martes, 23 de febrero de 2021

El ENaCom jamás aplicó una multa ejemplificadora a las empresas de Telecomunicaciones

Lo expresó Daniel Paganetti, especialista en derecho del consumidor quien criticó duramente la connivencia entre el organismo estatal y las prestadoras en perjuicio de millones de usuarios
En Salta, a través de Profesional FM, Daniel Paganetti especialista en derechos del consumidor criticó duramente a las empresas de telefonía móvil que aumentaron sus abonos por encima de lo acordado en perjuicio de millones de usuarios.

Recordó que el decreto 690 significó un freno para los aumentos solicitados por las prestatarias de telefonía móvil. En aquel momento habían preciado incrementar un 20 por ciento sus abonos. Sin embargo, el ente autorizó sólo el 5 por ciento.

No obstante, en "rebeldía" las 3 empresas aumentaron en un porcentaje superior al 20 por ciento.

Al respecto, Paganetti explicó que "hay un colectivo de millones de usuarios a quienes le metieron severamente las manos al bolsillo".

Recordó que las prestatarias con el Ente, llegaron a un acuerdo para otorgarles autorizaciones de incremento a las empresas que devuelvan lo sobre facturado.

"Sin embargo ninguna cumplió y solo devolvieron por nota de crédito a los usuarios que se quejaron" espetó el letrado.

Recordó que las empresas recaudan entre 15 mil y 20 mil millones de pesos mensuales por lo que el incremento que efectivizaron sin autorización les significó un aumento del 20 por ciento de su capital.
Fuente: Profesional FM

Microsoft dice que Google y Facebook deberían pagarles a los editores por sus noticias

A través de un ejecutivo clave, la compañía apoyó una propuesta australiana que "requiere a las compañías tecnológicas apoyar una prensa libre"
Microsoft dijo que Estados Unidos debería adoptar su propia versión de una ley australiana que forzaría a Google y Facebook a pagar a los editores por el valor que sus historias generan en las plataformas de los gigantes digitales de Internet.

“Estados Unidos no debería objetar a la propuesta de una ley australiana que fortalece a la democracia al requerir que las compañías tecnológicas apoyen a una prensa libre”, dijo el presidente y chief legal officer de Microsoft Brad Smith. “En cambio, deberían copiarla”, añadió.

Google ha venido luchando contra la ley e incluso ha amenazado con cerrar a su motor de búsquedas en Australia. Smith y la CEO de Microsoft Satya Nadella llegaron al primer ministro australiano Scott Morrison para decir que en el país deberían estar satisfechos con que el motor de búsquedas Bing se haya quedado en el país y pagado por sus fees. Facebook dijo estar considerando suspender a los australianos en el suministro de noticias en sus cuentas.

Smith logró el apoyo de Microsoft como una forma de promover a una sana industria de noticias y mensajes democráticos, pero eso podía ayudar a que Microsoft consiga una ventaja en mercados donde falló en avanzar (Bing tiene menos el 5% de participación de mercado en Australia, donde Google es dominante). Tampoco es la primera vez que Smith apuntó a un rival al hablar de temas regulatorios donde los propios intereses de Microsoft están en juego.

Google contradice a la caracterización de Smith. “Nosotros no estamos en contra de proveer apoyo a la industria”, dijo Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google. “El tema es ¿por cuáles cosas estamos pagando? ¿Y están todos estos acuerdos estructurados de una manera justa y equitativa, tanto para el ecosistema de editores como para nuestros acuerdos comerciales con esos editores?”.

Microsoft se une a los editores europeos para pedir una legislación como la australiana
La tecnológica pide preservar y promover el periodismo con una retribución justa a quienes generan los contenidos
Por: Francesc Bracero
Microsoft se ha unido a las principales organizaciones de editores de medios de comunicación europeos —Consejo de Editores Europeos (EPC), News Media Europe, la Asociación de Editores de Diarios Europeos (ENPA) y la Asociación Europea de Medios Revistas (EMMA)— para reclamar a la Unión Europea una legislación inspirada por la australiana, que obligue a quienes controlan el acceso a la red, gigantes como Google y Facebook, a negociar con los medios de comunicación una compensación justa por el enlace a las informaciones y a someterse a un arbitrio vinculante en caso de desacuerdo. La iniciativa llega después de que el proyecto de ley de Australia haya provocado primero el amago de Google y Facebook de abandonar el país oceánico aunque finalmente ambos se han plegado a acuerdos.

Casper Klynge, vicepresidente de Microsoft, afirma que "el acceso a una cobertura periodística fresca, amplia y profunda es fundamental para el éxito de nuestras democracias". El responsable de la tecnológica recuerda el compromiso de su compañía en "preservar y promover el periodismo". "En octubre de 2020 — ha recordado—, lanzamos una nueva iniciativa para invertir y apoyar a los medios de comunicación locales y, a través de Microsoft News, hemos estado compartiendo una gran parte de los ingresos con los editores de prensa. Esta iniciativa es el siguiente paso lógico".

Podría esperarse que Microsoft y Google compartieran puntos de vista en la cuestión del pago a los propietarios de los derechos de las webs de información, pero ambas parten de posiciones muy distintas. El buscador de Google tiene un 91,86% del mercado mundial —un 96% en España y un 93% en Europa—, mientras que Bing de Microsoft tiene un 2,71% —2,82% en España y 3,43% en Europa—.

El español Fernando de Yarza, presidente de News Media Europe, manifiesta que "las experiencias de Francia y Australia nos han demostrado que es realmente necesario un instrumento vinculante para resolver los desequilibrios inherentes al poder de negociación con los guardianes del acceso a la red, que socavan el potencial del sector de la prensa europea". "Esperamos trabajar con Microsoft y otros —ha añadido— en una solución que permita un ecosistema de medios de comunicación en línea sano y diverso".

