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Marcelo Romano (foto), abogado ambientalista, la autorización del Proyecto San Jorge no es solo un avance extractivo: significa la entrega del agua, la ruptura de la institucionalidad y la consolidación de un modelo que beneficia a pocos. La medida también evidencia el vaciamiento de la Ley 7722, la captura de los organismos de control, la represión a la protesta y la resistencia social que, como en 2019, vuelve a crecer. Desde la cabeza de cuenca del río Mendoza hasta los tribunales, esta crónica reconstruye una trama de poder, negocios y movilización ciudadana.
El agua en juego
Romano, referente del movimiento socioambiental de Mendoza, no tiene dudas: la reciente aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge es una de las decisiones más graves en la historia reciente de la provincia, dijo en
Señales. Desde su perspectiva, el Senado de Mendoza acaba de entregarle el agua de la provincia a la megaminería, en un acto que considera casi un sacrilegio.
Para Romano, lo que acaba de suceder no es una mera formalidad legislativa, sino un golpe directo a la vida de los mendocinos. La provincia, que enfrenta una de las crisis hídricas más severas del país, solo cuenta con agua en un 4% de su territorio. El resto es desierto, tierras áridas que dependen de esos pocos ríos y oasis para sostener la vida y las actividades productivas.
Y precisamente allí, en el Valle de Uspallata, en las cabezas de cuenca del río Mendoza, quieren instalar un megaproyecto minero que no solo utilizará enormes cantidades de agua, sino que también empleará sustancias altamente tóxicas, como el xantato, para el proceso de extracción del cobre.
El lugar que se ha elegido para este proyecto, una de las áreas más sensibles y estratégicas de Mendoza, genera alarma no solo entre los ambientalistas, sino entre una parte importante de la población. La cuenca del río Mendoza es el sustento de uno de los oasis más importantes de la provincia, una zona clave para el riego agrícola y la producción vitivinícola.
Para Romano, autorizar una megaminería a cielo abierto en esa región es una locura. "Es un despropósito, un daño irreversible", afirma, visiblemente indignado. En su opinión, detrás de esta decisión hay un desinterés absoluto por el bienestar de los mendocinos y una total desconexión con la realidad del territorio. "Esto no es solo ignorancia, es una entrega", sostiene, señalando que los legisladores que aprobaron el proyecto bien podrían estar cooptados por intereses económicos o, simplemente, no tener idea de lo que están autorizando.
Recientemente, mediante sus redes sociales, el presidente Javier Milei expresó su respaldo al Proyecto San Jorge: destacó que Argentina crecerá de la mano de "los tres principales vectores de la economía: el campo, la energía y la minería". Para Romano, este tipo de declaraciones evidencia cómo la megaminería no solo cuenta con apoyo local, sino que también se inscribe en una narrativa nacional que prioriza el crecimiento económico sobre la protección ambiental y el acceso al agua.
Golpe a la Ley 7722
La aprobación de la DIA para el Proyecto San Jorge está directamente relacionada con la lucha por la Ley 7722, una ley que nació del pueblo en 2007 y que fue un triunfo de la resistencia popular contra los proyectos mineros que amenazaban con contaminar los recursos hídricos de la provincia. Romano recuerda con claridad el histórico momento en que la ley fue conquistada: fue en las rutas de Mendoza, con miles de personas exigiendo que se prohíban las sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en las actividades mineras.
Esa ley, que fue una verdadera barrera protectora, se convirtió en un símbolo de la desconfianza popular hacia los controles del Estado. Sin embargo, el Proyecto San Jorge, impulsado por la empresa Solway, logró darle un golpe mortal a la Ley 7722.
En 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la minera, declarando inconstitucional una parte clave de la ley que prohibía el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta sentencia, según explica Romano, permitió que el proyecto San Jorge avance sin las restricciones que la ley imponía, y ahora la minera podrá utilizar compuestos similares al cianuro o al mercurio, como el xantato, que son igualmente peligrosos. "Esto es gravísimo", subraya Romano, apuntando que la Corte Suprema permitió que las empresas mineras se saltaran una de las principales garantías de la ley.
Impacto ambiental y precedentes
"San Jorge no solo viola la Ley 7722, sino que pone en peligro la vida misma de Mendoza", asegura el abogado. Y no solo lo dice él, sino que varias organizaciones y voces de la sociedad civil han alzado la voz en contra. La Iglesia mendocina, a través de su pastoral social, y el CONICET han emitido informes en los que afirman que la DIA del Proyecto San Jorge es ilegal, incompleta y peligrosa. Ambos informes coinciden en señalar que los estudios de impacto ambiental no están completos, y que la aprobación del proyecto se realizó de manera apresurada y sin considerar todos los riesgos reales.
