Jeff Bezos y la muerte del Washington Post

Por: Miquel Pellicer
Cuando Donald Graham estrechó la mano de Jeff Bezos (foto), el hijo de Katharine Graham, le aconsejó que no antepusiera motivaciones políticas porque "le podría estallar en la cara". Se acababa de sellar la venta del Washington Post en 2013 por 250 millones de dólares en Sun Valley (Idaho). Días después, el periodista del Post, Paul Farhi, charló con Bezos para publicar una noticia sobre la adquisición. Bezos le dijo a Fahri que "quería poner al Post en la pista de despegue" para crecer y volver a ser una empresa rentable de nuevo. Este par de anécdotas las cuenta Martin Baron, exdirector del Post, en su libro Frente al poder, publicado en 2023. Son un buen contexto para entender lo que está pasando con el medio de comunicación propiedad de Bezos

La narrativa del "magnate salvador" del periodismo, no obstante, ha muerto definitivamente en febrero de 2026. Jeff Bezos se ha cansado de su ‘Rosebud‘ y ha echado un tercio de la plantilla del Washington Post. El Post ha cerrado su sección de deportes y su sección de libros, ha desmantelado su equipo internacional y ha reducido drásticamente la cobertura local. Los recortes en la redacción del Post han impactado en todo el país y los medios están analizando del derecho y del revés lo que está pasando. En la Super Bowl 2019 hizo fortuna el anuncio del Post con la voz de Tom Hanks con el entonces gran lema del periódico: ‘Democracy Dies in Darkness‘. Unas cuantas finales de fútbol americano después. David Remnick, editor de The New Yorker, lanza con ese lema una advertencia difícil de ignorar: la democracia no solo puede morir en la oscuridad; también puede hacerlo a plena luz del día. Y estos días, ciertamente, hemos visto como muere un poco más en Estados Unidos. En palabras de Ashley Parker, una periodista política que recientemente abandonó del Post para incorporarse a The Atlantic, los recortes han supuesto "el asesinato" del periódico. El Post sigue en pie y Bezos sigue siendo el propietario pero la narrativa huele a muerte. Estos días, la redacción del periódico huele a miedo y destrucción.

Contexto mediático
En el segundo mandato de Donald Trump se multiplican los ataques a los derechos civiles en el país, los medios de comunicación ‘legacy‘ están desorientados y cada vez más autocensurados en el tsunami comunicativo de Trump, amenazando a unos e insultando fundamentalmente a mujeres periodistas.

Del fenómeno Trump, contamos diez años desde que en el caucus de Iowa en 2016 quedó segundo por detrás de Ted Cruz, pero desplegando su amenazante estrategia comunicativa. Hemos pasado de la disrupción comunicativa al autoritarismo mediático. En noviembre de 2015, un editorial del Post advertía que "la vileza cada vez mayor de la campaña de Donald Trump supone un desafío para todos nosotros". Un día antes del primer debate entre Trump y Hillary Clinton en septiembre de 2016, el consejo editorial del periódico dejó una frase lapidaria: "El señor Trump ha demostrado ampliamente que es indigno de ocupar el Despacho Oval". El resto de la historia ya la conocemos. Y por el camino, el Washington Post, como otros medios, se ha visto arrastrado por una espiral de intereses, coacciones y también malas decisiones estratégicas.

Contrastes
Respecto al Post, lo que hace una década se presentó como un compromiso filantrópico con la democracia, hoy se revela como una pieza sacrificable en un tablero de ajedrez mucho más grande. El contraste es, cuando menos, paradójico: mientras la redacción de The Washington Post luchaba por su supervivencia, el ecosistema de Jeff Bezos riega con millones de dólares proyectos que huelen más a propaganda que a arte o información. Horas después de los brutales recortes, también se fue a casa el consejero delegado, William Lewis, que justificó su salida "para garantizar el futuro sostenible" de la histórica cabecera.

Will Lewis será recordado, según Max Tani en Semafor, como el ejecutivo que encarnó "una gran oportunidad perdida". Su llegada a finales de 2023 generó un optimismo cauteloso en la redacción, pero esa expectativa se transformó pronto en decepción. Quedó marcado por dos decisiones que dañaron su liderazgo: bloquear una información del propio diario sobre su vínculo con el escándalo de escuchas en el Reino Unido y pilotar, junto a Jeff Bezos, un giro editorial negando el apoyo editorial a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024. Este bloqueo a Harris fue percibido como una capitulación política que provocó más de 250.000 suscripciones canceladas en pocos días.

La dimisión de Lewis, tras supervisar importantes recortes y sin un plan de sucesión claro, ha terminado de reforzar la imagen de desorden estratégico. Más que por haber transformado el periódico, Lewis parece destinado a ser recordado como el dirigente que no supo definir su rumbo en un momento crítico y que agravó la crisis de identidad de una de las grandes cabeceras del periodismo estadounidense.

Ver también: El Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, realiza despidos masivos y elimina a un tercio de su personal

Propaganda política con Melania
Mientras el Post recorta para ahorrar unos pocos millones, Amazon MGM Studios ha decidido tirar la casa por la ventana con el documental Melania. Las cifras son mareantes y desafían cualquier lógica de mercado. Amazon pagó 40 millones de dólares por los derechos del documental de la Primera Dama, Melania Trump. Se han invertido 35 millones adicionales en promoción, incluyendo anuncios en los playoffs de la NFL. Sin integridad periodística: Melania Trump tuvo control editorial total sobre la cinta, dirigida por Brett Ratner, un habitual en los documentos Epstein.

Para diferentes analistas el mensaje es nítido: no se busca rentabilidad cinematográfica, se busca comprar influencia. En un contexto de hostilidad regulatoria y política, gastar 75 millones en una hagiografía de la Primera Dama es una inversión en "paz corporativa", no en cultura.

La mirada global del negocio de Bezos
En el caso del Post, la crisis no puede desligarse del ecosistema más amplio de su propietario. Bezos temía que una postura crítica del Washington Post provocara represalias de Trump contra Amazon, especialmente en forma de bloqueo de contratos federales. La computación en la nube, uno de los motores de crecimiento del grupo, depende en gran medida de acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia. A ello se suma la presión competitiva sobre Blue Origin, que ha quedado rezagada frente a SpaceX y necesita también el respaldo de contratos públicos para consolidarse.

Bezos parece decidido a gestionar cuidadosamente sus equilibrios políticos y empresariales, evitando que el Post se convierta en un obstáculo para los intereses estratégicos de sus otras compañías.

Derrota del periodismo
"Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo", escribía Marty Baron en una declaración en respuesta a los recortes anunciados. Baron fue nombrado editor jefe del periódico pocos meses antes de la compra por parte de Bezos en 2013. Durante los ocho años que dirigió la redacción, el Post se consolidó como una de las voces más influyentes frente al poder, especialmente durante el primer mandato de Trump, y obtuvo diez premios Pulitzer. En esa etapa, además, contó con el apoyo firme y sostenido de su propietario.

Pero la perspectiva ha cambiado porque el medio ha dejado de ocupar el centro del proyecto empresarial y su misión se ha debilitado.

Hoy el poder de la propiedad ya no necesita intermediarios ni censura explícita: basta con redefinir presupuestos, prioridades y niveles de riesgo para moldear el resultado editorial. La escala tampoco garantiza legitimidad; comprar medios o crecer vía adquisiciones no construye credibilidad por sí solo y, bajo presión política, el periodismo puede convertirse en moneda de cambio. Si se leen en conjunto los casos de Los Angeles Times, CBS o CNN, el diagnóstico se vuelve más preciso: no estamos solo ante una crisis del modelo de negocio ni ante decisiones erráticas, sino ante un problema de gobernanza y de incentivos.

"Los repugnantes esfuerzos de Bezos por ganarse el favor del presidente Trump han dejado una mancha especialmente fea", escribía Baron en su declaración.

La mayor amenaza no es el cierre abrupto, sino la erosión silenciosa, el adelgazamiento progresivo del proyecto hasta conducirlo a la irrelevancia. En contextos inciertos, el verdadero peligro no es solo la inestabilidad externa, sino la fragilidad interna que los propios medios generan cuando renuncian a su ambición periodística. Por eso, los recortes de Bezos huelen a muerte y derrota.

La pregunta de fondo no es cuánto cuesta sostener un gran periódico, sino cuánto cuesta dejar de hacerlo. Como advierte David Remnick, su propietario es "responsable de una mercancía invaluable": el periodismo como garantía de vigilancia democrática. Conviene recordarlo en un momento de repliegue estratégico: los medios no son solo empresas que optimizan resultados trimestrales; son infraestructuras cívicas que sostienen la conversación pública y el equilibrio del poder. Cuando se debilitan, no sólo pierde una redacción. Pierde la democracia.