Christian Van Thillo, presidente del Consejo de Editores Europeos, ha declarado su satisfacción por "el reconocimiento por parte de Microsoft del valor que nuestros contenidos aportan al negocio principal de los motores de búsqueda y las redes sociales, ya que es ahí donde Google y Facebook generan la gran mayoría de sus ingresos". "Es crucial que nuestros reguladores reconozcan este punto clave y no se dejen engañar pensando que los acuerdos paralelos sobre la base de un producto independiente son lo mismo, porque no lo son en absoluto y socavan los derechos conexos que se nos han concedido", ha señalado, antes de indicar que "todos los editores deberían llegar a un acuerdo, nadie debería quedarse fuera".
Las editores europeos reclaman una solución para todos los medios a partir del reconocimiento de que con sus contenidos los gigantes de la red generan grandes beneficios
Jean-Pierre de Kerraoul, presidente de la ENPA, ha afirmado que "el periodismo independiente es vital para la cohesión social, esencial para la democracia. Sin embargo, internet y las redes sociales no se han portado bien con la prensa libre, ya que la mayoría de los medios se han visto muy afectados". Por ello ha reclamado "un ecosistema plenamente operativo y competitivo" que refuerce el pluralismo de los medios y fortalezca el discurso democrático. "La democracia —ha concluido— depende de una prensa libre para superar los tiempos difíciles. Cualquier propuesta legislativa que fortalezca la democracia y apoye a la prensa libre debe ser promovida por la industria tecnológica, que es producto de las mismas libertades y valores".

Xavier Bouckaert, presidente de la EMMA ha pedido que las publicaciones tengan"un acceso no discriminatorio y unas condiciones justas a sus servicios". "Esto debe incluir la obligación para las plataformas dominantes del mercado de entrar en negociaciones con todos los titulares del derecho de los editores y ofrecer un pago justo por sus contenidos".
Fotos: Adlatina y Rick Rycroft / AP Photo
Fuentes: Adlatina, La Vanguardia

Audiencias públicas: una oportunidad para construir una comunicación democrática

Después de tres años de interrupción, en marzo volverán a realizarse las audiencias públicas convocadas por la Defensoría del Público. Sobre cómo son y para qué sirven esas audiencias opinó para TelAm Miriam Lewin, defensora del Público
Por: Miriam Lewin

Las audiencias públicas son una instancia de participación ciudadana establecida por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Es una ocasión en la que los públicos de radio y televisión pueden dar su opinión y reclamar por el efectivo respeto y ejercicio de su derecho a la comunicación. Una oportunidad de escuchar, de proponer, de intercambiar y construir una comunicación democrática.

Queremos audiencias activas y críticas, y estamos para escuchar, para recoger sus demandas, de todo tipo.

No se convocaba a las audiencias públicas desde hacía tres años: primero, porque la Defensoría estuvo intervenida entre 2018 y 2019; luego, por la pandemia de coronavirus.

Como todavía corresponde el distanciamiento y no es posible aún encontrarnos en un mismo lugar físico, en un recinto cerrado, decidimos paliar la situación programando para este año seis audiencias públicas, regionales y virtuales.

Sabemos perfectamente que no es lo mismo la participación "cara a cara", que vernos y escucharnos a distancia en plataformas de videoconferencia. Sin embargo, confiamos en que ese medio nos permita recorrer virtualmente los veinticuatro distritos políticos que constituyen la Argentina y recoger las opiniones e iniciativas de una sociedad multicultural asentada en este extenso territorio.

El aislamiento primero y el distanciamiento después, dispuestos como políticas de salud pública tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias del contagio masivo del virus, pusieron de manifiesto la importancia del rol de los medios para recibir información confiable, educarnos y entretenernos.

La audiencia pública es una excelente oportunidad para evaluar su comportamiento. Por eso, el lema que presidirá a las audiencias públicas de 2021 es: "Los medios y la información en la pandemia".

Es muy importante poder conocer la opinión de los públicos de todo el país sobre la confiabilidad del contenido que recibieron respecto de la pandemia. También conocer las dificultades; la accesibilidad, la conectividad. Cómo fueron considerados los niños, niñas y adolescentes, qué pasó con el tratamiento de la violencia contra las mujeres y disidencias, si se respetó el federalismo. Son muchos otros los temas que seguramente serán introducidos de manera absolutamente libre por quienes participen de las distintas audiencias públicas.

Nuestra primera convocatoria es para la Región Centro, que incluye a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, para el 11 de marzo. Los y las interesadas en participar pueden inscribirse hasta el 4 de marzo en la web de la Defensoría: www.defensadelpublico.gob.ar, donde además encontrarán todos los detalles sobre las audiencias públicas.

Las audiencias públicas son ámbitos de participación democrática directa de la ciudadanía. La LSCA prevé varias y novedosas instancias participativas, la mayoría de ellas de carácter representativo. Pero esta es la única instancia en la que el pueblo se involucra, sin intermediación, con las políticas públicas de comunicación.

Cada persona inscripta para participar en las audiencias públicas puede hacerlo a título individual o en representación de un colectivo u organización. Y, aunque no se haya inscripto, la población de todo el país podrá asistir, sin inscripción, a través de la .web de la Defensoría o por el canal de Youtube .