Romano describe cómo, en pleno debate en la Cámara de Diputados, el informe del CONICET fue retirado de la discusión. "Fue como si alguien apagara una alarma de un auto cuando la temperatura del motor empieza a subir", dice, en un intento de ilustrar la gravedad del hecho. Según él, el informe inicial del CONICET había sido una señal clara de alerta, pero fue rápidamente desactivado por la vicegobernadora de Mendoza, quien, al parecer, presionó para que el documento fuera minimizado o descalificado. Al poco tiempo, un nuevo comunicado del CONICET salió a la luz, mucho más "ayornado", más edulcorado y mucho menos crítico con el proyecto minero.
Esto, para Romano, no es más que un ejemplo de la corrupción administrativa que está en juego. "Lo que estamos viviendo es un cerco mediático, una campaña de propaganda a favor de la minería", asegura, mencionando a los medios de comunicación locales que, según él, están al servicio de los grandes intereses mineros. En Mendoza, dice, los canales de televisión más importantes están bajo el control de empresarios ligados a la minería, como Daniel Vila, José Luis Manzano y también Mariano Alonso, presidente de Canal 9 Televida.
Para Romano, esto es parte de una estrategia orquestada para cambiar la matriz productiva de Mendoza y dejar atrás actividades más sostenibles como la agricultura y el turismo, para dar paso a un modelo económico que beneficia a las grandes corporaciones extractivas.
La resistencia social como fuerza
Pese a todo, Romano no pierde la esperanza. Para él, lo que realmente podría frenar el avance del Proyecto San Jorge es la presión popular. "La gente está en la calle, cada vez somos más los que nos oponemos a esto. La resistencia viene de abajo hacia arriba", asegura. Las asambleas ciudadanas se han multiplicado por toda la provincia, y según Romano, es la movilización social la que puede detener la maquinaria política y judicial que apoya este tipo de proyectos.
"En 2019, cuando intentaron eliminar la ley 7722, la gente salió a las calles y la ley volvió. Lo mismo va a pasar ahora", predice. Romano también advierte que la caída del Proyecto San Jorge no solo significaría un triunfo para la causa ambiental, sino también un golpe para el gobierno de Cornejo, quien, según él, apostó todo a este proyecto minero.
"El gobierno de Cornejo ha jugado sus cartas a favor de la minería, abandonando sectores productivos tradicionales de Mendoza como la agroindustria, la ganadería y el turismo", concluye. Para Romano, si la resistencia ciudadana logra frenar el proyecto, no solo estará defendiendo el agua y el territorio, sino también enviando un mensaje claro a las autoridades de que el pueblo tiene el poder para decidir sobre su futuro.
Concentración de poder y medios
Marcelo Romano no separa el avance del Proyecto San Jorge del clima político, mediático e institucional que atraviesa hoy Mendoza. Para explicar los riesgos ambientales concretos de la megaminería, primero describe el escenario en el que se construye el sentido común.
Días atrás, en el noticiero central de Canal 7, el canal del Grupo América (Vila-Manzano), recibían al presidente de la Cámara de Empresarios Mineros con elogios. Incluso, los conductores le cuestionaban por qué no había asistido antes. Para Romano, esa escena no fue casual: fue la única voz que se escuchó en un canal que, según recuerda, mantiene estrechos vínculos con figuras como José Luis Manzano y Daniel Vila, ambos ligados a intereses corporativos mineros. "Ahí se entiende por qué hay un discurso único", señala.
Cuando baja al terreno de los impactos ambientales, Romano propone un ejercicio simple. Invita a cualquiera a buscar en Google —o en cualquier herramienta de inteligencia artificial— combinaciones de palabras como "derrames", "mina", "Veladero", "Barrick Gold", "San Juan", "Jáchal". Para él, ese caso resume de manera brutal lo que implica el extractivismo minero en la Argentina. Habla de derrames consecutivos, de derrames ocultados desde 2016 en adelante, y de una cadena de daños ambientales que nunca fue plenamente reparada.
Recuerda que San Juan está a poco más de 300 kilómetros en línea recta de Mendoza. "Nuestros hermanos sanjuaninos están muy cerca", dice, y pone como ejemplo lo ocurrido hace apenas unos días en Jáchal. Allí, en el dique Cuesta del Viento, aparecieron miles y miles de peces muertos. El pueblo exigió explicaciones, se pidieron informes, y los análisis realizados por la Universidad Nacional de Cuyo detectaron cloro y mercurio: sustancias típicas de los derrames históricos de la mina Veladero, operada por Barrick Gold, hoy Barrick Mining Corporation.