Foto: © Italy Photo Press via ZUMA Press

Fuente: Jot Down

Entre la ley y la vida: la Iglesia reclama prevención y educación antes de bajar la edad de punibilidad

En medio del debate por la posible baja de la edad de punibilidad en Argentina, la Iglesia Católica volvió a manifestar su rechazo a esta iniciativa, advirtiendo sobre el riesgo de criminalizar a niños y adolescentes sin atender las causas profundas de la exclusión y la violencia. Desde el Episcopado sostienen que reducir la edad sin un abordaje integral es simplificar un problema complejo que atraviesa la vida de los jóvenes y de las comunidades más vulnerables.

El Padre Máximo Jurcinovic, sacerdote y director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, asumió el rol de vocero en este debate que vuelve a instalarse en la agenda pública. Desde su perspectiva, la Iglesia propone siempre una mirada integral sobre estos temas, reconociendo la necesidad de un régimen penal juvenil y adolescente, pero alertando que comenzar la discusión únicamente por la edad representa una reducción que deja de lado las causas profundas. "Estamos hablando de qué está pasando con la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes", remarcó en diálogo con Señales.

La necesidad de un debate integral

Jurcinovic advirtió que la Iglesia no está ajena al dolor desgarrador de familias y comunidades que han sufrido delitos, pero insistió en que no se puede pensar solo en la edad. "Es un modo de simplificar la cuestión. La Argentina ya tiene un régimen penal juvenil, creemos que hay mucho por hacer y sobre todo creemos que hay mucho por debatir. Por eso creemos que estos tipos de tratamiento donde no se escucha la voz de los senadores, donde no se escucha la voz de los diputados, donde muchas veces se aceleran tanto los tiempos, no generan algo imprescindible que es la escucha de todas las voces. Por eso creemos que, por supuesto, hay mucho que caminar, hay mucho que debatir y estamos hablando de los niños y jóvenes de nuestra patria que están en situación de vulnerabilidad y que quizá todavía no han cometido delitos y que no los van a cometer nunca, pero que tenemos que poner también la mirada sobre ellos".

El sacerdote sostuvo que comenzar solo con castigo representa un reduccionismo. "La Iglesia se lo ha preguntado el año pasado y se lo vuelvo a preguntar ahora, y creemos, además, por las informaciones que tenemos a través de los medios de comunicación, que tiene que estar todo más claro: ¿dónde vamos a alojar a los menores? ¿Cuáles son los lugares que se van a crear para poder acompañarlos y resaltarlos en la sociedad? ¿Cuáles son los dispositivos que las provincias, los municipios van a tener para poder acompañar este tipo de problemática? Porque después sabemos cómo pasa esto, después cada uno se tiene que arreglar, digamos, ¿no? Seguro. Entonces creemos que es una discusión que se necesita dar y que esperemos que se dé de una manera responsable".

Contrastes legislativos: la ludopatía y la urgencia

Jurcinovic recordó ejemplos de la agenda política reciente, señalando la necesidad de debatir con profundidad y con información seria. Hizo referencia al proyecto de prevención de la ludopatía, que según señaló "cuida la vida de nuestros pibes" y recordó que, pese a su importancia, "un niño tiene un casino en su mano hoy en día. El año pasado esa ley no se trató en todo el año en el Congreso de la Nación, en el Senado. Una ley aprobada por la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. No había apuro, parece, digamos, ¿no? Y ahora nos encontramos con este acelere por esto. Por eso creemos que es necesaria la grandeza política de tomarse estos temas con profundidad y de debatirlos para que la sociedad sepa, y sobre todo, cómo vamos a tratar a nuestros más vulnerables. Porque esa es la cara de una sociedad, es la cara de una patria, cómo trata a los más débiles y vulnerables".

La contradicción política y el debate sobre la edad de punibilidad

En la ciudad de Rosario, la ex vicegobernadora y actual diputada por Santa Fe, Gisela Scaglia, expresó recientemente que apoyaba bajar la edad de punibilidad a 13 años, argumentando que la punibilidad protege a los chicos frente a las bandas criminales. También advirtió que las problemáticas juveniles requieren inversión social, algo que el Estado aún no garantiza. Esta situación evidencia una contradicción entre las demandas de quienes fueron víctimas y ciertas decisiones políticas que buscan medidas rápidas y visibles.

Frente a este escenario, Jurcinovic destacó que las discusiones requieren profundidad, datos y un abordaje integral, no solo la reducción de la edad de punibilidad. "Con este ejemplo y con muchos otros que hemos escuchado, se necesita un debate donde se escuchen todas las voces. Vamos a bajar la edad, ¿y dónde vamos a recluir a estos menores? ¿Conoce la política realmente la realidad de los establecimientos penitenciarios de nuestra patria? ¿Conoce cómo hoy se puede acompañar en cada provincia y en cada lugar esta situación? ¿Conocen nuestros representantes este deterioro educativo que hay en muchos lugares, la deserción escolar, que necesita una pronta solución? Nosotros ahí, lo hace la Pastoral Social en este documento también, que volvió a reditar, creemos que también es necesaria la grandeza política, porque le va a tener que ser serio, con conocimiento profundo, con estadísticas. La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad, y requiere un abordaje integral".

La mirada integral sobre los barrios

El sacerdote subrayó la gravedad de los problemas que atraviesan los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Habló de los casos de ludopatía que derivan en deudas e incluso suicidios, y señaló que estos hechos "nos tiene que tocar el corazón a nosotros, a nuestros presentantes, para saber que estos temas no son solamente cuestiones de títulos o decisiones que caigan bien o mal. Estamos hablando de vida o de muerte, y todo esto, por supuesto, atravesado también por la realidad del narcotráfico, por eso creemos el abordaje y la necesidad de una mirada integral".

La prevención, enfatizó, debe comenzar mucho antes de que un niño cometa un delito. "No nos podemos ir de los barrios. Cuando el Estado se corre de los barrios, cuando las organizaciones no tienen capacidad o no pueden permanecer en los barrios, el que ocupa ese lugar es el narco. Entonces lo primero es la lucha día a día contra este flagelo. Bueno, ustedes también lo saben, nosotros lo sabemos en el conurbano. Estamos hablando y los sacerdotes que trabajan en los barrios nos cuentan del inicio de la edad de consumo a los nueve años. Bueno, no podemos no pensar que ese es un tema prioritario".

Educación y acompañamiento: claves para la prevención

Jurcinovic destacó la educación como un eje central. "Como lo ha dicho la Iglesia en este documento, que lo dio a conocer el día de San Juan Bosco, alguien totalmente cercano al mundo de la educación, el tema educativo nos parece que es clave. Fortalecer la tarea educativa en nuestra patria, que ese fortalecimiento se dé también con el acompañamiento de partidas presupuestarias que ayuden a todos estos establecimientos que sabemos que tienen un lugar fundamental en la vida de nuestros pibes. Y después también la posibilidad del acompañamiento a quienes cometen un delito para que también se puedan resaltar un día en la sociedad. Es decir, no podemos dejar a esos niños abandonados, porque por supuesto que hay un delito, por supuesto que hay un delito que cometieron y por el cual tiene que haber una pena. Pero eso de que a veces delito de adulto, pena de adulto, donde sigue siendo un delito de un niño. Que por supuesto es un delito, pero es de un niño. Y por eso tenemos que acompañarlo de una manera especial".

El sacerdote recalcó que el cuidado de los niños y jóvenes es responsabilidad de toda la sociedad. "No podemos pensar este momento y esta reflexión si como sociedad no entendemos que es una responsabilidad de todos el cuidado de los más frágiles".

Trabajo y dignidad: la otra cara de la prevención

Jurcinovic describió la situación de los barrios, haciendo hincapié en el deterioro social y la pobreza integral. Señaló que es fundamental fortalecer las fuentes de trabajo, porque "el trabajo es el ordenador de la vida de las personas. Que se ponga la mirada en fortalecer el trabajo de quienes lo tienen y que no se pierdan fuentes de trabajo". Además, mencionó que la pobreza no es solo material, sino que involucra condiciones de vida, acceso a servicios básicos, alimentación y dignidad: "La participación de las iglesias, de todas las religiones, los evangélicos, los católicos en los barrios acompañando, creemos que eso hay que estar presente justamente para que nuestro desarrollo se siga fortaleciendo. Desde una mirada integral, donde se integren todas las necesidades de las personas".

Grandeza política y escucha de todas las voces

El sacerdote enfatizó que hace falta grandeza política para abordar estos temas de manera integral. Citando al Papa Francisco sobre la cultura de la indiferencia, sostuvo que quienes tienen responsabilidad en cualquiera de los ámbitos sociales, políticos, sindicales, empresariales o religiosos, deben tener la grandeza de discutir los temas con seriedad. "Por eso lo que estamos pidiendo es que estos temas se discutan y sobre todo que se escuchen todas las voces. Hay muchas voces que tienen mucho recorrido al lado de los niños y de los jóvenes. Es parte de la grandeza política escuchar todas las voces".

Finalmente, resumió los pilares que deben guiar cualquier debate sobre la infancia y adolescencia: educación, acompañamiento y prevención. "Educación, acompañamiento y prevención creemos que es un camino que tenemos que discernir para la vida de nuestros niños", concluyó, dejando claro que la discusión no puede limitarse a castigar, sino que debe contemplar la vida, la dignidad y el futuro de la infancia argentina.

