durante la charla, adquiere un sentido particular. Para la diputada, recuperar la formación, la participación y el intercambio docente constituye una forma de construir respuestas colectivas frente a una realidad educativa cada vez más compleja.
El DNU de Milei y la responsabilidad de los representantes santafesinos
Balagué expresó una profunda indignación por la ausencia de la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, quien ahora ocupa una banca como diputada nacional y conduce el bloque de Unidos en la Cámara baja. Según señaló, su ausencia se produjo durante el tratamiento de asuntos que consideró fundamentales para la situación económica y social del país.
Entre esos temas mencionó el endeudamiento de las familias, la legislación sobre tierras, la movilización universitaria en defensa de la universidad pública y las emergencias vinculadas con la discapacidad. Para Balagué, se trataba de cuestiones especialmente urgentes que requerían la presencia y el compromiso de quienes representan a Santa Fe en el ámbito nacional.
La diputada cuestionó que una dirigente que reúne responsabilidades políticas de semejante importancia no estuviera presente para participar de esas discusiones. Consideró que esa conducta revela una falta de responsabilidad y que, en la práctica, favorece las iniciativas del gobierno nacional.
"Por más que digan otra cosa, en la práctica eso favoreció al gobierno de Javier Milei", afirmó.
En su interpretación, la ausencia de representantes en debates de esa magnitud no es un hecho menor, porque muchas de las problemáticas que habían atravesado la entrevista están relacionadas con decisiones adoptadas por la administración nacional. Desde las dificultades económicas que afectan a las familias hasta la situación de las universidades públicas y las políticas de discapacidad, Balagué vinculó las consecuencias sociales con el rumbo político y económico del gobierno de ultraderecha.
La legisladora definió al DNU 70/2023 como una de las columnas vertebrales de esa gestión y consideró que se perdió una oportunidad importante para avanzar en su derogación. Aclaró que la responsabilidad no correspondía exclusivamente a los legisladores santafesinos, ya que algunos sí estuvieron presentes y ocuparon sus bancas, sino también a representantes de otras provincias que contribuyeron a que el decreto continuara vigente.
Su crítica se extendió a la dinámica política del Congreso Nacional, donde, a su juicio, resulta cada vez más evidente la facilidad con la que se consiguen apoyos para sostener determinadas decisiones del oficialismo.
"Es vergonzoso que se compren voluntades tan fácilmente en el Congreso Nacional", sostuvo, y agregó que esa situación se vuelve cada vez más visible y preocupante.
Los cuatro ejes de la entrevista confluyeron en una preocupación común: la capacidad del Estado para responder a problemas que afectan de manera directa la vida cotidiana. La emergencia en violencia de género, la falta de acceso a la vivienda, las dificultades de las escuelas y las decisiones que se toman en el Congreso aparecieron así como expresiones de una discusión más amplia sobre las prioridades políticas, la distribución de recursos y las responsabilidades de quienes gobiernan y legislan.
Para Balagué, el desafío consiste en transformar esas demandas en políticas concretas, sin que los obstáculos parlamentarios, la falta de planificación o las disputas partidarias terminen postergando respuestas que considera urgentes.
Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Archivo Señales, Gobierno de Santa Fe, Andrés Macera