Para Romano, eso indica con claridad que hubo un nuevo derrame, que fue ocultado, y del que "nadie dijo nada". Ese es, advierte, el tipo de riesgo que Mendoza enfrentaría con el Proyecto San Jorge, agravado por un factor adicional: la concentración de poder. Romano sostiene que en la provincia rige, de hecho, la "suma del poder público".
Describe un sistema en el que los recursos judiciales chocan contra un entramado político cerrado: un gobernador que mantiene vínculos personales con las máximas autoridades judiciales, una Corte y un Ministerio Público alineados, una Legislatura con mayorías automáticas. "Acá, si no consiguen los votos en las urnas, después los consiguen de otra manera", afirma, y habla de legisladores "seducidos", en un término elegante para no usar otros más duros.
Ver también: San Jorge, el proyecto que amenaza el agua de Mendoza: ciencia censurada, represión, negocios opacos y un pueblo que vuelve a levantarse
Riesgos ambientales concretos
En ese contexto, advierte que Mendoza podría incluso sufrir consecuencias peores que San Juan. No porque el proyecto sea técnicamente más seguro, sino porque los controles ambientales —según su mirada— directamente no existen. Romano pone el foco en una figura clave: la ministra Jimena Latorre, que concentra simultáneamente las carteras de Energía y Ambiente. Para él, ese solo dato explica buena parte del problema.
"Promueve la minería y tiene que cuidar el ambiente", resume, "o sea, no hace ninguna de las dos cosas". Como ejemplo concreto, Romano menciona los pasivos ambientales de YPF en la provincia. Habla de "desastres", sin eufemismos. Cuenta que la Bodega Séptima, cuyos vinos se exportan y se venden en góndolas de todo el mundo, tiene el agua subterránea contaminada con benceno y otros compuestos provenientes de la destilería de Luján de Cuyo.
Describe la existencia de una pluma de contaminación subterránea que afecta a bodegas de gran jerarquía, y señala que, sin embargo, nadie dice nada "porque es YPF". Menciona también la contaminación en Lunlunta, una zona olivícola reconocida, donde —afirma— la empresa estatal afectó suelos y aguas. Cuando se realizaron denuncias, recuerda, Jimena Latorre era al mismo tiempo ministra de Ambiente y representante de la provincia de Mendoza en el directorio de YPF, por las acciones que el Estado provincial posee en la empresa.
Para Romano, el conflicto de intereses es evidente. Lo dice sin rodeos: quien debía controlar ambientalmente a YPF formaba parte de la conducción de la empresa que estaba contaminando. Agrega, además, el dato salarial: mientras cobraba cifras millonarias como directora de YPF, percibía un sueldo muy inferior como ministra. "Esos son los controles que vamos a tener", resume, "arriba de una mina de cobre y de oro, con sustancias tóxicas, en la cabeza de cuenca del río más importante de la provincia, donde vive un millón y medio de personas a la vera del río".
Discurso oficial y retórica institucional
En ese clima, Romano también cuestiona las declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado, quien en una entrevista radial aseguró que el Gobierno tiene los controles necesarios y que, si fuera necesario, incluso cerrarían el Proyecto San Jorge para evitar daños ambientales. Para Romano, ese discurso no es tranquilizador. Lo define como una expresión de una política del rencor, del enojo y de la crueldad institucionalizada. Cita el libro Los ingenieros del caos, que analiza el crecimiento de las nuevas derechas en el mundo, y encuadra a la vicegobernadora dentro de ese tipo de retórica agresiva y virulenta.
Aclara que evita descalificaciones personales o etiquetas ideológicas, en parte por respeto institucional y en parte porque se trata de una mujer en un cargo de relevancia. Pero no ahorra críticas: la considera alejada de la institucionalidad y sin el carisma necesario para ejercer la vicepresidencia de una provincia como Mendoza.
Frente a eso, vuelve a depositar su expectativa en la reacción social. Dice que el pueblo va a volver a caminar al costado de las rutas, todos los días, hasta que el Gobierno retroceda, como ocurrió en 2019 con el intento de derogar la Ley 7722.
Para Romano, la pelea no es solo por el agua, sino también por recuperar la institucionalidad perdida. Advierte que Alfredo Cornejo no es Rodolfo Suárez, el gobernador que en 2019 dio marcha atrás rápidamente. Describe a Cornejo como un dirigente obstinado, con una fuerte vocación de poder y una idea de omnipotencia política. Por eso, anticipa que el impacto de la protesta social será grande, incluso mayor que en 2019. Aclara que no se trata de una protesta violenta, pese a los intentos oficiales de estigmatizarla.