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Ajustar sin resolver: la economía de Milei y el costo social de un modelo que no reactiva

Lavih Abraham es economista, docente universitario e investigador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía del MATE. Desde ese espacio participa mensualmente en la elaboración de los informes de coyuntura y en múltiples análisis públicos que buscan explicar cómo las decisiones macroeconómicas terminan impactando de manera concreta en la vida cotidiana de los trabajadores, los jubilados y el conjunto de la población.

Como autor del último informe del MATE —un trabajo que analiza la evolución de la inflación, los salarios, el empleo, el modelo económico vigente y su impacto sobre trabajadores, jubilados y la producción—, Abraham traza en las Señales un diagnóstico severo sobre la economía argentina a comienzos de 2026. Para el economista, el ajuste implementado por el gobierno fue "muy fuerte" y, aunque reconoce que resolvió algunos problemas puntuales, sostiene que en términos generales "creó más problemas de los que solucionó".

Según explica, se trata de un ajuste que, a pesar de haber sido "durísimo" con la mayoría de las prestaciones del Estado —desde jubilaciones y obra pública hasta programas estatales—, no logró cumplir uno de sus objetivos centrales: frenar la inflación. El índice de precios, señala, sigue ubicándose en torno al 2,5 o 3% mensual y, lejos de desacelerarse, lleva ocho meses consecutivos de aumentos, mes tras mes, aunque sea de manera leve.

El impacto del ajuste tampoco fue neutro sobre el entramado productivo. Por el contrario, Abraham advierte que se agravaron los problemas estructurales al consolidarse un modelo económico muy distinto al de años anteriores. Un esquema de dólar barato, importaciones que compiten de forma directa y agresiva con la industria nacional y un creciente endeudamiento financiero configuran, a su entender, "el caldo de cultivo de la próxima crisis". En ese marco, describe a un gobierno que no deja de ajustar pero que, al mismo tiempo, "no le encuentra la vuelta", mientras en el camino arrasa con la producción nacional, la industria, la construcción, el comercio y el conjunto de los sectores productivos.

Un ajuste profundo que no resolvió la inflación
Los salarios aparecen como una de las principales variables de ajuste. Para Abraham, el objetivo de fondo de la política económica ha sido bajar los sueldos, y afirma que ese objetivo se está cumpliendo. El informe también muestra que, pese al ajuste, la inflación volvió a acelerarse en diciembre, un dato que para el economista confirma la ausencia de un programa antiinflacionario consistente. "No hay un plan", sostiene, y cuestiona la confianza casi exclusiva del gobierno en el dogma de que la emisión monetaria es la única causa de la inflación.

Si bien reconoce que se redujo fuertemente la emisión, remarca que los resultados no acompañaron esa estrategia. En 2025, la inflación alcanzó el 31%, un nivel que supera al de 2015 y al de prácticamente todos los años entre 2002 y 2017. Aun con esa inflación elevada, explica, el gobierno parece apostar a que los desequilibrios se resolverán de manera automática, una expectativa que, según Abraham, "evidentemente no funciona así".

Uno de los datos más contundentes del informe es la caída histórica del salario estatal. Los ingresos de los trabajadores del Estado se ubican un 20% por debajo de los niveles de 2023, lo que implica una pérdida acumulada cercana a los 10 millones de pesos por trabajador. Para Abraham, no hay antecedentes recientes de un deterioro de esta magnitud. Recuerda que el empleo estatal estuvo muy mal remunerado durante los años 80 y 90, especialmente en esa última década, pero que a partir de 2003 se produjo una revalorización tanto simbólica como salarial del trabajo en el sector público.

Entre 2003 y 2015, explica, los salarios estatales mejoraron y, con altibajos, ese nivel se sostuvo hasta 2023. El cambio, afirma, es deliberado. Sostiene que el actual gobierno busca "destruir el Estado", algo que, según señala, fue anunciado explícitamente por el propio presidente. Parte de esa estrategia consiste en destruir los salarios de quienes trabajan en el sector público, además de despedir a decenas de miles de empleados y cerrar reparticiones en todo el territorio nacional.

El desfinanciamiento alcanza a áreas clave como la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología y los servicios sociales. Dentro de ese proceso, subraya Abraham, se encuentra también el recorte sistemático del salario estatal, que hoy se ubica un 20% por debajo de su poder de compra de 2023, no de manera puntual sino de forma permanente, mes tras mes. "No es menor que un sueldo compre 20% menos de lo que compraba", advierte, y define la situación como una ruptura profunda con la vida cotidiana de los trabajadores del Estado.

Las consecuencias ya son visibles. Los trabajadores más calificados comienzan a abandonar el sector público, lo que genera un vaciamiento progresivo del Estado. En el extremo de mayor calificación, como el caso de científicos e investigadores, muchos optan directamente por emigrar o abandonar las universidades. Abraham describe departamentos universitarios completos que no logran cubrir cargos docentes porque los profesionales más formados prefieren irse ante salarios que considera indignos. Todo ese proceso, concluye, forma parte de una destrucción sistemática del Estado, que incluye el empobrecimiento de sus trabajadores, el achicamiento de sus funciones y el despido de más de 80.000 personas sin ningún tipo de contemplación.

El Estado como enemigo: salarios estatales en caída libre
El deterioro salarial que describe el informe no se limita al empleo estatal. Abraham señala que el sector privado también fue golpeado, aunque con matices. La pérdida inicial, explica, se produjo apenas iniciado el actual gobierno, a partir de una fuerte devaluación decidida de manera deliberada. Esa devaluación disparó un salto inflacionario inmediato que no fue compensado por los salarios, ni públicos ni privados. "Perdieron todos", resume el economista.

Durante 2024, sin embargo, el sector privado mostró una dinámica algo distinta. Las paritarias permitieron una recuperación parcial de los salarios hacia la segunda mitad del año, aunque sin revertir completamente el golpe inicial. Esa tendencia se frenó en 2025. Las negociaciones salariales de ese año, según Abraham, apenas alcanzaron para "sostener" los ingresos y evitar una caída mayor, pero no lograron recuperar lo perdido. El resultado es un salario privado que, en promedio, quedó entre un 6 y un 7% por debajo de los niveles de 2023 en términos de poder adquisitivo.

El promedio, aclara, esconde realidades muy dispares. Hay sectores que perdieron entre un 10 y un 15% de su poder de compra y otros que lograron mantenerse más cerca de los niveles previos. Aun así, el balance general es negativo: los sueldos ya no alcanzan. Y esa medición, agrega, se realiza sobre la base de un índice de inflación que considera desactualizado. El índice oficial, sostiene, necesita una revisión profunda que el gobierno ha decidido postergar sistemáticamente, hasta llegar incluso a afirmar que no lo hará. "Mide la inflación como quiere", dice Abraham, y advierte que ese manejo erosiona la credibilidad, debilita la institucionalidad y termina afectando seriamente la confianza en las estadísticas públicas.

Jubilados, pensionados, el ajuste silencioso
Entre los sectores más castigados aparecen los jubilados y pensionados. Al inicio del gobierno, explica, las jubilaciones no fueron actualizadas, lo que provocó una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo. Parte de ese deterioro se recuperó hacia fines de 2024, pero el daño no se revirtió. Con la nueva fórmula de actualización, que ajusta las jubilaciones a la par de la inflación, los haberes quedaron en promedio un 23% por debajo de los niveles de 2023. En términos concretos, una jubilación que antes permitía comprar 100 hoy permite comprar apenas 77.

La situación es aún más grave para quienes cobran la mínima. En ese caso, la pérdida de poder adquisitivo se acerca al 28%. Abraham lo traduce en una cifra contundente: a un jubilado se le quitó, mes tras mes, entre un 25 y un 28% de su ingreso. Sumado en el tiempo, equivale a unos 5 millones de pesos que debería haber cobrado desde el inicio del gobierno y que nunca llegaron a su bolsillo. No se trata de una suma concentrada en un solo pago, sino de pequeñas pérdidas acumuladas a lo largo de los meses. "Es mucha plata", remarca, y subraya que esa ausencia de ingresos golpea de lleno a la actividad económica, al comercio y al consumo en general.

Quiénes ganan con el ajuste
El informe también cuantifica una transferencia de ingresos de magnitud inédita: cerca de 67 billones de pesos que salieron de los salarios. La pregunta por el destino de ese dinero no tiene una respuesta sencilla. Abraham explica que una parte directamente "se destruyó". Al caer la producción, esa riqueza dejó de existir: no se transformó en consumo, ni en inversión, ni en producto. Simplemente desapareció, empobreciendo al conjunto de la sociedad argentina.

Otra parte, en cambio, sí tuvo ganadores. Los principales beneficiados, según el economista, fueron ciertos sectores vinculados a las finanzas. No se trata exclusivamente de los bancos —que en algunos casos ganaron y en otros perdieron—, sino de un entramado más amplio. Muchas grandes empresas, explica, poseen enormes activos financieros además de su capacidad productiva. Junto a la empresa que fabrica y vende, existe una "segunda empresa", completamente financiera, cuyos fondos en muchos casos equivalen al valor total de la firma. En ese proceso, compañías tradicionalmente productivas pasaron a obtener una parte creciente de sus ganancias en el plano financiero. Incluso empresas con márgenes productivos bajos lograron grandes beneficios a través de operaciones financieras. Ese sector, concluye Abraham, es uno de los grandes ganadores del modelo.