Quienes tengan consultas pueden escribir a audienciaspublicas@defensadelpublico.gob.ar

lunes, 22 de febrero de 2021

ENaCom reglamentó la selección de señales para la Televisión Digital Abierta

El Ente Nacional de Comunicaciones aprobó el reglamento para selección de señales de terceros para su inclusión en el sistema experimental de la Televisión Digital Abierta
Ente Nacional de Comunicaciones
Resolución 164/2021

RESOL-2021-164-APN-ENaCom#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2021

Visto el EX-2020-70455347-APN-SDYME#ENaCom, el Decreto N° 1.010/10, el IF-2020-70917081-APN-DNSA#ENaCom y

Considerando:
Que, por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que, el Decreto Nº 1.148, del 31 de agosto de 2009 creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, basado en el estándar denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) y el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, que estaba presidido por el titular del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Que, el prenotado Decreto estableció dentro de los objetivos del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, entre otros, el promover la inclusión social, la diversidad cultural y el idioma del país a través del acceso a la tecnología digital, así como la democratización de la información, fomentar la expansión de las tecnologías e industrias de la República Argentina relacionadas con la información y comunicación; planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios; optimizar el uso del espectro radioeléctrico; contribuir a la convergencia tecnológica y alentar a la industria local en la producción de instrumentos y servicios digitales.

Que, mediante la Resolución N° 813/09 del entonces Comité Federal de Radiodifusión, se cancelaron las asignaciones de los canales 22, 23, 24 y 25 correspondientes a los servicios de televisión codificada en la banda de UHF, en todo el ámbito de la República Argentina y se autorizó al entonces Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado a la utilización de esos canales para la implementación del servicio de televisión abierta digital.

Que, el Artículo 140 de la Ley Nº 26.522 dispuso que Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado es la continuadora de todos los trámites de adjudicación de frecuencia y servicios de radiodifusión iniciados por el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado.

Que el Decreto N° 13/15 modificó la Ley de Ministerios, estableciendo en el Artículo 16, incisos 22 y 27 de la misma las facultades del Jefe de Gabinete de Ministros para entender en la formulación, ejecución y control de las políticas de comunicación social y de medios de comunicación social, en particular en la difusión de opciones educativas, como también en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales.

Que, mediante el Decreto N° 257/17 se transfirió el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, al ámbito del entonces Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros

Que, posteriormente mediante el Decreto N° 173/19 se transfirió a la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, presidido por el funcionario a cargo de la Presidencia del Directorio del Organismo.

Que, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional Centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, así como los Objetivos de las Unidades Organizativas comprendidas en el mismo, estableciendo como Objetivo específico de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, entre otros, el de “Ejercer la presidencia del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.”

Que, mediante la Resolución N° 435 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del 27 de agosto de 2020, se estableció la nueva integración del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre con un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Desarrollo Productivo, Del Ministerio de Educación de la Nación, y de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Que, conforme lo establece el Decreto N° 1.010/10, el Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital operado por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado podrá realizar las transmisiones experimentales mediante la difusión de señales propias o de terceros.

Que, asimismo dispone que las señales de terceros podrán ser transmitidas siempre que sean facilitadas por sus titulares en forma gratuita.

Que, en tal sentido el prenotado Decreto establece que Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado podrá suscribir convenios con los titulares regístrales de las señales que se transmitan experimentalmente en el Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital.

Que, el Artículo 5° bis del Decreto N° 1.010/2010, modificado por el Decreto N° 173/2019, estableció que la suscripción de los convenios con los titulares registrales de las señales que se transmitan experimentalmente en el Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital requiere de la intervención técnica, previa y obligatoria del Ente Nacional de Comunicaciones en la elaboración de los reglamentos que rijan los procesos de selección referidos y en la evaluación de la admisibilidad.

Que, en virtud de lo establecido por el Artículo 5 bis inc. d) del Decreto citado en el considerando precedente, conforme las misiones y funciones asignadas mediante el Decreto N° 50/19, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública debe intervenir a fin de establecer los criterios para la selección de las señales.

Que, consecuentemente mediante la NO-2020-60125016-APN-SMYCP#JGM, de fecha 9 de septiembre de 2020, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública definió los criterios de evaluación relativos a los contenidos de las señales, para ser incorporados al procedimiento de evaluación y selección, estableciendo entre ellos la promoción, cobertura y difusión del patrimonio cultural local, regional o nacional, según corresponda; cobertura informativa local, regional, nacional o internacional, según corresponda; contenidos que promuevan el conocimiento y la educación; tratamiento de cuestiones de género; accesibilidad; producción nacional, de contenidos propios, producción de terceros y coproducción; tratamiento de las temáticas referidas a Derechos Humanos, las minorías y los derechos de niños, niñas y adolescentes y la difusión de horas diarias de nueva producción de contenidos.

Que, asimismo la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, al definir los criterios antes referidos, señaló que el análisis de admisibilidad y la evaluación de las señales susceptibles de ser incorporadas en el Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital, se debe realizar a demanda de los interesados.

Que, en atención a los antecedentes reseñados resulta pertinente la aprobación de un reglamento que establezca el procedimiento de selección de señales de terceros a ser incluidas en el dividendo digital público del Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital.

Que, ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este Ente Nacional de Comunicaciones.

Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta N° 56 del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, de fecha 30 de enero de 2020.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/2015, el Acta N° 1 del 5 de enero de 2016 del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones y lo acordado en su Acta N° 67 del 5 de febrero de 2021.