Y arriesga una predicción: Mendoza volverá a ser noticia mundial por defender lo más importante que tiene. "Mendoza es hija del agua", insiste.
Participación ciudadana y audiencias paralelas En ese recorrido, Romano también denuncia la violación sistemática del derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información ambiental. Asegura que el proceso de aprobación del Proyecto San Jorge incumplió de manera flagrante esos principios básicos.
Invita, nuevamente, a buscar información: "googleen dónde fue la audiencia pública". Explica que presentaron recursos de amparo porque la audiencia oficial fue convocada a tres mil metros de altura, en plena cordillera de los Andes, en invierno, prácticamente en el lugar donde se ubicaría el yacimiento. Para Romano, la intención fue clara: impedir que la población pudiera llegar y participar.
Frente a esa exclusión, las organizaciones y asambleas decidieron organizar una audiencia paralela. Solicitaron el predio del Arzobispado en Uspallata y realizaron allí un encuentro con seis escribanos, que dio cuenta de la verdadera voluntad popular. En esa audiencia alternativa, afirma, el cien por ciento de los participantes se manifestó en contra del proyecto.
Esa experiencia, dice, demuestra que la participación promovida por el Gobierno fue nula y deliberadamente restringida. Con esas pruebas, Romano asegura que están preparados para acudir a instancias superiores. Da por descartada la justicia provincial, a la que considera cooptada por el gobernador, y plantea la posibilidad de recurrir a la justicia nacional e incluso a organismos internacionales, si la movilización popular —la "pueblada"— no logra frenar lo que define, sin matices, como una tragedia ambiental en ciernes.
Promesas de empleo y derrame económico
En el tramo final de su análisis, Marcelo Romano se detiene en uno de los ejes más repetidos por el discurso oficial y empresarial: la promesa de empleo y desarrollo económico asociada al Proyecto San Jorge. Dice que escuchó con atención a funcionarios y voceros del Gobierno, sobre todo a través de redes sociales, donde abundan largas exposiciones sobre el supuesto "derrame económico" que traería la megaminería.
Desde el punto de vista legal y material, sostiene, ese relato es una falacia. Lo define como un "canto de sirena", una ilusión cuidadosamente construida para legitimar un negocio que beneficia a muy pocos.
Romano pone números sobre la mesa. Explica que el proyecto prevé una vida útil de dieciséis años y un consumo de alrededor de doce millones de litros de agua por día. En ese período, según los propios datos difundidos por la empresa, el "beneficio" económico que quedaría en la provincia rondaría los 256 millones de dólares.
Para el abogado, la cuenta es escandalosa: esa cifra no alcanza siquiera a medio punto del presupuesto anual de Mendoza. "Una barbaridad por nada", resume. A cambio, señala, la empresa se llevará todo: el mineral, el agua, y dejará lo que el propio CEO del proyecto, Gregorio —recuerda— admitió sin rodeos: las colas de los diques de contención, los escombros, los drenajes ácidos, los pasivos ambientales que quedan cuando el negocio se retira.
Lo mismo ocurre, afirma, con la cuestión del empleo. Las cifras que circularon públicamente hablaban de tres mil puestos de trabajo. Sin embargo, en los documentos presentados por la propia empresa, el número real se reduce a 378. Para Romano, no hay margen para la ingenuidad: la megaminería no genera trabajo masivo ni sostenido, y menos aún justifica la magnitud del daño ambiental que produce. "No hay duda de que esto es un negocio", insiste, "pero no para la sociedad mendocina".
Julio César Pulisich, Cornejo y Antonio Torre en una feria minera
Conexión con otros proyectos minerosEn ese punto, amplía la mirada y conecta el Proyecto San Jorge con otros intereses mineros en la provincia. Menciona el distrito minero Malargüe, en el sur de Mendoza, donde en una primera etapa se denunciaron 34 proyectos. De ese total, afirma, 19 están vinculados a funcionarios del propio gobierno de Alfredo Cornejo. Señala a la empresa APELEG Sociedad Anónima, constituida —según explica— apenas después de que sus integrantes dejaran cargos públicos, y que rápidamente adquirió 19 de esos 34 cateos mineros.
Da nombres: Julio César Pulisich y Antonio Torre, síndicos de la empresa estatal Potasio Río Colorado, que terminó siendo comprada por José Luis Manzano. Para Romano, todo está conectado. Habla sin rodeos de tráfico de influencias, de conocimiento privilegiado, de decisiones políticas que se traducen en negocios privados. "El único derrame económico es para los bolsillos de los que toman las decisiones", concluye. Y esa, dice, es la verdadera razón del entusiasmo oficial por imponer una nueva matriz productiva basada en el extractivismo.