Un modelo que no crea trabajo
El ajuste también dejó una huella profunda en el empleo. Desde la asunción del gobierno se perdieron casi 320.000 puestos de trabajo formales. Para Abraham, lejos de ser un daño colateral, esa caída es consistente con el modelo económico vigente. Cerca de 100.000 empleos se perdieron en el sector público y otros 200.000 en el privado. Se trata de un esquema que no genera trabajo porque los sectores más castigados son justamente los grandes empleadores de la Argentina: la industria, la construcción y el comercio.

La construcción, señala, mueve millones de puestos de trabajo; la industria emplea cerca de un millón de trabajadores, aunque ya perdió casi 100.000; y el comercio funciona históricamente como un gran absorbente de mano de obra. Muchos de esos empleos dejaron de estar registrados y pasaron a la informalidad. Otras personas directamente perdieron su trabajo y hoy sobreviven con changas: manejan para aplicaciones, hacen repartos en moto, venden productos puerta a puerta o a través de redes sociales. Son esas las ocupaciones que crecieron, pero no compensan ni en cantidad ni en calidad la pérdida de empleo formal.

Para Abraham, ese cambio no es menor. Se trata de una degradación profunda de la calidad del trabajo. Un empleo registrado implica aguinaldo, vacaciones, licencias por maternidad y enfermedad, obra social, representación sindical y una red de derechos y beneficios que forman parte de la historia de la clase trabajadora argentina. Nada de eso existe en el trabajo no registrado. Más allá de que algunos puedan "hacer unos mangos" con su auto o su moto, sostiene, nunca es lo mismo que contar con un empleo formal y con los derechos que ese tipo de trabajo supo garantizar a lo largo del tiempo.

La vida en cuotas
El deterioro de los ingresos no se expresa solo en estadísticas. Para Abraham, una de las señales más claras del momento actual es el nivel de endeudamiento de los hogares. Cada vez más familias, explica, se endeudan para comer, para pagar los servicios básicos o simplemente para llegar a fin de mes. Cuando el salario no alcanza, la reacción inmediata es intentar sostener el nivel de vida recurriendo al crédito. Y cuando aparece cualquier imprevisto, el endeudamiento se vuelve inevitable.

El economista describe escenas que se repiten con frecuencia: familias que no pueden afrontar la reparación de un electrodoméstico, mucho menos la compra de uno nuevo, y que terminan resolviendo todo a través de cuotas y más cuotas. Compras básicas del supermercado financiadas en tres o cuatro pagos, tarjetas de crédito al límite y un crecimiento sostenido de las deudas impagas. "Cada vez más deudas atrasadas, cada vez más deudas en mora", resume.

Récord histórico de mora y la usura del día a día
Los datos del Banco Central confirman ese cuadro. Según Abraham, la Argentina atraviesa el momento de mayor irregularidad en los pagos de toda su historia, incluso por encima de lo ocurrido a la salida de la pandemia o durante la crisis de 2018. Al analizar dónde se concentran esas deudas, aparece un dato clave: si bien hay mora en tarjetas de crédito y préstamos personales, el mayor nivel de irregularidad se registra en las compañías financieras.

Se trata, explica, de los créditos más fáciles de obtener, aquellos a los que accede la mayoría de la gente en los barrios, con préstamos pequeños y de corto plazo. No son los bancos tradicionales, sino las financieras de acceso rápido. Allí, casi el 30% de los créditos presenta atrasos. "Uno de cada tres créditos no se puede pagar", señala Abraham, y define la situación como una barbaridad.

Ese mecanismo genera una dinámica asfixiante: cobrar el sueldo y destinarlo casi por completo a pagar deudas previas, para luego volver a endeudarse durante el mes siguiente. Ya no existe la posibilidad de guardar dinero. El salario entra y sale de inmediato, absorbido por tarjetas y cuotas que se convierten en una bola imposible de frenar. Es, para el economista, otra evidencia de que los sueldos no alcanzan y de que la Argentina se ha convertido en un país carísimo para su propia población.

El periodista ilustra esa realidad con una escena cotidiana que le tocó presenciar. En la fila de un comercio, la mujer que estaba delante suyo intentó pagar con una aplicación de uso común. El pago fue rechazado por falta de fondos. La mujer le pidió unos minutos y terminó pidiendo dinero prestado y sacando un crédito en el acto para poder pagar la compra. "¿Cuánta gente hace lo mismo?", se pregunta. Y advierte Abraham que detrás de esas operaciones hay comisiones altísimas y tasas de interés extremadamente elevadas.

Ese esquema, sostiene, es posible porque las tasas están completamente desreguladas. El gobierno, afirma, no tiene interés en regularlas, apoyado en una concepción según la cual el mercado se autorregula. Para Abraham, la experiencia demuestra lo contrario: el mercado sí se regula, pero siempre a favor de los más fuertes y en contra de los más débiles.

Destruir en meses lo que llevó décadas construir
El panorama general que traza es el de una economía que no logra reactivarse, que no produce y que depende cada vez más de importaciones, mientras destruye un entramado industrial que llevó décadas construir. "Romper una construcción colectiva de décadas", dice, para convertir a la Argentina en una plataforma de exportación subordinada a la economía norteamericana. En su diagnóstico, lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino también la identidad nacional, sometida a una lógica de alineamiento y dependencia absoluta.

Ese es, para Abraham, el rumbo actual. Un camino que conduce a una economía más frágil, más desigual y con una sociedad empobrecida, donde el ajuste no resolvió los problemas de fondo y dejó heridas profundas en el trabajo, los ingresos y la vida cotidiana de millones de personas.

Con esa advertencia final, el economista cierra su análisis. Del otro lado, la charla se interrumpe brevemente por una escena doméstica: un niño reclama atención. La realidad, una vez más, se cuela en medio del diagnóstico económico.

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No odiaban lo suficiente a los periodistas

Demasiadas contradicciones de un gobierno que exige un trato honesto a los periodistas, pero desde hace dos años gobierna desde el lodo.

Por: Colectivo Editorial Tiempo Argentino

Que el gobierno de las noticias falsas (fake news) haya lanzado una oficina de chequeo de discurso y noticias dirigida a los medios de comunicación es un acto de provocación propio del estilo de gestión libertaria, seguramente destinado al olvido.

Lo es porque ocurre una semana después de que la renuncia del extitular del Indec, Marco Lavagna, dejó al descubierto la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de esconder las cifras reales de inflación del gobierno libertario, sosteniendo un viejo índice de medición que incluye insumos obsoletos y le resta peso a las tarifas de servicios de luz, agua y gas, entre otras, que revelarían los porcentajes reales del aumento del costo de vida en los hogares argentinos.

Lo es porque, detrás de esa decisión, como se dijo sobradamente en estos días, se esconde la profundización del ajuste sobre salarios y jubilaciones que se rigen, en parte, por ese índice mensual, por ejemplo.

La oficina de respuesta oficial -rebajada a simple cuenta de X con el paso de los días-encierra tantas paradojas que no alcanzarían las líneas de esta columna para desarrollarlas.

Es el "chequeado" del gobierno del presidente que inventó que había heredado una inflación del 17.000%, y ahora miente sus propias cifras para que no se le termine de caer la idea de que derrotó un índice que no detiene su crecimiento mes a mes.

Es la "agencia de desmentida" del gobierno más protegido por los medios hegemónicos librando una guerra de negocios con los dueños de la información, pero haciéndoles pagar a los trabajadores de prensa las consecuencias, minando su credibilidad y las condiciones en que deben ejercer su profesión.

Es la "herramienta de batalla cultural" del gobierno que busca derogar el Estatuto del periodista profesional, en un contexto de salarios de hambre y multitarea, buscando estigmatizar a quienes trabajan en las peores condiciones que se recuerden desde el regreso de la democracia.

Dicho sea de paso: ¿Será pura casualidad que esta cuenta oficial se haya creado un día después de que trabajadores y trabajadoras de prensa, junto a legisladores nacionales de distintos bloques opositores, rechazaron en el Congreso -y con 3000 firmas de respaldo- la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno?

Volviendo a las paradojas de la Oficina en cuestión: vale recordar que esta "creación digital" responde al jefe de Estado que no da ninguna conferencia de prensa con medios en general-y curiosamente nadie parece reclamársela, como en otros tiempos-, y será utilizada para emitir un mensaje unidireccional sin posibilidad de pregunta o repregunta.

A poco de andar, esta especie de "grupo de tareas del discurso oficial" ya evidenció que desde un piso de la Casa Rosada se dedicará a demoler moralmente a algunas figuras de los medios -el propio Javier Milei bautizó este sábado a Luis Novaresio como "ensobraresio", luego de un chequeo de su flamante creación, y los trolls se dedicaron a convertirlo en tendencia-, mientras restringe, vía Decreto 780/2024, el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Demasiadas contradicciones de un gobierno que exige un trato honesto a los periodistas, pero desde hace dos años gobierna desde el lodo.