Por ello,
El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelve:
Artículo 1°.-
Aprúebase el Reglamento de Selección de Señales de Terceros para su Inclusión en el Dividendo Digital del Sistema Experimental de la Televisión Abierta Digital, el que como Anexo I registrado en el generador Electrónico de Documentos Oficiales como IF-2020-70888249-APN-DNSA#ENaCom forma parte integrante, en un todo, de la presente.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y cumplido, archívese
Claudio Julio Ambrosini

sábado, 20 de febrero de 2021

Empresas periodísticas pasan factura a Google y Facebook

El mundo de la comunicación toma nota ante la iniciativa australiana de hacer pagar a las tecnológicas por las noticias en sus plataformas
Los logos de Google y Facebook sobre una bandera australiana
Por: Pablo Guimón
Es una queja histórica de las empresas informativas: Google y Facebook llevan años beneficiándose de poder empaquetar y ofrecer enlaces a piezas de periodismo producidas por otras compañías y, mientras tanto, han levantado un duopolio en la publicidad digital, que arrebata los ingresos a esas otras compañías, destrozando la economía del periodismo y dando lugar a miles de despidos en el sector.

El debate ha saltado a la actualidad después de que el Gobierno australiano presentara un proyecto de ley que busca que Facebook y Google compartan sus beneficios con las compañías de medios locales. La legislación, que se espera sea aprobada por el Parlamento en las próximas semanas, exige a las compañías tecnológicas pagar por las noticias que ofrecen en sus plataformas. Las invita a firmar acuerdos individuales con los medios y, si no los alcanzan, obliga a acudir a un mecanismo de arbitraje. Las dos compañías tecnológicas, argumentan los promotores de la iniciativa, se benefician de ofrecer información de calidad. Cuanto más contenido informativo de calidad hay en sus plataformas y cuanto más lo promuevan, menos espacio habrá en ellas para la desinformación y las teorías conspiratorias que minan su reputación en todo el mundo.

La iniciativa australiana ofrece un patrón a estudiar por los países que están planteándose hasta dónde pueden intervenir en el equilibrio entre el poder de Silicon Valley y la soberanía de los parlamentos. Ha elevado el debate sobre la regulación de las grandes tecnológicas a un nuevo nivel, y ha abierto profundas grietas en el sector de Internet. Las dos principales compañías tecnológicas afectadas, Google y Facebook, lucharon con fuerza para combatir la legislación, pero el Gobierno australiano se mantuvo firme. Cuando la legislación ya se convirtió en inevitable, los dos gigantes reaccionaron de maneras opuestas.

Google desveló el miércoles un acuerdo global firmado con News Corp, la compañía de Rupert Murdoch, propietaria de dos terceras partes de los periódicos australianos, así como de importantes cabeceras en Estados Unidos (The Wall Street Journal, The New York Post) y el Reino Unido (The Sun, The Times). Se trata de uno de los varios acuerdos que ha firmado recientemente con diferentes medios de comunicación, cediendo a las demandas de los editores. Murdoch lleva años en esta lucha, y la influencia del magnate australiano en el Gobierno conservador de Scott Morrison es un elemento que explica que el país oceánico esté en la vanguardia de esta lucha. En una nota de prensa, News Corp celebraba su “victoria” en una “cruzada quijotesca”, y defendía que el acuerdo “tendrá un impacto positivo en el periodismo por todo el mundo”.

Facebook, en cambio, anunció horas después que se negaba a entrar. Defendió que la legislación australiana va demasiado lejos, y decidió retirar todos los enlaces a noticias de su plataforma en Australia.

“El proyecto de ley entiende fundamentalmente mal la relación entre nuestra plataforma y los editores que la utilizan para compartir sus contenidos informativos”, escribió en un comunicado William Easton, director adjunto de Facebook para Australia y Nueva Zelanda. “Nos colocó ante una dura elección: intentar cumplir una ley que ignora la realidad de esta relación, o dejar de permitir contenido noticioso en nuestros servicios en Australia. Con dolor de corazón, optamos por lo segundo”.

Facebook ya paga a varios medios por ofrecer sus informaciones en su etiqueta de noticias. Pero lo que quiere el Gobierno conservador australiano es que estos acuerdos no dependan de la voluntad de las compañías, sino que estas estén obligadas por ley a pagar. La idea de que cada país adopte legislaciones semejantes, obligando a negociar con cada editor o atenerse a los precios que cada mecanismo de arbitraje considere justos, inquieta a las tecnológicas.

Durante años, Facebook y Google se han resistido a pagar a los editores, alegando que sus plataformas contribuyen a enviar muchos lectores hacia un periodismo que de otra manera se perdería en las menos visitadas webs de los periódicos. A medida que se intensificaba la crisis en los medios, en contraste con los boyantes resultados de las tecnológicas, se empezó a plantear más en serio la responsabilidad de las plataformas de apoyar financieramente a los creadores de contenidos. Eso, sumado a la necesidad de periodismo de calidad en medio de las críticas por la desinformación que circula en sus plataformas, llevó a Facebook y Google a empezar a pagar, a través de diversos programas de escasa cuantía e impacto, a los medios que les proporcionaban las noticias.

Con su diferente reacción a la iniciativa australiana, los dos gigantes que hasta ahora caminaban de la mano han mostrado la diferente manera en que contemplan al periodismo en sus respectivos negocios. Para Google, que aspira a ser el organizador de la información global, las noticias son un elemento central. Facebook, en cambio, las contempla como solo un elemento más, sumado a las otras fotos, vídeos, memes o textos que comparten los usuarios de la red social. Pero el pulso de poder que ambas compañías han librado con el Gobierno australiano da argumentos a quienes las acusan de prácticas monopolísticas.

Los aspirantes a competidores también toman nota. Microsoft, poseedor con Bing de un pequeño trozo de tarta en el cuasimonopolístico sector de las búsquedas, vio en la resistencia inicial de Google una oportunidad de “combinar los buenos negocios con las buenas causas”, en palabras de su presidente, Brad Smith. Anunciaron que si Google se iba de Australia, ellos se quedarían. “A las 24 horas, Google estaba al teléfono con el primer ministro, diciendo que realmente no se querían ir del país”, explicó Smith en un blog de la compañía.