Flyer que pedía la libertad de Bautista Franco, colega del medio digital Minuto Ya
Represión y amedrentamiento
Cuando se le pregunta si el clima social recuerda al de 2019, Romano no duda. Dice que el escenario ya está en marcha. Habla desde la experiencia directa: de estar todos los días al costado de las rutas, de recorrer asambleas, de intervenir como abogado en medio de la protesta. Cuenta que, incluso, ese mismo fin de semana debía ir al Polo Judicial un sábado para gestionar la liberación de parte de las trece personas detenidas en una redada policial realizada por orden del Gobierno provincial en la capital mendocina, apenas dos noches antes.
Desde ese lugar, asegura que la mística en defensa del agua sigue intacta. Que no se rompió. Que es solo cuestión de tiempo para que se exprese una movilización enorme, similar —o mayor— a la de 2019. Anticipa que, quizá, la próxima vez que hable del tema será para contar desde adentro cómo se está gestando esa protesta masiva que no solo buscará recuperar el agua que, según sus palabras, los legisladores "entregaron" a la minería, sino también algo más profundo: la institucionalidad perdida.
El clima de tensión se refleja también en los episodios represivos. Romano confirma que los periodistas detenidos durante la cobertura de las protestas fueron liberados, y subraya ese dato como una prueba más de la discrecionalidad con la que actúan las fuerzas de seguridad provinciales. No fue un error aislado, aclara: fueron dos periodistas detenidos en una redada realizada "a mansalva", sin discernimiento alguno. Para él, el objetivo es claro: amedrentar, criminalizar la movilización social y generar miedo. La liberación llegó, dice, porque ya no podían sostener el absurdo de tener periodistas presos por hacer su trabajo.
Pero el relato no termina ahí. Romano denuncia casos de apremios ilegales. Menciona a un joven de apellido Puebla, con el rostro desfigurado, golpeado por tres policías que lo subieron a un móvil, lo trasladaron a una zona oscura detrás de la Casa de Gobierno y lo agredieron brutalmente. "Como en la época de la dictadura", dice, sin exagerar ni matizar.
Justicia provincial vs nacional En cuanto a la posibilidad de que la justicia frene el proyecto, su diagnóstico es tajante. La justicia provincial, afirma, no lo va a hacer. Señala directamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, exministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, como prueba de la falta de independencia judicial. Lo mismo extiende a la justicia penal. Para Romano, no hay expectativa alguna en el ámbito provincial.
La única esperanza jurídica, sostiene, está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí, dice, existe jurisprudencia sólida en materia ambiental. Menciona especialmente el fallo conocido como el "caso Majul"*, en el que la Corte aplicó de manera clara los principios preventivo y precautorio del derecho ambiental. Explica el alcance de esos principios: cuando existe duda razonable sobre un posible daño ambiental, la actividad no debe autorizarse. No después, no cuando el daño esté consumado, sino antes.
Eso es, justamente, lo que —según Romano— está haciendo hoy el Gobierno de Mendoza: autorizar un proyecto que puede, y probablemente va a contaminar el agua. El problema, advierte, es el tiempo. Incluso si la Corte Nacional interviene, puede ser tarde. Por eso insiste en que la movilización social no es un complemento, sino la herramienta central. "Se lo dice un abogado", remarca. Si alguien que trabaja dentro del sistema judicial no cree en la justicia provincial, se pregunta qué puede esperar el ciudadano común que hoy sufre persecución y represión.
Romper el cerco mediático
El cierre vuelve al agradecimiento, pero también a la definición política. Romano reconoce el rol de las radios comunitarias, en Mendoza y en todo el país, como los únicos espacios capaces de romper el cerco mediático que rodea el conflicto. Dice que sin esos micrófonos abiertos, muchas de estas denuncias no llegarían a la sociedad. Y deja un último mensaje: un abrazo a las personas detenidas y el deseo de que recuperen pronto la libertad.
En su voz, queda clara una convicción que atraviesa toda la crónica: frente al poder concentrado, la justicia alineada y el discurso único, lo único que todavía puede salvar el agua —y la democracia mendocina— es la gente en la calle.
*El "caso Majul" (Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano) es un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) argentina de 2019 sobre derecho ambiental, donde se sentó jurisprudencia sobre la protección de humedales y la aplicación de principios como el precautorio y el in dubio pro natura, revocando una decisión provincial que permitía un proyecto inmobiliario que dañaba el Río Gualeguaychú y estableciendo la necesidad de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) rigurosa, revalorizando el rol del juez en casos de daño ambiental.
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