Ver también: Una oficina para desmentir lo que el Gobierno no acepta y un nuevo choque con el periodismo

Cuando el conflicto existe, pero no se cuenta

La protesta frente a la Jefatura de Policía de Rosario no fue un hecho aislado ni improvisado. Fue la expresión visible de un malestar profundo que atraviesa a la fuerza policial santafesina y a sus familias. Sin embargo, durante casi dos días, ese conflicto fue tratado como si no existiera. No hubo móviles, no hubo títulos, no hubo contexto. Hubo silencio.

Ese silencio no fue casual ni neutro. Fue una decisión editorial tomada bajo presión comercial.

Familiares de policías bloquearon parcialmente la Jefatura. Hubo bocinazos, pancartas, carteles y momentos de tensión que alteraron la dinámica habitual del edificio. Las demandas estaban claras: salarios deteriorados, jornadas laborales extenuantes, condiciones de trabajo precarias y un progresivo deterioro del bienestar dentro de la fuerza. Nada de eso apareció en la agenda de los principales medios provinciales mientras el conflicto se desarrollaba.

El reclamo de la Policía de Santa Fe es inocultable, por más esfuerzos que se hagan para taparlo.

La cobertura recién comenzó cuando habló el gobierno provincial. Anunciaron la resolución de un conflicto que no nunca estuvo en el aire de esos medios.

A partir de ese momento, los portales se llenaron de declaraciones oficiales, cifras, explicaciones y advertencias. El eje dejó de ser el reclamo para pasar a ser la versión gubernamental del conflicto: que era inorgánico, que los pedidos eran difusos, que no había representatividad clara y que el servicio de seguridad nunca estuvo en riesgo. Lo que no se explicó fue por qué, durante 48 horas, la protesta no mereció ser noticia.

Ahí aparece el problema de fondo. No se trata solo de una mala cobertura, sino de una degradación del rol periodístico. Cuando los medios eligen no informar mientras un conflicto está en curso y luego funcionan como caja de resonancia del discurso oficial, dejan de cumplir su función básica: informar de manera oportuna, completa y crítica.

La sociedad no se enteró de la protesta cuando ocurrió. Se enteró cuando el gobierno decidió narrarla, y a su manera.

Ese mecanismo es peligroso. No solo erosiona la credibilidad de los medios, sino que empobrece el debate público. Un conflicto que involucra a una fuerza clave del Estado no puede ser tratado como un dato secundario ni condicionado a la conveniencia política del momento. Mucho menos cuando existen señales graves y persistentes de deterioro humano dentro de la institución.

Porque el conflicto no es solo salarial.

Desde 2023 hasta abril de 2025 se registraron al menos 17 suicidios de policías en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con reconstrucciones basadas en pedidos de informes legislativos y en trabajos periodísticos. Al ampliar el recorte temporal, otro relevamiento indica que entre 2014 y 2019 se produjeron al menos 23 casos dentro de la Policía provincial, incluyendo efectivos varones y mujeres. Las cifras no provienen de un informe oficial único y consolidado, sino de fuentes parciales y relevamientos independientes que, en conjunto, permiten identificar una tendencia persistente y preocupante.

El silencio también fue sobre esto.

No hubo investigaciones profundas, no hubo seguimiento sistemático, no hubo interpelaciones públicas sostenidas al poder político. El tema aparece de manera fragmentada y episódica, sin continuidad. Como si nombrarlo fuera incómodo. Como si visibilizarlo obligara a asumir responsabilidades.

Las políticas salariales del Gobierno de Santa Fe empujan a la pobreza a quienes viven exclusivamente de su sueldo: docentes, personal de salud, trabajadores de la administración pública y muchos otros. En el caso de las fuerzas de seguridad, a los bajos salarios se suman traslados extensos, desarraigo, jornadas prolongadas y una presión laboral constante. Estos son los hechos. No consignas. No interpretaciones malintencionadas.

Reducir la protesta a un reclamo difuso, como sostuvo el gobierno, es una forma de minimizar un malestar que se acumula desde hace años. Cuando las demandas económicas se combinan con un deterioro sostenido de las condiciones de vida y de trabajo, el conflicto deja de ser sectorial y pasa a ser estructural. Cuando las familias salen a la calle, por lo general, es porque los canales institucionales ya no funcionan.

El periodismo, en este contexto, debería haber cumplido un rol central: describir los hechos, contextualizar los reclamos, investigar las causas profundas y sostener el tema en agenda. En cambio, eligió callar primero y amplificar después la palabra oficial.

Ese es el peor de los mundos posibles para una democracia.

Hay, además, una dimensión que permanece deliberadamente fuera del debate público: la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad. No es un tema marginal ni accesorio, sino un componente central del conflicto. Y su ocultamiento es tan grave como el silencio sobre los reclamos salariales.

Hablar de salud mental en la policía no es solo hablar de bienestar individual. Es hablar de personas que trabajan bajo presión permanente, con jornadas extensas, exposición constante a la violencia y portación de armas. Ignorar ese cuadro no solo pone en riesgo a quienes integran la fuerza, sino también al conjunto de la sociedad.

El problema de salud mental que no se cuenta no se agota en el daño autoinfligido. Cuando el Estado desatiende de manera sistemática estas situaciones, también habilita escenarios de riesgo hacia terceros. Fingir que no existe es una forma de irresponsabilidad institucional.

La ausencia de políticas públicas visibles, sostenidas y transparentes en materia de contención psicológica dentro de la policía se combina con salarios deteriorados, desarraigo, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento. Ese cóctel no puede ser tratado como un asunto privado ni como un dato incómodo que se menciona de forma episódica y luego se archiva.

El silencio, una vez más, no es neutral. Es parte del problema.

El conflicto no está cerrado. Las reuniones continúan y el malestar sigue latente. Podrán tapar las protestas. Podrán discutir la representatividad. Podrán relativizar los números. Pero no pueden borrar las causas. Y mientras esas causas sigan intactas, el conflicto seguirá ahí, aunque algunos prefieran no contarlo.

Editorial de apertura en Señales

Una oficina para desmentir lo que el Gobierno no acepta y un nuevo choque con el periodismo

La Casa Rosada lanzó la Oficina de Respuesta Oficial y debutó acusando de falsa una nota de Clarín que había sido respaldada por fuentes oficiales y luego actualizada. La iniciativa, celebrada por Milei y su entorno, reavivó las advertencias de AdEPA y FoPeA sobre el intento del Estado de erigirse como árbitro de la verdad

El Gobierno nacional presentó este jueves en la red social X la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (ORORA), un nuevo canal de comunicación impulsado por la Vocería Presidencial que, según su definición oficial, busca "combatir la desinformación con más información" y "desmentir activamente operaciones mediáticas".

El debut de la iniciativa no pasó inadvertido: su primer posteo estuvo dirigido contra una nota de Clarín publicada ese mismo día sobre la implementación del sistema de vouchers para reemplazar planes sociales. Desde entonces, el lanzamiento de la oficina y el cruce con el principal diario del país dominaron la agenda pública, desplazando otros debates relevantes que se desarrollaban en paralelo, como el tratamiento legislativo de la Ley de Modernización Laboral, la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad o el escándalo en el INDEC.

La cuenta oficial cuestionó un artículo que informaba sobre una demora en la implementación del nuevo esquema de asistencia social y detallaba que durante enero se habían transferido más de 72.000 millones de pesos al programa Volver al Trabajo (VAT), dependiente del Ministerio de Capital Humano.

"Burda operación: la nota de Clarín contradice su propio título. No hay ninguna demora: el programa Volver al Trabajo (VAT) tiene vigencia hasta abril y los fondos fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha. El programa se encuentra activo y financiado", publicó el Gobierno a las 14.21.

Sin embargo, la información publicada por Clarín —incluida la referencia a una demora en la implementación de los vouchers— había sido ratificada previamente por fuentes oficiales del propio Ministerio de Capital Humano consultadas por el medio. Ante el pedido de esas fuentes de evitar el uso del término "demora", ya que el programa aún no estaba formalmente vigente, el diario actualizó el título antes de la publicación del tuit oficial.

El encabezado pasó a ser: "Giran $72.000 millones al ex Potenciar Trabajo: seguirá vigente hasta abril y después lo reemplazarán por los vouchers". La nota nunca fue despublicada y permaneció online desde su primera versión, publicada a las 11.10 de la mañana.

Pese a ello, la Oficina de Respuesta Oficial citó una versión desactualizada del artículo en X —con el título original—, que luego fue borrada y reemplazada por la versión corregida. Aun así, el mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei, por funcionarios del gabinete y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes calificaron la información como "falsa".