En la misma entrada de blog, el presidente de Microsoft iba aún más allá y reclamaba acciones similares en su propio país: “Estados Unidos no debería oponerse a una propuesta australiana creativa que fortalezca la democracia requiriendo a las compañas tecnológicas que apoyen a la prensa libre. En lugar de eso, debería copiarla”, dijo.

Las tecnológicas de Silicon Valley se han convertido en gigantes corporativos de un poder insólito, con una profunda influencia en la manera en que se consume y distribuye la información. Son muchos los países que están planteándose el daño que Google, Facebook y otras compañías tecnologías han infligido en su ecosistema de medios. El Gobierno canadiense ha apoyado la iniciativa australiana, y se espera que promueva una legislación semejante en los próximos meses. La iniciativa está siendo observada con extremado interés también en Bruselas, donde las autoridades europeas trabajan en nuevas leyes para regular el sector. Y en Estados Unidos, donde la necesidad de regular a las grandes tecnológicas es uno de los pocos temas que suscitan consenso entre los dos grandes partidos, hay al menos tres investigaciones antimonopolísticas abiertas sobre el impacto de Google y Facebook en los sectores de las noticias y la publicidad.
Foto: Dado Ruvic / Reuters
Fuente: Diario El País

El País actualiza su poco usado Manual de Estilo

Esencias y novedades de la nueva edición del ‘Libro de Estilo’ de El País. La vigesimotercera reimpresión, que entra en vigor este domingo, incluye normas sobre violencia machista y sexismo. Y fija que se escriban “internet” y “jueza”
Por: Álex Grigelmo
La vigesimotercera reimpresión del Libro de estilo de El País incorpora algunos cambios, pero también mantiene los principios que alientan el trabajo del diario desde 1976. Esta actualización entra en vigor este domingo, si bien el libro impreso se distribuirá a los puntos de venta en primavera, editado por Aguilar. Como la edición anterior (2014), la obra recoge normas específicas sobre vídeo y otros soportes digitales.

Las novedades son en síntesis las siguientes:
Violencia machista.
El nuevo texto señala que ha de extremarse el cuidado en estas informaciones para no añadir dolor innecesario a las víctimas (en el lenguaje técnico, “no revictimizarlas”). Esos hechos no se deben abordar como cualquier otro suceso, y su elaboración requiere de contexto y datos que permitan pasar del caso concreto al problema general. La acción verbal debe recaer en el autor del crimen, no en la víctima (un varón asesina a una mujer, y no una mujer es asesinada por un varón); y no se consideran interesantes las opiniones de los vecinos y conocidos que, por falta de información, tienden a presentar la situación previa como algo normal.

Además de otras cuestiones y consejos, se prohíbe la expresión “crimen pasional”, y los periodistas cuidarán asimismo de no esparcir sospechas sobre posibles detonantes de la agresión violenta que puedan tomarse como justificación o disculpa: “Había bebido”, “iba sola”, “llevaba una falda ajustada”… También se procurará hacer un seguimiento de este tipo de asesinatos, a fin de no transmitir mediante el silencio una idea de impunidad.

Sexismo en el lenguaje. El manual recomienda revisar los textos con una perspectiva igualitaria, y marca una serie de criterios al respecto. Entre ellos figura que se habrán de evitar las asimetrías en el lenguaje y en los contenidos; así como describir la ropa que viste una mujer cuando en un contexto similar no se haría lo mismo con la de un hombre.

Aunque no se asumen las duplicaciones de género tan presentes en el lenguaje público, se recomienda eludir el uso abusivo de la palabra “hombre” (“el hombre llegará algún día a Marte”, “los derechos del hombre”…) para sustituirla por opciones como “la humanidad”, “la gente”, “los seres humanos”, “la persona”, “las personas” y otras similares.

El vocabulario del manual recoge además algunos consejos sobre vocablos como “gestación subrogada”, “vientre de alquiler”, “lío de faldas”… y otros términos y locuciones con los que se puede incurrir en sexismo.
El género gramatical.
Una novedad de esta edición consiste en que se usarán las formas “jueza” y “juezas”, “concejala” y “concejalas” para los femeninos de “juez” y “concejal”; si bien los colaboradores que publiquen artículos de opinión quedan exentos de esta norma, pues las academias consideran igualmente válidas las alternativas “la juez” y “las jueces”, que ofrecen la misma información que “la jueza” y “las juezas”.

Se trata, en cualquier caso, de dos excepciones. Esa adición de un morfema femenino en palabras que terminan en consonante y que tradicionalmente han carecido de él en español no se extiende a otros vocablos (“corresponsal”, “edil”, “fiscal”, “alférez”, “criminal”, “mártir”, “joven”…).

Sin embargo, sí se dará flexión en femenino a los empleos militares terminados en o: “sargenta”, “caba”, “soldada”… Y lo mismo ocurrirá con “capitana” (en el léxico militar se emplea “la capitán”, pese a que en los deportes, por ejemplo, se habla de “la capitana del equipo”).

El País no asume el genérico formado sobre el morfema e (“niñes”, “periodistes”, “amigues”…), y tampoco las palabras formadas con la letra equis o con el símbolo de la arroba: “Lxs lectorxs”, “l@s lector@s”.

Grafías. La escritura de algunas palabras se modifica. Así, se leerá a partir de ahora “internet”, con minúscula. También se escribirán con minúsculas los plurales de instituciones (“gobiernos”, “diputaciones”, “ayuntamientos”…), pero no así su singular.

Además, se ha adoptado la forma “wasap” cuando se refiere a un mensaje y no a la marca (WhatsApp).

Entre otros muchos cambios, el grupo neonazi griego que se ha venido denominando en El País “Aurora Dorada” (traducción más correcta del sustantivo griego aygé, por su referencia a la luz, no tanto al acto de que salga el Sol) pasará a llamarse “Amanecer Dorado”, opción que se ha impuesto en los medios en español. Y el nombre del pueblo musulmán que habita en Myanmar (antes Birmania) se escribirá “rohinyá”, y no “rohinya” ni “rohingya” ni “ruaingá” como en ocasiones ha aparecido en este y otros medios.

Principios. Igual que en ediciones anteriores, el Libro de estilo recoge los pilares éticos de El País, diario que se define como medio independiente, con vocación de europeo y especialmente latinoamericano, defensor de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

Se mantienen también las normas sobre el contraste y la verificación de las noticias, la necesaria fe de errores si se ha incurrido en un fallo, la obligación de citar fuentes cuando el periodista no haya presenciado los hechos que cuenta, la ineludible consulta a la parte perjudicada por una información y la clara división de los géneros periodísticos. Esta última idea se concibe como una garantía para el lector y ocupa un amplio espacio en el libro. Se pretende que El País se sirva de su tipografía para diferenciar cada género y, con ello, la distinta presencia del yo del periodista en ellos: muy escasa en la noticia, pero más notable progresivamente en la entrevista, la crónica, el reportaje, el análisis, la crítica, la columna, la tribuna y el editorial. El lector tiene derecho a saber ante qué grado de subjetividad se halla en cada caso.

El Libro de estilo, que incluye el Estatuto de la Redacción, se actualiza cada cierto tiempo, pero mantiene las esencias que inspiraron a los fundadores del diario en 1976. En él siguen con idéntica redacción muchas frases y muchos criterios que salieron de la pluma del primer responsable del manual, Julio Alonso. Lo principal de este contrato con los lectores sigue en vigor desde hace 45 años.

Publicar las noticias. Resistir las presiones
El ‘Libro de estilo’ de El País es una garantía para producir información veraz y relevante. La nueva edición, que pretende reafirmar los principios bajo los que se fundó el diario, entra este domingo en vigor
Por: Javier Moreno

El Libro de Estilo de El País es un contrato ético con los lectores, así como con la sociedad a la que se dirige. En este caso, con las sociedades —en plural— a las que se dirige, puesto que una parte importante y creciente de los usuarios del periódico reside en el continente americano. Conforma, junto con el Estatuto de la Redacción y el Defensor del Lector, un sistema de garantías que nos permite producir información veraz, relevante e independiente, en tanto en cuanto esta no se ve condicionada por presión externa alguna.

Cada nueva edición del Libro de Estilo supone a la vez un esfuerzo, un modesto triunfo y un motivo de satisfacción deontológica. A esta, la vigesimotercera, han contribuido de forma intensa decenas de profesionales, numerosos periodistas de la Redacción de El País que han enviado sus sugerencias, defendido con tesón sus propuestas y, en general, discutido hasta la extenuación con el equipo encargado del cambio, liderado como siempre de forma extraordinaria por Álex Grijelmo. El objetivo era simple: transcurridos seis años de la anterior edición, se nos hacía imprescindible actualizar numerosos preceptos para, de forma paradójica quizá, reafirmar y adecuar a nuestro tiempo los compromisos fundacionales del periódico: modernización de la sociedad, defensa de un avance económico con progreso social, así como de los derechos ciudadanos y el respeto a las minorías. El Libro de Estilo constituye también la mejor herramienta para paliar la falibilidad de los periodistas, que es la del ser humano en general.

Un periódico es, en esencia, aquello que publica —y también aquello que no publica—, y resulta notable que las presiones que inevitablemente se producen sean igual de frecuentes y perniciosas en un sentido que en el otro. Publicar todas las noticias, resistir todas las presiones, es pues, más que un lema, una brújula moral que, junto al rigor, la profesionalidad, la honestidad y la independencia de los periodistas —independencia también de sus propias opiniones y prejuicios— permite construir un buen periódico, contribuir por extensión a la libertad de información y de pensamiento, así como controlar al poder y a los poderosos, tareas todas que cimientan las sociedades democráticas avanzadas.

Pese a la mudanza de los tiempos, esos instrumentos del buen oficio no han cambiado en lo fundamental. Desde que en agosto de 1896 un editor en Nueva York prometiera a los lectores del periódico que acababa de comprar “ofrecer las noticias de forma imparcial, sin miedo ni favoritismos, independientemente de cualquier partido, secta o intereses implicados”, este lema se ha convertido en el motor, declarado o no, de los mejores. Sobre estas bases se habrá de construir el futuro, las próximas décadas en las que El País pueda producir un periodismo vibrante, que esencialmente sirva a la sociedad, independientemente de cualquier grupo de presión.

Este es mi segundo desempeño como director de El País. En 2006, al comienzo del primero, escribí, recordando las palabras anteriores, que todo director necesita renovar ese contrato con sus lectores. Publicar todas las noticias, resistir todas las presiones. Es este un compromiso inquebrantable con sus lectores que el periódico ha ido renovando a lo largo de su vida, desde 1976, en aquellas ocasiones en que las circunstancias lo han requerido. Lo hice con la Redacción tras mi nombramiento en junio de 2020. Y quisiera con este artículo, que celebra la nueva edición del Libro de Estilo —en sí un compromiso fundamental y público— hacerlo con todos los lectores de El País a ambos lados del Atlántico.

El periódico es independiente: no nos vamos a dejar intimidar. Pueden estar seguros los lectores de que, pese a lo incierto de los tiempos que vivimos —los desafíos a la democracia, los riesgos de inestabilidad económica, social y política, así como los ciertamente incansables intentos de control por parte del poder, gobiernos, partidos políticos, empresas, individuos, sindicatos, corporaciones y colectivos de todo tipo—, en la solidez de ese pacto no les fallaremos.

El poder de las redacciones
El Estatuto de la Redacción supuso una formidable novedad en el periodismo español. ‘Abc’ llegó a decir que el pacto en El País acababa con la libertad de prensa
Por: Soledad Gallego Díaz 
El País fue el primer periódico en España en el que, a través de un pacto con la propiedad y con la dirección, la Redacción en su conjunto garantizó su autonomía profesional respecto a los accionistas y su papel, y su poder, en el desarrollo y en la defensa de un modelo periodístico consensuado. El acuerdo se plasmó en el Estatuto de la Redacción, un texto con tres páginas y 21 artículos que sigue en vigor, que llevó meses negociar y que supuso en su momento una formidable novedad en el mundo de las redacciones y de la empresa periodística. Aun hoy el Estatuto de la Redacción de El País, quizás demasiado poco conocido, es uno de los instrumentos más interesantes que existen en el mundo para que los periodistas aseguren el cumplimiento de los principios básicos de la profesión.

El texto fue aprobado por dos tercios del censo de la redacción el 11 de junio de 1980 y por la mayoría de la Junta General de Accionistas el 20 de ese mismo mes, en una asamblea extraordinariamente agitada en la que un accionista, recogiendo los argumentos de un violento editorial previo de Abc, llegó a afirmar que el Estatuto acababa “con la libertad prensa”, y acusaba a la Redacción de crear un sóviet. Un largo editorial de El País, un día antes de la Junta, tomaba el pelo al Abc (“¿sabrán lo que es un sóviet?”) y definía el Estatuto como un instrumento de defensa de un periodismo honesto.

La idea de lograr un mecanismo que ordenara las relaciones profesionales entre la Redacción, la dirección y la propiedad surgió muy pronto. La mayoría de los jóvenes, y sin embargo experimentados, periodistas contratados para el nacimiento de El País conocía el modelo de la Sociedad de Redactores de Le Monde, por el que un 25% de las acciones de ese medio, con capacidad de bloqueo, estaba en manos de los periodistas. Una comisión abierta integrada por un nutrido grupo de redactores de El País estudió, ya en junio de 1978, ese modelo, así como otros que no afectaban a la propiedad, pero que buscaban garantías de independencia profesional, y que ya existían, sobre todo en países escandinavos. La comisión estableció unas líneas de trabajo y decidió convocar elecciones para nombrar a los cinco representantes que abrirían la negociación con la dirección y la empresa. Fueron elegidos, el 8 de junio de 1979, con el 62% del censo, Bonifacio de la Cuadra, Félix Monteira, Rosa Montero, Ángel Santacruz y yo misma, entonces una redactora de 28 años.

La propuesta de búsqueda de un acuerdo consensuado fue alentada inmediatamente por el director y fundador de El País, Juan Luis Cebrián, que por aquel entonces acababa de llegar a una alianza con Jesús de Polanco, el principal accionista y presidente de la empresa editora del diario, Promotora de Informaciones (Prisa) para garantizar un modelo periodístico profesional y los amplios poderes del director del medio. Faltaban por definir ese modelo y esos poderes en un texto en el que también se recogieran los poderes de la Redacción. Polanco, sometido a la presión de un grupo de accionistas que no compartía su proyecto ni su alianza con Cebrián y con la Redacción, aceptó negociar lo que enseguida se llamó “Estatuto de la Redacción”. Durante meses, los representantes de los redactores, que discutían como podían, en alguno de los ratos libres que dejaba la frenética actividad profesional, se reunieron con Cebrián y en ocasiones con el director adjunto, Augusto Delkader, para avanzar en un articulado que todos éramos conscientes de que debería ser aprobado en última instancia por la Redacción, pero también, y no parecía fácil, por la Junta General de Accionistas.

Pronto se desechó el modelo francés de la sociedad de redactores, que no gustaba a Polanco pero, sobre todo, que no hubiera logrado superar la barrera de la Junta General, y los esfuerzos se concentraron en definir los principios de la publicación, imprescindibles para desarrollar el muy novedoso derecho a la cláusula de conciencia (admitida por la Constitución pero nunca desarrollada por ley) y el todavía más importante artículo 7, según el cual cuando dos tercios de la Redacción consideran que una posición editorial vulnera su dignidad o imagen profesional pueden exponer a través del propio diario su opinión discrepante. La clara primacía del director sobre cualquier órgano de la propiedad a la hora de fijar la línea editorial y de organizar el trabajo de la Redacción, con derecho de veto sobre todos los originales, incluida la publicidad, quedó complementada por el importante derecho de la Redacción a votar su nombramiento, antes de que el consejo de administración pudiera efectuarlo.

El Estatuto, consideran hoy algunos críticos, no alteró la relación entre la propiedad del medio y los periodistas, y de hecho nunca se ha rechazado ninguna propuesta del consejo de administración para el cargo de director, y solo una vez la redacción recurrió al artículo 7. Pero lo que se constata es lo contrario: que nunca la propiedad ha propuesto a un director que la Redacción no aprobara. Desde todos los puntos de vista, 40 años después, el Estatuto de Redacción sigue siendo un instrumento práctico, sensato y formidable de independencia profesional.
Fotos: Luis Sevillano Arribas, Carlos Rosillo y  Alex Onciu
Fuente: El País

jueves, 18 de febrero de 2021

Prensa Rosario rechaza las expresiones del ministro Saín contra un periodista de Televisión Litoral

El Sindicato de Prensa Rosario debe expresar, una vez más, su rechazo a las expresiones vertidas por el ministro de Seguridad Marcelo Saín en relación con el trabajo de un periodista. En esta oportunidad se trata de una producción de Hernán Funes (Televisión Litoral), con quien mantuvo un intercambio en la red Twitter y a quien el ministro le advirtió: “no tires mucho de esa soga porque el patrón te va a rajar".