Una oficina para desmentir operaciones

Copia: A la izquierda, la Oficina de Respuesta de Milei; a la derecha, la Rapid Response de Donald Trump

En su mensaje de presentación, ORORA explicó que fue creada "para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". En redes sociales, los críticos de la iniciativa la compararon con el Ministerio de la Verdad imaginado por el escritor George Orwell (1903-1950) en su célebre novela 1984. Otros señalaron su similitud con la cuenta @RapidResponse47 de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, el perfil @RespOficial_Arg solo sigue a dos usuarios: Javier Milei y la Oficina del Presidente.

Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa apunta a hacer "todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan", a quienes acusan de censurar opositores tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Milei y su principal asesor político, Santiago Caputo, compartieron la novedad. El Presidente sostuvo que la herramienta servirá para "desenmascarar mentiras y operaciones de los medios". Caputo fue más explícito: "Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja".

El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró la iniciativa y la calificó como "excelente".

Según fuentes citadas por Clarín, la Oficina de Respuesta Oficial estará a cargo del director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, conocido en redes como JuanDoe, identificado por su militancia libertaria y sus ataques públicos a periodistas. La oficina fue creada a pedido directo de Milei y es gestionada por el equipo de Santiago Caputo, aunque no forma parte —por ahora— del organigrama formal del Estado.

Desde la cuenta oficial remarcaron que "el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración" y que la oficina "no busca convencer ni imponer una mirada", sino que los ciudadanos "puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". También destacaron como logro la eliminación de la pauta oficial, a la que vincularon con el financiamiento de "relatos".

Malas perspectivas para el derecho a informar

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresó su repudio ante la decisión del gobierno de Javier Milei de sumar un nuevo dispositivo para perseguir, hostigar y atacar el trabajo periodístico: la denominada Oficina de Respuesta Oficial. Tal como fue presentada, esta dependencia realizará un seguimiento de medios y periodistas y responderá, desde una cuenta oficial creada en la red social X, a publicaciones que considere erróneas, falsas o, incluso, simplemente contrarias al agrado del gobierno. A partir de allí se habilita la diatriba del propio Presidente, de otros funcionarios y las municiones cerradas de los colectivos de trolls.

Desde el SPR señalaron que esta medida se inscribe en una política sistemática que, como otras decisiones adoptadas, apunta a destruir espacios que aportan a la pluralidad de ideas y de voces. En ese sentido, recordaron el desmantelamiento del sistema de medios públicos y el ahogo económico del sector cooperativo, autogestivo y comunitario, junto con la eliminación de las políticas de fomento.

"El presidente Javier Milei ha agredido de manera directa la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad", advirtieron desde el sindicato, y denunciaron además la profundización de un esquema represivo con ataques físicos y disciplinadores contra lxs trabajadorxs de prensa, como en el caso de Pablo Grillo.

El comunicado del SPR también remarca que el gobierno modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, quitándole aspectos centrales de su espíritu original; promovió el odio social hacia el periodismo mediante insultos groseros y expresiones soeces; denunció y querelló a periodistas; y avanzó en su intención de derogar el Estatuto del Periodista, una ley fundamental para el ejercicio profesional.

"El Estado debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad. Atacarlos no hace más que reafirmar el intento de controlar el relato público para sostener un sistema que nos quiere sumisxs y empobrecidxs", concluye el comunicado del Sindicato de Prensa Rosario.

Tensiones con el periodismo y alertas institucionales
El lanzamiento de la ORORA se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes en medios públicos, denuncias de censura indirecta y episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante manifestaciones.

La ONG Human Rights Watch advirtió esta semana en su informe anual que Milei y otros altos funcionarios han utilizado "un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes". En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras señaló que Argentina cayó 47 posiciones en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y se ubica en el puesto 87, debido a la estigmatización del periodismo, el desmantelamiento de medios públicos y el uso discrecional de la publicidad estatal.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) expresó su "inquietud" ante la creación de un área estatal destinada a "desmentir" informaciones. En un comunicado, advirtió que "el Estado no es el árbitro de la verdad" y cuestionó la idea de que una autoridad pública asuma el rol de verificador de contenidos, lo que podría derivar en prácticas de disciplinamiento del discurso crítico.

AdEPA subrayó además que el concepto de "desmentir" presupone una falsedad deliberada y desconoce que el periodismo trabaja contrastando fuentes y versiones diversas. "La gente es el último juez del trabajo periodístico", concluyó la entidad.

En términos similares, el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) manifestó su "profunda preocupación y rechazo" ante lo que calificó como la creación de un "tribunal de la verdad" desde el Estado. FoPeA alertó sobre el uso de recursos públicos para señalar y estigmatizar el disenso, en un contexto en el que el propio Gobierno restringe el acceso a la información, limita las conferencias de prensa y debilitó la vocería presidencial.

"El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar", sostuvo la organización.

"Siempre es auspicioso que cualquier Estado disponga nuevos canales para el acceso a la información pública", dice Diego de Charras, docente e investigador en derecho a la información y políticas de la comunicación. "Pero en el caso del Gobierno argentino", agrega, "uno puede mirar con escepticismo la creación de una oficina que se presenta como un canal que va a brindar la verdad a la ciudadanía".

De Charras, actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), recuerda que Milei "aumentó la opacidad y la arbitrariedad de los funcionarios en el tratamiento de la información pública" con un decreto que limitó las obligaciones previstas por ley. También destaca que “en estos momentos, el Gobierno está impulsando un proyecto de reforma laboral que intenta derogar el estatuto del periodista profesional”. Y concluye: "La vinculación de este Gobierno con los trabajadores de la comunicación y el periodismo está caracterizada por el agravio verbal, por el agravio físico o la persecución judicial con causas penales a aquellos que opinan de modo diferente. Entonces, con esta nueva oficina se puede presumir que no hay una búsqueda de la verdad, sino una búsqueda de imposición de la propia mirada".

Fuentes: Clarín, FoPeA, AdEPA, El País

El Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, realiza despidos masivos y elimina a un tercio de su personal

Por: Brian Stelter, Liam Reilly

El Washington Post despidió aproximadamente a uno de cada tres empleados en toda la empresa la mañana del miércoles, asestando otro duro golpe a una redacción que ha llegado a un punto de quiebre.

El propietario del Post, Jeff Bezos, no hizo comentarios inmediatos sobre los recortes.

Bezos ha estado presionando al equipo directivo del Post para que la publicación vuelva a ser rentable, pero muchos periodistas del diario han criticado su enfoque y cuestionado sus motivaciones.

"Bezos no está tratando de salvar a The Washington Post. Está tratando de sobrevivir a Donald Trump", dijo el exverificador de datos del Post, Glenn Kessler, en una columna publicada a principios de esta semana.

Bezos y la empresa que fundó, Amazon, mantienen relaciones complejas con la administración Trump. A principios de esta semana, Bezos recibió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la empresa aeroespacial Blue Origin, también de su propiedad.

Los empleados del Post llevaban varias semanas preparándose para despidos generalizados. El miércoles por la mañana, se les indicó a los trabajadores que "se quedaran en casa hoy" mientras se enviaban las notificaciones sobre quiénes habían sido despedidos.

"Estas medidas incluyen reducciones sustanciales en la redacción que afectan a casi todos los departamentos de noticias", dijo el editor ejecutivo Matt Murray en un memorando interno.

Entre los impactos se incluyen una reducción drástica del equipo de Metro, el cierre de casi toda la sección de Deportes, el cierre de la sección de Libros y la cancelación del pódcast diario "Post Reports", según fuentes del periódico.

La cobertura internacional del Post también se reducirá de forma significativa, aunque algunas corresponsalías fuera de Estados Unidos mantendrán una "presencia estratégica en el extranjero", señaló Murray.

También se están realizando importantes recortes en el área comercial de las atribuladas operaciones del Post.

Murray afirmó que "esta reestructuración ayudará a asegurar nuestro futuro al servicio de nuestra misión periodística y nos brindará estabilidad de cara al futuro", aunque muchos empleados recibieron la afirmación con escepticismo.

Últimamente, en el Post, "ha sido como un funeral tras otro", dijo a CNN la colaboradora Sally Quinn, esposa del fallecido editor del Washington Post Ben Bradlee, la mañana del miércoles.

Quinn dijo sobre Bezos: "Parece desgarrador que no sienta que el periódico sea lo suficientemente importante como para financiarlo".

"Dicen" que los recortes son por el bien del periódico a largo plazo, añadió, pero "si no tienes a los grandes reporteros, no tienes buen contenido. ¿Quién va a querer comprarlo?".

Me voy…

Los empleados describieron los severos recortes en publicaciones en redes sociales el miércoles por la mañana. "Me voy, junto con muchísimos de los mejores del negocio. Horrible", escribió en X la reportera del Post especializada en Amazon, Caroline O’Donovan.

"Estoy entre los cientos de personas despedidas por The Post", escribió el reportero de raza y etnicidad Emmanuel Felton. "Esto ocurre seis meses después de escuchar en una reunión nacional que la cobertura sobre raza impulsa las suscripciones. Esta no fue una decisión financiera, fue ideológica".

El editor del Post, Will Lewis, ha hablado en privado sobre encontrar un camino hacia la rentabilidad enfocando la inversión del diario en la política y algunas otras áreas clave, mientras se recorta en áreas como deportes y asuntos internacionales.

Esa conversación llevó a equipos de reporteros a enviar cartas apasionadas a Bezos, instándolo a no reducir la redacción.

En una carta obtenida por CNN, firmada por el jefe de la corresponsalía Matt Viser y otros siete reporteros de la Casa Blanca, el personal afirmó que no podrá mantener su historial de excelencia periodística si el Post despide a un número significativo de empleados de otras áreas informativas.

"Si el plan, en la medida en que exista uno, es reorientarse hacia la política, queríamos enfatizar cuánto dependemos de la colaboración con internacional, deportes, local —con todo el periódico, en realidad—. Y si otras secciones se debilitan, todos nos debilitamos", dijeron Viser y los demás firmantes.

Lewis siguió adelante con el plan.

El miércoles por la mañana, Murray escribió en un memorando dirigido a todo el personal que "en el futuro inmediato, nos concentraremos en áreas que demuestran autoridad, diferenciación e impacto, y que conectan con los lectores: política, asuntos nacionales, personas, poder y tendencias; seguridad nacional en Washington y en el extranjero; fuerzas que dan forma al futuro, incluyendo ciencia, salud, medicina, tecnología, clima y negocios; periodismo que empodera a las personas para actuar, desde consejos hasta bienestar; investigaciones reveladoras; y lo que capta la atención en la cultura, en línea y en la vida cotidiana".

Entre los días más oscuros

El legendario exeditor ejecutivo del Post, Marty Baron, quien se retiró del periódico en 2021, dijo en un comunicado que "esto se cuenta entre los días más oscuros en la historia de una de las mayores organizaciones periodísticas del mundo".

"Por supuesto, había problemas empresariales graves que debían abordarse", escribió Baron. "Nadie puede negarlo".

El Post, como muchos otros periódicos estadounidenses, ha atravesado numerosas rondas de recortes de costos a lo largo de los años.

Pero esos desafíos "se vieron infinitamente agravados por decisiones mal concebidas que vinieron desde lo más alto", escribió Baron.

Los suscriptores leales "se alejaron, por cientos de miles", señaló Baron, citando entre otros factores la decisión de finales de 2024 de Bezos de frenar un respaldo editorial planificado a Kamala Harris.

Esa decisión, aunque separada de las operaciones de la redacción, provocó cancelaciones masivas de suscripciones, perjudicando las finanzas del Post.

Baron también mencionó lo que calificó como "los repugnantes esfuerzos de Bezos por congraciarse" con Trump.

Hace un año, Bezos delineó una nueva visión para la otrora prestigiosa sección de opinión del Post, promoviendo ideales libertarios, incluidos los mercados libres y las libertades personales. Esa decisión llevó a la salida del editor de opinión David Shipley de la empresa.

Cuando Baron dirigía la redacción, recordó, Bezos "a menudo declaraba que el éxito de The Post estaría entre los logros de los que se sentiría más orgulloso en su vida. Ojalá detectara hoy el mismo espíritu. No hay señales de ello".

El texto de la imagen: 

Despidos masivos en el Washington Post

Fuentes: el periódico despide a un tercio de su personal total

Recortes severos en el equipo de Metro, que cubre el área de DC

Cierre de la mayor parte de la sección de Deportes

Se reducirá la cobertura internacional

Washington Post despide a un tercio del personal en todos los departamentos

Andrew Kirell contribuyó con este reportaje.

Fuente: CNN

Minería, Justicia, poder y el reclamo que no se apaga en Traslasierra

Aunque la Justicia ordenó la clausura preventiva de una explotación minera en Las Tapias, Traslasierra, las explosiones, las denuncias y ahora el retiro de maquinaria y material pétreo mantienen en alerta a vecinos y organizaciones ambientales, que advierten sobre irregularidades, contaminación de napas y posibles maniobras para eludir los controles. Organizaciones ambientales denuncian años de explotación ilegal, filtraciones que afectan el agua potable y la presencia de una nueva empresa vinculada al Estado provincial en una mina que permanece oficialmente clausurada

El conflicto en torno a la actividad minera en Las Tapias, en el valle de Traslasierra, no es un hecho aislado ni reciente. Es el resultado de un trabajo sostenido y arduo de diversas organizaciones y vecinos que, desde hace años, vienen advirtiendo sobre los impactos ambientales y sociales de una mina ubicada en una zona que hoy se encuentra profundamente transformada.

Entre los actores que impulsan este reclamo se encuentran el Foro Ambiental de Traslasierra, el Cabildo Abierto de Traslasierra y vecinas y vecinos de la localidad de Las Tapias, en la provincia de Córdoba. Gracias a esa articulación, la Justicia dictó una clausura preventiva sobre Integración Minera SRL, empresa minera que opera en la zona, aunque en algunos medios trascendió erróneamente que la firma habría decidido retirarse definitivamente. Según explican desde las organizaciones, eso no ocurrió: la empresa continúa allí, aunque formalmente se encuentra clausurada.

Una mina con historia y un territorio transformado
En Señales, Luis María Jiménez —antropólogo, consultor ambiental e integrante del Foro Ambiental de Traslasierra— , reconstruye el trasfondo del conflicto y aporta precisiones clave. La mina en cuestión —explica— tiene una historia extensa: fue inaugurada en 1936 por el propio Estado nacional, a través de Fabricaciones Militares, y desde entonces funcionó de manera intermitente, con períodos de actividad y otros de inactividad, hasta llegar al presente. Sin embargo, el contexto que rodea a la explotación cambió radicalmente con el paso de las décadas.

Donde antes había un área prácticamente despoblada, hoy existe una zona urbanizada. En un radio cercano a la mina hay dos escuelas, una ubicada a unos 1.400 metros y otra a 1.200, y la toma principal de agua potable que abastece a la localidad de Las Tapias se encuentra a apenas 600 metros del yacimiento. A esto se suman las explosiones, el movimiento constante y una serie de inconvenientes que alteran la tranquilidad característica del entorno serrano.

Polvo en el aire y organización vecinal

Frente a esa situación, los vecinos comenzaron a organizarse y a buscar respuestas. El año pasado, un grupo de habitantes decidió analizar un polvo fino que se había dispersado por toda la zona luego de detonaciones en la mina. Los estudios de laboratorio determinaron que se trataba de harina de piedra. Aunque no se detectaron químicos extraños, se concluyó que la sustancia es altamente tóxica cuando se inhala, ya que, si bien proviene de elementos naturales, no es habitual que la piedra esté pulverizada en partículas tan pequeñas como para ser respiradas.

Ese hallazgo marcó un punto de inflexión. A partir de allí, se profundizaron las investigaciones, se multiplicaron los pedidos de información y aumentó la presión sobre las autoridades. Como resultado, la Secretaría de Minería colocó un informe en la puerta del predio en el que se indicaba que toda actividad minera estaba prohibida. Sin embargo, de manera paralela, las explosiones con dinamita continuaron.

Denuncias penales y una clausura preventiva
Ante esa contradicción, los vecinos avanzaron con denuncias penales, asesorados para que no se tratara de presentaciones comunes, sino de denuncias específicas por la violación de disposiciones de organismos oficiales. La causa fue tomada por la Fiscalía N.º 1 de Villa Dolores, que dio inicio a actuaciones en las que intervinieron distintas instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Finalmente, Policía Ambiental realizó una inspección en el lugar y determinó una clausura provisoria.

Desde las organizaciones celebraron inicialmente la medida, aunque rápidamente aclararon que se trata de una clausura preventiva y no definitiva. Además, al profundizar las averiguaciones en la Secretaría de Minería, descubrieron que la empresa cuenta en paralelo con un estudio de impacto ambiental presentado para obtener la habilitación formal para la explotación.

Irregularidades, filtraciones y agua en riesgo
Según Jiménez, hay elementos suficientes para sostener que la empresa trabajó de manera ilegal durante años. Entre las irregularidades comprobadas se encuentran la acumulación de explosivos sin autorización, el uso de explosivos sin los permisos correspondientes y otras faltas que resultarían extensas de enumerar. A esto se suma un dato especialmente preocupante: la existencia de filtraciones que llegan a las napas subterráneas y que estarían contaminando las aguas aguas abajo.

Pese a las dificultades propias de la Feria Judicial, las denuncias y la presión ante la Fiscalía continuaron. Jiménez señala que los turnos de urgencia del Poder Judicial no se suspenden durante ese período, lo que permitió avanzar con nuevas actuaciones, entre ellas el pedido de un allanamiento en el predio para constatar la situación real descripta en el acta de Policía Ambiental.

El retiro de maquinaria y la hipótesis del allanamiento

En ese contexto, en las últimas semanas se produjo un hecho significativo: la empresa comenzó a retirar maquinaria del lugar. Para las organizaciones, esto podría interpretarse como una señal de que la firma fue alertada sobre un posible allanamiento inminente. No descartan, incluso, que ese retiro anticipe una salida definitiva, aunque por el momento se manejan con cautela.