El Sindicato lamenta profundamente que el ministro Saín vuelva a manifestarse en términos que involucran la fuente laboral de un trabajador de prensa, sobre todo cuando el tiempo siempre es escaso para tratar y dedicarse por entero a los temas de su cartera.

Este SPR solicita formalmente al ministro Saín que modifique su actitud repetitiva y, para tal pedido, se sustenta en el contenido de la Doctrina de la Real Malicia, que ha sido receptada en numerosas oportunidades por la Justicia argentina. Esa doctrina y, a la vez, la jurisprudencia al respecto, plantean la especial tolerancia que deben tener lxs funcionarixs públicxs con las expresiones vertidas en los distintos medios de comunicación, ya sean de su agrado o no, y el SPR sostiene que esa postura es importante en el resguardo por la libertad de expresión, el derecho a la información y la defensa del trabajo periodístico.
Sindicato de Prensa Rosario

El presidente de Televisión Litoral respaldó el trabajo de los periodistas del grupo
Luego del cruce en Twitter entre el ministro Saín y Hernán Funes, el empresario Gustavo Scaglione expresó que siente "orgullo" por el trabajo periodístico que se realiza en los dos grupos que conduce

El presidente del directorio de Televisión Litoral y del grupo La Capital, Gustavo Scaglione, salió a respaldar a los periodistas que trabajan en estos medios, luego del cruce de expresiones que se produjo entre el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, y el periodista de El Tres, Radio 2 y Rosario3, Hernán Funes. El empresario destacó que siente "orgullo" por el trabajo que se realiza "día a día" en los dos grupos que conduce.

Scaglione habló este viernes en el programa Radiópolis de Radio 2. Sobre las expresiones del ministro Saín, reflexionó que "la verdad es un tema difícil para tocar; todos tenemos una gran responsabilidad en esto y siempre trato de ser lo más equilibrado posible en lo que digo".

En todo momento, el empresario recalcó que siente "un gran orgullo de ser responsable de los 200 trabajadores que están acá y de los casi 400 que tiene el grupo La Capital".

"Yo quiero hablar del orgullo que tengo de manejar estos dos grupos, de estar al frente de gente buena, de gente que no hace más que cumplir su función de informar", reforzó. Y describió que "cada área tiene su arduo trabajo, desde el portero hasta el último directivo de la empresa".

"No voy a hablar de las expresiones de los dirigentes políticos, no estoy para eso; al contrario, creo que los gobiernos y sus actores también hacen lo mejor que pueden", aclaró el titular de Televisión Litoral. Y agregó: "Lo que quiero expresar es la libertad que existe dentro de la diversidad de pensamientos y de formas de trabajo que hay en este grupo de periodistas".

Acerca del periodista que mantuvo un cruce con el ministro, Scaglione indicó: "Lo primero que puedo decir de Hernán Funes es que es buena gente; lo primero que hice ayer fue expresarle mi total apoyo".

"La palabra que me sale es orgullo de estar al frente de este grupo de trabajo", cerró el empresario.
Fuente: Rosario3

miércoles, 17 de febrero de 2021

Fondo de inversión se hace con el grupo estadounidense de diarios Tribune Publishing

Un fondo especulativo de inversión cerró un acuerdo para comprar Tribune Publishing, el editor de diarios regionales como Chicago Tribune y New York Daily News, entre otros, avivando los temores de nuevos recortes de empleos en el maltrecho sector de los periódicos estadounidenses.

Alden Global Capital, que ya cuenta con unos 50 diarios, aceptó comprar las acciones que aún no tenía en Tribune Publishing en un acuerdo que valora la cadena editora en 650 millones de dólares, según un comunicado conjunto divulgado la noche del martes.

Como parte del trato, las compañías acordaron derivar el Baltimore Sun a un grupo sin fines de lucro formado este año llamado Sunlight for All Institute, que publicará el diario y sus afiliados en Maryland.

El acuerdo generó el temor por el futuro de esos periódicos debido a que el fondo Alden tiene fama de emprender agresivos recortes de empleos.

"Alden es el más avaro de los dueños de cadenas de periódicos, estrujando la vida (y el periodismo) de sus propiedades", dijo Dan Kennedy, profesor de periodismo de la Northeastern University.

El presidente de Tribune Publishing, Philip Franklin, dijo que el comité que examinó ofertas pudo negociar una cantidad de dinero que superó las otras alternativas.

El acuerdo llegó cuando periódicos de todo Estados Unidos enfrentan calamidades financieras, empeoradas por la crisis de la pandemia, que generaron muchas bancarrotas en los últimos años

McClatchy, la segunda mayor cadena de periódicos, pidió declararse en bancarrota el año pasado poco antes de la pandemia lo cual aumentó la desesperanza del sector.

Gannett, la mayor cadena tras fusionarse con su rival Gate House, recortó salarios y despidió a empleados el año pasado para hacer frente al impacto económico de la pandemia.

Tras el largo ocaso de la prensa escrita, muchos diarios locales y regionales redujeron su personal o la cantidad de ediciones. La mayoría trató de ganar impulso con ediciones digitales, a pesar de que los gigantes de internet dominan el mercado de la publicidad digital.
Fuente: Agencia AFP

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