Sin embargo, el escenario volvió a complejizarse. Mientras se observaba el repliegue de la empresa originalmente clausurada, comenzaron a registrarse movimientos de camiones que retiraban piedra molida del área. Se trataría de una firma dedicada al mantenimiento vial, con contratos directos con la Gobernación de Córdoba y en carácter de proveedora del Estado provincial. Esa condición, advierten desde el Foro Ambiental, le otorgaría un fuerte blindaje político.

Por esa razón, las organizaciones optaron por no adelantar conclusiones. Buscan interiorizarse con mayor precisión sobre qué está ocurriendo y determinar si efectivamente se está retirando material de una mina que permanece clausurada. Jiménez subraya que confían plenamente en la información aportada por los vecinos y que el retiro de maquinaria no es un rumor, sino un hecho comprobado.

La empresa que actualmente aparece vinculada a estos movimientos se llama Vial RG y estaría ingresando a la zona para abastecerse de material pétreo pulverizado. No obstante, aún no pueden asegurar de manera concluyente que se trate exactamente de la misma mina clausurada, ya que el complejo incluye cuatro minas, de las cuales solo una —la Mina Las Tapias— estaba en actividad y fue la que recibió la clausura.

La imposibilidad de acceder al interior del predio, por tratarse de propiedad privada y contar con carteles que prohíben el ingreso, limita las verificaciones directas. Desde las organizaciones remarcan que su accionar se rige estrictamente por los marcos legales y que su fortaleza radica, justamente, en exigir el cumplimiento de la ley sin vulnerarla.

Seguir organizados, aun con la mina cerrada
Mientras tanto, continúan desplegando acciones de visibilización, presentaciones administrativas y medidas legales, además de movilizaciones y actos frente a la entrada de la mina. "Estamos actuando en distintos ámbitos", resume Jiménez, quien también agradece la posibilidad de difundir la situación que atraviesa esta región del valle de Traslasierra, ubicada a unos 240 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba y contigua a Villa Dolores.

Luis María Jiménez forma parte de un entramado de organizaciones ambientales que, en Córdoba, lograron poner un freno a una actividad extractiva cuestionada, y que hoy permanecen en estado de alerta para evitar que la clausura quede en una mera formalidad.

Comunicado del Cabildo Abierto Traslasierra (CAT)
En relación con las distintas versiones difundidas sobre los hechos ocurridos en el ámbito de la mina "Las Tapias", consideramos necesario realizar una serie de aclaraciones con el objetivo de brindar información fidedigna, sustentada en criterios verificables y con trazabilidad científica, a fin de evitar la confusión generada por notas periodísticas y versiones que califican como “rumores” hechos debidamente comprobados.

En primer lugar, desde CAT reafirmamos el retiro de maquinaria vinculada a la explotación de la mina mencionada, operada por la firma "Integración Minera S.A.", en virtud de un convenio o acuerdo con el titular de los derechos mineros del yacimiento, la empresa "Minera Andino S.A.".
A continuación, detallamos las razones por las cuales la calificación de “rumores” resulta incorrecta o se basa en el desconocimiento del trabajo de campo realizado:

1. Los informantes son parte activa de nuestra organización. Contradecir sus dichos implicaría poner en duda a nuestra propia gente, comprometiendo su colaboración futura.

2. Nuestra metodología de trabajo en la zona se basa en la obtención de datos mediante un sistema propio de la aplicación científica de las ciencias sociales al trabajo de campo, conocido como "triple ciego". Esto implica que las fuentes cuentan con al menos tres orígenes independientes entre sí. De este modo, la información recopilada se contrasta internamente, permitiendo detectar coincidencias o divergencias y logrando una verificación más precisa del flujo de datos disponibles.

3. Este sistema de verificación tiene como objetivo principal la protección de la identidad de los informantes, siendo el material testimonial obtenido de valor probatorio para eventuales instancias judiciales. Asimismo, el método no impide la recopilación de documentación gráfica, la cual —por las razones expuestas— no se exhibe ni se exhibirá. Estas medidas de protección, respeto y confianza hacia los vecinos fortalecen los vínculos de cooperación mutua, a diferencia de lo que ocurre cuando las fuentes son externas a la organización y puestas sistemáticamente en duda.

Otra desinformación difundida sostiene que no existiría acceso a la fiscalía durante la feria judicial. Al respecto, corresponde aclarar que existen 28 acordadas y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJC) que establecen prioridades para el funcionamiento del Poder Judicial, en especial en el fuero penal durante los períodos de feria. Entre las disposiciones aplicables al presente caso, se desmiente categóricamente que la feria judicial interfiera en el acceso a la justicia penal, el cual se encuentra garantizado a través de:

1. La posibilidad de que las causas penales abiertas continúen recibiendo documentación probatoria, entre otros actos procesales, aun durante la feria judicial.

2. El Reglamento General de Aplicación al Expediente Electrónico, que garantiza el acceso a los expedientes para los casos de constitución de querella.

3. La garantía de que cualquier expediente judicial abierto que invoque la posibilidad de daño inminente —ambiental o de otra índole— pueda ser actualizado e incluso dar lugar a acciones preventivas u oficios, cuando se encuentren debidamente justificadas. Esta medida alcanza a todos los fueros de la justicia.

Por otra parte, la misma fuente que califica los hechos como “rumores” insta a no tratar el tema hasta contar con "información oficial", la cual resulta extremadamente difícil de obtener. Existen pedidos de información cursados hace más de 70 días que aún no han recibido respuesta, sin que los Pronto Despacho interpuestos hayan surtido efecto alguno.

Desde la militancia ambiental comprometida, es histórico el reclamo por la falta de información oficial, situación sobradamente comprobable por cualquier persona que haya intentado acceder a este tipo de datos. Por este motivo, desde CAT impulsamos la construcción de una versión basada en los testimonios de quienes, en el territorio, se exponen en defensa del bien común. Se trata de una versión igualmente válida, con respaldo testimonial y amparo constitucional, frente a los relatos que pretenden posicionar al Estado como única fuente legítima de información sobre los hechos ocurridos.

Realizadas estas aclaraciones, comunicamos la sucesión de hechos que se vienen registrando en el lugar y que, hasta el momento, no han generado acciones legales por parte de nuestra organización:

1. El día sábado 24/01/26, constatamos que la empresa "Integración Minera S.A.", operadora de la mina al momento de su clausura preventiva, realizó el retiro de parte de la maquinaria utilizada en el predio, junto con otras pertenencias y materiales que no pudieron ser identificados por encontrarse cubiertos. Interpretamos este hecho como un inicio de desmantelamiento de la operación.

2. El día lunes 26/01/26, se presentó en el acceso a la mina maquinaria vial perteneciente a la empresa "RG Vial", la cual realizó tareas de ensanchamiento y mejora del camino desde un vado cercano a la escuela de Las Tapias hasta el acceso al yacimiento. Dicho tramo se extiende aproximadamente en un 50 % dentro del ejido de Las Tapias y el resto en jurisdicción de la Comunidad Regional, conocida como "zona gris".

3. El día martes 27/01/26, comenzaron a salir camiones cargados con piedra molida. Mediante seguimiento, se comprobó que estos camiones descargaron el material en la planta procesadora de asfalto de la empresa RG Vial, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 148.

Esta secuencia cronológica difícilmente pueda atribuirse al azar. En este contexto, desde CAT nos encontramos intentando establecer:

a. De cuál de las cinco minas existentes en el lugar proviene la extracción del material.
b. Cuál sería el amparo legal para la extracción de piedra, considerando que, según la Secretaría de Minería, ninguna de las minas se encuentra habilitada para operar, al menos hasta la fecha 10/12/25.
c. Si las mejoras viales realizadas dentro del territorio administrado por el municipio de Las Tapias cuentan con su conocimiento y aprobación. A tal efecto, se ha cursado el correspondiente Pedido de Información.
d. Manifestamos especial cautela, dado que la empresa RG Vial mantiene importantes vínculos formales con el Estado provincial, los cuales, en el contexto argentino y particularmente en nuestra provincia, suelen presentar connotaciones de difícil comprobación legal.

Aprovechamos la ocasión para adelantar la realización de un taller presencial teórico-práctico, que tendrá lugar el próximo viernes 13 de febrero, cuyo objetivo pedagógico será difundir y enseñar la incidencia de la denuncia penal como herramienta de defensa del ambiente. El material práctico consistirá en el análisis de diversas denuncias impulsadas por nuestra organización, no solo para lograr la clausura preventiva, sino también para promover acciones orientadas a alcanzar, de manera definitiva, una Traslasierra libre de minería. Próximamente se brindarán más detalles sobre esta actividad.

Finalmente, señalamos que la emisión de nuestros comunicados se concentra habitualmente en los días lunes o martes, con el fin de evitar una periodicidad que, por su frecuencia, pueda comprometer la atención del periodismo que nos acompaña, así como proteger al público que nos sigue de estrategias de desinformación basadas en la saturación de versiones divergentes.

Una comunidad organizada, con conocimiento de sus derechos y de cómo actuar ante cada situación, tiene poder real.

Escuchá el testimonio completo: